En la Muestra Anual de Minería hubo protestas
08:00 | 
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Bloqueo de Greenpeace en la Muestra Anual de Minería
Fecha de Publicación: 12/05/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Más de 30 activistas de la organización Greenpeace bloquearon los accesos al encuentro de ministros en la muestra anual de Minería, con la leyenda "Basta de Mentiras: la minería destruye los Glaciares".
La muestra del sector se realiza en el marco de la inminente firma del Acuerdo Federal Minero, entre el gobierno nacional y las Provincias, para promover el avance de la explotación minera en todo el país.
Al evento debían ingresar funcionarios de Canadá, Estados Unidos, México, Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, entre otros representantes, además del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y el secretario del área, Daniel Meilán.
"Este acuerdo es sumamente dañino para el medio ambiente y para todos los argentinos. Que el mismo se firme significaría entregar todos nuestros recursos naturales a las mineras, significaría darles un semáforo con luz verde al avance de estas en la destrucción de los glaciares y del medio ambiente", declaró Gonzalo Strano, coordinador de la Campaña de Glaciares de Greenpeace.
El convenio cuestionado propone fomentar la actividad en aquellas provincias que tienen la minería prohibida por ley y modificar las currículas escolares para explicarle en los colegios primarios las ventajas de la minería. Strano entiende que "lo que debería explicarse a los chicos es el costo que tiene para todos nosotros extraer esos minerales, los costos ambientales, los costos de salud, los pueblos fantasmas que quedan después de que la minera se va".
El acuerdo tampoco prevé la participación ciudadana a la hora de aprobar o no la actividad minera, algo muy cuestionado por Greenpeace que considera que cada pueblo tiene derecho a decidir en qué ambiente quiere vivir.
"El acuerdo propone la consolidación de un modelo minero de enclave y netamente extractivista. Un modelo obsoleto, ideado y gestado en la década de los noventa, sostenido en la primera década de siglo XXI y profundizando en esta gestión a costa de la Naturaleza, los territorios y los derechos de las comunidades locales", denuncia Strano.
Actualmente hay en Argentina más de trescientos veintidós proyectos mineros en distinto grado de avance. De estos proyectos, 44 se encontrarían cercanos o sobre cuerpos de hielo.
Uno de ellos y el más importante es Veladero que se encuentra en una reserva de biosfera que es la reserva San Guillermo, que fue creada para proteger las especies animales que allí viven. En el lugar, la actividad que desarrolla la empresa minera Barrick Gold ha sido muy cuestionada, fundamentalmente a partir de los derrames de solución cianurada que se han sucedido y que, a juicio de Greenpeace, evidencian una enorme negligencia.
"El Ministerio de Medio Ambiente muy pocas veces ha respondido a los reclamos" dice Strano. "Por eso –agrega- Greenpeace ahora le reclama directamente al Presidente Macri porque es el responsable de la aplicación de la Ley de Glaciares. El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de cerrar la mina Veladero."
El IANIGLIA, Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que es el responsable de realizar el inventario de las áreas glaciares y periglaciares de todo el país, ha tardado mucho tiempo en realizarlo. Ya han pasado casi siete años de la sanción de la Ley y no está finalizado.
Según fuentes directas del Instituto el inventario está realizado en un 90% pero aún no se ha autorizado su publicación. Ellos por sí mismos no pueden publicarlo pues quien debe hacerlo es el Ministerio de Medio Ambiente. Lo poco que se ha difundido, a cuentagotas, como por ejemplo el de la provincia de San Juan, demuestra que Veladero está operando sobre ambiente periglaciar.
Esto atenta contra el espíritu de la Ley de Glaciares, que dispone que sus disposiciones se aplican sobre 'todo cuerpo de hielo cualquiera sea su forma, tamaño, dimensión y ubicación". Siendo asi, debe aplicarse la ley sobre cualquier cuerpo de hielo y no solo a aquellos que miden una hectárea como el gobierno está queriendo hacerlo.
Si fuera real la argumentación que aduce el IANIGLIA con respecto a la carencia de medios tecnológicos adecuados para realizar estas mediciones para el inventario, debería ser el gobierno nacional el que proveyera los medios necesarios al Instituto para que cumpla su cometido.
Estamos a dos años ya de este gobierno y todavía el inventario no está finalizado.
Desde los años 90 hasta la fecha, todos los gobiernos han dado la derecha al sector minero, pero ninguno se ha puesto del lado de las comunidades ni han escuchado las asambleas ambientales.
El caso de Cristina Kirchner fue un caso emblemático. Ella se ha juntado cuatro veces con Peter Munk que era el CEO de Barrick y nunca recibió a un asambleísta.
La Barrick ha hecho lo que quiso en Veladero y Pascua Lama. Allí ha construido un túnel (hoy clausurado) para poder pasar de Argentina a Chile perforando un glaciar. "El túnel se llama "Marcelo" y el nombre es en honor a Marcelo Ghiglione que es el ex secretario de Gestión Ambiental y Control Minero de San Juan. Es decir, la persona que debería controlar a la Barrick tiene un túnel con su nombre en Pascua Lama contrariando todas las normas ambientales. Así de vergonzoso es lo que está pasando", afirma Strano.
Jáchal, el pueblo que se vio afectado por los derrames en la explotación de Veladero, era una localidad que se dedicaba al cultivo de la cebolla, pero desde que llego la actividad minera, el cultivo ha perdido calidad y mercado porque los minerales pesados que se arrastran en el agua lo han perjudicado.
No es casual que allí haya una asamblea permanente reclamando el cierre de la mina y la remediación de los desastres ambientales. Algo que las autoridades gubernamentales parecen no advertir.
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Fecha de Publicación: 12/05/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Más de 30 activistas de la organización Greenpeace bloquearon los accesos al encuentro de ministros en la muestra anual de Minería, con la leyenda "Basta de Mentiras: la minería destruye los Glaciares".
La muestra del sector se realiza en el marco de la inminente firma del Acuerdo Federal Minero, entre el gobierno nacional y las Provincias, para promover el avance de la explotación minera en todo el país.
Al evento debían ingresar funcionarios de Canadá, Estados Unidos, México, Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, entre otros representantes, además del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y el secretario del área, Daniel Meilán.
"Este acuerdo es sumamente dañino para el medio ambiente y para todos los argentinos. Que el mismo se firme significaría entregar todos nuestros recursos naturales a las mineras, significaría darles un semáforo con luz verde al avance de estas en la destrucción de los glaciares y del medio ambiente", declaró Gonzalo Strano, coordinador de la Campaña de Glaciares de Greenpeace.
El convenio cuestionado propone fomentar la actividad en aquellas provincias que tienen la minería prohibida por ley y modificar las currículas escolares para explicarle en los colegios primarios las ventajas de la minería. Strano entiende que "lo que debería explicarse a los chicos es el costo que tiene para todos nosotros extraer esos minerales, los costos ambientales, los costos de salud, los pueblos fantasmas que quedan después de que la minera se va".
El acuerdo tampoco prevé la participación ciudadana a la hora de aprobar o no la actividad minera, algo muy cuestionado por Greenpeace que considera que cada pueblo tiene derecho a decidir en qué ambiente quiere vivir.
"El acuerdo propone la consolidación de un modelo minero de enclave y netamente extractivista. Un modelo obsoleto, ideado y gestado en la década de los noventa, sostenido en la primera década de siglo XXI y profundizando en esta gestión a costa de la Naturaleza, los territorios y los derechos de las comunidades locales", denuncia Strano.
Actualmente hay en Argentina más de trescientos veintidós proyectos mineros en distinto grado de avance. De estos proyectos, 44 se encontrarían cercanos o sobre cuerpos de hielo.
Uno de ellos y el más importante es Veladero que se encuentra en una reserva de biosfera que es la reserva San Guillermo, que fue creada para proteger las especies animales que allí viven. En el lugar, la actividad que desarrolla la empresa minera Barrick Gold ha sido muy cuestionada, fundamentalmente a partir de los derrames de solución cianurada que se han sucedido y que, a juicio de Greenpeace, evidencian una enorme negligencia.
"El Ministerio de Medio Ambiente muy pocas veces ha respondido a los reclamos" dice Strano. "Por eso –agrega- Greenpeace ahora le reclama directamente al Presidente Macri porque es el responsable de la aplicación de la Ley de Glaciares. El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de cerrar la mina Veladero."
El IANIGLIA, Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que es el responsable de realizar el inventario de las áreas glaciares y periglaciares de todo el país, ha tardado mucho tiempo en realizarlo. Ya han pasado casi siete años de la sanción de la Ley y no está finalizado.
Según fuentes directas del Instituto el inventario está realizado en un 90% pero aún no se ha autorizado su publicación. Ellos por sí mismos no pueden publicarlo pues quien debe hacerlo es el Ministerio de Medio Ambiente. Lo poco que se ha difundido, a cuentagotas, como por ejemplo el de la provincia de San Juan, demuestra que Veladero está operando sobre ambiente periglaciar.
Esto atenta contra el espíritu de la Ley de Glaciares, que dispone que sus disposiciones se aplican sobre 'todo cuerpo de hielo cualquiera sea su forma, tamaño, dimensión y ubicación". Siendo asi, debe aplicarse la ley sobre cualquier cuerpo de hielo y no solo a aquellos que miden una hectárea como el gobierno está queriendo hacerlo.
Si fuera real la argumentación que aduce el IANIGLIA con respecto a la carencia de medios tecnológicos adecuados para realizar estas mediciones para el inventario, debería ser el gobierno nacional el que proveyera los medios necesarios al Instituto para que cumpla su cometido.
Estamos a dos años ya de este gobierno y todavía el inventario no está finalizado.
Desde los años 90 hasta la fecha, todos los gobiernos han dado la derecha al sector minero, pero ninguno se ha puesto del lado de las comunidades ni han escuchado las asambleas ambientales.
El caso de Cristina Kirchner fue un caso emblemático. Ella se ha juntado cuatro veces con Peter Munk que era el CEO de Barrick y nunca recibió a un asambleísta.
La Barrick ha hecho lo que quiso en Veladero y Pascua Lama. Allí ha construido un túnel (hoy clausurado) para poder pasar de Argentina a Chile perforando un glaciar. "El túnel se llama "Marcelo" y el nombre es en honor a Marcelo Ghiglione que es el ex secretario de Gestión Ambiental y Control Minero de San Juan. Es decir, la persona que debería controlar a la Barrick tiene un túnel con su nombre en Pascua Lama contrariando todas las normas ambientales. Así de vergonzoso es lo que está pasando", afirma Strano.
Jáchal, el pueblo que se vio afectado por los derrames en la explotación de Veladero, era una localidad que se dedicaba al cultivo de la cebolla, pero desde que llego la actividad minera, el cultivo ha perdido calidad y mercado porque los minerales pesados que se arrastran en el agua lo han perjudicado.
No es casual que allí haya una asamblea permanente reclamando el cierre de la mina y la remediación de los desastres ambientales. Algo que las autoridades gubernamentales parecen no advertir.
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Piden Bergman el saneamiento de los ríos de Río Negro
Piden a Bergman el saneamiento de los ríos Limay, Neuquén y Negro
Fecha de Publicación: 12/05/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El presidente del bloque de legisladores del Frente Progresista, Jorge Ocampos, mantuvo una reunión con el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, en la que expuso una serie de problemáticas ambientales como la situación que atraviesa la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro, y que requieren el trabajo de las provincias involucradas y la administración nacional.
Solicitó que se avance en forma sistemática en el saneamiento definitivo acordando que la complejidad del tema requiere una intervención conjunta y coordinada, a corto y mediano plazo.
“No alcanza con esfuerzos individuales de un municipio o de la provincia para poner en funcionamiento una planta depuradora de una localidad, ya que si no contamos con un plan integral a mediano plazo que busque primero el vertido tratado y en un futuro el vertido cero, la calidad de nuestro recurso hídrico continuará deteriorándose irremediablemente”, enfatizó el legislador.
El ministro se mostró dispuesto a colaborar en la solución de la problemática expuesta y, a la vez, gestionar ante la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y ante el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), la necesaria participación y asistencia para la eficaz gestión y solución de lo planteado.
El legislador Ocampos le planteó al ministro Bergman la necesidad de avanzar en la concreción del basurero regional que involucra a Neuquén, Cipolletti y su zona de influencia.
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Fecha de Publicación: 12/05/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El presidente del bloque de legisladores del Frente Progresista, Jorge Ocampos, mantuvo una reunión con el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, en la que expuso una serie de problemáticas ambientales como la situación que atraviesa la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro, y que requieren el trabajo de las provincias involucradas y la administración nacional.
Solicitó que se avance en forma sistemática en el saneamiento definitivo acordando que la complejidad del tema requiere una intervención conjunta y coordinada, a corto y mediano plazo.
“No alcanza con esfuerzos individuales de un municipio o de la provincia para poner en funcionamiento una planta depuradora de una localidad, ya que si no contamos con un plan integral a mediano plazo que busque primero el vertido tratado y en un futuro el vertido cero, la calidad de nuestro recurso hídrico continuará deteriorándose irremediablemente”, enfatizó el legislador.
El ministro se mostró dispuesto a colaborar en la solución de la problemática expuesta y, a la vez, gestionar ante la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y ante el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), la necesaria participación y asistencia para la eficaz gestión y solución de lo planteado.
El legislador Ocampos le planteó al ministro Bergman la necesidad de avanzar en la concreción del basurero regional que involucra a Neuquén, Cipolletti y su zona de influencia.
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San Juan sin control de plaguicidas en frutas y verduras
En San Juan, no hacen controles de agroquímicos en frutas y verduras
Fecha de Publicación: 12/05/2017
Fuente: El Zonda
Provincia/Región: San Juan
A pesar que existen laboratorios con la tecnología necesaria, ningún organismo público ni privado requiere la realización de análisis sobre los vegetales que llegan a la mesa de los sanjuaninos.
Las frutas y verduras que se comercializan en toda la provincia no están sujetas a ningún tipo de control sobre residuos de agroquímicos, según pudo comprobar Diario El Zonda.
Un informe de la ONG Naturaleza de derecho reveló hace pocos días atrás que “el 63% de los controles realizados en frutas, verduras y hortalizas entre 2011 y 2013 detectaron la presencia de residuos de agroquímicos. Y en algunos casos, como la pera y la mandarina, los análisis positivos superaron el 90% de las muestras”.
Sin embargo el Servicio de Sanidad Animal y Vegetal (SENASA) reconoció la presencia de agroquímicos, aunque sostuvo que dentro de Límites Máximos de Residuos (LMR) no existe riesgo para la salud aunque en algunos casos superan los parámetros permitidos.
Lo cierto es que la presencia de agro tóxicos en los productos hortícolas o frutícolas, despierta un alerta importante, pues a la mesa de los sanjuaninos llegan no solo productos locales sino también los mismos productos que se comercializan en el Mercado de Abasto de Buenos Aires.
La mayoría de las mandarinas, naranjas peras y otras frutas que se comercializan tanto en la Feria de la Municipalidad de la Capital y en el Mercado Concentrado de Rawson, tienen el mismo origen que las que se venden en Buenos Aires.
A pesar que en la provincia existen laboratorios que podrían realizar estos análisis, ningún organismo oficial ni privado se ocupa hasta ahora de requerir dicho estudios, al CIPCAMi o a la Universidad Católica de Cuyo, según revelaron las fuentes consultadas.
Casi “el 93% de las muestras de apio monitoreadas en los mismos puntos evidenció restos de 16 agroquímicos, y más del 91% de las mandarinas que se comercializaron en estos centros de distribución presentaron trazas de otros 16 pesticidas”.
Por su parte en el caso de las manzanas el 85% revelaron presencia de 22 tipos de insecticidad, fungicidas y acaricidas. En la misma línea están las frutillas que casi el 80% tenían restos de 17 plaguicidas.
En la feria municipal el tema está en estudio
En el caso de la provincia de San Juan, no se hacen controles de ningún tipo al ingreso de productos alimentarios. Mauricio Quiroga, director del Mercado de Abasto Municipal afirmó que “no se hacen estos controles de agroquímicos en los productos y todo depende del productor. Esto implica que cuando aplique algún tipo de agroquímico o pesticida respete los periodos de carencia, para que no le hagan mal a la gente”. De todos modos, marcó que “esto es un tema que tenemos en estudio, debido a su importancia.” Agregó que “sobre todo lo que se tiene que hacer es trabajar en la concientización del productor a la hora del uso de este tipo de elementos”.
Si se mira la peligrosidad de los agorquímicos en la salud estudios realizados en Estados Unidos indican que durante todo el año, una persona consume alrededor de medio kilo de pesticidas y agroquímicos.” Otros datos, indican que “En nuestro país se aplica glifosato a más de 28 millones de hectáreas. Cada año, los suelos son rociados con más de 300 millones de litros, lo que implica 13 millones de personas en riesgo de ser afectadas”, según datos de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
Lugares para hacer los estudios
La Universidad Católica está en condiciones de hacer los análisis de control de agroquímicos, también ocurre lo mismo con el CIPCAMI, que tiene la tecnología, pero que no cuenta con el software que contienen los patrones de lectura de los elementos de los pesticidas.
De lo contrario quien quiere hacer un estudio de esta naturaleza debe recurrir a laboratorios que están en la provincia pero que son del sector privado.
Debe marcarse que estos son de alto costo y quienes los hacen son los que certifican normas de BPA.
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Fecha de Publicación: 12/05/2017
Fuente: El Zonda
Provincia/Región: San Juan
A pesar que existen laboratorios con la tecnología necesaria, ningún organismo público ni privado requiere la realización de análisis sobre los vegetales que llegan a la mesa de los sanjuaninos.
Las frutas y verduras que se comercializan en toda la provincia no están sujetas a ningún tipo de control sobre residuos de agroquímicos, según pudo comprobar Diario El Zonda.
Un informe de la ONG Naturaleza de derecho reveló hace pocos días atrás que “el 63% de los controles realizados en frutas, verduras y hortalizas entre 2011 y 2013 detectaron la presencia de residuos de agroquímicos. Y en algunos casos, como la pera y la mandarina, los análisis positivos superaron el 90% de las muestras”.
Sin embargo el Servicio de Sanidad Animal y Vegetal (SENASA) reconoció la presencia de agroquímicos, aunque sostuvo que dentro de Límites Máximos de Residuos (LMR) no existe riesgo para la salud aunque en algunos casos superan los parámetros permitidos.
Lo cierto es que la presencia de agro tóxicos en los productos hortícolas o frutícolas, despierta un alerta importante, pues a la mesa de los sanjuaninos llegan no solo productos locales sino también los mismos productos que se comercializan en el Mercado de Abasto de Buenos Aires.
La mayoría de las mandarinas, naranjas peras y otras frutas que se comercializan tanto en la Feria de la Municipalidad de la Capital y en el Mercado Concentrado de Rawson, tienen el mismo origen que las que se venden en Buenos Aires.
A pesar que en la provincia existen laboratorios que podrían realizar estos análisis, ningún organismo oficial ni privado se ocupa hasta ahora de requerir dicho estudios, al CIPCAMi o a la Universidad Católica de Cuyo, según revelaron las fuentes consultadas.
Casi “el 93% de las muestras de apio monitoreadas en los mismos puntos evidenció restos de 16 agroquímicos, y más del 91% de las mandarinas que se comercializaron en estos centros de distribución presentaron trazas de otros 16 pesticidas”.
Por su parte en el caso de las manzanas el 85% revelaron presencia de 22 tipos de insecticidad, fungicidas y acaricidas. En la misma línea están las frutillas que casi el 80% tenían restos de 17 plaguicidas.
En la feria municipal el tema está en estudio
En el caso de la provincia de San Juan, no se hacen controles de ningún tipo al ingreso de productos alimentarios. Mauricio Quiroga, director del Mercado de Abasto Municipal afirmó que “no se hacen estos controles de agroquímicos en los productos y todo depende del productor. Esto implica que cuando aplique algún tipo de agroquímico o pesticida respete los periodos de carencia, para que no le hagan mal a la gente”. De todos modos, marcó que “esto es un tema que tenemos en estudio, debido a su importancia.” Agregó que “sobre todo lo que se tiene que hacer es trabajar en la concientización del productor a la hora del uso de este tipo de elementos”.
Si se mira la peligrosidad de los agorquímicos en la salud estudios realizados en Estados Unidos indican que durante todo el año, una persona consume alrededor de medio kilo de pesticidas y agroquímicos.” Otros datos, indican que “En nuestro país se aplica glifosato a más de 28 millones de hectáreas. Cada año, los suelos son rociados con más de 300 millones de litros, lo que implica 13 millones de personas en riesgo de ser afectadas”, según datos de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
Lugares para hacer los estudios
La Universidad Católica está en condiciones de hacer los análisis de control de agroquímicos, también ocurre lo mismo con el CIPCAMI, que tiene la tecnología, pero que no cuenta con el software que contienen los patrones de lectura de los elementos de los pesticidas.
De lo contrario quien quiere hacer un estudio de esta naturaleza debe recurrir a laboratorios que están en la provincia pero que son del sector privado.
Debe marcarse que estos son de alto costo y quienes los hacen son los que certifican normas de BPA.
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Miles de hectáreas más para el PN Patagonia
El Parque Nacional Patagonia tendrá 34.000 hectáreas más
Fecha de Publicación: 11/05/2017
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Santa Cruz
La Fundación Flora y Fauna donó al Estado Nacional el predio conocido como "Establecimiento Ganadero El Sauco", que se encuentra en la provincia de Santa Cruz.
La Fundación Flora y Fauna Argentina donó más de 34.000 hectáreas de tierra al Estado Nacional que pasarán a formar parte del Parque Nacional Patagonia.
El predio, conocido como “Establecimiento Ganadero El Sauco”, se encuentra en la localidad Colonia Presidente Manuel Quintana, provincia de Santa Cruz.
El acto escriturario se realizó ante el Escribano General de Gobierno, Carlos D'Alessio, y participaron del mismo la Presidenta de la fundación Flora y Fauna, Sofia Heinonen Fortabat, los titulares de la Administración de Parques Nacionales, Eugenio Breard, y de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón María Lanús.
A partir de ahora la Administración de Parques Nacionales y la Fundación Flora y Fauna deberán gestionar un plan de administración para dicho parque.
El Presidente de la AABE, Ramon Lanús, celebró la donación y aseguró que son “conscientes de cuán importante es que existan Parques Nacionales de la magnitud del proyectado, no solo como espacio para proteger las especies silvestres y la flora, sino como auténticas maravillas naturales cuidadas y manejadas al beneficio de generaciones presentes y futuras”.
‘’Entendemos que proteger el medio ambiente es unir a los argentinos. Si estamos comprometidos en cuidar la flora y la fauna, todos vamos a estar más cerca y podemos trabajar y tener un camino de progreso juntos’’, agregó.
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Fecha de Publicación: 11/05/2017
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Santa Cruz
La Fundación Flora y Fauna donó al Estado Nacional el predio conocido como "Establecimiento Ganadero El Sauco", que se encuentra en la provincia de Santa Cruz.
La Fundación Flora y Fauna Argentina donó más de 34.000 hectáreas de tierra al Estado Nacional que pasarán a formar parte del Parque Nacional Patagonia.
El predio, conocido como “Establecimiento Ganadero El Sauco”, se encuentra en la localidad Colonia Presidente Manuel Quintana, provincia de Santa Cruz.
El acto escriturario se realizó ante el Escribano General de Gobierno, Carlos D'Alessio, y participaron del mismo la Presidenta de la fundación Flora y Fauna, Sofia Heinonen Fortabat, los titulares de la Administración de Parques Nacionales, Eugenio Breard, y de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón María Lanús.
A partir de ahora la Administración de Parques Nacionales y la Fundación Flora y Fauna deberán gestionar un plan de administración para dicho parque.
El Presidente de la AABE, Ramon Lanús, celebró la donación y aseguró que son “conscientes de cuán importante es que existan Parques Nacionales de la magnitud del proyectado, no solo como espacio para proteger las especies silvestres y la flora, sino como auténticas maravillas naturales cuidadas y manejadas al beneficio de generaciones presentes y futuras”.
‘’Entendemos que proteger el medio ambiente es unir a los argentinos. Si estamos comprometidos en cuidar la flora y la fauna, todos vamos a estar más cerca y podemos trabajar y tener un camino de progreso juntos’’, agregó.
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Analizan más pruebas sobre los derrames de la Barrick
Barrick: analizan más pruebas para determinar si contaminó
Fecha de Publicación: 11/05/2017
Fuente: Ambito
Provincia/Región: San Juan
El juez penal de Jáchal, Pablo Oritja, reveló que "aún no está acreditado si hubo contaminación de suelos o del ambiente" por el último derrame de agua cianurada en la mina Veladero, en San Juan, y afirmó que "recién después de que eso se confirme se podrá saber si hubo delito".
El magistrado, que investiga la rotura de un caño en el Valle de Lixiviación que opera en esa provincia la minera canadiense Barrick Gold, confirmó además que "suspendió la orden de realizar análisis de sangre a los habitantes de poblaciones vecinas de la mina iglesiana", ya que está averiguando "cuáles serían los exámenes adecuados para determinar si hubo afectación en su salud".
Comentó que están analizando "tres actas remitidas el jueves por la Policía Minera, donde le reclaman a la minera Barrick el incumplimiento de una orden de cambiar las cañerías antes del incidente", pero apuntó que "eso sólo no alcanza para determinar si hay delito".
"Evidentemente la empresa tenía la obligación de reemplazar o reparar las cañerías" por las que circula agua con cianuro en el Valle de Lixiviación, pero "hay que ver si ese supuesto incumplimiento se relaciona con la rotura que provocó la fuga de material en el incidente" ocurrido a fines de marzo pasado, detalló.
Y continuó: "Si eso es así, podría decirse que hubo causalidad en el derrame, aunque eso no es suficiente para configurar delito de contaminación".
"Para eso aún hay que comprobar el elemento objetivo que indique si hubo afectación ambiental con peligro para la población", agregó y explicó que "es posible que el material fugado de los caños haya quedado en la zona segura", por lo que "en ese caso habría incumplimiento pero no contaminación".
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Fecha de Publicación: 11/05/2017
Fuente: Ambito
Provincia/Región: San Juan
El juez penal de Jáchal, Pablo Oritja, reveló que "aún no está acreditado si hubo contaminación de suelos o del ambiente" por el último derrame de agua cianurada en la mina Veladero, en San Juan, y afirmó que "recién después de que eso se confirme se podrá saber si hubo delito".
El magistrado, que investiga la rotura de un caño en el Valle de Lixiviación que opera en esa provincia la minera canadiense Barrick Gold, confirmó además que "suspendió la orden de realizar análisis de sangre a los habitantes de poblaciones vecinas de la mina iglesiana", ya que está averiguando "cuáles serían los exámenes adecuados para determinar si hubo afectación en su salud".
Comentó que están analizando "tres actas remitidas el jueves por la Policía Minera, donde le reclaman a la minera Barrick el incumplimiento de una orden de cambiar las cañerías antes del incidente", pero apuntó que "eso sólo no alcanza para determinar si hay delito".
"Evidentemente la empresa tenía la obligación de reemplazar o reparar las cañerías" por las que circula agua con cianuro en el Valle de Lixiviación, pero "hay que ver si ese supuesto incumplimiento se relaciona con la rotura que provocó la fuga de material en el incidente" ocurrido a fines de marzo pasado, detalló.
Y continuó: "Si eso es así, podría decirse que hubo causalidad en el derrame, aunque eso no es suficiente para configurar delito de contaminación".
"Para eso aún hay que comprobar el elemento objetivo que indique si hubo afectación ambiental con peligro para la población", agregó y explicó que "es posible que el material fugado de los caños haya quedado en la zona segura", por lo que "en ese caso habría incumplimiento pero no contaminación".
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Barrick Gold,
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Biocombustibles de para bienes
Se perfila un año récord para la producción de biocombustibles
Fecha de Publicación: 11/05/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
En el período enero-febrero la elaboración creció 38,7% con respecto a los primeros dos meses, hasta un nivel de 352.235 toneladas, y el sector perfila un nuevo año récord ligado, básicamente, a la mayor cosecha de granos.
La producción de biocombustibles con aceites vegetales (principalmente de soja) o procesados a partir del maíz y la caña de azúcar, registró un importante aumento de 38,7% en el primer bimestre de acuerdo a cifras del Ministerio de Energía y Minería y este sector perfila un nuevo año récord ligado, básicamente, a la mayor cosecha de granos.
En el período enero-febrero la elaboración de biodiésel creció 38,7% con respecto a los primeros dos meses, hasta un nivel de 352.235 toneladas, según registran las estadísticas del Ministerio de Energía y Minería.
Para el bioetanol, en tanto, los datos oficiales -a los que accedió Télam- registran un incremento interanual en el primer bimestre de 23,8%, hasta un nivel de 164.351 metros cúbicos.
Las empresas y cámaras del sector confían en el repunte de la economía local y en la próxima reapertura del mercado europeo a las exportaciones argentinas, como factores compensadores del freno en las ventas de biodiésel a Estados Unidos, hasta que se resuelvan acusaciones sobre presunto dumping.
Los volúmenes destinados al mercado interno en enero-febrero, por lo pronto, justifican las expectativas favorables de los empresarios del área: para el biodiésel el aumento en las ventas fue de 67% frente al mismo lapso de 2016.
El incremento en el bimestre -que se añade a la suba de casi 47% experimentada durante el año pasado- se sustentó principalmente en la obligación de corte del gasoil establecido en 10%.
Hasta 2014 la proporción era de 5% pero desde entonces se aceleraron las inversiones y creció sustancialmente la capacidad productiva, por lo cual la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biodiésel (Cepreb) alienta una suba del corte hasta 12%, como ya rige para el bioetanol.
En los ministerios de Energía y Minería, Agroindustria, Producción y Transporte trabajan desde hace meses para lograr consensos que eleven aún en mayores magnitudes los porcentajes de mezcla con combustibles fósiles, y los más optimistas creen que sería posible llegar hasta 20% en los próximos años.
La proyección del biotenol, en ese caso, sería aún superior a la reciente: luego del salto en la producción de 9,1% a lo largo de 2016, en el primer bimestre el volumen producido en base a maíz creció algo menos de 6% interanual, pero el elaborado a partir de caña de azúcar aumentó casi 58%.
Si bien el interés de los productores de biocombustibles todavía no coincide plenamente con el de las refinerías de hidrocarburos y los fabricantes de automotores, se cree que un hito próximo en la materia se produciría a partir del impulso en las flotas de transporte público en ciudades de alta densidad del interior del país.
En forma confluyente, a fines de abril la fábrica de camiones Scania Argentina informó que concluyó "exitosamente", junto con la empresa de servicios urbanos Cliba, la prueba del primer camión recolector de residuos impulsado en un 100% con biodiesel, con una importante reducción de gases de efecto invernadero.
Además de las perspectivas internas, el sector de biocombustibles se beneficiará con la reanudación, en tres meses más, de la exportación a la Unión Europea (UE), luego de que ese grupo de países se adecue a lo dispuesto por la Organización Mundial del Comercio (OMC), al determinar que la producción local no se enviaba aplicando dumping.
Pese a las malas noticias provenientes de Estados Unidos y a la espera de los datos del primer trimestre, que el Indec difundirá a fin de este mes, los empresarios y funcionarios del área manejan datos preliminares según los cuales la producción de bioetanol superaría ampliamente este año las 900.000 metros cúbicos, mientras lo esperado para el biodiésel no baja de los 2,8 millones de toneladas.
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Fecha de Publicación: 11/05/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
En el período enero-febrero la elaboración creció 38,7% con respecto a los primeros dos meses, hasta un nivel de 352.235 toneladas, y el sector perfila un nuevo año récord ligado, básicamente, a la mayor cosecha de granos.
La producción de biocombustibles con aceites vegetales (principalmente de soja) o procesados a partir del maíz y la caña de azúcar, registró un importante aumento de 38,7% en el primer bimestre de acuerdo a cifras del Ministerio de Energía y Minería y este sector perfila un nuevo año récord ligado, básicamente, a la mayor cosecha de granos.
En el período enero-febrero la elaboración de biodiésel creció 38,7% con respecto a los primeros dos meses, hasta un nivel de 352.235 toneladas, según registran las estadísticas del Ministerio de Energía y Minería.
Para el bioetanol, en tanto, los datos oficiales -a los que accedió Télam- registran un incremento interanual en el primer bimestre de 23,8%, hasta un nivel de 164.351 metros cúbicos.
Las empresas y cámaras del sector confían en el repunte de la economía local y en la próxima reapertura del mercado europeo a las exportaciones argentinas, como factores compensadores del freno en las ventas de biodiésel a Estados Unidos, hasta que se resuelvan acusaciones sobre presunto dumping.
Los volúmenes destinados al mercado interno en enero-febrero, por lo pronto, justifican las expectativas favorables de los empresarios del área: para el biodiésel el aumento en las ventas fue de 67% frente al mismo lapso de 2016.
El incremento en el bimestre -que se añade a la suba de casi 47% experimentada durante el año pasado- se sustentó principalmente en la obligación de corte del gasoil establecido en 10%.
Hasta 2014 la proporción era de 5% pero desde entonces se aceleraron las inversiones y creció sustancialmente la capacidad productiva, por lo cual la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biodiésel (Cepreb) alienta una suba del corte hasta 12%, como ya rige para el bioetanol.
En los ministerios de Energía y Minería, Agroindustria, Producción y Transporte trabajan desde hace meses para lograr consensos que eleven aún en mayores magnitudes los porcentajes de mezcla con combustibles fósiles, y los más optimistas creen que sería posible llegar hasta 20% en los próximos años.
La proyección del biotenol, en ese caso, sería aún superior a la reciente: luego del salto en la producción de 9,1% a lo largo de 2016, en el primer bimestre el volumen producido en base a maíz creció algo menos de 6% interanual, pero el elaborado a partir de caña de azúcar aumentó casi 58%.
Si bien el interés de los productores de biocombustibles todavía no coincide plenamente con el de las refinerías de hidrocarburos y los fabricantes de automotores, se cree que un hito próximo en la materia se produciría a partir del impulso en las flotas de transporte público en ciudades de alta densidad del interior del país.
En forma confluyente, a fines de abril la fábrica de camiones Scania Argentina informó que concluyó "exitosamente", junto con la empresa de servicios urbanos Cliba, la prueba del primer camión recolector de residuos impulsado en un 100% con biodiesel, con una importante reducción de gases de efecto invernadero.
Además de las perspectivas internas, el sector de biocombustibles se beneficiará con la reanudación, en tres meses más, de la exportación a la Unión Europea (UE), luego de que ese grupo de países se adecue a lo dispuesto por la Organización Mundial del Comercio (OMC), al determinar que la producción local no se enviaba aplicando dumping.
Pese a las malas noticias provenientes de Estados Unidos y a la espera de los datos del primer trimestre, que el Indec difundirá a fin de este mes, los empresarios y funcionarios del área manejan datos preliminares según los cuales la producción de bioetanol superaría ampliamente este año las 900.000 metros cúbicos, mientras lo esperado para el biodiésel no baja de los 2,8 millones de toneladas.
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Córdoba: denuncian a ex secretario de Ambiente
Denuncia contra ex secretario de Ambiente y empresarios por bosques nativos
Fecha de Publicación: 10/05/2017
Fuente: Día a Dïa
Provincia/Región: Córdoba
La coordinadora que defiende los bosques va contra un ex secretario de Ambiente y actual legislador, Germán Pratto y cinco empresas beneficiadas.
La Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (Codebona) presenta este lunes una denuncia penal contra tres funcionarios públicos provinciales y un abogado de la asociación ruralista Cartez por los supuestos delitos de incumpliento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y asociación ilícita, en una serie de casos de autorizaciones de desmontes y explotaciones en áreas prohibidas.
La denuncia cuestiona el otorgamiento de autorizaciones administrativas por las que se aprobaron diversos “Planes de manejo sostenibles de bosques nativos", que se sostiene que está en franca violación a la ley provincial. La coordinadora denuncia cinco intervenciones concretas "sin haber respetado, observado, o cumplido cabalmente, con el procedimiento administrativo creado especialmente para el otorgamiento de las
mencionadas autorizaciones", dice la presentación.
"En solo 4 expedientes, se registran autorizaciones para desmontar ilegalmente unas 20.000 hectáreas de bosque nativo, superficie equivalente a 40000 canchas de fútbol y, en dos de los casos denunciados, Germán Pratto, entonces secretario de Ambiente de la Provincia, autorizó prácticas e intervenciones sobre bosques nativos, sin haber requerido los informes y dictámenes previos de las distintas áreas existentes a tal fin: Área de suelo, Área de Bosque Nativo, el Directorio, la Comisión Técnica Interdisciplinaria - CTI-, Área de Fiscalización y Control y Área de Despacho, tal como lo exigen el marco procedimental", argumentan.
Los hechos denunciados se agravan, especialmente, por la falta de intervención del Área de Bosques, a la que le corresponde informar acerca de si el predio en cuestión recae sobre “zona roja” o “zona amarilla”, expidiéndose sobre la procedencia o no de la petición y por tratarse de predios de 2.716 y 5.169 hectáreas ubicados en el norte provincial, enfatizan los denunciantes.
"La mayor pérdida de bosque nativo se da en los departamentos del norte cordobés. Precisamente, en aquellos zonas donde se aprobaron la mayoría de los planes de manejo sostenibles de bosques nativos", remarca la coordinadora.
Los desmontes fueron realizados en el noroeste cordobés, región pretendida por el actual proyecto de Ley de Bosques, y donde actualmente se sostienen prácticas ilegales de desmontes con rolado, quema de árboles, desmonte químico por aire y tierra, afectando a 1000 familias involucradas en la actividad apícola de la región de Cruz del Eje y el departamento Ischilín.
Estas son las autorizaciones que denuncia la coordinadora:
- Con expediente 0517020630 /2015 de la Secretaría de Ambiente se corresponde a Antonio Pérez “Centro Agropecuario SRL”, titular de un campo de 2716 hectáreas en Villa Quilino, Departamento Ischilín, también en zonas rojas.
- Con expediente 0517020727 /2015 donde Héctor L. Bonaldi , referente de la empresa láctea Windy “Agropecuaria Doña María”, titular de un campo de 5169 hectáreas en Chuña, Departamento Ischilín, fue autorizado a desmontar con un plan de desmonte sin estudio previo, en zonas rojas, con estricta prohibición para realizar desmontes. El empresario en cuestión, tiene registros de infracciones anteriores labradas por la Policía Ambiental.
- Con Expte N° 0517-009684/2007 quien presenta Miguel Ángel Mizzau, Gatopa S.A. de la localidad de Jesús María y autoriza la intervención selectiva de bajo impacto sobre una superficie de 300 hectáreas en una segunda etapa, y una superficie de 238 hectáreas en una segunda etapa, 8,5 hectáreas del estrato arbustivo es para caminos perimetrales (cortafuegos) y 1,5 hectáreas para corrales y aguadas, en un campo ubicado en el lugar denominado “El pensamiento”, pedanía Quilino, Departamento Ischilín”.
- Con Expte. N° 0517-010356/2007 Sres Carlos Alberto Arnaldo y Miguel Alejandro Arnaldo, a realizar picadas perimetrales y tareas de Rolado Selectivo de Bajo Impacto en el campo de su propiedad ubicado en el lugar denominado Establecimiento “La Penca” Pedanía Villa de María, Departamento Río Seco.
- Con Expte N° 0517-010231/2007 ARNALDO Ramón Alberto y ARNALDO Miguel Angel , y autorizo a realizar Tareas de Rolado Selectivo de Bajo Impacto sobre una superficie de 221 hectáreas, como así también, a realizar picadas perimetrales en el Establecimiento “La Penca”, en el lugar denominado “Estancia Yacanto”, Pedanía Villa de María, Departamento Rio Seco.
En dos de los hechos, se pide que se investigue al exsecretario de Ambiente y actual legislador, Germán Pratto, actual miembro de la Comisión de Asuntos Ecológicos y Presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, Comunales y Municipales de la Legislatura. También se pide investigar al ingeniero forestal Néstor Cruz, ex director de Jurisdicción de Áreas Naturales, Bosques y Forestación, al abogado Jorge A. Ferrari, director de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Secretaría de Ambiente y a su colega Raúl Carranza, “consultor ambiental”, ex-asesor legal de Cartez y patrocinante en la defensa judicial de infractores a la Ley de Bosques ante la Policía Ambiental .
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Fecha de Publicación: 10/05/2017
Fuente: Día a Dïa
Provincia/Región: Córdoba
La coordinadora que defiende los bosques va contra un ex secretario de Ambiente y actual legislador, Germán Pratto y cinco empresas beneficiadas.
La Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (Codebona) presenta este lunes una denuncia penal contra tres funcionarios públicos provinciales y un abogado de la asociación ruralista Cartez por los supuestos delitos de incumpliento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y asociación ilícita, en una serie de casos de autorizaciones de desmontes y explotaciones en áreas prohibidas.
La denuncia cuestiona el otorgamiento de autorizaciones administrativas por las que se aprobaron diversos “Planes de manejo sostenibles de bosques nativos", que se sostiene que está en franca violación a la ley provincial. La coordinadora denuncia cinco intervenciones concretas "sin haber respetado, observado, o cumplido cabalmente, con el procedimiento administrativo creado especialmente para el otorgamiento de las
mencionadas autorizaciones", dice la presentación.
"En solo 4 expedientes, se registran autorizaciones para desmontar ilegalmente unas 20.000 hectáreas de bosque nativo, superficie equivalente a 40000 canchas de fútbol y, en dos de los casos denunciados, Germán Pratto, entonces secretario de Ambiente de la Provincia, autorizó prácticas e intervenciones sobre bosques nativos, sin haber requerido los informes y dictámenes previos de las distintas áreas existentes a tal fin: Área de suelo, Área de Bosque Nativo, el Directorio, la Comisión Técnica Interdisciplinaria - CTI-, Área de Fiscalización y Control y Área de Despacho, tal como lo exigen el marco procedimental", argumentan.
Los hechos denunciados se agravan, especialmente, por la falta de intervención del Área de Bosques, a la que le corresponde informar acerca de si el predio en cuestión recae sobre “zona roja” o “zona amarilla”, expidiéndose sobre la procedencia o no de la petición y por tratarse de predios de 2.716 y 5.169 hectáreas ubicados en el norte provincial, enfatizan los denunciantes.
"La mayor pérdida de bosque nativo se da en los departamentos del norte cordobés. Precisamente, en aquellos zonas donde se aprobaron la mayoría de los planes de manejo sostenibles de bosques nativos", remarca la coordinadora.
Los desmontes fueron realizados en el noroeste cordobés, región pretendida por el actual proyecto de Ley de Bosques, y donde actualmente se sostienen prácticas ilegales de desmontes con rolado, quema de árboles, desmonte químico por aire y tierra, afectando a 1000 familias involucradas en la actividad apícola de la región de Cruz del Eje y el departamento Ischilín.
Estas son las autorizaciones que denuncia la coordinadora:
- Con expediente 0517020630 /2015 de la Secretaría de Ambiente se corresponde a Antonio Pérez “Centro Agropecuario SRL”, titular de un campo de 2716 hectáreas en Villa Quilino, Departamento Ischilín, también en zonas rojas.
- Con expediente 0517020727 /2015 donde Héctor L. Bonaldi , referente de la empresa láctea Windy “Agropecuaria Doña María”, titular de un campo de 5169 hectáreas en Chuña, Departamento Ischilín, fue autorizado a desmontar con un plan de desmonte sin estudio previo, en zonas rojas, con estricta prohibición para realizar desmontes. El empresario en cuestión, tiene registros de infracciones anteriores labradas por la Policía Ambiental.
- Con Expte N° 0517-009684/2007 quien presenta Miguel Ángel Mizzau, Gatopa S.A. de la localidad de Jesús María y autoriza la intervención selectiva de bajo impacto sobre una superficie de 300 hectáreas en una segunda etapa, y una superficie de 238 hectáreas en una segunda etapa, 8,5 hectáreas del estrato arbustivo es para caminos perimetrales (cortafuegos) y 1,5 hectáreas para corrales y aguadas, en un campo ubicado en el lugar denominado “El pensamiento”, pedanía Quilino, Departamento Ischilín”.
- Con Expte. N° 0517-010356/2007 Sres Carlos Alberto Arnaldo y Miguel Alejandro Arnaldo, a realizar picadas perimetrales y tareas de Rolado Selectivo de Bajo Impacto en el campo de su propiedad ubicado en el lugar denominado Establecimiento “La Penca” Pedanía Villa de María, Departamento Río Seco.
- Con Expte N° 0517-010231/2007 ARNALDO Ramón Alberto y ARNALDO Miguel Angel , y autorizo a realizar Tareas de Rolado Selectivo de Bajo Impacto sobre una superficie de 221 hectáreas, como así también, a realizar picadas perimetrales en el Establecimiento “La Penca”, en el lugar denominado “Estancia Yacanto”, Pedanía Villa de María, Departamento Rio Seco.
En dos de los hechos, se pide que se investigue al exsecretario de Ambiente y actual legislador, Germán Pratto, actual miembro de la Comisión de Asuntos Ecológicos y Presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, Comunales y Municipales de la Legislatura. También se pide investigar al ingeniero forestal Néstor Cruz, ex director de Jurisdicción de Áreas Naturales, Bosques y Forestación, al abogado Jorge A. Ferrari, director de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Secretaría de Ambiente y a su colega Raúl Carranza, “consultor ambiental”, ex-asesor legal de Cartez y patrocinante en la defensa judicial de infractores a la Ley de Bosques ante la Policía Ambiental .
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Habría el OK ambiental para las represas
Un informe ambiental avaló el acuerdo con China para construir represas en Santa Cruz
Fecha de Publicación: 10/05/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Santa Cruz
El presidente Mauricio Macri podrá aterrizar el lunes próximo en Beijing con la tranquilidad de llevarle una buena noticia al presidente Xi Jinping: el Ministerio de Medio Ambiente acaba de aprobar un documento ambiental preliminar que avala la decisión de la Argentina para que China avance con la construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner situadas en Santa Cruz.
Según confiaron a Infobae altas fuentes de la Casa Rosada, el informe del ministerio que dirige el rabino Sergio Bergman sostiene que "no hay impedimento alguno en avanzar" en las obras de las represas de China en la Argentina. No obstante, en las mismas recomendaciones del informe el Ministerio de Medio Ambiente exige que en adelante se deberá seguir y exigir "mayores medidas de mitigación y compensación" de lo que el estudio ambiental del 31 de marzo pasado la UTE presentó en Santa Cruz.
De esta manera, el presidente Macri podrá mostrar a su par Xi Jinping la decisión de la Argentina de avalar la inversión de 4.000 millones de dólares que China ya había aprobado para realizar las obras en Santa Cruz y que luego quedaron congeladas por cuestionamientos de los ambientalistas ante el eventual impacto de esas construcciones.
El documento oficial que será elevado hoy al presidente Macri está centrado en tres temas críticos que se están resolviendo con mayor exigencia que el que presentó la UTE a Santa Cruz: el caudal ecológico, la supervivencia del macá tobiano (ave en mayor peligro de extinción) y la lamprea (una especie de pez). Los próximos estudios de mitigación y compensación no impiden que el Poder Ejecutivo avance ahora con los contratos con China. Pero en el futuro será el gobierno el que asuma los resultados de esos informes.
"El documento de análisis es una herramienta para una decisión política sobre bases serias y ancladas en un estudio que es el que se entregó y luego será analizado, debatido y discutido en las audiencias y conforme a lo que pide la Corte", dijo a Infobae un funcionario de la Casa Rosada que estuvo trabajando el fin de semana con este tema.
Es que Macri estaba urgido por conocer el resultado antes de viajar a China ya que para el gobierno de Xi Jinping la construcción de las represas es uno de los proyectos más ambiciosos que hasta ahora aterrizaron en la Argentina. Habrá más anuncios de inversión de Beijing en el campo de la energía nuclear, las obras de infraestructura y el comercio. Pero el desarrollo de las represas de Santa Cruz es el contrato más avanzado.
De hecho, hace un mes atrás la diplomacia de China presentó al gobierno de Macri su preocupación por el atraso que tenía el informe ambiental de las represas. No fue el único escollo que debió sortear la administración de Xi Jinping. Por pedido de Macri, el año pasado China tuvo que aceptar cambios en el contrato original que había cerrado Cristina Kirchner antes de dejar el poder. De esta manera, con los cambios incorporados al nuevo acuerdo las represas no tendrán 11 turbinas, como estaba previsto originalmente, sino ocho, para evitar que la potencia impacte en el ambiente; se reducirá el monto de la obra de US$ 7600 millones a US$ 4000 millones; se aplazarán los tiempos de la obra y la provincia de Santa Cruz obtendrá un 12% de regalías por la energía transportada al país aunque el Estado nacional mantendrá la propiedad de las obras. Éste es el nudo del acuerdo técnico que se alcanzó.
Ahora se destrabó el segundo nudo del acuerdo que eran las objeciones de los ambientalistas. Tras el viaje de Macri a China será el turno de la asamblea pública y la Corte Suprema la que tenga que definir totalmente el panorama para que comiencen las obras de infraestructura en Santa Cruz. Macri llegará el próximo lunes 15 a Beijing con una cargada agenda de temas en visita oficial. Lo espera su par Xi Jinping y todo su gabinete para dos jornadas de intenso trabajo. Luego Macri partirá rumbo a Japón para establecer allí otra serie de convenios destinados a generar inversiones en la Argentina.
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Fecha de Publicación: 10/05/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Santa Cruz
El presidente Mauricio Macri podrá aterrizar el lunes próximo en Beijing con la tranquilidad de llevarle una buena noticia al presidente Xi Jinping: el Ministerio de Medio Ambiente acaba de aprobar un documento ambiental preliminar que avala la decisión de la Argentina para que China avance con la construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner situadas en Santa Cruz.
Según confiaron a Infobae altas fuentes de la Casa Rosada, el informe del ministerio que dirige el rabino Sergio Bergman sostiene que "no hay impedimento alguno en avanzar" en las obras de las represas de China en la Argentina. No obstante, en las mismas recomendaciones del informe el Ministerio de Medio Ambiente exige que en adelante se deberá seguir y exigir "mayores medidas de mitigación y compensación" de lo que el estudio ambiental del 31 de marzo pasado la UTE presentó en Santa Cruz.
De esta manera, el presidente Macri podrá mostrar a su par Xi Jinping la decisión de la Argentina de avalar la inversión de 4.000 millones de dólares que China ya había aprobado para realizar las obras en Santa Cruz y que luego quedaron congeladas por cuestionamientos de los ambientalistas ante el eventual impacto de esas construcciones.
El documento oficial que será elevado hoy al presidente Macri está centrado en tres temas críticos que se están resolviendo con mayor exigencia que el que presentó la UTE a Santa Cruz: el caudal ecológico, la supervivencia del macá tobiano (ave en mayor peligro de extinción) y la lamprea (una especie de pez). Los próximos estudios de mitigación y compensación no impiden que el Poder Ejecutivo avance ahora con los contratos con China. Pero en el futuro será el gobierno el que asuma los resultados de esos informes.
"El documento de análisis es una herramienta para una decisión política sobre bases serias y ancladas en un estudio que es el que se entregó y luego será analizado, debatido y discutido en las audiencias y conforme a lo que pide la Corte", dijo a Infobae un funcionario de la Casa Rosada que estuvo trabajando el fin de semana con este tema.
Es que Macri estaba urgido por conocer el resultado antes de viajar a China ya que para el gobierno de Xi Jinping la construcción de las represas es uno de los proyectos más ambiciosos que hasta ahora aterrizaron en la Argentina. Habrá más anuncios de inversión de Beijing en el campo de la energía nuclear, las obras de infraestructura y el comercio. Pero el desarrollo de las represas de Santa Cruz es el contrato más avanzado.
De hecho, hace un mes atrás la diplomacia de China presentó al gobierno de Macri su preocupación por el atraso que tenía el informe ambiental de las represas. No fue el único escollo que debió sortear la administración de Xi Jinping. Por pedido de Macri, el año pasado China tuvo que aceptar cambios en el contrato original que había cerrado Cristina Kirchner antes de dejar el poder. De esta manera, con los cambios incorporados al nuevo acuerdo las represas no tendrán 11 turbinas, como estaba previsto originalmente, sino ocho, para evitar que la potencia impacte en el ambiente; se reducirá el monto de la obra de US$ 7600 millones a US$ 4000 millones; se aplazarán los tiempos de la obra y la provincia de Santa Cruz obtendrá un 12% de regalías por la energía transportada al país aunque el Estado nacional mantendrá la propiedad de las obras. Éste es el nudo del acuerdo técnico que se alcanzó.
Ahora se destrabó el segundo nudo del acuerdo que eran las objeciones de los ambientalistas. Tras el viaje de Macri a China será el turno de la asamblea pública y la Corte Suprema la que tenga que definir totalmente el panorama para que comiencen las obras de infraestructura en Santa Cruz. Macri llegará el próximo lunes 15 a Beijing con una cargada agenda de temas en visita oficial. Lo espera su par Xi Jinping y todo su gabinete para dos jornadas de intenso trabajo. Luego Macri partirá rumbo a Japón para establecer allí otra serie de convenios destinados a generar inversiones en la Argentina.
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Santa Fe comienza a pensar el cambio climático
Santa Fe buscará crear un plan de Cambio Climático
Fecha de Publicación: 10/05/2017
Fuente: La Opinión
Provincia/Región: Santa Fe
En la primera reunión de la Red de Responsables y Facilitadores Ambientales, se brindaron detalles de la iniciativa que pretende dar respuestas a la realidad climática.
Con tormentas cada vez más violentas y lluvias abundantes que desbordan los sistemas de desagües de ciudades y colapsan los canales y arroyos en las áreas rurales, la Provincia de Santa Fe está obligada a encarar esta problemática para amortiguar su impacto. Y en la columna de propuestas avanza la creación de un Plan Provincial de Cambio Climático.
El ministro de Medio Ambiente de la provincia, Jacinto Speranza, participó el pasado martes en la ciudad de Recreo, de una charla informativa sobre Cambio Climático, en el marco de la primera reunión de la Red de Responsables y Facilitadores Ambientales.
Durante la actividad, el director provincial de Cambio Climático, Eduardo Roude, brindó detalles de los lineamientos del Plan Provincial de Cambio Climático que tiene en elaboración la cartera ambiental santafesina. “El plan tendrá como objetivo dar respuestas a la realidad climática que impone nuevas condiciones para el desarrollo de la mayor parte de las actividades sociales y productivas que se realizan en la provincia”, explicó el funcionario.
“El objetivo es lograr un marco de referencia para las actividades, la identificación de vulnerabilidades y la adaptación para la reducción de impactos y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs)”, amplió el director. En ese sentido, señaló que “debemos lograr un instrumento articulador de los lineamientos que llevarán a cabo los organismos públicos competentes de cada uno de los sectores pasibles de ser afectados”.
“La implementación del plan intentará dar respuesta a una necesidad que resulta impostergable, de acuerdo a las últimas evidencias científicas sobre los cambios climáticos que se proyectan para el siglo XXI, y como provincia debemos prepararnos anticipadamente”, concluyó el funcionario.
Durante el encuentro, realizado en el Centro Cívico de la Región 3, también se elaboraron los documentos de Facilitadores Ambientales que serán abordados en la próxima sesión del Consejo Provincial de Medio Ambiente.
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Fecha de Publicación: 10/05/2017
Fuente: La Opinión
Provincia/Región: Santa Fe
En la primera reunión de la Red de Responsables y Facilitadores Ambientales, se brindaron detalles de la iniciativa que pretende dar respuestas a la realidad climática.
Con tormentas cada vez más violentas y lluvias abundantes que desbordan los sistemas de desagües de ciudades y colapsan los canales y arroyos en las áreas rurales, la Provincia de Santa Fe está obligada a encarar esta problemática para amortiguar su impacto. Y en la columna de propuestas avanza la creación de un Plan Provincial de Cambio Climático.
El ministro de Medio Ambiente de la provincia, Jacinto Speranza, participó el pasado martes en la ciudad de Recreo, de una charla informativa sobre Cambio Climático, en el marco de la primera reunión de la Red de Responsables y Facilitadores Ambientales.
Durante la actividad, el director provincial de Cambio Climático, Eduardo Roude, brindó detalles de los lineamientos del Plan Provincial de Cambio Climático que tiene en elaboración la cartera ambiental santafesina. “El plan tendrá como objetivo dar respuestas a la realidad climática que impone nuevas condiciones para el desarrollo de la mayor parte de las actividades sociales y productivas que se realizan en la provincia”, explicó el funcionario.
“El objetivo es lograr un marco de referencia para las actividades, la identificación de vulnerabilidades y la adaptación para la reducción de impactos y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs)”, amplió el director. En ese sentido, señaló que “debemos lograr un instrumento articulador de los lineamientos que llevarán a cabo los organismos públicos competentes de cada uno de los sectores pasibles de ser afectados”.
“La implementación del plan intentará dar respuesta a una necesidad que resulta impostergable, de acuerdo a las últimas evidencias científicas sobre los cambios climáticos que se proyectan para el siglo XXI, y como provincia debemos prepararnos anticipadamente”, concluyó el funcionario.
Durante el encuentro, realizado en el Centro Cívico de la Región 3, también se elaboraron los documentos de Facilitadores Ambientales que serán abordados en la próxima sesión del Consejo Provincial de Medio Ambiente.
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Ocho medidas para prevenir las inundaciones
Inundaciones: las ocho medidas para prevenirlas a largo plazo
Fecha de Publicación: 09/05/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los especialistas coinciden en las acciones que deberían ponerse en marcha y en la necesidad de darle al ambiente un peso significativo a la hora de pensar políticas
Semanas después de las inundaciones que azotaron a gran parte del país, dejando miles de evacuados y pérdidas millonarias, la pregunta en boca de todos es la misma: ¿qué medidas tomar para prevenir que estas catástrofes vuelvan a ocurrir?
Consultados por LA NACION, especialistas en medio ambiente del Gobierno y de organizaciones sociales coinciden en los puntos clave para reducir el impacto de las intensas lluvias a largo plazo. Subrayan que las políticas que deberían aplicarse -desde la necesidad de establecer un plan de ordenamiento territorial hasta la de diversificar la matriz energética- implican una tarea articulada de las diferentes carteras del Estado, pero también de la sociedad civil y de actores económicos como el campo y las empresas.
En este sentido, otorgarle al factor ambiental un peso significativo a la hora de establecer políticas públicas resulta prioritario.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explica que hace falta tener una visión "ecosistémica" para entender los múltiples factores que provocan las inundaciones.
"No se puede tocar un elemento de la naturaleza sin desacomodar los demás: las consecuencias muchas veces no se muestran inmediatamente, sino con situaciones catastróficas", cuenta. "Es necesario que el ambiente sea considerado como una variable importante a la hora de definir las políticas públicas, como la económica o la social."
Fernando Miñarro, director de conservación de Vida Silvestre, afirma que, aunque existe una mayor conciencia ambiental en todos los niveles de la sociedad y sectores políticos, todavía hay un largo camino por recorrer. "Que el Gobierno haya tomado la decisión de elevar el rango de secretaría a Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable es una muy buena noticia, porque lo pone en un mismo rango de discusión frente otros como el de Agroindustria o Energía y Minería, por ejemplo. Pero eso en la práctica no ocurre: por ahora, en la discusión siguen ganando estos dos últimos."
Para él, hacer un uso sustentable de los recursos significa apostar a un mayor bienestar humano por la cantidad de servicios que una naturaleza en buen estado de conservación le brinda a la sociedad, como reducir el impacto de las lluvias. Y dice: "Cuando hablamos de conservar un bosque o un humedal, estamos hablando también de reducir las pérdidas humanas y económicas que provocan las inundaciones".
De quién es la culpa
Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, agrega: "Se le echa la culpa de las inundaciones al cambio climático y a países como Estados Unidos, ¿pero qué estamos haciendo nosotros? La Argentina está en el puesto 25 entre los países que emiten más gases de efecto invernadero, lo que se vincula con nuestra forma de producir energía, con la deforestación y el modelo de agricultura y ganadería. No podemos decir que no tenemos ninguna responsabilidad".
Por su parte, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, también opina que "todavía es un asunto pendiente en la Argentina que los temas ambientales sean considerados como una pata más para un desarrollo sustentable". Sostiene que, normalmente, en el sector privado como en el público se prioriza la cuestión económica.
Anticiparse a las catástrofes. Prevenir. Ése es otro de los nodos de la cuestión. "Los ecologistas planteamos el principio precautorio como una de las claves. Debemos ser más prudentes a la hora de la planificación urbana", asegura Giardini.
Ordenamiento territorial: planificar el uso del suelo en todo el país
El ordenamiento territorial establece los usos que se le darán al suelo: por ejemplo, dónde podrán establecerse las ciudades o desarrollarse la agricultura y la ganadería, y en qué lugares se pondrá el foco para la conservación de recursos naturales que brindan servicios ambientales fundamentales. Los especialistas coinciden en que establecer un ordenamiento a nivel nacional es la principal medida -y que de alguna manera engloba a las demás- que debería implementarse para prevenir las inundaciones.
Nápoli subraya: "Es necesario sancionar una ley de ordenamiento territorial nacional y una de evaluación de impacto ambiental [la Argentina es el único país de América latina que no la tiene a nivel país], que unifiquen los criterios para la autorización de actividades como grandes obras en cada provincia, que pueden impactar negativamente en el ambiente".
En este sentido, Miñarro opina que la falta de decisiones sobre cómo planificar el uso del territorio lleva a que sea utilizado de manera desordenada, con modelos productivos agropecuarios que están más regidos por el mercado que por el verdadero potencial o el correcto uso del suelo. "Ahí aparece el link con las inundaciones", dice.
Giardini agrega: "La planificación de las ciudades es clave para no destruir ecosistemas frágiles que nos protegen de altas precipitaciones: a más cemento, menos posibilidades de absorción".
Humedales: sancionar una normativa que proteja estos ecosistemas
Al igual que los bosques, los humedales funcionan como "esponjas naturales", brindando servicios ambientales clave, por ejemplo, a la hora de prevenir inundaciones. Por eso, los especialistas subrayan la importancia de sancionar, cuanto antes, una ley que los proteja.
Al poco tiempo de asumir, el presidente Mauricio Macri anunció la necesidad de sancionar una ley de humedales. "Hay un proyecto que obtuvo media sanción en el Congreso, pero le costó mucho avanzar por la presión del sector inmobiliario y agroindustrial, ante la ambiciosa búsqueda de expandir sus negocios en los espacios actualmente cubiertos por estos delicados ecosistemas", dice Nápoli.
Explica que los humedales brindan muchos servicios ecosistémicos, entre ellos, absorben y retienen el agua, y regulan el ciclo hidrológico. Agrega que hay un 20% del territorio argentino que forma parte de humedales.
Miñarro señala que cuando el suelo donde se encuentran se ve modificado, el agua antes absorbida por estas ecorregiones sigue su curso e inunda otros sectores.
Las fuentes consultadas remarcan la necesidad urgente de inventariar todos los humedales que existen (desde el Ministerio de Ambiente aseguran que ya se encuentran trabajando en esto), y a partir de ahí establecer las medidas de protección y evitar que se establezcan sobre ellos actividades que los hagan desaparecer.
Bosques: garantizar que se cumpla la ley y penalizar el desmonte
Los referentes de las organizaciones sociales afirman que, en la práctica, la ley de bosques no se aplica, y que los mismos se encuentran amenazados por el avance de la frontera agropecuaria y los desarrollos inmobiliarios.
Desde Greenpeace advierten que los datos oficiales estiman que desde la sanción de la ley, en 2007, se desmontaron 2.403.240 hectáreas en el país, y que durante el año pasado el 42% de la deforestación se realizó donde la normativa no lo permite. Agregan que un reciente informe de la FAO ubicó a la Argentina entre los diez países que más desmontaron durante los últimos 25 años: se perdieron 7,6 millones de hectáreas (una superficie similar a la provincia de Entre Ríos), unas 300.000 al año.
"Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una con soja. Más desmontes es sinónimo de más inundaciones", subraya Giardini.
A la necesidad de un estricto cumplimiento de la ley vigente, desde Greenpeace agregan la de sancionar una nueva normativa que penalice los desmontes ilegales e incendios intencionales. "Hoy por violar el bosque se paga una multa irrisoria. Estamos impulsando una ley de delitos forestales para que sea considerado un delito penal", explica Giardini.
Respetar el presupuesto que la ley otorga para la protección de los bosques, es otra de las cuentas pendientes. Nápoli advierte: "Es sistemáticamente desfinanciada".
Reforestar: recuperar las especies nativas que se perdieron
Reforestar las especies nativas es el camino para recuperar aquellos ecosistemas que ya se perdieron a causa de la deforestación y el mal uso del suelo.
Los especialistas explican que al perder los bosques, las napas freáticas (el agua subterránea) comienzan a estar más cerca de la superficie, se disminuye la absorción, aumentan los riesgos de inundaciones y, una vez que se producen, el agua permanece allí más tiempo.
Miñarro afirma que recomponer el bosque que se taló (así también como el pastizal que se aró y el humedal que se contaminó o desagotó) resulta prioritario. Y ejemplifica con el caso de Córdoba, una de las provincias donde la situación es especialmente alarmante: durante el último siglo, perdió más del 95% de sus bosques nativos.
Según el especialista, por esa razón, en los últimos años las lluvias han tenido un impacto fortísimo en las ciudades de las sierras cordobesas. "Hay muchas cuencas asociadas a bosques que hay que empezar a reforestar, para volver a tener el servicio de mitigación de las grandes lluvias y controlar todo ese volumen de agua que hoy afecta rápidamente a esas localidades", dice.
Y agrega: "Cuando un country o una ciudad se inunda, se le echa la culpa al cambio climático, pero también hay que considerar que fue el hombre el que eligió mal el lugar donde llevar adelante esa obra de construcción".
Diversificar los cultivos: incentivar una agricultura responsable
El desarrollo de un modelo productivo basado en el monocultivo, que cambió de manera significativa el uso del suelo y arrasó con el bosque nativo, es otro de los puntos que más preocupación generan. "Dicho modelo empuja la frontera agropecuaria generando presión sobre los ecosistemas que funcionan como mecanismos naturales de absorción y escurrimiento de las aguas", dice Nápoli.
Como él, los especialistas remarcan la necesidad de unificar y respetar las normas que limitan la aplicación de agroquímicos, y de diversificar los cultivos.
Explican que la tendencia al monocultivo modifica el uso del suelo, disminuyendo la cobertura vegetal y su capacidad de absorción de agua (el consumo de agua de los cultivos anuales como la soja es alrededor de un tercio menor que el de pasturas perennes y pastizales).
Generar estímulos o penalizaciones (aumentando o bajando impuestos, por ejemplo) para que el productor reciba una orientación de cómo usar su tierra resulta clave. Miñarro sostiene: "Hay que acompañar el desarrollo agrícola con incentivos a aquellos productores que hagan un mejor uso integral de su campo, con buenas prácticas que permitan compatibilizar la actividad económica con la conservación de los ambientes clave, como es el caso de arroyos, humedales o bosques".
Energías sustentables: pasar de las fósiles a la eólica y solar
Dejar de apostar al uso de las energías fósiles para avanzar hacia el desarrollo de las renovables, como la eólica y la solar, es uno de los desafíos urgentes que plantean los especialistas.
En este sentido, Giardini explica que la principal fuente de emisión de efecto invernadero a nivel global es la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) para la producción de energía. "La Argentina tiene una matriz energética basada en un 90% en dichos combustibles -dice-. Estamos proponiendo el desarrollo de Vaca Muerta en lugar de desarrollar la energía eólica, por ejemplo."
Cómo él, las fuentes consultadas subrayan el "enorme potencial" que tiene el país en la explotación de los vientos, por ejemplo, en la Patagonia. "Hay mitos sobre la energía eólica (que no era competitiva o era cara) que fueron dejándose atrás. Fue de las que más creció en los últimos años a nivel mundial: España y Alemania son sólo algunos de los países que más la aprovecharon", ejemplifica Giardini.
Nápoli coincide en que es necesario diversificar la matriz energética, tendiendo a las renovables y limpias. "Ese es un compromiso que la Argentina debería asumir", dice. Y concluye: "Hoy en el país siguen operando centrales a base de carbón que ya no deberían funcionar más; tampoco las centrales térmicas que producen impacto de efecto invernadero".
Alerta temprana: sumar la voz del sector científico
Otra de las prioridades es incorporar al sector científico a la hora de pensar políticas, para prevenir las catástrofes en un escenario que, por el cambio climático, resulta sumamente impredecible (generándose episodios bastante más severos en un lapso muy corto).
Esto significa, para los especialistas, un cambio de paradigma: tener una mirada multidisciplinaria. "Implica sumar a otra gente como los científicos, que tienen mucho para decir acá y hoy no se les da el lugar que deberían tener: están más para explicar las consecuencias desastrosas de los problemas que para ser escuchados en los procesos de toma de decisiones", asegura Nápoli.
En este sentido, las fuentes consultadas subrayan que, a nivel gubernamental, cuando se implementan medidas, muchas veces no se analizan las consecuencias negativas sobre el medio ambiente, y hacen énfasis en la necesidad de planificar de manera previa.
"Seguimos sin contar con acciones de adaptación al cambio climático ni con sistemas de evaluación de riesgos y alertas que permitan a los gobiernos y comunidades actuar de manera temprana y efectiva ante situaciones de profunda incertidumbre", agrega Nápoli.
Generar estas herramientas para saber qué va a pasar con el clima y cuáles son las tendencias es otro de los puntos que deberían priorizarse en la agenda.
Compromisos internacionales: reforzar las obligaciones asumidas
Austeros. Así definen los referentes en medio ambiente los compromisos internacionales vinculados con el cambio climático que fueron asumidos por la Argentina. Para ellos es necesario reforzar las obligaciones a las que se comprometió el país en el Acuerdo de París de 2015.
En este sentido, Enrique Maurtua Konstantinidis, director de Cambio Climático de FARN, explica que si bien el presidente Mauricio Macri presentó a fines del año pasado una versión actualizada de los compromisos establecidos por el gobierno anterior en París, la misma no es, en esencia, "sustantivamente mejor".
"Desde la sociedad civil hubo más de 200 propuestas para agregarle ambición a esa contribución de la gestión de Macri, pero hasta la fecha no hay novedades", dice Konstantinidis. "La Argentina tiene mucho para dar en cuanto a las políticas necesarias para reducir las emisiones de carbono."
Miñarro coincide: "El cambio climático es una realidad, nos está afectando y no podemos volver atrás, pero sí frenarlo y ahí vienen los compromisos de los países".
Para los especialistas, un concepto fundamental es el de "adaptarse al cambio climático". Según Miñarro implica empezar a entender que la Argentina tiene un clima distinto, que las lluvias tienen otros comportamientos y que hay que adaptar nuestras actividades productivas, por ejemplo, a esa realidad.
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Fecha de Publicación: 09/05/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los especialistas coinciden en las acciones que deberían ponerse en marcha y en la necesidad de darle al ambiente un peso significativo a la hora de pensar políticas
Semanas después de las inundaciones que azotaron a gran parte del país, dejando miles de evacuados y pérdidas millonarias, la pregunta en boca de todos es la misma: ¿qué medidas tomar para prevenir que estas catástrofes vuelvan a ocurrir?
Consultados por LA NACION, especialistas en medio ambiente del Gobierno y de organizaciones sociales coinciden en los puntos clave para reducir el impacto de las intensas lluvias a largo plazo. Subrayan que las políticas que deberían aplicarse -desde la necesidad de establecer un plan de ordenamiento territorial hasta la de diversificar la matriz energética- implican una tarea articulada de las diferentes carteras del Estado, pero también de la sociedad civil y de actores económicos como el campo y las empresas.
En este sentido, otorgarle al factor ambiental un peso significativo a la hora de establecer políticas públicas resulta prioritario.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explica que hace falta tener una visión "ecosistémica" para entender los múltiples factores que provocan las inundaciones.
"No se puede tocar un elemento de la naturaleza sin desacomodar los demás: las consecuencias muchas veces no se muestran inmediatamente, sino con situaciones catastróficas", cuenta. "Es necesario que el ambiente sea considerado como una variable importante a la hora de definir las políticas públicas, como la económica o la social."
Fernando Miñarro, director de conservación de Vida Silvestre, afirma que, aunque existe una mayor conciencia ambiental en todos los niveles de la sociedad y sectores políticos, todavía hay un largo camino por recorrer. "Que el Gobierno haya tomado la decisión de elevar el rango de secretaría a Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable es una muy buena noticia, porque lo pone en un mismo rango de discusión frente otros como el de Agroindustria o Energía y Minería, por ejemplo. Pero eso en la práctica no ocurre: por ahora, en la discusión siguen ganando estos dos últimos."
Para él, hacer un uso sustentable de los recursos significa apostar a un mayor bienestar humano por la cantidad de servicios que una naturaleza en buen estado de conservación le brinda a la sociedad, como reducir el impacto de las lluvias. Y dice: "Cuando hablamos de conservar un bosque o un humedal, estamos hablando también de reducir las pérdidas humanas y económicas que provocan las inundaciones".
De quién es la culpa
Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, agrega: "Se le echa la culpa de las inundaciones al cambio climático y a países como Estados Unidos, ¿pero qué estamos haciendo nosotros? La Argentina está en el puesto 25 entre los países que emiten más gases de efecto invernadero, lo que se vincula con nuestra forma de producir energía, con la deforestación y el modelo de agricultura y ganadería. No podemos decir que no tenemos ninguna responsabilidad".
Por su parte, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, también opina que "todavía es un asunto pendiente en la Argentina que los temas ambientales sean considerados como una pata más para un desarrollo sustentable". Sostiene que, normalmente, en el sector privado como en el público se prioriza la cuestión económica.
Anticiparse a las catástrofes. Prevenir. Ése es otro de los nodos de la cuestión. "Los ecologistas planteamos el principio precautorio como una de las claves. Debemos ser más prudentes a la hora de la planificación urbana", asegura Giardini.
Ordenamiento territorial: planificar el uso del suelo en todo el país
El ordenamiento territorial establece los usos que se le darán al suelo: por ejemplo, dónde podrán establecerse las ciudades o desarrollarse la agricultura y la ganadería, y en qué lugares se pondrá el foco para la conservación de recursos naturales que brindan servicios ambientales fundamentales. Los especialistas coinciden en que establecer un ordenamiento a nivel nacional es la principal medida -y que de alguna manera engloba a las demás- que debería implementarse para prevenir las inundaciones.
Nápoli subraya: "Es necesario sancionar una ley de ordenamiento territorial nacional y una de evaluación de impacto ambiental [la Argentina es el único país de América latina que no la tiene a nivel país], que unifiquen los criterios para la autorización de actividades como grandes obras en cada provincia, que pueden impactar negativamente en el ambiente".
En este sentido, Miñarro opina que la falta de decisiones sobre cómo planificar el uso del territorio lleva a que sea utilizado de manera desordenada, con modelos productivos agropecuarios que están más regidos por el mercado que por el verdadero potencial o el correcto uso del suelo. "Ahí aparece el link con las inundaciones", dice.
Giardini agrega: "La planificación de las ciudades es clave para no destruir ecosistemas frágiles que nos protegen de altas precipitaciones: a más cemento, menos posibilidades de absorción".
Humedales: sancionar una normativa que proteja estos ecosistemas
Al igual que los bosques, los humedales funcionan como "esponjas naturales", brindando servicios ambientales clave, por ejemplo, a la hora de prevenir inundaciones. Por eso, los especialistas subrayan la importancia de sancionar, cuanto antes, una ley que los proteja.
Al poco tiempo de asumir, el presidente Mauricio Macri anunció la necesidad de sancionar una ley de humedales. "Hay un proyecto que obtuvo media sanción en el Congreso, pero le costó mucho avanzar por la presión del sector inmobiliario y agroindustrial, ante la ambiciosa búsqueda de expandir sus negocios en los espacios actualmente cubiertos por estos delicados ecosistemas", dice Nápoli.
Explica que los humedales brindan muchos servicios ecosistémicos, entre ellos, absorben y retienen el agua, y regulan el ciclo hidrológico. Agrega que hay un 20% del territorio argentino que forma parte de humedales.
Miñarro señala que cuando el suelo donde se encuentran se ve modificado, el agua antes absorbida por estas ecorregiones sigue su curso e inunda otros sectores.
Las fuentes consultadas remarcan la necesidad urgente de inventariar todos los humedales que existen (desde el Ministerio de Ambiente aseguran que ya se encuentran trabajando en esto), y a partir de ahí establecer las medidas de protección y evitar que se establezcan sobre ellos actividades que los hagan desaparecer.
Bosques: garantizar que se cumpla la ley y penalizar el desmonte
Los referentes de las organizaciones sociales afirman que, en la práctica, la ley de bosques no se aplica, y que los mismos se encuentran amenazados por el avance de la frontera agropecuaria y los desarrollos inmobiliarios.
Desde Greenpeace advierten que los datos oficiales estiman que desde la sanción de la ley, en 2007, se desmontaron 2.403.240 hectáreas en el país, y que durante el año pasado el 42% de la deforestación se realizó donde la normativa no lo permite. Agregan que un reciente informe de la FAO ubicó a la Argentina entre los diez países que más desmontaron durante los últimos 25 años: se perdieron 7,6 millones de hectáreas (una superficie similar a la provincia de Entre Ríos), unas 300.000 al año.
"Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una con soja. Más desmontes es sinónimo de más inundaciones", subraya Giardini.
A la necesidad de un estricto cumplimiento de la ley vigente, desde Greenpeace agregan la de sancionar una nueva normativa que penalice los desmontes ilegales e incendios intencionales. "Hoy por violar el bosque se paga una multa irrisoria. Estamos impulsando una ley de delitos forestales para que sea considerado un delito penal", explica Giardini.
Respetar el presupuesto que la ley otorga para la protección de los bosques, es otra de las cuentas pendientes. Nápoli advierte: "Es sistemáticamente desfinanciada".
Reforestar: recuperar las especies nativas que se perdieron
Reforestar las especies nativas es el camino para recuperar aquellos ecosistemas que ya se perdieron a causa de la deforestación y el mal uso del suelo.
Los especialistas explican que al perder los bosques, las napas freáticas (el agua subterránea) comienzan a estar más cerca de la superficie, se disminuye la absorción, aumentan los riesgos de inundaciones y, una vez que se producen, el agua permanece allí más tiempo.
Miñarro afirma que recomponer el bosque que se taló (así también como el pastizal que se aró y el humedal que se contaminó o desagotó) resulta prioritario. Y ejemplifica con el caso de Córdoba, una de las provincias donde la situación es especialmente alarmante: durante el último siglo, perdió más del 95% de sus bosques nativos.
Según el especialista, por esa razón, en los últimos años las lluvias han tenido un impacto fortísimo en las ciudades de las sierras cordobesas. "Hay muchas cuencas asociadas a bosques que hay que empezar a reforestar, para volver a tener el servicio de mitigación de las grandes lluvias y controlar todo ese volumen de agua que hoy afecta rápidamente a esas localidades", dice.
Y agrega: "Cuando un country o una ciudad se inunda, se le echa la culpa al cambio climático, pero también hay que considerar que fue el hombre el que eligió mal el lugar donde llevar adelante esa obra de construcción".
Diversificar los cultivos: incentivar una agricultura responsable
El desarrollo de un modelo productivo basado en el monocultivo, que cambió de manera significativa el uso del suelo y arrasó con el bosque nativo, es otro de los puntos que más preocupación generan. "Dicho modelo empuja la frontera agropecuaria generando presión sobre los ecosistemas que funcionan como mecanismos naturales de absorción y escurrimiento de las aguas", dice Nápoli.
Como él, los especialistas remarcan la necesidad de unificar y respetar las normas que limitan la aplicación de agroquímicos, y de diversificar los cultivos.
Explican que la tendencia al monocultivo modifica el uso del suelo, disminuyendo la cobertura vegetal y su capacidad de absorción de agua (el consumo de agua de los cultivos anuales como la soja es alrededor de un tercio menor que el de pasturas perennes y pastizales).
Generar estímulos o penalizaciones (aumentando o bajando impuestos, por ejemplo) para que el productor reciba una orientación de cómo usar su tierra resulta clave. Miñarro sostiene: "Hay que acompañar el desarrollo agrícola con incentivos a aquellos productores que hagan un mejor uso integral de su campo, con buenas prácticas que permitan compatibilizar la actividad económica con la conservación de los ambientes clave, como es el caso de arroyos, humedales o bosques".
Energías sustentables: pasar de las fósiles a la eólica y solar
Dejar de apostar al uso de las energías fósiles para avanzar hacia el desarrollo de las renovables, como la eólica y la solar, es uno de los desafíos urgentes que plantean los especialistas.
En este sentido, Giardini explica que la principal fuente de emisión de efecto invernadero a nivel global es la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) para la producción de energía. "La Argentina tiene una matriz energética basada en un 90% en dichos combustibles -dice-. Estamos proponiendo el desarrollo de Vaca Muerta en lugar de desarrollar la energía eólica, por ejemplo."
Cómo él, las fuentes consultadas subrayan el "enorme potencial" que tiene el país en la explotación de los vientos, por ejemplo, en la Patagonia. "Hay mitos sobre la energía eólica (que no era competitiva o era cara) que fueron dejándose atrás. Fue de las que más creció en los últimos años a nivel mundial: España y Alemania son sólo algunos de los países que más la aprovecharon", ejemplifica Giardini.
Nápoli coincide en que es necesario diversificar la matriz energética, tendiendo a las renovables y limpias. "Ese es un compromiso que la Argentina debería asumir", dice. Y concluye: "Hoy en el país siguen operando centrales a base de carbón que ya no deberían funcionar más; tampoco las centrales térmicas que producen impacto de efecto invernadero".
Alerta temprana: sumar la voz del sector científico
Otra de las prioridades es incorporar al sector científico a la hora de pensar políticas, para prevenir las catástrofes en un escenario que, por el cambio climático, resulta sumamente impredecible (generándose episodios bastante más severos en un lapso muy corto).
Esto significa, para los especialistas, un cambio de paradigma: tener una mirada multidisciplinaria. "Implica sumar a otra gente como los científicos, que tienen mucho para decir acá y hoy no se les da el lugar que deberían tener: están más para explicar las consecuencias desastrosas de los problemas que para ser escuchados en los procesos de toma de decisiones", asegura Nápoli.
En este sentido, las fuentes consultadas subrayan que, a nivel gubernamental, cuando se implementan medidas, muchas veces no se analizan las consecuencias negativas sobre el medio ambiente, y hacen énfasis en la necesidad de planificar de manera previa.
"Seguimos sin contar con acciones de adaptación al cambio climático ni con sistemas de evaluación de riesgos y alertas que permitan a los gobiernos y comunidades actuar de manera temprana y efectiva ante situaciones de profunda incertidumbre", agrega Nápoli.
Generar estas herramientas para saber qué va a pasar con el clima y cuáles son las tendencias es otro de los puntos que deberían priorizarse en la agenda.
Compromisos internacionales: reforzar las obligaciones asumidas
Austeros. Así definen los referentes en medio ambiente los compromisos internacionales vinculados con el cambio climático que fueron asumidos por la Argentina. Para ellos es necesario reforzar las obligaciones a las que se comprometió el país en el Acuerdo de París de 2015.
En este sentido, Enrique Maurtua Konstantinidis, director de Cambio Climático de FARN, explica que si bien el presidente Mauricio Macri presentó a fines del año pasado una versión actualizada de los compromisos establecidos por el gobierno anterior en París, la misma no es, en esencia, "sustantivamente mejor".
"Desde la sociedad civil hubo más de 200 propuestas para agregarle ambición a esa contribución de la gestión de Macri, pero hasta la fecha no hay novedades", dice Konstantinidis. "La Argentina tiene mucho para dar en cuanto a las políticas necesarias para reducir las emisiones de carbono."
Miñarro coincide: "El cambio climático es una realidad, nos está afectando y no podemos volver atrás, pero sí frenarlo y ahí vienen los compromisos de los países".
Para los especialistas, un concepto fundamental es el de "adaptarse al cambio climático". Según Miñarro implica empezar a entender que la Argentina tiene un clima distinto, que las lluvias tienen otros comportamientos y que hay que adaptar nuestras actividades productivas, por ejemplo, a esa realidad.
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La Nuclear de Embalse vuelve a la marcha en un año
En un año, la Nuclear de Embalse vuelve a la marcha
Fecha de Publicación: 09/05/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En el primer semestre de 2018: ese fue el plazo que se anunció ayer para la puesta en marcha de la Central Nuclear de Embalse, luego de una parada iniciada en diciembre de 2015 y que demandará dos años y medio para ejecutar las obras de recambio de equipos que permitirán extender su vida útil por otros 30 años.
En alrededor de un año, la planta sería puesta en marcha. Para que entre en régimen pleno de generación, necesitará unos seis meses más (hacia fines de 2018).
Con su reincorporación al sistema, Argentina generaría a fines del año próximo con energía nuclear el 6,5 por ciento de la demanda nacional. Hacia 2025, el propósito es llegar al nueve por ciento, con la suma de dos usinas más para cuya construcción el Gobierno nacional firmará, en apenas 10 días, los contratos con su par de China.
Alta inversión
Ayer, la firma Nucleoeléctrica SA, empresa estatal que opera las tres centrales nucleares argentinas, abrió las puertas de la usina de Embalse a un grupo de medios, para recorrer las obras de reconversión en marcha.
Cuando la administración nacional anterior inició el proyecto, se informó una inversión total estimada de 1.700 millones de dólares. Ahora, Rubén Semoloni, presidente de Nucleoeléctrica, actualizó esa cifra a algo más de 2.100 millones de dólares.
Julián Gadano, subsecretario de Energía Nuclear del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, justificó que el “reciclado” de Embalse representa un costo tres veces menor y un plazo tres veces más corto que el de construir una usina nueva de similar potencia. Semoloni lo tradujo en cifras: la reconversión de Embalse costará 2.100 millones de dólares y demandará unos tres años, frente a los seis años y seis mil millones de dólares que implicará Atucha 3, la cuarta usina atómica que el Gobierno nacional estima empezar a construir entre fines de 2017 y comienzos de 2018.
Más allá de diferencias metodológicas y operativas, el plan nuclear planteado por la administración de Macri sostiene los objetivos fijados en este rubro por el anterior gobierno nacional.
Segunda vida
La central instalada en Calamuchita, que aprovecha las aguas del mayor embalse cordobés, comenzó a construirse en 1974 y fue culminada 10 años después. En 2015 se inició el diseño para extender su vida útil, ante la inminencia de su salida de servicio por envejecimiento de sus componentes críticos. Las obras para ese proceso se iniciaron hacia 2011, mientras la parada, primero programada para 2013, se fue postergando hasta el fin de 2015.
La audiencia ambiental que debatió el proyecto se realizó recién en julio de 2016, cuando las obras ya estaban en marcha, aunque sin incursionar hasta entonces dentro del reactor.
Semoloni explicó que actualmente se trabaja en el recambio de los elementos críticos: los cuatro generadores de vapor y los 380 tubos de combustible, que se alimentan a uranio. También –indicó– habrá cambios de turbinas, de equipamientos de seguridad y otros componentes.
La remoción de los 380 viejos tubos fue el trabajo más complejo, en cuanto a riesgo radiológico, admitió Semoloni. “Esa tarea ya fue culminada y el material quedó confinado en un silo especialmente construido con ese fin”, marcó. Ese silo comparte espacios con muchos otros, menores en tamaño, que dentro del mismo predio contienen los residuos que acumuló la usina durante 31 años de generación.
Impacto en la zona
Desde hace meses, el frente de la Central –sobre la ruta entre Embalse y La Cruz– luce “inundado” de automóviles y colectivos. La playa de estacionamiento no da abasto para el movimiento de personal que requiere la obra de extensión de vida útil. Ahora, en su pico, ocupa a casi cuatro mil personas (la mayoría de empresas contratistas), incluidas varias decenas de técnicos extranjeros.
Directivos de la planta estiman que una vez que culminen las actuales obras, el personal estable rondará los 800, algo más de los casi 600 que contaba antes del proceso de reconversión.
Dos más, vía China
Gadano confirmó en Embalse los planes del Gobierno nacional en materia de energía nuclear: señaló que este mes se firmarán los contratos por los que China financiará gran parte de la construcción de dos nuevas centrales. “La cuarta estará también en Atucha y la quinta es casi seguro que no, pero no está definido el lugar hasta ahora”, dijo. Entre ambas, la inversión rondaría los 14 mil millones de dólares.
Esos contratos habían sido gestionados por el anterior gobierno nacional y, tras una renegociación, sostenidos por el actual.
Según Gadano, otros objetivos están vinculados a la fabricación de pequeños reactores para exportación y a sumar productos de utilidad para la medicina nuclear.
“Con lo nuclear, se trata de administrar riesgos”
Lo dijo Julián Gadano, secretario de Energía Nuclear de la Nación.
Marcó que toda generación de energía implica riesgos y que en el caso de la nuclear se centra en la confinación segura de los residuos radioactivos y en evitar accidentes.
A la vez, contrapuso que, salvadas esas dos cuestiones, esta energía es de bajo impacto ambiental y de nula afectación para el cambio climático. También insistió en que el país debe “diversificar su matriz energética, variando fuentes”.
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Fecha de Publicación: 09/05/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En el primer semestre de 2018: ese fue el plazo que se anunció ayer para la puesta en marcha de la Central Nuclear de Embalse, luego de una parada iniciada en diciembre de 2015 y que demandará dos años y medio para ejecutar las obras de recambio de equipos que permitirán extender su vida útil por otros 30 años.
En alrededor de un año, la planta sería puesta en marcha. Para que entre en régimen pleno de generación, necesitará unos seis meses más (hacia fines de 2018).
Con su reincorporación al sistema, Argentina generaría a fines del año próximo con energía nuclear el 6,5 por ciento de la demanda nacional. Hacia 2025, el propósito es llegar al nueve por ciento, con la suma de dos usinas más para cuya construcción el Gobierno nacional firmará, en apenas 10 días, los contratos con su par de China.
Alta inversión
Ayer, la firma Nucleoeléctrica SA, empresa estatal que opera las tres centrales nucleares argentinas, abrió las puertas de la usina de Embalse a un grupo de medios, para recorrer las obras de reconversión en marcha.
Cuando la administración nacional anterior inició el proyecto, se informó una inversión total estimada de 1.700 millones de dólares. Ahora, Rubén Semoloni, presidente de Nucleoeléctrica, actualizó esa cifra a algo más de 2.100 millones de dólares.
Julián Gadano, subsecretario de Energía Nuclear del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, justificó que el “reciclado” de Embalse representa un costo tres veces menor y un plazo tres veces más corto que el de construir una usina nueva de similar potencia. Semoloni lo tradujo en cifras: la reconversión de Embalse costará 2.100 millones de dólares y demandará unos tres años, frente a los seis años y seis mil millones de dólares que implicará Atucha 3, la cuarta usina atómica que el Gobierno nacional estima empezar a construir entre fines de 2017 y comienzos de 2018.
Más allá de diferencias metodológicas y operativas, el plan nuclear planteado por la administración de Macri sostiene los objetivos fijados en este rubro por el anterior gobierno nacional.
Segunda vida
La central instalada en Calamuchita, que aprovecha las aguas del mayor embalse cordobés, comenzó a construirse en 1974 y fue culminada 10 años después. En 2015 se inició el diseño para extender su vida útil, ante la inminencia de su salida de servicio por envejecimiento de sus componentes críticos. Las obras para ese proceso se iniciaron hacia 2011, mientras la parada, primero programada para 2013, se fue postergando hasta el fin de 2015.
La audiencia ambiental que debatió el proyecto se realizó recién en julio de 2016, cuando las obras ya estaban en marcha, aunque sin incursionar hasta entonces dentro del reactor.
Semoloni explicó que actualmente se trabaja en el recambio de los elementos críticos: los cuatro generadores de vapor y los 380 tubos de combustible, que se alimentan a uranio. También –indicó– habrá cambios de turbinas, de equipamientos de seguridad y otros componentes.
La remoción de los 380 viejos tubos fue el trabajo más complejo, en cuanto a riesgo radiológico, admitió Semoloni. “Esa tarea ya fue culminada y el material quedó confinado en un silo especialmente construido con ese fin”, marcó. Ese silo comparte espacios con muchos otros, menores en tamaño, que dentro del mismo predio contienen los residuos que acumuló la usina durante 31 años de generación.
Impacto en la zona
Desde hace meses, el frente de la Central –sobre la ruta entre Embalse y La Cruz– luce “inundado” de automóviles y colectivos. La playa de estacionamiento no da abasto para el movimiento de personal que requiere la obra de extensión de vida útil. Ahora, en su pico, ocupa a casi cuatro mil personas (la mayoría de empresas contratistas), incluidas varias decenas de técnicos extranjeros.
Directivos de la planta estiman que una vez que culminen las actuales obras, el personal estable rondará los 800, algo más de los casi 600 que contaba antes del proceso de reconversión.
Dos más, vía China
Gadano confirmó en Embalse los planes del Gobierno nacional en materia de energía nuclear: señaló que este mes se firmarán los contratos por los que China financiará gran parte de la construcción de dos nuevas centrales. “La cuarta estará también en Atucha y la quinta es casi seguro que no, pero no está definido el lugar hasta ahora”, dijo. Entre ambas, la inversión rondaría los 14 mil millones de dólares.
Esos contratos habían sido gestionados por el anterior gobierno nacional y, tras una renegociación, sostenidos por el actual.
Según Gadano, otros objetivos están vinculados a la fabricación de pequeños reactores para exportación y a sumar productos de utilidad para la medicina nuclear.
“Con lo nuclear, se trata de administrar riesgos”
Lo dijo Julián Gadano, secretario de Energía Nuclear de la Nación.
Marcó que toda generación de energía implica riesgos y que en el caso de la nuclear se centra en la confinación segura de los residuos radioactivos y en evitar accidentes.
A la vez, contrapuso que, salvadas esas dos cuestiones, esta energía es de bajo impacto ambiental y de nula afectación para el cambio climático. También insistió en que el país debe “diversificar su matriz energética, variando fuentes”.
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La Argentina sigue en el top de los transgénicos
La Argentina continúa en el podio de los países con más cultivos transgénicos: casi 24 millones de hectáreas
Fecha de Publicación: 09/05/2017
Fuente: Terra
Provincia/Región: Nacional
La Argentina continúa en el tercer lugar en el mundo en cultivos transgénicos con casi 24 millones de hectáreas de siembra, detrás de Estados Unidos y Brasil.
En lo que hace a la biotecnología agrícola, los cultivos transgénicos o genéticamente modificados alcanzaron las 185,1 millones de hectáreas en 2016 a nivel global.
El Servicio Internacional de Adquisición de Aplicaciones de Agrobiotecnología (ISAAA por su sigla en inglés) dio a conocer transgénicos/genéticamente modificados (GM) comercializados en 2016.
En el reporte muestra que la adopción de cultivos GM aumentó unas 110 veces a nivel global en tan sólo 21 años de comercialización, desde las primeras 1,7 millones de hectáreas en 1996 a las 185,1 millones de hectáreas en 2016.
"Los cultivos transgénicos se han convertido en un recurso indispensable para los agricultores de todo el mundo debido a la gran cantidad de beneficios que ofrecen por su mejor productividad y rentabilidad, así como también por el menor esfuerzo que requieren", afirmó Paul Teng, presidente del directorio de ISAAA.
Al examinar otros beneficios de la biotecnología, los informes de ISAAA muestran que la adopción de los cultivos GM redujo las emisiones de CO2 y, que en años recientes la reducción fue equivalente a eliminar aproximadamente 12 millones de automóviles por año de las calles.
"La biotecnología es una de las herramientas necesarias para ayudar a los agricultores a cultivar más alimentos en menos tierra. Sin embargo, las promesas de los cultivos transgénicos sólo pueden convertirse en realidad si los agricultores pueden usarlos y esto depende de que se hagan las pruebas científicas necesarias para otorgar las autorizaciones regulatorias", manifestó el coordinador global de ISAAA, Randy Hautea.
Por ejemplo, se están comenzando a ver avances en los países africanos, como Sudáfrica y Sudán, donde la adopción va en aumento.
El análisis de ISAAA señala además los adelantos que se han producido en el terreno de las frutas y hortalizas, con beneficios directos para los consumidores.
Un total de 26 países, entre los cuales se encuentran 19 en desarrollo y 7 países industrializados, cultivaron transgénicos en 2016.
Los países en desarrollo fueron responsables del 54 % de los cultivos GM mientras que los industrializados representaron el 46 por ciento.
Diez naciones en América Latina cultivaron un total de 80 millones de hectáreas de cultivos transgénicos.
En 2016, los principales países con cultivos GM continuaron siendo Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá e India; combinados representaron el 91 % de la superficie mundial con cultivos GM.
Mientras que en la Argentina, como en los años anteriores, se sembró casi la totalidad de la superficie de maíz, algodón y soja con variedades o híbridos GM.
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Fecha de Publicación: 09/05/2017
Fuente: Terra
Provincia/Región: Nacional
La Argentina continúa en el tercer lugar en el mundo en cultivos transgénicos con casi 24 millones de hectáreas de siembra, detrás de Estados Unidos y Brasil.
En lo que hace a la biotecnología agrícola, los cultivos transgénicos o genéticamente modificados alcanzaron las 185,1 millones de hectáreas en 2016 a nivel global.
El Servicio Internacional de Adquisición de Aplicaciones de Agrobiotecnología (ISAAA por su sigla en inglés) dio a conocer transgénicos/genéticamente modificados (GM) comercializados en 2016.
En el reporte muestra que la adopción de cultivos GM aumentó unas 110 veces a nivel global en tan sólo 21 años de comercialización, desde las primeras 1,7 millones de hectáreas en 1996 a las 185,1 millones de hectáreas en 2016.
"Los cultivos transgénicos se han convertido en un recurso indispensable para los agricultores de todo el mundo debido a la gran cantidad de beneficios que ofrecen por su mejor productividad y rentabilidad, así como también por el menor esfuerzo que requieren", afirmó Paul Teng, presidente del directorio de ISAAA.
Al examinar otros beneficios de la biotecnología, los informes de ISAAA muestran que la adopción de los cultivos GM redujo las emisiones de CO2 y, que en años recientes la reducción fue equivalente a eliminar aproximadamente 12 millones de automóviles por año de las calles.
"La biotecnología es una de las herramientas necesarias para ayudar a los agricultores a cultivar más alimentos en menos tierra. Sin embargo, las promesas de los cultivos transgénicos sólo pueden convertirse en realidad si los agricultores pueden usarlos y esto depende de que se hagan las pruebas científicas necesarias para otorgar las autorizaciones regulatorias", manifestó el coordinador global de ISAAA, Randy Hautea.
Por ejemplo, se están comenzando a ver avances en los países africanos, como Sudáfrica y Sudán, donde la adopción va en aumento.
El análisis de ISAAA señala además los adelantos que se han producido en el terreno de las frutas y hortalizas, con beneficios directos para los consumidores.
Un total de 26 países, entre los cuales se encuentran 19 en desarrollo y 7 países industrializados, cultivaron transgénicos en 2016.
Los países en desarrollo fueron responsables del 54 % de los cultivos GM mientras que los industrializados representaron el 46 por ciento.
Diez naciones en América Latina cultivaron un total de 80 millones de hectáreas de cultivos transgénicos.
En 2016, los principales países con cultivos GM continuaron siendo Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá e India; combinados representaron el 91 % de la superficie mundial con cultivos GM.
Mientras que en la Argentina, como en los años anteriores, se sembró casi la totalidad de la superficie de maíz, algodón y soja con variedades o híbridos GM.
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Claroscuros de la industria petrolera en Argentina
Argentina y los claroscuros de su gran ilusión petrolera
Fecha de Publicación: 08/05/2017
Fuente: IPS
Provincia/Región: Nacional
Desde que un informe de la estadounidense Administración de Información Energética (EIA, en inglés) estableció en 2011 que Argentina es una potencia mundial en reservas de hidrocarburos de esquisto, la ilusión de un cambio en el destino económico sobrevuela en la mente de muchos habitantes de este país, donde casi un tercio de la población vive en pobreza.
La pregunta que flota en el aire es si es realmente posible que Argentina se convierta en la Arabia Saudita de América del Sur o si todo, en cambio, no es más que una fantasía.
A seis años de la publicación de aquel informe, y aunque Argentina sigue siendo, como entonces, un importador neto de petróleo y gas natural, la esperanza parece intacta para el presidente centroderechista Mauricio Macri.
El mandatario visitó Estados Unidos entre el 25 y 27 de abril e hizo una escala en Houston, considerada la capital petrolera global. Allí pidió a los ejecutivos de las principales compañías energéticas mundiales que realicen las multimillonarias inversiones que el país necesita para explotar sus reservas.
“Argentina está entre los países con mayor potencialidad del planeta. Queremos que las mejores empresas vengan a asociarse”, planteó Macri el 26 de abril a los ejecutivos petroleros durante un almuerzo allí, antes de volar a Washington, donde al día siguiente se entrevistó con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca.
“La demora para explotar los hidrocarburos no convencionales en la Argentina son las naturales del proceso desde el punto de vista técnico. La industria del petróleo y el gas se maneja en el largo plazo”, dijo Martín Kaindl, directivo del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, un centro de estudios vinculado a las empresas del sector.
“Tenemos que hacer las cosas bien para que esta oportunidad se convierta en riqueza para la Argentina”, planteó en diálogo con IPS.
Hasta ahora, sin embargo, lo que parece haber crecido más que las inversiones es el movimiento social que se opone al sistema de fractura hidráulica, utilizado para recuperar el petróleo y el gas de esquisto, por sus consecuencias ambientales.
Los hidrocarburos de esquisto se encuentran a gran profundidad entre rocas, que hay que romper mediante la técnica de la fractura hidráulica, con el bombeo a enorme presión de grandes cantidades de agua, químicos y arena.
Un procedimiento, conocido también por “fracking”, su nombre en inglés, que tiene efectos ambientales y socioeconómicos en su entorno, según expertos citados por el movimiento ambiental contrario a la técnica.
Los opositores al fracking tuvieron su mayor éxito hasta ahora el 25 de abril, cuando el parlamento de la provincia de Entre Ríos, en el centro-este del país, prohibió la extracción de hidrocarburos con el sistema de la fractura hidráulica y otros métodos no convencionales.
Se trata de la primera provincia del país en tomar una decisión así, que fue precedida por normas locales de decenas de municipalidades. Entre Ríos no tiene tradición petrolera pero figuraría en los planes de exploración a largo plazo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), de mayoría estatal.
“Entre Ríos es una provincia que vive fundamentalmente de la actividad agropecuaria y del turismo, en la que existe una tradición de lucha y compromiso ambiental”, dijo a IPS el sociólogo Juan Pablo Olsson, quien forma parte del movimiento Argentina sin Fracking.
“No hay que olvidarse que hace pocos años, llegó a haber 100.000 personas en el puente internacional protestando contra las plantas de celulosa”, agregó, en referencia al conflicto que se vivió entre 2005 y 2010 con Uruguay, por la construcción de las dos fábricas, debido al impacto ambiental sobre las riberas del río que separa a Entre Ríos del país vecino.
De acuerdo a datos actualizados de la EIA, Argentina tiene reservas recuperables de esquisto de 802 billones (millones de millones) de pies cúbicos de gas y de 27.000 millones de barriles (de 159 litros) de petróleo. Solo lo superan China en el primer rubro y Estados Unidos, Rusia y otra vez China, en el segundo.
De las reservas de esos hidrocarburos, 38 por ciento del gas y 60 por ciento del petróleo están concentradas en la formación geológica de Vaca Muerta, donde la explotación comercial comenzó en 2013, en el yacimiento de Loma Campana, que desarrollan YPF y la estadounidense Chevron en la provincia de Neuquén.
Es un yacimiento de unos 30.000 kilómetros cuadrados ubicado en la llamada Cuenca Neuquina (tradicionalmente, la principal zona petrolera argentina) que se extiende por cuatro provincias (Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa) en el suroeste del país.
El extraordinario potencial de Vaca Muerta es uno de los pocos temas en los que han concordado el actual presidente y su antecesora, la centroizquierdista Cristina Fernández (2007-2015), quienes jamás se refirieron a los cuestionamientos ambientales al método extractivo.
La anterior mandataria no ocultaba su entusiasmo cada vez que hablaba del yacimiento, al que en 2013 propuso llamar “Vaca Viva”, ya que ahora “le extraemos petróleo”.
Macri, por su lado, dijo que Vaca Muerta “cambia el futuro de la energía en nuestro país” ya que tiene recursos “abundantes, baratos y exportables”.
Fue en enero, cuando anunció la firma de un acuerdo con sindicatos del sector que permitirá reducir hasta en 40 por ciento los costos laborales de la actividad, para alentar la llegada de inversiones.
Más tarde, el presidente fijó por decreto un precio mínimo, superior al del mercado, para el gas de esquisto, reforzando la estrategia iniciada por su predecesora de mantener los valores internos de los hidrocarburos en niveles que permitan el desarrollo de los yacimientos convencionales.
Además, durante su estancia en Washington anunció una reducción de 35 a siete por ciento de los aranceles de importación para la maquinaria usada de extracción, que favorecerá la llegada al país de equipos que cayeron en desuso en la cuenca Eagle Ford, que comparten Estados Unidos y México, ante la caída de los precios internacionales.
El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, quien acompañó a Macri a Houston, dijo que actualmente se invierten en Vaca Muerta entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales, pero que el objetivo del gobierno es llegar a los 20.000 millones en 2019.
“Hoy en la Argentina hay más de 1.500 pozos en explotación con el sistema de fractura hidráulica en explotación, no solo en Vaca Muerta sino en otros yacimientos de la zona. En los próximos años esto podría multiplicarse”, dijo a IPS el experto Diego de Rissio.
“Pero nosotros creemos que se deben debatir las consecuencias ambientales y también sociales, ya que se trata una región agrícola, de producción de frutas”, explicó el investigador del Observatorio Petrolero Sur, una organización que reúne a profesionales de distintas disciplinas interesados en la cuestión energética.
Una de las localidades dedicadas a la producción de frutas cercana a Vaca Muerta donde se está extrayendo petróleo de esquisto es Allen, en la provincia de Río Negro.
Juan Ponce, productor de dulces en Allen, dijo a IPS: “La producción petrolera avasalló a las chacras (fincas) productoras de frutas. Había 35 galpones de almacenamiento de frutas y ahora quedan solo cinco”.
Además, relató por teléfono desde el lugar, “la mayor parte de la gente compra hoy agua embotellada, porque nuestra agua ya no se puede tomar, a pesar de que acá tenemos el río más largo de la Patagonia, que es el río Negro”.
“La mejor prueba de la contaminación que está generando la extracción de petróleo y gas es que los dueños de las chacras de los alrededores están recibiendo subsidios de las compañías, porque ya no pueden producir frutas de buena calidad”, agregó.
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Fecha de Publicación: 08/05/2017
Fuente: IPS
Provincia/Región: Nacional
Desde que un informe de la estadounidense Administración de Información Energética (EIA, en inglés) estableció en 2011 que Argentina es una potencia mundial en reservas de hidrocarburos de esquisto, la ilusión de un cambio en el destino económico sobrevuela en la mente de muchos habitantes de este país, donde casi un tercio de la población vive en pobreza.
La pregunta que flota en el aire es si es realmente posible que Argentina se convierta en la Arabia Saudita de América del Sur o si todo, en cambio, no es más que una fantasía.
A seis años de la publicación de aquel informe, y aunque Argentina sigue siendo, como entonces, un importador neto de petróleo y gas natural, la esperanza parece intacta para el presidente centroderechista Mauricio Macri.
El mandatario visitó Estados Unidos entre el 25 y 27 de abril e hizo una escala en Houston, considerada la capital petrolera global. Allí pidió a los ejecutivos de las principales compañías energéticas mundiales que realicen las multimillonarias inversiones que el país necesita para explotar sus reservas.
“Argentina está entre los países con mayor potencialidad del planeta. Queremos que las mejores empresas vengan a asociarse”, planteó Macri el 26 de abril a los ejecutivos petroleros durante un almuerzo allí, antes de volar a Washington, donde al día siguiente se entrevistó con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca.
“La demora para explotar los hidrocarburos no convencionales en la Argentina son las naturales del proceso desde el punto de vista técnico. La industria del petróleo y el gas se maneja en el largo plazo”, dijo Martín Kaindl, directivo del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, un centro de estudios vinculado a las empresas del sector.
“Tenemos que hacer las cosas bien para que esta oportunidad se convierta en riqueza para la Argentina”, planteó en diálogo con IPS.
Hasta ahora, sin embargo, lo que parece haber crecido más que las inversiones es el movimiento social que se opone al sistema de fractura hidráulica, utilizado para recuperar el petróleo y el gas de esquisto, por sus consecuencias ambientales.
Los hidrocarburos de esquisto se encuentran a gran profundidad entre rocas, que hay que romper mediante la técnica de la fractura hidráulica, con el bombeo a enorme presión de grandes cantidades de agua, químicos y arena.
Un procedimiento, conocido también por “fracking”, su nombre en inglés, que tiene efectos ambientales y socioeconómicos en su entorno, según expertos citados por el movimiento ambiental contrario a la técnica.
Los opositores al fracking tuvieron su mayor éxito hasta ahora el 25 de abril, cuando el parlamento de la provincia de Entre Ríos, en el centro-este del país, prohibió la extracción de hidrocarburos con el sistema de la fractura hidráulica y otros métodos no convencionales.
Se trata de la primera provincia del país en tomar una decisión así, que fue precedida por normas locales de decenas de municipalidades. Entre Ríos no tiene tradición petrolera pero figuraría en los planes de exploración a largo plazo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), de mayoría estatal.
“Entre Ríos es una provincia que vive fundamentalmente de la actividad agropecuaria y del turismo, en la que existe una tradición de lucha y compromiso ambiental”, dijo a IPS el sociólogo Juan Pablo Olsson, quien forma parte del movimiento Argentina sin Fracking.
“No hay que olvidarse que hace pocos años, llegó a haber 100.000 personas en el puente internacional protestando contra las plantas de celulosa”, agregó, en referencia al conflicto que se vivió entre 2005 y 2010 con Uruguay, por la construcción de las dos fábricas, debido al impacto ambiental sobre las riberas del río que separa a Entre Ríos del país vecino.
De acuerdo a datos actualizados de la EIA, Argentina tiene reservas recuperables de esquisto de 802 billones (millones de millones) de pies cúbicos de gas y de 27.000 millones de barriles (de 159 litros) de petróleo. Solo lo superan China en el primer rubro y Estados Unidos, Rusia y otra vez China, en el segundo.
De las reservas de esos hidrocarburos, 38 por ciento del gas y 60 por ciento del petróleo están concentradas en la formación geológica de Vaca Muerta, donde la explotación comercial comenzó en 2013, en el yacimiento de Loma Campana, que desarrollan YPF y la estadounidense Chevron en la provincia de Neuquén.
Es un yacimiento de unos 30.000 kilómetros cuadrados ubicado en la llamada Cuenca Neuquina (tradicionalmente, la principal zona petrolera argentina) que se extiende por cuatro provincias (Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa) en el suroeste del país.
El extraordinario potencial de Vaca Muerta es uno de los pocos temas en los que han concordado el actual presidente y su antecesora, la centroizquierdista Cristina Fernández (2007-2015), quienes jamás se refirieron a los cuestionamientos ambientales al método extractivo.
La anterior mandataria no ocultaba su entusiasmo cada vez que hablaba del yacimiento, al que en 2013 propuso llamar “Vaca Viva”, ya que ahora “le extraemos petróleo”.
Macri, por su lado, dijo que Vaca Muerta “cambia el futuro de la energía en nuestro país” ya que tiene recursos “abundantes, baratos y exportables”.
Fue en enero, cuando anunció la firma de un acuerdo con sindicatos del sector que permitirá reducir hasta en 40 por ciento los costos laborales de la actividad, para alentar la llegada de inversiones.
Más tarde, el presidente fijó por decreto un precio mínimo, superior al del mercado, para el gas de esquisto, reforzando la estrategia iniciada por su predecesora de mantener los valores internos de los hidrocarburos en niveles que permitan el desarrollo de los yacimientos convencionales.
Además, durante su estancia en Washington anunció una reducción de 35 a siete por ciento de los aranceles de importación para la maquinaria usada de extracción, que favorecerá la llegada al país de equipos que cayeron en desuso en la cuenca Eagle Ford, que comparten Estados Unidos y México, ante la caída de los precios internacionales.
El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, quien acompañó a Macri a Houston, dijo que actualmente se invierten en Vaca Muerta entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales, pero que el objetivo del gobierno es llegar a los 20.000 millones en 2019.
“Hoy en la Argentina hay más de 1.500 pozos en explotación con el sistema de fractura hidráulica en explotación, no solo en Vaca Muerta sino en otros yacimientos de la zona. En los próximos años esto podría multiplicarse”, dijo a IPS el experto Diego de Rissio.
“Pero nosotros creemos que se deben debatir las consecuencias ambientales y también sociales, ya que se trata una región agrícola, de producción de frutas”, explicó el investigador del Observatorio Petrolero Sur, una organización que reúne a profesionales de distintas disciplinas interesados en la cuestión energética.
Una de las localidades dedicadas a la producción de frutas cercana a Vaca Muerta donde se está extrayendo petróleo de esquisto es Allen, en la provincia de Río Negro.
Juan Ponce, productor de dulces en Allen, dijo a IPS: “La producción petrolera avasalló a las chacras (fincas) productoras de frutas. Había 35 galpones de almacenamiento de frutas y ahora quedan solo cinco”.
Además, relató por teléfono desde el lugar, “la mayor parte de la gente compra hoy agua embotellada, porque nuestra agua ya no se puede tomar, a pesar de que acá tenemos el río más largo de la Patagonia, que es el río Negro”.
“La mejor prueba de la contaminación que está generando la extracción de petróleo y gas es que los dueños de las chacras de los alrededores están recibiendo subsidios de las compañías, porque ya no pueden producir frutas de buena calidad”, agregó.
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Santiago también paga la deforestación
Estiman 37 mil animales muertos en Santiago del Estero por las lluvias
Fecha de Publicación: 08/05/2017
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Santiago del Estero
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) alertó por las fuertes pérdidas que están provocando las lluvias en Santiago del Estero, principalmente en el sector ganadero.
En total, estiman que han muerto unos 37 mil animales y que hay seis mil hectáreas con pérdidas importantes.
Se trata de una situación que constituye un riesgo para el noreste de Córdoba, por su impacto en la cuenca del Río Dulce que desemboca en la laguna de Mar Chiquita.
Cabe recordar que ya se vienen realizando acciones de evacuación de animales en esa región; el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia consideró que la situación está en “alerta amarilla” y diagramó acciones especiales a la espera de las crecidas.
Emergencia hídrica
“Por las grandes lluvias la zona que abarca Colonia Dora hasta Selva, en Santiago del Estero, se encuentra en emergencia hídrica producto además de derrames en el río Dulce”, advirtió CRA a través de sus redes sociales.
Uno de los dirigentes de la entidad, Juan Pablo Karnatz, afirmó que las pérdidas son cuantiosas tanto en ganadería mayor como en menor.
“Solo en ganado menor la mortandad asciende a 17 mil animales por las grandes lluvias en la cuenca. En tanto que en ganado mayor se estima en 20 mil los animales muertos”, dijo Karnatz.
En lo que hace a agricultura, las áreas que están severamente complicadas comprenden a unas seis mil hectáreas con pérdidas importantes en sorgo, maíz, algodón y soja.
“Dada la situación es imperioso que se declare la emergencia agropecuaria”, sintetizó Karnatz.
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Fecha de Publicación: 08/05/2017
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Santiago del Estero
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) alertó por las fuertes pérdidas que están provocando las lluvias en Santiago del Estero, principalmente en el sector ganadero.
En total, estiman que han muerto unos 37 mil animales y que hay seis mil hectáreas con pérdidas importantes.
Se trata de una situación que constituye un riesgo para el noreste de Córdoba, por su impacto en la cuenca del Río Dulce que desemboca en la laguna de Mar Chiquita.
Cabe recordar que ya se vienen realizando acciones de evacuación de animales en esa región; el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia consideró que la situación está en “alerta amarilla” y diagramó acciones especiales a la espera de las crecidas.
Emergencia hídrica
“Por las grandes lluvias la zona que abarca Colonia Dora hasta Selva, en Santiago del Estero, se encuentra en emergencia hídrica producto además de derrames en el río Dulce”, advirtió CRA a través de sus redes sociales.
Uno de los dirigentes de la entidad, Juan Pablo Karnatz, afirmó que las pérdidas son cuantiosas tanto en ganadería mayor como en menor.
“Solo en ganado menor la mortandad asciende a 17 mil animales por las grandes lluvias en la cuenca. En tanto que en ganado mayor se estima en 20 mil los animales muertos”, dijo Karnatz.
En lo que hace a agricultura, las áreas que están severamente complicadas comprenden a unas seis mil hectáreas con pérdidas importantes en sorgo, maíz, algodón y soja.
“Dada la situación es imperioso que se declare la emergencia agropecuaria”, sintetizó Karnatz.
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Biocombustibles argentinos siguen contrabas en EEUU
Los negocios antes que la amistad
Fecha de Publicación: 08/05/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Muchas sonrisas y satisfacción tras el encuentro de Macri con Donald Trump, pero pocos resultados. Ayer, un organismo comercial de ese país confirmó que sigue la investigación por las denuncias de dumping contra la venta de biocombustibles argentinos.
El gobierno estadounidense anunció que continuará la investigación por supuesto dumping y subsidios sobre las exportaciones de biocombustible argentino a ese mercado. El presidente Mauricio Macri se había reunido con su par estadounidense Donald Trump en Washington, donde el mandatario argentino solicitó que interceda respecto de las suspensiones a la importación de limones y biodiesel. El magnate norteamericano fue concesivo en la primera, que implica en términos comerciales unos 50 millones de dólares, pero fue reticente con los biocombustibles, un negocio de 1140 millones. La Comisión de Comercio Internacional estadounidense confirmó una investigación sobre envíos del combustible argentino para determinar si entra a ese país con ventajas comerciales que perjudican a los productores locales, y postergó una decisión ante supuesta “nueva evidencia”. Ahora se abre una instancia que duraría hasta septiembre, mientras que los envíos estarían vedados al menos por un año.
La Comisión de Comercio Internacional inició en abril una investigación en respuesta al reclamo de pequeños productores de Estados Unidos, quienes denunciaron que un alza de las importaciones desde Argentina e Indonesia a precios por debajo de los costos (dumping) perjudicaba su capacidad para elaborar el combustible. Las importaciones de biodiesel en base a soja desde Argentina y de biodiesel en base a aceite de palma desde Indonesia subieron un 464 por ciento entre 2014 y 2016, según el Directorio Nacional de Biodiesel. Las importaciones del combustible por parte de Estados Unidos tocaron un record de 3500 millones de litros el año pasado, según datos del gobierno estadounidense.
El biodiesel es la principal exportación argentina a Estados Unidos, al tiempo que el 90 por ciento de la producción local exportable tiene como destino ese país. El año pasado sumó 1240 millones de dólares, lo que no impidió que la balanza comercial fuese deficitaria para la Argentina en unos 2200 millones de dólares. A raíz del inicio de la investigación, las operaciones quedaron virtualmente paralizadas, ya que los posibles compradores congelaron los pedidos ante la posibilidad de que la administración Trump imponga aranceles provisorios. La Organización Mundial de Comercio la había dado la razón a la Argentina en su defensa contra la Unión Europea frente a una denuncia del mismo tipo.
Tras el encuentro entre Macri y Trump, había quedado en el oficialismo una sensación de optimismo, la cual fue fogoneada por el anuncio del fin de la suspensión a la importación de cítricos del norte argentino. Para lograr destrabar esa situación también había viajado a Washington el ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien se reunió con el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, y la expectativa era que hubiese una definición por estas horas. La postergación de la decisión imposibilitará, por el momento, que se recuperen las exportaciones argentinas de biodiesel a los Estados Unidos. “Estamos trabajando para volver a exportar biodiesel, de todas maneras lo importante es si nosotros tenemos un precio de mercado o no”, aseguró ayer Cabrera durante una exposición organizada por la Sociedad Rural Argentina.
La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, un órgano independiente del Departamento de Comercio de ese país, votó ayer por unanimidad continuar la investigación contra el biodiesel proveniente de Argentina e Indonesia, lo que incrementa más las posibilidad de establecimiento de aranceles punitivos. La siguiente etapa de la investigación es que el Departamento de Comercio determine si impone aranceles antidumping preliminares y aranceles para contrarrestar los supuestos subsidios. Los productores locales pidieron gravar al fluido argentino con un arancel de 23 por ciento.
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Fecha de Publicación: 08/05/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Muchas sonrisas y satisfacción tras el encuentro de Macri con Donald Trump, pero pocos resultados. Ayer, un organismo comercial de ese país confirmó que sigue la investigación por las denuncias de dumping contra la venta de biocombustibles argentinos.
El gobierno estadounidense anunció que continuará la investigación por supuesto dumping y subsidios sobre las exportaciones de biocombustible argentino a ese mercado. El presidente Mauricio Macri se había reunido con su par estadounidense Donald Trump en Washington, donde el mandatario argentino solicitó que interceda respecto de las suspensiones a la importación de limones y biodiesel. El magnate norteamericano fue concesivo en la primera, que implica en términos comerciales unos 50 millones de dólares, pero fue reticente con los biocombustibles, un negocio de 1140 millones. La Comisión de Comercio Internacional estadounidense confirmó una investigación sobre envíos del combustible argentino para determinar si entra a ese país con ventajas comerciales que perjudican a los productores locales, y postergó una decisión ante supuesta “nueva evidencia”. Ahora se abre una instancia que duraría hasta septiembre, mientras que los envíos estarían vedados al menos por un año.
La Comisión de Comercio Internacional inició en abril una investigación en respuesta al reclamo de pequeños productores de Estados Unidos, quienes denunciaron que un alza de las importaciones desde Argentina e Indonesia a precios por debajo de los costos (dumping) perjudicaba su capacidad para elaborar el combustible. Las importaciones de biodiesel en base a soja desde Argentina y de biodiesel en base a aceite de palma desde Indonesia subieron un 464 por ciento entre 2014 y 2016, según el Directorio Nacional de Biodiesel. Las importaciones del combustible por parte de Estados Unidos tocaron un record de 3500 millones de litros el año pasado, según datos del gobierno estadounidense.
El biodiesel es la principal exportación argentina a Estados Unidos, al tiempo que el 90 por ciento de la producción local exportable tiene como destino ese país. El año pasado sumó 1240 millones de dólares, lo que no impidió que la balanza comercial fuese deficitaria para la Argentina en unos 2200 millones de dólares. A raíz del inicio de la investigación, las operaciones quedaron virtualmente paralizadas, ya que los posibles compradores congelaron los pedidos ante la posibilidad de que la administración Trump imponga aranceles provisorios. La Organización Mundial de Comercio la había dado la razón a la Argentina en su defensa contra la Unión Europea frente a una denuncia del mismo tipo.
Tras el encuentro entre Macri y Trump, había quedado en el oficialismo una sensación de optimismo, la cual fue fogoneada por el anuncio del fin de la suspensión a la importación de cítricos del norte argentino. Para lograr destrabar esa situación también había viajado a Washington el ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien se reunió con el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, y la expectativa era que hubiese una definición por estas horas. La postergación de la decisión imposibilitará, por el momento, que se recuperen las exportaciones argentinas de biodiesel a los Estados Unidos. “Estamos trabajando para volver a exportar biodiesel, de todas maneras lo importante es si nosotros tenemos un precio de mercado o no”, aseguró ayer Cabrera durante una exposición organizada por la Sociedad Rural Argentina.
La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, un órgano independiente del Departamento de Comercio de ese país, votó ayer por unanimidad continuar la investigación contra el biodiesel proveniente de Argentina e Indonesia, lo que incrementa más las posibilidad de establecimiento de aranceles punitivos. La siguiente etapa de la investigación es que el Departamento de Comercio determine si impone aranceles antidumping preliminares y aranceles para contrarrestar los supuestos subsidios. Los productores locales pidieron gravar al fluido argentino con un arancel de 23 por ciento.
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