Desmontes: Urtubey, presionado, multó a los Braun Peña
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Urtubey multó a Braun Peña por los desmontes y lo obligó a reforestar las zonas afectadas
Fecha de Publicación: 30/11/2018
Fuente: La Politica On Line
Provincia/Región: Salta
El gobernador le aplicó una sanción por dos millones y medio de pesos, al empresario cercano al Gobierno.
Tras la fuerte campaña en contra de los desmontes en Salta, el Gobernador Urtubey finalmente decidió aplicar una fuerte sanción económica al empresario Alejandro Peña Braun y lo obligó a reforestar las 550 hectáreas afectadas.
La multa, que alcanza los $2.500.000, se produce por el escándalo de los desmontes a partir de la cual se violó tanto la Ley de Protección del Medio Ambiente de Salta como la Ley Nacional de Bosques.
"Es un gran avance que se multe a los empresarios destructores de bosques protegidos y se ordene remediar las zonas arrasadas. Finalmente, Salta escuchó el pedido de las miles de personas que se sumaron al reclamo y ratificó la ilegalidad de los desmontes. Hoy ganó la Ley de Bosques", celebró Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El caso comenzó en enero de este año, cuando el entonces Ministerio de Medio Ambiente declaró ilegales los 32 permisos de desmonte y la Provincia dictó una resolución que los suspendía y obligaba a la remediación de las zonas afectadas.
No obstante, Greenpeace pudo comprobar mediante imágenes satelitales que el empresario no había cumplido con lo dispuesto, a partir de lo cual se desató un escándalo con escraches al Gobernador y críticas sobre el gobierno nacional por sus vínculos con el infractor.
Braun Peña es primo segundo del jefe de Gabinete y socio del secretario Legal y Técnico, Pablo Clausellas. Dueño de múltiples empresas, accedió a buenas oportunidades de negocios desde que Macri es presidente como por ejemplo, ser el proveedor de luces LED para el Estado.
Según fuentes al tanto del conflicto, desde la firma del decreto el empresario habría desmontando 300 hectáreas de bosque, que se suman a las 9 mil hectáreas desmontadas anteriormente.
Para despegarse, Urtubey había anunciado un aumento del 100% de las áreas protegidas -a partir de lo cual afirmaba que Salta pasaba a ser "la provincia de mayor superficie de áreas protegidas en Argentina con casi 4 millones de hectáreas"- que sin embargo no sirvió para frenar la campaña que juntó medio millón de firmas para pedir por la recomposición de los bosques afectados.
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Fecha de Publicación: 30/11/2018
Fuente: La Politica On Line
Provincia/Región: Salta
El gobernador le aplicó una sanción por dos millones y medio de pesos, al empresario cercano al Gobierno.
Tras la fuerte campaña en contra de los desmontes en Salta, el Gobernador Urtubey finalmente decidió aplicar una fuerte sanción económica al empresario Alejandro Peña Braun y lo obligó a reforestar las 550 hectáreas afectadas.
La multa, que alcanza los $2.500.000, se produce por el escándalo de los desmontes a partir de la cual se violó tanto la Ley de Protección del Medio Ambiente de Salta como la Ley Nacional de Bosques.
"Es un gran avance que se multe a los empresarios destructores de bosques protegidos y se ordene remediar las zonas arrasadas. Finalmente, Salta escuchó el pedido de las miles de personas que se sumaron al reclamo y ratificó la ilegalidad de los desmontes. Hoy ganó la Ley de Bosques", celebró Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El caso comenzó en enero de este año, cuando el entonces Ministerio de Medio Ambiente declaró ilegales los 32 permisos de desmonte y la Provincia dictó una resolución que los suspendía y obligaba a la remediación de las zonas afectadas.
No obstante, Greenpeace pudo comprobar mediante imágenes satelitales que el empresario no había cumplido con lo dispuesto, a partir de lo cual se desató un escándalo con escraches al Gobernador y críticas sobre el gobierno nacional por sus vínculos con el infractor.
Braun Peña es primo segundo del jefe de Gabinete y socio del secretario Legal y Técnico, Pablo Clausellas. Dueño de múltiples empresas, accedió a buenas oportunidades de negocios desde que Macri es presidente como por ejemplo, ser el proveedor de luces LED para el Estado.
Según fuentes al tanto del conflicto, desde la firma del decreto el empresario habría desmontando 300 hectáreas de bosque, que se suman a las 9 mil hectáreas desmontadas anteriormente.
Para despegarse, Urtubey había anunciado un aumento del 100% de las áreas protegidas -a partir de lo cual afirmaba que Salta pasaba a ser "la provincia de mayor superficie de áreas protegidas en Argentina con casi 4 millones de hectáreas"- que sin embargo no sirvió para frenar la campaña que juntó medio millón de firmas para pedir por la recomposición de los bosques afectados.
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Agua Rica: avance en la causa judicial
En un mes se sabrá si hubo actividad en Agua Rica
Fecha de Publicación: 30/11/2018
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Días atrás una importante comisión encabezada por el fiscal penal de Andalgalá, Alejandro Scidá visitó el predio de Agua Rica en Minas Capillitas para realizar una inspección ocular y así saber si la empresa estuvo cumpliendo la orden del juez de Control de Garantías, Rodolfo Cecenarro que suspendía sus actividades.
Además del fiscal, la comitiva estuvo integrada por técnicos de los grupos ambientalistas que iniciaron la denuncia en contra de la actividad minera en 2010, representantes de la empresa Yamana Gold y especialistas de la Universidad Nacional de Catamarca que fueron convocados por el propio Scidá para que actúen como peritos de la Justicia.
Además, también participaron los concejales de la ciudad de Andalgalá José Luis Olás y Sebastián Almada, referentes de la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Andalgalá y de la Dirección de Gestión Ambiental de la Secretaría de Minería de la Provincia.
De acuerdo a lo que pudo conocer este diario, la inspección se realizó en buenos términos entre todos los miembros de la comitiva.
El fiscal, permitió que todas las partes puedan recolectar el material fílmico y fotográfico que requerían sin ninguna restricción. En ese sentido, la visita al predio duró cerca de ocho horas y hasta que todos los técnicos no estuvieron conformes, no se terminó con las tareas.
Ahora, cada una de las partes deberá elaborar un informe que será elevado al fiscal para que emita un dictamen que a su vez será elevado al juez Cecenarro.
Como lo informó El Ancasti, ocho años después de la presentación del amparo ambiental en contra de la actividad minera la causa vuelve a reactivarse. En agosto de 2016, el juez Cecenarro, había dictaminado la suspensión de la actividad minera en los nevados del Aconquija, lo que implicaba la paralización del proyecto.
Cecenarro fue recusado por los grupos ambientalistas y la causa no tuvo juez. Dos años después, el amparo regresó a su juzgado. En ese sentido, el magistrado pidió al fiscal Scidá que informe si se cumplió la medida que había dictaminado acerca de la suspensión de la actividad y en ese marco es que se realizó la visita. La empresa solo podía realizar tareas de mantenimiento.
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Fecha de Publicación: 30/11/2018
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Días atrás una importante comisión encabezada por el fiscal penal de Andalgalá, Alejandro Scidá visitó el predio de Agua Rica en Minas Capillitas para realizar una inspección ocular y así saber si la empresa estuvo cumpliendo la orden del juez de Control de Garantías, Rodolfo Cecenarro que suspendía sus actividades.
Además del fiscal, la comitiva estuvo integrada por técnicos de los grupos ambientalistas que iniciaron la denuncia en contra de la actividad minera en 2010, representantes de la empresa Yamana Gold y especialistas de la Universidad Nacional de Catamarca que fueron convocados por el propio Scidá para que actúen como peritos de la Justicia.
Además, también participaron los concejales de la ciudad de Andalgalá José Luis Olás y Sebastián Almada, referentes de la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Andalgalá y de la Dirección de Gestión Ambiental de la Secretaría de Minería de la Provincia.
De acuerdo a lo que pudo conocer este diario, la inspección se realizó en buenos términos entre todos los miembros de la comitiva.
El fiscal, permitió que todas las partes puedan recolectar el material fílmico y fotográfico que requerían sin ninguna restricción. En ese sentido, la visita al predio duró cerca de ocho horas y hasta que todos los técnicos no estuvieron conformes, no se terminó con las tareas.
Ahora, cada una de las partes deberá elaborar un informe que será elevado al fiscal para que emita un dictamen que a su vez será elevado al juez Cecenarro.
Como lo informó El Ancasti, ocho años después de la presentación del amparo ambiental en contra de la actividad minera la causa vuelve a reactivarse. En agosto de 2016, el juez Cecenarro, había dictaminado la suspensión de la actividad minera en los nevados del Aconquija, lo que implicaba la paralización del proyecto.
Cecenarro fue recusado por los grupos ambientalistas y la causa no tuvo juez. Dos años después, el amparo regresó a su juzgado. En ese sentido, el magistrado pidió al fiscal Scidá que informe si se cumplió la medida que había dictaminado acerca de la suspensión de la actividad y en ese marco es que se realizó la visita. La empresa solo podía realizar tareas de mantenimiento.
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Agroecología impulsada por defensor del Pueblo
Agroecología sustentable
Fecha de Publicación: 30/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, pidió avanzar hacia una Ley provincial de Agroecología. “Es necesario construir los consensos necesarios para pensar una ley provincial de Agroecología que regule la utilización de agroquímicos y aplique los principios básicos de la ecología a la planificación y gestión de sistemas agropecuarios”, indicó durante la jornada “Agroecología, la agronomía del futuro” junto al presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, la vicepresidenta, Marisol Merquel, y el director de Infraestructura y Servicios Públicos del organismo, Néstor Alvarez. Lorenzino advirtió sobre la necesidad de consensuar una ley provincial que tenga como premisa “generar modos de producción sustentables para el desarrollo de la economía, el medio ambiente y la salud de los ciudadanos”. Para el Defensor, es preciso “promover toda aquella tecnología que asegure la sustentabilidad de los recursos naturales, la salud y el ambiente”, lo que requiere conjugar “conocimientos tradicionales y científicos”. Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados bonaerense, Marisol Merquel, definió a la agroecología como “un modo de producción ambientalmente sustentable, económicamente rentable y socialmente justo”, y adelantó que presentará un proyecto de ley para fomentarla.
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Fecha de Publicación: 30/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, pidió avanzar hacia una Ley provincial de Agroecología. “Es necesario construir los consensos necesarios para pensar una ley provincial de Agroecología que regule la utilización de agroquímicos y aplique los principios básicos de la ecología a la planificación y gestión de sistemas agropecuarios”, indicó durante la jornada “Agroecología, la agronomía del futuro” junto al presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, la vicepresidenta, Marisol Merquel, y el director de Infraestructura y Servicios Públicos del organismo, Néstor Alvarez. Lorenzino advirtió sobre la necesidad de consensuar una ley provincial que tenga como premisa “generar modos de producción sustentables para el desarrollo de la economía, el medio ambiente y la salud de los ciudadanos”. Para el Defensor, es preciso “promover toda aquella tecnología que asegure la sustentabilidad de los recursos naturales, la salud y el ambiente”, lo que requiere conjugar “conocimientos tradicionales y científicos”. Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados bonaerense, Marisol Merquel, definió a la agroecología como “un modo de producción ambientalmente sustentable, económicamente rentable y socialmente justo”, y adelantó que presentará un proyecto de ley para fomentarla.
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Tierra del Fuego: piden parar con las carreras en reservas
Ambientalistas piden respeto por las áreas protegidas
Fecha de Publicación: 29/11/2018
Fuente: El Sureño
Provincia/Región: Tierra del Fuego
La asociación ambientalista Manekenk, presentó ayer una nota dirigida al Secretario de Medio Ambiente, Mauro Pérez Toscani. En la misma, se pide la suspensión de la carrera Gran Premio Coronación Homenaje Pedro “Lapicito” Peix, en los tramos que abarcan áreas protegidas.
La nota, figura como ingresada ayer,poco después de las 13 horas. En la misma, los integrantes de la Asociación Manekenk piden la intervención de la Secretaría de medio ambiente para suspender los recorridos de la carrera en la zona del Playon Fique-Baliza Escarpados, y Aguas Blancas; los mismo que en la Reserva cultural, natural Playa Larga de Ushuaia y Río Valdéz de Tolhuin.
“Las competencias motorizadas son actividades que no deben ser realizadas en áreas protegidas ya que ello implica en contra de los objetivos que animan la creación de las mismas”, dice la nota.
Susana Sosa, titular de Manekenk, sostuvo: “La verdad es que da la impresión que cualquiera puede hacer lo que se le de la gana en la isla. Además, la presentación de la carrera va a ser en un predio que está al lado del Hospital de Ushuaia, un lugar en el que estas internado después de una cirugía, o recuperándote. Y ahí van a ir a hacer ruido con los motores”.
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Fecha de Publicación: 29/11/2018
Fuente: El Sureño
Provincia/Región: Tierra del Fuego
La asociación ambientalista Manekenk, presentó ayer una nota dirigida al Secretario de Medio Ambiente, Mauro Pérez Toscani. En la misma, se pide la suspensión de la carrera Gran Premio Coronación Homenaje Pedro “Lapicito” Peix, en los tramos que abarcan áreas protegidas.
La nota, figura como ingresada ayer,poco después de las 13 horas. En la misma, los integrantes de la Asociación Manekenk piden la intervención de la Secretaría de medio ambiente para suspender los recorridos de la carrera en la zona del Playon Fique-Baliza Escarpados, y Aguas Blancas; los mismo que en la Reserva cultural, natural Playa Larga de Ushuaia y Río Valdéz de Tolhuin.
“Las competencias motorizadas son actividades que no deben ser realizadas en áreas protegidas ya que ello implica en contra de los objetivos que animan la creación de las mismas”, dice la nota.
Susana Sosa, titular de Manekenk, sostuvo: “La verdad es que da la impresión que cualquiera puede hacer lo que se le de la gana en la isla. Además, la presentación de la carrera va a ser en un predio que está al lado del Hospital de Ushuaia, un lugar en el que estas internado después de una cirugía, o recuperándote. Y ahí van a ir a hacer ruido con los motores”.
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Estaciones de Servicio duales en la planificación a futuro
El Gobierno nacional alentará la instalación de Estaciones de Servicio duales
Fecha de Publicación: 29/11/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Nacional
¿Cuál será el futuro de las Estaciones de Servicio en la Argentina? El secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, se refirió acerca de los combustibles que se vienen y el rol de las bocas de expendio en este nuevo contexto. El impulso al GNC, los proyectos de GNL, los Biocombustibles y el futuro de las denominadas estaciones blancas.
Confiado en los planes de desarrollo de nuevos combustibles, Iguacel, aventuró en un reportaje con la Revista Surtidores, un futuro cercano en el cual el gas abastezca de manera masiva al parque automotor, en diaria convivencia con los biocombustibles y los motores a batería eléctrica
– ¿Cómo evalúa la inserción de la Argentina en el mercado de las nuevas energías de movilidad?
– Tal como lo comunicara este medio la semana pasada, que adelantaba que el próximo año habrá Estaciones de Servicio que comercialicen GNL, podemos decir que estamos en el camino de un combustible más limpio, más económico y muy abundante en nuestro país. Por lo tanto, vamos a tener, en poco tiempo más, la oportunidad de poner en el mismo umbral de competencia al GNC con los hidrocarburos tradicionales.
– ¿Cuál es la política de su cartera en referencia al Gas Natural Líquido?
– Estamos trabajando lo más rápido posible en la reglamentación que permita una mayor competencia, lo cual generará más oferta y de esa forma, conseguir mejores precios para la gente. En ese aspecto, calculamos que para dentro de un plazo de ocho años tendremos toda la flota de transporte colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires, funcionando con gas.
– Desde el comienzo de su gestión, alentó el uso del GNC… ¿Estima posible que la casi totalidad de los vehículos puedan utilizarlo próximamente?
– Tenemos la convicción de que hoy más que nunca conviene convertir a los autos al GNC, ya que cuesta la mitad de precio que las naftas y con el uso, se permite amortizar la inversión en menos de un año, con el significativo ahorro que esto le brinda al usuario.
– ¿Cómo evalúa el horizonte de las expendedoras tradicionales para adaptarse a la nueva matriz energética?
– Apoyaremos todas las iniciativas tendientes a lograr que las Estaciones de Servicio puedan convertirse en duales y también a aquellos empresarios que inviertan en nuevas bocas de expendio, pero además, queremos que no solamente puedan ofrecer naftas y GNC, sino que en los próximos años, estén todas en condiciones de vender biocombustibles y carga eléctrica.
– ¿Es viable un desarrollo rápido del Biocombustible que pueda compararse por ejemplo, con la expansión que hoy está teniendo el GNC?
– Junto con las organizaciones y Cámaras del sector estamos avanzando en proyectos muy concretos para que el etanol pueda competir con las naftas y el Biodiesel haga lo mismo con el gasoil. Esto significará una opción muy tentadora especialmente para las estaciones blancas que podrán ofrecer estos productos, lo que les devolverá una importante rentabilidad. Por supuesto que son políticas que van a llevar un tiempo, pero estamos trabajando más allá del discurso.
– ¿Cómo está la situación en cuanto a los reclamos del sector Bio, para que se eleve el porcentaje de componente en las naftas y el gasoil y por otro lado, se contemple una rebaja impositiva al producto vegetal?
– Las dos cosas van de la mano y creemos que es viable discutir estos temas como ya lo venimos haciendo. Se está buscando la forma de favorecer a la industria del Biocombustible, sin dañar la recaudación, pero también, dependerá del Poder Legislativo, adaptar leyes al respecto.
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Fecha de Publicación: 29/11/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Nacional
¿Cuál será el futuro de las Estaciones de Servicio en la Argentina? El secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, se refirió acerca de los combustibles que se vienen y el rol de las bocas de expendio en este nuevo contexto. El impulso al GNC, los proyectos de GNL, los Biocombustibles y el futuro de las denominadas estaciones blancas.
Confiado en los planes de desarrollo de nuevos combustibles, Iguacel, aventuró en un reportaje con la Revista Surtidores, un futuro cercano en el cual el gas abastezca de manera masiva al parque automotor, en diaria convivencia con los biocombustibles y los motores a batería eléctrica
– ¿Cómo evalúa la inserción de la Argentina en el mercado de las nuevas energías de movilidad?
– Tal como lo comunicara este medio la semana pasada, que adelantaba que el próximo año habrá Estaciones de Servicio que comercialicen GNL, podemos decir que estamos en el camino de un combustible más limpio, más económico y muy abundante en nuestro país. Por lo tanto, vamos a tener, en poco tiempo más, la oportunidad de poner en el mismo umbral de competencia al GNC con los hidrocarburos tradicionales.
– ¿Cuál es la política de su cartera en referencia al Gas Natural Líquido?
– Estamos trabajando lo más rápido posible en la reglamentación que permita una mayor competencia, lo cual generará más oferta y de esa forma, conseguir mejores precios para la gente. En ese aspecto, calculamos que para dentro de un plazo de ocho años tendremos toda la flota de transporte colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires, funcionando con gas.
– Desde el comienzo de su gestión, alentó el uso del GNC… ¿Estima posible que la casi totalidad de los vehículos puedan utilizarlo próximamente?
– Tenemos la convicción de que hoy más que nunca conviene convertir a los autos al GNC, ya que cuesta la mitad de precio que las naftas y con el uso, se permite amortizar la inversión en menos de un año, con el significativo ahorro que esto le brinda al usuario.
– ¿Cómo evalúa el horizonte de las expendedoras tradicionales para adaptarse a la nueva matriz energética?
– Apoyaremos todas las iniciativas tendientes a lograr que las Estaciones de Servicio puedan convertirse en duales y también a aquellos empresarios que inviertan en nuevas bocas de expendio, pero además, queremos que no solamente puedan ofrecer naftas y GNC, sino que en los próximos años, estén todas en condiciones de vender biocombustibles y carga eléctrica.
– ¿Es viable un desarrollo rápido del Biocombustible que pueda compararse por ejemplo, con la expansión que hoy está teniendo el GNC?
– Junto con las organizaciones y Cámaras del sector estamos avanzando en proyectos muy concretos para que el etanol pueda competir con las naftas y el Biodiesel haga lo mismo con el gasoil. Esto significará una opción muy tentadora especialmente para las estaciones blancas que podrán ofrecer estos productos, lo que les devolverá una importante rentabilidad. Por supuesto que son políticas que van a llevar un tiempo, pero estamos trabajando más allá del discurso.
– ¿Cómo está la situación en cuanto a los reclamos del sector Bio, para que se eleve el porcentaje de componente en las naftas y el gasoil y por otro lado, se contemple una rebaja impositiva al producto vegetal?
– Las dos cosas van de la mano y creemos que es viable discutir estos temas como ya lo venimos haciendo. Se está buscando la forma de favorecer a la industria del Biocombustible, sin dañar la recaudación, pero también, dependerá del Poder Legislativo, adaptar leyes al respecto.
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La radical transformación de los Esteros del Iberá
Iberá: la región de ex cazadores que lidera la restauración de fauna más grande de América Latina quiere vivir del turismo
Fecha de Publicación: 29/11/2018
Fuente: redaccion.com.ar
Provincia/Región: Corrientes
Bruno Leiva dejó de cazar. Guardó el lazo y la escopeta. Vendió las últimas pieles de yacarés, ciervos e iguanas. Los mismos que le prohibieron vivir de la caza en los Esteros del Iberá le dieron trabajo: vigilar que nadie hiciera lo que él y cientos de cazadores hacían con los animales.
Bruno tiene 67 años y ese cambio lo vivió en 1983, cuando Corrientes declaró área protegida al humedal más grande del país. Tenía 32 años, había crecido entre bañados y pastizales, y siempre llevaba un cuchillo en la cintura. Ese fue el punto de partida de un plan asombroso: en Iberá se lleva adelante la restauración y reintroducción de fauna más importante de América Latina.
Dimensionar el proyecto es difícil. Primero hay que considerar su extensión física para entender por qué el Gobierno correntino pronostica que la recuperación de los esteros y la reaparición masiva de animales harán que se incrementen las visitas y que por lo menos 7 municipios puedan vivir del turismo y otros 15 se beneficien indirectamente.
Los Esteros del Iberá ocupan parte del norte y centro de Corrientes, y suman 1.300.000 hectáreas o el 15% de la provincia. De esa superficie, 550 mil hectáreas están protegidas bajo la figura de un parque provincial.
Otras 157 mil hectáreas serán preservadas con la creación de un parque nacional que la cámara de Diputados aprobaría en la sesión de la semana que viene a partir de la donación de tierras hecha por la fundación The Conservation Land Trust (CLT), del filántropo estadounidense y creador de la marca de ropa North Face, Douglas Tompkins, fallecido hace tres años. La suma de las dos áreas instaurará el Parque Iberá, de 700 mil hectáreas.
Sobre los bordes y límites de los esteros hay siete pueblos, con unos 29 mil habitantes, que empezaron a orientar su economía al turismo. Son Concepción, San Miguel, Mburucuyá, Loreto, Chavarría, Carlos Pellegrini y Yofré, que a su vez son algunas de los sitios desde donde se puede entrar a los esteros.
“Estos siete pueblos vivirán del turismo. No hay dudas. Y algunos más también. Hoy los esteros son visitados por 60 mil personas al año, un 20% son turistas de otros países. Se quedan en promedio dos noches. Pero de acá a cinco años proyectamos que llegarán 200 mil visitantes por año, con mayor proporción de extranjeros, que gastan unos 200 dólares por día”, augura Sergio Flinta, coordinador del Comité Iberá, el ente que elaboró el plan maestro para la zona y que está integrado por los gobiernos nacional, provincial y municipales.
La actividad además, se derramará por otros 15 municipios, que suman 170 mil habitantes, que están un poco más alejados pero que ofrecen otros servicios: abastecimientos, bancos, centros médicos y aeropuertos. Por ejemplo, Mercedes, Santo Tomé e Ituzaingó.
El modelo de desarrollo de Iberá tiene dos ejes. Por un lado, la producción de naturaleza. Así le llaman a la restauración del ecosistema y a la reintroducción de especies extintas, lo que aumenta la presencia de animales silvestres. Restituidas esas condiciones, el interés de los turistas por visitar un sitio que reúne 350 aves y el 30% de la biodiversidad del país es un hecho.
El otro eje pasa por crear infraestructura, como vías de acceso, hospedajes y gastronomía, pero revalorizando la cultura local: su música (el chamamé), la comida regional, el idioma guaraní, sus creencias, sus artesanías y su vestimenta.
La restauración del ecosistema de Iberá es lo que vuelve al proyecto único en América Latina y comparable a experiencias internacionales como las de los parques nacionales de Sudáfrica.
En gran medida, la población de animales, como por ejemplo el yacaré y el carpincho, se empezó a recuperar en 1983, con la instauración de los esteros como reserva. Sin embargo, otras especies, como el oso hormiguero, el tapir, el yaguareté, el lobo gargantilla, el pecarí y el guacamayo rojo, directamente estaban extintas como consecuencia de la caza y principalmente por el avance de la ganadería y la agricultura, que les quitó territorio. Además había muy pocos venados de las pampas, pavas de monte y grandes águilas, como la coronada.
Esas especies son las que CLT empezó a reintroducir desde 2006. La ONG viene trabajando en el lugar desde 1998, cuando Tompinks compró las estancias que suman 157 mil hectáreas y están siendo donadas al Estado nacional. Parte de esas tierras eran campos arroceros, explotaciones forestales de pinos o estancias ganaderas.
La bióloga Sofía Heinonen, directora de CLT Argentina, cuenta que si bien Brasil tuvo éxito en la reintroducción del mono tití leoncito y Ecuador logró la recuperación de las tortugas en Galápagos, ningún proyecto de América Latina incluyó tantas especies. “Nuestro modelo se inspira en el de Sudáfrica, el del parque Kruger, donde fueron reintroducidas unas 40 especies de fauna local, como el rinoceronte blanco”, revela Heinonen.
Ahora 70 personas trabajan en la reintroducción de especies y dan cuenta de la evolución de la población en el sitio de la fundación. Hay animales que vienen de familias que los tenían en cautiverio, de zoológicos o de otras reservas del país o Sudamérica. Los venados llegan en helicópteros, de a uno, desde el noreste de Corrientes, donde los capturan para hacer lo que llaman “traslocación”.
Ver Nota Completa
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Fecha de Publicación: 29/11/2018
Fuente: redaccion.com.ar
Provincia/Región: Corrientes
Bruno Leiva dejó de cazar. Guardó el lazo y la escopeta. Vendió las últimas pieles de yacarés, ciervos e iguanas. Los mismos que le prohibieron vivir de la caza en los Esteros del Iberá le dieron trabajo: vigilar que nadie hiciera lo que él y cientos de cazadores hacían con los animales.
Bruno tiene 67 años y ese cambio lo vivió en 1983, cuando Corrientes declaró área protegida al humedal más grande del país. Tenía 32 años, había crecido entre bañados y pastizales, y siempre llevaba un cuchillo en la cintura. Ese fue el punto de partida de un plan asombroso: en Iberá se lleva adelante la restauración y reintroducción de fauna más importante de América Latina.
Dimensionar el proyecto es difícil. Primero hay que considerar su extensión física para entender por qué el Gobierno correntino pronostica que la recuperación de los esteros y la reaparición masiva de animales harán que se incrementen las visitas y que por lo menos 7 municipios puedan vivir del turismo y otros 15 se beneficien indirectamente.
Los Esteros del Iberá ocupan parte del norte y centro de Corrientes, y suman 1.300.000 hectáreas o el 15% de la provincia. De esa superficie, 550 mil hectáreas están protegidas bajo la figura de un parque provincial.
Otras 157 mil hectáreas serán preservadas con la creación de un parque nacional que la cámara de Diputados aprobaría en la sesión de la semana que viene a partir de la donación de tierras hecha por la fundación The Conservation Land Trust (CLT), del filántropo estadounidense y creador de la marca de ropa North Face, Douglas Tompkins, fallecido hace tres años. La suma de las dos áreas instaurará el Parque Iberá, de 700 mil hectáreas.
Sobre los bordes y límites de los esteros hay siete pueblos, con unos 29 mil habitantes, que empezaron a orientar su economía al turismo. Son Concepción, San Miguel, Mburucuyá, Loreto, Chavarría, Carlos Pellegrini y Yofré, que a su vez son algunas de los sitios desde donde se puede entrar a los esteros.
“Estos siete pueblos vivirán del turismo. No hay dudas. Y algunos más también. Hoy los esteros son visitados por 60 mil personas al año, un 20% son turistas de otros países. Se quedan en promedio dos noches. Pero de acá a cinco años proyectamos que llegarán 200 mil visitantes por año, con mayor proporción de extranjeros, que gastan unos 200 dólares por día”, augura Sergio Flinta, coordinador del Comité Iberá, el ente que elaboró el plan maestro para la zona y que está integrado por los gobiernos nacional, provincial y municipales.
La actividad además, se derramará por otros 15 municipios, que suman 170 mil habitantes, que están un poco más alejados pero que ofrecen otros servicios: abastecimientos, bancos, centros médicos y aeropuertos. Por ejemplo, Mercedes, Santo Tomé e Ituzaingó.
El modelo de desarrollo de Iberá tiene dos ejes. Por un lado, la producción de naturaleza. Así le llaman a la restauración del ecosistema y a la reintroducción de especies extintas, lo que aumenta la presencia de animales silvestres. Restituidas esas condiciones, el interés de los turistas por visitar un sitio que reúne 350 aves y el 30% de la biodiversidad del país es un hecho.
El otro eje pasa por crear infraestructura, como vías de acceso, hospedajes y gastronomía, pero revalorizando la cultura local: su música (el chamamé), la comida regional, el idioma guaraní, sus creencias, sus artesanías y su vestimenta.
La restauración del ecosistema de Iberá es lo que vuelve al proyecto único en América Latina y comparable a experiencias internacionales como las de los parques nacionales de Sudáfrica.
En gran medida, la población de animales, como por ejemplo el yacaré y el carpincho, se empezó a recuperar en 1983, con la instauración de los esteros como reserva. Sin embargo, otras especies, como el oso hormiguero, el tapir, el yaguareté, el lobo gargantilla, el pecarí y el guacamayo rojo, directamente estaban extintas como consecuencia de la caza y principalmente por el avance de la ganadería y la agricultura, que les quitó territorio. Además había muy pocos venados de las pampas, pavas de monte y grandes águilas, como la coronada.
Esas especies son las que CLT empezó a reintroducir desde 2006. La ONG viene trabajando en el lugar desde 1998, cuando Tompinks compró las estancias que suman 157 mil hectáreas y están siendo donadas al Estado nacional. Parte de esas tierras eran campos arroceros, explotaciones forestales de pinos o estancias ganaderas.
La bióloga Sofía Heinonen, directora de CLT Argentina, cuenta que si bien Brasil tuvo éxito en la reintroducción del mono tití leoncito y Ecuador logró la recuperación de las tortugas en Galápagos, ningún proyecto de América Latina incluyó tantas especies. “Nuestro modelo se inspira en el de Sudáfrica, el del parque Kruger, donde fueron reintroducidas unas 40 especies de fauna local, como el rinoceronte blanco”, revela Heinonen.
Ahora 70 personas trabajan en la reintroducción de especies y dan cuenta de la evolución de la población en el sitio de la fundación. Hay animales que vienen de familias que los tenían en cautiverio, de zoológicos o de otras reservas del país o Sudamérica. Los venados llegan en helicópteros, de a uno, desde el noreste de Corrientes, donde los capturan para hacer lo que llaman “traslocación”.
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Más que preocupante pérdida de abejas en el país
Argentina ya pierde un 30% de las colonias de abejas por año
Fecha de Publicación: 28/11/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El uso de agroquímicos, el monocultivo y el cambio climático afectan la salud de estos insectos. Como consecuencia, baja la elaboración de miel.
Argentina es el segundo productor mundial de miel. Pero pronto podría perder este lugar. Según datos del Centro de Investigación de Abejas Sociales (CIAS), muere el 30% de las colonias de abejas que los apicultores deben reponer todos los años, a causa de una serie de factores que las hace más vulnerables a enfermedades. Dada la importancia de estos insectos en la reproducción de los vegetales, la disminución de su número podría afectar además los cultivos de alimentos. “Las poblaciones de abejas y de polinizadores naturales están en declive, es un problema mundial”, le dijo a PERFIL Martín Eguaras, doctor en biología y codirector del CIAS de Mar del Plata. Según el experto esto se debe a una serie de fenómenos como “parásitos que se han tornado más virulentos por un abuso de los agrotóxicos que estresan a las abejas, les hacen bajar las defensas y las enfermedades las afectan más”.
Los investigadores llegaron a esa conclusión en base a análisis de abejas cuya muerte había sido causada por pesticidas. “Hay agroquímicos –agregó Eguaras– que se usan en nuestro país que en Europa están prohibidos porque se ha demostrado que matan a las abejas que están en vuelo”.
Para evitar el contacto de plaguicidas con las abejas, antes de la aplicación se debe avisar al apicultor para que retire las colmenas de la zona o para que las cierre durante 48 horas en función de la
persistencia de la sustancia química. “En otros casos, cuando la abeja va a las flores, si hay agroquímicos, los pueden tomar del néctar o del polen que terminan llevando a la colmena”, señaló Eguaras, investigador del Conicet.
Efecto.
En el Laboratorio de Insectos Sociales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA estudian la biología de la abeja y su comportamiento social y de recolección de alimentos, y en las
investigaciones observaron que “algunos herbicidas como el glifosato tienen un efecto negativo en las abejas como dificultades para aprender un olor floral y que lo puedan vincular con un alimento determinado; aprender a orientarse en un ambiente nuevo; y para desarrollarse en los estadios iniciales”, indicó el investigador Walter Farina, a cargo del mencionado laboratorio.
Farina destacó que las consecuencias no son menores ya que “un tercio de la producción agrícola mundial de alimentos depende de organismos polinizadores que pasan el polen de una flor macho a una flor hembra”.
Además, el investigador remarcó que la abeja de la miel es el principal polinizador y agregó que “si hay menos abejas cada vez vamos a tener menos probabilidades de que se polinicen los cultivos que son alimentos para todo el mundo”.
En Argentina el CIAS estima que hay entre cuatro y tres millones y medio de colmenas comerciales, concentradas en la región de la Pampa Húmeda, en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe. Según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en 2017 se exportaron cerca de 68.300 toneladas de miel a Estados Unidos, Japón y países de Europa. Los registros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura colocan al país como segundo productor mundial.
Sin embargo, el monocultivo afecta a esta industria además de a la biodiversidad. “Al haber menos especies vegetales hay menos producción de miel. La soja es un cultivo que no produce el néctar para generar miel”, aclaró Eguaras. Según el biólogo, en los últimos años se observa una merma importante en la cantidad de producción de miel en toda la Pampa Húmeda. “Los apicultores comentan que mientras años atrás una colmena daba 40 kilos, hoy les da 20”, advirtió Eguaras. Para evitar enfermedades en las abejas, el CIAS elabora plaguicidas naturales en base a aceites esenciales para que utilicen productores.
Premian proyecto de polinización
No todas las flores producen frutos de la calidad y el tamaños deseados. ¿Cómo mejorar la cadena productiva de la polinización? ¿Cómo aumentar la producción de alimentos? Estas son las preguntas que llevaron a Agustín Sáez, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Comahue, Pedro Negri, investigador del Conicet y Matías Viel, licenciado en Administración de Empresas, a crear Beeflow. “Es una empresa de base científica que busca mejorar la polinización y así la producción y calidad de la fruta y, a la vez, salvaguardar la población de abejas ya que los ambientes agrícolas son ambientes poco amigables con las abejas, se aplican muchos agroquímicos y eso genera mucha mortalidad”, explicó Sáez a PERFIL.
Por su impacto el proyecto fue ganador del concurso Samsung Innova, que premia los mejores emprendimientos del país. “Generamos un cambio muy importante con el kiwi. Es un cultivo poco atractivo para las abejas. Se polinizaba manualmente cada flor para que dé el fruto. A través de la biotecnología ‘manejamos’ a las abejas para que hagan ese trabajo. Así pudimos duplicar y hasta triplicar la producción”, sostuvo Sáez. Para esto utilizan dos tecnologías, una molécula orgánica que mejora el sistema inmunológico de las abejas para que trabajen y se desarrollen mejor, y otra que modifica el comportamiento forrajeo de las abejas cuando van a buscar polen y néctar y las direcciona al cultivo focal que se quiere polinizar. “El efecto de esas moléculas desaparece a las dos
semanas. Esas dos tecnologías se aplican a través del alimento y no tienen impacto ni en la colmena ni en el cultivo”.
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Fecha de Publicación: 28/11/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El uso de agroquímicos, el monocultivo y el cambio climático afectan la salud de estos insectos. Como consecuencia, baja la elaboración de miel.
Argentina es el segundo productor mundial de miel. Pero pronto podría perder este lugar. Según datos del Centro de Investigación de Abejas Sociales (CIAS), muere el 30% de las colonias de abejas que los apicultores deben reponer todos los años, a causa de una serie de factores que las hace más vulnerables a enfermedades. Dada la importancia de estos insectos en la reproducción de los vegetales, la disminución de su número podría afectar además los cultivos de alimentos. “Las poblaciones de abejas y de polinizadores naturales están en declive, es un problema mundial”, le dijo a PERFIL Martín Eguaras, doctor en biología y codirector del CIAS de Mar del Plata. Según el experto esto se debe a una serie de fenómenos como “parásitos que se han tornado más virulentos por un abuso de los agrotóxicos que estresan a las abejas, les hacen bajar las defensas y las enfermedades las afectan más”.
Los investigadores llegaron a esa conclusión en base a análisis de abejas cuya muerte había sido causada por pesticidas. “Hay agroquímicos –agregó Eguaras– que se usan en nuestro país que en Europa están prohibidos porque se ha demostrado que matan a las abejas que están en vuelo”.
Para evitar el contacto de plaguicidas con las abejas, antes de la aplicación se debe avisar al apicultor para que retire las colmenas de la zona o para que las cierre durante 48 horas en función de la
persistencia de la sustancia química. “En otros casos, cuando la abeja va a las flores, si hay agroquímicos, los pueden tomar del néctar o del polen que terminan llevando a la colmena”, señaló Eguaras, investigador del Conicet.
Efecto.
En el Laboratorio de Insectos Sociales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA estudian la biología de la abeja y su comportamiento social y de recolección de alimentos, y en las
investigaciones observaron que “algunos herbicidas como el glifosato tienen un efecto negativo en las abejas como dificultades para aprender un olor floral y que lo puedan vincular con un alimento determinado; aprender a orientarse en un ambiente nuevo; y para desarrollarse en los estadios iniciales”, indicó el investigador Walter Farina, a cargo del mencionado laboratorio.
Farina destacó que las consecuencias no son menores ya que “un tercio de la producción agrícola mundial de alimentos depende de organismos polinizadores que pasan el polen de una flor macho a una flor hembra”.
Además, el investigador remarcó que la abeja de la miel es el principal polinizador y agregó que “si hay menos abejas cada vez vamos a tener menos probabilidades de que se polinicen los cultivos que son alimentos para todo el mundo”.
En Argentina el CIAS estima que hay entre cuatro y tres millones y medio de colmenas comerciales, concentradas en la región de la Pampa Húmeda, en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe. Según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en 2017 se exportaron cerca de 68.300 toneladas de miel a Estados Unidos, Japón y países de Europa. Los registros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura colocan al país como segundo productor mundial.
Sin embargo, el monocultivo afecta a esta industria además de a la biodiversidad. “Al haber menos especies vegetales hay menos producción de miel. La soja es un cultivo que no produce el néctar para generar miel”, aclaró Eguaras. Según el biólogo, en los últimos años se observa una merma importante en la cantidad de producción de miel en toda la Pampa Húmeda. “Los apicultores comentan que mientras años atrás una colmena daba 40 kilos, hoy les da 20”, advirtió Eguaras. Para evitar enfermedades en las abejas, el CIAS elabora plaguicidas naturales en base a aceites esenciales para que utilicen productores.
Premian proyecto de polinización
No todas las flores producen frutos de la calidad y el tamaños deseados. ¿Cómo mejorar la cadena productiva de la polinización? ¿Cómo aumentar la producción de alimentos? Estas son las preguntas que llevaron a Agustín Sáez, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Comahue, Pedro Negri, investigador del Conicet y Matías Viel, licenciado en Administración de Empresas, a crear Beeflow. “Es una empresa de base científica que busca mejorar la polinización y así la producción y calidad de la fruta y, a la vez, salvaguardar la población de abejas ya que los ambientes agrícolas son ambientes poco amigables con las abejas, se aplican muchos agroquímicos y eso genera mucha mortalidad”, explicó Sáez a PERFIL.
Por su impacto el proyecto fue ganador del concurso Samsung Innova, que premia los mejores emprendimientos del país. “Generamos un cambio muy importante con el kiwi. Es un cultivo poco atractivo para las abejas. Se polinizaba manualmente cada flor para que dé el fruto. A través de la biotecnología ‘manejamos’ a las abejas para que hagan ese trabajo. Así pudimos duplicar y hasta triplicar la producción”, sostuvo Sáez. Para esto utilizan dos tecnologías, una molécula orgánica que mejora el sistema inmunológico de las abejas para que trabajen y se desarrollen mejor, y otra que modifica el comportamiento forrajeo de las abejas cuando van a buscar polen y néctar y las direcciona al cultivo focal que se quiere polinizar. “El efecto de esas moléculas desaparece a las dos
semanas. Esas dos tecnologías se aplican a través del alimento y no tienen impacto ni en la colmena ni en el cultivo”.
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Evalúan cuantiosa multa a YPF por el derrame de Vaca Muerta
Suspendieron a YPF por un derrame de petróleo en Vaca Muerta
Fecha de Publicación: 28/11/2018
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Neuquén
Se inhabilitó la licencia ambiental para operar hasta tanto resuelva el daño causado y se evalúa una sanción económica.
YPF fue sancionada por autoridades neuquinas para suspender sus actividades, luego de que se produjera un derrame de petróleo en el yacimiento Bandurria Sur en la zona de producción petrolera conocida como Vaca Muerta, en Neuquén.
La medida, que incluye la suspensión de la licencia ambiental, es la primera en su tipo en la historia de la industria petrolera de Neuquén. La sanción económica podría rondar los U$S 700.000.
El derrame se produjo durante la madrugada del 19 de octubre en el área de Bandurria Sur de Vaca Muerta y fue el primer blowout, o descontrol de pozo, de los últimos cuatro años en la formación geológica, según se indicó.
Al respecto, la operadora emitió un comunicado en el que admitió la sanción y destacó que son dos las locaciones afectadas por la decisión de las autoridades neuquinas.
"Respecto de la suspensión de la licencia ambiental en Bandurria, establecida por el Gobierno de la Provincia de Neuquén, YPF informa que la empresa fue notificada en horas de la tarde del martes 20 de noviembre e inmediatamente acató la medida. La misma afecta los pads 8 y 9, donde se produjo la sugerencia el día 19 de octubre, y la zona próxima por precaución y no impide el desarrollo en otros pads programados”, señaló el comunicado oficial.
También indicó que “la empresa ha sostenido un diálogo fluido y constante con las autoridades de aplicación, compartiendo sistemáticamente los avances de los trabajos de remediación, que están avanzando rápidamente. De hecho, todos los martes desde la sucesión del incidente, se mantienen reuniones entre las partes, donde se revisan los informes de avances y se repasan los detalles de las tareas de remediación.
La firma confía en continuar con un diálogo constructivo y abierto con la autoridad de aplicación y con el Gobierno de Neuquén, “que les permita seguir trabajando juntos en pos del desarrollo del potencial energético de la provincia, en el marco del cuidado de las personas, el medio ambiente y garantizando la sustentabilidad de las operaciones”, destacaron.
Según publicó el diario Río Negro, la decisión será revocada cuando la empresa termine con los trabajos de remediación en el área.
Con esta sanción, la empresa no podrá avanzar en ningún desarrollo en el área hasta que la autoridad de aplicación la vuelva a habilitar, lo que lógicamente implicará una enorme pérdida económica.
Desde la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén habían anunciado que se estudiaba una sanción dura y ejemplificadora. Estiman que la sanción económica podría rondar los U$S 700.000.
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Fecha de Publicación: 28/11/2018
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Neuquén
Se inhabilitó la licencia ambiental para operar hasta tanto resuelva el daño causado y se evalúa una sanción económica.
YPF fue sancionada por autoridades neuquinas para suspender sus actividades, luego de que se produjera un derrame de petróleo en el yacimiento Bandurria Sur en la zona de producción petrolera conocida como Vaca Muerta, en Neuquén.
La medida, que incluye la suspensión de la licencia ambiental, es la primera en su tipo en la historia de la industria petrolera de Neuquén. La sanción económica podría rondar los U$S 700.000.
El derrame se produjo durante la madrugada del 19 de octubre en el área de Bandurria Sur de Vaca Muerta y fue el primer blowout, o descontrol de pozo, de los últimos cuatro años en la formación geológica, según se indicó.
Al respecto, la operadora emitió un comunicado en el que admitió la sanción y destacó que son dos las locaciones afectadas por la decisión de las autoridades neuquinas.
"Respecto de la suspensión de la licencia ambiental en Bandurria, establecida por el Gobierno de la Provincia de Neuquén, YPF informa que la empresa fue notificada en horas de la tarde del martes 20 de noviembre e inmediatamente acató la medida. La misma afecta los pads 8 y 9, donde se produjo la sugerencia el día 19 de octubre, y la zona próxima por precaución y no impide el desarrollo en otros pads programados”, señaló el comunicado oficial.
También indicó que “la empresa ha sostenido un diálogo fluido y constante con las autoridades de aplicación, compartiendo sistemáticamente los avances de los trabajos de remediación, que están avanzando rápidamente. De hecho, todos los martes desde la sucesión del incidente, se mantienen reuniones entre las partes, donde se revisan los informes de avances y se repasan los detalles de las tareas de remediación.
La firma confía en continuar con un diálogo constructivo y abierto con la autoridad de aplicación y con el Gobierno de Neuquén, “que les permita seguir trabajando juntos en pos del desarrollo del potencial energético de la provincia, en el marco del cuidado de las personas, el medio ambiente y garantizando la sustentabilidad de las operaciones”, destacaron.
Según publicó el diario Río Negro, la decisión será revocada cuando la empresa termine con los trabajos de remediación en el área.
Con esta sanción, la empresa no podrá avanzar en ningún desarrollo en el área hasta que la autoridad de aplicación la vuelva a habilitar, lo que lógicamente implicará una enorme pérdida económica.
Desde la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén habían anunciado que se estudiaba una sanción dura y ejemplificadora. Estiman que la sanción económica podría rondar los U$S 700.000.
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Descubren transgénicos no autorizados en Santa Fe
Detectaron uso de semillas transgénicas no autorizadas en Santa Fe
Fecha de Publicación: 28/11/2018
Fuente: AgriTotal
Provincia/Región: Santa Fe
El Instituto Nacional de Semillas (INASE) descubrió uso de semillas OGM no aprobadas también Chaco.
La Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación, a través del INASE, comprobó la existencia de eventos de transformación pertenecientes a Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (OGM) no aprobados en semilla de algodón, provenientes de empresas de las provincias de Chaco y Santa Fe.
Por este motivo, se notificó a las empresas para que procedan con la destrucción de la misma. El Instituto tomó muestras de 28 empresas, entre deslintadoras y desmotadoras, de Santa Fe y Chaco, como así también de Santiago del Estero y Salta.
Por esto, la secretaría de Agroindustria alertó sobre "las consecuencias de cometer irregularidades" y recordó que los únicos eventos comercialmente aprobados en algodón son: MON-00531-6xMON-01445-2 (y sus eventos individuales) y BCS -GH002- 5xACS-GH001-3 (y sus eventos individuales).
La multiplicación, comercio y siembra de semilla con transgénicos no autorizados, constituyen una violación a las normas vigentes y representan un riesgo para todo el proceso de comercialización de los productos o subproductos de su cultivo, como así también constituyen un riesgo para el medio ambiente, la salud humana y animal, y los mercados internacionales.
Las consecuencias de transgredir esa prohibición, enfatizó la entidad, alcanza tanto a productores como comercializadores, previéndose en estos casos sanciones que incluyen:
- Decomiso de toda la semilla detectada en tal situación.
- Destrucción de los cultivos en lo que se haya detectado la presencia de transgénicos regulados.
- Multas en relación a la gravedad de la infracción.
- Suspensión en el Registro como operador en el mercado de semillas.
Para conocer los cultivares de algodón transgénicos inscriptos con eventos aprobados ingrese al Catálogo Nacional de Cultivares Online.
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Fecha de Publicación: 28/11/2018
Fuente: AgriTotal
Provincia/Región: Santa Fe
El Instituto Nacional de Semillas (INASE) descubrió uso de semillas OGM no aprobadas también Chaco.
La Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación, a través del INASE, comprobó la existencia de eventos de transformación pertenecientes a Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (OGM) no aprobados en semilla de algodón, provenientes de empresas de las provincias de Chaco y Santa Fe.
Por este motivo, se notificó a las empresas para que procedan con la destrucción de la misma. El Instituto tomó muestras de 28 empresas, entre deslintadoras y desmotadoras, de Santa Fe y Chaco, como así también de Santiago del Estero y Salta.
Por esto, la secretaría de Agroindustria alertó sobre "las consecuencias de cometer irregularidades" y recordó que los únicos eventos comercialmente aprobados en algodón son: MON-00531-6xMON-01445-2 (y sus eventos individuales) y BCS -GH002- 5xACS-GH001-3 (y sus eventos individuales).
La multiplicación, comercio y siembra de semilla con transgénicos no autorizados, constituyen una violación a las normas vigentes y representan un riesgo para todo el proceso de comercialización de los productos o subproductos de su cultivo, como así también constituyen un riesgo para el medio ambiente, la salud humana y animal, y los mercados internacionales.
Las consecuencias de transgredir esa prohibición, enfatizó la entidad, alcanza tanto a productores como comercializadores, previéndose en estos casos sanciones que incluyen:
- Decomiso de toda la semilla detectada en tal situación.
- Destrucción de los cultivos en lo que se haya detectado la presencia de transgénicos regulados.
- Multas en relación a la gravedad de la infracción.
- Suspensión en el Registro como operador en el mercado de semillas.
Para conocer los cultivares de algodón transgénicos inscriptos con eventos aprobados ingrese al Catálogo Nacional de Cultivares Online.
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Una ley de semillas a pedir de Monsanto-Bayer
El semillero empresario
Fecha de Publicación: 27/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un proyecto de Cambiemos se votará en la sesión del miércoles en Diputados. Limita el uso de semillas obtenidas por los campesinos. En caso de utilizarlas, deberán pagar regalías a los grandes productores como Bayer-Monsanto.
“Quién controla las semillas controla la alimentación”, advierten desde hace décadas movimientos campesinos y agricultores de todo el mundo. Es la misma frase que resonará el miércoles 28 en el Congreso Nacional, cuando los diputados de Cambiemos intenten dar media sanción a “la ley Bayer-Monsanto de semillas”, legislación a pedido de las grandes empresas, que limita el uso propio (utilizar semillas de cosechas previas) y, de forma insólita, propone que los empresarios del agro descuenten las regalías de semillas de impuestos a las ganancias (lo que implica una transferencia de recursos desde el Estado a las grandes multinacionales del agro).
Cuatro grupos de empresas controlan el 90 por ciento de las semillas transgénicas y el 60 por ciento de todas las semillas (incluidas convencionales): Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta, Corteva (Dow-DuPont) y BASF. Desde hace más de una década impulsan en América Latina leyes de semillas restrictivas para los agricultores y que asegura mayores ganancias a las compañías.
Con el ex presidente de la Sociedad Rural al frente de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y secundado por Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa), el Gobierno impulsó un proyecto de ley gestado por la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), donde confluyen las grandes empresas internacionales.
“Decimos no a este proyecto de ley porque implica el sometimiento de productores a pagos de regalías por años, cuando deseen guardar semillas para volver a sembrar. Esto significa la violación de un derecho básico, que da sentido a la agricultura. Esto permitirá la persecución de los productores y avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores”, denunciaron en un documento conjunto más de 300 organizaciones campesinas, indígenas, de derechos humanos, socioambientales y académicos.
El 13 de noviembre, en el plenario de Comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación de la Cámara de Diputados, el oficialismo (Pro-UCR y sector de Martín Lousteau) firmaron el proyecto de ley que fue redactado a puertas cerradas junto a las empresas y no era conocido por el resto de los bloques.
Cambiemos buscó aliados. Si llega con los votos, lo presentará en labor parlamentaria (reunión previa a la sesión en recinto) y votarán el miércoles.
Desde el Gobierno, las empresas y los diarios del agro transgénico señalan que existe “consenso” para una nueva ley de semillas. “El proyecto que se piensa aprobar fue negociado fuera de la Cámara de Diputados por el Ejecutivo, los semilleros voceros de Bayer-Monsanto y los grandes productores de la Sociedad Rural. El proyecto excluye los intereses de los pueblos originarios, productores de la agricultura familiar, campesinos y consumidores”, denunciaron la Multisectorial contra la Ley Bayer/Monsanto de Semillas, la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Movimiento Campesino Indígena, las Cátedras de Soberanía Alimentaria de la UNLP y de Nutrición de la UBA, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), Encuentro de Pueblos Fumigados, el Grupo de Estudios Rural del Instituto Gino Germani y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), entre otras organizaciones.
El “uso propio” es una práctica tan antigua como la agricultura. Consiste en utilizar las semillas de la cosecha para la próxima siembra. “El proyecto de ley establece que el uso propio deja de ser libre y gratuito, deja de ser un derecho de los agricultores que se enmarca de tratados internacionales de los que Argentina es signataria y pasa a ser una excepción”, explicaron las organizaciones campesinas y apuntaron al objetivo de las grandes multinacionales del agro: “Buscan cobrar regalías cada vez que un productor vuelva a utilizar ‘sus’ semillas”.
Facundo Cuesta, del colectivo de Comunicación Huerquen y de la Multisectorial contra la Ley Bayer/Monsanto, comparó: “Es como si te comprás un CD y con ese precio te cobran un extra por escucharlo los primeros cinco años. Esa locura quieren las multinacionales del agro y el Gobierno”.
El artículo 10 del proyecto establece que se incorpora como parte de las “deducciones especiales de la tercera categoría” (de la Ley de Impuesto a las Ganancias) la posibilidad de los productores de deducir “una vez y media los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada”. Lejos del lenguaje técnico-legislativo difícil de comprender, Carlos Vicente de la organización internacional Grain resume: “Implica que el pago de la semilla a las multinacionales será financiado por el estado argentino, osea todos los ciudadanos”.
En el plenario de comisiones lo explicó el diputado Axel Kicillof: un productor de soja que paga 100 dólares de regalías podrá descontar 150 de impuestos a las ganancias. “Es un escándalo. Es un subsidio de todos nosotros, del Estado, a las corporaciones del agro”, denunció Facundo Cuesta, de la Multisectorial contra Bayer/Monsanto.
El impulsor del proyecto en la Cámara de Diputados es el legislador Atilio Benedetti, que pretende ser gobernador de Entre Ríos. También forman parte del proyecto Sociedad Rural, Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Confederaciones Rurales (CRA), Coninagro y Bolsa de Cereales, entre otros.
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Fecha de Publicación: 27/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un proyecto de Cambiemos se votará en la sesión del miércoles en Diputados. Limita el uso de semillas obtenidas por los campesinos. En caso de utilizarlas, deberán pagar regalías a los grandes productores como Bayer-Monsanto.
“Quién controla las semillas controla la alimentación”, advierten desde hace décadas movimientos campesinos y agricultores de todo el mundo. Es la misma frase que resonará el miércoles 28 en el Congreso Nacional, cuando los diputados de Cambiemos intenten dar media sanción a “la ley Bayer-Monsanto de semillas”, legislación a pedido de las grandes empresas, que limita el uso propio (utilizar semillas de cosechas previas) y, de forma insólita, propone que los empresarios del agro descuenten las regalías de semillas de impuestos a las ganancias (lo que implica una transferencia de recursos desde el Estado a las grandes multinacionales del agro).
Cuatro grupos de empresas controlan el 90 por ciento de las semillas transgénicas y el 60 por ciento de todas las semillas (incluidas convencionales): Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta, Corteva (Dow-DuPont) y BASF. Desde hace más de una década impulsan en América Latina leyes de semillas restrictivas para los agricultores y que asegura mayores ganancias a las compañías.
Con el ex presidente de la Sociedad Rural al frente de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y secundado por Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa), el Gobierno impulsó un proyecto de ley gestado por la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), donde confluyen las grandes empresas internacionales.
“Decimos no a este proyecto de ley porque implica el sometimiento de productores a pagos de regalías por años, cuando deseen guardar semillas para volver a sembrar. Esto significa la violación de un derecho básico, que da sentido a la agricultura. Esto permitirá la persecución de los productores y avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores”, denunciaron en un documento conjunto más de 300 organizaciones campesinas, indígenas, de derechos humanos, socioambientales y académicos.
El 13 de noviembre, en el plenario de Comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación de la Cámara de Diputados, el oficialismo (Pro-UCR y sector de Martín Lousteau) firmaron el proyecto de ley que fue redactado a puertas cerradas junto a las empresas y no era conocido por el resto de los bloques.
Cambiemos buscó aliados. Si llega con los votos, lo presentará en labor parlamentaria (reunión previa a la sesión en recinto) y votarán el miércoles.
Desde el Gobierno, las empresas y los diarios del agro transgénico señalan que existe “consenso” para una nueva ley de semillas. “El proyecto que se piensa aprobar fue negociado fuera de la Cámara de Diputados por el Ejecutivo, los semilleros voceros de Bayer-Monsanto y los grandes productores de la Sociedad Rural. El proyecto excluye los intereses de los pueblos originarios, productores de la agricultura familiar, campesinos y consumidores”, denunciaron la Multisectorial contra la Ley Bayer/Monsanto de Semillas, la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Movimiento Campesino Indígena, las Cátedras de Soberanía Alimentaria de la UNLP y de Nutrición de la UBA, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), Encuentro de Pueblos Fumigados, el Grupo de Estudios Rural del Instituto Gino Germani y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), entre otras organizaciones.
El “uso propio” es una práctica tan antigua como la agricultura. Consiste en utilizar las semillas de la cosecha para la próxima siembra. “El proyecto de ley establece que el uso propio deja de ser libre y gratuito, deja de ser un derecho de los agricultores que se enmarca de tratados internacionales de los que Argentina es signataria y pasa a ser una excepción”, explicaron las organizaciones campesinas y apuntaron al objetivo de las grandes multinacionales del agro: “Buscan cobrar regalías cada vez que un productor vuelva a utilizar ‘sus’ semillas”.
Facundo Cuesta, del colectivo de Comunicación Huerquen y de la Multisectorial contra la Ley Bayer/Monsanto, comparó: “Es como si te comprás un CD y con ese precio te cobran un extra por escucharlo los primeros cinco años. Esa locura quieren las multinacionales del agro y el Gobierno”.
El artículo 10 del proyecto establece que se incorpora como parte de las “deducciones especiales de la tercera categoría” (de la Ley de Impuesto a las Ganancias) la posibilidad de los productores de deducir “una vez y media los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada”. Lejos del lenguaje técnico-legislativo difícil de comprender, Carlos Vicente de la organización internacional Grain resume: “Implica que el pago de la semilla a las multinacionales será financiado por el estado argentino, osea todos los ciudadanos”.
En el plenario de comisiones lo explicó el diputado Axel Kicillof: un productor de soja que paga 100 dólares de regalías podrá descontar 150 de impuestos a las ganancias. “Es un escándalo. Es un subsidio de todos nosotros, del Estado, a las corporaciones del agro”, denunció Facundo Cuesta, de la Multisectorial contra Bayer/Monsanto.
El impulsor del proyecto en la Cámara de Diputados es el legislador Atilio Benedetti, que pretende ser gobernador de Entre Ríos. También forman parte del proyecto Sociedad Rural, Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Confederaciones Rurales (CRA), Coninagro y Bolsa de Cereales, entre otros.
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Buenos Aires: media sanción a regulación minera
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que regula la actividad minera
Fecha de Publicación: 27/11/2018
Fuente: Télam
Provincia/Región: Buenos Aires
La iniciativa, que fue girada ahora al Senado bonaerense para su sanción definitiva, propone "la adecuación de los procedimientos mineros a las necesidades actuales".
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto que busca darle un marco regulatorio a la actividad minera en territorio bonaerense, que fue girado ahora a la Cámara de Senadores para su sanción definitiva.
La iniciativa propone "la adecuación de los procedimientos mineros a las necesidades actuales", y pide que se contemple también "el avance de la tecnología y procurando brindar la protección adecuada al medio ambiente".
Según el diputado Hugo Oroño (Cambiemos), presidente de la comisión de Industria y Minería y autor del proyecto, este nuevo código "brinda a la Autoridad Minera más y mejores herramientas de contralor a la actividad, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y otorgándole instrumentos
para poder cumplir con su rol en el territorio de la provincia".
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Fecha de Publicación: 27/11/2018
Fuente: Télam
Provincia/Región: Buenos Aires
La iniciativa, que fue girada ahora al Senado bonaerense para su sanción definitiva, propone "la adecuación de los procedimientos mineros a las necesidades actuales".
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto que busca darle un marco regulatorio a la actividad minera en territorio bonaerense, que fue girado ahora a la Cámara de Senadores para su sanción definitiva.
La iniciativa propone "la adecuación de los procedimientos mineros a las necesidades actuales", y pide que se contemple también "el avance de la tecnología y procurando brindar la protección adecuada al medio ambiente".
Según el diputado Hugo Oroño (Cambiemos), presidente de la comisión de Industria y Minería y autor del proyecto, este nuevo código "brinda a la Autoridad Minera más y mejores herramientas de contralor a la actividad, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y otorgándole instrumentos
para poder cumplir con su rol en el territorio de la provincia".
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Aeropuertos Argentina: negocios privados, tierras públicas
Un negocio de alto vuelo
Fecha de Publicación: 27/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Pese a que hace veinte años que no paga el canon, que se venció la concesión y que no hizo ninguna de las obras a las que se comprometió, Aeropuertos Argentina 2000 recibirá 13 hectáreas, además de las 138 que ya tiene, para expandir el Jorge Newbery.
Aeropuertos Argentina 2000, que ocupa 138 hectáreas de dominio público a cambio de nada (no paga el canon que le corresponde, no hay concesión, no hay permiso de uso, no hay absolutamente nada), se seguirá expandiendo: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca ampliar el Aeroparque Jorge Newbery con un faraónico proyecto que contempla extender el aeropuerto sobre trece hectáreas adyacentes de espacios verdes que son de dominio público y realizar un relleno de nueve hectáreas sobre el río para construir un estacionamiento subterráneo.
Para hacerlo, deberá aprobarse un convenio firmado a fines de 2017 entre Nación y Ciudad por el cual Horacio Rodríguez Larreta transfiere a la Nación terrenos porteños que el Ejecutivo Nacional transfiere a Aeropuertos Argentina 2000.
La medida, impulsada por el jefe de Gobierno porteño, ya tiene un primer aval en la Legislatura y el apoyo de todo el bloque oficialista y de un amplio sector de la oposición. Desde el oficialismo argumentan que "en la actualidad el Aeroparque se encuentra con su capacidad sobreexigida" y prometen que con la ampliación "habrá mayor seguridad aeroportuaria". Sin embargo, vecinos, arquitectos, urbanistas y ambientalistas denuncian el impacto ambiental negativo de la obra y expresaron su absoluto rechazo al proyecto del que, aseguran, sólo se beneficiará la empresa concesionaria, propiedad de Eduardo Eurnekian.
Por tratarse de territorios de dominio público de la Ciudad, el proyecto necesita ser aprobado en un sistema de doble lectura. Esto significa que debe aprobarse en primera instancia en la Legislatura, realizar audiencias públicas con funcionarios, vecinos y profesionales especializados en la cuestión y, luego, aprobarse de forma definitiva incorporando las observaciones que surjan en ese proceso. Así fue como el pasado 27 de septiembre la Legislatura ratificó por 42 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones el convenio entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad y la ampliación del aeropuerto. Desde la oposición señalaron algunas críticas al proyecto, entre ellas, que no se contempla el acceso del transporte público y la necesidad de ampliar la red de subtes de la Ciudad para acceder al Aeroparque, en lugar de priorizar la construcción de más cocheras. Sin embargo, todos los bloques legislativos, con la excepción del Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad, votaron a favor del proyecto.
El martes pasado se llevó a cabo en la Legislatura la audiencia pública previa a la votación definitiva. El tema no parece generar mucho interés entre los funcionarios ya que ninguno de los legisladores anotados para exponer fueron a la audiencia, que tuvo sólo tres expositores: Osvaldo Guerrica Echevarría, arquitecto y presidente de la Asociación Amigos del Lago de Palermo y de Queremos Buenos Aires; María Teresa Gutiérrez Cullen de Arauz, integrante de la Fundación Ciudad; y la ex legisladora porteña María José Lubertino.
"Las obras ya comenzaron y están avanzadas, no esperaron a la aprobación de esta Legislatura", denunció allí Guerrica Echevarría, quien trabaja activamente en la defensa de los espacios verdes y el medio ambiente en la Ciudad desde hace más de veinte años. "Aprobar obras de semejante envergadura sin ley es una situación de demasiada irregularidad. La otra irregularidad manifiesta en este proyecto es la entrega de tierras públicas de la Ciudad a una empresa privada. Aeropuertos Argentina 2000 está ocupando 138 hectáreas de dominio público a cambio de nada: no le paga un canon a la Ciudad, no hay concesión y no hay permiso de uso. Sin embargo, el jefe de Gobierno porteño ahora le está entregando a una empresa privada 12 hectáreas más para uso gratuito a perpetuidad. Ese es el epicentro de la notable irregularidad de este proyecto de ley", aseguró.
Las tierras donde se ubica el Aeroparque estaban destinadas a ser un gran parque frente al Río de la Plata. De hecho, señala Guerrica Echevarría, "oficialmente en los planos de la Ciudad se lo sigue llamando Parque de La Raza".
En 1998, durante la presidencia de Carlos Menem, se avanzó con la privatización de los aeropuertos en todo el país y desde entonces, la empresa Aeropuertos Argentina 2000 controla el Aeroparque Jorge Newbery y otros 32 aeropuertos. Pero en el decreto de adjudicación de la licitación, firmado por el Poder Ejecutivo Nacional, se establecía que la empresa concesionaria asumía el compromiso de construir un aeropuerto alternativo en el Gran Buenos Aires o agrandar Ezeiza "con anterioridad al año siete (7) de la concesión". "Aeropuertos Argentina 2000 no sólo no cumplió con el acuerdo sino que, además, acumuló una deuda de más de 850 millones de pesos en concepto de canon no pagado y obras no realizadas. Pero el gobierno nacional le perdonó la deuda a la empresa a cambio de un 20 por ciento de las acciones, que pasaron a manos del Estado. El problema es que con ese 20 por ciento el Estado está en absoluta minoría y no resuelve nada y, lo que es peor aún, no quiere resolver. Son veinte años de irregularidades", recordó el arquitecto.
Además, el proyecto del oficialismo va a contramano del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad aprobado en el 2000, vigente en la actualidad. En el Código, y teniendo en cuenta que --según lo acordado con la concesionaria-- el Aeroparque sería desalojado en 2005, se establece que el predio sería convertido en un parque público. El consenso expresado en ese código era, justamente, que el Aeroparque tiene un impacto negativo en términos ambientales y urbanísticos.
Al mismo tiempo, el Plan Urbano Ambiental aprobado en 2008 establece la necesidad de "preservar el perfil y/o silueta costera de los rellenos existentes". En otras palabras, prohíbe hacer nuevos rellenos al Río de la Plata. Todos estos factores son obviados en el proyecto que impulsa el oficialismo porteño, aunque hace campaña con la promesa de una Ciudad Verde.
El 9 de marzo pasado se realizó otra audiencia pública por este tema, en la que se habló sobre el impacto ambiental. En esa oportunidad participaron representantes de ONG y funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad, del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y de la empresa Aeropuertos Argentina 2000.
Allí, se presentó un estudio técnico de evaluación ambiental que despertó muchas críticas, entre otras cosas, por pretender naturalizar el avance sobre el río al señalar que "la ciudad ya estaba habituada a los rellenos sobre la costa" y por no tener en cuenta el aumento de la contaminación sonora que vendría de la mano de una mayor cantidad de aterrizajes en Aeroparque. Según el informe, el principal problema del proyecto que impulsa el oficialismo de la mano del holding de Eurnekian serían el tránsito y los ruidos de los camiones, que día a día llevarán los 400 mil metros cúbicos de materiales para el relleno costero.
"El informe no tenía en cuenta lo que implica la alteración del perfil costero, el impacto del cambio climático, el traslado de la desembocadura del arroyo Maldonado, la contaminación sonora ni el hecho de que se van a liquidar árboles centenarios de la costanera. No les importa nada. Un desastre", sostuvo Guerrica Echevarría. "Es cierto que este aeroparque está fuera de las normas internacionales porque tiene una pista y una calle de carreteo que no tienen la distancia mínima que corresponde. Y, sí, es cierto, para dejar el aeroparque acá y ponerlo en norma, tienen que rellenar el río", reconoce el arquitecto, pero señala que eso no puede hacerse a costa del espacio público ni del medio ambiente de la Ciudad. "El problema es que cada vez se va a necesitar un aeropuerto más grande y esa situación puede seguir así hasta el infinito. Al final, vamos a terminar con la aeroisla de Menem", concluyó.
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Fecha de Publicación: 27/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
Pese a que hace veinte años que no paga el canon, que se venció la concesión y que no hizo ninguna de las obras a las que se comprometió, Aeropuertos Argentina 2000 recibirá 13 hectáreas, además de las 138 que ya tiene, para expandir el Jorge Newbery.
Aeropuertos Argentina 2000, que ocupa 138 hectáreas de dominio público a cambio de nada (no paga el canon que le corresponde, no hay concesión, no hay permiso de uso, no hay absolutamente nada), se seguirá expandiendo: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca ampliar el Aeroparque Jorge Newbery con un faraónico proyecto que contempla extender el aeropuerto sobre trece hectáreas adyacentes de espacios verdes que son de dominio público y realizar un relleno de nueve hectáreas sobre el río para construir un estacionamiento subterráneo.
Para hacerlo, deberá aprobarse un convenio firmado a fines de 2017 entre Nación y Ciudad por el cual Horacio Rodríguez Larreta transfiere a la Nación terrenos porteños que el Ejecutivo Nacional transfiere a Aeropuertos Argentina 2000.
La medida, impulsada por el jefe de Gobierno porteño, ya tiene un primer aval en la Legislatura y el apoyo de todo el bloque oficialista y de un amplio sector de la oposición. Desde el oficialismo argumentan que "en la actualidad el Aeroparque se encuentra con su capacidad sobreexigida" y prometen que con la ampliación "habrá mayor seguridad aeroportuaria". Sin embargo, vecinos, arquitectos, urbanistas y ambientalistas denuncian el impacto ambiental negativo de la obra y expresaron su absoluto rechazo al proyecto del que, aseguran, sólo se beneficiará la empresa concesionaria, propiedad de Eduardo Eurnekian.
Por tratarse de territorios de dominio público de la Ciudad, el proyecto necesita ser aprobado en un sistema de doble lectura. Esto significa que debe aprobarse en primera instancia en la Legislatura, realizar audiencias públicas con funcionarios, vecinos y profesionales especializados en la cuestión y, luego, aprobarse de forma definitiva incorporando las observaciones que surjan en ese proceso. Así fue como el pasado 27 de septiembre la Legislatura ratificó por 42 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones el convenio entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad y la ampliación del aeropuerto. Desde la oposición señalaron algunas críticas al proyecto, entre ellas, que no se contempla el acceso del transporte público y la necesidad de ampliar la red de subtes de la Ciudad para acceder al Aeroparque, en lugar de priorizar la construcción de más cocheras. Sin embargo, todos los bloques legislativos, con la excepción del Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad, votaron a favor del proyecto.
El martes pasado se llevó a cabo en la Legislatura la audiencia pública previa a la votación definitiva. El tema no parece generar mucho interés entre los funcionarios ya que ninguno de los legisladores anotados para exponer fueron a la audiencia, que tuvo sólo tres expositores: Osvaldo Guerrica Echevarría, arquitecto y presidente de la Asociación Amigos del Lago de Palermo y de Queremos Buenos Aires; María Teresa Gutiérrez Cullen de Arauz, integrante de la Fundación Ciudad; y la ex legisladora porteña María José Lubertino.
"Las obras ya comenzaron y están avanzadas, no esperaron a la aprobación de esta Legislatura", denunció allí Guerrica Echevarría, quien trabaja activamente en la defensa de los espacios verdes y el medio ambiente en la Ciudad desde hace más de veinte años. "Aprobar obras de semejante envergadura sin ley es una situación de demasiada irregularidad. La otra irregularidad manifiesta en este proyecto es la entrega de tierras públicas de la Ciudad a una empresa privada. Aeropuertos Argentina 2000 está ocupando 138 hectáreas de dominio público a cambio de nada: no le paga un canon a la Ciudad, no hay concesión y no hay permiso de uso. Sin embargo, el jefe de Gobierno porteño ahora le está entregando a una empresa privada 12 hectáreas más para uso gratuito a perpetuidad. Ese es el epicentro de la notable irregularidad de este proyecto de ley", aseguró.
Las tierras donde se ubica el Aeroparque estaban destinadas a ser un gran parque frente al Río de la Plata. De hecho, señala Guerrica Echevarría, "oficialmente en los planos de la Ciudad se lo sigue llamando Parque de La Raza".
En 1998, durante la presidencia de Carlos Menem, se avanzó con la privatización de los aeropuertos en todo el país y desde entonces, la empresa Aeropuertos Argentina 2000 controla el Aeroparque Jorge Newbery y otros 32 aeropuertos. Pero en el decreto de adjudicación de la licitación, firmado por el Poder Ejecutivo Nacional, se establecía que la empresa concesionaria asumía el compromiso de construir un aeropuerto alternativo en el Gran Buenos Aires o agrandar Ezeiza "con anterioridad al año siete (7) de la concesión". "Aeropuertos Argentina 2000 no sólo no cumplió con el acuerdo sino que, además, acumuló una deuda de más de 850 millones de pesos en concepto de canon no pagado y obras no realizadas. Pero el gobierno nacional le perdonó la deuda a la empresa a cambio de un 20 por ciento de las acciones, que pasaron a manos del Estado. El problema es que con ese 20 por ciento el Estado está en absoluta minoría y no resuelve nada y, lo que es peor aún, no quiere resolver. Son veinte años de irregularidades", recordó el arquitecto.
Además, el proyecto del oficialismo va a contramano del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad aprobado en el 2000, vigente en la actualidad. En el Código, y teniendo en cuenta que --según lo acordado con la concesionaria-- el Aeroparque sería desalojado en 2005, se establece que el predio sería convertido en un parque público. El consenso expresado en ese código era, justamente, que el Aeroparque tiene un impacto negativo en términos ambientales y urbanísticos.
Al mismo tiempo, el Plan Urbano Ambiental aprobado en 2008 establece la necesidad de "preservar el perfil y/o silueta costera de los rellenos existentes". En otras palabras, prohíbe hacer nuevos rellenos al Río de la Plata. Todos estos factores son obviados en el proyecto que impulsa el oficialismo porteño, aunque hace campaña con la promesa de una Ciudad Verde.
El 9 de marzo pasado se realizó otra audiencia pública por este tema, en la que se habló sobre el impacto ambiental. En esa oportunidad participaron representantes de ONG y funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad, del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y de la empresa Aeropuertos Argentina 2000.
Allí, se presentó un estudio técnico de evaluación ambiental que despertó muchas críticas, entre otras cosas, por pretender naturalizar el avance sobre el río al señalar que "la ciudad ya estaba habituada a los rellenos sobre la costa" y por no tener en cuenta el aumento de la contaminación sonora que vendría de la mano de una mayor cantidad de aterrizajes en Aeroparque. Según el informe, el principal problema del proyecto que impulsa el oficialismo de la mano del holding de Eurnekian serían el tránsito y los ruidos de los camiones, que día a día llevarán los 400 mil metros cúbicos de materiales para el relleno costero.
"El informe no tenía en cuenta lo que implica la alteración del perfil costero, el impacto del cambio climático, el traslado de la desembocadura del arroyo Maldonado, la contaminación sonora ni el hecho de que se van a liquidar árboles centenarios de la costanera. No les importa nada. Un desastre", sostuvo Guerrica Echevarría. "Es cierto que este aeroparque está fuera de las normas internacionales porque tiene una pista y una calle de carreteo que no tienen la distancia mínima que corresponde. Y, sí, es cierto, para dejar el aeroparque acá y ponerlo en norma, tienen que rellenar el río", reconoce el arquitecto, pero señala que eso no puede hacerse a costa del espacio público ni del medio ambiente de la Ciudad. "El problema es que cada vez se va a necesitar un aeropuerto más grande y esa situación puede seguir así hasta el infinito. Al final, vamos a terminar con la aeroisla de Menem", concluyó.
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Volt el primer auto eléctrico del país
Volt lanzó su auto eléctrico con foco en el cliente corporativo
Fecha de Publicación: 26/11/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - Córdoba
Volt Motors presentó ayer la preserie de un city car eléctrico que venderá desde hoy y que entregará desde abril de 2019, con mira en el usuario urbano, pero con el objetivo comercial puesto en el cliente corporativo.
Es el primer auto eléctrico desarrollado y fabricado en el país en forma comercial. La firma fue fundada por Daniel Parodi, presidente de Ciudad Empresaria, y Javier Moyano, ingeniero con trayectoria en el sector aeronáutico.
La presentación se hizo ante mil personas, en un evento presidido por el gobernador Juan Schiaretti, el intendente Ramón Mestre, y por parte del Gobierno nacional: el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el secretario de Industria, Fernando Grasso.
Volt fue autorizada como terminal automotriz por la Nación, pero restan licencias del vehículo que se lograrían en marzo.
La firma presentó dos versiones: el Volt e1, para particulares, a un precio de 750 mil pesos, aunque los primeras 100 unidades saldrán con una bonificación de 80 mil pesos; y Volt w1, para clientes corporativos y profesionales, que soporta una carga de hasta 300 kilos y costará 650 mil pesos.
Como todo city car, es para uso urbano. Tienen dos asientos (atrás se pueden colocar dos butacas, una para bebé y otra para niño de hasta 12 años), pesan 550 kilogramos, la velocidad máxima es de 110 kilómetros por hora y las baterías duran de 120 a 150 kilómetros.
Innovaciones
Volt reemplaza lo mecánico por lo tecnológico. No tiene chasis, partes metálicas, caja de cambio ni botones. Se carga en enchufes comunes, tiene dos motores que mueven las ruedas traseras y un único pedal que acelera y frena.
Tampoco tiene llaves. Se abre y se enciende con el celular, con el que también controla el vehículo a distancia, activa luces o aire acondicionado, abre ventanas y permite saber la ubicación y la energía que le queda en la batería, ya que está conectado a la web a través de dispositivos IoT (internet de las cosas) que emiten información permanentemente.
El auto tiene una pantalla de 17 pulgadas desde donde se controlan las funciones, se maneja el celular “de manera espejo” y ofrece música, videos y televisión digital.
Además, tiene un sistema head-up display que proyecta la pantalla en el parabrisas (para que el conductor no mire hacia abajo), y cuenta con sensores atrás y a los costados para manejo y estacionamiento, según indicó Moyano.
También innova en lo comercial y en lo productivo. “La venta se hará por internet (www.voltmotors.com.ar), pero tendremos Volt Stores, locales para que el cliente pueda verlo y probarlo; el primero se abrirá (desde hoy) en Ciudad Empresaria”, dijo Parodi.
El vehículo tiene 50 por ciento de componentes locales (tiene cerca de 20 proveedores), y la producción se hará en “células”, que con 100 empleados pueden fabricar tres mil unidades por año, ubicadas en la zona en la que se venden.
Apoyo estatal
En el evento, Mestre anunció que eximirá del 40 por ciento de la tasa de Comercio e Industria a las empresas de producción sustentable y de dos años del Automotor a los usuarios.
Por su parte, Schiaretti dijo que eximirá de impuestos por 10 años a los fabricantes, ofrecerá créditos prendarios del Banco de Córdoba a cuatro años y aplicará el programa de tarifa reducida al usuario para cargar el auto por la noche. Además, confirmó que comprará tres unidades para Epec y 10 para la administración provincial.
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Fecha de Publicación: 26/11/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional - Córdoba
Volt Motors presentó ayer la preserie de un city car eléctrico que venderá desde hoy y que entregará desde abril de 2019, con mira en el usuario urbano, pero con el objetivo comercial puesto en el cliente corporativo.
Es el primer auto eléctrico desarrollado y fabricado en el país en forma comercial. La firma fue fundada por Daniel Parodi, presidente de Ciudad Empresaria, y Javier Moyano, ingeniero con trayectoria en el sector aeronáutico.
La presentación se hizo ante mil personas, en un evento presidido por el gobernador Juan Schiaretti, el intendente Ramón Mestre, y por parte del Gobierno nacional: el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el secretario de Industria, Fernando Grasso.
Volt fue autorizada como terminal automotriz por la Nación, pero restan licencias del vehículo que se lograrían en marzo.
La firma presentó dos versiones: el Volt e1, para particulares, a un precio de 750 mil pesos, aunque los primeras 100 unidades saldrán con una bonificación de 80 mil pesos; y Volt w1, para clientes corporativos y profesionales, que soporta una carga de hasta 300 kilos y costará 650 mil pesos.
Como todo city car, es para uso urbano. Tienen dos asientos (atrás se pueden colocar dos butacas, una para bebé y otra para niño de hasta 12 años), pesan 550 kilogramos, la velocidad máxima es de 110 kilómetros por hora y las baterías duran de 120 a 150 kilómetros.
Innovaciones
Volt reemplaza lo mecánico por lo tecnológico. No tiene chasis, partes metálicas, caja de cambio ni botones. Se carga en enchufes comunes, tiene dos motores que mueven las ruedas traseras y un único pedal que acelera y frena.
Tampoco tiene llaves. Se abre y se enciende con el celular, con el que también controla el vehículo a distancia, activa luces o aire acondicionado, abre ventanas y permite saber la ubicación y la energía que le queda en la batería, ya que está conectado a la web a través de dispositivos IoT (internet de las cosas) que emiten información permanentemente.
El auto tiene una pantalla de 17 pulgadas desde donde se controlan las funciones, se maneja el celular “de manera espejo” y ofrece música, videos y televisión digital.
Además, tiene un sistema head-up display que proyecta la pantalla en el parabrisas (para que el conductor no mire hacia abajo), y cuenta con sensores atrás y a los costados para manejo y estacionamiento, según indicó Moyano.
También innova en lo comercial y en lo productivo. “La venta se hará por internet (www.voltmotors.com.ar), pero tendremos Volt Stores, locales para que el cliente pueda verlo y probarlo; el primero se abrirá (desde hoy) en Ciudad Empresaria”, dijo Parodi.
El vehículo tiene 50 por ciento de componentes locales (tiene cerca de 20 proveedores), y la producción se hará en “células”, que con 100 empleados pueden fabricar tres mil unidades por año, ubicadas en la zona en la que se venden.
Apoyo estatal
En el evento, Mestre anunció que eximirá del 40 por ciento de la tasa de Comercio e Industria a las empresas de producción sustentable y de dos años del Automotor a los usuarios.
Por su parte, Schiaretti dijo que eximirá de impuestos por 10 años a los fabricantes, ofrecerá créditos prendarios del Banco de Córdoba a cuatro años y aplicará el programa de tarifa reducida al usuario para cargar el auto por la noche. Además, confirmó que comprará tres unidades para Epec y 10 para la administración provincial.
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Exar comienza la producción de litio más grande del país
Comienza la producción de litio más importante del país en Jujuy
Fecha de Publicación: 26/11/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Jujuy
Exar, que invertirá en la primera etapa u$s 430 millones, inició la operación de una de las 20 pozas previstas. En 2022, con la expansión, se llegaría a las 50.000 toneladas
Tras la puesta en marcha del proceso productivo del yacimiento de Litio Olaroz-Caucharí, el presidente y CEO de Minera Exar Franco Mignacco espera producir en la primera fase 25.000 toneladas de carbonato de litio. El proyecto, en el que se llevan invertidos más de u$s 100 millones de dólares tendrá la producción más importante del país.
El yacimiento Olaroz-Cauchari está ubicado en el departamento Susques, al sur de la puna jujeña y allí se van a construir en total 20 pozas a lo largo de 1200 hectáreas. El martes pasado se inició la operación del llenado de la primera fosa de evaporación, la cual tiene 2 kilómetros de largo por 300 metros de ancho y con capacidad de llenado de 1,9 metros de salmuera. "La poza, en sí, es como una planta porque el proceso se inicia aquí con la pre-concentración y decantado de la salmuera que se extiende durante 18 a 24 meses. Una vez que la salmuera está lista, ingresa a la planta química para finalizar el proceso de carbonato de litio", destacó Mignacco.
La inversión prevista para la primera fase es de u$s 430 millones, más impuestos. "Durante el primer semestre del 2020, Exar estará produciendo una tonelada de carbonato de litio y lo venderá al mercado de las baterías de litio. Ya comenzamos a construir la segunda y la tercera poza", contó Mignacco a El Cronista.
ýExar es una joint venture que pertenece a Lithium Americas (62,5%) y Ganfeng Lithium (37,5%). "El 31 de octubre se incorporó Ganfeng como nuevo accionista. La empresa es el mayor productor chino de litio y el tercero a nivel mundial. La compañía accedió al proyecto mediante la compra de la parte de SQM. De este modo, quedo conformado el nuevo paquete accionista", señaló Mignacco. El proyecto es operado por una sociedad público-privada, donde la empresa estatal Jujuy Energía Minería S.E. (JEMSE) participa con un 8,5%.
Según Mignacco, el 80% de la producción estará en manos de Ganfeng porque la firma adelantó prestamos a cambio de abastecerse de producto. El litio producido será trasladado a China, Tailandia, Corea, Japón y Alemania para hacer baterías; luego a los Estados Unidos, Europa y a China para fabricar autos eléctricos. El proyecto posee una vida útil estimada de más de 40 años.
Exar tiene actualmente 190 trabajadores, de los cuales casi la mitad pertenece a las comunidades de Pastos Chicos, Huancar, Puesto Sey y Susques, entre otras, del departamento Susques. Indirectamente trabajan 350 personas más. Mignacco calcula que para el año que viene serán 800 empleados directos.
Para 2022 está prevista la segunda etapa del proyecto, que implica la expansión. En esta instancia, se podrá duplicar la producción, totalizando 50.000 toneladas de carbonato de litio. En esta fase, se requerirá una inversión adicional de u$s 266 millones.
En relación al contexto económico argentino, el CEO de Minera Exar dijo: "Al ser el litio un recurso demandado en el mundo, la inversión se mantuvo más allá del contexto del país. Es más, el proyecto se vio favorecido porque los dólares rendían más. De todos modos, estos desajustes de la economía se van a ir acomodando".
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Fecha de Publicación: 26/11/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Jujuy
Exar, que invertirá en la primera etapa u$s 430 millones, inició la operación de una de las 20 pozas previstas. En 2022, con la expansión, se llegaría a las 50.000 toneladas
Tras la puesta en marcha del proceso productivo del yacimiento de Litio Olaroz-Caucharí, el presidente y CEO de Minera Exar Franco Mignacco espera producir en la primera fase 25.000 toneladas de carbonato de litio. El proyecto, en el que se llevan invertidos más de u$s 100 millones de dólares tendrá la producción más importante del país.
El yacimiento Olaroz-Cauchari está ubicado en el departamento Susques, al sur de la puna jujeña y allí se van a construir en total 20 pozas a lo largo de 1200 hectáreas. El martes pasado se inició la operación del llenado de la primera fosa de evaporación, la cual tiene 2 kilómetros de largo por 300 metros de ancho y con capacidad de llenado de 1,9 metros de salmuera. "La poza, en sí, es como una planta porque el proceso se inicia aquí con la pre-concentración y decantado de la salmuera que se extiende durante 18 a 24 meses. Una vez que la salmuera está lista, ingresa a la planta química para finalizar el proceso de carbonato de litio", destacó Mignacco.
La inversión prevista para la primera fase es de u$s 430 millones, más impuestos. "Durante el primer semestre del 2020, Exar estará produciendo una tonelada de carbonato de litio y lo venderá al mercado de las baterías de litio. Ya comenzamos a construir la segunda y la tercera poza", contó Mignacco a El Cronista.
ýExar es una joint venture que pertenece a Lithium Americas (62,5%) y Ganfeng Lithium (37,5%). "El 31 de octubre se incorporó Ganfeng como nuevo accionista. La empresa es el mayor productor chino de litio y el tercero a nivel mundial. La compañía accedió al proyecto mediante la compra de la parte de SQM. De este modo, quedo conformado el nuevo paquete accionista", señaló Mignacco. El proyecto es operado por una sociedad público-privada, donde la empresa estatal Jujuy Energía Minería S.E. (JEMSE) participa con un 8,5%.
Según Mignacco, el 80% de la producción estará en manos de Ganfeng porque la firma adelantó prestamos a cambio de abastecerse de producto. El litio producido será trasladado a China, Tailandia, Corea, Japón y Alemania para hacer baterías; luego a los Estados Unidos, Europa y a China para fabricar autos eléctricos. El proyecto posee una vida útil estimada de más de 40 años.
Exar tiene actualmente 190 trabajadores, de los cuales casi la mitad pertenece a las comunidades de Pastos Chicos, Huancar, Puesto Sey y Susques, entre otras, del departamento Susques. Indirectamente trabajan 350 personas más. Mignacco calcula que para el año que viene serán 800 empleados directos.
Para 2022 está prevista la segunda etapa del proyecto, que implica la expansión. En esta instancia, se podrá duplicar la producción, totalizando 50.000 toneladas de carbonato de litio. En esta fase, se requerirá una inversión adicional de u$s 266 millones.
En relación al contexto económico argentino, el CEO de Minera Exar dijo: "Al ser el litio un recurso demandado en el mundo, la inversión se mantuvo más allá del contexto del país. Es más, el proyecto se vio favorecido porque los dólares rendían más. De todos modos, estos desajustes de la economía se van a ir acomodando".
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Entre Ríos: sigue la presión para fumigar en cualquier lado
Productores confían que Bordet resolverá políticamente el conflicto por los fitosanitarios
Fecha de Publicación: 26/11/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
La Mesa de Enlace Gualeguaychú informó a AIM que acordó con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, un decreto reglamentario que pondrá fin al conflicto por la aplicación de fitosanitarios en inmediaciones de escuelas rurales. El fallo de la corte deja sin producir a miles de productores y frena el cultivo en alrededor de 300 mil hectáreas.
En el marco de la visita del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, a Gualeguaychú, integrantes de la Mesa de Enlace local se reunieron con el mandatario entrerriano a los efectos abordar la problemática que enfrentan los productores luego que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer), prohibiera las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil y tres mil metros de distancia –según el tipo de pulverización- de las escuelas rurales.
Los dirigentes rurales valoraron el hecho de haber podido hablar sin intermediarios con el gobernador y expresaron: “Pudimos plantear la situación que atraviesan miles de productores y en este sentido, encontramos similar preocupación en Bordet, quién comentó que su gobierno se encuentra en constante contacto con la secretaría de Agroindustria de la Nación por este y otros temas”.
En tanto, los ruralistas -quienes estuvieron acompañados por el senador nacional, Alfredo De Ángeli y su par departamental, Nicolás Mattiauda-, aseguraron que el gobernador se “comprometió” a firmar la semana entrante el decreto reglamentario que establecerá las normativas para las fumigaciones con agroquímicos en toda la provincia, hecho que subsanará el vacío legal existente en este particular.
Además, señalaron que plantearon al gobernador “la imperiosa necesidad de que el Estado entrerriano sea eficiente en los controles a los productores ya que la Secretaría de la Producción no contaría hoy con la logística necesaria para esa tarea. Y en ese punto, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, presente en la reunión, se comprometió a abocar móviles de otras reparticiones a tal efecto a la brevedad para ser eficiente en el contralor”.
Por último, destacaron que “la ausencia de una norma moderna y las falencias en el control son déficits del Estado y debe ser resuelto con carácter de urgente. Es imposible producir en este estado de incertidumbre y el gobernador debe poner límite a tanta precariedad en las formas de producción. Ojalá la semana que viene, el decreto reglamentario sea un paso fundamental para la normalización de la actividad agrícola”, finalizaron.
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Fecha de Publicación: 26/11/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
La Mesa de Enlace Gualeguaychú informó a AIM que acordó con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, un decreto reglamentario que pondrá fin al conflicto por la aplicación de fitosanitarios en inmediaciones de escuelas rurales. El fallo de la corte deja sin producir a miles de productores y frena el cultivo en alrededor de 300 mil hectáreas.
En el marco de la visita del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, a Gualeguaychú, integrantes de la Mesa de Enlace local se reunieron con el mandatario entrerriano a los efectos abordar la problemática que enfrentan los productores luego que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer), prohibiera las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil y tres mil metros de distancia –según el tipo de pulverización- de las escuelas rurales.
Los dirigentes rurales valoraron el hecho de haber podido hablar sin intermediarios con el gobernador y expresaron: “Pudimos plantear la situación que atraviesan miles de productores y en este sentido, encontramos similar preocupación en Bordet, quién comentó que su gobierno se encuentra en constante contacto con la secretaría de Agroindustria de la Nación por este y otros temas”.
En tanto, los ruralistas -quienes estuvieron acompañados por el senador nacional, Alfredo De Ángeli y su par departamental, Nicolás Mattiauda-, aseguraron que el gobernador se “comprometió” a firmar la semana entrante el decreto reglamentario que establecerá las normativas para las fumigaciones con agroquímicos en toda la provincia, hecho que subsanará el vacío legal existente en este particular.
Además, señalaron que plantearon al gobernador “la imperiosa necesidad de que el Estado entrerriano sea eficiente en los controles a los productores ya que la Secretaría de la Producción no contaría hoy con la logística necesaria para esa tarea. Y en ese punto, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, presente en la reunión, se comprometió a abocar móviles de otras reparticiones a tal efecto a la brevedad para ser eficiente en el contralor”.
Por último, destacaron que “la ausencia de una norma moderna y las falencias en el control son déficits del Estado y debe ser resuelto con carácter de urgente. Es imposible producir en este estado de incertidumbre y el gobernador debe poner límite a tanta precariedad en las formas de producción. Ojalá la semana que viene, el decreto reglamentario sea un paso fundamental para la normalización de la actividad agrícola”, finalizaron.
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