Parque solar de San Luis comienza a producir electricidad
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Comenzó a producir electricidad el primer parque solar del plan Renovar
Fecha de Publicación: 13/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: San Luis
El primer parque de energía solar surgido del programa Renovar, impulsado por el Gobierno nacional, se puso en funcionamiento hoy en San Luis.
Se trata de Caldenes del Oeste, ubicado en las afuertas de la capital provincial, y es el octavo proyecto operativo del programa implementado por el Ministerio de Energía de la Nación (Minem).
Esta central, desarrollado por la empresa Total Eren, genera electricidad a partir de la radiación solar. Tiene 24,75 MW de potencia instalada, el 5 por ciento de la capacidad instalada que tiene la Central Bicentenario de Pilar, en Córdoba.
Tras una inversión de 35 millones de dólares, se instalaron 94.394 paneles marca BYD, de una potencia individual de 325 Wp, y 10 inversores marca Sungrow de 2,5 MW.
Caldenes del Oeste, que firmó su contrato con Cammesa (el administrador del sistema eléctrico nacional) en mayo del año pasado, puede abastecer a 17 mil hogares.
En la actualidad, hay un total 77 proyectos capaces de generar 3.005,955 MW a través de fuentes alternativas, sumando además del programa RenovAr, la Resolución 202 y el régimen Mater. De estos, 68 están en obra y nueve restantes están en generando electricidad.
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Fecha de Publicación: 13/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: San Luis
El primer parque de energía solar surgido del programa Renovar, impulsado por el Gobierno nacional, se puso en funcionamiento hoy en San Luis.
Se trata de Caldenes del Oeste, ubicado en las afuertas de la capital provincial, y es el octavo proyecto operativo del programa implementado por el Ministerio de Energía de la Nación (Minem).
Esta central, desarrollado por la empresa Total Eren, genera electricidad a partir de la radiación solar. Tiene 24,75 MW de potencia instalada, el 5 por ciento de la capacidad instalada que tiene la Central Bicentenario de Pilar, en Córdoba.
Tras una inversión de 35 millones de dólares, se instalaron 94.394 paneles marca BYD, de una potencia individual de 325 Wp, y 10 inversores marca Sungrow de 2,5 MW.
Caldenes del Oeste, que firmó su contrato con Cammesa (el administrador del sistema eléctrico nacional) en mayo del año pasado, puede abastecer a 17 mil hogares.
En la actualidad, hay un total 77 proyectos capaces de generar 3.005,955 MW a través de fuentes alternativas, sumando además del programa RenovAr, la Resolución 202 y el régimen Mater. De estos, 68 están en obra y nueve restantes están en generando electricidad.
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Cámara Minera insiste con modificar la Ley de Glaciares
Con nueva dirigencia, la Cámara Minera insiste con modificar la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 13/08/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Mario Hernández, de Yamana Gold, es el flamante presidente y promete mejorar la comunicación con la gente.
Después de 26 años, Jaime Bergé dejó la presidencia de la Cámara Minera de San Juan y en su reemplazo fue elegido el lunes por la noche Mario Hernández, de Yamana Gold. El nuevo presidente dijo que su gran desafío será mejorar la comunicación con la gente y señaló que la principal traba para la llegada de inversiones que le den impulso a la minería es la Ley de Glaciares, que tiene "zonas grises e imprecisiones" que desalientan el desarrollo de otros proyectos.
Hernández es un jachallero de 57 años que está a cargo de las relaciones comunitarias e institucionales de la compañía no sólo en San Juan sino también en Catamarca, Chubut y Santa Cruz y lidera el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras (Gemera). En su gestión en la cámara será acompañado por Raúl Cabanay (Caleras San Juan) y Ricardo Martínez, consultor minero. La entidad nuclea a unas 50 compañías que trabajan en la provincia pertenecientes a las distintas actividades.
El nuevo presidente expresó que el "problema de la mala comunicación es que incluso puede llegar a generar una crisis" y por esto sostuvo que se propone "generar el mayor contacto posible desde la cámara con la gente".
Sobre la situación actual de las empresas mineras en la provincia manifestó que "estamos haciendo el mayor esfuerzo para mantener las fuentes laborales. No estamos hablando de crear nuevos puestos sino de mantener los actuales".
La Ley de Glaciares, que es motivo no sólo de preocupación en el sector empresario sino también en el Gobierno provincial, es un tema sobre el que Hernández dijo que "la norma como está redactada genera mucha incertidumbre y hasta que no sea precisa no se podrá avanzar". Habló en un contexto en el que en la provincia los grandes proyectos mineros están más cerca de finalizar y todavía no se ven nuevos emprendimientos a la vista. "Hay que definir bien, por ejemplo, lo que es el ambiente periglaciar", precisó.
La suba del dólar y sus efectos en la actividad fue otra cuestión analizada por el presidente. Sostuvo que "no hay negocio que se pueda desarrollar bien en un contexto de clima de inestabilidad" y más adelante dijo que si bien puede favorecer al sector metalífero que exporta "hay muchos insumos en dólares, el combustible es un ejemplo porque depende del valor de esa moneda".
En cuanto a la nueva secretaria de Minería de la Nación, Carolina Sánchez, quien asumió en el puesto a principios del mes pasado, expresó que "en lo que hemos podido hablar con ella se ha mostrado como una persona muy interesada en la actividad y si no era conocida en el sector empresario es una cuestión que no importa".
Sobre el tema de la licencia social, Hernández dijo que prefiere hablar de aceptación social. "Creo que no podemos hablar de aceptación social de la minería en general sino de cada empresa e incluso de cada proyecto en particular". Y agregó que "cada proyecto debe generar sus propias condiciones sociales".
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Fecha de Publicación: 13/08/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Mario Hernández, de Yamana Gold, es el flamante presidente y promete mejorar la comunicación con la gente.
Después de 26 años, Jaime Bergé dejó la presidencia de la Cámara Minera de San Juan y en su reemplazo fue elegido el lunes por la noche Mario Hernández, de Yamana Gold. El nuevo presidente dijo que su gran desafío será mejorar la comunicación con la gente y señaló que la principal traba para la llegada de inversiones que le den impulso a la minería es la Ley de Glaciares, que tiene "zonas grises e imprecisiones" que desalientan el desarrollo de otros proyectos.
Hernández es un jachallero de 57 años que está a cargo de las relaciones comunitarias e institucionales de la compañía no sólo en San Juan sino también en Catamarca, Chubut y Santa Cruz y lidera el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras (Gemera). En su gestión en la cámara será acompañado por Raúl Cabanay (Caleras San Juan) y Ricardo Martínez, consultor minero. La entidad nuclea a unas 50 compañías que trabajan en la provincia pertenecientes a las distintas actividades.
El nuevo presidente expresó que el "problema de la mala comunicación es que incluso puede llegar a generar una crisis" y por esto sostuvo que se propone "generar el mayor contacto posible desde la cámara con la gente".
Sobre la situación actual de las empresas mineras en la provincia manifestó que "estamos haciendo el mayor esfuerzo para mantener las fuentes laborales. No estamos hablando de crear nuevos puestos sino de mantener los actuales".
La Ley de Glaciares, que es motivo no sólo de preocupación en el sector empresario sino también en el Gobierno provincial, es un tema sobre el que Hernández dijo que "la norma como está redactada genera mucha incertidumbre y hasta que no sea precisa no se podrá avanzar". Habló en un contexto en el que en la provincia los grandes proyectos mineros están más cerca de finalizar y todavía no se ven nuevos emprendimientos a la vista. "Hay que definir bien, por ejemplo, lo que es el ambiente periglaciar", precisó.
La suba del dólar y sus efectos en la actividad fue otra cuestión analizada por el presidente. Sostuvo que "no hay negocio que se pueda desarrollar bien en un contexto de clima de inestabilidad" y más adelante dijo que si bien puede favorecer al sector metalífero que exporta "hay muchos insumos en dólares, el combustible es un ejemplo porque depende del valor de esa moneda".
En cuanto a la nueva secretaria de Minería de la Nación, Carolina Sánchez, quien asumió en el puesto a principios del mes pasado, expresó que "en lo que hemos podido hablar con ella se ha mostrado como una persona muy interesada en la actividad y si no era conocida en el sector empresario es una cuestión que no importa".
Sobre el tema de la licencia social, Hernández dijo que prefiere hablar de aceptación social. "Creo que no podemos hablar de aceptación social de la minería en general sino de cada empresa e incluso de cada proyecto en particular". Y agregó que "cada proyecto debe generar sus propias condiciones sociales".
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Misiones: nuevas medidas por atropellamiento de fauna
Proponen batería de medidas para combatir el atropellamiento de fauna
Fecha de Publicación: 13/08/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Estrictos controles de tránsito encabezan un proyecto de ley en estudio en la Cámara de Diputados de Misiones.
Estrictas medidas de fiscalización en las rutas que bordeen o atraviesen las zonas protegidas de toda Misiones son la propuesta planteada en la Legislatura provincial para mitigar el constante atropellamiento de animales de la fauna autóctona -en muchos casos en riesgo de extinción, como el yaguareté- que lamentablemente se sucede sin pausa en el último tiempo.
Casillas o garitas de control a la entrada y salida de los parques (en el caso de que las atraviesen) y en el punto de inicio y final del área protegida (en caso de que las bordeen), que funcionen las 24 horas los 365 días del año, son el eje central de un proyecto de ley presentado ante sus pares por el diputado Isaac Lenguaza (PAyS) y que estudia la comisión de Recursos Naturales.
El “Programa Provincial de Prevención del Atropellamiento de Fauna Silvestre en Áreas Naturales Protegidas” establece un sistema de tarjetas con datos básicos que deberá aportar cada vehículo que ingrese en jurisdicción de una reserva y entregar a la salida, donde agentes de la autoridad de aplicación (en principio, el Ministerio de Ecología) realizarían exhaustivas revisiones.
Entre esos datos figuraría el tiempo estimado de recorrido con sujeción a la velocidad máxima exigida, que al término del trayecto se verificará y podrá ser mayor al indicado, pero nunca menor.
Además, prevé la instalación de al menos dos radares o instrumentos similares de control de velocidad en cada tramo comprendido entre las casillas de control.
Por último propone una “prueba piloto” de esta batería de medidas en el ingreso y egreso del Parque Provincial Urugua-í, sobre la ruta 19, donde ya hay apostados guardaparques y garitas de control.
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Fecha de Publicación: 13/08/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Estrictos controles de tránsito encabezan un proyecto de ley en estudio en la Cámara de Diputados de Misiones.
Estrictas medidas de fiscalización en las rutas que bordeen o atraviesen las zonas protegidas de toda Misiones son la propuesta planteada en la Legislatura provincial para mitigar el constante atropellamiento de animales de la fauna autóctona -en muchos casos en riesgo de extinción, como el yaguareté- que lamentablemente se sucede sin pausa en el último tiempo.
Casillas o garitas de control a la entrada y salida de los parques (en el caso de que las atraviesen) y en el punto de inicio y final del área protegida (en caso de que las bordeen), que funcionen las 24 horas los 365 días del año, son el eje central de un proyecto de ley presentado ante sus pares por el diputado Isaac Lenguaza (PAyS) y que estudia la comisión de Recursos Naturales.
El “Programa Provincial de Prevención del Atropellamiento de Fauna Silvestre en Áreas Naturales Protegidas” establece un sistema de tarjetas con datos básicos que deberá aportar cada vehículo que ingrese en jurisdicción de una reserva y entregar a la salida, donde agentes de la autoridad de aplicación (en principio, el Ministerio de Ecología) realizarían exhaustivas revisiones.
Entre esos datos figuraría el tiempo estimado de recorrido con sujeción a la velocidad máxima exigida, que al término del trayecto se verificará y podrá ser mayor al indicado, pero nunca menor.
Además, prevé la instalación de al menos dos radares o instrumentos similares de control de velocidad en cada tramo comprendido entre las casillas de control.
Por último propone una “prueba piloto” de esta batería de medidas en el ingreso y egreso del Parque Provincial Urugua-í, sobre la ruta 19, donde ya hay apostados guardaparques y garitas de control.
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Se cae RenovAr 3
Por financiamiento más caro, suspenden por este año licitaciones de energías renovables
Fecha de Publicación: 12/08/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
En conversaciones con privados, el Gobierno deslizó que la ronda 3 de licitaciones de energías renovables no se realizará este año, tal como había anunciado Aranguren
Las licitaciones de energías renovables que traerán, en teoría, aparejadas una consecuente baja en los costos del sistema eléctrico y millonarias inversiones, deberán esperar. Por las condiciones actuales del mercado, el Gobierno postergará sin fecha definida la ronda 3 del programa RenovAr, que se especulaba que sería a fin de este año. En cambio, impulsará los proyectos privados que desemboquen en contratos entre las empresas generadoras de electricidad y los grandes usuarios industriales.
En base a lo que trasciende en la Casa Rosada y lo que el ministro de Energía, Javier Iguacel, le expresó a algunos actores privados, El Cronista pudo saber que la estrategia oficial ahora es "masticar el asado" cocinado en las rondas 1, 1.5 y 2, entre 2016 y 2017, que permitió bajar en un 15% el precio promedio ponderado de las licitaciones y acelerar en el cumplimiento de la ley, que establece una creciente participación de las energías renovables en la matriz eléctrica nacional. Eso significa que la ronda 3 no será este año ni, en principio, en 2019. Las razones más tangibles son económicas: no hay capacidad de transporte disponible y escasea el financiamiento, lo que redundaría en precios más altos.
De acuerdo a un importante ejecutivo de una empresa líder en el sector, la decisión del Gobierno es lógica. "Ya fueron asignadas en las rondas anteriores las mejores ubicaciones, que son las que tienen el mejor recurso eólico y solar y las que están más cerca de las redes de transmisión eléctrica ya construidas", analizó. Ahora en la red queda capacidad disponible lejos de los centros de consumo y allí donde no se pueden aprovechar los mejores vientos o la mayor intensidad de energía fotovoltaica (menor factor de carga).
En este sentido, en Energía planean "limpiar el mercado", a la espera de que ingresen al sistema masivamente grandes proyectos que están en plena etapa de construcción (en especial, parques solares en el noroeste del país) y se cumpla, tardíamente, con la meta de incrementar el peso de las energías renovables hasta un 8% en la matriz eléctrica nacional, objetivo que primero fue pautado para fines de 2017, luego se postergó un año y, finalmente, se calcula que se empezará a cumplir -y se superaría- a mediados de 2019. A la espera de que se liciten vía proyectos de Participación Pública-Privada (PPP) siete líneas de transmisión, avanzará el Mercado a Término de Energías Renovables, con contratos entre privados.
La Subsecretaría de Energías Renovables del Ministerio de Energía de la Nación adjudicó entre fines de 2016 y los últimos días de 2017 147 proyectos por 4466,5 MW a un precio promedio ponderado de u$s 54,72 por MWh. 7 de ellos ya se encuentran entregando electricidad al sistema; unos 60 están en proceso de construcción; cerca de 40 ya firmaron su contrato de abastecimiento (PPA) con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) pero no empezaron; otros tantos 40 todavía faltan suscribir su PPA; mientras que otros 2 fueron cancelados por el Gobierno por "reiterados incumplimientos en los hitos".
Aunque en la ronda 2 se consiguió el proyecto con el precio más competitivo (u$s 37,3 por MWh, ofrecido por Eipor S.A. para el Parque Eólico Energética I en la provincia de Buenos Aires), la Ley 27.191 establece un mandato de federalización y diversificación de tecnologías de los proyectos, con lo que se obliga al sistema a contratar energía renovable de proyectos pequeños de biomasa o biogás, más caros por su pequeña escala y su distancia de la red y los grandes centros de consumo.
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Fecha de Publicación: 12/08/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
En conversaciones con privados, el Gobierno deslizó que la ronda 3 de licitaciones de energías renovables no se realizará este año, tal como había anunciado Aranguren
Las licitaciones de energías renovables que traerán, en teoría, aparejadas una consecuente baja en los costos del sistema eléctrico y millonarias inversiones, deberán esperar. Por las condiciones actuales del mercado, el Gobierno postergará sin fecha definida la ronda 3 del programa RenovAr, que se especulaba que sería a fin de este año. En cambio, impulsará los proyectos privados que desemboquen en contratos entre las empresas generadoras de electricidad y los grandes usuarios industriales.
En base a lo que trasciende en la Casa Rosada y lo que el ministro de Energía, Javier Iguacel, le expresó a algunos actores privados, El Cronista pudo saber que la estrategia oficial ahora es "masticar el asado" cocinado en las rondas 1, 1.5 y 2, entre 2016 y 2017, que permitió bajar en un 15% el precio promedio ponderado de las licitaciones y acelerar en el cumplimiento de la ley, que establece una creciente participación de las energías renovables en la matriz eléctrica nacional. Eso significa que la ronda 3 no será este año ni, en principio, en 2019. Las razones más tangibles son económicas: no hay capacidad de transporte disponible y escasea el financiamiento, lo que redundaría en precios más altos.
De acuerdo a un importante ejecutivo de una empresa líder en el sector, la decisión del Gobierno es lógica. "Ya fueron asignadas en las rondas anteriores las mejores ubicaciones, que son las que tienen el mejor recurso eólico y solar y las que están más cerca de las redes de transmisión eléctrica ya construidas", analizó. Ahora en la red queda capacidad disponible lejos de los centros de consumo y allí donde no se pueden aprovechar los mejores vientos o la mayor intensidad de energía fotovoltaica (menor factor de carga).
En este sentido, en Energía planean "limpiar el mercado", a la espera de que ingresen al sistema masivamente grandes proyectos que están en plena etapa de construcción (en especial, parques solares en el noroeste del país) y se cumpla, tardíamente, con la meta de incrementar el peso de las energías renovables hasta un 8% en la matriz eléctrica nacional, objetivo que primero fue pautado para fines de 2017, luego se postergó un año y, finalmente, se calcula que se empezará a cumplir -y se superaría- a mediados de 2019. A la espera de que se liciten vía proyectos de Participación Pública-Privada (PPP) siete líneas de transmisión, avanzará el Mercado a Término de Energías Renovables, con contratos entre privados.
La Subsecretaría de Energías Renovables del Ministerio de Energía de la Nación adjudicó entre fines de 2016 y los últimos días de 2017 147 proyectos por 4466,5 MW a un precio promedio ponderado de u$s 54,72 por MWh. 7 de ellos ya se encuentran entregando electricidad al sistema; unos 60 están en proceso de construcción; cerca de 40 ya firmaron su contrato de abastecimiento (PPA) con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) pero no empezaron; otros tantos 40 todavía faltan suscribir su PPA; mientras que otros 2 fueron cancelados por el Gobierno por "reiterados incumplimientos en los hitos".
Aunque en la ronda 2 se consiguió el proyecto con el precio más competitivo (u$s 37,3 por MWh, ofrecido por Eipor S.A. para el Parque Eólico Energética I en la provincia de Buenos Aires), la Ley 27.191 establece un mandato de federalización y diversificación de tecnologías de los proyectos, con lo que se obliga al sistema a contratar energía renovable de proyectos pequeños de biomasa o biogás, más caros por su pequeña escala y su distancia de la red y los grandes centros de consumo.
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El NEA debatió sobre educación ambiental
Provincias del Noreste Argentino y Litoral debatieron sobre educación ambiental
Fecha de Publicación: 12/08/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Región NEA
Entre Ríos fue sede del encuentro de educación ambiental de la Región NEA Litoral, del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), donde cada provincia expuso sus experiencias en territorio para fortalecerlas y replicarlas. “Estamos muy contentos de poder desarrollar este encuentro en Paraná y con mucha expectativa de que, al finalizar la jornada, las provincias nos llevemos mucho material y experiencias para trabajar”, dijo Martín Barbieri, secretario de Ambiente de la provincia. “La educación ambiental es uno de los ejes de nuestra gestión”, aseguró. Barbieri, junto al subsecretario de Ambiente Lucio Amavet, participaron del encuentro junto al ministro de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, Jacinto Speranza; el vocal del Consejo General de Educación (CGE), Gastón Etchepare; la referente del Programa de Educación ambiental del CGE, Cristina Martínez; y representantes de las áreas de Ambiente y Educación de las provincias de Córdoba, Corrientes, Chaco y Santa Fé.
“Que hoy estemos presentes las provincias del NEA moviliza y motiva nuestro trabajo y permitirá que volvamos a nuestros lugares con nuevas experiencias para desandar nuevos caminos”, resaltó. Dijo que “Entre Ríos viene trabajando fuerte en la educación ambiental pero aún queda mucho por hacer, en las escuelas que es donde están los niños que son los que llevarán adelante el mensaje de cuidado del ambiente y en todos los ámbitos”.
Sobre la importancia del encuentro, la referente del Programa de Educación Ambiental que depende del Consejo General de Educación, Cristina Martínez, manifestó: “La riqueza de este encuentro es que nos permitió compartir lo realizado por la provincia de Entre Ríos y conocer los avances de la región NEA y región Litoral. También pensar propuestas articuladas de políticas de educación ambiental para el 2019”.
La educación ambiental ha tomado un lugar destacado en la educación de la provincia, ante lo cual Martínez, señaló que “la provincia de Entre Ríos tiene líneas de acción y de capacitaciones destinadas a docentes y alumnos, además, de eventos de participación masiva y elaboración de materiales didácticos específicos para nuestra currícula, dado que los diseños curriculares se han pensado con la incorporación de la educación ambiental como una dimensión transversal. Estas son algunas de las estrategias didácticas para impactar en el sistema educativo, en todos los niveles y modalidades.”
Barbieri, mencionó el plan piloto que se está comenzando a desarrollar en Concordia que consiste en un trabajo conjunto de concientización ambiental con escuelas y centros de salud de algunos barrios vinculado a la separación de residuos en origen. “En el caso de que dé un buen resultado la idea es trasladarlo al resto de la provincia”, indicó.
Por su parte, el ministro de Medio Ambiente de Santa Fe destacó la importancia de “trabajar sobre las experiencias que tienen las provincias del NEA y de las que podemos nutrirnos y fortalecer cada uno sus acciones”.
“Hablar de ambiente es hablar de vida y hablar de vida es hablar de futuro, con lo cual es un tema transversal que no está encorsetado en una estructura de gobierno sino que la comunidad lo tiene que asumir como propio”, consideró el ministro santafesino.
Y añadió que “los gobiernos locales tienen un rol fundamental e importante por eso a través de la educación ambiental tenemos que seguir trabajando y dándole los espacios de debate y para accionar y llevar adelante políticas de estado que nos sirvan como comunidad”.
Todo el trabajo realizado en el encuentro de la región será presentado en Cofema.
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Fecha de Publicación: 12/08/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Región NEA
Entre Ríos fue sede del encuentro de educación ambiental de la Región NEA Litoral, del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), donde cada provincia expuso sus experiencias en territorio para fortalecerlas y replicarlas. “Estamos muy contentos de poder desarrollar este encuentro en Paraná y con mucha expectativa de que, al finalizar la jornada, las provincias nos llevemos mucho material y experiencias para trabajar”, dijo Martín Barbieri, secretario de Ambiente de la provincia. “La educación ambiental es uno de los ejes de nuestra gestión”, aseguró. Barbieri, junto al subsecretario de Ambiente Lucio Amavet, participaron del encuentro junto al ministro de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, Jacinto Speranza; el vocal del Consejo General de Educación (CGE), Gastón Etchepare; la referente del Programa de Educación ambiental del CGE, Cristina Martínez; y representantes de las áreas de Ambiente y Educación de las provincias de Córdoba, Corrientes, Chaco y Santa Fé.
“Que hoy estemos presentes las provincias del NEA moviliza y motiva nuestro trabajo y permitirá que volvamos a nuestros lugares con nuevas experiencias para desandar nuevos caminos”, resaltó. Dijo que “Entre Ríos viene trabajando fuerte en la educación ambiental pero aún queda mucho por hacer, en las escuelas que es donde están los niños que son los que llevarán adelante el mensaje de cuidado del ambiente y en todos los ámbitos”.
Sobre la importancia del encuentro, la referente del Programa de Educación Ambiental que depende del Consejo General de Educación, Cristina Martínez, manifestó: “La riqueza de este encuentro es que nos permitió compartir lo realizado por la provincia de Entre Ríos y conocer los avances de la región NEA y región Litoral. También pensar propuestas articuladas de políticas de educación ambiental para el 2019”.
La educación ambiental ha tomado un lugar destacado en la educación de la provincia, ante lo cual Martínez, señaló que “la provincia de Entre Ríos tiene líneas de acción y de capacitaciones destinadas a docentes y alumnos, además, de eventos de participación masiva y elaboración de materiales didácticos específicos para nuestra currícula, dado que los diseños curriculares se han pensado con la incorporación de la educación ambiental como una dimensión transversal. Estas son algunas de las estrategias didácticas para impactar en el sistema educativo, en todos los niveles y modalidades.”
Barbieri, mencionó el plan piloto que se está comenzando a desarrollar en Concordia que consiste en un trabajo conjunto de concientización ambiental con escuelas y centros de salud de algunos barrios vinculado a la separación de residuos en origen. “En el caso de que dé un buen resultado la idea es trasladarlo al resto de la provincia”, indicó.
Por su parte, el ministro de Medio Ambiente de Santa Fe destacó la importancia de “trabajar sobre las experiencias que tienen las provincias del NEA y de las que podemos nutrirnos y fortalecer cada uno sus acciones”.
“Hablar de ambiente es hablar de vida y hablar de vida es hablar de futuro, con lo cual es un tema transversal que no está encorsetado en una estructura de gobierno sino que la comunidad lo tiene que asumir como propio”, consideró el ministro santafesino.
Y añadió que “los gobiernos locales tienen un rol fundamental e importante por eso a través de la educación ambiental tenemos que seguir trabajando y dándole los espacios de debate y para accionar y llevar adelante políticas de estado que nos sirvan como comunidad”.
Todo el trabajo realizado en el encuentro de la región será presentado en Cofema.
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Ambiente busca proteger el palo santo
Ambiente favorece el manejo sustentable del palo santo
Fecha de Publicación: 12/08/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Para esto, aumentó las exigencias a los exportadores de madera de la especie, elabora un segundo inventario de bosque nativo y trabaja en el sistema SACVeFor, de gestión y control forestal, entre otras acciones.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable mantiene numerosas acciones que fortalecen la implementación de una estrategia integral de manejo sustentable del palo santo. La estrategia fue presentada el año pasado ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y permite el uso de la especie, asegurando el desarrollo local y respetando la persistencia de este árbol en nuestro territorio.
En tal sentido, en 2017 la cartera ambiental modificó los requisitos requeridos para las presentaciones de solicitudes del certificado CITES. La modificación significó el aumento en las exigencias a los exportadores de palo santo (deben estar debidamente registrados); aprobó un protocolo de control y verificación de productos madereros de la especie que determina que las cargas de madera sean fiscalizadas; y estableció para emitir habilitaciones de exportación que la venta, cesión o donación de productos deberá haber sido informada al Ministerio dentro de los cinco días hábiles de realizado el acto.
Otra de las principales acciones se vincula al manejo de la especie mediante el Sistema de Administración, Control y Verificación Forestal (SACVeFor). Se trata de un sistema de implementación interjurisdiccional que permitirá fortalecer los sistemas de gestión y control forestal a nivel federal. Esto será posible mediante tecnología que favorecerá la agilización de trámites de comercio y transporte de productores y empresas, la simplificación administrativa de los organismos gubernamentales, la trazabilidad de los productos forestales y la mejora de la competitividad del sector forestal nativo. Todo esto contribuirá al manejo sustentable propiciado por la Ley N.° 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Este sistema asegurará la emisión de autorizaciones por parte de personal autorizado de las autoridades provinciales facilitando su control y transparencia. En el presente, 16 provincias están trabajando en su implementación.
Asimismo, desde junio del año pasado, la cartera de Ambiente impulsa un proyecto de resolución para la creación del Plan Nacional de Manejo Sustentable de Palo Santo. Para esto, desde la Dirección Nacional de Bosques se trabaja con las provincias de Salta, Formosa y Chaco a fin de unificar criterios técnicos y legales y lograr el consenso para la elaboración del plan, a la vez que se busca el intercambio técnico con Brasil, Paraguay y Bolivia capaz de asegurar un abordaje regional de manejo de la especie.
Fue así que la semana pasada tuvo lugar en la Ciudad de Formosa, la 4° Reunión Plan Regional de Manejo Sustentable del Palo Santo (PRMSPS) con participación de técnicos de la cartera de Ambiente, autoridades de Chaco, Salta, Formosa, con el objetivo de trabajar en la unificación del marco procedimental, legal y técnico del Plan Regional.
Como complemento a estas acciones, el Ministerio trabaja en el proyecto denominado “Bases para la gestión sostenible del palo santo, Bulnesia sarmientoi, en la región del Gran Chaco de Argentina”, que fue seleccionado por CITES y recibirá una donación de USD 250 mil. El proyecto tiene el objetivo de generar condiciones para la gestión, ordenamiento territorial y manejo de los bosques con presencia de la especie de manera que sean optimizados, y así fomentar el desarrollo regional y la conservación del árbol.
Finalmente, desde la cartera de Ambiente nacional se elabora el Segundo Inventario Nacional de Bosque Nativo de Argentina, el que se espera que arroje como resultado la actualización del estado de situación del palo santo y amplíe el conocimiento teórico de la especie.
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Políticas al servicio de los agroquímicos
Ministros de los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 11/08/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno impulsa más fumigaciones con agrotóxicos. No reconoce distancias mínimas de protección, desoye estudios científicos y silencia los reclamos de pueblos fumigados. Reacciones de los especialistas.
En un hecho inédito, cuatro ministros del gobierno Nacional presentaron medidas que favorecen el uso masivo de cuestionados agroquímicos. Sergio Bergman (Ambiente), Lino Barañao (Ciencia), Adolfo Rubinstein (Salud) y Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria) avanzaron, en línea con los pedidos de las empresas, y propusieron que no haya distancias mínimas para fumigar con glifosato, 2-4D, atrazina y otros agrotóxicos. Los ministros no citaron ninguna investigación científica que los avale y fueron cuestionados por organizaciones sociales, académicos y pueblos fumigados.
Desde hace más de quince años comenzaron a multiplicarse casos de escuelas fumigadas, niños enfermos, nacimientos con malformaciones, aumentos de casos de cáncer y abortos espontáneos. Las familias se organizaron para proteger la salud de sus hijos. Las Madres del Barrio Ituzaingó (Córdoba) se transformaron en un caso emblemático, con estudios que demostraron los efectos de los agrotóxicos y condena judicial a un productor y a un aplicador.
Se conformaron espacios como la “Campaña Paren de Fumigar”, que reúne decenas de pueblos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Lograron fallos judiciales que alejan fumigaciones (Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Chaco, Formosa). Se fijaron límites de hasta 2000 metros para las pulverizaciones aéreas. También se aprobaron decenas de ordenanzas municipales que alejan las fumigaciones de los centros urbanos, centros de salud y de escuelas rurales. Rosario, Gualeguaychú y San Antonio de Areco, entre otras.
Pero el Gobierno creó el “Grupo de Trabajo sobre Buenas Prácticas en Aplicaciones de Fitosanitarias”. El 11 de julio, en conferencia de prensa, los ministros Bergman, Barañao, Rubinstein y Etchevehere presentaron los “lineamientos para su aplicación”. Cumplen todos los pedidos de las empresas: no fijan distancias mínimas para proteger a la población, no tienen en cuenta los efectos crónicos (largos periodos de tiempo) de los agroquímicos en las personas, no abordan el impacto tóxico de la mezcla de químicos e invisibiliza cientos de estudios científicos de universidades públicas que dan cuenta de las consecuencias de los agroquímicos.
El Gobierno hizo propio un concepto impuesto por las empresas: “Buenas prácticas agrícolas (BPA)”. Impulsado por la Asociación de Siembre Directa (Aapresid), empresarios con gran poder de lobby, las BPA prometen que si realizan las fumigaciones en ciertas condiciones climáticas se podría rociar con agroquímicos hasta a diez metros de las viviendas y escuelas.
Los pueblos afectados, organizaciones sociales, agrónomos e investigadores críticos desmienten que las BPA funcionen y aclaran que el problema es el modelo agropecuario. “Es absolutamente claro que las ‘buenas prácticas’ no existen y son imposibles de llevar a la práctica. Los ensayos de deriva (hasta dónde llega el agroquímico) se hacen en días óptimos de viento y esos días ideales son poco frecuentes en el campo”, explicó Gabriel Arisnabarreta, de la organización Ecos de Saladillo, ingeniero agrónomo e integrante de la Campaña Paren de Fumigar.
Los cuatro ministros, a través de doce principios y 23 recomendaciones, instan a que los privados (productores, empresas) sean quiénes controlen las fumigaciones y proponen que se enseñe las ventajas de los uso de agrotóxicos en las escuelas. Pretenden una ley nacional para facilitar aún más las fumigaciones.
Arisnabarreta resumió: “El objetivo central de los cuatro ministros, en definitiva del Gobierno, es legitimar el modelo del agronegocio que está siendo fuertemente criticado por la población”. En base a un escrito colectivo de la organización Ecos de Saladillo, Arisnabarreta remarcó que el documento del Gobierno “fue publicitado como un trabajo multidisciplinario, pero en realidad es producto de una sola mirada, de la ciencia hegemónica y corporativa”.
En conferencia de prensa, el ministro de Ciencia, Lino Barañao, defendió el uso de agroquímicos: “También los antibióticos, si no se aplican bien, pueden tener consecuencias fatales. Uno se puede morir hasta tomando agua en mucha cantidad”.
Los cuatro ministros hicieron eje en “la ciencia” para justificar que se puede fumigar sin distancias mínimas, pero no presentaron ningún estudio independiente al respecto. “Es preocupante que el Ministro de Ciencia no reconozca las publicaciones científicas de Argentina, que son innumerables, sobre los impactos de los agroquímicos. El documento con ‘recomendaciones’ del los cuatro ministros no tiene fundamentos científicos, es una decisión política”, afirmó Damián Marino, del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad de La Plata.
Glifosato y cáncer
El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, remarcó que “con la salud es donde más estrictos hay que ser”. Pero, ante una pregunta de periodistas, reconoció que su Ministerio decidió que no se hicieran análisis de agroquímicos en sangre y orina (en el marco de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud). En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer. En una escala de 1 a 5, el organismo lo ubicó en el segundo escalón de peligrosidad.
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Fecha de Publicación: 11/08/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno impulsa más fumigaciones con agrotóxicos. No reconoce distancias mínimas de protección, desoye estudios científicos y silencia los reclamos de pueblos fumigados. Reacciones de los especialistas.
En un hecho inédito, cuatro ministros del gobierno Nacional presentaron medidas que favorecen el uso masivo de cuestionados agroquímicos. Sergio Bergman (Ambiente), Lino Barañao (Ciencia), Adolfo Rubinstein (Salud) y Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria) avanzaron, en línea con los pedidos de las empresas, y propusieron que no haya distancias mínimas para fumigar con glifosato, 2-4D, atrazina y otros agrotóxicos. Los ministros no citaron ninguna investigación científica que los avale y fueron cuestionados por organizaciones sociales, académicos y pueblos fumigados.
Desde hace más de quince años comenzaron a multiplicarse casos de escuelas fumigadas, niños enfermos, nacimientos con malformaciones, aumentos de casos de cáncer y abortos espontáneos. Las familias se organizaron para proteger la salud de sus hijos. Las Madres del Barrio Ituzaingó (Córdoba) se transformaron en un caso emblemático, con estudios que demostraron los efectos de los agrotóxicos y condena judicial a un productor y a un aplicador.
Se conformaron espacios como la “Campaña Paren de Fumigar”, que reúne decenas de pueblos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Lograron fallos judiciales que alejan fumigaciones (Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Chaco, Formosa). Se fijaron límites de hasta 2000 metros para las pulverizaciones aéreas. También se aprobaron decenas de ordenanzas municipales que alejan las fumigaciones de los centros urbanos, centros de salud y de escuelas rurales. Rosario, Gualeguaychú y San Antonio de Areco, entre otras.
Pero el Gobierno creó el “Grupo de Trabajo sobre Buenas Prácticas en Aplicaciones de Fitosanitarias”. El 11 de julio, en conferencia de prensa, los ministros Bergman, Barañao, Rubinstein y Etchevehere presentaron los “lineamientos para su aplicación”. Cumplen todos los pedidos de las empresas: no fijan distancias mínimas para proteger a la población, no tienen en cuenta los efectos crónicos (largos periodos de tiempo) de los agroquímicos en las personas, no abordan el impacto tóxico de la mezcla de químicos e invisibiliza cientos de estudios científicos de universidades públicas que dan cuenta de las consecuencias de los agroquímicos.
El Gobierno hizo propio un concepto impuesto por las empresas: “Buenas prácticas agrícolas (BPA)”. Impulsado por la Asociación de Siembre Directa (Aapresid), empresarios con gran poder de lobby, las BPA prometen que si realizan las fumigaciones en ciertas condiciones climáticas se podría rociar con agroquímicos hasta a diez metros de las viviendas y escuelas.
Los pueblos afectados, organizaciones sociales, agrónomos e investigadores críticos desmienten que las BPA funcionen y aclaran que el problema es el modelo agropecuario. “Es absolutamente claro que las ‘buenas prácticas’ no existen y son imposibles de llevar a la práctica. Los ensayos de deriva (hasta dónde llega el agroquímico) se hacen en días óptimos de viento y esos días ideales son poco frecuentes en el campo”, explicó Gabriel Arisnabarreta, de la organización Ecos de Saladillo, ingeniero agrónomo e integrante de la Campaña Paren de Fumigar.
Los cuatro ministros, a través de doce principios y 23 recomendaciones, instan a que los privados (productores, empresas) sean quiénes controlen las fumigaciones y proponen que se enseñe las ventajas de los uso de agrotóxicos en las escuelas. Pretenden una ley nacional para facilitar aún más las fumigaciones.
Arisnabarreta resumió: “El objetivo central de los cuatro ministros, en definitiva del Gobierno, es legitimar el modelo del agronegocio que está siendo fuertemente criticado por la población”. En base a un escrito colectivo de la organización Ecos de Saladillo, Arisnabarreta remarcó que el documento del Gobierno “fue publicitado como un trabajo multidisciplinario, pero en realidad es producto de una sola mirada, de la ciencia hegemónica y corporativa”.
En conferencia de prensa, el ministro de Ciencia, Lino Barañao, defendió el uso de agroquímicos: “También los antibióticos, si no se aplican bien, pueden tener consecuencias fatales. Uno se puede morir hasta tomando agua en mucha cantidad”.
Los cuatro ministros hicieron eje en “la ciencia” para justificar que se puede fumigar sin distancias mínimas, pero no presentaron ningún estudio independiente al respecto. “Es preocupante que el Ministro de Ciencia no reconozca las publicaciones científicas de Argentina, que son innumerables, sobre los impactos de los agroquímicos. El documento con ‘recomendaciones’ del los cuatro ministros no tiene fundamentos científicos, es una decisión política”, afirmó Damián Marino, del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad de La Plata.
Glifosato y cáncer
El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, remarcó que “con la salud es donde más estrictos hay que ser”. Pero, ante una pregunta de periodistas, reconoció que su Ministerio decidió que no se hicieran análisis de agroquímicos en sangre y orina (en el marco de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud). En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer. En una escala de 1 a 5, el organismo lo ubicó en el segundo escalón de peligrosidad.
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Ambiente idea centros urbanos sostenibles
Rumbo a la planificación sostenible en ciudades de nuestro país
Fecha de Publicación: 11/08/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La cartera nacional de Ambiente busca impulsar la realización de un programa integrado de centros urbanos sostenibles que incluya apoyo financiero internacional.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación trabaja en la elaboración de un proyecto orientado a alentar la planificación urbana y territorial sostenible e integrada en ciudades argentinas. Lo hace a través de la Unidad de Ciudades Sustentables, con la participación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente), para lo que se busca el posible apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés).
El objetivo será que un grupo de ciudades que formarán parte del programa —Salta, Mar del Plata, Mendoza y Ushuaia—, ubicadas en diferentes regiones geográficas y climáticas, puedan convertirse en modelos a replicar en el resto del país. Se trata en estos casos de centros urbanos comprometidos con políticas ambientales, que presentan problemáticas como la disminución en la disponibilidad de agua y el drenaje, la intrusión salina, las inundaciones debidas al incremento de precipitaciones y el incremento del nivel del mar, por lo que requieren adoptar enfoques innovadores de adaptación al cambio climático y la mejora en la eficiencia del uso de los recursos.
El programa —en preparación— tendrá tres componentes. El primero, orientado a la planificación urbana y territorial sostenible e integrada, que atienda los problemas mencionados. Para esto, las ciudades, según el caso, se enfocarán en distintos tipos de planificaciones: metropolitana, turística y costera u orientada a la conservación.
Otro de los componentes que se pretende incluir estará centrado en la inversión en proyectos pilotos integrados para descarbonizar la urbanización y la infraestructura, con mejoramiento del espacio público y la calidad de vida de la población. Los pilotos buscarán poner a prueba tecnologías innovadoras basadas en inversiones existentes como sistemas de iluminación y bombeo de agua eficientes; de energía solar fotovoltaica; flotas eléctricas de transporte; adaptación basada en ecosistemas para incrementar la resiliencia; economía circular local y simbiosis agroindustrial.
El tercer componente buscará la construcción de una plataforma de ciudades sostenibles en Argentina, sobre la base del trabajo realizado por la Unidad de Ciudades Sustentables de la cartera de Ambiente nacional. Su objetivo consistirá en facilitar la toma de decisiones en base a datos, apoyar los procesos de planificación y el desarrollo de las capacidades de actores locales, además de promover el intercambio de experiencias. De concretarse, se incluirá además el desarrollo de un sello verde que defina indicadores de sostenibilidad para las ciudades, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU y con indicadores de metabolismo urbano.
Para implementar las acciones que se preparan, la iniciativa prevé facilitar el acceso a fuentes innovadoras de financiamiento internas y externas, incluido el sector privado.
Cabe señalar que para avanzar en la elaboración del perfil de proyecto (PIF) se inició a fines de julio una ronda de reuniones en diferentes localidades que incluyeron, en la Provincia de Buenos Aires, al Organismo Provincial Para el Desarrollo Sostenible, y en los municipios de Mendoza y Salta a autoridades municipales, junto a otras áreas de los respectivos gobiernos provinciales. Asimismo, entre hoy y el miércoles, se realizarán nuevos encuentros de definición de líneas de trabajo con los municipios de General Pueyrredón y Ushuaia.
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Fecha de Publicación: 11/08/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La cartera nacional de Ambiente busca impulsar la realización de un programa integrado de centros urbanos sostenibles que incluya apoyo financiero internacional.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación trabaja en la elaboración de un proyecto orientado a alentar la planificación urbana y territorial sostenible e integrada en ciudades argentinas. Lo hace a través de la Unidad de Ciudades Sustentables, con la participación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente), para lo que se busca el posible apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés).
El objetivo será que un grupo de ciudades que formarán parte del programa —Salta, Mar del Plata, Mendoza y Ushuaia—, ubicadas en diferentes regiones geográficas y climáticas, puedan convertirse en modelos a replicar en el resto del país. Se trata en estos casos de centros urbanos comprometidos con políticas ambientales, que presentan problemáticas como la disminución en la disponibilidad de agua y el drenaje, la intrusión salina, las inundaciones debidas al incremento de precipitaciones y el incremento del nivel del mar, por lo que requieren adoptar enfoques innovadores de adaptación al cambio climático y la mejora en la eficiencia del uso de los recursos.
El programa —en preparación— tendrá tres componentes. El primero, orientado a la planificación urbana y territorial sostenible e integrada, que atienda los problemas mencionados. Para esto, las ciudades, según el caso, se enfocarán en distintos tipos de planificaciones: metropolitana, turística y costera u orientada a la conservación.
Otro de los componentes que se pretende incluir estará centrado en la inversión en proyectos pilotos integrados para descarbonizar la urbanización y la infraestructura, con mejoramiento del espacio público y la calidad de vida de la población. Los pilotos buscarán poner a prueba tecnologías innovadoras basadas en inversiones existentes como sistemas de iluminación y bombeo de agua eficientes; de energía solar fotovoltaica; flotas eléctricas de transporte; adaptación basada en ecosistemas para incrementar la resiliencia; economía circular local y simbiosis agroindustrial.
El tercer componente buscará la construcción de una plataforma de ciudades sostenibles en Argentina, sobre la base del trabajo realizado por la Unidad de Ciudades Sustentables de la cartera de Ambiente nacional. Su objetivo consistirá en facilitar la toma de decisiones en base a datos, apoyar los procesos de planificación y el desarrollo de las capacidades de actores locales, además de promover el intercambio de experiencias. De concretarse, se incluirá además el desarrollo de un sello verde que defina indicadores de sostenibilidad para las ciudades, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU y con indicadores de metabolismo urbano.
Para implementar las acciones que se preparan, la iniciativa prevé facilitar el acceso a fuentes innovadoras de financiamiento internas y externas, incluido el sector privado.
Cabe señalar que para avanzar en la elaboración del perfil de proyecto (PIF) se inició a fines de julio una ronda de reuniones en diferentes localidades que incluyeron, en la Provincia de Buenos Aires, al Organismo Provincial Para el Desarrollo Sostenible, y en los municipios de Mendoza y Salta a autoridades municipales, junto a otras áreas de los respectivos gobiernos provinciales. Asimismo, entre hoy y el miércoles, se realizarán nuevos encuentros de definición de líneas de trabajo con los municipios de General Pueyrredón y Ushuaia.
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Toyota empleará energía 100% renovable en Zárate
Toyota comenzará a producir sus vehículos con energía 100% renovable
Fecha de Publicación: 11/08/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Buenos Aires
Ello a partir de un acuerdo con YPF Luz, que suministrará energía eólica para las operaciones de la planta automotriz en Zárate (provincia de Buenos Aires) por un plazo de 10 años
Los presidentes de Toyota Argentina, Daniel Herrero, y de YPF, Miguel Gutiérrez, anunciaron ayer que, como parte de un acuerdo marco entre ambas empresas, la automotriz comenzará a producir en su planta de Zárate con energía renovable generada por YPF Luz.
De este modo, en sólo un año y medio la planta de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires –cuya producción en 2017 representó 26% de la producción y 41% de las exportaciones totales de la industria automotriz argentina- producirá sus vehículos con energía 100% renovable. La acción responde a las iniciativas de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente de la empresa japonesa en su planta de Zárate, que el año pasado superó 125.000 unidades y este año apunta a conseguir un nuevo récord de producción por encima de las 140.000 vehículos.
Desafío ambiental
El contrato de provisión de energía renovable tiene una duración de 10 años, con una primera etapa en la que Toyota sustentará su producción con un 25% de energía renovable, y una segunda etapa a partir de 2020 en la que el 100% de sus necesidades energéticas, equivalentes a 76.000 MWh/año, provendrán de fuentes renovables.
“Esta iniciativa forma parte del desafío ambiental que en Toyota nos propusimos alcanzar para 2050, y que apunta a reducir a cero el impacto durante la fabricación y conducción de vehículos. La disminución de emisiones de CO2 y la introducción de energías renovables son la base de nuestro plan de Acción Ambiental quinquenal. Esta iniciativa nos permitirá superar ampliamente nuestras metas globales al producir con un 100% de energías limpias a partir de 2020”, aseguró Herrero.
Por su parte, Gutiérrez dijo: “Es un orgullo para YPF ser el proveedor de energía renovable elegido por Toyota. YPF comenzó a participar en la provisión de energía eléctrica hace tan sólo cinco años y hoy YPF Luz es protagonista en el mercado de energía renovable y es el socio confiable elegido por clientes industriales de primera línea mundial”.
YPF Luz proveerá la energía para las operaciones de Toyota en su planta de Zárate desde el Parque Eólico Manantiales Behr, de 100MW de potencia, que se inaugurará próximamente en Chubut, y del Parque Eólico Los Teros, de 122 MW de potencia, ubicado en la localidad bonaerense de Azul, cuya inauguración se espera a fines de 2019. YPF Luz se focaliza en proveer a clientes industriales como Toyota de soluciones de energía confiables, eficientes y sustentables, con esquemas que se adaptan a sus necesidades.
Con esta iniciativa, Toyota ahorrará anualmente una provisión de energía que sería equivalente a 7.068 m3 de gasoil o a los 11,9 millones de m3 de gas natural, que se requerirían para generar esa energía en una planta termoeléctrica. Esto equivale a un ahorro de CO2 de 40.660 toneladas.
La energía que utilizará la automotriz equivale a 15,9 MW de potencia instalada, es decir. la generación de más de cuatro aerogeneradores estarán destinados a abastecer su demanda, lo que es el equivalente al consumo de 21.111 hogares.
La planta produce en Argentina y en el mundo guiada por una ambiciosa serie de objetivos ambientales que deberán ser alcanzados en el año 2050 con el fin de contribuir a la sustentabilidad global.
Frente a desafíos mundiales claves como el cambio climático, la escasez de agua, el agotamiento de recursos y la degradación de la biodiversidad, el Desafío Ambiental Toyota 2050 aspira a reducir el impacto durante la fabricación y conducción de vehículos.
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Fecha de Publicación: 11/08/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Buenos Aires
Ello a partir de un acuerdo con YPF Luz, que suministrará energía eólica para las operaciones de la planta automotriz en Zárate (provincia de Buenos Aires) por un plazo de 10 años
Los presidentes de Toyota Argentina, Daniel Herrero, y de YPF, Miguel Gutiérrez, anunciaron ayer que, como parte de un acuerdo marco entre ambas empresas, la automotriz comenzará a producir en su planta de Zárate con energía renovable generada por YPF Luz.
De este modo, en sólo un año y medio la planta de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires –cuya producción en 2017 representó 26% de la producción y 41% de las exportaciones totales de la industria automotriz argentina- producirá sus vehículos con energía 100% renovable. La acción responde a las iniciativas de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente de la empresa japonesa en su planta de Zárate, que el año pasado superó 125.000 unidades y este año apunta a conseguir un nuevo récord de producción por encima de las 140.000 vehículos.
Desafío ambiental
El contrato de provisión de energía renovable tiene una duración de 10 años, con una primera etapa en la que Toyota sustentará su producción con un 25% de energía renovable, y una segunda etapa a partir de 2020 en la que el 100% de sus necesidades energéticas, equivalentes a 76.000 MWh/año, provendrán de fuentes renovables.
“Esta iniciativa forma parte del desafío ambiental que en Toyota nos propusimos alcanzar para 2050, y que apunta a reducir a cero el impacto durante la fabricación y conducción de vehículos. La disminución de emisiones de CO2 y la introducción de energías renovables son la base de nuestro plan de Acción Ambiental quinquenal. Esta iniciativa nos permitirá superar ampliamente nuestras metas globales al producir con un 100% de energías limpias a partir de 2020”, aseguró Herrero.
Por su parte, Gutiérrez dijo: “Es un orgullo para YPF ser el proveedor de energía renovable elegido por Toyota. YPF comenzó a participar en la provisión de energía eléctrica hace tan sólo cinco años y hoy YPF Luz es protagonista en el mercado de energía renovable y es el socio confiable elegido por clientes industriales de primera línea mundial”.
YPF Luz proveerá la energía para las operaciones de Toyota en su planta de Zárate desde el Parque Eólico Manantiales Behr, de 100MW de potencia, que se inaugurará próximamente en Chubut, y del Parque Eólico Los Teros, de 122 MW de potencia, ubicado en la localidad bonaerense de Azul, cuya inauguración se espera a fines de 2019. YPF Luz se focaliza en proveer a clientes industriales como Toyota de soluciones de energía confiables, eficientes y sustentables, con esquemas que se adaptan a sus necesidades.
Con esta iniciativa, Toyota ahorrará anualmente una provisión de energía que sería equivalente a 7.068 m3 de gasoil o a los 11,9 millones de m3 de gas natural, que se requerirían para generar esa energía en una planta termoeléctrica. Esto equivale a un ahorro de CO2 de 40.660 toneladas.
La energía que utilizará la automotriz equivale a 15,9 MW de potencia instalada, es decir. la generación de más de cuatro aerogeneradores estarán destinados a abastecer su demanda, lo que es el equivalente al consumo de 21.111 hogares.
La planta produce en Argentina y en el mundo guiada por una ambiciosa serie de objetivos ambientales que deberán ser alcanzados en el año 2050 con el fin de contribuir a la sustentabilidad global.
Frente a desafíos mundiales claves como el cambio climático, la escasez de agua, el agotamiento de recursos y la degradación de la biodiversidad, el Desafío Ambiental Toyota 2050 aspira a reducir el impacto durante la fabricación y conducción de vehículos.
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El bosque cae al ritmo de la agricultura industrial
El mortífero avance de la frontera agrícola argentina
Fecha de Publicación: 10/08/2018
Fuente: El País
Provincia/Región: Nacional
La selva chaqueña, ubicada en la frontera norte de Argentina, es la continuación del Amazonas y el Mato Grosso brasileño. Un enorme pulmón cada vez más acorrralado. En las últimas tres décadas ha perdido ocho millones de hectáreas de bosque. Una superficie similar a la de Escocia. La presión crece en Argentina, un país que ya produce alimentos para 400 millones de personas pero busca nuevos campos para cultivar más soja. Las provincias más afectadas son Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, las más pobres. La peor parte de este proceso se la lleva el pueblo indígena wichi. "Ver una máquina desmontando de entre los chanchos era una alegría para nosotros", cuenta Amancio, referente de la comunidad wichi en Corralito, un pueblo perdido en el interior de Salta. "La empresa cada vez desmontaba más y no nos dábamos cuenta, pensábamos que iba a haber más trabajo. Cuando levantamos la cabeza era tarde, estaba todo pelado y hemos quedado encerrados entre varios productores, estamos arrinconados”, remata.
Situado a una hora de ripio y media de carretera de la ciudad de Tartagal, la tercera en importancia en Salta, la pobreza domina Corralito. Perros buscando sombra, gallinas flacas y chanchos que usan los pocos troncos restantes para rascarse el lomo; tiendas de chapa y lonas y recipientes de todos los tamaños que esperan el bien más preciado, el agua. Ese es el panorama que se vislumbra apenas uno entra en esta comunidad indígena. Solo quedan 12 familias de las las 300 que lo habitaban años atrás. Podrían abastecerse de una enorme laguna ubicada a unos pocos metros, pero las aguas están contaminadas con glisfosato y muchas veces ven como flotan peces muertos.
La comunidad junta agua en los bidones vacíos de veneno que encuentran en los alrededores de las fincas. Es enero, momento en que las precipitaciones alcanzan su pico en la región, con un promedio de 176 milímetros. El desmonte que dio lugar al cultivo de soja -el 60% elige la oleaginosa- se ha comido a muchas de las raíces que absorbían esas lluvias. La comunidad se inunda, los caminos se anegan y los pocos vehículos con los que cuentan los indígenas pueden quedar días atrapados en las lagunas de barro. También los de aquellos que se acercan a ayudar.
Las altas temperaturas del norte causan un proceso de salinización y desertificación de los suelos, por lo que no son tierras tan fértiles como las de la Pampa húmeda. Así, se produce un fenómeno de empresario golondrina, que trabaja los campos unos pocos años y se va a otra parte, sin invertir nada de lo ganado en esas regiones. En esta temporada las cosechas apuntan a superar sus propios récords y lograr una producción total de granos de 127 millones de toneladas, un 15% más que hace dos años.
“Antes encontrábamos animales en dos días, ahora hay que salir una semana. Llegamos a tener 300 cabezas de cerdos y cabras que criábamos para comer, pero ahora no hay espacio y cuando se salen un poco del campo los finqueros sacan las armas y los matan”, relata Amancio, uno de los pocos hombres que quedan en Corralito. El resto salió a buscar trabajo en la ciudad y no ha regresado. El recurso que queda más a mano son las aves, pero su escasa carne no alcanza para todos. Pasan hambre y lo único que ayuda a engañar el estómago es mascar hojas de coca.
La desnutrición siempre acompaña a los wichis. En 2016, el ministro de Primera Infancia de Salta, Carlos Abeleira, aseguró que hay al menos 2.000 niños con bajo peso en la provincia, una cifra que se incrementa con el paso de los años. “Las provincias del norte son tierras que deberían tener una vocación forestal, pero es una actividad que no rinde al mismo nivel que la actividad agropecuaria, entonces se ha promovido un desplazamiento de la actividad, lo cual genera una presión sobre esos ambientes”, explica Diego Moreno, secretario de política ambiental del ministerio de Ambiente de la Nación.
Desde el aire se ven perfectas líneas de tierra que dibujan partituras con renglones verdes, que desaparecerán con el accionar de las topadoras. La forma de pelar es despiadada: las máquinas se unen con cadenas y se operan al mismo tiempo para arrasar con todo lo que encuentran en el camino, acabando con los nidos de las aves, que revolotean en círculos, nerviosas. Greenpeace, que invitó al viaje a EL PAÍS, lucha en la zona para frenar estas máquinas. Y de momento lo ha logrado. Después de que la organización irrumpiera tres veces en la finca Cuchuy, propiedad del empresario Alejandro Jaime Braun Peña -primo del jefe de Gabinete Marcos Peña-, el ministerio de Ambiente declaró ilegal el desmonte de casi 150.000 hectáreas, el equivalente a siete veces la Ciudad de Buenos Aires. Pero el daño ya está hecho y ahora resta saber quién se hará cargo de la reforestación, un asunto que enfrentará a productores con la provincia.
Fue precisamente en Tartagal donde se gestó la ley de bosques. En febrero de 2009, la crecida del río que lleva el mismo nombre causó un alud de tierra y barro que se cobró dos vidas y gracias al accionar de 70 organizaciones ecologistas, se reglamentó una ley que tenía dos años de existencia y muchos pasaban -y pasan- por alto. La normativa detuvo, en parte, la tala, pero en 2017 cayeron más árboles que el año anterior. El 60%, en zonas de protección alta. En esos 12 meses se pelaron 128.217 hectáreas en las cuatro provincias, según el Gobierno. En Salta, fueron más de 3.800 hectáreas de bosque protegido las que desaparecieron sin respetar siquiera algunos de los cementerios de las comunidades, que quedaron bajo los plantines de soja.
“Lo que se produce es una pampeanización de la región chaqueña, pero a valores 30 veces menor que en La Pampa”, resume Hernán Giardini, director de la campaña de Bosques de Greenpeace. “La conquista la están viviendo hoy. Es la de las topadoras y la soja, mucho más fuerte que aquella conquista cultural en manos de los españoles, porque esta destruye su sistema de vida y en el mejor de los casos los deja arrinconados con muy pocas perspectivas de poder quedarse ahí. Es como si te levantaras una mañana y te cerraron todos los negocios de la ciudad. No te desalojaron, pero ¿Cuánto tiempo podés durar?”, se pregunta.
John Palmer es un etnólogo inglés que llegó a Salta en 1973 para terminar su tesis de grado sobre los wichis. Su compromiso fue tal que en una fiesta de fin de año se enamoró de una de ellas, Basilia Pérez. Hoy tienen seis hijos que corretean por la casa hasta que una orden los detiene. La voz de alto puede ser en wichi, español o inglés. “Trato de guiar a mis hijos en esta cultura occidental, que para mí no es nada idónea y no es el modelo que le quisiera transmitir y legarles”, reconoce el hombre. “Los wichis están en una encrucijada, en una paradoja de preservar y defender su propia cultura. Ser ellos mismos como son y como saben ser frente al avance de una cultura ajena que tiene sus atractivos, porque el consumismo que afecta a los habitantes de las ciudades también afecta a los habitantes de la selva; es irresistible y trae males como la droga y el alcohol que los están afectando mucho”, analiza.
Sin embargo, las comunidades, desguazadas, mal nutridas y avasalladas, resisten en silencio. Confían en que la naturaleza nunca pierde, y creen en contratos sin papeles y palabras que vuelan, aunque apenas sople el viento. Para Palmer, “ellos sí se prestan a la interculturalidad, a recibir y adaptarse al otro. Esa es su forma de resistencia. No resisten frontalmente, no confrontan. Resisten entregándose. Resisten adaptándose. Esa es la paradoja. Es una resistencia costosísima, porque tienen que renunciar a su identidad y casi a su pan de cada día por la idea de que esa forma de ser es la que tiene mayor proyección a futuro. Su forma de resistencia es la paciencia. Y eso nos interpela a nosotros enormemente. No se puede decir que están equivocados, por más que estén tomando agua de pozo, o con orina. Intoxicados”.
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Fecha de Publicación: 10/08/2018
Fuente: El País
Provincia/Región: Nacional
La selva chaqueña, ubicada en la frontera norte de Argentina, es la continuación del Amazonas y el Mato Grosso brasileño. Un enorme pulmón cada vez más acorrralado. En las últimas tres décadas ha perdido ocho millones de hectáreas de bosque. Una superficie similar a la de Escocia. La presión crece en Argentina, un país que ya produce alimentos para 400 millones de personas pero busca nuevos campos para cultivar más soja. Las provincias más afectadas son Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, las más pobres. La peor parte de este proceso se la lleva el pueblo indígena wichi. "Ver una máquina desmontando de entre los chanchos era una alegría para nosotros", cuenta Amancio, referente de la comunidad wichi en Corralito, un pueblo perdido en el interior de Salta. "La empresa cada vez desmontaba más y no nos dábamos cuenta, pensábamos que iba a haber más trabajo. Cuando levantamos la cabeza era tarde, estaba todo pelado y hemos quedado encerrados entre varios productores, estamos arrinconados”, remata.
Situado a una hora de ripio y media de carretera de la ciudad de Tartagal, la tercera en importancia en Salta, la pobreza domina Corralito. Perros buscando sombra, gallinas flacas y chanchos que usan los pocos troncos restantes para rascarse el lomo; tiendas de chapa y lonas y recipientes de todos los tamaños que esperan el bien más preciado, el agua. Ese es el panorama que se vislumbra apenas uno entra en esta comunidad indígena. Solo quedan 12 familias de las las 300 que lo habitaban años atrás. Podrían abastecerse de una enorme laguna ubicada a unos pocos metros, pero las aguas están contaminadas con glisfosato y muchas veces ven como flotan peces muertos.
La comunidad junta agua en los bidones vacíos de veneno que encuentran en los alrededores de las fincas. Es enero, momento en que las precipitaciones alcanzan su pico en la región, con un promedio de 176 milímetros. El desmonte que dio lugar al cultivo de soja -el 60% elige la oleaginosa- se ha comido a muchas de las raíces que absorbían esas lluvias. La comunidad se inunda, los caminos se anegan y los pocos vehículos con los que cuentan los indígenas pueden quedar días atrapados en las lagunas de barro. También los de aquellos que se acercan a ayudar.
Las altas temperaturas del norte causan un proceso de salinización y desertificación de los suelos, por lo que no son tierras tan fértiles como las de la Pampa húmeda. Así, se produce un fenómeno de empresario golondrina, que trabaja los campos unos pocos años y se va a otra parte, sin invertir nada de lo ganado en esas regiones. En esta temporada las cosechas apuntan a superar sus propios récords y lograr una producción total de granos de 127 millones de toneladas, un 15% más que hace dos años.
“Antes encontrábamos animales en dos días, ahora hay que salir una semana. Llegamos a tener 300 cabezas de cerdos y cabras que criábamos para comer, pero ahora no hay espacio y cuando se salen un poco del campo los finqueros sacan las armas y los matan”, relata Amancio, uno de los pocos hombres que quedan en Corralito. El resto salió a buscar trabajo en la ciudad y no ha regresado. El recurso que queda más a mano son las aves, pero su escasa carne no alcanza para todos. Pasan hambre y lo único que ayuda a engañar el estómago es mascar hojas de coca.
La desnutrición siempre acompaña a los wichis. En 2016, el ministro de Primera Infancia de Salta, Carlos Abeleira, aseguró que hay al menos 2.000 niños con bajo peso en la provincia, una cifra que se incrementa con el paso de los años. “Las provincias del norte son tierras que deberían tener una vocación forestal, pero es una actividad que no rinde al mismo nivel que la actividad agropecuaria, entonces se ha promovido un desplazamiento de la actividad, lo cual genera una presión sobre esos ambientes”, explica Diego Moreno, secretario de política ambiental del ministerio de Ambiente de la Nación.
Desde el aire se ven perfectas líneas de tierra que dibujan partituras con renglones verdes, que desaparecerán con el accionar de las topadoras. La forma de pelar es despiadada: las máquinas se unen con cadenas y se operan al mismo tiempo para arrasar con todo lo que encuentran en el camino, acabando con los nidos de las aves, que revolotean en círculos, nerviosas. Greenpeace, que invitó al viaje a EL PAÍS, lucha en la zona para frenar estas máquinas. Y de momento lo ha logrado. Después de que la organización irrumpiera tres veces en la finca Cuchuy, propiedad del empresario Alejandro Jaime Braun Peña -primo del jefe de Gabinete Marcos Peña-, el ministerio de Ambiente declaró ilegal el desmonte de casi 150.000 hectáreas, el equivalente a siete veces la Ciudad de Buenos Aires. Pero el daño ya está hecho y ahora resta saber quién se hará cargo de la reforestación, un asunto que enfrentará a productores con la provincia.
Fue precisamente en Tartagal donde se gestó la ley de bosques. En febrero de 2009, la crecida del río que lleva el mismo nombre causó un alud de tierra y barro que se cobró dos vidas y gracias al accionar de 70 organizaciones ecologistas, se reglamentó una ley que tenía dos años de existencia y muchos pasaban -y pasan- por alto. La normativa detuvo, en parte, la tala, pero en 2017 cayeron más árboles que el año anterior. El 60%, en zonas de protección alta. En esos 12 meses se pelaron 128.217 hectáreas en las cuatro provincias, según el Gobierno. En Salta, fueron más de 3.800 hectáreas de bosque protegido las que desaparecieron sin respetar siquiera algunos de los cementerios de las comunidades, que quedaron bajo los plantines de soja.
“Lo que se produce es una pampeanización de la región chaqueña, pero a valores 30 veces menor que en La Pampa”, resume Hernán Giardini, director de la campaña de Bosques de Greenpeace. “La conquista la están viviendo hoy. Es la de las topadoras y la soja, mucho más fuerte que aquella conquista cultural en manos de los españoles, porque esta destruye su sistema de vida y en el mejor de los casos los deja arrinconados con muy pocas perspectivas de poder quedarse ahí. Es como si te levantaras una mañana y te cerraron todos los negocios de la ciudad. No te desalojaron, pero ¿Cuánto tiempo podés durar?”, se pregunta.
John Palmer es un etnólogo inglés que llegó a Salta en 1973 para terminar su tesis de grado sobre los wichis. Su compromiso fue tal que en una fiesta de fin de año se enamoró de una de ellas, Basilia Pérez. Hoy tienen seis hijos que corretean por la casa hasta que una orden los detiene. La voz de alto puede ser en wichi, español o inglés. “Trato de guiar a mis hijos en esta cultura occidental, que para mí no es nada idónea y no es el modelo que le quisiera transmitir y legarles”, reconoce el hombre. “Los wichis están en una encrucijada, en una paradoja de preservar y defender su propia cultura. Ser ellos mismos como son y como saben ser frente al avance de una cultura ajena que tiene sus atractivos, porque el consumismo que afecta a los habitantes de las ciudades también afecta a los habitantes de la selva; es irresistible y trae males como la droga y el alcohol que los están afectando mucho”, analiza.
Sin embargo, las comunidades, desguazadas, mal nutridas y avasalladas, resisten en silencio. Confían en que la naturaleza nunca pierde, y creen en contratos sin papeles y palabras que vuelan, aunque apenas sople el viento. Para Palmer, “ellos sí se prestan a la interculturalidad, a recibir y adaptarse al otro. Esa es su forma de resistencia. No resisten frontalmente, no confrontan. Resisten entregándose. Resisten adaptándose. Esa es la paradoja. Es una resistencia costosísima, porque tienen que renunciar a su identidad y casi a su pan de cada día por la idea de que esa forma de ser es la que tiene mayor proyección a futuro. Su forma de resistencia es la paciencia. Y eso nos interpela a nosotros enormemente. No se puede decir que están equivocados, por más que estén tomando agua de pozo, o con orina. Intoxicados”.
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Entre Ríos trabaja en la mitigación del cambio climático
Se definieron las obras a ejecutar para mitigar los efectos del cambio climático
Fecha de Publicación: 10/08/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Entre Ríos inicia la etapa final del proceso para acceder a un aporte no reembolsable de más de seis millones de dólares para desarrollar acciones de adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas vulnerables de la costa del río Uruguay. En jornadas técnicas de trabajo realizadas en Concepción del Uruguay, Colón y Concordia se definieron las obras a ejecutar en esas localidades. El objetivo es construir resiliencia en las ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del río Uruguay, tanto en territorio de Entre Ríos (Argentina) como del Uruguay, mediante el desarrollo de instrumentos, herramientas y experiencias para la planificación e implementación de la adaptación, así como la gestión de los impactos y riesgos del cambio y la variabilidad climáticas. El proyecto para mitigar los efectos del cambio climático en la costa del río Uruguay, iniciativa de alcance regional, es conducido por los gobiernos de Argentina y Uruguay, y para Argentina se implementará en territorio de Entre Ríos, por lo que el gobierno provincial forma parte del equipo de trabajo nacional.
Esta semana, la Secretaría de Ambiente -con apoyo de otras áreas de gobierno-, condujo las reuniones técnicas para la elaboración del proyecto final junto a la República Oriental del Uruguay, los municipios de Concepción del Uruguay, Colón y Concordia, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la consultora encargada del conducir esta etapa del proceso.
El subsecretario de Ambiente; Lucio Amavet, sostuvo que “uno de los lineamientos del organismo es la gestión de herramientas de financiamiento, tanto nacional como internacional, que permitan llevar adelante acciones de política ambiental. En este caso, avanzamos en forma articulada con otros organismos y los municipios, hacia acciones y obras que mitiguen los efectos negativos del cambio climático en las ciudades de la costa del río Uruguay”.
Destacó la importancia del trabajo en conjunto entre la Secretaría de Ambiente, Defensa Civil, Planeamiento y los Municipios porque “somos quienes llevaremos adelante la ejecución de las actividades y obras, que fueron seleccionadas en función de las prioridades presentadas por cada municipio acompañando a las poblaciones beneficiadas”.
Las obras
El proyecto prevé el abordaje de cuatro ejes: planificación territorial; gestión de riesgo y alerta temprana; reducción de vulnerabilidad social y protección de ecosistemas.
Esos cuatro ejes contienen distintas acciones a desarrollar en las ciudades de la costa del Uruguay para incorporar el enfoque de cambio climático en la planificación urbana, y generar conciencia colectiva, incluyendo actividades de comunicación y educación para aumentar la resiliencia social y comunitaria. Estas actividades estarán reforzadas en Colón, Concordia y Concepción del Uruguay por la ejecución de obras complementarias a las que la provincia y los municipios vienen implementando para el control de las inundaciones.
En Concordia se realizará una obra de protección del borde costero, que incluye la toma de agua asociada a la planta potabilizadora.
En Colón se ejecutará una obra de remediación y resignificación de un sector ribereño asociado al arroyo Artalaz para incrementar su uso social, cultural, recreativo y turístico.
De modo similar, en Concepción del Uruguay se plantea transformar una zona verde inundable, vinculada a la nueva obra de defensa en ejecución, en reserva ambiental urbana destinada al uso y disfrute de toda la ciudad, evitando así la radicación de viviendas que resulten expuestas a fenómenos extremos como consecuencia de la variabilidad y el cambio del clima.
Al mismo tiempo, se definen actividades para una gestión integrada del riesgo climático en ciudades y ecosistemas, a través de la implementación de sistemas de alerta temprana, planificación territorial y conservación de ecosistemas costeros vulnerables.
Los plazos
El Directorio del Fondo de Adaptación, uno de los mecanismos financieros de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, recomendó el otorgamiento de 14 millones de dólares solicitados por ambos países para la implementación del proyecto en un lapso de cinco años, requiriendo la formulación de un Documento Completo (Full Concept), incluyendo los estudios y diseños que resulten necesarios para su elaboración. Se espera que la provincia disponga de alrededor de 6 millones de dólares para desarrollar acciones y ejecutar obras de adaptación al cambio climático en su territorio.
Según los plazos previstos, serán dos meses de trabajo intensivo que requieren reuniones, trabajo en gabinete, entrevistas e instancias de consulta y validación de diferentes aspectos del Proyecto con las comunidades locales focalizadas, por lo que es de suma importancia trabajar con fuerte base en el territorio.
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Fecha de Publicación: 10/08/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Entre Ríos inicia la etapa final del proceso para acceder a un aporte no reembolsable de más de seis millones de dólares para desarrollar acciones de adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas vulnerables de la costa del río Uruguay. En jornadas técnicas de trabajo realizadas en Concepción del Uruguay, Colón y Concordia se definieron las obras a ejecutar en esas localidades. El objetivo es construir resiliencia en las ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del río Uruguay, tanto en territorio de Entre Ríos (Argentina) como del Uruguay, mediante el desarrollo de instrumentos, herramientas y experiencias para la planificación e implementación de la adaptación, así como la gestión de los impactos y riesgos del cambio y la variabilidad climáticas. El proyecto para mitigar los efectos del cambio climático en la costa del río Uruguay, iniciativa de alcance regional, es conducido por los gobiernos de Argentina y Uruguay, y para Argentina se implementará en territorio de Entre Ríos, por lo que el gobierno provincial forma parte del equipo de trabajo nacional.
Esta semana, la Secretaría de Ambiente -con apoyo de otras áreas de gobierno-, condujo las reuniones técnicas para la elaboración del proyecto final junto a la República Oriental del Uruguay, los municipios de Concepción del Uruguay, Colón y Concordia, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la consultora encargada del conducir esta etapa del proceso.
El subsecretario de Ambiente; Lucio Amavet, sostuvo que “uno de los lineamientos del organismo es la gestión de herramientas de financiamiento, tanto nacional como internacional, que permitan llevar adelante acciones de política ambiental. En este caso, avanzamos en forma articulada con otros organismos y los municipios, hacia acciones y obras que mitiguen los efectos negativos del cambio climático en las ciudades de la costa del río Uruguay”.
Destacó la importancia del trabajo en conjunto entre la Secretaría de Ambiente, Defensa Civil, Planeamiento y los Municipios porque “somos quienes llevaremos adelante la ejecución de las actividades y obras, que fueron seleccionadas en función de las prioridades presentadas por cada municipio acompañando a las poblaciones beneficiadas”.
Las obras
El proyecto prevé el abordaje de cuatro ejes: planificación territorial; gestión de riesgo y alerta temprana; reducción de vulnerabilidad social y protección de ecosistemas.
Esos cuatro ejes contienen distintas acciones a desarrollar en las ciudades de la costa del Uruguay para incorporar el enfoque de cambio climático en la planificación urbana, y generar conciencia colectiva, incluyendo actividades de comunicación y educación para aumentar la resiliencia social y comunitaria. Estas actividades estarán reforzadas en Colón, Concordia y Concepción del Uruguay por la ejecución de obras complementarias a las que la provincia y los municipios vienen implementando para el control de las inundaciones.
En Concordia se realizará una obra de protección del borde costero, que incluye la toma de agua asociada a la planta potabilizadora.
En Colón se ejecutará una obra de remediación y resignificación de un sector ribereño asociado al arroyo Artalaz para incrementar su uso social, cultural, recreativo y turístico.
De modo similar, en Concepción del Uruguay se plantea transformar una zona verde inundable, vinculada a la nueva obra de defensa en ejecución, en reserva ambiental urbana destinada al uso y disfrute de toda la ciudad, evitando así la radicación de viviendas que resulten expuestas a fenómenos extremos como consecuencia de la variabilidad y el cambio del clima.
Al mismo tiempo, se definen actividades para una gestión integrada del riesgo climático en ciudades y ecosistemas, a través de la implementación de sistemas de alerta temprana, planificación territorial y conservación de ecosistemas costeros vulnerables.
Los plazos
El Directorio del Fondo de Adaptación, uno de los mecanismos financieros de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, recomendó el otorgamiento de 14 millones de dólares solicitados por ambos países para la implementación del proyecto en un lapso de cinco años, requiriendo la formulación de un Documento Completo (Full Concept), incluyendo los estudios y diseños que resulten necesarios para su elaboración. Se espera que la provincia disponga de alrededor de 6 millones de dólares para desarrollar acciones y ejecutar obras de adaptación al cambio climático en su territorio.
Según los plazos previstos, serán dos meses de trabajo intensivo que requieren reuniones, trabajo en gabinete, entrevistas e instancias de consulta y validación de diferentes aspectos del Proyecto con las comunidades locales focalizadas, por lo que es de suma importancia trabajar con fuerte base en el territorio.
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Preocupación en Neuquén por unalga muy invasiva en los ríos
Intentan frenar el avance de un alga muy invasiva
Fecha de Publicación: 10/08/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Encargaron un estudio a la UNCo para detectar el crecimiento del denominado "moco de roca".
La Universidad Nacional del Comahue realizará un muestreo y un posterior análisis en distintos puntos de los ríos y lagos de la provincia en el marco de la campaña de monitoreo de base, correspondiente al programa Vigilancia, Seguimiento y Control de Didymosphenia Geminata Schmidt, comúnmente conocida como “moco de roca”.
La iniciativa partió del Ministerio de Energía y Recursos Naturales a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
El moco de roca ha generado importantes declinaciones de flora, fauna y recursos hídricos. Por eso el Ejecutivo neuquino, a través del Decreto 137/2012, coordina mediante la Subsecretaría de Recursos Hídricos los monitoreos de los ríos y lagos para determinar la evolución del alga.
En total son 287 los análisis que realizará la UNCo sobre muestras de agua para el ciclo hidrológico 2018-2019, solicitados por la dirección provincial de Fiscalización Hídrica.
Cabe destacar que la Ley Provincial N° 2608 propone a la casa de altos estudios como consultora preferencial del Estado provincial en materia de asesoramiento y trabajos de investigación o técnicos.
“No hay una manera de terminar con el alga, pero sí podemos tomar medidas para evitar que se siga expandiendo por los ríos y lagos de la provincia”. Betina Laurenzano Directora Provincial de Fiscalización Hídrica
La licenciada Betina Laurenzano, directora provincial de Fiscalización Hídrica, explicó que hay 72 puntos de monitoreo en la provincia para tratar de frenar el avance del alga. Si bien no es tóxica ni contaminante, es de un aspecto muy desagradable. Además, puede llegar a causar complicaciones en los filtros de las tomas de agua. También puede llegar a modificar el hábitat de la fauna, en caso de que esas colonias se desarrollen exponencialmente.
El moco de roca fue detectado por primera vez en 2011 y desde aquel año no paró de crecer. Estiman que tiene su origen en Canadá y que fue expandiéndose a distintos países hasta llegar a la Argentina.
El vector para que el alga se transporte hacia cualquier curso de agua pueden ser las botas de los pescadores, los cascos de las lanchas o botes o cualquier cosa que esté en el agua y tome contacto con ella.
“Pueden ser las ruedas de una camioneta o hasta una silla playera”, explicó Laurenzano.
En la actualidad ya llegó al Chimehuín, el Malleo, Nahueve, Agrio y también avanza en distintos puntos del río Limay.
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Fecha de Publicación: 10/08/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Encargaron un estudio a la UNCo para detectar el crecimiento del denominado "moco de roca".
La Universidad Nacional del Comahue realizará un muestreo y un posterior análisis en distintos puntos de los ríos y lagos de la provincia en el marco de la campaña de monitoreo de base, correspondiente al programa Vigilancia, Seguimiento y Control de Didymosphenia Geminata Schmidt, comúnmente conocida como “moco de roca”.
La iniciativa partió del Ministerio de Energía y Recursos Naturales a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
El moco de roca ha generado importantes declinaciones de flora, fauna y recursos hídricos. Por eso el Ejecutivo neuquino, a través del Decreto 137/2012, coordina mediante la Subsecretaría de Recursos Hídricos los monitoreos de los ríos y lagos para determinar la evolución del alga.
En total son 287 los análisis que realizará la UNCo sobre muestras de agua para el ciclo hidrológico 2018-2019, solicitados por la dirección provincial de Fiscalización Hídrica.
Cabe destacar que la Ley Provincial N° 2608 propone a la casa de altos estudios como consultora preferencial del Estado provincial en materia de asesoramiento y trabajos de investigación o técnicos.
“No hay una manera de terminar con el alga, pero sí podemos tomar medidas para evitar que se siga expandiendo por los ríos y lagos de la provincia”. Betina Laurenzano Directora Provincial de Fiscalización Hídrica
La licenciada Betina Laurenzano, directora provincial de Fiscalización Hídrica, explicó que hay 72 puntos de monitoreo en la provincia para tratar de frenar el avance del alga. Si bien no es tóxica ni contaminante, es de un aspecto muy desagradable. Además, puede llegar a causar complicaciones en los filtros de las tomas de agua. También puede llegar a modificar el hábitat de la fauna, en caso de que esas colonias se desarrollen exponencialmente.
El moco de roca fue detectado por primera vez en 2011 y desde aquel año no paró de crecer. Estiman que tiene su origen en Canadá y que fue expandiéndose a distintos países hasta llegar a la Argentina.
El vector para que el alga se transporte hacia cualquier curso de agua pueden ser las botas de los pescadores, los cascos de las lanchas o botes o cualquier cosa que esté en el agua y tome contacto con ella.
“Pueden ser las ruedas de una camioneta o hasta una silla playera”, explicó Laurenzano.
En la actualidad ya llegó al Chimehuín, el Malleo, Nahueve, Agrio y también avanza en distintos puntos del río Limay.
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Río Negro incumple la ley de Bosque Nativo
Río Negro incumple la ley de Bosque Nativo y retiene fondos
Fecha de Publicación: 09/08/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El gobierno provincial reconoce un “parate” en la aplicación de la norma. No existen planes de manejo de las enormes áreas boscosas de Bariloche, El Manso, El Foyel y El Bolsón.
La legislación aprobada hace una década con el fin de garantizar el manejo sustentable del bosque nativo nunca avanzó de acuerdo con lo previsto y el gobierno provincial –sin explicación alguna– mantiene retenidos los fondos que periódicamente recibe de Nación para aplicarlos a ese fin.
A partir de la sanción en 2007 de la llamada ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos y su correlato provincial en 2010 (la ley 4552) se puso en marcha una nueva dinámica que incluyó la convocatoria a los titulares de tierras forestales para que presenten “planes de manejo”.
Sin ese requisito les sería imposible realizar aprovechamiento alguno del bosque y además les estaría vedado acceder a los fondos nacionales previstos para ejecutar esos planes de manejo.
La regulación resultante es de particular interés en el corredor boscoso cordillerano que incluye a Bariloche, El Manso, El Foyel y El Bolsón.
En el marco de aquel impulso inicial se constituyeron también los “consejos consultivos” para el manejo del bosque nativo, pero hace más de cinco años la provincia los dejó morir.
Hoy la realidad es de completo abandono, según denunció el especialista Juan Gowda. “La provincia recibió más de cien planes de manejo y hoy están en un limbo, pasaron años y nadie da una respuesta –aseguró–. Lo peor de todo es que el dinero está disponible”.
Según sus cálculos, la provincia recibió desde 2013 unos 11,5 millones de pesos para entregarlos a los productores forestales que tengan plan aprobado. Pero esos fondos están sin ejecutar. “A valores actuales, con la inflación acumulada, la deuda sería de más de 25 millones”, estimó Gowda, que es Ingeniero forestal, doctor en Ecología y cuenta con su propia parcela boscosa en El Manso, “con plan presentado”.
Agregó que de acuerdo con la mecánica prevista en la ley, del dinero que recibe la provincia el 30% es para “fortalecimiento institucional forestal” y para administrar el sistema, mientras que el otro 70% debe ser derivado a los productores. Dijo que “el dinero fluyó, no es que se paró. Y la provincia ejecutó su parte, pero retuvo el resto”.
Promesa oficial
El subsecretario de Bosques de Río Negro, Marcelo Perdomo, admitió que existe un “parate” en la aplicación de la ley, pero prometió que “por lo menos la mitad” de los fondos retenidos “se van transferir este año a los productores”.
Gowda señaló que a pesar de haberse presentado entre 2010 y 2015 en toda la provincia un total de 119 “planes para el manejo sostenible de bosques nativos” (así se denominan), no hay uno sólo aprobado. La responsabilidad última es de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuya titular es Dina Migani.
Según Gowda, los planes son “plurianuales” y si fueran aprobados hoy tendrían un valor relativo, ya que muchos quedaron obsoletos. “Se creó una unidad ejecutora en cabeza de Medio Ambiente y el Servicio Forestal Andino, algunos planes tienen evaluación técnica favorable, pero nunca se firmó ninguna aprobación –se quejó el experto–. Todo son rumores, especulaciones, pero la información a los productores es nula y la realidad es que sigue sin haber planes con fondos asignados”.
Para peor, señaló que “desde 2015 Río Negro dejó de convocar a nuevas presentaciones, pero sigue pidiendo dinero a Nación, por supuestos planes que no tienen correlato en el terreno”.
Gowda explicó que el manejo del bosque ajustado a un plan permitiría realizar por ejemplo una extracción sustentable de leña en determinadas zonas y densidades. “La idea es plantear objetivos de uso que puedan ser evaluados por terceros –agregó–. Tan simple como eso”.
Señaló que la actual situación, “pone a los productores afuera de la ley, aun a los que cumplieron con todos los requisitos”.
Perdomo dijo que el objetivo del gobierno es “darle potencialidad al plan” de aprovechamiento de los bosques nativos como actividad económica, porque “eso también es ser sustentable, no sólo lo ambiental”.
Insistió en que la prioridad de su gestión es “ejecutar y orientar (los fondos) de manera que sirvan”.
De eso no se habla
Gowda afirmó que la extracción de leña es una actividad habitual en el bosque nativo y que “incluso Parques Nacionales entrega 20 mil metros cúbicos por año de leña y rollizos, sin plan de manejo”.
El especialista consultado dijo no conocer las razones de la actual parálisis, aunque reconoció que existen situaciones de conflicto que tal vez influyan en la política oficial de la provincia.
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Fecha de Publicación: 09/08/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El gobierno provincial reconoce un “parate” en la aplicación de la norma. No existen planes de manejo de las enormes áreas boscosas de Bariloche, El Manso, El Foyel y El Bolsón.
La legislación aprobada hace una década con el fin de garantizar el manejo sustentable del bosque nativo nunca avanzó de acuerdo con lo previsto y el gobierno provincial –sin explicación alguna– mantiene retenidos los fondos que periódicamente recibe de Nación para aplicarlos a ese fin.
A partir de la sanción en 2007 de la llamada ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos y su correlato provincial en 2010 (la ley 4552) se puso en marcha una nueva dinámica que incluyó la convocatoria a los titulares de tierras forestales para que presenten “planes de manejo”.
Sin ese requisito les sería imposible realizar aprovechamiento alguno del bosque y además les estaría vedado acceder a los fondos nacionales previstos para ejecutar esos planes de manejo.
La regulación resultante es de particular interés en el corredor boscoso cordillerano que incluye a Bariloche, El Manso, El Foyel y El Bolsón.
En el marco de aquel impulso inicial se constituyeron también los “consejos consultivos” para el manejo del bosque nativo, pero hace más de cinco años la provincia los dejó morir.
Hoy la realidad es de completo abandono, según denunció el especialista Juan Gowda. “La provincia recibió más de cien planes de manejo y hoy están en un limbo, pasaron años y nadie da una respuesta –aseguró–. Lo peor de todo es que el dinero está disponible”.
Según sus cálculos, la provincia recibió desde 2013 unos 11,5 millones de pesos para entregarlos a los productores forestales que tengan plan aprobado. Pero esos fondos están sin ejecutar. “A valores actuales, con la inflación acumulada, la deuda sería de más de 25 millones”, estimó Gowda, que es Ingeniero forestal, doctor en Ecología y cuenta con su propia parcela boscosa en El Manso, “con plan presentado”.
Agregó que de acuerdo con la mecánica prevista en la ley, del dinero que recibe la provincia el 30% es para “fortalecimiento institucional forestal” y para administrar el sistema, mientras que el otro 70% debe ser derivado a los productores. Dijo que “el dinero fluyó, no es que se paró. Y la provincia ejecutó su parte, pero retuvo el resto”.
Promesa oficial
El subsecretario de Bosques de Río Negro, Marcelo Perdomo, admitió que existe un “parate” en la aplicación de la ley, pero prometió que “por lo menos la mitad” de los fondos retenidos “se van transferir este año a los productores”.
Gowda señaló que a pesar de haberse presentado entre 2010 y 2015 en toda la provincia un total de 119 “planes para el manejo sostenible de bosques nativos” (así se denominan), no hay uno sólo aprobado. La responsabilidad última es de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuya titular es Dina Migani.
Según Gowda, los planes son “plurianuales” y si fueran aprobados hoy tendrían un valor relativo, ya que muchos quedaron obsoletos. “Se creó una unidad ejecutora en cabeza de Medio Ambiente y el Servicio Forestal Andino, algunos planes tienen evaluación técnica favorable, pero nunca se firmó ninguna aprobación –se quejó el experto–. Todo son rumores, especulaciones, pero la información a los productores es nula y la realidad es que sigue sin haber planes con fondos asignados”.
Para peor, señaló que “desde 2015 Río Negro dejó de convocar a nuevas presentaciones, pero sigue pidiendo dinero a Nación, por supuestos planes que no tienen correlato en el terreno”.
Gowda explicó que el manejo del bosque ajustado a un plan permitiría realizar por ejemplo una extracción sustentable de leña en determinadas zonas y densidades. “La idea es plantear objetivos de uso que puedan ser evaluados por terceros –agregó–. Tan simple como eso”.
Señaló que la actual situación, “pone a los productores afuera de la ley, aun a los que cumplieron con todos los requisitos”.
Perdomo dijo que el objetivo del gobierno es “darle potencialidad al plan” de aprovechamiento de los bosques nativos como actividad económica, porque “eso también es ser sustentable, no sólo lo ambiental”.
Insistió en que la prioridad de su gestión es “ejecutar y orientar (los fondos) de manera que sirvan”.
De eso no se habla
Gowda afirmó que la extracción de leña es una actividad habitual en el bosque nativo y que “incluso Parques Nacionales entrega 20 mil metros cúbicos por año de leña y rollizos, sin plan de manejo”.
El especialista consultado dijo no conocer las razones de la actual parálisis, aunque reconoció que existen situaciones de conflicto que tal vez influyan en la política oficial de la provincia.
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Cuenca de Jáchal: el gobierno quiere ampliar la protección
Prohibirán actividades en la cuenca hídrica de Jáchal y verán si la amplían
Fecha de Publicación: 09/08/2018
Fuente: El Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El Ejecutivo enviará a Diputados un proyecto en el que prohíbe la minería y actividades industriales y agrícolas.
Si bien había una ley de 2010 que protege la Cuenca Hídrica Pampa del Chañar, que abastece de agua potable a Jáchal, su redacción dejaba abierta la posibilidad a la realización de actividades de tipo productivas bajo algún tipo de control. A pedido del oficialismo jachallero, la gestión uñaquista enviará un proyecto para ampliar el cuidado que establece la norma sobre las 11 mil hectáreas que comprenden a la cuenca, ya que dispondrá la prohibición de actividades extractivas, la agricultura, la ganadería, el turismo a gran escala y la megaminería. Y no solo eso sino que también dispondrá que se lleven adelante estudios que determinen si es necesaria o no la extensión del área para su resguardo.
La movida es una fuerte señal del Gobierno para proteger el acuífero, que está ubicado en Huachi, y abastece de agua de calidad a la villa cabecera del departamento del norte a través de un acueducto. Es que en Jáchal vienen sonando versiones de que habría exploración minera en la zona, pero en el Ejecutivo lo desmintieron y además avanzaron con el proyecto de ley. A kilómetros de la cuenca hídrica se encuentra el sector montañoso del distrito en el que hay oro, plata y cobre, entre otros. Por esa razón, desde el oficialismo les encargarán estudios a los organismos especializados para que determinen si es necesario extender el área de protección.
El gobernador Sergio Uñac se reunió el viernes con el intendente Miguel Vega, el diputado departamental, Jorge Barifusa, y los concejales oficialistas Javier Llanos, Eva Castro y Fernanda Díaz. Estos últimos, con el respaldo del jefe comunal, elaboraron y aprobaron una ordenanzas en la que, primero, adhirieron a la ley 1.086 L de 2010 y solicitaron la ampliación de la zona de resguardo. El jefe de Estado provincial recogió el guante, estableció que se lleven a cabo los respectivos análisis para que se establezca si es necesaria la extensión del área y además restringió al máximo las actividades a desarrollar en la cuenca de Pampa del Chañar. Vega resaltó que "con la propuesta y el apoyo del Gobernador, podemos lograr que la Cámara de Diputados modifique la ley y llevar tranquilidad a todos los jachalleros".
Si bien la ley de 2010 protege el acuífero, deja la chance de ejecutar tareas productivas. El artículo 3 señala que toda obra a realizarse en la cuenca deberá contar con la declaración de impacto ambiental, "priorizando... la protección del recurso hídrico". Y el cuarto indica que todo proyecto de explotación de agua subterránea deberá contar con estudios que aseguren que no se afectará ni la calidad ni la cantidad de agua.
Desde la gestión uñaquista cortaron por lo sano y cerraron todo hueco, ya que prohibirán todo tipo de actividad extractiva, la agricultura intensiva y extensiva, la ganadería, el turismo a gran escala y la megaminería en la cuenca, aseguraron fuentes oficiales. El proyecto ingresará entre esta semana y la otra a la Cámara de Diputados y se descuenta que será aprobado.
El acuífero es la principal fuente de agua para la mayor parte de los habitantes de Jáchal. Hubo ruido en el departamento ante supuestas exploraciones mineras en la zona, lo que llevó a la oposición en el Concejo Deliberante a pedir una consulta popular contra la megaminería en la cuenca. La misma no prosperó y el oficialismo propuso los cambios a la norma provincial.
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Fecha de Publicación: 09/08/2018
Fuente: El Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El Ejecutivo enviará a Diputados un proyecto en el que prohíbe la minería y actividades industriales y agrícolas.
Si bien había una ley de 2010 que protege la Cuenca Hídrica Pampa del Chañar, que abastece de agua potable a Jáchal, su redacción dejaba abierta la posibilidad a la realización de actividades de tipo productivas bajo algún tipo de control. A pedido del oficialismo jachallero, la gestión uñaquista enviará un proyecto para ampliar el cuidado que establece la norma sobre las 11 mil hectáreas que comprenden a la cuenca, ya que dispondrá la prohibición de actividades extractivas, la agricultura, la ganadería, el turismo a gran escala y la megaminería. Y no solo eso sino que también dispondrá que se lleven adelante estudios que determinen si es necesaria o no la extensión del área para su resguardo.
La movida es una fuerte señal del Gobierno para proteger el acuífero, que está ubicado en Huachi, y abastece de agua de calidad a la villa cabecera del departamento del norte a través de un acueducto. Es que en Jáchal vienen sonando versiones de que habría exploración minera en la zona, pero en el Ejecutivo lo desmintieron y además avanzaron con el proyecto de ley. A kilómetros de la cuenca hídrica se encuentra el sector montañoso del distrito en el que hay oro, plata y cobre, entre otros. Por esa razón, desde el oficialismo les encargarán estudios a los organismos especializados para que determinen si es necesario extender el área de protección.
El gobernador Sergio Uñac se reunió el viernes con el intendente Miguel Vega, el diputado departamental, Jorge Barifusa, y los concejales oficialistas Javier Llanos, Eva Castro y Fernanda Díaz. Estos últimos, con el respaldo del jefe comunal, elaboraron y aprobaron una ordenanzas en la que, primero, adhirieron a la ley 1.086 L de 2010 y solicitaron la ampliación de la zona de resguardo. El jefe de Estado provincial recogió el guante, estableció que se lleven a cabo los respectivos análisis para que se establezca si es necesaria la extensión del área y además restringió al máximo las actividades a desarrollar en la cuenca de Pampa del Chañar. Vega resaltó que "con la propuesta y el apoyo del Gobernador, podemos lograr que la Cámara de Diputados modifique la ley y llevar tranquilidad a todos los jachalleros".
Si bien la ley de 2010 protege el acuífero, deja la chance de ejecutar tareas productivas. El artículo 3 señala que toda obra a realizarse en la cuenca deberá contar con la declaración de impacto ambiental, "priorizando... la protección del recurso hídrico". Y el cuarto indica que todo proyecto de explotación de agua subterránea deberá contar con estudios que aseguren que no se afectará ni la calidad ni la cantidad de agua.
Desde la gestión uñaquista cortaron por lo sano y cerraron todo hueco, ya que prohibirán todo tipo de actividad extractiva, la agricultura intensiva y extensiva, la ganadería, el turismo a gran escala y la megaminería en la cuenca, aseguraron fuentes oficiales. El proyecto ingresará entre esta semana y la otra a la Cámara de Diputados y se descuenta que será aprobado.
El acuífero es la principal fuente de agua para la mayor parte de los habitantes de Jáchal. Hubo ruido en el departamento ante supuestas exploraciones mineras en la zona, lo que llevó a la oposición en el Concejo Deliberante a pedir una consulta popular contra la megaminería en la cuenca. La misma no prosperó y el oficialismo propuso los cambios a la norma provincial.
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Jujuy: remedian pozo petrolero y sigue la demanda judicial
Contaminación en Jujuy: finalizó la obra de mitigación del pozo E 3 y continúan las demandas a los responsables
Fecha de Publicación: 09/08/2018
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En una entrevista con nuestro medio, la Secretaria de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente de Jujuy, Fernanda Yapur, indicó que se ha culminado la obra de mitigación del pozo YPF.Jj.CA.E-3 (Jujuy, Caimancito). Sin embargo, las denuncias para que los responsables se hagan cargo de la remediación del daño ambiental causado aún no han avanzado.
Además, se refirió a las tareas de la Secretaria en distintas instancias que ha llevado a la clausura de varias industrias de la provincia.
En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, Fernanda Yapur expresó “es un honor decir que está terminada la mitigación del pozo E 3, es una obra de casi 10 millones de pesos que ha sido llevada a cabo donde las aguas surgentes, que son aguas de formación con alto contenido de sales, tienen un tratamiento previo antes de llegar al arroyo Yuto y los resultados están siendo muy positivos”.
Explicó que “hemos hecho 5 demandas: una contra YPF por la remediación del pozo E 3, nosotros hicimos una mitigación porque quien es el obligado a invertir y remediar el pozo E 3 es YPF por eso la hemos demandado y a todos los concesionarios que siguieron en el camino, y fueron varios, desde que se perforó el pozo. Esa demanda llevará mucho tiempo”.
“Tenemos otra porque no pagaron regalías. Tenemos varias demandas que se están llevando desde Fiscalía de Estado. Se trabaja fuertemente para poder lograr que quienes causaron este problema se hagan cargo, pero todo lleva un tiempo, la justicia es la que determinará”.
Agregó “hasta llegar a la sentencia, la decisión de nuestro gobernador Gerardo Morales fue acertada, lograr una mitigación del pozo E 3 aportando casi 10 millones de pesos y hoy la obra ha sido terminada. En breve se anunciará este trabajo que ha sido tan importante para Jujuy”.
Consultada sobre las últimas intervenciones de la Secretaria de Calidad Ambiental, Yapur comentó “al principio encontré empresas que venían a Palpalá con 25 toneladas de plomo sin manifiesto, no sabíamos de dónde podrían ser, con un sistema prehistórico de mangas, con carcasas de batería a la intemperie sin contención y lamentablemente hemos tenido que proceder a la clausura. Sin embargo, pagaron las multas que debían pagar porque sabían que estaban en falta contaminando al pueblo de Palpalá”.
“Trabajamos conjuntamente con el aval del Intendente. Previo a la clausura, tuvimos una reunión para abordar la problemática, en este caso hablábamos de plomo, emisiones de plomo y estas empresas pagaron las multas, pero lo importante es que se readecuaron, le exigimos, en el marco normativo ambiental, e hicimos el levantamiento de la clausura”.
“Estas señales de acciones que tuvimos, también un plan de fiscalización en parque Alto La Torre como una primera etapa del relevamiento ambiental, junto a una bomba que mide la calidad de aire que ha sido adquirida desde el Ministerio de Ambiente que la tiene Palpalá para controlar las emisiones de aire, las empresas que se fueron readecuando porque sabían que sino no iban a tener este problema de clausura pero la verdad tuvimos una muy buena recepción de las empresas, no tuvimos situaciones agresivas salvo la del matadero frigorífico Proyajo donde tuve amenazas de muerte y realice las denuncias penales”.
“Después todas las demás industrias han hecho las readecuaciones, para morigerar multas nos traen una prueba con un cronograma de inversión, facturas de maquinarias que compran para tener descarga de efluentes como corresponde, hemos sacado una resolución donde las industrias van a tener que construir la Cámara de aforo, que es una cámara donde todos los efluentes se concentran en un solo lugar desde donde podremos tomar la muestra y poder definir que componentes puedan causar daño ambiental, será muy interesante para proteger el ambiente”.
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Fecha de Publicación: 09/08/2018
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En una entrevista con nuestro medio, la Secretaria de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente de Jujuy, Fernanda Yapur, indicó que se ha culminado la obra de mitigación del pozo YPF.Jj.CA.E-3 (Jujuy, Caimancito). Sin embargo, las denuncias para que los responsables se hagan cargo de la remediación del daño ambiental causado aún no han avanzado.
Además, se refirió a las tareas de la Secretaria en distintas instancias que ha llevado a la clausura de varias industrias de la provincia.
En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, Fernanda Yapur expresó “es un honor decir que está terminada la mitigación del pozo E 3, es una obra de casi 10 millones de pesos que ha sido llevada a cabo donde las aguas surgentes, que son aguas de formación con alto contenido de sales, tienen un tratamiento previo antes de llegar al arroyo Yuto y los resultados están siendo muy positivos”.
Explicó que “hemos hecho 5 demandas: una contra YPF por la remediación del pozo E 3, nosotros hicimos una mitigación porque quien es el obligado a invertir y remediar el pozo E 3 es YPF por eso la hemos demandado y a todos los concesionarios que siguieron en el camino, y fueron varios, desde que se perforó el pozo. Esa demanda llevará mucho tiempo”.
“Tenemos otra porque no pagaron regalías. Tenemos varias demandas que se están llevando desde Fiscalía de Estado. Se trabaja fuertemente para poder lograr que quienes causaron este problema se hagan cargo, pero todo lleva un tiempo, la justicia es la que determinará”.
Agregó “hasta llegar a la sentencia, la decisión de nuestro gobernador Gerardo Morales fue acertada, lograr una mitigación del pozo E 3 aportando casi 10 millones de pesos y hoy la obra ha sido terminada. En breve se anunciará este trabajo que ha sido tan importante para Jujuy”.
Consultada sobre las últimas intervenciones de la Secretaria de Calidad Ambiental, Yapur comentó “al principio encontré empresas que venían a Palpalá con 25 toneladas de plomo sin manifiesto, no sabíamos de dónde podrían ser, con un sistema prehistórico de mangas, con carcasas de batería a la intemperie sin contención y lamentablemente hemos tenido que proceder a la clausura. Sin embargo, pagaron las multas que debían pagar porque sabían que estaban en falta contaminando al pueblo de Palpalá”.
“Trabajamos conjuntamente con el aval del Intendente. Previo a la clausura, tuvimos una reunión para abordar la problemática, en este caso hablábamos de plomo, emisiones de plomo y estas empresas pagaron las multas, pero lo importante es que se readecuaron, le exigimos, en el marco normativo ambiental, e hicimos el levantamiento de la clausura”.
“Estas señales de acciones que tuvimos, también un plan de fiscalización en parque Alto La Torre como una primera etapa del relevamiento ambiental, junto a una bomba que mide la calidad de aire que ha sido adquirida desde el Ministerio de Ambiente que la tiene Palpalá para controlar las emisiones de aire, las empresas que se fueron readecuando porque sabían que sino no iban a tener este problema de clausura pero la verdad tuvimos una muy buena recepción de las empresas, no tuvimos situaciones agresivas salvo la del matadero frigorífico Proyajo donde tuve amenazas de muerte y realice las denuncias penales”.
“Después todas las demás industrias han hecho las readecuaciones, para morigerar multas nos traen una prueba con un cronograma de inversión, facturas de maquinarias que compran para tener descarga de efluentes como corresponde, hemos sacado una resolución donde las industrias van a tener que construir la Cámara de aforo, que es una cámara donde todos los efluentes se concentran en un solo lugar desde donde podremos tomar la muestra y poder definir que componentes puedan causar daño ambiental, será muy interesante para proteger el ambiente”.
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