Hasta los productores denunciarán a Monsanto
08:48 | 
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Productores de soja denunciarán a Monsanto ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
Fecha de Publicación: 02/09/2014
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones de productores, multiplicadores y acopiadores de soja presentarán una denuncia contra la multinacional Monsanto por entender que la empresa impone exigencias en sus contratos de venta de semillas, que pueden constituir potenciales herramientas de concentración del sector en toda la cadena de producción y comercialización.
Las organizaciones denunciantes son la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem),la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), las Cooperativas Agropecuarias Federdas de entre Ríos (Cafer), la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica (Fadia) y la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y Agropecuarias Limitada (Facal), las que alegan prácticas “discriminatorias y que dificultan la permanencia en el mercado de múltiples actores”.
Las observaciones se centran sobre los contratos para la adquisición y utilización de semillas con tecnología RR2Y y RR2YBt, en los que se establecen exigencias que condicionan la venta de la variedad de semilla de soja por parte de la empresa Monsanto, a la que le atribuyen “conductas que restringen la competencia en perjuicio para el interés económico general”.
El tipo de semillas Intacta RR2 Pro es presentada por Monsanto como la nueva biotecnología que provee a las variedades de soja incremento en el rendimiento, reducción de costos y simplicidad de manejo, y que permite la menor utilización de insecticidas.
Para las entidades agrarias, los contratos que Monsanto exige firmar con los compradores de este tipo de semillas “condicionan a los adquirientes y a sus posteriores acciones o ventas, interviniendo así en toda la cadena de producción y comercialización”.
En particular, consideran que en los contratos se restringe la venta de la producción sólo a los comercializadores autorizados por Monsanto, que son tres Asociados Don Mario S.A., Nidera S.A. y la Asociación de Cooperativas Argentinas, y se restringe geográficamente la siembra de las semillas a algunas provincias del territorio nacional.
También se entiende que se acota la comercialización del grano obtenido exclusivamente a los exportadores o elevadores participantes del sistema y se obliga al comprador a pagar la regalía por este tipo de tecnología por cada uso de la misma: al momento de la compra, al momento de la declaración y siembra para uso propio o al momento de la entrega al elevador o exportador.
“El sistema de comercialización de estas tecnologías es establecido por Monsanto, quien determina quiénes pueden comprar y acopiar el grano y quiénes no y regula así la totalidad de la cadena productiva”, denunciaron las entidades al agregar que “se le concede el derecho de inspeccionar los lotes de los productores y los cargamentos”.
Al respecto Esteban Motta, de Fecofe, manifestó que “la biotecnología debe ser parte de un proceso de desarrollo nacional inclusivo y con accesibilidad a los distintos sectores de la cadena. Los contratos que promueve Monsanto son una herramienta que avanza en la concentración, no solamente para quedarse con el control de la tecnología y el desarrollo tecnológico sino también con el control de la comercialización y del desarrollo del sector agropecuario de la Argentina.”
Por su parte, Raúl Pagnoni, presidente de Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores, señaló que “complementariamente a la presentación de la denuncia contra Monsanto se solicitó a la Comisión de Defensa de la Competencia que adopte medidas de carácter provisional previstas en el artículo 35 de la ley 25.126 a fin de ordenar el cese de la conducta lesiva durante la tramitación del procedimiento”.
La multinacional Monsanto, en tanto, explicó ante una consulta de Télam “que la denuncia de concretarse quedará desfasada de la realidad tras la presentación que hizo la semana pasada la empresa respecto a la flexibilización de las condiciones comerciales y el acceso de los productores a las semillas de soja con tecnología Intacta RR2 PRO”.
La empresa explicó que dispuso “una campaña comercial más adaptada a la realidad actual del productor” que permite ampliar las condiciones de pago con alternativas de financiación, adapta los tiempos de pre campaña otorgando mayor flexibilidad y reduce el precio a pagar al momento de la entrega del grano a 15 dólares por tonelada.
Monsanto aseguró que las nuevas condiciones comerciales permiten el “desarrollo de alternativas de pago adicionales para esta y futuras campañas, que permiten a los productores pagar por hectárea, independientemente de su productividad”.
Además, aclaró que el pago de la tecnología se realizará cuando se adquiere la bolsa de semilla certificada, dando al productor una cantidad de kilogramos libres para entregar su producción, al tiempo que se desarrollan alternativas de pago de la tecnología por hectárea sembrada con semilla certificada o de uso propio, que libera al productor del control en la entrega del grano y evita la segregación de tecnologías.
Más allá de las aclaraciones de la multinacional, los distintos sectores de la cadena que resultan denunciantes anticiparon que solicitarán a la Comisión de Defensa de la Competencia “que adopte medidas para el cese de prácticas discriminatorias y que dificultan la permanencia en el mercado de múltiples actores, generando una situación de dependencia comercial”.
En ese sentido, consideraron que esta situación permite “el aumento unilateral de costos” y en consecuencia “una limitación de la capacidad productiva de las empresas que operan en la cadena”, al ser Monsanto -según la denuncia- la que “selecciona los eslabones actuantes en cada eslabón, y desplaza al resto de los competidores”.
También aseguraron que “no se pudo comprobar que el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual haya concedido a Monsanto el derecho de patente sobre la construcción genética que rinda resistencia al glifosato y sobre la nueva tecnología Intacta RR2 Pro, a pesar de que la empresa lo dice públicamente”.
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Fecha de Publicación: 02/09/2014
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones de productores, multiplicadores y acopiadores de soja presentarán una denuncia contra la multinacional Monsanto por entender que la empresa impone exigencias en sus contratos de venta de semillas, que pueden constituir potenciales herramientas de concentración del sector en toda la cadena de producción y comercialización.
Las organizaciones denunciantes son la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem),la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), las Cooperativas Agropecuarias Federdas de entre Ríos (Cafer), la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica (Fadia) y la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y Agropecuarias Limitada (Facal), las que alegan prácticas “discriminatorias y que dificultan la permanencia en el mercado de múltiples actores”.
Las observaciones se centran sobre los contratos para la adquisición y utilización de semillas con tecnología RR2Y y RR2YBt, en los que se establecen exigencias que condicionan la venta de la variedad de semilla de soja por parte de la empresa Monsanto, a la que le atribuyen “conductas que restringen la competencia en perjuicio para el interés económico general”.
El tipo de semillas Intacta RR2 Pro es presentada por Monsanto como la nueva biotecnología que provee a las variedades de soja incremento en el rendimiento, reducción de costos y simplicidad de manejo, y que permite la menor utilización de insecticidas.
Para las entidades agrarias, los contratos que Monsanto exige firmar con los compradores de este tipo de semillas “condicionan a los adquirientes y a sus posteriores acciones o ventas, interviniendo así en toda la cadena de producción y comercialización”.
En particular, consideran que en los contratos se restringe la venta de la producción sólo a los comercializadores autorizados por Monsanto, que son tres Asociados Don Mario S.A., Nidera S.A. y la Asociación de Cooperativas Argentinas, y se restringe geográficamente la siembra de las semillas a algunas provincias del territorio nacional.
También se entiende que se acota la comercialización del grano obtenido exclusivamente a los exportadores o elevadores participantes del sistema y se obliga al comprador a pagar la regalía por este tipo de tecnología por cada uso de la misma: al momento de la compra, al momento de la declaración y siembra para uso propio o al momento de la entrega al elevador o exportador.
“El sistema de comercialización de estas tecnologías es establecido por Monsanto, quien determina quiénes pueden comprar y acopiar el grano y quiénes no y regula así la totalidad de la cadena productiva”, denunciaron las entidades al agregar que “se le concede el derecho de inspeccionar los lotes de los productores y los cargamentos”.
Al respecto Esteban Motta, de Fecofe, manifestó que “la biotecnología debe ser parte de un proceso de desarrollo nacional inclusivo y con accesibilidad a los distintos sectores de la cadena. Los contratos que promueve Monsanto son una herramienta que avanza en la concentración, no solamente para quedarse con el control de la tecnología y el desarrollo tecnológico sino también con el control de la comercialización y del desarrollo del sector agropecuario de la Argentina.”
Por su parte, Raúl Pagnoni, presidente de Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores, señaló que “complementariamente a la presentación de la denuncia contra Monsanto se solicitó a la Comisión de Defensa de la Competencia que adopte medidas de carácter provisional previstas en el artículo 35 de la ley 25.126 a fin de ordenar el cese de la conducta lesiva durante la tramitación del procedimiento”.
La multinacional Monsanto, en tanto, explicó ante una consulta de Télam “que la denuncia de concretarse quedará desfasada de la realidad tras la presentación que hizo la semana pasada la empresa respecto a la flexibilización de las condiciones comerciales y el acceso de los productores a las semillas de soja con tecnología Intacta RR2 PRO”.
La empresa explicó que dispuso “una campaña comercial más adaptada a la realidad actual del productor” que permite ampliar las condiciones de pago con alternativas de financiación, adapta los tiempos de pre campaña otorgando mayor flexibilidad y reduce el precio a pagar al momento de la entrega del grano a 15 dólares por tonelada.
Monsanto aseguró que las nuevas condiciones comerciales permiten el “desarrollo de alternativas de pago adicionales para esta y futuras campañas, que permiten a los productores pagar por hectárea, independientemente de su productividad”.
Además, aclaró que el pago de la tecnología se realizará cuando se adquiere la bolsa de semilla certificada, dando al productor una cantidad de kilogramos libres para entregar su producción, al tiempo que se desarrollan alternativas de pago de la tecnología por hectárea sembrada con semilla certificada o de uso propio, que libera al productor del control en la entrega del grano y evita la segregación de tecnologías.
Más allá de las aclaraciones de la multinacional, los distintos sectores de la cadena que resultan denunciantes anticiparon que solicitarán a la Comisión de Defensa de la Competencia “que adopte medidas para el cese de prácticas discriminatorias y que dificultan la permanencia en el mercado de múltiples actores, generando una situación de dependencia comercial”.
En ese sentido, consideraron que esta situación permite “el aumento unilateral de costos” y en consecuencia “una limitación de la capacidad productiva de las empresas que operan en la cadena”, al ser Monsanto -según la denuncia- la que “selecciona los eslabones actuantes en cada eslabón, y desplaza al resto de los competidores”.
También aseguraron que “no se pudo comprobar que el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual haya concedido a Monsanto el derecho de patente sobre la construcción genética que rinda resistencia al glifosato y sobre la nueva tecnología Intacta RR2 Pro, a pesar de que la empresa lo dice públicamente”.
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El gobierno de Salta sigue burlándose de la ley
Greenpeace denuncia deforestación ilegal en zonas de alto valor ambiental de Salta
Fecha de Publicación: 02/09/2014
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció un desmonte ilegal en una zona protegida por la ley, de más de 1.300 hectáreas en la finca La Moraleja, ubicada en el departamento salteño de Anta. El viernes pasado, organizaciones ambientales y Diputados de la Nación presentaron en el parlamento un proyecto para que la Secretaría de Ambiente de Nación, detenga los desmontes ilegales en los bosques de la provincia de Salta.
"Urtubey y su gobierno no ejercen ningún control contra la deforestación. Los terratenientes arrasan con los bosques nativos sin que nadie los detenga y los sancione”, señaló Noemí Cruz, de la campaña de Bosques de Greenpeace en Argentina.
Sólo en los últimos 2 meses de este año se destruyeron en La Moraleja alrededor de 1300 hectáreas. La misma finca, ya había ejecutado desmontes ilegales en 2004, 2006 y 2007, y sin embargo no fue sancionada ni controlada por la Provincia.
El área está considerada de alto valor de conservación, lindante con la Reserva de Pizarro, debería contar con protección propia de un espacio que debe amortiguar el impacto de las actividades humanas. Se encuentra en zona de transición Yungas-Chaco.
“De acuerdo a la Ley nacional de Bosques, este predio está en categoría “Roja”, como se encuentran todas las áreas que representan sectores de alto valor de conservación, por su biodiversidad, y que no deberían ser afectadas. Pueden ser sometidos a usos como turismo, investigación científica, recolección de productos forestales no madereros, pero definitivamente no al desmonte”. Explica Cruz.
La organización ambiental ya había solicitado en 2013 a la Secretaría de Ambiente de la provincia, información sobre esta finca.
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Fecha de Publicación: 02/09/2014
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta
Greenpeace denunció un desmonte ilegal en una zona protegida por la ley, de más de 1.300 hectáreas en la finca La Moraleja, ubicada en el departamento salteño de Anta. El viernes pasado, organizaciones ambientales y Diputados de la Nación presentaron en el parlamento un proyecto para que la Secretaría de Ambiente de Nación, detenga los desmontes ilegales en los bosques de la provincia de Salta.
"Urtubey y su gobierno no ejercen ningún control contra la deforestación. Los terratenientes arrasan con los bosques nativos sin que nadie los detenga y los sancione”, señaló Noemí Cruz, de la campaña de Bosques de Greenpeace en Argentina.
Sólo en los últimos 2 meses de este año se destruyeron en La Moraleja alrededor de 1300 hectáreas. La misma finca, ya había ejecutado desmontes ilegales en 2004, 2006 y 2007, y sin embargo no fue sancionada ni controlada por la Provincia.
El área está considerada de alto valor de conservación, lindante con la Reserva de Pizarro, debería contar con protección propia de un espacio que debe amortiguar el impacto de las actividades humanas. Se encuentra en zona de transición Yungas-Chaco.
“De acuerdo a la Ley nacional de Bosques, este predio está en categoría “Roja”, como se encuentran todas las áreas que representan sectores de alto valor de conservación, por su biodiversidad, y que no deberían ser afectadas. Pueden ser sometidos a usos como turismo, investigación científica, recolección de productos forestales no madereros, pero definitivamente no al desmonte”. Explica Cruz.
La organización ambiental ya había solicitado en 2013 a la Secretaría de Ambiente de la provincia, información sobre esta finca.
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INTI instala un biodigestor en comunidad autónoma
Santiago del Estero: el INTI instaló un biodigestor en Colonia Jaime
Fecha de Publicación: 02/09/2014
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: Santiago del Estero
Funciona en Colonia Jaime, una comunidad agroindustrial integrada por 20 familias que vive de su propia producción
Integrantes del INTI instalaron en Colonia Jaime, ubicada en Santiago del Estero, un biodigestor que ya es utilizado para dar gas a la cocina comunitaria del lugar, donde las 24 familias que integran la Colonia preparan sus alimentos.
El biodigestor, que fue bautizado por los colonos con el nombre de Don Felipe, utiliza las excreciones de los animales para producir gas, que sirve como combustible en la cocina.
A partir de la implementación de esta tecnología introducida por el INTI, surgen principalmente tres ventajas: se minimiza el consumo de leña, evitando la degradación del monte, disminuye la contaminación de los vectores que afectan a personas y animales y, por último, se busca que el agua tratada pueda reutilizarse para el sistema de riego destinado a los campos de la Colonia.
“El INTI, organismo dependiente del Ministerio de Industria, contará con un informe para que las personas u organismos que quieran desarrollarlo puedan hacerlo, ya que puede aplicarse en cualuquier parte del país”, destacó Aldo De Felice, integrante de la Unidad Técnica de Proyectos Industriales de la Unidad Operativa NOA del INTI, a cargo del desarrollo del proyecto.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Civil Colonia Jaime, Marcela Lazo, expresó: “Es muy importante para nosotros contar con este biodigestor porque sabemos que el abono de las vacas es muy contaminante. Además vamos a disminuir la cantidad de leña que utilizamos a diario.”
El proyecto fue desarrollado por la Unidad Técnica de Proyectos Industriales de la Unidad Operativa NOA del INTI, con la participación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Es financiado por la Subsecretaría de Desarrollo, Ciencia y Tecnología y Gestión Pública del Gobierno de la provincia de Santiago del Estero con fondos propios.
Los 80 integrantes de la comuna rural acostumbran comer todos juntos en la misma mesa. Hay una sola cocina para todas las familias, donde las mujeres encargadas preparan las cuatro comidas diarias. La Colonia está ubicada en la ruta nacional 34, en el kilómetro 711.
Además tienen 100 vacas lecheras que son ordeñadas dos veces por día, al tiempo que trabajan en sus campos de granos, de forrajes para animales y en sus huertas de verduras y hortalizas.
Los integrantes de Colonia Jaime también se dedican a la agricultura, la apicultura, la avicultura, la floricultura y la ganadería (cuentan con una hacienda vacuna de 250 cabezas). Además poseen una producción propia de cerdos, cuyos chacinados son los más codiciados en la zona.
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Fecha de Publicación: 02/09/2014
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: Santiago del Estero
Funciona en Colonia Jaime, una comunidad agroindustrial integrada por 20 familias que vive de su propia producción
Integrantes del INTI instalaron en Colonia Jaime, ubicada en Santiago del Estero, un biodigestor que ya es utilizado para dar gas a la cocina comunitaria del lugar, donde las 24 familias que integran la Colonia preparan sus alimentos.
El biodigestor, que fue bautizado por los colonos con el nombre de Don Felipe, utiliza las excreciones de los animales para producir gas, que sirve como combustible en la cocina.
A partir de la implementación de esta tecnología introducida por el INTI, surgen principalmente tres ventajas: se minimiza el consumo de leña, evitando la degradación del monte, disminuye la contaminación de los vectores que afectan a personas y animales y, por último, se busca que el agua tratada pueda reutilizarse para el sistema de riego destinado a los campos de la Colonia.
“El INTI, organismo dependiente del Ministerio de Industria, contará con un informe para que las personas u organismos que quieran desarrollarlo puedan hacerlo, ya que puede aplicarse en cualuquier parte del país”, destacó Aldo De Felice, integrante de la Unidad Técnica de Proyectos Industriales de la Unidad Operativa NOA del INTI, a cargo del desarrollo del proyecto.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Civil Colonia Jaime, Marcela Lazo, expresó: “Es muy importante para nosotros contar con este biodigestor porque sabemos que el abono de las vacas es muy contaminante. Además vamos a disminuir la cantidad de leña que utilizamos a diario.”
El proyecto fue desarrollado por la Unidad Técnica de Proyectos Industriales de la Unidad Operativa NOA del INTI, con la participación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Es financiado por la Subsecretaría de Desarrollo, Ciencia y Tecnología y Gestión Pública del Gobierno de la provincia de Santiago del Estero con fondos propios.
Los 80 integrantes de la comuna rural acostumbran comer todos juntos en la misma mesa. Hay una sola cocina para todas las familias, donde las mujeres encargadas preparan las cuatro comidas diarias. La Colonia está ubicada en la ruta nacional 34, en el kilómetro 711.
Además tienen 100 vacas lecheras que son ordeñadas dos veces por día, al tiempo que trabajan en sus campos de granos, de forrajes para animales y en sus huertas de verduras y hortalizas.
Los integrantes de Colonia Jaime también se dedican a la agricultura, la apicultura, la avicultura, la floricultura y la ganadería (cuentan con una hacienda vacuna de 250 cabezas). Además poseen una producción propia de cerdos, cuyos chacinados son los más codiciados en la zona.
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Cambio climático: Argentina sin una política real
Argentina, sin políticas para enfrentar al cambio climático
Fecha de Publicación: 01/09/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En 2015, el país probablemente esté obligado a reducir sus emisiones contaminantes. El Estado no tiene iniciativas.
El próximo año será clave para enfrentar el cambio climático. En la cumbre que se realizará en París en 2015 las naciones deberán firmar un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Si bien en el Protocolo de Kioto Argentina no fue obligada a tomar acciones, es muy probable que en este nuevo pacto sí esté incluida.
“Argentina emite 8,5 toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2) por persona. Más que muchos países desarrollados que tomaron compromiso en el Protocolo de Kioto como Grecia o Portugal y casi igual de Francia e Italia. Nos van a meter en la bolsa”, asegura Vicente Barros, investigador de Conicet, quien estuvo en Córdoba invitado por la Comisión Asesora en Ambiente del Consejo de Profesional de Ciencias Económicas.
Raúl A. Estrada-Oyuela, representante de la Cancillería Argentina entre 2000 y 2007 en la negociaciones ambientales internacionales, coincide: “Si hubiera un acuerdo, aunque sea insuficiente, difícilmente Argentina conserve el privilegio de no quedar obligada con alguna forma de contribución”.
Y agrega: “Tenemos un elevado nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso es realmente irresponsable que el gobierno nacional mire para otro lado, no tome medidas de mitigación ni de adaptación, y en las negociaciones internacionales se asocie a Venezuela o pretenda esconderse detrás de Haití o Senegal”.
Barros es vicepresidente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el organismo de la ONU encargado de elaborar un informe científico sobre esta problemática. En su visita a Córdoba dio detalles del último trabajo, el cual confirma que el ser humano es la fuerza dominante que está transformando el clima.
Entre 1880 y 2012 la temperatura media del planeta aumentó 0,85 grados. En los últimos dos decenios, los mantos de hielo en Groenlandia y la Antártida han perdido masa, al igual que los glaciares del mundo y el hielo Ártico. Desde 1900 a la actualidad el nivel del mar aumentó 0,19 metros. En los últimos 60 años también hubo cambios en los regímenes de lluvia.
Los gases de efecto invernadero que el ser humano emite al consumir combustibles fósiles están agregando más energía a la Tierra. El planeta recibe del Sol 250 vatios por metro cuadrado. En 2011, los gases de efecto invernadero agregaron 2,3 vatios más. “Es casi el uno ciento más de lo que recibimos del Sol. Eso todos los días y todos los años terminan generando nuevas condiciones climáticas”, explica Barros.
El futuro
En la actualidad hemos superado 400 partes por millón (ppm) de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, el principal gas de efecto invernadero. Si no se hace nada, se alcanzarán los 1.370 ppm y la temperatura subirá 4,5 grados más hacia fines de este siglo.
“El panorama de las emisiones cambió y eso va a afectar a Argentina. Los países emergentes, como Argentina, tuvieron un crecimiento brusco de sus emisiones en los últimos años, mientras que los países desarrollados no aumentaron mucho. Las emisiones de ambos grupos son iguales”, apunta Barros.
Según Estrada-Oyuela, este escenario complejo reduce las chances de que se llegue a un buen acuerdo. “Por el momento no hay indicios vehementes en ese sentido y lo poco que se ha dicho, no vaticina un acuerdo suficiente”, asegura.
Barros cree que en 2015 se va a tomar alguna medida porque tanto China como EE.UU., los dos principales países contaminantes y potencias económicas, dieron señales de querer reducir sus emisiones.
Otros países que ya anunciaron medidas son los miembros de la Unión Europea, Japón, India y Brasil.
Sin embargo, en las últimas negociaciones Argentina no ha realizado una propuesta concreta de reducción de emisiones. Su posición ha coqueteado con el grupo liderado por Bolivia y Venezuela) y el histórico G77 más China, un grupo heterogéneo de naciones en desarrollo.
Soluciones nacionales
“Argentina debe adoptar las medidas que tengan efectos para la mitigación y para la adaptación y que a la vez sean económicamente convenientes”, señala Estrada-Oyuela.
Para Barros la clave para reducir las emisiones es secuestrar el carbono a partir de la forestación y los biocombustibles. “Es una oportunidad para Argentina porque no hay países con suficiente espacio para realizarlo. Podemos multiplicar por 10 nuestra área forestal en 15 años y tener emisiones negativas de CO2 como Uruguay”, ejemplifica Barros.
Estrada-Oyuela agrega medidas más urbanas: “Se debe racionalizar y emplear medios de transporte más eficientes. También introducir normas para hacer más eficientes los edificios y limitar el uso de la calefacción y el aire acondicionado. Finalmente, tarifar la recolección de los residuos sólidos urbanos, otra fuente de emisión, de acuerdo con su volumen y calidad”.
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Fecha de Publicación: 01/09/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En 2015, el país probablemente esté obligado a reducir sus emisiones contaminantes. El Estado no tiene iniciativas.
El próximo año será clave para enfrentar el cambio climático. En la cumbre que se realizará en París en 2015 las naciones deberán firmar un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Si bien en el Protocolo de Kioto Argentina no fue obligada a tomar acciones, es muy probable que en este nuevo pacto sí esté incluida.
“Argentina emite 8,5 toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2) por persona. Más que muchos países desarrollados que tomaron compromiso en el Protocolo de Kioto como Grecia o Portugal y casi igual de Francia e Italia. Nos van a meter en la bolsa”, asegura Vicente Barros, investigador de Conicet, quien estuvo en Córdoba invitado por la Comisión Asesora en Ambiente del Consejo de Profesional de Ciencias Económicas.
Raúl A. Estrada-Oyuela, representante de la Cancillería Argentina entre 2000 y 2007 en la negociaciones ambientales internacionales, coincide: “Si hubiera un acuerdo, aunque sea insuficiente, difícilmente Argentina conserve el privilegio de no quedar obligada con alguna forma de contribución”.
Y agrega: “Tenemos un elevado nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso es realmente irresponsable que el gobierno nacional mire para otro lado, no tome medidas de mitigación ni de adaptación, y en las negociaciones internacionales se asocie a Venezuela o pretenda esconderse detrás de Haití o Senegal”.
Barros es vicepresidente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el organismo de la ONU encargado de elaborar un informe científico sobre esta problemática. En su visita a Córdoba dio detalles del último trabajo, el cual confirma que el ser humano es la fuerza dominante que está transformando el clima.
Entre 1880 y 2012 la temperatura media del planeta aumentó 0,85 grados. En los últimos dos decenios, los mantos de hielo en Groenlandia y la Antártida han perdido masa, al igual que los glaciares del mundo y el hielo Ártico. Desde 1900 a la actualidad el nivel del mar aumentó 0,19 metros. En los últimos 60 años también hubo cambios en los regímenes de lluvia.
Los gases de efecto invernadero que el ser humano emite al consumir combustibles fósiles están agregando más energía a la Tierra. El planeta recibe del Sol 250 vatios por metro cuadrado. En 2011, los gases de efecto invernadero agregaron 2,3 vatios más. “Es casi el uno ciento más de lo que recibimos del Sol. Eso todos los días y todos los años terminan generando nuevas condiciones climáticas”, explica Barros.
El futuro
En la actualidad hemos superado 400 partes por millón (ppm) de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, el principal gas de efecto invernadero. Si no se hace nada, se alcanzarán los 1.370 ppm y la temperatura subirá 4,5 grados más hacia fines de este siglo.
“El panorama de las emisiones cambió y eso va a afectar a Argentina. Los países emergentes, como Argentina, tuvieron un crecimiento brusco de sus emisiones en los últimos años, mientras que los países desarrollados no aumentaron mucho. Las emisiones de ambos grupos son iguales”, apunta Barros.
Según Estrada-Oyuela, este escenario complejo reduce las chances de que se llegue a un buen acuerdo. “Por el momento no hay indicios vehementes en ese sentido y lo poco que se ha dicho, no vaticina un acuerdo suficiente”, asegura.
Barros cree que en 2015 se va a tomar alguna medida porque tanto China como EE.UU., los dos principales países contaminantes y potencias económicas, dieron señales de querer reducir sus emisiones.
Otros países que ya anunciaron medidas son los miembros de la Unión Europea, Japón, India y Brasil.
Sin embargo, en las últimas negociaciones Argentina no ha realizado una propuesta concreta de reducción de emisiones. Su posición ha coqueteado con el grupo liderado por Bolivia y Venezuela) y el histórico G77 más China, un grupo heterogéneo de naciones en desarrollo.
Soluciones nacionales
“Argentina debe adoptar las medidas que tengan efectos para la mitigación y para la adaptación y que a la vez sean económicamente convenientes”, señala Estrada-Oyuela.
Para Barros la clave para reducir las emisiones es secuestrar el carbono a partir de la forestación y los biocombustibles. “Es una oportunidad para Argentina porque no hay países con suficiente espacio para realizarlo. Podemos multiplicar por 10 nuestra área forestal en 15 años y tener emisiones negativas de CO2 como Uruguay”, ejemplifica Barros.
Estrada-Oyuela agrega medidas más urbanas: “Se debe racionalizar y emplear medios de transporte más eficientes. También introducir normas para hacer más eficientes los edificios y limitar el uso de la calefacción y el aire acondicionado. Finalmente, tarifar la recolección de los residuos sólidos urbanos, otra fuente de emisión, de acuerdo con su volumen y calidad”.
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Audiencia pública en Diputados por los bosques de Salta
Reclamaron en Diputados un freno a los desmontes
Fecha de Publicación: 01/09/2014
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Nacional - Salta
Organizaciones ambientales y representantes de distintos bloques políticos realizaron una audiencia pública en la Cámara de Diputados en la que se reclamó la aplicación de la Ley de Bosques.
Convocada por la diputada de Libres del Sur Victoria Donda, miembro de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara baja y por la Auditoria General de la Nación (AGN), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Vida Silvestre, Greenpeace, Banco de Bosques y la Defensoría del Pueblo de la Nación, se desarrolló la audiencia pública por la aplicación de la Ley de Bosques.
“Se habla mucho del Ébola en África y en nuestra provincia de Salta tenemos otro tipo de Ébola que es el Hantavirus, que es una enfermedad terrible y de la que poco se habla porque al gobierno no le conviene”, denunció el diputado de la UCR salteña Bernardo Biella.
El legislador precisó que “por culpa de la deforestación estamos perdiendo especies nativas que son depredadoras del ratón colilargos a través del cual se trasmite el Hantavirus que contraen tanto los pobladores nativos como trabajadores que están en la zona”. El legislador radical comparó ambas enfermedades y los porcentajes de mortalidad que provocan. En ese sentido, acompañando su exposición con gráficos que reflejaban estadísticas, precisó: “La moralidad por el Ébola es del 90 % y por el Hantavirus es del 75%”, tras lo cual remarcó: “El Hantavirus mata a cuatro de cada tres chicos que contraen la enfermedad y de eso nadie habla”, subrayó Biella.
“Todo esto ocurre por culpa de la deforestación que se está produciendo en el Norte y en otras zonas del país”, dijo Biella, quien agregó que el nivel de mortalidad a causa del Hantavirus, hace 10 años, alcanzaba al 50 por ciento y ahora es del 75 % porque también aumentó la desnutrición en el Norte”.
“La situación del desmonte en Salta nunca fue una novedad. Desde que se sancionó la Ley de Bosques en 2007, el Gobierno provincial salteño resistió mucho la protección de los bosques. Ahora, con la ley sancionada, encontraron la manera de burlarla, a partir de ‘decretos de categorización’. Más de 150.000 hectáreas de bosques protegidos fueron recategorizados para permitir el desmonte. Es indispensable que tanto el Gobierno nacional como el provincial le pongan fin a esto. Ya tuvimos un alud en la provincia en 2009 por esta causa, no esperemos volver a llorar sobre la leche derramada”, explicó la diputada Donda al finalizar la audiencia.
“La desnutrición es la responsable de que los chicos no tengan defensas y se mueran a raíz de las hemorragias terribles que sufren, igual que con el Ébola, pero no existe la misma difusión de esta situación”, añadió.
“Las recategorizaciones que está autorizando Urtubey constituyen una trampa a la Ley de Bosques y a la comunidad que participó de la elaboración del ordenamiento territorial de la provincia”, manifestó Eugenia Testa, directora de Campañas de Greenpeace en Argentina. “La provincia siempre se resistió a esta reglamentación. Salta es a la Ley de Bosques lo que San Juan a la Ley de Glaciares”.
Greenpeace y otras organizaciones sociales han denunciado a Salta por un proceso sistemático de modificación de las zonas donde está prohibido deforestar. Mediante decretos provinciales, el Ejecutivo ha otorgado permiso a grandes empresas y condenó al desmonte a 150 mil hectáreas protegidas.
“Todos los permisos de desmontes otorgados que violan la ley deben ser cancelados. Salta debe realizar en forma urgente una moratoria y la Secretaría de Ambiente de Nación tiene que revisar cada caso”, señaló Testa.
En la audiencia pública participaron Virginia de Francesco, por la Defensoría del Pueblo, los diputados salteños Bernardo Biella Calvet (UDESO) y Pablo López (FIT) , las organizaciones Greenpeace, Fundación Vida Silvestre, Banco de Bosques y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la ex secretaria de ambiente de la Salta, Catalina Buliubasich (actual Directora de la Carrera de Antropología de la Universidad Nacional de Salta) y el titular de la Auditoría General de la Nación la Alejandro Despouy, a través de un material grabado. Además, enviaron sus adhesiones los diputados Juan Manuel Pedrini (FPV Chaco), Laura Alonso (PRO – CABA), Cornelia Schmidt Lierman (Pro – CABA), Araceli Ferreyra (FPV Corrientes), Graciela Villata, (Frente Cívico de Córdoba) Carla Carrizo (UCR CABA), Mario Fiad (UCR Jujuy), Alcira Argumedo (PSur CABA), Virginia Linares (GEN – FAP), Blanca Rossi (Unión por Córdoba) y la organización Aves Argentina, presentes en la audiencia.
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Fecha de Publicación: 01/09/2014
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Nacional - Salta
Organizaciones ambientales y representantes de distintos bloques políticos realizaron una audiencia pública en la Cámara de Diputados en la que se reclamó la aplicación de la Ley de Bosques.
Convocada por la diputada de Libres del Sur Victoria Donda, miembro de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara baja y por la Auditoria General de la Nación (AGN), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Vida Silvestre, Greenpeace, Banco de Bosques y la Defensoría del Pueblo de la Nación, se desarrolló la audiencia pública por la aplicación de la Ley de Bosques.
“Se habla mucho del Ébola en África y en nuestra provincia de Salta tenemos otro tipo de Ébola que es el Hantavirus, que es una enfermedad terrible y de la que poco se habla porque al gobierno no le conviene”, denunció el diputado de la UCR salteña Bernardo Biella.
El legislador precisó que “por culpa de la deforestación estamos perdiendo especies nativas que son depredadoras del ratón colilargos a través del cual se trasmite el Hantavirus que contraen tanto los pobladores nativos como trabajadores que están en la zona”. El legislador radical comparó ambas enfermedades y los porcentajes de mortalidad que provocan. En ese sentido, acompañando su exposición con gráficos que reflejaban estadísticas, precisó: “La moralidad por el Ébola es del 90 % y por el Hantavirus es del 75%”, tras lo cual remarcó: “El Hantavirus mata a cuatro de cada tres chicos que contraen la enfermedad y de eso nadie habla”, subrayó Biella.
“Todo esto ocurre por culpa de la deforestación que se está produciendo en el Norte y en otras zonas del país”, dijo Biella, quien agregó que el nivel de mortalidad a causa del Hantavirus, hace 10 años, alcanzaba al 50 por ciento y ahora es del 75 % porque también aumentó la desnutrición en el Norte”.
“La situación del desmonte en Salta nunca fue una novedad. Desde que se sancionó la Ley de Bosques en 2007, el Gobierno provincial salteño resistió mucho la protección de los bosques. Ahora, con la ley sancionada, encontraron la manera de burlarla, a partir de ‘decretos de categorización’. Más de 150.000 hectáreas de bosques protegidos fueron recategorizados para permitir el desmonte. Es indispensable que tanto el Gobierno nacional como el provincial le pongan fin a esto. Ya tuvimos un alud en la provincia en 2009 por esta causa, no esperemos volver a llorar sobre la leche derramada”, explicó la diputada Donda al finalizar la audiencia.
“La desnutrición es la responsable de que los chicos no tengan defensas y se mueran a raíz de las hemorragias terribles que sufren, igual que con el Ébola, pero no existe la misma difusión de esta situación”, añadió.
“Las recategorizaciones que está autorizando Urtubey constituyen una trampa a la Ley de Bosques y a la comunidad que participó de la elaboración del ordenamiento territorial de la provincia”, manifestó Eugenia Testa, directora de Campañas de Greenpeace en Argentina. “La provincia siempre se resistió a esta reglamentación. Salta es a la Ley de Bosques lo que San Juan a la Ley de Glaciares”.
Greenpeace y otras organizaciones sociales han denunciado a Salta por un proceso sistemático de modificación de las zonas donde está prohibido deforestar. Mediante decretos provinciales, el Ejecutivo ha otorgado permiso a grandes empresas y condenó al desmonte a 150 mil hectáreas protegidas.
“Todos los permisos de desmontes otorgados que violan la ley deben ser cancelados. Salta debe realizar en forma urgente una moratoria y la Secretaría de Ambiente de Nación tiene que revisar cada caso”, señaló Testa.
En la audiencia pública participaron Virginia de Francesco, por la Defensoría del Pueblo, los diputados salteños Bernardo Biella Calvet (UDESO) y Pablo López (FIT) , las organizaciones Greenpeace, Fundación Vida Silvestre, Banco de Bosques y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la ex secretaria de ambiente de la Salta, Catalina Buliubasich (actual Directora de la Carrera de Antropología de la Universidad Nacional de Salta) y el titular de la Auditoría General de la Nación la Alejandro Despouy, a través de un material grabado. Además, enviaron sus adhesiones los diputados Juan Manuel Pedrini (FPV Chaco), Laura Alonso (PRO – CABA), Cornelia Schmidt Lierman (Pro – CABA), Araceli Ferreyra (FPV Corrientes), Graciela Villata, (Frente Cívico de Córdoba) Carla Carrizo (UCR CABA), Mario Fiad (UCR Jujuy), Alcira Argumedo (PSur CABA), Virginia Linares (GEN – FAP), Blanca Rossi (Unión por Córdoba) y la organización Aves Argentina, presentes en la audiencia.
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La nueva Atucha no cae bien a los vecinos
La nueva planta de Atucha crea tensión
Fecha de Publicación: 01/09/2014
Fuente: El País (Uruguay)
Provincia/Región: Nacional
A la preocupación manifestada por el gobierno por la ampliación de la central nuclear argentina Atucha II, a pocos kilómetros del territorio uruguayo, se suma ahora la oposición que planteará el tema en la reunión del Parlamento del Mercosur (Parlasur) la semana próxima. El senador colorado Tabaré Viera, miembro de la comisión de Medio Ambiente del Parlasur, adelantó a El País que promoverá la discusión del tema cuando el lunes 1° se reúna el organismo en Montevideo, dado que tiene "extrema preocupación" por la mencionada planta.
Asimismo, dijo haber recibido información de que en la provincia de Formosa el gobierno de Cristina Fernández tiene previsto implementar una nueva planta, ubicada a escasos kilómetros de la frontera con Paraguay.
La semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores Luis Almagro anunció que Uruguay ha pedido información a Argentina sobre el funcionamiento de la central nuclear Atucha II, ubicada a 80 kilómetros de la costa uruguaya, en la provincia de Buenos Aires.
En declaraciones a El País, Almagro dijo que Uruguay "tiene interés en conocer la evolución de esos procesos" y que está "recabando información para hacer mejor el planteo" al gobierno argentino.
También el ministro mencionó que Paraguay está interesado en la cuestión y resaltó que los acuerdos de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) permiten pedir información a los países vecinos donde hay centrales atómicas.
El senador Viera además cursó un pedido de informes a Relaciones Exteriores y al ministerio de Vivienda y Medio Ambiente para conocer entre otros elementos qué medidas de prevención ante un problema puede llegar a tomar Uruguay, y si es verdad que Argentina tiene pensado construir otra central nuclear cerca de la frontera con Paraguay.
La recientemente habilitada planta nuclear Atucha II, la decisión del vecino país de construir en su territorio una tercera central atómica y las "posibles fallas" en la seguridad de Atucha, una planta nuclear con tecnología de la década del 70, forman parte de las principales preocupaciones del legislador.
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Fecha de Publicación: 01/09/2014
Fuente: El País (Uruguay)
Provincia/Región: Nacional
A la preocupación manifestada por el gobierno por la ampliación de la central nuclear argentina Atucha II, a pocos kilómetros del territorio uruguayo, se suma ahora la oposición que planteará el tema en la reunión del Parlamento del Mercosur (Parlasur) la semana próxima. El senador colorado Tabaré Viera, miembro de la comisión de Medio Ambiente del Parlasur, adelantó a El País que promoverá la discusión del tema cuando el lunes 1° se reúna el organismo en Montevideo, dado que tiene "extrema preocupación" por la mencionada planta.
Asimismo, dijo haber recibido información de que en la provincia de Formosa el gobierno de Cristina Fernández tiene previsto implementar una nueva planta, ubicada a escasos kilómetros de la frontera con Paraguay.
La semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores Luis Almagro anunció que Uruguay ha pedido información a Argentina sobre el funcionamiento de la central nuclear Atucha II, ubicada a 80 kilómetros de la costa uruguaya, en la provincia de Buenos Aires.
En declaraciones a El País, Almagro dijo que Uruguay "tiene interés en conocer la evolución de esos procesos" y que está "recabando información para hacer mejor el planteo" al gobierno argentino.
También el ministro mencionó que Paraguay está interesado en la cuestión y resaltó que los acuerdos de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) permiten pedir información a los países vecinos donde hay centrales atómicas.
El senador Viera además cursó un pedido de informes a Relaciones Exteriores y al ministerio de Vivienda y Medio Ambiente para conocer entre otros elementos qué medidas de prevención ante un problema puede llegar a tomar Uruguay, y si es verdad que Argentina tiene pensado construir otra central nuclear cerca de la frontera con Paraguay.
La recientemente habilitada planta nuclear Atucha II, la decisión del vecino país de construir en su territorio una tercera central atómica y las "posibles fallas" en la seguridad de Atucha, una planta nuclear con tecnología de la década del 70, forman parte de las principales preocupaciones del legislador.
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Cazadores furtivos, caen por facebook
Descubrieron por Facebook a cazadores furtivos
Fecha de Publicación: 31/08/2014
Fuente: Portal misionescuatro.com
Provincia/Región: Misiones
Las imágenes fueron halladas además en el celular de uno de los cazadores, detenido por otro delito. La denuncia fue realizada por una guardaparque en Bernardo de Irigoyen.
Un grupo armado de cazadores furtivos que opera desde hace un tiempo en la zona Norte de la provincia, en el límite con Brasil, fue denunciado por el Ministerio de Ecología tras ser descubiertos por fotografías de las presas cazadas que fueron publicadas en Facebook.
La denuncia la radicó una guardaparque en la comisaría de Bernardo de Irigoyen, por los delitos de caza furtiva, depredación de fauna silvestre y depredación de fauna silvestre agravada, conforme a la Ley Nacional 22.421 de conservación, que sanciona como pena máxima con diez años de cárcel a los responsables, además de sanciones económicas.
Si bien la banda estaría integrada por siete hombres, solamente uno de ellos fue identificado, y al cierre de esta edición estaba siendo buscado por la Policía de esa localidad, que a través de él pretende llegar a los demás cazadores.
De acuerdo a las fuentes consultadas, fueron descubiertos por las fotos que fueron halladas en el teléfono celular de uno de los integrantes, que había sido detenido días pasados por haber cometido otro presunto delito con la comercialización de un automóvil.
Cacería ilegal
Las imágenes trascendieron a la opinión pública por medio de la red social, soporte que eligió un ciudadano para escrachar a los cazadores, y al ser vistas por las autoridades de Ecología se decidió hacer la presentación policial con pedido de intervención de la Justicia.
Las fotos fueron capturadas en medio del monte y muestran una gran cantidad de animales silvestres faenados, como venados, pecaríes, monos e incluso un tapir, considerado una especie protegida al ser calificado como monumento natural provincial.
Todos los animales carneados estaban sobre una improvisada parrilla hecha con tacuaras cruzadas, donde los cazadores incluso exhibían sus cabezas. Esas imágenes, llamativamente, fueron eliminadas de la red una vez que el caso fue denunciado.
De todas maneras, integrantes del Ministerio de Ecología, quienes se encuentran interviniendo en la zona con acciones para dar con los responsables, pudieron guardar las fotografías y los perfiles de Facebook de los supuestos cazadores, elementos que fueron aportados a la causa.
Una alta fuente consultada por El Territorio manifestó que “claramente se trata de una cacería para vender la carne en el mercado ilegal, porque la cantidad de animales ejecutados excede ampliamente lo que esta permitido teniendo permiso para hacerlo”.
Esa hipótesis se sustenta también en la precaria construcción preparada para colocar la carne de los animales silvestres, que se usa de modo tal que con un fuego mínimo debajo permite mantenerla en buen estado por más tiempo, previo a su comercialización.
Por estas horas, más allá del rastrillaje para encontrar el campamento en el monte y a los cazadores, se busca determinar la fecha en la que fueron tomadas la imágenes.
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Fecha de Publicación: 31/08/2014
Fuente: Portal misionescuatro.com
Provincia/Región: Misiones
Las imágenes fueron halladas además en el celular de uno de los cazadores, detenido por otro delito. La denuncia fue realizada por una guardaparque en Bernardo de Irigoyen.
Un grupo armado de cazadores furtivos que opera desde hace un tiempo en la zona Norte de la provincia, en el límite con Brasil, fue denunciado por el Ministerio de Ecología tras ser descubiertos por fotografías de las presas cazadas que fueron publicadas en Facebook.
La denuncia la radicó una guardaparque en la comisaría de Bernardo de Irigoyen, por los delitos de caza furtiva, depredación de fauna silvestre y depredación de fauna silvestre agravada, conforme a la Ley Nacional 22.421 de conservación, que sanciona como pena máxima con diez años de cárcel a los responsables, además de sanciones económicas.
Si bien la banda estaría integrada por siete hombres, solamente uno de ellos fue identificado, y al cierre de esta edición estaba siendo buscado por la Policía de esa localidad, que a través de él pretende llegar a los demás cazadores.
De acuerdo a las fuentes consultadas, fueron descubiertos por las fotos que fueron halladas en el teléfono celular de uno de los integrantes, que había sido detenido días pasados por haber cometido otro presunto delito con la comercialización de un automóvil.
Cacería ilegal
Las imágenes trascendieron a la opinión pública por medio de la red social, soporte que eligió un ciudadano para escrachar a los cazadores, y al ser vistas por las autoridades de Ecología se decidió hacer la presentación policial con pedido de intervención de la Justicia.
Las fotos fueron capturadas en medio del monte y muestran una gran cantidad de animales silvestres faenados, como venados, pecaríes, monos e incluso un tapir, considerado una especie protegida al ser calificado como monumento natural provincial.
Todos los animales carneados estaban sobre una improvisada parrilla hecha con tacuaras cruzadas, donde los cazadores incluso exhibían sus cabezas. Esas imágenes, llamativamente, fueron eliminadas de la red una vez que el caso fue denunciado.
De todas maneras, integrantes del Ministerio de Ecología, quienes se encuentran interviniendo en la zona con acciones para dar con los responsables, pudieron guardar las fotografías y los perfiles de Facebook de los supuestos cazadores, elementos que fueron aportados a la causa.
Una alta fuente consultada por El Territorio manifestó que “claramente se trata de una cacería para vender la carne en el mercado ilegal, porque la cantidad de animales ejecutados excede ampliamente lo que esta permitido teniendo permiso para hacerlo”.
Esa hipótesis se sustenta también en la precaria construcción preparada para colocar la carne de los animales silvestres, que se usa de modo tal que con un fuego mínimo debajo permite mantenerla en buen estado por más tiempo, previo a su comercialización.
Por estas horas, más allá del rastrillaje para encontrar el campamento en el monte y a los cazadores, se busca determinar la fecha en la que fueron tomadas la imágenes.
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20 mil litros de efluentes industriales en la calle
Peligro de contaminación de aguas por el vertido de desechos en Maciel
Fecha de Publicación: 31/08/2014
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Vecinos y autoridades temen que se afecten las napas de las que se extrae agua que es consumida por unos ocho mil habitantes. Arrojaron unos 20 mil litros de un líquido proveniente de fluidos industriales en una cava cerca de la localidad.
El vertido de unos 20 mil litros de un líquido rojizo y feo olor proveniente de desechos industriales en una cava realizada muy cerca del ejido urbano y de la planta potabilizadora de agua de Maciel, puso en alerta a los vecinos y autoridades de esa localidad, ubicada a 55 kilómetros al norte de Rosario por la ruta 11. La posibilidad de que se produzca algún tipo de contaminación de las napas de las que se extrae el agua que es consumida por los casi ocho mil habitantes del pueblo motivó ya la intervención de Medio Ambiente de la provincia para analizar una muestra de esos desechos.
Mientras, lo que llama la atención de los vecinos es la facilidad con que una pala mecánica trabajó en el lugar (un campo alquilado para instalar una chanchería) para construir esa cava sin que mediara autorización o intervención de las autoridades comunales que, según trascendió, estaban al tanto de la actividad y una vez consumado el vertido realizaron una denuncia "por buzón" a la provincia.
Con más celeridad actuaron los encargados de la Cooperativa de Agua Potable de Maciel, quienes rápidamente se comunicaron con las autoridades de Medio Ambiente y lograron que se hicieran presentes para tomar muestras del misterioso líquido. La primera reacción de la comuna fue rechazada por todos, ya que intentaron tapar con tierra la cava donde estaban los desechos.
Si se comprobara que el contenido es tóxico o tiene cierta peligrosidad contaminante, calculan que se deberán desembolsar alrededor de un millón de pesos para extraerlo y enviarlo a un lugar adecuado para su procesamiento.
Sería una cerealera.La sospecha es que se trató de un cargamento que proviene de una empresa cerealera ubicada en Aldao y que tenía como destino la provincia de Mendoza, donde debía ser llevado para su tratamiento químico autorizado.
Por alguna razón, los encargados del traslado decidieron depositar los desechos más cerca, en la misma provincia de Santa Fe y a muy pocos kilómetros de donde salieron. Se desconoce si el vertido se realizó también en otras localidades de la zona.
Lo que temen en Maciel es que la irregularidad además de la contaminación ambiental provoque daños en las napas que en la zona están demasiado altas y de las que se extrae el agua que después es potabilizada y distribuida a todos los domicilios de la localidad.
Preocupa la salud.La cooperativa de Agua Potable de Maciel expresó su preocupación ante el hecho que "puede afectar gravemente la salud de los vecinos".
Además confirmó que el último martes "pudo constatar una cava ubicada a unos 400 metros al oeste del ejido urbano donde se arrojaron líquidos y desechos provenientes de una empresa privada".
Ocultar la maniobra. "El peligro de contaminación que acarrea el vertido de los desechos producidos por esta industria se ve agravado por la ubicación de las napas de aguas que está en un nivel elevado", se indicó. Y se precisó: "Los desechos debían ser trasladados a la provincia de Mendoza, donde recibirían tratamiento para su disposición final". Además refiere que "se comprobó que una máquina retroexcavadora estuvo removiendo la tierra donde se arrojaron los residuos con la aparente intención de ocultar la maniobra".
Todos estos hechos fueron denunciados ante funcionarios policiales, el secretario de Aguas de la provincia, Fernando Mussi, el secretario de Medio Ambiente, César Mackler, y al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de Santa Fe.
La Cooperativa de Agua Potable también agradeció el "rápido accionar de las autoridades provinciales que enviaron de forma urgente personal capacitado para tomar las muestras, evaluar la toxicidad de los residuos y disponer de las medidas".
En última instancia reclamó que la "comuna, que es el poder concedente del servicio de agua potable, se comprometa con la investigación con el fin de proteger la salud de la comunidad de Maciel ya que, hasta el momento, su accionar fue casi nulo a pesar de conocer lo ocurrido".
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Córdoba con nuevo sistema de control de desmonte
Córdoba: Imágenes satelitales controlarán uso del suelo
Fecha de Publicación: 30/08/2014
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
La Policía Ambiental utilizará registros captados por los satélites LANDSAT 7 y 8 para prevenir desmontes y extracción de áridos. La Provincia de Córdoba es la primera del país en utilizar esta tecnología para observar el uso
El Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios públicos presentó un sistema de control de uso del suelo que combina el empleo de imágenes satelitales, el seguimiento aéreo y el control terrestre. La medida busca prevenir desmontes, extracción de áridos ilegales, canalizaciones no autorizadas, entre otros delitos ambientales informó prensa provincial.
El llamado Sistema Integral de Ordenamiento Territorial y Detección de Cambio de Uso del Suelo, se llevará adelante con la colaboración de la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) y de la licenciatura en Geografía Orientada a Gestión Ambiental y Ordenamiento del Territorio de la Universidad Nacional de Córdoba.
La instrumentación de los controles estará a cargo de la Policía Ambiental, que tendrá acceso a imágenes de alta definición captadas por los satélites LANDSAT 7 y 8. Si durante el análisis de estos registros surge un alerta, se enviarán aviones y helicópteros de la Dirección Provincial de Aeronáutica y patrullas terrestres para que verifiquen la situación.
"Nos estamos transformando en la primera provincia que cuenta con sistema de detección avanzada, que permite fiscalizar y controlar todas aquellas alteraciones del uso del suelo y al ordenamiento ambiental del territorio que no hayan sido debidamente autorizadas”, sostuvo el ministro Fabián López.
"Seremos –continuó- la única provincia que tendremos información oficial, verificada a través de vuelos aéreos e información terrestres, lo que permitirá llevar adelante un programa de control y fiscalización serio, que permita garantizar que el ordenamiento terrestre que decidamos los cordobeses sea debidamente controlado”.
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Fecha de Publicación: 30/08/2014
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
La Policía Ambiental utilizará registros captados por los satélites LANDSAT 7 y 8 para prevenir desmontes y extracción de áridos. La Provincia de Córdoba es la primera del país en utilizar esta tecnología para observar el uso
El Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios públicos presentó un sistema de control de uso del suelo que combina el empleo de imágenes satelitales, el seguimiento aéreo y el control terrestre. La medida busca prevenir desmontes, extracción de áridos ilegales, canalizaciones no autorizadas, entre otros delitos ambientales informó prensa provincial.
El llamado Sistema Integral de Ordenamiento Territorial y Detección de Cambio de Uso del Suelo, se llevará adelante con la colaboración de la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) y de la licenciatura en Geografía Orientada a Gestión Ambiental y Ordenamiento del Territorio de la Universidad Nacional de Córdoba.
La instrumentación de los controles estará a cargo de la Policía Ambiental, que tendrá acceso a imágenes de alta definición captadas por los satélites LANDSAT 7 y 8. Si durante el análisis de estos registros surge un alerta, se enviarán aviones y helicópteros de la Dirección Provincial de Aeronáutica y patrullas terrestres para que verifiquen la situación.
"Nos estamos transformando en la primera provincia que cuenta con sistema de detección avanzada, que permite fiscalizar y controlar todas aquellas alteraciones del uso del suelo y al ordenamiento ambiental del territorio que no hayan sido debidamente autorizadas”, sostuvo el ministro Fabián López.
"Seremos –continuó- la única provincia que tendremos información oficial, verificada a través de vuelos aéreos e información terrestres, lo que permitirá llevar adelante un programa de control y fiscalización serio, que permita garantizar que el ordenamiento terrestre que decidamos los cordobeses sea debidamente controlado”.
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Tucumán: como se reconvirtieron los ingenios
Controlan que los ingenios respeten el medio ambiente
Fecha de Publicación: 30/08/2014
Fuente: 7 a las Siete
Provincia/Región: Tucumán
La producción del azúcar, años atrás, traía aparejado muchos problemas en relación al efecto que causaba en el medio ambiente. En los últimos años, y con la incorporación de filtros en las chimeneas, renovación de las energías producidas en el lugar, el vapor, filtrado de agua y hasta la reutilización de la vinaza como fertilizante, generó un cambio total en la producción de desechos, los cuales fueron reducidos en su mayoría, permitiendo que los efluentes que emanan estas industrias no ocasionan ningún daño en su drenado.
“El ingenio recibe caña picada y entera en dos mesas alimentadoras, entra después al trapiche con seis molino donde se extrae el jugo”, explicó Jorge Larry, técnico del Ingenio Corona; quien detalló que desde esta zafra la caña entera no se lava, “reduciendo el impacto ambiental y haciendo un uso más eficiente del agua”, aseveró.
“LLevamos controles permanentes en cauces hídricos y efluentes; además del proceso”, aseguró Alfredo Montalván, secretario de Medio Ambiente; quien admitió que entrar en el proceso les permite hacer un seguimiento muy profundo de la generación de residuos y tomar medidas correctivas.
Los ingenios producen tres tipos de residuos, entre los que figuran la cachaza y la ceniza (producida en la quema del bagazo) y la vinaza; “cachaza y ceniza se mezclan produciendo una enmienda orgánica que se dispone en los suelos como abono; mientras que la vinaza, exclusivo del proceso de destilación, es trasladada en camiones desde los calicantos, donde la almacenamos, al campo y allí se riega con un cañón de riego que nos permite disponerla en suelos productivos”, instruyó Larry.
“Las certificaciones acompañadas de la toma de conciencia, forman parte del valor agregado que hoy persiguen muchas empresas para su posicionamiento en la sociedad”, manifestó Montalván.
En la actualidad, los controles son realizados por la provincia de Tucumán en un accionar coordinado con autoridades de Santiago del Estero.
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Fecha de Publicación: 30/08/2014
Fuente: 7 a las Siete
Provincia/Región: Tucumán
La producción del azúcar, años atrás, traía aparejado muchos problemas en relación al efecto que causaba en el medio ambiente. En los últimos años, y con la incorporación de filtros en las chimeneas, renovación de las energías producidas en el lugar, el vapor, filtrado de agua y hasta la reutilización de la vinaza como fertilizante, generó un cambio total en la producción de desechos, los cuales fueron reducidos en su mayoría, permitiendo que los efluentes que emanan estas industrias no ocasionan ningún daño en su drenado.
“El ingenio recibe caña picada y entera en dos mesas alimentadoras, entra después al trapiche con seis molino donde se extrae el jugo”, explicó Jorge Larry, técnico del Ingenio Corona; quien detalló que desde esta zafra la caña entera no se lava, “reduciendo el impacto ambiental y haciendo un uso más eficiente del agua”, aseveró.
“LLevamos controles permanentes en cauces hídricos y efluentes; además del proceso”, aseguró Alfredo Montalván, secretario de Medio Ambiente; quien admitió que entrar en el proceso les permite hacer un seguimiento muy profundo de la generación de residuos y tomar medidas correctivas.
Los ingenios producen tres tipos de residuos, entre los que figuran la cachaza y la ceniza (producida en la quema del bagazo) y la vinaza; “cachaza y ceniza se mezclan produciendo una enmienda orgánica que se dispone en los suelos como abono; mientras que la vinaza, exclusivo del proceso de destilación, es trasladada en camiones desde los calicantos, donde la almacenamos, al campo y allí se riega con un cañón de riego que nos permite disponerla en suelos productivos”, instruyó Larry.
“Las certificaciones acompañadas de la toma de conciencia, forman parte del valor agregado que hoy persiguen muchas empresas para su posicionamiento en la sociedad”, manifestó Montalván.
En la actualidad, los controles son realizados por la provincia de Tucumán en un accionar coordinado con autoridades de Santiago del Estero.
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Procesan a industrial tucumano por contaminación
Procesan a Rocchia Ferro por contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 29/08/2014
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Tucumán
El dueño del ingenio “La Florida”, y su administrador, José Ramón Coronel, están acusados por 'envenenamiento o adulteración de aguas potables'
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el procesamiento contra Jorge Alberto Rocchia Ferro y José Ramón Coronel por considerarlos presuntos coautores del delito de envenenamiento o adulteración de aguas potables. En su momento, el Juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, convalidó el pedido de procesamiento del Fiscal Federal Pedro Simón y, además, había trabado un embargo sobre cada uno por 200 mil pesos.
Luego de que los imputados apelaran la medida, el Fiscal General Gustavo Gómez solicitó que se confirmara la medida. La Cámara Federal, para convalidar el pedido de los representantes del MPF y lo resuelto por el Juez de primera instancia, tuvo en cuenta que la causa se había iniciado con una denuncia realizada por el Fiscal de Estado y el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero, en la que daban cuenta de que, en el canal de drenaje conocido como "Canal del Este", se había producido el derrame de más de 80 millones de litros de vinaza en estado puro, un derivado del etanol que si no tiene un tratamiento adecuado -como sucedió en este caso-, resulta altamente contaminante. Esta sustancia, comprobaron, provenía del ingenio y destilería La Florida, ubicado en la provincia de Tucumán, y que pertenecía a Rocchia Ferro y del cual Coronel es el responsable administrativo.
Con la instrucción de la causa, comenzaron a tomarse distintas medidas de prueba, entre las que se destacaron las pericias realizadas por la policía científica de medio ambiente. De las conclusiones que presentaron en el informe, surgió que "se constató derrames de líquido denominado vinaza, en la localidad en el Palomar... Que se pudo determinar que la vinaza procede del reservorio, el cual es perteneciente al ingenio azucarero La Florida”.
La Cámara también tuvo en cuenta que se había comprobado la efectiva contaminación del río, "ya que las muestras extraídas fueron realizadas en el momento en que se estaba produciendo el hecho ilícito -contaminación ambiental-”.
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Fecha de Publicación: 29/08/2014
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Tucumán
El dueño del ingenio “La Florida”, y su administrador, José Ramón Coronel, están acusados por 'envenenamiento o adulteración de aguas potables'
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el procesamiento contra Jorge Alberto Rocchia Ferro y José Ramón Coronel por considerarlos presuntos coautores del delito de envenenamiento o adulteración de aguas potables. En su momento, el Juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, convalidó el pedido de procesamiento del Fiscal Federal Pedro Simón y, además, había trabado un embargo sobre cada uno por 200 mil pesos.
Luego de que los imputados apelaran la medida, el Fiscal General Gustavo Gómez solicitó que se confirmara la medida. La Cámara Federal, para convalidar el pedido de los representantes del MPF y lo resuelto por el Juez de primera instancia, tuvo en cuenta que la causa se había iniciado con una denuncia realizada por el Fiscal de Estado y el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero, en la que daban cuenta de que, en el canal de drenaje conocido como "Canal del Este", se había producido el derrame de más de 80 millones de litros de vinaza en estado puro, un derivado del etanol que si no tiene un tratamiento adecuado -como sucedió en este caso-, resulta altamente contaminante. Esta sustancia, comprobaron, provenía del ingenio y destilería La Florida, ubicado en la provincia de Tucumán, y que pertenecía a Rocchia Ferro y del cual Coronel es el responsable administrativo.
Con la instrucción de la causa, comenzaron a tomarse distintas medidas de prueba, entre las que se destacaron las pericias realizadas por la policía científica de medio ambiente. De las conclusiones que presentaron en el informe, surgió que "se constató derrames de líquido denominado vinaza, en la localidad en el Palomar... Que se pudo determinar que la vinaza procede del reservorio, el cual es perteneciente al ingenio azucarero La Florida”.
La Cámara también tuvo en cuenta que se había comprobado la efectiva contaminación del río, "ya que las muestras extraídas fueron realizadas en el momento en que se estaba produciendo el hecho ilícito -contaminación ambiental-”.
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Liberan flamencos en la Reserva Urbana de Baradero
Baradero: liberaron a nueve flamencos y a tres chajás en la Reserva Natural Urbana "Parque del Este"
Fecha de Publicación: 29/08/2014
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: Buenos Aires
Fueron recuperados del comercio ilegal de fauna silvestre. En la actual Reserva funcionaba un basural a cielo abierto
La actividad fue convocada por el Intendente del municipio local, Aldo Carossi, y contó con la visita del Coordinador Ejecutivo para el Desarrollo Sustentable del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia de Buenos Aires, Martín Gorosito.
Las especies liberadas, habían sido secuestrados de un domicilio privado de Ituzaingó por un operativo ordenado por el Juzgado Nº 1, Secretaría Nº1 de Morón. De los veinte flamencos rescatados, once tuvieron que permanecer en rehabilitación en el zoológico de Buenos Aires y en la Fundación Temaikén, porque tienen alas cortadas o quebradas.
Durante la jornada, la Dirección de Medio Ambiente municipal también liberó especies autóctonas como carpinchos, zorros, gatos monteses y caranchos, en un hermoso día soleado acompañado por vecinos, alumnos, alumnas y docentes de la Escuela Secundaria Nº 3 Juana Berisso.
“El desafío es lograr que los Estados municipales, provinciales y nacional trabajen en objetivos comunes que redundarán en beneficios para toda la ciudadanía”, exhortó Révora.
Asimismo, la funcionaria recordó que gracias a que la provincia zonificó el área en categoría rojo, que implica la máxima protección en el marco de la Ley de Bosques, se podrá pensar en un horizonte de mayor preservación de la biodiversidad y en el desarrollo del ecoturismo, lo que resultará en múltiples beneficios para las poblaciones locales.
La Subsecretaria destacó “la importancia estratégica de contar con una reserva y centro de rescate en Baradero, dado a que por su ubicación se encuentra en el tránsito del tráfico ilegal de fauna silvestre, por estar en el camino al puente interprovincial Zárate Brazo Largo”.
A su turno, Carossi recordó que “este lugar era un basural y hoy se transforma en una reserva natural urbana, con la importancia que eso significa para la conservación de la flora y fauna silvestres y como espacio verde para el disfrute frente al avance de la urbanización y a las fuertes presiones inmobiliarias”.
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Fecha de Publicación: 29/08/2014
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: Buenos Aires
Fueron recuperados del comercio ilegal de fauna silvestre. En la actual Reserva funcionaba un basural a cielo abierto
La actividad fue convocada por el Intendente del municipio local, Aldo Carossi, y contó con la visita del Coordinador Ejecutivo para el Desarrollo Sustentable del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia de Buenos Aires, Martín Gorosito.
Las especies liberadas, habían sido secuestrados de un domicilio privado de Ituzaingó por un operativo ordenado por el Juzgado Nº 1, Secretaría Nº1 de Morón. De los veinte flamencos rescatados, once tuvieron que permanecer en rehabilitación en el zoológico de Buenos Aires y en la Fundación Temaikén, porque tienen alas cortadas o quebradas.
Durante la jornada, la Dirección de Medio Ambiente municipal también liberó especies autóctonas como carpinchos, zorros, gatos monteses y caranchos, en un hermoso día soleado acompañado por vecinos, alumnos, alumnas y docentes de la Escuela Secundaria Nº 3 Juana Berisso.
“El desafío es lograr que los Estados municipales, provinciales y nacional trabajen en objetivos comunes que redundarán en beneficios para toda la ciudadanía”, exhortó Révora.
Asimismo, la funcionaria recordó que gracias a que la provincia zonificó el área en categoría rojo, que implica la máxima protección en el marco de la Ley de Bosques, se podrá pensar en un horizonte de mayor preservación de la biodiversidad y en el desarrollo del ecoturismo, lo que resultará en múltiples beneficios para las poblaciones locales.
La Subsecretaria destacó “la importancia estratégica de contar con una reserva y centro de rescate en Baradero, dado a que por su ubicación se encuentra en el tránsito del tráfico ilegal de fauna silvestre, por estar en el camino al puente interprovincial Zárate Brazo Largo”.
A su turno, Carossi recordó que “este lugar era un basural y hoy se transforma en una reserva natural urbana, con la importancia que eso significa para la conservación de la flora y fauna silvestres y como espacio verde para el disfrute frente al avance de la urbanización y a las fuertes presiones inmobiliarias”.
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Chubut: viviendas sociales con energías renovables
Chubut aplicará el uso de energías renovables en la construcción de viviendas sociales
Fecha de Publicación: 29/08/2014
Fuente: Secretaría de Medios de Chubut
Provincia/Región: Chubut
El presidente del IPV, Ricardo Trovant, presentó la propuesta de la Provincia que prevé construir 32 casas en Rawson y Comodoro Rivadavia a partir de la aplicación de tecnologías de eficiencia energética. Forma parte de un plan nacional destinado a reducir en un 30% el consumo de energía.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y el Ministerio de Ambiente presentaron este jueves en Rawson la propuesta de Chubut para aplicar el uso de energías renovables y eficiencia energética en la construcción de viviendas sociales. En el marco de un plan nacional de mejora habitacional, la iniciativa tiene como objetivo central reducir al menos un 30% el consumo de energía no renovable.
“El Gobierno Nacional ha confiado en las habilidades y en las experiencias que tiene el IPV del Chubut para desarrollar eficientemente estos proyectos”, señaló durante la presentación el titular del organismo, Ricardo Trovant, e indicó que en Chubut se van a construir un total de 32 viviendas en las ciudades de Rawson y Comodoro Rivadavia para evaluar su comportamiento en las zonas bioclimáticas sur y norte.
Trovant, quien hizo la exposición en el Centro Cultural Provincial acompañado por el ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, José María Musmeci, y un equipo de profesionales del IPV; señaló que “hasta ahora hemos desarrollado y aplicado estas innovaciones para la vivienda popular rural, pero ahora esta iniciativa es para aplicarlas en la vivienda urbana”.
Ante equipos técnicos de distintos organismos provinciales y nacionales dijo que como en Chubut “la experiencia que se ha desarrollado es muy importante y somos cabecera en todo el país de la aplicación de estos sistemas al uso en viviendas sociales, vamos a construir dos barrios, uno en la zona norte y otro en la zona sur, aprovechando que la provincia tiene dos zonas bioambientales muy diferenciadas”.
Modificación estructural
En cuanto a la finalidad del proyecto, denominado GEF por sus siglas en inglés, reveló que “buscamos aplicar definitivamente en los reglamentos de construcción estas innovaciones, de modo que va a ser una modificación estructural en la forma de construir la vivienda social”.
Agregó que “desde el punto de vista de las formas de construir, también se va a incorporar un cambio cultural progresivo pero muy importante para que esto sea un cambio integral y que realmente redunde en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra gente”.
El funcionario explicó que esta iniciativa forma parte de un plan nacional y es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sostuvo que si bien “hay un programa que integran más de 180 países relacionado con el uso de energías renovables y la racionalización en el uso de la energía”, el Gobierno Nacional determinó que “en la Argentina se va a destinar exclusivamente a la aplicación de estas formas de construir para la vivienda social”.
Trovant precisó que “consiste en la construcción de viviendas de carácter social con la utilización de estos dispositivos, donde se haga mucho hincapié en la racionalización de la energía, en el uso racional y sustentable de la energía, en este caso aplicada a la vivienda popular”.
Nuevo concepto
Otros de los oradores en el encuentro fueron Liliana de Benito y Edgardo Mele, referentes de la Dirección de Proyectos Especiales del IPV. Destacaron que el proyecto GEF “tiene que ver con una donación que hace el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la Argentina. La propuesta es trabajar en el nuevo concepto de vivienda social que tiene que ver con la eficiencia energética y la energía renovable”.
La propuesta de este proyecto nacional “es trabajar entre varias instituciones como la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; la Secretaría de Energía; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial; y la Subsecretaría de Vivienda de Nación”, junto a Chubut y otras cinco provincias argentinas.
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Fecha de Publicación: 29/08/2014
Fuente: Secretaría de Medios de Chubut
Provincia/Región: Chubut
El presidente del IPV, Ricardo Trovant, presentó la propuesta de la Provincia que prevé construir 32 casas en Rawson y Comodoro Rivadavia a partir de la aplicación de tecnologías de eficiencia energética. Forma parte de un plan nacional destinado a reducir en un 30% el consumo de energía.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y el Ministerio de Ambiente presentaron este jueves en Rawson la propuesta de Chubut para aplicar el uso de energías renovables y eficiencia energética en la construcción de viviendas sociales. En el marco de un plan nacional de mejora habitacional, la iniciativa tiene como objetivo central reducir al menos un 30% el consumo de energía no renovable.
“El Gobierno Nacional ha confiado en las habilidades y en las experiencias que tiene el IPV del Chubut para desarrollar eficientemente estos proyectos”, señaló durante la presentación el titular del organismo, Ricardo Trovant, e indicó que en Chubut se van a construir un total de 32 viviendas en las ciudades de Rawson y Comodoro Rivadavia para evaluar su comportamiento en las zonas bioclimáticas sur y norte.
Trovant, quien hizo la exposición en el Centro Cultural Provincial acompañado por el ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, José María Musmeci, y un equipo de profesionales del IPV; señaló que “hasta ahora hemos desarrollado y aplicado estas innovaciones para la vivienda popular rural, pero ahora esta iniciativa es para aplicarlas en la vivienda urbana”.
Ante equipos técnicos de distintos organismos provinciales y nacionales dijo que como en Chubut “la experiencia que se ha desarrollado es muy importante y somos cabecera en todo el país de la aplicación de estos sistemas al uso en viviendas sociales, vamos a construir dos barrios, uno en la zona norte y otro en la zona sur, aprovechando que la provincia tiene dos zonas bioambientales muy diferenciadas”.
Modificación estructural
En cuanto a la finalidad del proyecto, denominado GEF por sus siglas en inglés, reveló que “buscamos aplicar definitivamente en los reglamentos de construcción estas innovaciones, de modo que va a ser una modificación estructural en la forma de construir la vivienda social”.
Agregó que “desde el punto de vista de las formas de construir, también se va a incorporar un cambio cultural progresivo pero muy importante para que esto sea un cambio integral y que realmente redunde en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra gente”.
El funcionario explicó que esta iniciativa forma parte de un plan nacional y es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sostuvo que si bien “hay un programa que integran más de 180 países relacionado con el uso de energías renovables y la racionalización en el uso de la energía”, el Gobierno Nacional determinó que “en la Argentina se va a destinar exclusivamente a la aplicación de estas formas de construir para la vivienda social”.
Trovant precisó que “consiste en la construcción de viviendas de carácter social con la utilización de estos dispositivos, donde se haga mucho hincapié en la racionalización de la energía, en el uso racional y sustentable de la energía, en este caso aplicada a la vivienda popular”.
Nuevo concepto
Otros de los oradores en el encuentro fueron Liliana de Benito y Edgardo Mele, referentes de la Dirección de Proyectos Especiales del IPV. Destacaron que el proyecto GEF “tiene que ver con una donación que hace el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la Argentina. La propuesta es trabajar en el nuevo concepto de vivienda social que tiene que ver con la eficiencia energética y la energía renovable”.
La propuesta de este proyecto nacional “es trabajar entre varias instituciones como la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; la Secretaría de Energía; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial; y la Subsecretaría de Vivienda de Nación”, junto a Chubut y otras cinco provincias argentinas.
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Daño de agroquímicos y el Estado que mira a otro lado
“No hay política de reconocimiento del daño que ocasionan los agroquímicos”, criticó Verzeñassi
Fecha de Publicación: 28/08/2014
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El integrante del Foro Ecologista, Daniel Verzeñassi, cuestionó que “no hay una política de reconocimiento del daño que ocasionan los agroquímicos, porque eso colisiona con la agricultura, que es el sostén de los aportes sociales del gobierno”. “Cuando hay una colisión entre el dinero y la salud, si el dinero es tan vital para algunos, se abdica en nombre de la salud de la población”, criticó. Contó que “cada vez hay más alteraciones congénitas, casos de cáncer, labios leporinos, cierre incompleto del tubo neural en los fetos y chicos que nacen y viven dos o tres días, porque tienen faltante o alteraciones de órganos vitales”. “El cáncer es la enfermedad que más crece en la provincia y el país y se magnifica con el paso del tiempo y se profundizan las consecuencias”, indicó en declaraciones al programa A quien corresponda (Radio De la Plaza).
El especialista recordó: “Estuvimos en San Salvador haciendo unos encuentros de un movimiento social demandando respuestas para quienes tienen responsabilidad política y manifestamos nuestra preocupación por el agua que se consume en esa ciudad. Ese lugar es la capital nacional del arroz, que tiene su modo de cultivo con mucha agua, pero todo este tiempo no se ha hecho un análisis sobre si estaba contaminada o no. Preguntamos dónde estaba el área de recarga de ese acuífero, para ponerlo en resguardo a ese territorio, pero nadie supo contestar. Hicimos una recurrencia a la Dirección de Hidráulica, que expresaron su preocupación, porque no es una actividad que se tenga en cuenta de identificar los lugares de recarga, pero es algo a analizar porque son zonas que se pueden estar contaminando. Los químicos aumentaron del 900 al 1000 por ciento y solamente se duplicó la cantidad de superficie de siembra, es decir, que ahora se usan muchísimos agroquímicos más”.
“No hay una política que tenga en cuenta lo que se contamina ni que se sigan los casos cáncer y malformaciones. Además, los genes que están generando niños a futuro están siendo tocados con la química que se tira en los campos y eso va a traer graves consecuencias”, explicó.
“Hay una gran cantidad de semillas que son cada vez más resistentes a los venenos. Cuando comenzó la historia de los transgénicos en Argentina, solamente eran resiste al glifosato, pero ahora es a otros químicos mucho más fuertes, como es el caso del o 2,4-D, que es un ingrediente del Agente Naranja”, detalló.
En ese sentido, añadió: “Esta es una práctica que no se puede cambiar en una semana, pero ya hay ingenieros que están trabajando en una agricultura orgánica y que está dando muy buenos rindes”.
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Fecha de Publicación: 28/08/2014
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El integrante del Foro Ecologista, Daniel Verzeñassi, cuestionó que “no hay una política de reconocimiento del daño que ocasionan los agroquímicos, porque eso colisiona con la agricultura, que es el sostén de los aportes sociales del gobierno”. “Cuando hay una colisión entre el dinero y la salud, si el dinero es tan vital para algunos, se abdica en nombre de la salud de la población”, criticó. Contó que “cada vez hay más alteraciones congénitas, casos de cáncer, labios leporinos, cierre incompleto del tubo neural en los fetos y chicos que nacen y viven dos o tres días, porque tienen faltante o alteraciones de órganos vitales”. “El cáncer es la enfermedad que más crece en la provincia y el país y se magnifica con el paso del tiempo y se profundizan las consecuencias”, indicó en declaraciones al programa A quien corresponda (Radio De la Plaza).
El especialista recordó: “Estuvimos en San Salvador haciendo unos encuentros de un movimiento social demandando respuestas para quienes tienen responsabilidad política y manifestamos nuestra preocupación por el agua que se consume en esa ciudad. Ese lugar es la capital nacional del arroz, que tiene su modo de cultivo con mucha agua, pero todo este tiempo no se ha hecho un análisis sobre si estaba contaminada o no. Preguntamos dónde estaba el área de recarga de ese acuífero, para ponerlo en resguardo a ese territorio, pero nadie supo contestar. Hicimos una recurrencia a la Dirección de Hidráulica, que expresaron su preocupación, porque no es una actividad que se tenga en cuenta de identificar los lugares de recarga, pero es algo a analizar porque son zonas que se pueden estar contaminando. Los químicos aumentaron del 900 al 1000 por ciento y solamente se duplicó la cantidad de superficie de siembra, es decir, que ahora se usan muchísimos agroquímicos más”.
“No hay una política que tenga en cuenta lo que se contamina ni que se sigan los casos cáncer y malformaciones. Además, los genes que están generando niños a futuro están siendo tocados con la química que se tira en los campos y eso va a traer graves consecuencias”, explicó.
“Hay una gran cantidad de semillas que son cada vez más resistentes a los venenos. Cuando comenzó la historia de los transgénicos en Argentina, solamente eran resiste al glifosato, pero ahora es a otros químicos mucho más fuertes, como es el caso del o 2,4-D, que es un ingrediente del Agente Naranja”, detalló.
En ese sentido, añadió: “Esta es una práctica que no se puede cambiar en una semana, pero ya hay ingenieros que están trabajando en una agricultura orgánica y que está dando muy buenos rindes”.
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Córdoba: escuela rural fumigada tiene que ser evacuada
Evacuaron una escuela rural por fumigación excesiva
Fecha de Publicación: 28/08/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En la zona de Balnearia, alumnos y docentes tuvieron principio de intoxicación. Recuerdan las exigencias y piden más control.
Balnearia. Los alumnos y la docente de la escuela rural Padre Cura Brochero, de Colonia Severina, ubicada en Balnearia –al nordeste provincial–, sufrieron un principio de intoxicación por la aplicación de agroquímicos en un campo vecino, sin los cuidados suficientes y en horario de clase.
La Asociación para el Medio Ambiente y su Dinámica (Amad) denunció que esta escuela rural tuvo que ser evacuada tras la aplicación terrestre de agroquímicos en sus cercanías. Indicaron que alumnos y docentes sintieron los síntomas de la intoxicación y debieron retirarse del establecimiento.
Desde Amad se pidió modificar la ley provincial de agroquímicos en varios aspectos, pero principalmente para prohibir las pulverizaciones tanto aéreas como terrestres en la periferia de escuelas rurales, como de barrios poblados pegados a campos.
La entidad considera que el Ministerio de Educación de Córdoba debe “agendar en forma urgente esta situación y actuar inmediatamente para cuidar la salud de docentes y alumnos rurales”. También exigió a los gobiernos municipales con jurisdicción rural en establecimientos educativos que adopten medidas para regular esas aplicaciones.
Amad advirtió que ya se registraron años anteriores similares casos en esta misma región del departamento San Justo, en el noreste de la provincia, y reclamó sanciones para los propietarios de los campos, profesionales y aplicadores involucrados.
“Hay una responsabilidad que debe ser sancionada con rigor que es la responsabilidad del propietario rural, del aplicador y del profesional agrónomo que en forma conjunta deciden una aplicación de sustancias químicas de riesgo, que en este caso ni siquiera tuvieron en cuenta la condición climática que derivó de lleno en la escuela rural, sus alumnos y docentes”, sostuvieron desde esa entidad.
Años de reclamos
La problemática de las escuelas rurales respecto de las fumigaciones lleva años. Incluso en Córdoba se formó una grupo denominado Docentes de Escuelas Fumigadas que viene reclamando por estas cuestiones.
Un relevamiento realizado por este diario hace dos años, en diferentes regiones de la provincia, mostraba escuelas rurales que insistían con sus quejas por esas aplicaciones, exponiendo los riesgos sobre la salud a los que se exponía a alumnos y docentes, mientras que otros establecimientos señalaban que no registraban inconvenientes ya por acuerdos con los productores de campos vecinos para que pulvericen esos lotes solamente en horario nocturno o en días sin actividad escolar.
La ley establece que además de cumplir con todos los requisitos exigidos para pulverizar, se respeten distancias mínimas según productos y la obligación de dar aviso, además de contemplar las condiciones climáticas al momento de la pulverización.
Control oficial
Denuncias. Desde la Subsecretaría de Fiscalización y Control del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba se sugiere denunciar cualquier irregularidad en la aplicación de la ley de agroquímicos 9.164, vigente desde 2004. Según esa repartición, en el primer semestre de 2014 se labraron 251 actas por infracciones varias. Entre las ligadas a agroquímicos, aparecen 18 clausuras de depósitos no autorizados y nueve secuestros de maquinarias pulverizadoras (siete terrestres y dos aviones).
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Fecha de Publicación: 28/08/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
En la zona de Balnearia, alumnos y docentes tuvieron principio de intoxicación. Recuerdan las exigencias y piden más control.
Balnearia. Los alumnos y la docente de la escuela rural Padre Cura Brochero, de Colonia Severina, ubicada en Balnearia –al nordeste provincial–, sufrieron un principio de intoxicación por la aplicación de agroquímicos en un campo vecino, sin los cuidados suficientes y en horario de clase.
La Asociación para el Medio Ambiente y su Dinámica (Amad) denunció que esta escuela rural tuvo que ser evacuada tras la aplicación terrestre de agroquímicos en sus cercanías. Indicaron que alumnos y docentes sintieron los síntomas de la intoxicación y debieron retirarse del establecimiento.
Desde Amad se pidió modificar la ley provincial de agroquímicos en varios aspectos, pero principalmente para prohibir las pulverizaciones tanto aéreas como terrestres en la periferia de escuelas rurales, como de barrios poblados pegados a campos.
La entidad considera que el Ministerio de Educación de Córdoba debe “agendar en forma urgente esta situación y actuar inmediatamente para cuidar la salud de docentes y alumnos rurales”. También exigió a los gobiernos municipales con jurisdicción rural en establecimientos educativos que adopten medidas para regular esas aplicaciones.
Amad advirtió que ya se registraron años anteriores similares casos en esta misma región del departamento San Justo, en el noreste de la provincia, y reclamó sanciones para los propietarios de los campos, profesionales y aplicadores involucrados.
“Hay una responsabilidad que debe ser sancionada con rigor que es la responsabilidad del propietario rural, del aplicador y del profesional agrónomo que en forma conjunta deciden una aplicación de sustancias químicas de riesgo, que en este caso ni siquiera tuvieron en cuenta la condición climática que derivó de lleno en la escuela rural, sus alumnos y docentes”, sostuvieron desde esa entidad.
Años de reclamos
La problemática de las escuelas rurales respecto de las fumigaciones lleva años. Incluso en Córdoba se formó una grupo denominado Docentes de Escuelas Fumigadas que viene reclamando por estas cuestiones.
Un relevamiento realizado por este diario hace dos años, en diferentes regiones de la provincia, mostraba escuelas rurales que insistían con sus quejas por esas aplicaciones, exponiendo los riesgos sobre la salud a los que se exponía a alumnos y docentes, mientras que otros establecimientos señalaban que no registraban inconvenientes ya por acuerdos con los productores de campos vecinos para que pulvericen esos lotes solamente en horario nocturno o en días sin actividad escolar.
La ley establece que además de cumplir con todos los requisitos exigidos para pulverizar, se respeten distancias mínimas según productos y la obligación de dar aviso, además de contemplar las condiciones climáticas al momento de la pulverización.
Control oficial
Denuncias. Desde la Subsecretaría de Fiscalización y Control del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba se sugiere denunciar cualquier irregularidad en la aplicación de la ley de agroquímicos 9.164, vigente desde 2004. Según esa repartición, en el primer semestre de 2014 se labraron 251 actas por infracciones varias. Entre las ligadas a agroquímicos, aparecen 18 clausuras de depósitos no autorizados y nueve secuestros de maquinarias pulverizadoras (siete terrestres y dos aviones).
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