Las energías renovables generarán miles de puestos de trabajo
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Empleo: se prevé el ingreso de más de 17 mil personas al mercado de energías renovables
Fecha de Publicación: 01/10/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
A partir de informes realizados por la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Subsecretaría de Energías Renovables de la República Argentina, se puede concluir que el crecimiento del empleo en el sector renovable en Argentina en estos años se deberá principalmente al empleo generado por proyectos ganadores del programa RenovAr y MATER.
El incremento se traduce en pasar de 5.170 empleos disponibles en 2015 a unos 17.446 que deberían concretarse en los próximos años tanto para la construcción como para la operación y mantenimiento de los proyectos renovables que inyectarán energía al Sistema Argentino de Interconexión eléctrica (SADI).
El informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) titulado “Empleo verde en la Argentina”, publicado en junio de 2017, indicó que tres años atrás se registraron al menos 10.000 empleos relacionados a la producción de biocombustibles junto a puestos de trabajo en la producción de energía a partir de fuentes renovables no convencionales (ERNC). Aquellos representaron 15% del total de asalariados registrados en el sector de energía, dentro del Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA).
De allí, 5.170 empleos fueron los concretados exclusivamente para ERNC. La mayoría está constituida por trabajos para la generación de energía a partir de biomasa (2.640 puestos de trabajo); luego, 2.420 representaron a pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (PAH); y sólo 110 trabajos entre solar fotovoltaica y eólica.
Enfrentando aquellas cifras con las actuales, el reciente informe “Generación de empleo: energías renovables”, publicado por la Subsecretaría de Energías Renovables este segundo semestre de 2018, marca como principal antecedente para el crecimiento del sector como política de estado a la sanción de la ley N° 27191 del Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica.
La citada ley, que fue sancionada en octubre de 2015, junto a su correspondiente reglamentación en marzo de 2016, conformarían la normativa principal del sector para contribuir al alcance de las metas de diversificación de la matriz establecidas.
Entre los instrumentos que impulsarían el movimiento del sector se destacan el programa RenovAr (subasta para la contratación a largo plazo de energía eléctrica de fuente renovable) y Mater (que otorga prioridad de despacho a proyectos desarrollados en el mercado a término entre privados).
A partir de éstos, el cálculo contempla la generación de 17.446 trabajos directos que demandarán los 201 proyectos renovables que surgieron de la Resolución N° 202/16 (10) y de los programas RenovAr (147) y Mater (44).
El informe especifica, además, que se proyectan 15.391 empleos para cubrir actividades de la etapa de construcción, así como 2.055 para la etapa de Operación y Mantenimiento de aquellos parques y centrales renovables.
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Fecha de Publicación: 01/10/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
A partir de informes realizados por la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Subsecretaría de Energías Renovables de la República Argentina, se puede concluir que el crecimiento del empleo en el sector renovable en Argentina en estos años se deberá principalmente al empleo generado por proyectos ganadores del programa RenovAr y MATER.
El incremento se traduce en pasar de 5.170 empleos disponibles en 2015 a unos 17.446 que deberían concretarse en los próximos años tanto para la construcción como para la operación y mantenimiento de los proyectos renovables que inyectarán energía al Sistema Argentino de Interconexión eléctrica (SADI).
El informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) titulado “Empleo verde en la Argentina”, publicado en junio de 2017, indicó que tres años atrás se registraron al menos 10.000 empleos relacionados a la producción de biocombustibles junto a puestos de trabajo en la producción de energía a partir de fuentes renovables no convencionales (ERNC). Aquellos representaron 15% del total de asalariados registrados en el sector de energía, dentro del Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA).
De allí, 5.170 empleos fueron los concretados exclusivamente para ERNC. La mayoría está constituida por trabajos para la generación de energía a partir de biomasa (2.640 puestos de trabajo); luego, 2.420 representaron a pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (PAH); y sólo 110 trabajos entre solar fotovoltaica y eólica.
Enfrentando aquellas cifras con las actuales, el reciente informe “Generación de empleo: energías renovables”, publicado por la Subsecretaría de Energías Renovables este segundo semestre de 2018, marca como principal antecedente para el crecimiento del sector como política de estado a la sanción de la ley N° 27191 del Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica.
La citada ley, que fue sancionada en octubre de 2015, junto a su correspondiente reglamentación en marzo de 2016, conformarían la normativa principal del sector para contribuir al alcance de las metas de diversificación de la matriz establecidas.
Entre los instrumentos que impulsarían el movimiento del sector se destacan el programa RenovAr (subasta para la contratación a largo plazo de energía eléctrica de fuente renovable) y Mater (que otorga prioridad de despacho a proyectos desarrollados en el mercado a término entre privados).
A partir de éstos, el cálculo contempla la generación de 17.446 trabajos directos que demandarán los 201 proyectos renovables que surgieron de la Resolución N° 202/16 (10) y de los programas RenovAr (147) y Mater (44).
El informe especifica, además, que se proyectan 15.391 empleos para cubrir actividades de la etapa de construcción, así como 2.055 para la etapa de Operación y Mantenimiento de aquellos parques y centrales renovables.
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Córdoba trabaja en la reproducción de árboles nativos
Los árboles nativos tienen su lugar de reproducción
Fecha de Publicación: 01/10/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
Después de invertir una buena suma de dinero para refuncionalizar su cámara de enraizamiento de esquejes herbáceos, la comuna de Colonia Vicente Agüero ya está en condiciones de proveer especies forestales autóctonas. Y de posicionarse de cara al futuro como referente en ese rubro.
De hecho, ya cerró acuerdos con su vecina Colonia Caroya, la Sociedad Rural de Villa María, y con un grupo de productores de Marcos Juárez por distintas especies frutales y forestales.
Gracias a un histórico aporte nacional de alrededor de 300 mil pesos en 2011, la comuna logró contar con una cámara que dispone de un invernadero con control de clima. Y mesadas con cama caliente completamente automatizadas (riego, doble sistema de ventilación) que pueden generar condiciones ambientales estables para la reproducción de especies a través de doble método: por semilla y por esquejes o agámica.
A través del primer método lograron reproducir ejemplares de espinillo, tusca, mistol, tala, algarrobo y algarrobo blanco. Pero lo más interesante es que pudieron lograr la reproducción de ejemplares sobre los que no resulta fácil multiplicar por semilla. Como son los casos del tabaquillo, manzano de campo, cina cina, brea, jarilla, quebracho blanco, aguaribay, quebracho colorado, piquillín negro, sombra de toro, chañar y coco de las sierras. Aquí se logró la multiplicación por gajos o esquejes y los primeros resultados se vieron a los dos meses de haberlos plantado en la cámara.
Plan provincial
Patricio Páez Morón, asesor frutihortícola y extensionista del Inta Jesús María, se entusiasma con el proyecto: “La sorpresa es que hasta ahora viene progresando todo. Y ya logramos reproducir especies de monte de Jesús María, de Quilino, y de Traslasierra. No sabemos de otros viveros que hayan podido hacer la experiencia que estamos haciendo acá con la multiplicación agámica de especies de monte. Creemos que va a representar un avance importante y que brindará información que no existía sobre la materia”.
Páez Morón aporta otros datos que sustentan la expectativa que tiene la comuna. Hoy, no existe disponibilidad de plantas nativas de mayor tamaño, fundamentalmente por el costo de mano obra para el llenado de macetas, el costo del sustrato y el espacio e infraestructura necesarios para la recría. Tampoco existe aún demanda privada de plantas nativas. La incertidumbre de venta ha generado que no exista ningún emprendedor particular que produzca grandes volúmenes.
La cámara de Vicente Agüero cuenta con tres mesadas que pueden producir todo el año alrededor de 80 mil plantines por año. Cuando se empiece a cumplir con la Ley N° 10.467 que creó el Plan Provincial Agroforestal, recientemente reglamentada, los dueños de campos en toda la provincia tendrán que cubrir entre dos y cinco por ciento de su superficie con árboles. Será en un plazo de 10 años y se necesitarán cientos de ejemplares. Para ese escenario es que se viene preparando la comuna y se ilusiona con sus posibilidades de ofrecerse como proveedora de nativas, las que mejor se adaptan a nuestros suelos. Solamente ellos estarán en condiciones de aportar 800 mil ejemplares nativos en 10 años.
Un mercado sin techo
El interés que viene generando esta experiencia augura un buen presente y un mejor futuro. Por un lado, porque serán necesarios centros de recría, es decir, viveros donde trasplantar los plantines que salen de la cámara y donde deben pasar un año antes de ser llevados directamente para su uso forestal. Ya hubo muchos viveristas de distintos lugares de la provincia que levantaron la mano y decidieron sumarse.
Por otra parte, es incalculable el mercado que habrá para esos árboles. Como la cámara tiene un fin social también, vecinos de la localidad aportaron especies para nuevos ensayos de multiplicación de especies florales como la rosa china, glicinas y hortensias; y de frutales como granada o higo. La propia comuna, además, anunció su intención de forestar los caminos rurales con una colección de autóctonas cordobesas y de región fitogeográfica del gran Chaco.
Y no paran de crecer las consultas de productores de Villa Allende, Dumesnil, Marcos Juárez y de otros departamentos.
Sostener la tradición
Colonia Vicente Agüero fue fundada todas familias inmigrantes del norte de Italia- se caracterizaron a lo largo de estos años por ser inquietos, creativos, y por tener una enorme diversificación en su producción. De los espárragos, al ajo, la batata, y frutales como durazno y vid han ido cambiando en más de 100 años de historia. Y esa tradición es la que quieren mantener, según sostiene Gustavo Ripeloni, presidente comunal.
“Queríamos darle un impulso a la zona para que vuelva a ser frutihortícola, que podamos sumar más productores y darles trabajo y oportunidades a nuestros vecinos. Vimos también un nicho que había que cubrir y una gran demanda para la que queremos estar preparados. Alrededor del funcionamiento de la cámara giran nuevos negocios para nuestra gente”, señaló Ripeloni.
El jefe comunal se entusiasma, pero también es cauto de cómo tienen que ir avanzando: “Estamos satisfechos con lo que vemos que está produciendo nuestra cámara. Ya estamos receptando demanda y queremos ir respondiendo en el corto plazo en función de nuestras posibilidades porque sabemos que habrá mucho que atender”.
El apoyo de la Secretaría de Agricultura de la Provincia, que está al tanto de la iniciativa, ayudaría seguramente a que se concreten nuevos negocios. Lo que redundará en más árboles autóctonos para Córdoba.
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Fecha de Publicación: 01/10/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
Después de invertir una buena suma de dinero para refuncionalizar su cámara de enraizamiento de esquejes herbáceos, la comuna de Colonia Vicente Agüero ya está en condiciones de proveer especies forestales autóctonas. Y de posicionarse de cara al futuro como referente en ese rubro.
De hecho, ya cerró acuerdos con su vecina Colonia Caroya, la Sociedad Rural de Villa María, y con un grupo de productores de Marcos Juárez por distintas especies frutales y forestales.
Gracias a un histórico aporte nacional de alrededor de 300 mil pesos en 2011, la comuna logró contar con una cámara que dispone de un invernadero con control de clima. Y mesadas con cama caliente completamente automatizadas (riego, doble sistema de ventilación) que pueden generar condiciones ambientales estables para la reproducción de especies a través de doble método: por semilla y por esquejes o agámica.
A través del primer método lograron reproducir ejemplares de espinillo, tusca, mistol, tala, algarrobo y algarrobo blanco. Pero lo más interesante es que pudieron lograr la reproducción de ejemplares sobre los que no resulta fácil multiplicar por semilla. Como son los casos del tabaquillo, manzano de campo, cina cina, brea, jarilla, quebracho blanco, aguaribay, quebracho colorado, piquillín negro, sombra de toro, chañar y coco de las sierras. Aquí se logró la multiplicación por gajos o esquejes y los primeros resultados se vieron a los dos meses de haberlos plantado en la cámara.
Plan provincial
Patricio Páez Morón, asesor frutihortícola y extensionista del Inta Jesús María, se entusiasma con el proyecto: “La sorpresa es que hasta ahora viene progresando todo. Y ya logramos reproducir especies de monte de Jesús María, de Quilino, y de Traslasierra. No sabemos de otros viveros que hayan podido hacer la experiencia que estamos haciendo acá con la multiplicación agámica de especies de monte. Creemos que va a representar un avance importante y que brindará información que no existía sobre la materia”.
Páez Morón aporta otros datos que sustentan la expectativa que tiene la comuna. Hoy, no existe disponibilidad de plantas nativas de mayor tamaño, fundamentalmente por el costo de mano obra para el llenado de macetas, el costo del sustrato y el espacio e infraestructura necesarios para la recría. Tampoco existe aún demanda privada de plantas nativas. La incertidumbre de venta ha generado que no exista ningún emprendedor particular que produzca grandes volúmenes.
La cámara de Vicente Agüero cuenta con tres mesadas que pueden producir todo el año alrededor de 80 mil plantines por año. Cuando se empiece a cumplir con la Ley N° 10.467 que creó el Plan Provincial Agroforestal, recientemente reglamentada, los dueños de campos en toda la provincia tendrán que cubrir entre dos y cinco por ciento de su superficie con árboles. Será en un plazo de 10 años y se necesitarán cientos de ejemplares. Para ese escenario es que se viene preparando la comuna y se ilusiona con sus posibilidades de ofrecerse como proveedora de nativas, las que mejor se adaptan a nuestros suelos. Solamente ellos estarán en condiciones de aportar 800 mil ejemplares nativos en 10 años.
Un mercado sin techo
El interés que viene generando esta experiencia augura un buen presente y un mejor futuro. Por un lado, porque serán necesarios centros de recría, es decir, viveros donde trasplantar los plantines que salen de la cámara y donde deben pasar un año antes de ser llevados directamente para su uso forestal. Ya hubo muchos viveristas de distintos lugares de la provincia que levantaron la mano y decidieron sumarse.
Por otra parte, es incalculable el mercado que habrá para esos árboles. Como la cámara tiene un fin social también, vecinos de la localidad aportaron especies para nuevos ensayos de multiplicación de especies florales como la rosa china, glicinas y hortensias; y de frutales como granada o higo. La propia comuna, además, anunció su intención de forestar los caminos rurales con una colección de autóctonas cordobesas y de región fitogeográfica del gran Chaco.
Y no paran de crecer las consultas de productores de Villa Allende, Dumesnil, Marcos Juárez y de otros departamentos.
Sostener la tradición
Colonia Vicente Agüero fue fundada todas familias inmigrantes del norte de Italia- se caracterizaron a lo largo de estos años por ser inquietos, creativos, y por tener una enorme diversificación en su producción. De los espárragos, al ajo, la batata, y frutales como durazno y vid han ido cambiando en más de 100 años de historia. Y esa tradición es la que quieren mantener, según sostiene Gustavo Ripeloni, presidente comunal.
“Queríamos darle un impulso a la zona para que vuelva a ser frutihortícola, que podamos sumar más productores y darles trabajo y oportunidades a nuestros vecinos. Vimos también un nicho que había que cubrir y una gran demanda para la que queremos estar preparados. Alrededor del funcionamiento de la cámara giran nuevos negocios para nuestra gente”, señaló Ripeloni.
El jefe comunal se entusiasma, pero también es cauto de cómo tienen que ir avanzando: “Estamos satisfechos con lo que vemos que está produciendo nuestra cámara. Ya estamos receptando demanda y queremos ir respondiendo en el corto plazo en función de nuestras posibilidades porque sabemos que habrá mucho que atender”.
El apoyo de la Secretaría de Agricultura de la Provincia, que está al tanto de la iniciativa, ayudaría seguramente a que se concreten nuevos negocios. Lo que redundará en más árboles autóctonos para Córdoba.
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Acuerdo regional sobre el acceso a la información ambiental
Argentina firmó el primer Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales
Fecha de Publicación: 01/10/2018
Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno de la República Argentina firmó esta mañana el primer Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, EEUU. Este convenio, de carácter vinculante, es el primer tratado regional consensuado para proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, cuyo texto fuera adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica.
La incorporación de este instrumento requiere que los gobiernos de la región establezcan nuevos estándares para cumplir con el Principio 10 de democracia ambiental, incluido en la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Este mecanismo llama a garantizar el acceso adecuado a la información pública ambiental; promover la participación ciudadana, individual o colectiva en las cuestiones ambientales en general y en particular; y al acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos.
El acuerdo quedará sujeto a la ratificación de aquellos países que lo hayan rubricado. Para entrar en vigor, requerirá de once Estados Parte. Constituye un instrumento que permitirá hacer evolucionar la legislación de aquellos países de la región que hoy no cuentan con herramientas eficaces para la defensa del ambiente y que ven como necesario mejorar su gestión ambiental mediante el compromiso de la ciudadanía en la toma de decisiones.
El Acuerdo Escazú
El Acuerdo Escazú busca garantizar los derechos de todos los habitantes a la información, participar en la construcción de decisiones que puedan afectar su calidad de vida, y contar con mecanismos adecuados para el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales vinculados a tales derechos.
De igual forma, sus contenidos brindarán herramientas para que aquellos países que cuenten con un mayor desarrollo legislativo, como es el caso de Argentina, puedan enfocarse en mejorar la aplicación de sus normas y el cumplimiento de las previsiones que le permiten a la población acceder a información, participar en procesos como los de evaluación del impacto ambiental y también controlar el cumplimiento de las decisiones que puedan adoptarse en materia ambiental teniendo la posibilidad de acceder a la justicia.
El acuerdo establece estándares regionales que deberán ser regulados a nivel nacional, promueve la creación de capacidades, sienta las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrece mecanismos para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones.
Su característica vinculante, implica la obligatoriedad de su aplicación para aquellos países que finalmente lo ratifiquen, para así garantizar dichos derechos, como así también el reconocimiento a principios fundamentales para el derecho ambiental, como los principios “precautorio” y de “prevención”, y el de “no regresión”, que impide a los países derogar las garantías y derechos ya reconocidos por el mismo.
El tratado Escazú apunta a luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un ambiente sano y al desarrollo sustentable, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
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Fecha de Publicación: 01/10/2018
Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno de la República Argentina firmó esta mañana el primer Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, EEUU. Este convenio, de carácter vinculante, es el primer tratado regional consensuado para proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, cuyo texto fuera adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica.
La incorporación de este instrumento requiere que los gobiernos de la región establezcan nuevos estándares para cumplir con el Principio 10 de democracia ambiental, incluido en la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Este mecanismo llama a garantizar el acceso adecuado a la información pública ambiental; promover la participación ciudadana, individual o colectiva en las cuestiones ambientales en general y en particular; y al acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos.
El acuerdo quedará sujeto a la ratificación de aquellos países que lo hayan rubricado. Para entrar en vigor, requerirá de once Estados Parte. Constituye un instrumento que permitirá hacer evolucionar la legislación de aquellos países de la región que hoy no cuentan con herramientas eficaces para la defensa del ambiente y que ven como necesario mejorar su gestión ambiental mediante el compromiso de la ciudadanía en la toma de decisiones.
El Acuerdo Escazú
El Acuerdo Escazú busca garantizar los derechos de todos los habitantes a la información, participar en la construcción de decisiones que puedan afectar su calidad de vida, y contar con mecanismos adecuados para el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales vinculados a tales derechos.
De igual forma, sus contenidos brindarán herramientas para que aquellos países que cuenten con un mayor desarrollo legislativo, como es el caso de Argentina, puedan enfocarse en mejorar la aplicación de sus normas y el cumplimiento de las previsiones que le permiten a la población acceder a información, participar en procesos como los de evaluación del impacto ambiental y también controlar el cumplimiento de las decisiones que puedan adoptarse en materia ambiental teniendo la posibilidad de acceder a la justicia.
El acuerdo establece estándares regionales que deberán ser regulados a nivel nacional, promueve la creación de capacidades, sienta las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrece mecanismos para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones.
Su característica vinculante, implica la obligatoriedad de su aplicación para aquellos países que finalmente lo ratifiquen, para así garantizar dichos derechos, como así también el reconocimiento a principios fundamentales para el derecho ambiental, como los principios “precautorio” y de “prevención”, y el de “no regresión”, que impide a los países derogar las garantías y derechos ya reconocidos por el mismo.
El tratado Escazú apunta a luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un ambiente sano y al desarrollo sustentable, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
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En Salta, Urtubey sigue permitiendo el desmonte
Denuncian el desmonte ilegal de 700 hectáreas en bosques protegidos
Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Salta
Mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, Greenpeace detectó el desmonte ilegal de 700 hectáreas de bosques protegidos en Salta. "Continúa la impunidad para arrasar los bosques", indicaron desde la organización ambientalista.
Greenpeace detectó, mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, que Inversora Juramento S.A. desmontó ilegalmente 700 hectáreas de bosques protegidos en las fincas Jumealito, Pozo del Breal y Pozo de la Pichana. Se trata de la mayor empresa agropecuaria del noroeste argentino, cuyos principales accionistas y directores son Jorge Horacio Brito y Jorge Pablo Brito, también directivos del Banco Macro.
Las estancias se encuentran en la zona denominada Bañados del Quirquincho, son linderas a la Reserva Provincial Los Palmares, y forman parte de los Corredores Ecológicos para el Chaco Argentino establecidos por la Secretaría de Ambiente de la Nación. La organización ecologista descubrió que entre junio y agosto de este año se desmontaron 700 hectáreas de bosques nativos clasificados en las Categorías I ? rojo y II ? amarillo, que no permiten desmontes.
"Somos nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes empresarios violan la Ley de Bosques en la provincia de Salta y deforestan donde no está permitido, con la inacción o complicidad del gobierno. Esto demuestra claramente porqué el desmonte debe ser considerado como lo que realmente es: un crimen", afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Este caso se suma al que Greenpeace reveló a principios de año y que también demuestra desmonte ilegal en la provincia del norte. A pesar de dos resoluciones de Nación y Salta, las topadoras continuaron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
"El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de estos criminales. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar", señaló Cruz
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Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Salta
Mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, Greenpeace detectó el desmonte ilegal de 700 hectáreas de bosques protegidos en Salta. "Continúa la impunidad para arrasar los bosques", indicaron desde la organización ambientalista.
Greenpeace detectó, mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, que Inversora Juramento S.A. desmontó ilegalmente 700 hectáreas de bosques protegidos en las fincas Jumealito, Pozo del Breal y Pozo de la Pichana. Se trata de la mayor empresa agropecuaria del noroeste argentino, cuyos principales accionistas y directores son Jorge Horacio Brito y Jorge Pablo Brito, también directivos del Banco Macro.
Las estancias se encuentran en la zona denominada Bañados del Quirquincho, son linderas a la Reserva Provincial Los Palmares, y forman parte de los Corredores Ecológicos para el Chaco Argentino establecidos por la Secretaría de Ambiente de la Nación. La organización ecologista descubrió que entre junio y agosto de este año se desmontaron 700 hectáreas de bosques nativos clasificados en las Categorías I ? rojo y II ? amarillo, que no permiten desmontes.
"Somos nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes empresarios violan la Ley de Bosques en la provincia de Salta y deforestan donde no está permitido, con la inacción o complicidad del gobierno. Esto demuestra claramente porqué el desmonte debe ser considerado como lo que realmente es: un crimen", afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Este caso se suma al que Greenpeace reveló a principios de año y que también demuestra desmonte ilegal en la provincia del norte. A pesar de dos resoluciones de Nación y Salta, las topadoras continuaron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
"El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de estos criminales. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar", señaló Cruz
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Etiquetas:
bosques nativos,
Desmontes,
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legislación y derecho ambiental,
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Incendios: la bomba de tiempo que tiene Córdoba
El cementerio de pinos suma riesgos de fuego en Calamuchita
Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En 2013 se quemaron 10 millones de pinos de forestaciones implantadas. Un año antes, dos temporales derribaron cientos de miles. A cinco años, queda aún mucho tirado y sin limpiar. Significa una alta carga combustible.
Cientos de miles de pinos caídos dentro de las forestaciones hace ya cinco años, nunca removidos, contribuyen a aumentar los riesgos de que los incendios, frecuentes en esta época, se propaguen como en un polvorín en la zona alta del Valle de Calamuchita.
Varias zonas con la mayor densidad de pinares de Córdoba se transformaron, desde 2012, en un “cementerio de árboles”.
En 2012 hubo dos fuertes temporales de viento que dejaron por el piso a cientos de miles de pinos. Un año después, en 2013, se registró en esa zona uno de los peores incendios que se recuerde en Córdoba, de esos que los bomberos llaman “explosivos”, por la agresividad y la velocidad con la que avanzan las llamas ante condiciones meteorológicas muy favorables.
En miles de hectáreas con pinares, ese fuego halló un combustible que lo hizo aún más furioso: toneladas de madera en los suelos por los vendavales del año anterior. Buena parte de esa madera, combustible, está allí aún.
Las zonas más afectadas fueron en las cercanías de Villa Yacanto y de Villa Alpina.
Bomberos que conocen el terreno aseguran que nunca se realizó una adecuada tarea integral de limpieza como acción preventiva.
En algunos campos forestados, sus dueños limpiaron. Otros siguen en el abandono y resultan inaccesibles, lo que agrega riesgos.
El Estado nunca ordenó un plan de limpieza efectivo, a pesar de varios anuncios tras el siniestro.
En el primer año, se derivó a aserraderos parte de esa madera caída. Pero bastante más de la mitad quedó, y perdió toda chance de uso comercial. Luego, se quemó en 2013 o se fue degradando.
Las forestaciones con raleos y mantenimiento adecuado fueron y –advierten los bomberos– siguen siendo las menos.
Alerta encendida
En las últimas semanas se encendieron algunas alarmas. Hubo varios focos en esas zonas, que alcanzaron a ser rápidamente controlados por los bomberos.
Fabián Vargas, coordinador de la Regional 7 de Bomberos Voluntarios, advirtió que al recorrer esas áreas se topan “con pinos que se secaron y cayeron de viejos y con forestaciones sucias y otras antiguas que nunca se han limpiado”. Remarcó, como cada año desde 2012, que el riesgo potencial de focos que se desmadren es mayor en estas condiciones.
Roberto Molina, bombero de La Cumbrecita, subrayó que aún permanecen los vestigios de los temporales e incendios antiguos. “Quedaron muchos árboles tirados de 2012, hay que sumarles los del incendio del año siguiente y otros que, con el paso del tiempo, se han caído”, apuntó.
Molina contó que en la mayoría de esos campos forestados y no mantenidos, la zarzamora (una enredadera exótica muy invasiva y considerada plaga) creció sin límites y los hace inaccesibles. “Mientras, los pastizales altos son muy combustibles y hay que agregar la resina que cae de los pinos en pie, que es también combustible”, sostuvo.
El bombero serrano, además guía de montaña, está elaborando un proyecto para limpiar los campos de forma profunda y sugiere utilizar recursos del Plan de Manejo del Fuego.
“Es un proyecto de recuperación de todas las zonas quemadas, incorporando a todos los protagonistas. La idea es limpiarlos con aportes de los municipios, de los dueños de campos, de todos. Si sumamos en prevención, se ahorran luego gastos operativos para mitigar los incendios ya declarados”, opinó.
Recordó, por caso, que días atrás se utilizaron unas 50 personas, tres aviones hidrantes y 14 unidades móviles, durante dos jornadas, por la quema de una superficie de apenas 10 hectáreas. Pero era con pinares, con restos caídos, y la alerta de expansión era alta.
Walter Alvarez es bombero en Villa Yacanto, pueblo que en 2013 estuvo a punto de ser arrasado por el fuego de las forestaciones que lo rodean. “La mayoría de los campos no han sido limpiados, y en los que sacaron los pinos dejaron todos los desperdicios, como ramas. Eso es un riesgo también; además, con el tiempo la zarzamora invadió todo e imposibilita muchos accesos”, apuntó.
Pinares, en reducción
Informes publicados por La Voz calcularon, sobre la base de datos de especialistas, que en aquellos temporales de 2012 cayeron en Calamuchita entre uno y dos millones de pinos. A la vez, en los incendios de septiembre de 2013 se quemaron o cayeron unos 10 millones de árboles en 11 mil hectáreas afectadas por el fuego.
Un par de años después, se había retirado apenas la mitad. El resto quedó hasta hoy.
De las 35 mil hectáreas forestadas con pinares que alguna vez hubo en Córdoba (entre San Clemente al norte y Alpa Corral al sur, pero con foco en Calamuchita) quedan hoy unas 10 mil. El resto se lo fueron llevando los incendios y la comercialización de su madera, con una tasa de extracción superior a la de reforestación.
Los pinares fueron implantados entre las décadas de 1970 y 1980 por leyes de promoción. En un principio se imaginaron para producir papel. Luego, para la industria de la madera.
“Se puede bajar ese peligro con más prevención”
“La situación sigue igual que años atrás. Hay bosques caídos y quemados por todos lados, pero, además, una gran proporción de los árboles que quedaron en pie, pero quemados, fueron atacados por insectos y se siguen cayendo”, apuntó Fernando Martínez, ingeniero agrónomo especializado en forestaciones de pinos.
“Además, como casi ya no hay actividad forestal, se extrae muy poca madera y los yuyos están creciendo en medio de los pinos, todo esto genera una masa combustible descontrolada”, amplió.
Martínez planteó que la mayoría de los productores no limpió sus campos, pero que desde la Provincia no hay ni apoyo, ni incentivos, ni mensajes contundentes de sanción. Uno de los caminos posibles -dijo- podría ser aplicar quemas controladas, pero con estricto control oficial y limitadas sólo a marzo y abril, en sitios específicos.
“La prevención es como vacunarse: el costo es mínimo cuando se vacuna. Pero si todo se quemase no habría bomberos ni plan del fuego que alcance”, opinó.
Por otra parte, Martínez dijo que se gastan recursos en cuestiones menos productivas, como un teléfono 0800 que “casi nunca funciona”, cuando deberían destinarse más a la prevención en escuelas y en los campos, en zonas con actividad forestal abandonada.
También consideró que a muchos caminos serranos, claves para llegar y actuar ante una emergencia, les falta mantenimiento, a cargo de los consorcios camineros.
Como medida para mitigar el peligro, recomendó sembrar especies menos combustibles en calles cortafuego de las forestaciones y combinar pinares con ganadería: los animales -dijo- ayudan a mantener las malezas bajas.
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Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En 2013 se quemaron 10 millones de pinos de forestaciones implantadas. Un año antes, dos temporales derribaron cientos de miles. A cinco años, queda aún mucho tirado y sin limpiar. Significa una alta carga combustible.
Cientos de miles de pinos caídos dentro de las forestaciones hace ya cinco años, nunca removidos, contribuyen a aumentar los riesgos de que los incendios, frecuentes en esta época, se propaguen como en un polvorín en la zona alta del Valle de Calamuchita.
Varias zonas con la mayor densidad de pinares de Córdoba se transformaron, desde 2012, en un “cementerio de árboles”.
En 2012 hubo dos fuertes temporales de viento que dejaron por el piso a cientos de miles de pinos. Un año después, en 2013, se registró en esa zona uno de los peores incendios que se recuerde en Córdoba, de esos que los bomberos llaman “explosivos”, por la agresividad y la velocidad con la que avanzan las llamas ante condiciones meteorológicas muy favorables.
En miles de hectáreas con pinares, ese fuego halló un combustible que lo hizo aún más furioso: toneladas de madera en los suelos por los vendavales del año anterior. Buena parte de esa madera, combustible, está allí aún.
Las zonas más afectadas fueron en las cercanías de Villa Yacanto y de Villa Alpina.
Bomberos que conocen el terreno aseguran que nunca se realizó una adecuada tarea integral de limpieza como acción preventiva.
En algunos campos forestados, sus dueños limpiaron. Otros siguen en el abandono y resultan inaccesibles, lo que agrega riesgos.
El Estado nunca ordenó un plan de limpieza efectivo, a pesar de varios anuncios tras el siniestro.
En el primer año, se derivó a aserraderos parte de esa madera caída. Pero bastante más de la mitad quedó, y perdió toda chance de uso comercial. Luego, se quemó en 2013 o se fue degradando.
Las forestaciones con raleos y mantenimiento adecuado fueron y –advierten los bomberos– siguen siendo las menos.
Alerta encendida
En las últimas semanas se encendieron algunas alarmas. Hubo varios focos en esas zonas, que alcanzaron a ser rápidamente controlados por los bomberos.
Fabián Vargas, coordinador de la Regional 7 de Bomberos Voluntarios, advirtió que al recorrer esas áreas se topan “con pinos que se secaron y cayeron de viejos y con forestaciones sucias y otras antiguas que nunca se han limpiado”. Remarcó, como cada año desde 2012, que el riesgo potencial de focos que se desmadren es mayor en estas condiciones.
Roberto Molina, bombero de La Cumbrecita, subrayó que aún permanecen los vestigios de los temporales e incendios antiguos. “Quedaron muchos árboles tirados de 2012, hay que sumarles los del incendio del año siguiente y otros que, con el paso del tiempo, se han caído”, apuntó.
Molina contó que en la mayoría de esos campos forestados y no mantenidos, la zarzamora (una enredadera exótica muy invasiva y considerada plaga) creció sin límites y los hace inaccesibles. “Mientras, los pastizales altos son muy combustibles y hay que agregar la resina que cae de los pinos en pie, que es también combustible”, sostuvo.
El bombero serrano, además guía de montaña, está elaborando un proyecto para limpiar los campos de forma profunda y sugiere utilizar recursos del Plan de Manejo del Fuego.
“Es un proyecto de recuperación de todas las zonas quemadas, incorporando a todos los protagonistas. La idea es limpiarlos con aportes de los municipios, de los dueños de campos, de todos. Si sumamos en prevención, se ahorran luego gastos operativos para mitigar los incendios ya declarados”, opinó.
Recordó, por caso, que días atrás se utilizaron unas 50 personas, tres aviones hidrantes y 14 unidades móviles, durante dos jornadas, por la quema de una superficie de apenas 10 hectáreas. Pero era con pinares, con restos caídos, y la alerta de expansión era alta.
Walter Alvarez es bombero en Villa Yacanto, pueblo que en 2013 estuvo a punto de ser arrasado por el fuego de las forestaciones que lo rodean. “La mayoría de los campos no han sido limpiados, y en los que sacaron los pinos dejaron todos los desperdicios, como ramas. Eso es un riesgo también; además, con el tiempo la zarzamora invadió todo e imposibilita muchos accesos”, apuntó.
Pinares, en reducción
Informes publicados por La Voz calcularon, sobre la base de datos de especialistas, que en aquellos temporales de 2012 cayeron en Calamuchita entre uno y dos millones de pinos. A la vez, en los incendios de septiembre de 2013 se quemaron o cayeron unos 10 millones de árboles en 11 mil hectáreas afectadas por el fuego.
Un par de años después, se había retirado apenas la mitad. El resto quedó hasta hoy.
De las 35 mil hectáreas forestadas con pinares que alguna vez hubo en Córdoba (entre San Clemente al norte y Alpa Corral al sur, pero con foco en Calamuchita) quedan hoy unas 10 mil. El resto se lo fueron llevando los incendios y la comercialización de su madera, con una tasa de extracción superior a la de reforestación.
Los pinares fueron implantados entre las décadas de 1970 y 1980 por leyes de promoción. En un principio se imaginaron para producir papel. Luego, para la industria de la madera.
“Se puede bajar ese peligro con más prevención”
“La situación sigue igual que años atrás. Hay bosques caídos y quemados por todos lados, pero, además, una gran proporción de los árboles que quedaron en pie, pero quemados, fueron atacados por insectos y se siguen cayendo”, apuntó Fernando Martínez, ingeniero agrónomo especializado en forestaciones de pinos.
“Además, como casi ya no hay actividad forestal, se extrae muy poca madera y los yuyos están creciendo en medio de los pinos, todo esto genera una masa combustible descontrolada”, amplió.
Martínez planteó que la mayoría de los productores no limpió sus campos, pero que desde la Provincia no hay ni apoyo, ni incentivos, ni mensajes contundentes de sanción. Uno de los caminos posibles -dijo- podría ser aplicar quemas controladas, pero con estricto control oficial y limitadas sólo a marzo y abril, en sitios específicos.
“La prevención es como vacunarse: el costo es mínimo cuando se vacuna. Pero si todo se quemase no habría bomberos ni plan del fuego que alcance”, opinó.
Por otra parte, Martínez dijo que se gastan recursos en cuestiones menos productivas, como un teléfono 0800 que “casi nunca funciona”, cuando deberían destinarse más a la prevención en escuelas y en los campos, en zonas con actividad forestal abandonada.
También consideró que a muchos caminos serranos, claves para llegar y actuar ante una emergencia, les falta mantenimiento, a cargo de los consorcios camineros.
Como medida para mitigar el peligro, recomendó sembrar especies menos combustibles en calles cortafuego de las forestaciones y combinar pinares con ganadería: los animales -dijo- ayudan a mantener las malezas bajas.
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Entre Ríos: iniciativa para declarar la emergencia ambiental
Urribarri redobla la apuesta y propone declarar a Entre Ríos en emergencia ambiental
Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Sergio Urribarri, está decidido a identificarse con la causa ambiental. Prueba de ello es que presentó este martes por la tarde una iniciativa legislativa a partir de la cual se declara “por un plazo mínimo y prorrogable de dos años, el estado de Emergencia Sanitaria y Ambiental en el territorio de la Provincia de Entre Ríos”.
Ello, “en virtud de las agudas consecuencias provocadas sobre la salud de un significativo y creciente número de pobladores debido a las aplicaciones de productos de síntesis química, o de origen biológico o mineral, según la clasificación establecida por la Organización Mundial de la Salud (1992) “como cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar pestes incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de animales, especies no deseadas de plantas o animales que causen perjuicios o que interfieran de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas no elaborados, madera o que puedan administrarse a animales para combatir insectos, arácnidos u otras pestes en o sobre sus cuerpos”.
El proyecto ingresó a la Cámara Baja bajo el Expediente 23.120. En los fundamentos se mencionan la Ley Nacional N° 25.675 y los principios de la política ambiental establecidos en su artículo 4°, particularmente el Principio precautorio que señala que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Sostiene que “es necesario la declaración de emergencia ambiental y poder trabajar de manera rápida y expedita frente a los daños ambientales que se están produciendo en la provincia de Entre Ríos, por las fumigaciones con los agrotóxicos. Se parte de un error conceptual al hablar de salud humana como independiente de salud ambiental, a través de las leyes lo que hay que buscar es un ecosistema sano, el ambiente está compuesto por recursos naturales y humano, todo forma parte del ecosistema”.
Paralelamente, se hace alusión al glifosato, “herbicida utilizado para los cultivos con semillas transgénicas que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es probablemente cancerígeno y que otras investigaciones científicas determinaron que es causante además de cáncer, de numerosas patologías, como malformaciones congénitas, mutaciones genéticas, abortos espontáneos, diversas afecciones respiratorias, alergias y numerosas enfermedades autoinmunes; y que del mismo modo degrada progresivamente el ambiente, contaminando el agua, el suelo, el aire y afectando la flora y la fauna”.
La experiencia de Fabián Tomasi y su reciente fallecimiento son enfatizados en los fundamentos del proyecto, como claro ejemplo de “los estragos que provocan los agroquímicos en las personas que están en contacto con el veneno”.
Se consigna también que “el polémico herbicida de Monsanto ha enfermado a los habitantes de las zonas rurales de la Argentina”, remarcando que Basavilbaso, Gualeguaychú y San Salvador son las ciudades más afectadas de la provincia.
Comité de Intervención
En el articulado del proyecto se establece que el “Poder Ejecutivo Provincial dispondrá la conformación inmediata de un Comité de Intervención sobre el uso de Agroquímicos, para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten el ecosistema con productos agroquímicos, en todo el territorio provincial”.
Dicho Comité estaría integrado por representantes de la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Salud, y sería presidido por el titular de este último “quien contará con expresas facultades para disponer de recursos humanos y materiales, dentro y fuera de su jurisdicción, dentro del marco legal vigente para tomar las medidas pertinentes en virtud del estado de emergencia”.
En este sentido, en el texto se explicitan los objetivos que tendrá el Comité de Intervención y se dispone que el mismo deberá diseñar un plan de acción que será presentado al Poder Ejecutivo y cuyos lineamientos mínimos se encuentran contemplados en el proyecto.
Cabe mencionar que los integrantes del Comité actuarían con carácter ad honorem y sin perjuicio de sus funciones específicas.
Alcances de la declaración de Emergencia
La iniciativa sostiene que la declaración de Emergencia “es complementaria de las acciones administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder por infracciones y/o responsabilidad por violación de la normativa vigente”, de modo tal que “la autoridad de aplicación por sí misma, y con auxilio de la fuerza pública harán efectivas todas las acciones necesarias para hacer cesar las actividades que pudieran en forma real e inminente provocar daños al ecosistema durante el plazo de duración de la emergencia, debiendo adoptar las acciones señaladas en el Plan de Acción para el establecimiento de la salud de la población”.
El proyecto dispone la creación de un fondo de compensación ambiental que estará integrado por recursos provenientes de partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, indemnizaciones de recomposición fijadas en sede judicial, subsidios, subvenciones, donaciones y/o legados y aquellos que asigne el Estado provincial.
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Fecha de Publicación: 30/09/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Sergio Urribarri, está decidido a identificarse con la causa ambiental. Prueba de ello es que presentó este martes por la tarde una iniciativa legislativa a partir de la cual se declara “por un plazo mínimo y prorrogable de dos años, el estado de Emergencia Sanitaria y Ambiental en el territorio de la Provincia de Entre Ríos”.
Ello, “en virtud de las agudas consecuencias provocadas sobre la salud de un significativo y creciente número de pobladores debido a las aplicaciones de productos de síntesis química, o de origen biológico o mineral, según la clasificación establecida por la Organización Mundial de la Salud (1992) “como cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar pestes incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de animales, especies no deseadas de plantas o animales que causen perjuicios o que interfieran de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas no elaborados, madera o que puedan administrarse a animales para combatir insectos, arácnidos u otras pestes en o sobre sus cuerpos”.
El proyecto ingresó a la Cámara Baja bajo el Expediente 23.120. En los fundamentos se mencionan la Ley Nacional N° 25.675 y los principios de la política ambiental establecidos en su artículo 4°, particularmente el Principio precautorio que señala que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Sostiene que “es necesario la declaración de emergencia ambiental y poder trabajar de manera rápida y expedita frente a los daños ambientales que se están produciendo en la provincia de Entre Ríos, por las fumigaciones con los agrotóxicos. Se parte de un error conceptual al hablar de salud humana como independiente de salud ambiental, a través de las leyes lo que hay que buscar es un ecosistema sano, el ambiente está compuesto por recursos naturales y humano, todo forma parte del ecosistema”.
Paralelamente, se hace alusión al glifosato, “herbicida utilizado para los cultivos con semillas transgénicas que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es probablemente cancerígeno y que otras investigaciones científicas determinaron que es causante además de cáncer, de numerosas patologías, como malformaciones congénitas, mutaciones genéticas, abortos espontáneos, diversas afecciones respiratorias, alergias y numerosas enfermedades autoinmunes; y que del mismo modo degrada progresivamente el ambiente, contaminando el agua, el suelo, el aire y afectando la flora y la fauna”.
La experiencia de Fabián Tomasi y su reciente fallecimiento son enfatizados en los fundamentos del proyecto, como claro ejemplo de “los estragos que provocan los agroquímicos en las personas que están en contacto con el veneno”.
Se consigna también que “el polémico herbicida de Monsanto ha enfermado a los habitantes de las zonas rurales de la Argentina”, remarcando que Basavilbaso, Gualeguaychú y San Salvador son las ciudades más afectadas de la provincia.
Comité de Intervención
En el articulado del proyecto se establece que el “Poder Ejecutivo Provincial dispondrá la conformación inmediata de un Comité de Intervención sobre el uso de Agroquímicos, para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten el ecosistema con productos agroquímicos, en todo el territorio provincial”.
Dicho Comité estaría integrado por representantes de la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Salud, y sería presidido por el titular de este último “quien contará con expresas facultades para disponer de recursos humanos y materiales, dentro y fuera de su jurisdicción, dentro del marco legal vigente para tomar las medidas pertinentes en virtud del estado de emergencia”.
En este sentido, en el texto se explicitan los objetivos que tendrá el Comité de Intervención y se dispone que el mismo deberá diseñar un plan de acción que será presentado al Poder Ejecutivo y cuyos lineamientos mínimos se encuentran contemplados en el proyecto.
Cabe mencionar que los integrantes del Comité actuarían con carácter ad honorem y sin perjuicio de sus funciones específicas.
Alcances de la declaración de Emergencia
La iniciativa sostiene que la declaración de Emergencia “es complementaria de las acciones administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder por infracciones y/o responsabilidad por violación de la normativa vigente”, de modo tal que “la autoridad de aplicación por sí misma, y con auxilio de la fuerza pública harán efectivas todas las acciones necesarias para hacer cesar las actividades que pudieran en forma real e inminente provocar daños al ecosistema durante el plazo de duración de la emergencia, debiendo adoptar las acciones señaladas en el Plan de Acción para el establecimiento de la salud de la población”.
El proyecto dispone la creación de un fondo de compensación ambiental que estará integrado por recursos provenientes de partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, indemnizaciones de recomposición fijadas en sede judicial, subsidios, subvenciones, donaciones y/o legados y aquellos que asigne el Estado provincial.
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La jurisdicción para reglar el glifosato en la Corte
Competencia por glifosato en Entre Ríos llegó a la Corte
Fecha de Publicación: 29/09/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la suspensión provisoria de la normativa que prohibió el uso, almacenamiento, transporte y comercialización de ese preparado. Un juez provincial entiende que debe intervenir la Justicia local
En Entre Ríos, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la cautelar que ordenó la suspensión provisoria de la ordenanza que prohibió el uso, almacenamiento, transporte, comercialización y venta de glifosato dentro del ejido municipal de Gualeguaychú, y el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A mediados de abril, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó la ordenanza 12216, denominada “Glifosato Cero”. Luego, en julio, el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, admitió la cautelar promovida por un grupo de propietarios de comercios de la ciudad y autorizó la venta del producto hasta que se decidiera el planteo de inconstitucionalidad de la norma.
Posteriormente, un magistrado local declaró la competencia de la Justicia provincial por razón de la materia y requirió que se inhibiera al federal, al entender que no podía intervenir en el caso.
Según el juzgador, el órgano de aplicación actuó en el ejercicio pleno de sus atribuciones y conforme a la legislación vigente, surgiendo, por ello, la presunción de legitimidad de los actos administrativos.
Además, opinó que no habría un perjuicio irreparable para las empresas impedidas de comercializar el herbicida.
El caso fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para que determine el conflicto de competencia entablado en autos “Agro Gestión del Litoral SA y Otros C/ Municipalidad de San José de Gualeguaychú S/Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”.
Mientras, el municipio demandado y el Ministerio Público Fiscal apelaron la decisión y la alzada federal acogió favorablemente los recursos deducidos.
Los camaristas consideraron que la ordenanza goza de una presunción de legitimidad que solo puede ser abrogada por manifiestos vicios de irregularidad y/o arbitrariedad.
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Fecha de Publicación: 29/09/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la suspensión provisoria de la normativa que prohibió el uso, almacenamiento, transporte y comercialización de ese preparado. Un juez provincial entiende que debe intervenir la Justicia local
En Entre Ríos, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la cautelar que ordenó la suspensión provisoria de la ordenanza que prohibió el uso, almacenamiento, transporte, comercialización y venta de glifosato dentro del ejido municipal de Gualeguaychú, y el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A mediados de abril, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó la ordenanza 12216, denominada “Glifosato Cero”. Luego, en julio, el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, admitió la cautelar promovida por un grupo de propietarios de comercios de la ciudad y autorizó la venta del producto hasta que se decidiera el planteo de inconstitucionalidad de la norma.
Posteriormente, un magistrado local declaró la competencia de la Justicia provincial por razón de la materia y requirió que se inhibiera al federal, al entender que no podía intervenir en el caso.
Según el juzgador, el órgano de aplicación actuó en el ejercicio pleno de sus atribuciones y conforme a la legislación vigente, surgiendo, por ello, la presunción de legitimidad de los actos administrativos.
Además, opinó que no habría un perjuicio irreparable para las empresas impedidas de comercializar el herbicida.
El caso fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para que determine el conflicto de competencia entablado en autos “Agro Gestión del Litoral SA y Otros C/ Municipalidad de San José de Gualeguaychú S/Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”.
Mientras, el municipio demandado y el Ministerio Público Fiscal apelaron la decisión y la alzada federal acogió favorablemente los recursos deducidos.
Los camaristas consideraron que la ordenanza goza de una presunción de legitimidad que solo puede ser abrogada por manifiestos vicios de irregularidad y/o arbitrariedad.
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San Juan lanza créditos para calefones solares
Se vienen créditos para que los sanjuaninos pongan calefones solares
Fecha de Publicación: 29/09/2018
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
Los instrumentará el Gobierno de San Juan a partir de fondos del CFI. Ultiman los detalles para la mecánica del plan.
Dentro de pocos días el Gobierno de San Juan firmará con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) dos convenios por $40 millones en total, uno por $20 millones para financiar calefones solares y otro para financiar instalaciones domiciliarias de este sistema de energía renovable. Así, la gente de bajos recursos podrá acceder a un crédito muy conveniente para instalar esta tecnología en su casa.
Según dijo el presidente del CFI a Tiempo de San Juan, ya están asignados los fondos y sólo falta finiquitar detalles para que el financiamiento esté disponible en octubre a más tardar. La idea, dijo Ciácera, es establecer seriamente la mecánica para que “el solicitante sepa que cuando presenta la solicitud tendrá el crédito”.
“El financiamiento ya está asignado a San Juan, estamos terminando la operatoria que es amplia porque una vez que va la solicitud, el Ministerio correspondiente tiene que asignar un instalador, ver qué tipo de calefón va a seleccionar, tendrán prioridad por supuesto los calefones solares que tiene la provincia, en eso no interviene el CFI. Les damos el crédito en condiciones muy favorables, en dos años con uno de gracia, prácticamente el ahorro que tienen en energía va a pagar sobradamente la instalación”, explicó el titular de CFI en diálogo con Tiempo de San Juan.
“Ahora hemos avanzado en esa línea porque sabemos que es un insumo caro en el país, entonces nosotros estamos financiando sin olvidar que la responsabilidad es generar trabajo, mayor producción, mayor calidad y conquistar mercados externos”, aclaró.
Sobre cómo se instrumentará el plan de créditos para los sanjuaninos, expresó que “a través de los ministerios van a salir a proponer y van a tomar la solicitud, después van a ir a la unidad de financiamiento que tiene el Consejo donde van a ver el proyecto, si la persona cumple las condiciones para poner el calefón solar, es un trámite administrativo”.
Agregó que “sabemos que hay una lista de calefones solares que el Ministerio de Infraestructura nos va a proponer como prioridad, va a elegir el usuario y también va a haber una lista de instaladores, el que toma el crédito no podemos dejar que sea totalmente abierto porque sería una confusión muy grande, pero va a poder elegir su instalador y el calefón que quiere instalar”.
Ciácera valoró que “nosotros queremos que sea rápido, hace tres meses que lo estamos gestando pero queríamos que el banco tuviese hasta el último punto, somos muy serios, no queremos prometer lo que no podemos cumplir”.
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Fecha de Publicación: 29/09/2018
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
Los instrumentará el Gobierno de San Juan a partir de fondos del CFI. Ultiman los detalles para la mecánica del plan.
Dentro de pocos días el Gobierno de San Juan firmará con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) dos convenios por $40 millones en total, uno por $20 millones para financiar calefones solares y otro para financiar instalaciones domiciliarias de este sistema de energía renovable. Así, la gente de bajos recursos podrá acceder a un crédito muy conveniente para instalar esta tecnología en su casa.
Según dijo el presidente del CFI a Tiempo de San Juan, ya están asignados los fondos y sólo falta finiquitar detalles para que el financiamiento esté disponible en octubre a más tardar. La idea, dijo Ciácera, es establecer seriamente la mecánica para que “el solicitante sepa que cuando presenta la solicitud tendrá el crédito”.
“El financiamiento ya está asignado a San Juan, estamos terminando la operatoria que es amplia porque una vez que va la solicitud, el Ministerio correspondiente tiene que asignar un instalador, ver qué tipo de calefón va a seleccionar, tendrán prioridad por supuesto los calefones solares que tiene la provincia, en eso no interviene el CFI. Les damos el crédito en condiciones muy favorables, en dos años con uno de gracia, prácticamente el ahorro que tienen en energía va a pagar sobradamente la instalación”, explicó el titular de CFI en diálogo con Tiempo de San Juan.
“Ahora hemos avanzado en esa línea porque sabemos que es un insumo caro en el país, entonces nosotros estamos financiando sin olvidar que la responsabilidad es generar trabajo, mayor producción, mayor calidad y conquistar mercados externos”, aclaró.
Sobre cómo se instrumentará el plan de créditos para los sanjuaninos, expresó que “a través de los ministerios van a salir a proponer y van a tomar la solicitud, después van a ir a la unidad de financiamiento que tiene el Consejo donde van a ver el proyecto, si la persona cumple las condiciones para poner el calefón solar, es un trámite administrativo”.
Agregó que “sabemos que hay una lista de calefones solares que el Ministerio de Infraestructura nos va a proponer como prioridad, va a elegir el usuario y también va a haber una lista de instaladores, el que toma el crédito no podemos dejar que sea totalmente abierto porque sería una confusión muy grande, pero va a poder elegir su instalador y el calefón que quiere instalar”.
Ciácera valoró que “nosotros queremos que sea rápido, hace tres meses que lo estamos gestando pero queríamos que el banco tuviese hasta el último punto, somos muy serios, no queremos prometer lo que no podemos cumplir”.
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La Pampa planifica un comité de cuenca de acuífero
Proponen crear un comité de cuenca del Acuífero del Valle Argentino
Fecha de Publicación: 29/09/2018
Fuente: Diario La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
La iniciativa propone la creación de un ente interjurisdiccional entre La Pampa y Buenos Aires, con organismos de monitoreo integrados por representantes achenses, a los efectos de un manejo sustentable.
En medio de la puja con el Gobierno Provincial por las perforaciones en el Acuífero del Valle Argentino, el Concejo Deliberante de General Acha busca aprobar un proyecto de ordenanza para avanzar en la creación de un comité de cuenca “para el abordaje de la gestión interjurisdiccional (La Pampa Buenos Aires), de la Reserva Subterránea de Agua”, además de la creación de organismos de monitoreo permanente con representantes de la localidad.
La iniciativa fue presentada por el concejal Gustavo Cuello (UCR - Frepam) y girada a la Comisión de Acción Social, donde ya obtuvo dictamen por unanimidad.
El proyecto, en su parte resolutiva, propone “expresar la necesidad de cuidar y preservar la Reserva Subterránea de Agua, ‘Acuífero Valle Argentino’, ubicada en parte del territorio de la provincia de La Pampa y de la vecina provincia de Buenos Aires”.
Acto seguido se expresa la “conveniencia de que el Poder Ejecutivo Provincial realice las acciones tendientes a la conformación de un comité de cuenca”, el que comprendería tanto a La Pampa como a la vecina provincia de Buenos Aires.
Argumentos
Entre sus fundamentos, se hace referencia a “la necesidad de cuidar y preservar el Ambiente en general y las reservas de aguas subterráneas (Acuíferos), en particular”.
“Las aguas subterráneas son las principales fuentes de agua dulce en la Provincia de La Pampa, y estas, si bien pueden utilizarse para consumo humano y también el desarrollo de una región en la actividad agrícola - ganadera o industrial, deben cuidarse y preservarse”, continúa el texto.
En ese sentido, su autor explica que “parte de nuestra provincia es atravesada por una Reserva de Agua Subterránea (Acuífero) denominada Valle Argentino, que se inicia en la zona de Chacharramendi y que finaliza en territorio de la provincia de Buenos Aires. Dicho Acuífero depende fundamentalmente de la recarga a partir de las distintas formas de precipitación”.
“La gestión y/o manejo del recurso repercute indudablemente en el contexto económico, político, ambiental y social de los pueblos ribereños y zona aledaña, en virtud de la importancia derivada de los estudios de los recursos disponibles en la proyección presente y futura de dichas comunidades”, advierte.
Asimismo se indica que “a los efectos del manejo apropiado de los acuíferos y este en particular, resulta indispensable la conformación de un Comité de Cuenca, cuya integración respete la interprovincialidad del recurso”, y que “es menester además, contar con la provisión de información permanente respecto de la dinámica y la evolución de esta reserva, siendo dicha información relevante al momento de definir una política de manejo sustentable del Acuífero”.
En “tales organismos deben participar, además de los representantes del Estado provincial respectivo; representantes del Municipio, profesionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil, garantizando de tal modo la participación ciudadana de las comunidades”, puntualiza el proyecto.
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Fecha de Publicación: 29/09/2018
Fuente: Diario La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
La iniciativa propone la creación de un ente interjurisdiccional entre La Pampa y Buenos Aires, con organismos de monitoreo integrados por representantes achenses, a los efectos de un manejo sustentable.
En medio de la puja con el Gobierno Provincial por las perforaciones en el Acuífero del Valle Argentino, el Concejo Deliberante de General Acha busca aprobar un proyecto de ordenanza para avanzar en la creación de un comité de cuenca “para el abordaje de la gestión interjurisdiccional (La Pampa Buenos Aires), de la Reserva Subterránea de Agua”, además de la creación de organismos de monitoreo permanente con representantes de la localidad.
La iniciativa fue presentada por el concejal Gustavo Cuello (UCR - Frepam) y girada a la Comisión de Acción Social, donde ya obtuvo dictamen por unanimidad.
El proyecto, en su parte resolutiva, propone “expresar la necesidad de cuidar y preservar la Reserva Subterránea de Agua, ‘Acuífero Valle Argentino’, ubicada en parte del territorio de la provincia de La Pampa y de la vecina provincia de Buenos Aires”.
Acto seguido se expresa la “conveniencia de que el Poder Ejecutivo Provincial realice las acciones tendientes a la conformación de un comité de cuenca”, el que comprendería tanto a La Pampa como a la vecina provincia de Buenos Aires.
Argumentos
Entre sus fundamentos, se hace referencia a “la necesidad de cuidar y preservar el Ambiente en general y las reservas de aguas subterráneas (Acuíferos), en particular”.
“Las aguas subterráneas son las principales fuentes de agua dulce en la Provincia de La Pampa, y estas, si bien pueden utilizarse para consumo humano y también el desarrollo de una región en la actividad agrícola - ganadera o industrial, deben cuidarse y preservarse”, continúa el texto.
En ese sentido, su autor explica que “parte de nuestra provincia es atravesada por una Reserva de Agua Subterránea (Acuífero) denominada Valle Argentino, que se inicia en la zona de Chacharramendi y que finaliza en territorio de la provincia de Buenos Aires. Dicho Acuífero depende fundamentalmente de la recarga a partir de las distintas formas de precipitación”.
“La gestión y/o manejo del recurso repercute indudablemente en el contexto económico, político, ambiental y social de los pueblos ribereños y zona aledaña, en virtud de la importancia derivada de los estudios de los recursos disponibles en la proyección presente y futura de dichas comunidades”, advierte.
Asimismo se indica que “a los efectos del manejo apropiado de los acuíferos y este en particular, resulta indispensable la conformación de un Comité de Cuenca, cuya integración respete la interprovincialidad del recurso”, y que “es menester además, contar con la provisión de información permanente respecto de la dinámica y la evolución de esta reserva, siendo dicha información relevante al momento de definir una política de manejo sustentable del Acuífero”.
En “tales organismos deben participar, además de los representantes del Estado provincial respectivo; representantes del Municipio, profesionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil, garantizando de tal modo la participación ciudadana de las comunidades”, puntualiza el proyecto.
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Santa Cruz: denuncian derrames de cianuro encubiertos
Hace un año que la provincia encubre, silencia y resguarda derrames de cianuro en el Proyecto minero El Tranquilo
Fecha de Publicación: 28/09/2018
Fuente: Agencia OPI Santa Cruz
Provincia/Región: Santa Cruz
El encubrimiento de las acciones de las empresas mineras en Santa Cruz no es novedad para OPI, que desde el año 2005 viene informando sobre el avance indiscriminado y sin sustentabilidad de la minería en la provincia, de la mano de cada gobierno provincial que ejecuta leyes a favor de las multinacionales, incumple leyes ambientales y encubre o justifica accidentes y/o derrames de líquidos cianurados, roturas de mallas geotérmicas en los diques de cola, etc. A lo largo de todos estos años hemos sido el único vector de información sobre este tipo de anormalidades y aún así la impunidad para el sector de la minería sigue en pie.
Ya hace un año que en el proyecto CAP OESTE – El Tranquilo en proximidades de Perito Moreno hubo un incidente donde material cianurado se filtró hacia el terreno, produciendo una contaminación que actualmente no se tiene mensurada y que la misma ocurrió debido a la falta de responsabilidad empresaria, la falta de control oficial y la connvencia entre el Estado y las empresas, para saber disimular, ocultar o encubrir, cualquier tipo de incidentes que pondría a las empresas en serios riesgos por incumplimiento de las leyes ambientales.
A raíz de ello hace unos meses la diputada de Encuentro Ciudandano Gabriela Mestelán, hizo una presentación en la Legislatura provincial de un proyecto con el fin de pedir informes al gobierno y a la Secretaría de Medio Ambiente sobre lo actuado en tales circunstancias y con la oposición del Frente para la Victoria /PJ de ser tratado sobre tablas, el mismo pasó a comisiones y allí duerme el sueño de los justos. Hay una explicación: los diputados K cumplen órdenes del Ejecutivo que es el principal interesado en resguardar a las mineras de cualquier contingencias judiciales y más aún cuando se trata de derrames cianurados.
El 31 de octubre de 2017 la Secretaría de Minería de la provincia realizó una inspección al lugar, luego que previamente la empresa Patagonia Gold SA había realizado un informe preliminar, indicando el incidente. Sin embargo, el grupo ambientalista de “NO a la Mina de Esquel” y “Vecinos de Santa Cruz NO a la mina”, rescataron la información y le dieron difusión al Acta de Inspección de la autoridad de aplicación en la cual señalaron los siguientes puntos:
A continuación vamos a transcribir los puntos que se dejaron asentadas en el Acta de Inspección lo cual constituye un hecho gravísimo, debido, precisamente a las falencias detectadas, que superaban con creces las novedades informadas en primera instancia por la propia minera:
- No se han cumplido los requerimientos realizados en el informe del acta de inspección de fecha 21 de febrero del presente año.
- Sobre el camino de acceso al yacimiento, (F1) se ha abierto una cantera de árido de gran dimensión sin tener el correspondiente permiso ambiental de esta Secretaría.
- El área afectada por el derrame de cianuro (tres puntos de afloramiento de solución) es superior a lo informado por la empresa, ya que se observa movimiento de suelo cubriendo gran parte del derrame (F2, F3).
- El personal involucrado en las soldaduras de las membranas de la pila, no poseen certificación de aptitud para la realización de estas tareas.
- En la mayoría de las áreas recorridas se observa un gran desorden, en especial en talles de flota pesada. No hay una segregación de residuos y chatarra en general. Existen contenedores Bing sin identificación conteniendo residuos peligrosos al aire libre sin contención o protección. (F4, F13, F 14. F 16).
- En este sitio, la pileta de contención esta en mal estado, presentando fisuras que permiten la salida de aceite e hidrocarburos hacia el subsuelo (F 12). La misma posee residuos plásticos flotando y otros. No tiene pintura epoxi de contención. Restos de residuos varios en los alrededores de esta. La pileta de contención del tanque de residuos peligrosos con rajaduras y sin cobertura epoxi (F12, F 15).
- El container que es empleado como depósito de herramientas (F 14, F 16), se encuentra ocupado con restos varios (basura) sin cumplir la función por la cual fue construido. El sistema eléctrico e Iluminación se encuentra en mal estado. Existe un alto riesgo de seguridad en el trabajo, falta orden y limpieza en su entorno (F 13).
- Tambor con absorbente en planta de combustible empleado para depositar basura de todo tipo (F 11). Bolsas rojas conteniendo residuos peligrosos sin retirar en planta de combustible y recipiente plástico (F 8) abierto en su parte superior con combustible ubicado en contacto con fuente eléctrica.
- Planta de combustible (F7, F 8) en sector talleres con container plástico alojando aceite en estado no apto y filtros desechados en su interior en lugar de estar depositados en el patio de residuos y cubiertos con una caja de madera en mal estado. Las piletas de contención saturadas de hidrocarburos y con residuos metálicos en su interior (F 9, F 10). Falta de mantenimiento y conservación, piso contaminado con hidrocarburos y cables del generador eléctrico hacia los tanques, sueltos y puesta a tierra mal diseñada (F 7, F 10).
- Patio de residuos peligrosos (F 17) con piso fracturado, sin cobertura de pintura epoxi, pendiente de drenaje hacia pileta de contención en sentido equivocado, cartelería caída. Se había requerido, en el acta antes mencionada, su cercado perimetral con cartelería adecuada. La misma no de cumplió y de observa acumulación excesiva de residuos peligrosos sin tratar.
- Sector trailers dormitorios (campamento) con falta de mantenimiento, conservación y orden. No se respeta el horario de silencio y orden.
- Se deja constancia, la falta de personal auxiliar en el área de medio ambiente que de apoyo a las áreas diarias necesarias en el proyecto.
A pesar de tal lapidario informe emitido por los auditores oficiales, el gobierno de la provincia, a un año de esta determinación no hizo pública la información, amparando decididamente a la empresa minera, manteniéndola al margen de su responsabilidad social y ambiental, mientras a las poblaciones de impacto las somete a los peligros de la contaminación con metales pesados. Esto no es nuevo. En el 2009 OPI hizo la primera nota sobre las prospecciones de Patagonia Gold en las áreas sobre el Río Pinturas y también editó varios videos sobre el tema minería a cielo abierto y contaminación. Hoy, lamentablemente, se cumplen aquellos tristes pronósticos que en su momento pocos o nadie creía y no supieron evitar a tiempo.
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Fecha de Publicación: 28/09/2018
Fuente: Agencia OPI Santa Cruz
Provincia/Región: Santa Cruz
El encubrimiento de las acciones de las empresas mineras en Santa Cruz no es novedad para OPI, que desde el año 2005 viene informando sobre el avance indiscriminado y sin sustentabilidad de la minería en la provincia, de la mano de cada gobierno provincial que ejecuta leyes a favor de las multinacionales, incumple leyes ambientales y encubre o justifica accidentes y/o derrames de líquidos cianurados, roturas de mallas geotérmicas en los diques de cola, etc. A lo largo de todos estos años hemos sido el único vector de información sobre este tipo de anormalidades y aún así la impunidad para el sector de la minería sigue en pie.
Ya hace un año que en el proyecto CAP OESTE – El Tranquilo en proximidades de Perito Moreno hubo un incidente donde material cianurado se filtró hacia el terreno, produciendo una contaminación que actualmente no se tiene mensurada y que la misma ocurrió debido a la falta de responsabilidad empresaria, la falta de control oficial y la connvencia entre el Estado y las empresas, para saber disimular, ocultar o encubrir, cualquier tipo de incidentes que pondría a las empresas en serios riesgos por incumplimiento de las leyes ambientales.
A raíz de ello hace unos meses la diputada de Encuentro Ciudandano Gabriela Mestelán, hizo una presentación en la Legislatura provincial de un proyecto con el fin de pedir informes al gobierno y a la Secretaría de Medio Ambiente sobre lo actuado en tales circunstancias y con la oposición del Frente para la Victoria /PJ de ser tratado sobre tablas, el mismo pasó a comisiones y allí duerme el sueño de los justos. Hay una explicación: los diputados K cumplen órdenes del Ejecutivo que es el principal interesado en resguardar a las mineras de cualquier contingencias judiciales y más aún cuando se trata de derrames cianurados.
El 31 de octubre de 2017 la Secretaría de Minería de la provincia realizó una inspección al lugar, luego que previamente la empresa Patagonia Gold SA había realizado un informe preliminar, indicando el incidente. Sin embargo, el grupo ambientalista de “NO a la Mina de Esquel” y “Vecinos de Santa Cruz NO a la mina”, rescataron la información y le dieron difusión al Acta de Inspección de la autoridad de aplicación en la cual señalaron los siguientes puntos:
A continuación vamos a transcribir los puntos que se dejaron asentadas en el Acta de Inspección lo cual constituye un hecho gravísimo, debido, precisamente a las falencias detectadas, que superaban con creces las novedades informadas en primera instancia por la propia minera:
- No se han cumplido los requerimientos realizados en el informe del acta de inspección de fecha 21 de febrero del presente año.
- Sobre el camino de acceso al yacimiento, (F1) se ha abierto una cantera de árido de gran dimensión sin tener el correspondiente permiso ambiental de esta Secretaría.
- El área afectada por el derrame de cianuro (tres puntos de afloramiento de solución) es superior a lo informado por la empresa, ya que se observa movimiento de suelo cubriendo gran parte del derrame (F2, F3).
- El personal involucrado en las soldaduras de las membranas de la pila, no poseen certificación de aptitud para la realización de estas tareas.
- En la mayoría de las áreas recorridas se observa un gran desorden, en especial en talles de flota pesada. No hay una segregación de residuos y chatarra en general. Existen contenedores Bing sin identificación conteniendo residuos peligrosos al aire libre sin contención o protección. (F4, F13, F 14. F 16).
- En este sitio, la pileta de contención esta en mal estado, presentando fisuras que permiten la salida de aceite e hidrocarburos hacia el subsuelo (F 12). La misma posee residuos plásticos flotando y otros. No tiene pintura epoxi de contención. Restos de residuos varios en los alrededores de esta. La pileta de contención del tanque de residuos peligrosos con rajaduras y sin cobertura epoxi (F12, F 15).
- El container que es empleado como depósito de herramientas (F 14, F 16), se encuentra ocupado con restos varios (basura) sin cumplir la función por la cual fue construido. El sistema eléctrico e Iluminación se encuentra en mal estado. Existe un alto riesgo de seguridad en el trabajo, falta orden y limpieza en su entorno (F 13).
- Tambor con absorbente en planta de combustible empleado para depositar basura de todo tipo (F 11). Bolsas rojas conteniendo residuos peligrosos sin retirar en planta de combustible y recipiente plástico (F 8) abierto en su parte superior con combustible ubicado en contacto con fuente eléctrica.
- Planta de combustible (F7, F 8) en sector talleres con container plástico alojando aceite en estado no apto y filtros desechados en su interior en lugar de estar depositados en el patio de residuos y cubiertos con una caja de madera en mal estado. Las piletas de contención saturadas de hidrocarburos y con residuos metálicos en su interior (F 9, F 10). Falta de mantenimiento y conservación, piso contaminado con hidrocarburos y cables del generador eléctrico hacia los tanques, sueltos y puesta a tierra mal diseñada (F 7, F 10).
- Patio de residuos peligrosos (F 17) con piso fracturado, sin cobertura de pintura epoxi, pendiente de drenaje hacia pileta de contención en sentido equivocado, cartelería caída. Se había requerido, en el acta antes mencionada, su cercado perimetral con cartelería adecuada. La misma no de cumplió y de observa acumulación excesiva de residuos peligrosos sin tratar.
- Sector trailers dormitorios (campamento) con falta de mantenimiento, conservación y orden. No se respeta el horario de silencio y orden.
- Se deja constancia, la falta de personal auxiliar en el área de medio ambiente que de apoyo a las áreas diarias necesarias en el proyecto.
A pesar de tal lapidario informe emitido por los auditores oficiales, el gobierno de la provincia, a un año de esta determinación no hizo pública la información, amparando decididamente a la empresa minera, manteniéndola al margen de su responsabilidad social y ambiental, mientras a las poblaciones de impacto las somete a los peligros de la contaminación con metales pesados. Esto no es nuevo. En el 2009 OPI hizo la primera nota sobre las prospecciones de Patagonia Gold en las áreas sobre el Río Pinturas y también editó varios videos sobre el tema minería a cielo abierto y contaminación. Hoy, lamentablemente, se cumplen aquellos tristes pronósticos que en su momento pocos o nadie creía y no supieron evitar a tiempo.
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Proyectan nuevo parque fotovoltaico en Río Negro
Huergo: firmarán convenio por el parque fotovoltaico
Fecha de Publicación: 28/09/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Su construcción demandará entre cinco y seis años, ocupará de alrededor de 2.000 personas, y en pleno funcionamiento generará unos 200 megavatios.
La radicación de un parque fotovoltaico en Ingeniero Huergo está cada vez más cerca de ser una realidad. En los próximos días la titular de la empresa multinacional Consolmy Energy SRL, Teresa Betancort, visitará la localidad para la firma del convenio con el intendente Miguel Martínez, por la cesión de 700 hectáreas propiedad del municipio.
El proyecto fue adelantado hace algunas semanas atrás por el jefe comunal de Huergo, con el anuncio de que por un lado el municipio había logrado la titularidad de 1.500 hectáreas de tierras fiscales sobre la barda al norte de la localidad, y que el Concejo Deliberante mediante la sanción de una ordenanza aprobó la cesión de 700 a la empresa Consolmy Energy para que establezca un parque fotovoltaico para la generación de electricidad a partir del aprovechamiento de la radiación solar.
En los últimos días el intendente Miguel Martínez, recibió la confirmación de que la presidente de la empresa, Teresa Betancort, está en el país y que en los próximos días llegará a Huergo para sellar el convenio con el municipio local por la cesión de las 700 hectáreas donde se construirá el parque fotovoltaico para la generación de energía eléctrica con paneles solares.
A partir del acuerdo el municipio espera contar con mayores precisiones sobre el proyecto del parque de generación de energía con los paneles solares. En principio sabe que la empresa multinacional de origen español, hará una inversión varias veces millonaria para la instalación de los paneles que aprovecharán la radiación solar para generar energía eléctrica.
Si bien no cuentan con mayores datos, de acuerdo a las primeras estimaciones la construcción del parque fotovoltaico demandará entre cinco y seis años, implicará durante ese tiempo la ocupación de alrededor de dos mil personas, y una vez en pleno funcionamiento generará unos 200 megavatios de energía eléctrica.
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Fecha de Publicación: 28/09/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Su construcción demandará entre cinco y seis años, ocupará de alrededor de 2.000 personas, y en pleno funcionamiento generará unos 200 megavatios.
La radicación de un parque fotovoltaico en Ingeniero Huergo está cada vez más cerca de ser una realidad. En los próximos días la titular de la empresa multinacional Consolmy Energy SRL, Teresa Betancort, visitará la localidad para la firma del convenio con el intendente Miguel Martínez, por la cesión de 700 hectáreas propiedad del municipio.
El proyecto fue adelantado hace algunas semanas atrás por el jefe comunal de Huergo, con el anuncio de que por un lado el municipio había logrado la titularidad de 1.500 hectáreas de tierras fiscales sobre la barda al norte de la localidad, y que el Concejo Deliberante mediante la sanción de una ordenanza aprobó la cesión de 700 a la empresa Consolmy Energy para que establezca un parque fotovoltaico para la generación de electricidad a partir del aprovechamiento de la radiación solar.
En los últimos días el intendente Miguel Martínez, recibió la confirmación de que la presidente de la empresa, Teresa Betancort, está en el país y que en los próximos días llegará a Huergo para sellar el convenio con el municipio local por la cesión de las 700 hectáreas donde se construirá el parque fotovoltaico para la generación de energía eléctrica con paneles solares.
A partir del acuerdo el municipio espera contar con mayores precisiones sobre el proyecto del parque de generación de energía con los paneles solares. En principio sabe que la empresa multinacional de origen español, hará una inversión varias veces millonaria para la instalación de los paneles que aprovecharán la radiación solar para generar energía eléctrica.
Si bien no cuentan con mayores datos, de acuerdo a las primeras estimaciones la construcción del parque fotovoltaico demandará entre cinco y seis años, implicará durante ese tiempo la ocupación de alrededor de dos mil personas, y una vez en pleno funcionamiento generará unos 200 megavatios de energía eléctrica.
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Miles de nativas plantadas en Santa Fe con un plan de fomento
Con fondos provinciales, plantaron más de 50.000 árboles nativos
Fecha de Publicación: 28/09/2018
Fuente: El Litoral - Santa Fe
Provincia/Región: Santa Fe
El gobierno provincial destinó $ 9 millones en aportes para promover la forestación en 242 localidades de Santa Fe.
A través del programa “Para cada santafesino un árbol”, del Ministerio de Medio Ambiente, el gobierno provincial lleva entregados, desde 2016, más de 9 millones de pesos destinados a promover la forestación de los espacios públicos de municipios y comunas.
Los aportes implican más de 50.000 nuevos árboles y llegaron a 242 localidades de toda la provincia. “Para cada santafesino un árbol” se implementó en el año 2011 para destacar la importancia del arbolado público en la calidad de vida de los ciudadanos. Entre sus objetivos, se destaca incrementar la masa forestal pública en todo el territorio de la provincia, privilegiar su implantación en los espacios de uso público, fomentar la creación de viveros forestales escolares y de municipios y comunas.
En ese sentido, el ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza, señaló “la necesidad de promover el arbolado, la reforestación y el cuidado de los bosques nativos como tarea primordial; consideramos necesario contar con una nueva Ley del Árbol, para fomentar la plantación de árboles en zonas rurales, lo que deberá ser tomado como un compromiso ambiental por los propietarios de los campos”.
De los más de 50 mil nuevos ejemplares, un porcentaje mínimo puede fallar debido a estrés hídrico, inconvenientes derivados de la técnica de plantación a raíz desnuda o a un fuste no recomendado cuando la altura de los ejemplares es inferior a dos metros. Los nuevos ejemplares resultan un aporte significativo a la sustentabilidad de los territorios.
“Hemos llegado a todas las localidades (municipios y comunas) que presentaron solicitud de adhesión al programa porque consideramos imprescindible que las zonas urbanas de pueblos y ciudades sigan incrementando su arbolado público. En el presente año entregamos 44 aportes y está previsto realizar dos entregas más a distintas localidades de la provincia”, concluyó Speranza.
¿Qué árbol plantar?
El programa contempla la selección de especies en función del sitio a forestar y el espacio disponible en parques, plazas, veredas, avenidas, predios de escuelas y hospitales. También se toman en cuenta los objetivos de la plantación: ornamentación, provisión de sombra y protección del viento, disminución del ruido, recreación, regulación de las condiciones ambientales y protección ante contingencias climáticas, hábitat para la vida silvestre, entre otros.
Existe una amplia nómina de especies arbóreas, ya sean nativas de nuestro país, como características de las ecorregiones de la provincia de Santa Fe (Chaco húmedo, Delta e Islas del Paraná, Espinal, Chaco seco, Pampa); o especies exóticas que se han adaptado favorablemente a nuestras condiciones edafoclimáticas.
Independientemente de que su origen sea nativo o exótico, cada una de las especies leñosas se caracterizan por el tamaño, la forma de la copa, el color y aspecto del follaje, la floración, la velocidad de crecimiento, su resistencia a plagas y enfermedades, salinidad y anegamiento, el comportamiento del sistema radicular, pudiendo clasificarse en heliófilas (sensibles a la sombra) o esciófilas (tolerantes a la sombra), según su requerimiento de luz sea elevado o bajo respectivamente.
El programa se implementó en el año 2011 para potenciar la importancia del arbolado público en la calidad de vida de los ciudadanos. Entre sus objetivos, se destaca incrementar la masa forestal pública en todo el territorio de la provincia, privilegiar su implantación en los espacios de uso público y promover un proceso participativo y solidario que asegure su amplia difusión en el seno de la sociedad, entre otros.
Los fondos del programa son destinados a la compra de ejemplares arbóreos para poblar o repoblar espacios verdes, parques, plazas, pequeños bosques públicos, monumentos, bulevares, avenidas, calles, senderos, otros espacios como escuelas, hospitales, entes gubernamentales y todo aquello que el Ministerio de Medio Ambiente resuelva.
De acá
Los árboles nativos de esta región, que se busca priorizar por su adaptación al clima, son aguaribay, algarrobo blanco y negro, aromito, espinillo, ceibo, chañar, cina-cina, curupí, ibirá pitá, ingá, jacarandá, lapacho, palo cruz, tipa blanca y colorada, aromo negro y palo borracho, entre otros.
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Fecha de Publicación: 28/09/2018
Fuente: El Litoral - Santa Fe
Provincia/Región: Santa Fe
El gobierno provincial destinó $ 9 millones en aportes para promover la forestación en 242 localidades de Santa Fe.
A través del programa “Para cada santafesino un árbol”, del Ministerio de Medio Ambiente, el gobierno provincial lleva entregados, desde 2016, más de 9 millones de pesos destinados a promover la forestación de los espacios públicos de municipios y comunas.
Los aportes implican más de 50.000 nuevos árboles y llegaron a 242 localidades de toda la provincia. “Para cada santafesino un árbol” se implementó en el año 2011 para destacar la importancia del arbolado público en la calidad de vida de los ciudadanos. Entre sus objetivos, se destaca incrementar la masa forestal pública en todo el territorio de la provincia, privilegiar su implantación en los espacios de uso público, fomentar la creación de viveros forestales escolares y de municipios y comunas.
En ese sentido, el ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza, señaló “la necesidad de promover el arbolado, la reforestación y el cuidado de los bosques nativos como tarea primordial; consideramos necesario contar con una nueva Ley del Árbol, para fomentar la plantación de árboles en zonas rurales, lo que deberá ser tomado como un compromiso ambiental por los propietarios de los campos”.
De los más de 50 mil nuevos ejemplares, un porcentaje mínimo puede fallar debido a estrés hídrico, inconvenientes derivados de la técnica de plantación a raíz desnuda o a un fuste no recomendado cuando la altura de los ejemplares es inferior a dos metros. Los nuevos ejemplares resultan un aporte significativo a la sustentabilidad de los territorios.
“Hemos llegado a todas las localidades (municipios y comunas) que presentaron solicitud de adhesión al programa porque consideramos imprescindible que las zonas urbanas de pueblos y ciudades sigan incrementando su arbolado público. En el presente año entregamos 44 aportes y está previsto realizar dos entregas más a distintas localidades de la provincia”, concluyó Speranza.
¿Qué árbol plantar?
El programa contempla la selección de especies en función del sitio a forestar y el espacio disponible en parques, plazas, veredas, avenidas, predios de escuelas y hospitales. También se toman en cuenta los objetivos de la plantación: ornamentación, provisión de sombra y protección del viento, disminución del ruido, recreación, regulación de las condiciones ambientales y protección ante contingencias climáticas, hábitat para la vida silvestre, entre otros.
Existe una amplia nómina de especies arbóreas, ya sean nativas de nuestro país, como características de las ecorregiones de la provincia de Santa Fe (Chaco húmedo, Delta e Islas del Paraná, Espinal, Chaco seco, Pampa); o especies exóticas que se han adaptado favorablemente a nuestras condiciones edafoclimáticas.
Independientemente de que su origen sea nativo o exótico, cada una de las especies leñosas se caracterizan por el tamaño, la forma de la copa, el color y aspecto del follaje, la floración, la velocidad de crecimiento, su resistencia a plagas y enfermedades, salinidad y anegamiento, el comportamiento del sistema radicular, pudiendo clasificarse en heliófilas (sensibles a la sombra) o esciófilas (tolerantes a la sombra), según su requerimiento de luz sea elevado o bajo respectivamente.
El programa se implementó en el año 2011 para potenciar la importancia del arbolado público en la calidad de vida de los ciudadanos. Entre sus objetivos, se destaca incrementar la masa forestal pública en todo el territorio de la provincia, privilegiar su implantación en los espacios de uso público y promover un proceso participativo y solidario que asegure su amplia difusión en el seno de la sociedad, entre otros.
Los fondos del programa son destinados a la compra de ejemplares arbóreos para poblar o repoblar espacios verdes, parques, plazas, pequeños bosques públicos, monumentos, bulevares, avenidas, calles, senderos, otros espacios como escuelas, hospitales, entes gubernamentales y todo aquello que el Ministerio de Medio Ambiente resuelva.
De acá
Los árboles nativos de esta región, que se busca priorizar por su adaptación al clima, son aguaribay, algarrobo blanco y negro, aromito, espinillo, ceibo, chañar, cina-cina, curupí, ibirá pitá, ingá, jacarandá, lapacho, palo cruz, tipa blanca y colorada, aromo negro y palo borracho, entre otros.
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Inminente tratamiento de la zonificación minera de Chubut
La Legislatura trataría el proyecto de zonificación minera
Fecha de Publicación: 27/09/2018
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
El diputado Roddy Ingram (ChuSoTo), vicepresidente primero a cargo de la Legislatura del Chubut, afirmó que “la mayoría de los diputados provinciales tiene una decisión tomada sobre la zonificación” minera. Las declaraciones del legislador se enmarcan en la expectativa que surge en torno a una reunión prevista entre los Jefes Comunales de la Meseta y los legisladores. El encuentro fue acordado el último martes en una reunión entre las autoridades de las Comunas Rurales y el gobernador Mariano Arcioni.
“Uno hace de intermediario, pero tiene que haber una decisión de la Legislatura de tratarlo y en líneas generales recae en las comisiones de trabajo”, dijo Ingram al tiempo que ratificó que “la mayoría tiene una decisión. Yo soy muy respetuoso de lo que pueden llegar a decir. Pero por ahora hay decisiones tomadas”. Todo indica que esta semana está previsto que los intendentes de la Meseta Central, que impulsaron el proyecto de zonificación minera, se reúnan con los legisladores provinciales para hablar sobre el tratamiento legislativo de la iniciativa.
Expectativas
La reunión entre los legisladores y los intendentes fue acordada, según dieron a conocer los propios jefes comunales, en un encuentro que mantuvieron el martes de la semana anterior con el gobernador Mariano Arcioni en la Casa de Gobierno.
“Estuvimos reunidos con el gobernador y acordamos que vamos a hacer un encuentro con los diputados provinciales, posiblemente a inicios de la próxima semana, para hablar de este tema, porque estamos esperando una respuesta”, dijo el viernes pasado Ricardo Sepúlveda, presidente Comunal de Gan Gan.
Sepúlveda indicó que, en su comunidad, que el viernes cumplió 130 años, los habitantes están “muy preocupados por la falta de trabajo” y que, por ello, “tienen una gran expectativa” en el desarrollo de la minería. El impulso de los presidentes comunales a la zonificación minera está basado en los amplios recursos minerales que se encuentran en la región donde entre otros yacimientos se encuentra el Proyecto Navidad, la mayor reserva de plata del mundo sin explotar, ubicada entre Gan Gan y Gastre.
La iniciativa
El trabajo de zonificación está previsto en el artículo 2º de la Ley 5.001 sancionada en 2003 pero nunca hasta ahora se tomó la decisión política de conformar la comisión para determinar la zona de Chubut en la que se podrá realizar la explotación minera. En ese marco, Pan American Silver, la titular del Proyecto Navidad, ha realizado todos los trabajos previos y legales a la explotación del yacimiento, y anunció que tiene prevista una inversión inicial de 1.000 millones de dólares para la primera etapa.
En los sectores comerciales y empresariales de la Meseta, del Valle Inferior del Río Chubut y de Puerto Madryn existe marcada expectativa por la gran demanda de empleo y de proveedores locales que prevé el desarrollo de Navidad.
Reactiva el debate
La diputada Alejandra Johnson Taccari (ChuSoTo) consideró que debería debatirse cuanto antes el proyecto de la zonificación en la Legislatura.
“Hemos visto en este último tiempo un parate respecto a la discusión sobre minería. También es una realidad que hay tres proyectos en comisión y mi postura es la que siempre manifesté y es dar la posibilidad de que todos se puedan expresar y conocer de qué se trata la cuestión”, dijo la legisladora.
“La gente sufre la falta de trabajo y muchos han visto la posibilidad de desarrollo minero para salir del asistencialismo porque muchas veces esperan el aporte del gobierno para salir de la crisis”, resaltó.
La diputada provincial oriunda de la Meseta Central indicó que “hay mucha gente esperando esta posibilidad. Recorriendo distintas localidades, vimos que hay gente que expresa esta voluntad y no sólo de la gente de la Meseta sino también de otros lugares para ver la posibilidad de presentar el currículum”, de modo que “es necesario el debate. Hay un montón de dudas e incertidumbres que generan miedo”.
“Lo más importante es generar el debate. Los proyectos son diferentes: uno plantea que en las elecciones se vote por el sí o el no sin conocimiento; el otro proyecto rechaza la minería cuando hoy vivimos con un montón de cosas que salen de la minería y el otro proyecto habla de zonificación, pero da la posibilidad de debate”, dijo Johnson Taccari.
Fecha de Publicación: 27/09/2018
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
El diputado Roddy Ingram (ChuSoTo), vicepresidente primero a cargo de la Legislatura del Chubut, afirmó que “la mayoría de los diputados provinciales tiene una decisión tomada sobre la zonificación” minera. Las declaraciones del legislador se enmarcan en la expectativa que surge en torno a una reunión prevista entre los Jefes Comunales de la Meseta y los legisladores. El encuentro fue acordado el último martes en una reunión entre las autoridades de las Comunas Rurales y el gobernador Mariano Arcioni.
“Uno hace de intermediario, pero tiene que haber una decisión de la Legislatura de tratarlo y en líneas generales recae en las comisiones de trabajo”, dijo Ingram al tiempo que ratificó que “la mayoría tiene una decisión. Yo soy muy respetuoso de lo que pueden llegar a decir. Pero por ahora hay decisiones tomadas”. Todo indica que esta semana está previsto que los intendentes de la Meseta Central, que impulsaron el proyecto de zonificación minera, se reúnan con los legisladores provinciales para hablar sobre el tratamiento legislativo de la iniciativa.
Expectativas
La reunión entre los legisladores y los intendentes fue acordada, según dieron a conocer los propios jefes comunales, en un encuentro que mantuvieron el martes de la semana anterior con el gobernador Mariano Arcioni en la Casa de Gobierno.
“Estuvimos reunidos con el gobernador y acordamos que vamos a hacer un encuentro con los diputados provinciales, posiblemente a inicios de la próxima semana, para hablar de este tema, porque estamos esperando una respuesta”, dijo el viernes pasado Ricardo Sepúlveda, presidente Comunal de Gan Gan.
Sepúlveda indicó que, en su comunidad, que el viernes cumplió 130 años, los habitantes están “muy preocupados por la falta de trabajo” y que, por ello, “tienen una gran expectativa” en el desarrollo de la minería. El impulso de los presidentes comunales a la zonificación minera está basado en los amplios recursos minerales que se encuentran en la región donde entre otros yacimientos se encuentra el Proyecto Navidad, la mayor reserva de plata del mundo sin explotar, ubicada entre Gan Gan y Gastre.
La iniciativa
El trabajo de zonificación está previsto en el artículo 2º de la Ley 5.001 sancionada en 2003 pero nunca hasta ahora se tomó la decisión política de conformar la comisión para determinar la zona de Chubut en la que se podrá realizar la explotación minera. En ese marco, Pan American Silver, la titular del Proyecto Navidad, ha realizado todos los trabajos previos y legales a la explotación del yacimiento, y anunció que tiene prevista una inversión inicial de 1.000 millones de dólares para la primera etapa.
En los sectores comerciales y empresariales de la Meseta, del Valle Inferior del Río Chubut y de Puerto Madryn existe marcada expectativa por la gran demanda de empleo y de proveedores locales que prevé el desarrollo de Navidad.
Reactiva el debate
La diputada Alejandra Johnson Taccari (ChuSoTo) consideró que debería debatirse cuanto antes el proyecto de la zonificación en la Legislatura.
“Hemos visto en este último tiempo un parate respecto a la discusión sobre minería. También es una realidad que hay tres proyectos en comisión y mi postura es la que siempre manifesté y es dar la posibilidad de que todos se puedan expresar y conocer de qué se trata la cuestión”, dijo la legisladora.
“La gente sufre la falta de trabajo y muchos han visto la posibilidad de desarrollo minero para salir del asistencialismo porque muchas veces esperan el aporte del gobierno para salir de la crisis”, resaltó.
La diputada provincial oriunda de la Meseta Central indicó que “hay mucha gente esperando esta posibilidad. Recorriendo distintas localidades, vimos que hay gente que expresa esta voluntad y no sólo de la gente de la Meseta sino también de otros lugares para ver la posibilidad de presentar el currículum”, de modo que “es necesario el debate. Hay un montón de dudas e incertidumbres que generan miedo”.
“Lo más importante es generar el debate. Los proyectos son diferentes: uno plantea que en las elecciones se vote por el sí o el no sin conocimiento; el otro proyecto rechaza la minería cuando hoy vivimos con un montón de cosas que salen de la minería y el otro proyecto habla de zonificación, pero da la posibilidad de debate”, dijo Johnson Taccari.
Riachuelo: tres kilómetros de avance de la obra PISA
Avanzan las obras del saneamiento ambiental del Riachuelo
Fecha de Publicación: 27/09/2018
Fuente: Presidencia de la Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Las obras de del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del Riachuelo (PISA) avanzan en Avellaneda, con una inversión de 1200 millones de dólares por parte del Gobierno Nacional, que posibilitará generar unos 1500 puestos de trabajo y mejorar la calidad de vida de más de 4 millones de personas.
El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, recorrieron ayer las obras en la localidad de Dock Sud, en ese partido bonaerense.
Hay ya tres kilómetros de avance por debajo del Rio de La Plata de un túnel está a 40 metros de profundidad.
El Sistema Matanza-Riachuelo permitirá incorporar al servicio de desagües cloacales a 1,5 millones de personas y generar una mejora ambiental de la cuenca con beneficios en la salud y la calidad de vida de 4,3 millones de habitantes.
El plan contempla tres etapas con un plazo de ejecución de cinco años.
La primera incluye el tendido del Colector Margen Izquierda y el Desvío Colector Baja Costanera que posibilitará la recolección y el transporte de más de 2 millones de metros cúbicos de líquidos cloacales.
La segunda consiste en la construcción de una planta de pretratamiento de líquidos cloacales en Dock Sud que realizará la remoción de sólidos gruesos, grasas y arenas.
En la tercera etapa prevé que el Emisario Subfluvial asegure la disposición adecuada de los efluentes a 12 kilómetros de la costa del Río del Plata.
En ese sentido, con una tunelera ya se realizaron 3 kilómetros de los 12 proyectados y con otra se trabaja en el colector margen izquierda.
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Fecha de Publicación: 27/09/2018
Fuente: Presidencia de la Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Las obras de del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del Riachuelo (PISA) avanzan en Avellaneda, con una inversión de 1200 millones de dólares por parte del Gobierno Nacional, que posibilitará generar unos 1500 puestos de trabajo y mejorar la calidad de vida de más de 4 millones de personas.
El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, recorrieron ayer las obras en la localidad de Dock Sud, en ese partido bonaerense.
Hay ya tres kilómetros de avance por debajo del Rio de La Plata de un túnel está a 40 metros de profundidad.
El Sistema Matanza-Riachuelo permitirá incorporar al servicio de desagües cloacales a 1,5 millones de personas y generar una mejora ambiental de la cuenca con beneficios en la salud y la calidad de vida de 4,3 millones de habitantes.
El plan contempla tres etapas con un plazo de ejecución de cinco años.
La primera incluye el tendido del Colector Margen Izquierda y el Desvío Colector Baja Costanera que posibilitará la recolección y el transporte de más de 2 millones de metros cúbicos de líquidos cloacales.
La segunda consiste en la construcción de una planta de pretratamiento de líquidos cloacales en Dock Sud que realizará la remoción de sólidos gruesos, grasas y arenas.
En la tercera etapa prevé que el Emisario Subfluvial asegure la disposición adecuada de los efluentes a 12 kilómetros de la costa del Río del Plata.
En ese sentido, con una tunelera ya se realizaron 3 kilómetros de los 12 proyectados y con otra se trabaja en el colector margen izquierda.
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Minera ilegal en Cafayate: tiempo de descargo
Explotación minera ilegal en Cafayate: Hasta el viernes la empresa tiene para dar explicaciones
Fecha de Publicación: 27/09/2018
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta
Lo confirmó el secretario de la cartera, Daniel Blasco. La notificación fue enviada el viernes y esperan el descargo correspondiente. Indicó que “la actividad está paralizada”, a la vez que las irregularidades “son muchas y variadas”.
Luego que vecinos de La Yesera denunciarán la presencia de máquinas buscando cobre y otros metales en la Quebrada de las Conchas, el secretario de Minería, Daniel Blasco, confirmó que la empresa Mina Franco, cuyo concesionario es Camilo Morales. El gobierno ratificó que la empresa trabajaba de manera ilegal por lo que se decidió paralizar la actividad y se evaluará las multas.
Finalmente, la Secretaría notificó oficialmente a los concesionarios por Minería Franco acerca de las irregularidades que cometieron y esperan los tiempos legales para recibir el descargo de la entidad, y así continuar con los pasos siguientes en el tema.
En un nuevo contacto que InformateSalta mantuvo con Blasco, éste precisó los detalles: “El día viernes de la semana pasada, ya fueron notificados los concesionarios sobre las irregularidades que hicieron en la zona de Guachipas y Cafayate”, indicó, a la vez que señaló que son muchas y variadas.
“Ahora están corriendo los tiempos legales para que hagan su descargo, ese tiempo vence este viernes a las 10”, agregó el funcionario. En cuanto a las sanciones, puntualizó que “como hay varios incumplimientos, tenemos que ir mirando punto por punto, como (por ejemplo) registrarse como explorador minero”.
Blasco aseveró que lo ocurrido semanas atrás “es un paso atrás para el sector minero, tratamos de generar confianza en el sector y este incumplimiento lo que hace es que la perdamos”.
En cuanto a cómo está la zona donde la empresa Mina Franco realizó sus intervenciones no autorizadas, el secretario informó que “la actividad está paralizada, estuvimos mirando otras pertenencias en el mismo sitio, ninguna que tengan algún permiso”.
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