Clausuraron la refinería de Petrobras
20:06 | 
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Clausuraron la refinería de Petrobras
Fecha de Publicación: 08/03/2013
Fuente: La Nueva Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires
La medida cautelar es por no cumplir con el plan de seguridad y tener vencidos los certificados de aptitud ambiental y de descarga de gases. Se realiza una parada de planta y hay más de 500 obreros a la expectativa. "Estamos sorprendidos y preocupados", dijo el concejal y gremialista Fabio Pierdominici.
El doctor Rubén Moiola, en subrogancia a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 2, ordenó la clausura la refinería de Petrobras, Doctor Ricardo Eliçabe, como medida cautelar en el marco de una acción de amparo, porque la empresa "tiene vencidos los certificados de descarga de efluentes gaseosos desde 2003, al igual que el certificado de aptitud ambiental desde 2009 y no ha presentado el plan de remediación y readecuación tras la muerte de un operario".
Así lo confirmó Leandro Aparicio, abogado de vecinos de la planta, quienes iniciaron una acción penal que derivó en esta medida judicial. Todos viven en la calle Cacique Platero, entre la avenida Colón y Moreno, a unas dos cuadras del establecimiento industrial.
"Por esas razones, después de haberle preguntado al Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) --autoridad de aplicación-- acerca de los permisos que están vencidos y no obtener respuesta alguna, se hace efectiva esta medida, hasta tanto se acompañen los certificados vigentes", dijo el letrado.
Aparicio manifestó que la causa la generaron los lugareños, a partir de que "casi diariamente ingresan gases cancerígenos en sus casas, que salen de esta refinería".
"Les pica y les duele mucho la garganta, produciendo carrasperas, vómitos, náuseas y dolores de cabeza, además de ser cancerígenos", advirtió.
Desde la empresa se expuso que se realizaron las correspondientes presentaciones ante el OPDS, que las mismas no fueron objetadas y que es el organismo provincial el que no emite los certificados y lleva a la empresa a no contar con dichos avales.
Al respecto, Aparicio dijo que el OPDS es un foco de corrupción.
"Dejó prescribir multas que le debió aplicar a Petrobras, ¿porque son muy ineficientes o porque son muy corruptos?", preguntó.
En ese sentido, sostuvo que desde la cúpula del organismo se ha perseguido a los inspectores honestos.
"Como lo han hecho con el ingeniero Martín Negri, al que le sacaron el sueldo, lo persiguieron y terminó suicidándose. Negri fue el primero que le hizo la clausura a Petrobras, hace unos 4 años, y el que se opuso fue el ingeniero Fernando Rey Saravia, excoordinador del CTE, organismo que tampoco cumple con su finalidad, ya que tendría que haber intimado y advertido.
"Hay que cambiar el paradigma del control ambiental porque el CTE y el OPDS defienden los intereses de las empresas y no el medio ambiente y la salud de las personas", aseguró Aparicio.
"Estaba operando bien". El concejal Fabio Pierdominici (Unión Celeste y Blanco) es dirigente sindical del gremio que agrupa a los empleados de la refinería. Ayer, durante la parada de planta, se reunió con los trabajadores y expresó su preocupación.
"Estamos sorprendidos y preocupados por que no hay motivos claros que justifiquen la clausura y porque más de 500 trabajadores dependen de ella. La planta estaba operando bien, sin falencias técnicas, en regímenes normales", destacó.
Advirtió que el riesgo de accidentes aumenta en la planta durante los procesos de parada y puesta en marcha.
"La parada que se está iniciando durará 4 días en concluirse. Ahora se está bajando la carga de crudo de las torres y se disminuye la temperatura de a poco, para la preservación de los equipos", manifestó.
Acompañó el CTE. Inspectores del Comité Técnico Ejecutivo, organismo municipal de control de grandes industrias, brindaron apoyo a los agentes judiciales que debían asegurar el cumplimiento de la medida de clausura, que alcanza a toda la refinería.
"El juzgado le pidió a la Municipalidad que el CTE se presente como personal de auxilio de la Justicia. A su vez, estamos consensuando con la empresa las maniobras que son necesarias para ir bajando la carga y parar la planta, cuestión que no se logra en diez minutos", expresó Sebastián Serra, titular de la Agencia Ambiental de la comuna.
Serra aclaró que la medida judicial se basa en aspectos administrativos --falta de documentación vigente-- y no por riesgos o eventos ambientales ocurridos en los últimos días.
Cristóbal López
El mes pasado trascendió que el empresario kirchnerista Cristóbal López cerró el acuerdo de asociación con la petrolera brasileña Petrobras, por lo cual se queda con el 51% del paquete accionario de la filial argentina. Esto abarca, entre otros activos, a la refinería local ubicada en Loma Paraguaya. Aún no se realizó el anuncio oficial.
Lo que dice el fallo judicial
El juez Rubén Moiola, al analizar el caso, en el marco de la causa "Arosteguichar Marcela Beatriz c/Petrobras Argentina S.A. y otro s/amparo", resolvió disponer la medida cautelar de clausura por encontrar "comprometido el derecho a la vida y a la salud".
Entendió el magistrado que la decisión se puede dictar porque concurren simultáneamente una "urgencia impostergable y la fuerte verosimilitud de los hechos y del derecho invocado".
Tuvo en cuenta las constancias administrativas, aunque sólo acompañadas por el CTE, ya que el OPDS no cumplió la orden judicial de incorporar el informe.
"Son demostrativas de las reiteradas fallas técnicas, accidentes e incidentes ocurridos en la refinería desde el período 2007 a la fecha, como asimismo las varias oportunidades en que la planta fue clausurada", explicó Moiola.
De la misma manera, surge que el plan de readecuación, remediación y seguridad no está cumplido en su totalidad.
Por otra parte, surge del informe del CTE que Petrobras tiene vencido tanto el certificado de aptitud ambiental como el permiso de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera, desde 2009 y 2003, respectivamente, "en franca violación a las normas".
"Se encuentra así acreditada la posible afectación o gravamen del derecho a un ambiente sano, a la salud y a la vida, por lo que en virtud del principio precautorio y preventivo (...), y teniendo en cuenta la índole de los bienes jurídicos comprometidos, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada", estableció Moiola.
La clausura es preventiva, hasta tanto se acredite en autos la presentación del certificado de aptitud ambiental y el permiso de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera, y se cumpla íntegramente con el plan de readecuación, remediación y seguridad.
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Fecha de Publicación: 08/03/2013
Fuente: La Nueva Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires
La medida cautelar es por no cumplir con el plan de seguridad y tener vencidos los certificados de aptitud ambiental y de descarga de gases. Se realiza una parada de planta y hay más de 500 obreros a la expectativa. "Estamos sorprendidos y preocupados", dijo el concejal y gremialista Fabio Pierdominici.
El doctor Rubén Moiola, en subrogancia a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 2, ordenó la clausura la refinería de Petrobras, Doctor Ricardo Eliçabe, como medida cautelar en el marco de una acción de amparo, porque la empresa "tiene vencidos los certificados de descarga de efluentes gaseosos desde 2003, al igual que el certificado de aptitud ambiental desde 2009 y no ha presentado el plan de remediación y readecuación tras la muerte de un operario".
Así lo confirmó Leandro Aparicio, abogado de vecinos de la planta, quienes iniciaron una acción penal que derivó en esta medida judicial. Todos viven en la calle Cacique Platero, entre la avenida Colón y Moreno, a unas dos cuadras del establecimiento industrial.
"Por esas razones, después de haberle preguntado al Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) --autoridad de aplicación-- acerca de los permisos que están vencidos y no obtener respuesta alguna, se hace efectiva esta medida, hasta tanto se acompañen los certificados vigentes", dijo el letrado.
Aparicio manifestó que la causa la generaron los lugareños, a partir de que "casi diariamente ingresan gases cancerígenos en sus casas, que salen de esta refinería".
"Les pica y les duele mucho la garganta, produciendo carrasperas, vómitos, náuseas y dolores de cabeza, además de ser cancerígenos", advirtió.
Desde la empresa se expuso que se realizaron las correspondientes presentaciones ante el OPDS, que las mismas no fueron objetadas y que es el organismo provincial el que no emite los certificados y lleva a la empresa a no contar con dichos avales.
Al respecto, Aparicio dijo que el OPDS es un foco de corrupción.
"Dejó prescribir multas que le debió aplicar a Petrobras, ¿porque son muy ineficientes o porque son muy corruptos?", preguntó.
En ese sentido, sostuvo que desde la cúpula del organismo se ha perseguido a los inspectores honestos.
"Como lo han hecho con el ingeniero Martín Negri, al que le sacaron el sueldo, lo persiguieron y terminó suicidándose. Negri fue el primero que le hizo la clausura a Petrobras, hace unos 4 años, y el que se opuso fue el ingeniero Fernando Rey Saravia, excoordinador del CTE, organismo que tampoco cumple con su finalidad, ya que tendría que haber intimado y advertido.
"Hay que cambiar el paradigma del control ambiental porque el CTE y el OPDS defienden los intereses de las empresas y no el medio ambiente y la salud de las personas", aseguró Aparicio.
"Estaba operando bien". El concejal Fabio Pierdominici (Unión Celeste y Blanco) es dirigente sindical del gremio que agrupa a los empleados de la refinería. Ayer, durante la parada de planta, se reunió con los trabajadores y expresó su preocupación.
"Estamos sorprendidos y preocupados por que no hay motivos claros que justifiquen la clausura y porque más de 500 trabajadores dependen de ella. La planta estaba operando bien, sin falencias técnicas, en regímenes normales", destacó.
Advirtió que el riesgo de accidentes aumenta en la planta durante los procesos de parada y puesta en marcha.
"La parada que se está iniciando durará 4 días en concluirse. Ahora se está bajando la carga de crudo de las torres y se disminuye la temperatura de a poco, para la preservación de los equipos", manifestó.
Acompañó el CTE. Inspectores del Comité Técnico Ejecutivo, organismo municipal de control de grandes industrias, brindaron apoyo a los agentes judiciales que debían asegurar el cumplimiento de la medida de clausura, que alcanza a toda la refinería.
"El juzgado le pidió a la Municipalidad que el CTE se presente como personal de auxilio de la Justicia. A su vez, estamos consensuando con la empresa las maniobras que son necesarias para ir bajando la carga y parar la planta, cuestión que no se logra en diez minutos", expresó Sebastián Serra, titular de la Agencia Ambiental de la comuna.
Serra aclaró que la medida judicial se basa en aspectos administrativos --falta de documentación vigente-- y no por riesgos o eventos ambientales ocurridos en los últimos días.
Cristóbal López
El mes pasado trascendió que el empresario kirchnerista Cristóbal López cerró el acuerdo de asociación con la petrolera brasileña Petrobras, por lo cual se queda con el 51% del paquete accionario de la filial argentina. Esto abarca, entre otros activos, a la refinería local ubicada en Loma Paraguaya. Aún no se realizó el anuncio oficial.
Lo que dice el fallo judicial
El juez Rubén Moiola, al analizar el caso, en el marco de la causa "Arosteguichar Marcela Beatriz c/Petrobras Argentina S.A. y otro s/amparo", resolvió disponer la medida cautelar de clausura por encontrar "comprometido el derecho a la vida y a la salud".
Entendió el magistrado que la decisión se puede dictar porque concurren simultáneamente una "urgencia impostergable y la fuerte verosimilitud de los hechos y del derecho invocado".
Tuvo en cuenta las constancias administrativas, aunque sólo acompañadas por el CTE, ya que el OPDS no cumplió la orden judicial de incorporar el informe.
"Son demostrativas de las reiteradas fallas técnicas, accidentes e incidentes ocurridos en la refinería desde el período 2007 a la fecha, como asimismo las varias oportunidades en que la planta fue clausurada", explicó Moiola.
De la misma manera, surge que el plan de readecuación, remediación y seguridad no está cumplido en su totalidad.
Por otra parte, surge del informe del CTE que Petrobras tiene vencido tanto el certificado de aptitud ambiental como el permiso de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera, desde 2009 y 2003, respectivamente, "en franca violación a las normas".
"Se encuentra así acreditada la posible afectación o gravamen del derecho a un ambiente sano, a la salud y a la vida, por lo que en virtud del principio precautorio y preventivo (...), y teniendo en cuenta la índole de los bienes jurídicos comprometidos, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada", estableció Moiola.
La clausura es preventiva, hasta tanto se acredite en autos la presentación del certificado de aptitud ambiental y el permiso de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera, y se cumpla íntegramente con el plan de readecuación, remediación y seguridad.
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La UCC contra la radicación de Monsanto
Universidad Católica se expidió en contra de la radicación de Monsanto en Malvinas
Fecha de Publicación: 08/03/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Fecha de Publicación: 08/03/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
El Centro de Bioética de la institución pidió escuchar a la población que se opone a la llegada de la multinacional, y dijo que “hay demasiada evidencia” de que la actividad de Monsanto “impactará negativamente en la salud de las personas”.El Centro de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) emitió un duro documento donde explicitó su oposición a la instalación de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas, al afirmar que hay “demasiada evidencia” de que “las actividades, procesos y residuos del emprendimiento en cuestión impactarán negativamente en la salud de las personas en condiciones ya muy vulnerables”.
En el documento, titulado “7 puntos sobre el conflicto Monsanto en Malvinas: Otra voz”, la institución recomendó atender a los reclamos de la población de Malvinas, que mayoritariamente se resiste a la radicación de la firma, porque “es evidente que la movilización social tiene razones y sentido con elementos bien fundados”. Los vecinos reaccionan “porque son ellos los que pierden su salud y sus vidas en toda clase de exposiciones a diversos contaminantes que nunca llegan a saber fehacientemente de qué se trata”, remarcó el organismo de la Católica. “La autoridad de más de 200 muertos no es poca cosa”, agregó.
El posicionamiento público de la UCC se suma al que lanzó en setiembre del año pasado la UNC, que a través de su Consejo Superior pidió a las autoridades que respeten “los dictados de la Constitución Nacional” y el principio de precaución contemplado en la Ley Nacional 25.675. En esa resolutiva, también se sugirió indagar sobre el parecer de los vecinos mediante una consulta popular.
El comunicado de la UCC se conoció ayer y fue firmado por la mayoría de los integrantes del Centro de Bioética, entre ellos, el vicerrector Diego Fonti, mano derecha del rector Rafael Velasco. La médica y presidenta el comité, Sandra Heinzmann, dijo a la LA MAÑANA que hay que “legitimar la resistencia social, porque la gente tiene sus razones” y consideró que, como el proyecto “no tiene licencia social”, Monsanto “no debería seguir adelante” con su plan de expansión en Córdoba.
En ese sentido, aunque admitió que todavía no están “todas las pruebas” de que la instalación de la planta de transgénicos afectará la salud ambiental y de la comunidad de Malvinas, Heinzmann sostuvo que existen evidencias de “impacto serio”. Una de ellas, dijo, es un conocido informe del biólogo Raúl Montenegro, premio Nobel Alternativo 2004. Otra, prosiguió la especialista, es una investigación de campo sobre Malvinas Argentinas, elaborada por la UNC y publicada por este diario, en la que queda evidente el nivel de vulnerabilidad social y ambiental de esta población, sometida de antemano a fumigaciones por encontrarse en zona de producción agrícola de la provincia.
“No hay objetividad por encima de la vida”, reza el documento, donde se aclara que su interés es defender la vida y los derechos humanos (ver aparte).
En tanto, Monsanto prosigue con las obras sobre el predio ubicado en la Ruta A188, pese a que un fallo judicial ordenó suspender los trabajos. Ayer la multinacional informó públicamente que ni el municipio local ni la Secretaría de Ambiente de la Provincia revocaron el permiso de obra otorgado, y que tampoco la Justicia notificó sobre la mencionada suspensión.
“Empresa fuertemente sancionada”
Además de pedir que se valore la resistencia vecinal a la radicación, la UCC tuvo duras palabras para con la propia firma estadounidense, de quien recordó “ha sido fuertemente sancionada en diversos países del Primer Mundo y no por jueces desinformados”. “Pueden promoverse avances en el agro de muchas maneras más soberanas que beneficiando a estas empresas”, agregó y resaltó que “pesan hondas sospechas sobre la misma, dada su trayectoria histórica vinculada inexorablemente a la imposición de paquetes biotecnológicos ligados a los grandes intereses de mercado”. Con respecto a los productos transgénicos -especialidad de la empresa- recordó el Centro de Bioética que la mayoría de los países europeos los prohíben. “¿Por qué nuestras instituciones jurídicas y políticas no investigan los motivos?”, se preguntó la entidad.
En relación a la resolución de Cámara que suspendió provisoriamente las obras en Malvinas Argentinas, hasta tanto el municipio presente documentación requerida, la multinacional Monsanto indicó mediante un comunicado que “hasta el momento no han sido revocados el permiso de obra otorgado por la Municipalidad de Malvinas Argentinas ni la aprobación del Aviso de Proyecto emitido por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba. Tampoco ha recibido notificación alguna de la Justicia que le impida la prosecución de las obras. “Por lo tanto, los trabajos de obra continúan su curso conforme con los permisos y autorizaciones vigentes”, señaló.
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Para el defensor de los ingenios está todo OK
Polémica: desmienten a defensor que afirmó que la vinaza no es peligrosa
Fecha de Publicación: 07/03/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Las afirmaciones de que la vinaza está “demonizada” y que no es “peligrosa”, del abogado Arnaldo Ahumada, defensor de dos de los imputados en la causa por contaminación, disparó la polémica. Especialistas y funcionarios santiagueños salieron rápidamente a desmentir al letrado, recordando los graves daños que este desecho provocó en el embalse Río Hondo.
“No puede decir que la vinaza no es peligrosa, cuando se trata de un contaminante de alto impacto”, manifestó el científico Antonio Gallego, quien apuntó: “Resulta más caro su tratamiento por eso los empresarios no hacen las inversiones.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával, consideró estas expresiones del Dr. Ahumada, como parte de su estrategia para deslindar responsabilidades de sus defendidos (José Fernández y Santiago Gasep, de los ingenios Santa Rosa y Trinidad). Contrarrestando las afirmaciones del letrado, el ombudsman dijo que está probado que la vinaza representa el 80% de la contaminación de la cuenca Salí Dulce.
Ahumada había sostenido también, que hacía muchos años que se arrojaba vinaza a la cuenca y no había mortandad de peces, y que estos fenómenos ocurrieron a partir de 2010. “Algo más está viniendo a la cuenca”, advirtió. Díaz Achával le retrucó que, coincidentemente, en enero de 2010 empezó a producirse más bioetanol en Tucumán, y que con ello, se generaron descomunales volúmenes de vinaza. “Los ingenios siempre arrojaron vinaza, pero en menor cantidad, hoy se produce diariamente en cada planta, un millón de litros de vinaza”, ilustró.
El fiscal de Estado, Raúl Abate, también se sumó a la polémica y recalcó que “en la última mortandad de peces que apareció en el embalse, quedó perfectamente probado que la mortandad fue por un vuelco masivo de vinaza”.
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Fecha de Publicación: 07/03/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Las afirmaciones de que la vinaza está “demonizada” y que no es “peligrosa”, del abogado Arnaldo Ahumada, defensor de dos de los imputados en la causa por contaminación, disparó la polémica. Especialistas y funcionarios santiagueños salieron rápidamente a desmentir al letrado, recordando los graves daños que este desecho provocó en el embalse Río Hondo.“No puede decir que la vinaza no es peligrosa, cuando se trata de un contaminante de alto impacto”, manifestó el científico Antonio Gallego, quien apuntó: “Resulta más caro su tratamiento por eso los empresarios no hacen las inversiones.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával, consideró estas expresiones del Dr. Ahumada, como parte de su estrategia para deslindar responsabilidades de sus defendidos (José Fernández y Santiago Gasep, de los ingenios Santa Rosa y Trinidad). Contrarrestando las afirmaciones del letrado, el ombudsman dijo que está probado que la vinaza representa el 80% de la contaminación de la cuenca Salí Dulce.
Ahumada había sostenido también, que hacía muchos años que se arrojaba vinaza a la cuenca y no había mortandad de peces, y que estos fenómenos ocurrieron a partir de 2010. “Algo más está viniendo a la cuenca”, advirtió. Díaz Achával le retrucó que, coincidentemente, en enero de 2010 empezó a producirse más bioetanol en Tucumán, y que con ello, se generaron descomunales volúmenes de vinaza. “Los ingenios siempre arrojaron vinaza, pero en menor cantidad, hoy se produce diariamente en cada planta, un millón de litros de vinaza”, ilustró.
El fiscal de Estado, Raúl Abate, también se sumó a la polémica y recalcó que “en la última mortandad de peces que apareció en el embalse, quedó perfectamente probado que la mortandad fue por un vuelco masivo de vinaza”.
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Instalan la primera torre eólica de origen nacional
Instalan en La Rioja la primera torre eólica construída en Argentina
Fecha de Publicación: 07/03/2013
Fuente: Telam
Provincia/Región: La Rioja
La tercera fase de instalación de doce nuevos aerogeneradores comenzó en el Parque Eólico Arauco, en el Valle de La Puerta, en La Rioja, y se estima que en tres meses se duplique la producción energética en ese complejo, informó su titular, Juan Fernando Carbel.
Esta energía renovable permite ahorrar una compra de combustible fósil cercana a los 12 millones de dólares anuales, dijo el directivo en un comunicado.
Carbel, junto con una delegación de la empresa rionegrina Investigaciones Aplicadas (INVAP) recorrió la primera torre eólica íntegramente construída en la Argentina y que da comienzo a la constitución de Arauco III, fase que tiene como meta instalar una docena de nuevos aerogeneradores.
Esta instalación, que se proyecta que se prolongará por tres meses, duplicará la producción del parque eólico riojano y servirá como ejemplo para la instación de un parque de similares características en la provincia de Río Negro.
Estuvieron presentes en el recorrido el gerente general de INVAP, Héctor Otheguy, y responsables del área de tecnología industrial y tecnologías alternativas de la empresa rionegrina.
La torre inicial de Arauco III conforma el paquete de las primeras torres seriadas en el país e íntegramente construída por una empresa Argentina, una pyme denominada Metalúrgica Calviño, contratista de IMPSA Wind.
Anteriormente las torres llegaban desde Corea del Sur.
Arauco III tiene un tiempo predeterminado de tres meses y se estima que tardará una semana a ocho días la colocación de cada equipo, si las condiciones del viento así lo permiten.
Una vez concluído el montaje de las torres, comenzará el trabajo de los técnicos para ensamblar las partes electrónicas y eléctricas del aerogenerador.
Posiblemente antes de que se instale el último de los aerogeneradores, el primero ya esté generando y aportando al sistema.
“Estamos satisfechos porque toda la operación salió con éxito. En el momento de la instalación tuvimos un hueco de viento, lo que permitió que la grúa opere. Generalmente si el viento posee mucha intensidad, la grúa no puede trabajar. Hoy ayudó y por ello ya tenemos montada la primera torre”, describió Carbel durante el recorrido junto con los directivos de INVAP.
“Se va a continuar con las demás sucesivamente”, dijo Carbel, y agregó que estas acciones son consideradas como “un hito para La Rioja y para todo el país, porque la torre que está siendo instalada es la primera que se construye de forma seriada en el país. La realizó una Pyme que tiene sus instalaciones en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires”, detalló.
“Hoy estamos iniciando la Tercera Etapa del parque (Arauco III), y estamos armando la licitación para una cuarta (Arauco IV), que buscará instalar 24 aerogeneradores mas. Queremos duplicar lo que tenemos en estas dos líneas. Hoy tenemos doce y queremos llegar a 24 molinos más”, concluyó Carbel.
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Fecha de Publicación: 07/03/2013
Fuente: Telam
Provincia/Región: La Rioja
La tercera fase de instalación de doce nuevos aerogeneradores comenzó en el Parque Eólico Arauco, en el Valle de La Puerta, en La Rioja, y se estima que en tres meses se duplique la producción energética en ese complejo, informó su titular, Juan Fernando Carbel.Esta energía renovable permite ahorrar una compra de combustible fósil cercana a los 12 millones de dólares anuales, dijo el directivo en un comunicado.
Carbel, junto con una delegación de la empresa rionegrina Investigaciones Aplicadas (INVAP) recorrió la primera torre eólica íntegramente construída en la Argentina y que da comienzo a la constitución de Arauco III, fase que tiene como meta instalar una docena de nuevos aerogeneradores.
Esta instalación, que se proyecta que se prolongará por tres meses, duplicará la producción del parque eólico riojano y servirá como ejemplo para la instación de un parque de similares características en la provincia de Río Negro.
Estuvieron presentes en el recorrido el gerente general de INVAP, Héctor Otheguy, y responsables del área de tecnología industrial y tecnologías alternativas de la empresa rionegrina.
La torre inicial de Arauco III conforma el paquete de las primeras torres seriadas en el país e íntegramente construída por una empresa Argentina, una pyme denominada Metalúrgica Calviño, contratista de IMPSA Wind.
Anteriormente las torres llegaban desde Corea del Sur.
Arauco III tiene un tiempo predeterminado de tres meses y se estima que tardará una semana a ocho días la colocación de cada equipo, si las condiciones del viento así lo permiten.
Una vez concluído el montaje de las torres, comenzará el trabajo de los técnicos para ensamblar las partes electrónicas y eléctricas del aerogenerador.
Posiblemente antes de que se instale el último de los aerogeneradores, el primero ya esté generando y aportando al sistema.
“Estamos satisfechos porque toda la operación salió con éxito. En el momento de la instalación tuvimos un hueco de viento, lo que permitió que la grúa opere. Generalmente si el viento posee mucha intensidad, la grúa no puede trabajar. Hoy ayudó y por ello ya tenemos montada la primera torre”, describió Carbel durante el recorrido junto con los directivos de INVAP.
“Se va a continuar con las demás sucesivamente”, dijo Carbel, y agregó que estas acciones son consideradas como “un hito para La Rioja y para todo el país, porque la torre que está siendo instalada es la primera que se construye de forma seriada en el país. La realizó una Pyme que tiene sus instalaciones en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires”, detalló.
“Hoy estamos iniciando la Tercera Etapa del parque (Arauco III), y estamos armando la licitación para una cuarta (Arauco IV), que buscará instalar 24 aerogeneradores mas. Queremos duplicar lo que tenemos en estas dos líneas. Hoy tenemos doce y queremos llegar a 24 molinos más”, concluyó Carbel.
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Iniciativa polémica para compensar los desmontes
Bosques nativos para compensar los desmontes
Fecha de Publicación: 07/03/2013
Fuente: iEco - Clarín
Provincia/Región: Chaco - Nacional
Por $ 50 al mes, los productores que sientan culpa por el desmonte que se produjo en las provincias del Norte por la expansión de la frontera agrícola pueden lograr algo de alivio. Si donan esa cantidad durante un año, salvan una hectárea de bosque nativo en Chaco.
Una hectárea que no caerá bajo las topadoras cuando la soja se acerque. Es el sueño de Emiliano Ezcurra (41), que está en Expoagro tratando de convencer a los visitantes para que se sumen al proyecto más importante de su ONG Banco de Bosques: hacer que las 250.000 hectáreas de La Fidelidad, en el Impenetrable chaqueño, se conviertan en el primer Parque Nacional de la Argentina creado mediante suscripción popular. Los donantes lo compran y la ONG lo cede al Estado Nacional.
“Entre donaciones de particulares y empresas hemos recaudado ya el 20% de los $ 60 millones necesarios para comprar este bosque. En la recta final, aspiramos a que el Estado nacional aporte los fondos que falten para completar la totalidad”, explicó. Ezcurra convenció al Chaco para declarar el proyecto de interés público y permitir la creación de un fideicomiso para las donaciones cuando supo que la propiedad del bosque estaba en sucesión. “Además de obtener recursos económicos, el Gobierno de Chaco obtenía posicionamiento público para el Impenetrable. A los argentinos les brillan los ojos cuando hablan de la
Patagonia pero no cuando hablan de Chaco, y este bosque es uno de los últimos lugares donde se puede ver a especies en peligro de extinción, como el yaguareté o el tatú carreta. La creación del Parque también ayudará a la gente que podría acceder a un empleo con emprendimientos turísticos”, dijo.
Como lo que busca son donantes y no conflictos, Ezcurra no habla de la responsabilidad de la soja en los desmontes. Cuenta que los años que pasó en Greenpeace le hicieron comprender que el enfrentamiento no es siempre la opción más eficaz. Su argumentación para conseguir socios en la feria tiene que ver con la “deuda histórica” del sur hacia el norte: “El bosque chaqueño le dio un subsidio muy grande al campo argentino. Los durmientes para los ferrocarriles que sacaban las cosechas al puerto; los postes para las estancias o las tablas para las mangas. Es mucha madera que se extrajo durante décadas del bosque chaqueño hacia la Pampa húmeda”.
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Fecha de Publicación: 07/03/2013
Fuente: iEco - Clarín
Provincia/Región: Chaco - Nacional
Por $ 50 al mes, los productores que sientan culpa por el desmonte que se produjo en las provincias del Norte por la expansión de la frontera agrícola pueden lograr algo de alivio. Si donan esa cantidad durante un año, salvan una hectárea de bosque nativo en Chaco.
Una hectárea que no caerá bajo las topadoras cuando la soja se acerque. Es el sueño de Emiliano Ezcurra (41), que está en Expoagro tratando de convencer a los visitantes para que se sumen al proyecto más importante de su ONG Banco de Bosques: hacer que las 250.000 hectáreas de La Fidelidad, en el Impenetrable chaqueño, se conviertan en el primer Parque Nacional de la Argentina creado mediante suscripción popular. Los donantes lo compran y la ONG lo cede al Estado Nacional.
“Entre donaciones de particulares y empresas hemos recaudado ya el 20% de los $ 60 millones necesarios para comprar este bosque. En la recta final, aspiramos a que el Estado nacional aporte los fondos que falten para completar la totalidad”, explicó. Ezcurra convenció al Chaco para declarar el proyecto de interés público y permitir la creación de un fideicomiso para las donaciones cuando supo que la propiedad del bosque estaba en sucesión. “Además de obtener recursos económicos, el Gobierno de Chaco obtenía posicionamiento público para el Impenetrable. A los argentinos les brillan los ojos cuando hablan de la
Patagonia pero no cuando hablan de Chaco, y este bosque es uno de los últimos lugares donde se puede ver a especies en peligro de extinción, como el yaguareté o el tatú carreta. La creación del Parque también ayudará a la gente que podría acceder a un empleo con emprendimientos turísticos”, dijo.
Como lo que busca son donantes y no conflictos, Ezcurra no habla de la responsabilidad de la soja en los desmontes. Cuenta que los años que pasó en Greenpeace le hicieron comprender que el enfrentamiento no es siempre la opción más eficaz. Su argumentación para conseguir socios en la feria tiene que ver con la “deuda histórica” del sur hacia el norte: “El bosque chaqueño le dio un subsidio muy grande al campo argentino. Los durmientes para los ferrocarriles que sacaban las cosechas al puerto; los postes para las estancias o las tablas para las mangas. Es mucha madera que se extrajo durante décadas del bosque chaqueño hacia la Pampa húmeda”.
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agricultura industrial,
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Reservas Naturales - Parques
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Metrobus deberá modificar el proyecto
Por las plazoletas, el proyecto del Metrobus de la 9 de Julio deberá modificarse
Fecha de Publicación: 06/03/2013
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Capital Federal
El Gobierno porteño deberá modificar sus planes y abstenerse de reducir los espacios verdes parquizados por las obras del Metrobús que unirá Constitución con Retiro. El pasto pudo más que los árboles.
as obras del Metrobus que recorrerá la avenida 9 de Julio para unir Constitución con Retiro podrán retomarse pero no dentro de los planes originarios. Una resolución judicial dispuso la protección de los espacios verdes parquizados, tan característicos de la arteria porteña, y ordenó al Gobierno porteño que no realice ninguna obra que afecte la superficie de dichas plazoletas. La reubicación de árboles podrá reactivarse.
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Guillermo Scheibler, en una resolución fechada el 5 de marzo, resolvió una serie de planteos realizados por diversos actores que presentaron acciones de amparo con el objeto de suspender las obras para la construcción del Metrobús sobre la 9 de Julio.
En la resolución, el magistrado analizó diversos planteos (entre ellos el amparo impulsado por el ex legislador Facundo Di Filippo) que solicitaban la intervención judicial por cuestionar la legalidad del procedimiento y la afectación de bienes públicos como monumentos, restos arqueológicos, y arbolado, entre otros.
Tras desestimar varios de los planteos de los amparistas por no existir “algún grado de protección patrimonial integral a la Avenida 9 de Julio” ni de la Plaza de la República “que la torne intangible”, el magistrado también rechazó los cuestionamientos por el traslado de monumentos, y destacó la existencia de normativa que autoriza –bajo una precisa serie de condiciones- la plantación, poda, trasplante o tala sobre el arbolado público.
“Sin que lo que aquí se expone implique abrir juicio respecto de la oportunidad, mérito y conveniencia de las decisiones adoptadas respecto del arbolado público existente en los espacios parquizados de la Av. 9 de Julio o pueda superar la aversión que produce la imagen de la extracción de un árbol de gran porte, no constarían elementos para afirmar que la decisión adoptada al respecto por las autoridades competentes se haya apartado de modo manifiestamente arbitrario o ilegítimo de las normas vigentes en la materia. Sin perjuicio de ello, ha de recordarse que —tal como lo exigen los artículos 10, 11 y 12 de la ley 3263 y se ha remarcado en las actuaciones administrativas— la tarea relativa a las intervenciones sobre el arbolado deben realizarse por parte de “especialistas”, “respetando las reglas del arte, antes, durante y después de las tareas de trasplante” y “en el período más apropiado para ello”, expresa el fallo al que tuvo acceso Noticias Urbanas.
Si bien las polémicas obras del Metrobus no estarían en infracción ni con los monumentos, ni con los árboles, ni con los supuestos restos arqueológicos, los casi invalorados canteros que decoran la 9 de Julio se convirtieron en la piedra en el zapato del proyecto macrista.
Según se destaca en la resolución judicial la Constitución porteña impone “la preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas” y, de acuerdo a los informes brindados por el Gobierno porteño en la causa, la instalación de las estaciones del sistema de transporte público afectaría negativamente la superficie de las plazoletas de la avenida más ancha del país.
“Del cotejo a simple vista de los planos anejados a las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada, se desprende que más allá de los recortes parciales que se efectúan en las veredas de plazoletas laterales, la obra proyectada afecta integralmente al menos diez (10) de las plazoletas centrales parquizadas existentes en la Av. 9 de Julio, tanto en su extremo Norte como Sur. No nos referimos los pequeños canteros que existían entre las Avenidas Belgrano y Córdoba, sino a las extensas plazoletas (alrededor de 18 a 20 metros de ancho por una cuadra de largo) parquizadas existentes entre Avenida Belgrano y Carlos Calvo por el Sur; y Avenida Córdoba y Arenales por el extremo Norte, que en los términos del proyecto en ejecución pierden más de la mitad de su superficie y de modo completo y total su carácter de espacio verde parquizado”, explica la resolución.
El juez Scheibler, también subraya que “la solución a un problema generado por una variable en constante aumento (el tránsito) no puede pasar por la disminución de otro elemento (espacios verdes) cuyo número es estático y escaso”. “Resulta evidente que tal camino sólo conduce al progresivo sacrificio de un bien (espacios verdes) por otro (tránsito fluido u ordenado). En la Ciudad de Buenos Aires no resultaría constitucionalmente tolerable la opción “calles vs. Espacios verdes”. Las opciones que siempre otorga la técnica y la creatividad de los funcionarios y responsables políticos de la gestión deben encontrar soluciones que concilien los intereses en juego sin que uno implique la anulación del otro”, destaca el magistrado en los fundamentos del fallo.
Con la protección de las plazoletas como eje, el magistrado ordenó “al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se abstenga de reducir la superficie de espacios verdes parquizados con motivo de la ejecución de la obra en cuestión”. A su vez dispuso que “previo a reiniciar las intervenciones sobre el arbolado público existente en el área afectada a la obra “Metrobus Corredor 9 de Julio” acredite fehacientemente ante el Tribunal: a) que la totalidad del personal interviniente se encuentra debidamente capacitado para tales tareas; b) la participación de un especialista en la materia acompañando al tribunal sus datos y antecedentes profesionales; c) la supervisión de todo el proceso por parte de un reconocido organismo público especializado en la materia que pueda dar cuenta ante el Tribunal del cabal cumplimiento de “las reglas del arte, antes, durante y después de las tareas de trasplante”; d) haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 in fine de la ley 3263 y e) un detalle del destino de los árboles trasplantados y la cantidad, especie y ubicación proyectada de la totalidad de los nuevos ejemplares a implantar”.
“A pesar de los intentos desesperados del Pro por tergiversar la sentencia, al decir que lo que ordena la Justicia ya estaba previsto en sus planes, esta medida cautelar les impide proseguir las obras tal como lo pretendían hacer y deberán rediseñar integralmente el proyecto”, sostuvo el actor del amparo que inició la causa y dirigente del Partido Social de la Ciudad, Facundo Di Filippo, quien agregó: “No podrán afectar ningún espacio verde, incluyendo plazas y plazoletas, y deben tomar medidas para no afectar la arboleda existente en la 9 de Julio. El gobierno no podrá realizar el desastre ambiental y paisajístico que tenía previsto”.
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Fecha de Publicación: 06/03/2013
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Capital Federal
El Gobierno porteño deberá modificar sus planes y abstenerse de reducir los espacios verdes parquizados por las obras del Metrobús que unirá Constitución con Retiro. El pasto pudo más que los árboles.as obras del Metrobus que recorrerá la avenida 9 de Julio para unir Constitución con Retiro podrán retomarse pero no dentro de los planes originarios. Una resolución judicial dispuso la protección de los espacios verdes parquizados, tan característicos de la arteria porteña, y ordenó al Gobierno porteño que no realice ninguna obra que afecte la superficie de dichas plazoletas. La reubicación de árboles podrá reactivarse.
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Guillermo Scheibler, en una resolución fechada el 5 de marzo, resolvió una serie de planteos realizados por diversos actores que presentaron acciones de amparo con el objeto de suspender las obras para la construcción del Metrobús sobre la 9 de Julio.
En la resolución, el magistrado analizó diversos planteos (entre ellos el amparo impulsado por el ex legislador Facundo Di Filippo) que solicitaban la intervención judicial por cuestionar la legalidad del procedimiento y la afectación de bienes públicos como monumentos, restos arqueológicos, y arbolado, entre otros.
Tras desestimar varios de los planteos de los amparistas por no existir “algún grado de protección patrimonial integral a la Avenida 9 de Julio” ni de la Plaza de la República “que la torne intangible”, el magistrado también rechazó los cuestionamientos por el traslado de monumentos, y destacó la existencia de normativa que autoriza –bajo una precisa serie de condiciones- la plantación, poda, trasplante o tala sobre el arbolado público.
“Sin que lo que aquí se expone implique abrir juicio respecto de la oportunidad, mérito y conveniencia de las decisiones adoptadas respecto del arbolado público existente en los espacios parquizados de la Av. 9 de Julio o pueda superar la aversión que produce la imagen de la extracción de un árbol de gran porte, no constarían elementos para afirmar que la decisión adoptada al respecto por las autoridades competentes se haya apartado de modo manifiestamente arbitrario o ilegítimo de las normas vigentes en la materia. Sin perjuicio de ello, ha de recordarse que —tal como lo exigen los artículos 10, 11 y 12 de la ley 3263 y se ha remarcado en las actuaciones administrativas— la tarea relativa a las intervenciones sobre el arbolado deben realizarse por parte de “especialistas”, “respetando las reglas del arte, antes, durante y después de las tareas de trasplante” y “en el período más apropiado para ello”, expresa el fallo al que tuvo acceso Noticias Urbanas.
Si bien las polémicas obras del Metrobus no estarían en infracción ni con los monumentos, ni con los árboles, ni con los supuestos restos arqueológicos, los casi invalorados canteros que decoran la 9 de Julio se convirtieron en la piedra en el zapato del proyecto macrista.
Según se destaca en la resolución judicial la Constitución porteña impone “la preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas” y, de acuerdo a los informes brindados por el Gobierno porteño en la causa, la instalación de las estaciones del sistema de transporte público afectaría negativamente la superficie de las plazoletas de la avenida más ancha del país.
“Del cotejo a simple vista de los planos anejados a las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada, se desprende que más allá de los recortes parciales que se efectúan en las veredas de plazoletas laterales, la obra proyectada afecta integralmente al menos diez (10) de las plazoletas centrales parquizadas existentes en la Av. 9 de Julio, tanto en su extremo Norte como Sur. No nos referimos los pequeños canteros que existían entre las Avenidas Belgrano y Córdoba, sino a las extensas plazoletas (alrededor de 18 a 20 metros de ancho por una cuadra de largo) parquizadas existentes entre Avenida Belgrano y Carlos Calvo por el Sur; y Avenida Córdoba y Arenales por el extremo Norte, que en los términos del proyecto en ejecución pierden más de la mitad de su superficie y de modo completo y total su carácter de espacio verde parquizado”, explica la resolución.
El juez Scheibler, también subraya que “la solución a un problema generado por una variable en constante aumento (el tránsito) no puede pasar por la disminución de otro elemento (espacios verdes) cuyo número es estático y escaso”. “Resulta evidente que tal camino sólo conduce al progresivo sacrificio de un bien (espacios verdes) por otro (tránsito fluido u ordenado). En la Ciudad de Buenos Aires no resultaría constitucionalmente tolerable la opción “calles vs. Espacios verdes”. Las opciones que siempre otorga la técnica y la creatividad de los funcionarios y responsables políticos de la gestión deben encontrar soluciones que concilien los intereses en juego sin que uno implique la anulación del otro”, destaca el magistrado en los fundamentos del fallo.
Con la protección de las plazoletas como eje, el magistrado ordenó “al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se abstenga de reducir la superficie de espacios verdes parquizados con motivo de la ejecución de la obra en cuestión”. A su vez dispuso que “previo a reiniciar las intervenciones sobre el arbolado público existente en el área afectada a la obra “Metrobus Corredor 9 de Julio” acredite fehacientemente ante el Tribunal: a) que la totalidad del personal interviniente se encuentra debidamente capacitado para tales tareas; b) la participación de un especialista en la materia acompañando al tribunal sus datos y antecedentes profesionales; c) la supervisión de todo el proceso por parte de un reconocido organismo público especializado en la materia que pueda dar cuenta ante el Tribunal del cabal cumplimiento de “las reglas del arte, antes, durante y después de las tareas de trasplante”; d) haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 in fine de la ley 3263 y e) un detalle del destino de los árboles trasplantados y la cantidad, especie y ubicación proyectada de la totalidad de los nuevos ejemplares a implantar”.
“A pesar de los intentos desesperados del Pro por tergiversar la sentencia, al decir que lo que ordena la Justicia ya estaba previsto en sus planes, esta medida cautelar les impide proseguir las obras tal como lo pretendían hacer y deberán rediseñar integralmente el proyecto”, sostuvo el actor del amparo que inició la causa y dirigente del Partido Social de la Ciudad, Facundo Di Filippo, quien agregó: “No podrán afectar ningún espacio verde, incluyendo plazas y plazoletas, y deben tomar medidas para no afectar la arboleda existente en la 9 de Julio. El gobierno no podrá realizar el desastre ambiental y paisajístico que tenía previsto”.
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En el Roundup hay químicos peores que el glifosato
Nuevos estudios: Roundup lleva un compuesto más tóxico que el glifosato
Fecha de Publicación: 06/03/2013
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
País/Región: Nacional
"Según un nuevo estudio, el herbicida más utilizado en el mundo contiene compuestos más tóxicos que los declarados hasta ahora."
1.- Roundup, más tóxico de lo declarado
2.- Los adyuvantes con etoxilatos de los herbicidas basados en glifosato son tóxicos para las células humanas.
Según una nueva investigación publicada en una revista científica, Toxicología, Ropbin Mesnage, Bernay Benoît y el profesor Gilles-Eric Séralini, de la Universidad de Caen, Francia, han demostrado ( a partir de un nuevo estudio del herbicida Roundup) que el compuesto más tóxico no es el glifosato, que es la sustancia sobre la que más inciden las agencias de regulación, sino un compuesto que no siempre se muestra en la etiqueta, y que se designa por POE-15. Se emplearon métodos modernos a nivel celular ( en tres líneas celulares humanas) y espectometría de masas (estudio sobre la naturaleza de las moléculas). Esto permitió a los investigadores identificar y analizar los efectos de este compuesto.
Contexto: Se supone que el glifosato es el ingrediente activo del herbicida Roundup, el herbicida más utilizado en el mundo, y que está presente en numerosos herbicidas, tales que Roundup. Se han realizado pruebas de seguridad en mamíferos con objeto de evaluar los riesgos y determinar unas normas de regulación. Sin embargo, las formulaciones comerciales de estos herbicidas utilizan ingredientes añadidos ( los adyuvantes). Estos a menudo se consideran ingredientes confidenciales y se describen como inertes. Sin embargo, ayudan a estabilidad el compuesto químico glifosato y ayudan a penetrar en las plantas, del mismo modo que los detergentes corrosivos. Las formulaciones de los herbicidas, incluido Roundup, pueden afectar a todas las células vivas, especialmente a las células humanas. Este peligro se pasa por alto porque la Industria y las Agencias de Regulación los tratan como iguales en los estudios a largo plazo. La supuesta ausencia de toxicidad del glifosato sirve como base para la comercialización de Roundup. Las agencias ambientales y de salud, las empresas de plaguicidas, evalúan los efectos a largo plazo sobre los mamíferos pero sólo del glifosato, y no la formulación completa. Los detalles de estas evaluaciones para su regulación se mantienen celosamente guardados por empresas como Monsanto y las Agencias de Salud y Ambientales.
Conclusión y consecuencias: Este estudio demuestra que los herbicidas a base de glifosato son más tóxicos que el empleo únicamente del glifosato, explicándose por qué. Por lo tanto, las evaluaciones para su regulación, los niveles máximos autorizados en el medio ambiente, los alimentos y los piensos, son erróneas. Una bebida (como el agua contaminada por residuos de Roundup) o un cultivo transgénico tolerante a Roundup ( como la soja o el maíz transgénicos) se mostraron como tóxicos en ratas alimentadas en una investigación realizada por el equipo del Profesor Séralini. Los investigadores también han publicado las respuestas a los críticos de este estudio. Esta nueva investigación explica y confirma los resultados científicos del estudio de alimentación en ratas. En general, se trata de un asunto de preocupación para la salud pública. En primer lugar, todas las autorizaciones de herbicidas semejantes a Roundup tienen que ser cuestionadas de forma urgente. En segundo lugar, las normas reguladoras de evaluación tienen que ser revisadas completamente. Se precisa una análisis transparente e independiente por parte de la comunidad científica. Las Agencias dan sus opiniones a los Gobiernos, y al igual que las empresas de plaguicidas han dado su visto bueno. Estos organismos se equivocan porque los estudios de evaluación realizados han sido muy laxos y gran parte de la información que poseen las empresas es confidencial, por lo que se debe llevar a cabo una evaluación completa y transparente. Aquellas evaluaciones no son ni neutrales ni independientes. Se debe, como primer paso, hacer público a través de Internet todos los datos de los estudios realizados para su aprobación comercial, y las opiniones positivas sobre el uso de Roundup y productos similares. Los datos toxicológicos de la Industria deben ser hechos públicos.
Los adyuvantes de la familia POE-15 (amina de sebo polietoxilado) se han mostrado como muy tóxicos para las células humanas y deben ser regulados como tal. Las formulaciones completas deben ser utilizadas en los estudios de toxicidad a largo plazo y los resultados tenidos en cuenta en las evaluaciones para su regulación. El proceso de autorización regulatoria de pesticidas liberados al medio ambiente, que se venden en los centros comerciales y tiendas, debe ser revisado con urgencia. Además, dado que los adyuvantes son considerados como confidenciales en las formulaciones de plaguicidas, hemos de estar de acuerdo que estos descubrimientos de la toxicidad de los plaguicidas han sido muy subestimados.
Este estudio se llevó a cabo en la Universidad de Caen, con el apoyo estructural del CRIIGEN, de la Red Europea de Científicos por la Responsabilidad Social y Ambiental (ENSSER)
Contacto: criigen@unicaen.fr , Teléfono +33 (0) 231565684 (Francia). http://www.criigen.org
Notas:
(1) Mesnage R., Bernay B., GE Séralini. (2013, en prensa). Adyuvantes etoxilados de herbicidas basados en glifosato son principios activos de la toxicidad de la célula humana. Toxicología Ver aquí
(2) Séralini GE, et al. (2012). Toxicidad a largo plazo de un herbicida Roundup y Roundup-un maíz modificado genéticamente tolerante. Food and Chemical Toxicology 50 (11): 4221-4231.
(3) Séralini GE, et al. (2013). Las respuestas a los críticos: ¿Por qué hay una toxicidad a largo plazo debido a NK603 Roundup-maíz modificado genéticamente tolerante a un herbicida y Roundup. Food and Chemical Toxicology
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Fecha de Publicación: 06/03/2013
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
País/Región: Nacional
"Según un nuevo estudio, el herbicida más utilizado en el mundo contiene compuestos más tóxicos que los declarados hasta ahora."1.- Roundup, más tóxico de lo declarado
2.- Los adyuvantes con etoxilatos de los herbicidas basados en glifosato son tóxicos para las células humanas.
Según una nueva investigación publicada en una revista científica, Toxicología, Ropbin Mesnage, Bernay Benoît y el profesor Gilles-Eric Séralini, de la Universidad de Caen, Francia, han demostrado ( a partir de un nuevo estudio del herbicida Roundup) que el compuesto más tóxico no es el glifosato, que es la sustancia sobre la que más inciden las agencias de regulación, sino un compuesto que no siempre se muestra en la etiqueta, y que se designa por POE-15. Se emplearon métodos modernos a nivel celular ( en tres líneas celulares humanas) y espectometría de masas (estudio sobre la naturaleza de las moléculas). Esto permitió a los investigadores identificar y analizar los efectos de este compuesto.
Contexto: Se supone que el glifosato es el ingrediente activo del herbicida Roundup, el herbicida más utilizado en el mundo, y que está presente en numerosos herbicidas, tales que Roundup. Se han realizado pruebas de seguridad en mamíferos con objeto de evaluar los riesgos y determinar unas normas de regulación. Sin embargo, las formulaciones comerciales de estos herbicidas utilizan ingredientes añadidos ( los adyuvantes). Estos a menudo se consideran ingredientes confidenciales y se describen como inertes. Sin embargo, ayudan a estabilidad el compuesto químico glifosato y ayudan a penetrar en las plantas, del mismo modo que los detergentes corrosivos. Las formulaciones de los herbicidas, incluido Roundup, pueden afectar a todas las células vivas, especialmente a las células humanas. Este peligro se pasa por alto porque la Industria y las Agencias de Regulación los tratan como iguales en los estudios a largo plazo. La supuesta ausencia de toxicidad del glifosato sirve como base para la comercialización de Roundup. Las agencias ambientales y de salud, las empresas de plaguicidas, evalúan los efectos a largo plazo sobre los mamíferos pero sólo del glifosato, y no la formulación completa. Los detalles de estas evaluaciones para su regulación se mantienen celosamente guardados por empresas como Monsanto y las Agencias de Salud y Ambientales.
Conclusión y consecuencias: Este estudio demuestra que los herbicidas a base de glifosato son más tóxicos que el empleo únicamente del glifosato, explicándose por qué. Por lo tanto, las evaluaciones para su regulación, los niveles máximos autorizados en el medio ambiente, los alimentos y los piensos, son erróneas. Una bebida (como el agua contaminada por residuos de Roundup) o un cultivo transgénico tolerante a Roundup ( como la soja o el maíz transgénicos) se mostraron como tóxicos en ratas alimentadas en una investigación realizada por el equipo del Profesor Séralini. Los investigadores también han publicado las respuestas a los críticos de este estudio. Esta nueva investigación explica y confirma los resultados científicos del estudio de alimentación en ratas. En general, se trata de un asunto de preocupación para la salud pública. En primer lugar, todas las autorizaciones de herbicidas semejantes a Roundup tienen que ser cuestionadas de forma urgente. En segundo lugar, las normas reguladoras de evaluación tienen que ser revisadas completamente. Se precisa una análisis transparente e independiente por parte de la comunidad científica. Las Agencias dan sus opiniones a los Gobiernos, y al igual que las empresas de plaguicidas han dado su visto bueno. Estos organismos se equivocan porque los estudios de evaluación realizados han sido muy laxos y gran parte de la información que poseen las empresas es confidencial, por lo que se debe llevar a cabo una evaluación completa y transparente. Aquellas evaluaciones no son ni neutrales ni independientes. Se debe, como primer paso, hacer público a través de Internet todos los datos de los estudios realizados para su aprobación comercial, y las opiniones positivas sobre el uso de Roundup y productos similares. Los datos toxicológicos de la Industria deben ser hechos públicos.
Los adyuvantes de la familia POE-15 (amina de sebo polietoxilado) se han mostrado como muy tóxicos para las células humanas y deben ser regulados como tal. Las formulaciones completas deben ser utilizadas en los estudios de toxicidad a largo plazo y los resultados tenidos en cuenta en las evaluaciones para su regulación. El proceso de autorización regulatoria de pesticidas liberados al medio ambiente, que se venden en los centros comerciales y tiendas, debe ser revisado con urgencia. Además, dado que los adyuvantes son considerados como confidenciales en las formulaciones de plaguicidas, hemos de estar de acuerdo que estos descubrimientos de la toxicidad de los plaguicidas han sido muy subestimados.
Este estudio se llevó a cabo en la Universidad de Caen, con el apoyo estructural del CRIIGEN, de la Red Europea de Científicos por la Responsabilidad Social y Ambiental (ENSSER)
Contacto: criigen@unicaen.fr , Teléfono +33 (0) 231565684 (Francia). http://www.criigen.org
Notas:
(1) Mesnage R., Bernay B., GE Séralini. (2013, en prensa). Adyuvantes etoxilados de herbicidas basados en glifosato son principios activos de la toxicidad de la célula humana. Toxicología Ver aquí
(2) Séralini GE, et al. (2012). Toxicidad a largo plazo de un herbicida Roundup y Roundup-un maíz modificado genéticamente tolerante. Food and Chemical Toxicology 50 (11): 4221-4231.
(3) Séralini GE, et al. (2013). Las respuestas a los críticos: ¿Por qué hay una toxicidad a largo plazo debido a NK603 Roundup-maíz modificado genéticamente tolerante a un herbicida y Roundup. Food and Chemical Toxicology
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Industriales tucumanos podrían ser detenidos
Industriales tucumanos dilatan indagatoria y el juez Molinari podría ordenar detenciones
Fecha de Publicación: 06/03/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La primera jornada de indagatorias fijadas por el Juzgado Federal local a industriales tucumanos acusados de contaminar el embalse Río Hondo, quedó trunca debido a que los citados José Antonio Fernández (Los Dulces Norte SA, Ingenio Santa Rosa) y Héctor Mateos (Azucarera Argentina) argumentaron motivos particulares para no presentarse ante el juez federal Guillermo Molinari. Ante esta situación, el magistrado espera que los imputados por infringir la ley de Residuos Peligrosos justifiquen las razones esgrimidas o correría vista al fiscal federal Pedro Simón, para tomar una medida que asegure el comparendo de ambos.
En tal sentido, calificadas fuentes judiciales indicaron que se podrían librar orden de detención.
En diálogo con la prensa, el juez federal Guillermo Molinari indicó que los empresarios habían sido citados, pero que “algunos de ellos manifestaron que por razones particulares que tienen que ser acreditadas oportunamente, pidieron el cambio de fecha, por una próxima, por cuestión de horas”. El magistrado dijo que estas solicitudes van a ser merituadas oportunamente y remarcó que “se les va a tomar la indagatoria, no más allá de las próximas 48 horas”.
“Los que no la justifiquen (la ausencia) ya se estaría corriendo vista al fiscal respecto de esto y se van a tomar las medidas necesarias a los fines de dar cumplimiento con la citación a indagatoria efectuada”.
En tal sentido, el juez dijo que una de las medidas que se evaluaría sería revocar la eximición de prisión otorgada en su momento a los imputados.
Molinari señaló que esta situación genera inconvenientes ya que tiene “una agenda muy apretada y la programación de las indagatorias, muchas veces no puede modificarla por falta de tiempo”.
“En el día de la fecha tenía la agenda totalmente completa y esto ya me modifica porque se me empiezan a acumular (las indagatorias) en días posteriores”. El alto funcionario judicial santiagueño reiteró que se van a reprogramar las indagatorias -en total ocho- para esta semana para que “las tomemos a todas”.
Consultado por las demás indagatorias fijadas para esta semana, enfatizó que no habrá cambios. “En este caso (aludiendo a las ausencias de Fernández y Mateos) se contempla la situación en las cuales manifiestan que por motivo de distancia, particulares o de salud se pueda evaluar un cambio de fecha. Los que no justifiquen vamos a tomar otro tipo de medidas que se van a evaluar oportunamente”, sentenció.
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Fecha de Publicación: 06/03/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La primera jornada de indagatorias fijadas por el Juzgado Federal local a industriales tucumanos acusados de contaminar el embalse Río Hondo, quedó trunca debido a que los citados José Antonio Fernández (Los Dulces Norte SA, Ingenio Santa Rosa) y Héctor Mateos (Azucarera Argentina) argumentaron motivos particulares para no presentarse ante el juez federal Guillermo Molinari. Ante esta situación, el magistrado espera que los imputados por infringir la ley de Residuos Peligrosos justifiquen las razones esgrimidas o correría vista al fiscal federal Pedro Simón, para tomar una medida que asegure el comparendo de ambos.
En tal sentido, calificadas fuentes judiciales indicaron que se podrían librar orden de detención.
En diálogo con la prensa, el juez federal Guillermo Molinari indicó que los empresarios habían sido citados, pero que “algunos de ellos manifestaron que por razones particulares que tienen que ser acreditadas oportunamente, pidieron el cambio de fecha, por una próxima, por cuestión de horas”. El magistrado dijo que estas solicitudes van a ser merituadas oportunamente y remarcó que “se les va a tomar la indagatoria, no más allá de las próximas 48 horas”.
“Los que no la justifiquen (la ausencia) ya se estaría corriendo vista al fiscal respecto de esto y se van a tomar las medidas necesarias a los fines de dar cumplimiento con la citación a indagatoria efectuada”.
En tal sentido, el juez dijo que una de las medidas que se evaluaría sería revocar la eximición de prisión otorgada en su momento a los imputados.
Molinari señaló que esta situación genera inconvenientes ya que tiene “una agenda muy apretada y la programación de las indagatorias, muchas veces no puede modificarla por falta de tiempo”.
“En el día de la fecha tenía la agenda totalmente completa y esto ya me modifica porque se me empiezan a acumular (las indagatorias) en días posteriores”. El alto funcionario judicial santiagueño reiteró que se van a reprogramar las indagatorias -en total ocho- para esta semana para que “las tomemos a todas”.
Consultado por las demás indagatorias fijadas para esta semana, enfatizó que no habrá cambios. “En este caso (aludiendo a las ausencias de Fernández y Mateos) se contempla la situación en las cuales manifiestan que por motivo de distancia, particulares o de salud se pueda evaluar un cambio de fecha. Los que no justifiquen vamos a tomar otro tipo de medidas que se van a evaluar oportunamente”, sentenció.
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Monsanto: Pese a la orden judicial sigue la obra
Pese a la orden judicial, Monsanto continúa con los trabajos en Malvinas Argentinas
Fecha de Publicación: 05/03/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
La Cámara que ordenó la paralización de las obras intimó al abogado de la Municipalidad a que devuelva el expediente que debió regresar el viernes pasado a los Tribunales. Hasta que esto no suceda, la jueza de Primera Instancia no puede ejecutar el parate.
Vecinos de Malvinas Argentinas denunciaron ayer que la multinacional Monsanto sigue adelante con la construcción de la planta en el predio sobre la Ruta A188, a pesar de que una resolución judicial del 22 de febrero pasado la obligó a suspender los trabajos. El freno a la planta regirá hasta que la Justicia resuelva el amparo que obtuvieron los ambientalistas.
Las organizaciones ambientalistas de Córdoba tomaron nota de que Monsanto proseguía con los trabajos el viernes pasado, cuando realizaron un acto de repudio a la capacitación obligatoria sobre agroquímicos para fiscales provinciales, dictada por el Ministerio de Agricultura, el Colegio de Agrónomos de Córdoba y la Fiscalía General, en un predio colindante al lugar donde se quiere instalar la multinacional.
De hecho, los sitios Web de las organizaciones ecologistas y las cámaras de Canal 10 registraron el trabajo de camiones, grúas, retroexcavadoras, y hormigoneras.
El abogado de la organización Malvinas Lucha por la Vida y presidente del Club de Derecho, Federico Macciocchi, explicó a LA MAÑANA que la Cámara del Trabajo, a través de su Sala Segunda, revocó el fallo de la jueza Claudia Salazar, haciendo lugar a la medida cautelar de paralizar las obras de la planta de Monsanto.
Aunque la Cámara notificó a la Municipalidad de Malvinas sobre dicha resolución, es el juez de primera instancia (la jueza Salazar), quien debe ejecutar esa medida. “El expediente todavía no puede remitirse al juzgado debido a las picardías por parte del abogado de la Municipalidad de Malvinas, Gustavo Asís, que han hecho que eso dilate”, indicó Macciocchi. Ese expediente se encuentra en poder de Asís, más allá del plazo de devolución que venció el viernes pasado a las 10 horas, por lo que la Sala Segunda que ordenó la paralización de las obras lo intimó a que lo restituya en 24 horas, señaló el letrado.
Por lo tanto, el estiramiento de los plazos procesales por parte del municipio donde se radicará la planta de semillas transgénicas, por ahora da vía libre a la empresa para que continúe con sus planes, pese a la obvia intención de la Justicia de paralizar el emprendimiento hasta que Malvinas dé todos los detalles del proyecto.
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Fecha de Publicación: 05/03/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
La Cámara que ordenó la paralización de las obras intimó al abogado de la Municipalidad a que devuelva el expediente que debió regresar el viernes pasado a los Tribunales. Hasta que esto no suceda, la jueza de Primera Instancia no puede ejecutar el parate.Vecinos de Malvinas Argentinas denunciaron ayer que la multinacional Monsanto sigue adelante con la construcción de la planta en el predio sobre la Ruta A188, a pesar de que una resolución judicial del 22 de febrero pasado la obligó a suspender los trabajos. El freno a la planta regirá hasta que la Justicia resuelva el amparo que obtuvieron los ambientalistas.
Las organizaciones ambientalistas de Córdoba tomaron nota de que Monsanto proseguía con los trabajos el viernes pasado, cuando realizaron un acto de repudio a la capacitación obligatoria sobre agroquímicos para fiscales provinciales, dictada por el Ministerio de Agricultura, el Colegio de Agrónomos de Córdoba y la Fiscalía General, en un predio colindante al lugar donde se quiere instalar la multinacional.
De hecho, los sitios Web de las organizaciones ecologistas y las cámaras de Canal 10 registraron el trabajo de camiones, grúas, retroexcavadoras, y hormigoneras.
El abogado de la organización Malvinas Lucha por la Vida y presidente del Club de Derecho, Federico Macciocchi, explicó a LA MAÑANA que la Cámara del Trabajo, a través de su Sala Segunda, revocó el fallo de la jueza Claudia Salazar, haciendo lugar a la medida cautelar de paralizar las obras de la planta de Monsanto.
Aunque la Cámara notificó a la Municipalidad de Malvinas sobre dicha resolución, es el juez de primera instancia (la jueza Salazar), quien debe ejecutar esa medida. “El expediente todavía no puede remitirse al juzgado debido a las picardías por parte del abogado de la Municipalidad de Malvinas, Gustavo Asís, que han hecho que eso dilate”, indicó Macciocchi. Ese expediente se encuentra en poder de Asís, más allá del plazo de devolución que venció el viernes pasado a las 10 horas, por lo que la Sala Segunda que ordenó la paralización de las obras lo intimó a que lo restituya en 24 horas, señaló el letrado.
Por lo tanto, el estiramiento de los plazos procesales por parte del municipio donde se radicará la planta de semillas transgénicas, por ahora da vía libre a la empresa para que continúe con sus planes, pese a la obvia intención de la Justicia de paralizar el emprendimiento hasta que Malvinas dé todos los detalles del proyecto.
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¿Peligra Pascua-Lama desde el lado chileno?
Chile: Barrick Gold pronta a perder proyecto Pascua
Fecha de Publicación: 05/03/2013
Fuente: El Ciudadano (Chile)
Provincia/Región: San Juan - Nacional
La minera de oro más grande del mundo, Barrick Gold y su subsidiaria en Chile Minera Nevada Spa, tras una serie de fraudes en materia de propiedad minera y reiteradas malas prácticas ambientales, podría perder en los próximos meses el millonario yacimiento Pascua. Cabe recordar que el proyecto bautizado como Pascua-Lama, es Pascua por lado chileno y Lama por el argentino.
Barrick Gold está acusada de extraer mineral de oro con concesiones de sales y nitrato al margen de la ley, de llevarse el oro de Chile en desacato a una medida judicial precautoria de no celebrar actos ni contratos sobre el mineral tras dictamen de la Corte Suprema, de actuar en la banca internacional con títulos “truchos”, de intentar obstruir la justicia prestando testimonios falsos, entre otros. Es acusa por Jorge Lopehandía minero chileno que en sociedad con Mountainstar Gold Inc , han obtenido en el mes de febrero, la ratificación legal de la titularidad del proyecto Mina Pascua.
Así ha trascendido que el 1 de febrero de 2013, el abogado de la Compañía, Alan GS Hultman, de Mountainstar Gold Inc., recibió los títulos de propiedad de la Mina Pascua, Chile, sus concesiones mineras.
Los títulos fueron emitidos en Vallenar por el Conservador de Minas, Paulo Cortes Olguín, el 16 de enero, certificando la plena jurisdicción legal sobre las concesiones de Mina Pascua, su título, y dominio vigente, para el empresario Jorge Lopehandía, quien ha sido amenazado y perseguido por Barrick Gold para que desista de su pleno derecho.
Los títulos fueron autenticados por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores Relaciones de Chile y a su vez han sido validados por la Embajada de Canadá en Santiago de Chile. Ello luego de que Barrick en Canadá tratará de invalidar varias veces las acciones de Lopehandía.
Un jaque y casi mate para Barrick, pues en Chile la única persona autorizada para dar certificado de vigencia sobre una propiedad minera y por tanto validar el derecho es el Conservador de Minas, y para esa jurisdicción es el de Vallenar.
Así se estableció, mediante el documento legal emanado del Conservador de Minas, que para el Proyecto Pascua en Chile: Tesoros Uno 1 al 30 a través de Tesoros Doce 1 al 5 están nombre de Jorge Lopehandía, quedando como poseedor del título de forma vigente a partir del 2013.
De esta forma se sentencia de antemano que Barrick Gold Corporation (ABX), o sus filiales en Chile, no tienen título ni han tenido para estas concesiones.
Por segundo el Conservador estableció que “Amarillos Norte (5200 hectáreas) y Amarillos Sur (3400 hectáreas) son propiedad desde 1996 de Lopehandía a través de su agente de minería de apellido Villar.
Tanto Lopehandía como Brent Johnson, su socio de Mountainstar Gold Inc., reiteraron su confianza en la justicia chilena y agregaron que “ todas las declaraciones falsas de los ejecutivos de Barrick y sus filiales en Chile, en relación con estos títulos, han dado lugar a acusaciones penales y piden la cárcel para los ejecutivos de Barrick involucrados en el caso”.
Sumado a lo anterior Barrick Gold está condenada a pagar la suma de dos mil UTM (cerca de 120 millones de pesos) tras multa cursada por irregularidades en su gestión medioambiental y por no cumplir los compromisos y medidas de mitigación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA.)
“Toda operación minera en Pascua Lama, está paralizada”. Así de claro ha sido Mauricio Pino, seremi de Minería de Atacama.
Lo anterior se produjo tras la detección de la Dirección General de Aguas (DGA) de Atacama, que encontró material particulado sobre glaciares aledaños, hecho que la empresa ha tratado de ocultar sin éxito.
A Barrick se le acusa de fallas en el manejo de la planta de aguas servidas de la minera,fallas en el monitoreo de los glaciares ubicados en la Cordillera del valle del Huasco, en la Región de Atacama, y fallas en las acciones para evitar el levantamiento de material sobre los glaciares, clave en su conservación y en la sustentabilidad del curso hídrico de la cuenca.
De mantenerse las graves faltas e incumplimientos de la empresa, Barrick arriesga perder el permiso ambiental por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Cabe señalar que en octubre del 2012, la faenas ya fueron paralizadas por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) tras detectarse que polución que producían las faenas y el riesgo para la salud de los trabajadores.
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Fecha de Publicación: 05/03/2013
Fuente: El Ciudadano (Chile)
Provincia/Región: San Juan - Nacional
La minera de oro más grande del mundo, Barrick Gold y su subsidiaria en Chile Minera Nevada Spa, tras una serie de fraudes en materia de propiedad minera y reiteradas malas prácticas ambientales, podría perder en los próximos meses el millonario yacimiento Pascua. Cabe recordar que el proyecto bautizado como Pascua-Lama, es Pascua por lado chileno y Lama por el argentino.Barrick Gold está acusada de extraer mineral de oro con concesiones de sales y nitrato al margen de la ley, de llevarse el oro de Chile en desacato a una medida judicial precautoria de no celebrar actos ni contratos sobre el mineral tras dictamen de la Corte Suprema, de actuar en la banca internacional con títulos “truchos”, de intentar obstruir la justicia prestando testimonios falsos, entre otros. Es acusa por Jorge Lopehandía minero chileno que en sociedad con Mountainstar Gold Inc , han obtenido en el mes de febrero, la ratificación legal de la titularidad del proyecto Mina Pascua.
Así ha trascendido que el 1 de febrero de 2013, el abogado de la Compañía, Alan GS Hultman, de Mountainstar Gold Inc., recibió los títulos de propiedad de la Mina Pascua, Chile, sus concesiones mineras.
Los títulos fueron emitidos en Vallenar por el Conservador de Minas, Paulo Cortes Olguín, el 16 de enero, certificando la plena jurisdicción legal sobre las concesiones de Mina Pascua, su título, y dominio vigente, para el empresario Jorge Lopehandía, quien ha sido amenazado y perseguido por Barrick Gold para que desista de su pleno derecho.
Los títulos fueron autenticados por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores Relaciones de Chile y a su vez han sido validados por la Embajada de Canadá en Santiago de Chile. Ello luego de que Barrick en Canadá tratará de invalidar varias veces las acciones de Lopehandía.
Un jaque y casi mate para Barrick, pues en Chile la única persona autorizada para dar certificado de vigencia sobre una propiedad minera y por tanto validar el derecho es el Conservador de Minas, y para esa jurisdicción es el de Vallenar.
Así se estableció, mediante el documento legal emanado del Conservador de Minas, que para el Proyecto Pascua en Chile: Tesoros Uno 1 al 30 a través de Tesoros Doce 1 al 5 están nombre de Jorge Lopehandía, quedando como poseedor del título de forma vigente a partir del 2013.
De esta forma se sentencia de antemano que Barrick Gold Corporation (ABX), o sus filiales en Chile, no tienen título ni han tenido para estas concesiones.
Por segundo el Conservador estableció que “Amarillos Norte (5200 hectáreas) y Amarillos Sur (3400 hectáreas) son propiedad desde 1996 de Lopehandía a través de su agente de minería de apellido Villar.
Tanto Lopehandía como Brent Johnson, su socio de Mountainstar Gold Inc., reiteraron su confianza en la justicia chilena y agregaron que “ todas las declaraciones falsas de los ejecutivos de Barrick y sus filiales en Chile, en relación con estos títulos, han dado lugar a acusaciones penales y piden la cárcel para los ejecutivos de Barrick involucrados en el caso”.
Sumado a lo anterior Barrick Gold está condenada a pagar la suma de dos mil UTM (cerca de 120 millones de pesos) tras multa cursada por irregularidades en su gestión medioambiental y por no cumplir los compromisos y medidas de mitigación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA.)
“Toda operación minera en Pascua Lama, está paralizada”. Así de claro ha sido Mauricio Pino, seremi de Minería de Atacama.
Lo anterior se produjo tras la detección de la Dirección General de Aguas (DGA) de Atacama, que encontró material particulado sobre glaciares aledaños, hecho que la empresa ha tratado de ocultar sin éxito.
A Barrick se le acusa de fallas en el manejo de la planta de aguas servidas de la minera,fallas en el monitoreo de los glaciares ubicados en la Cordillera del valle del Huasco, en la Región de Atacama, y fallas en las acciones para evitar el levantamiento de material sobre los glaciares, clave en su conservación y en la sustentabilidad del curso hídrico de la cuenca.
De mantenerse las graves faltas e incumplimientos de la empresa, Barrick arriesga perder el permiso ambiental por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Cabe señalar que en octubre del 2012, la faenas ya fueron paralizadas por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) tras detectarse que polución que producían las faenas y el riesgo para la salud de los trabajadores.
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Misiones busca herramientas para preservar
Buscan compensación económica por preservar montes nativos
Fecha de Publicación: 05/03/2013
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
El Comité de Cuencas del arroyo Ramón se reunió con técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) para analizar alternativas que sirvan de incentivo para los colonos que mantengan la cobertura verde.
Se trata de una necesidad que surgió a partir de que apenas el 10 por ciento de la cuenca del arroyo Ramón tiene cobertura de montes, una situación preocupante, ya que se trata del recurso que abastece de agua potable a cuatro localidades de la zona Centro.
José Alberto Gobbi, director del Centro Regional del Inta, dio detalles del programa de pago de servicios ambientales con fondos internacionales, que, de concretarse en la cuenca del Ramón, podría replicarse en otras zonas.
Sobre los alcances del plan, comentó que “hay productores que tienen distintos usos de la tierra y hay distintos productos que generan servicios ecosistémicos, que benefician al hombre, capturan nutrientes y generan un hábitat para la diversidad, pero no son rentables a largo plazo y entonces dejan de aplicarlo. La idea es apuntalar a esos productores y compensarlos para que sigan haciendo lo correcto”, remarcó.
Gobbi indicó que en la zona Centro existen determinados usos de la tierra y prácticas agrícolas y forestales que favorecen la calidad del agua y la regulación del flujo hídrico.
Si un productor tiene cobertura forestal adecuada, mantiene el bosque nativo o utiliza prácticas que son amigables con el medio ambiente, están generando beneficios al ecosistema.
“Por lo tanto, este programa pretende compensarlos económicamente, capacitación mediante”, precisó el funcionario.
En alerta
Además, alertó que “la toma de agua de la ciudad de Oberá comenzó a tener problemas y esto no se daba desde hace 20 años. Hay cambios en el uso de la tierra que hacen que se pierda el servicio de regulación del flujo de agua, por lo tanto se compensará a los productores aledaños de la alta cuenca para que sigan generando beneficios para toda la comunidad y para sí mismos”.
Ante este panorama, la Fundación Misiones Sustentable y la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo) trabajan en conjunto para tratar de revertir la crítica situación actual.
Ambas entidades encabezan el proyecto “Montes del Ramón”, dividido en tres etapas: diseño de un Sistema de Información Geográfica (SIG), difusión y creación de un foro.
La primera etapa avanzó alrededor del 80 por ciento; la tarea de promoción también tiene un importante alcance, mientras que la tercera fue la creación del Comité de Cuenca.
“La alta cuenca del arroyo Ramón está prácticamente deforestada. En la parte de la cuenca que corresponde al municipio de Oberá, hay sólo un 10 por ciento de cobertura de montes”, alertó el ingeniero Ricardo Hartel, presidente de la Fundación Misiones Sustentable.
Por ello, instó a elevar dicha superficie a un 50 por ciento de cobertura, con lo que “por lo menos aseguraremos las tasas de infiltración necesarias para mantener el cauce del arroyo con cantidad y calidad de agua”.
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Fecha de Publicación: 05/03/2013
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
El Comité de Cuencas del arroyo Ramón se reunió con técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) para analizar alternativas que sirvan de incentivo para los colonos que mantengan la cobertura verde.
Se trata de una necesidad que surgió a partir de que apenas el 10 por ciento de la cuenca del arroyo Ramón tiene cobertura de montes, una situación preocupante, ya que se trata del recurso que abastece de agua potable a cuatro localidades de la zona Centro.
José Alberto Gobbi, director del Centro Regional del Inta, dio detalles del programa de pago de servicios ambientales con fondos internacionales, que, de concretarse en la cuenca del Ramón, podría replicarse en otras zonas.
Sobre los alcances del plan, comentó que “hay productores que tienen distintos usos de la tierra y hay distintos productos que generan servicios ecosistémicos, que benefician al hombre, capturan nutrientes y generan un hábitat para la diversidad, pero no son rentables a largo plazo y entonces dejan de aplicarlo. La idea es apuntalar a esos productores y compensarlos para que sigan haciendo lo correcto”, remarcó.
Gobbi indicó que en la zona Centro existen determinados usos de la tierra y prácticas agrícolas y forestales que favorecen la calidad del agua y la regulación del flujo hídrico.
Si un productor tiene cobertura forestal adecuada, mantiene el bosque nativo o utiliza prácticas que son amigables con el medio ambiente, están generando beneficios al ecosistema.
“Por lo tanto, este programa pretende compensarlos económicamente, capacitación mediante”, precisó el funcionario.
En alerta
Además, alertó que “la toma de agua de la ciudad de Oberá comenzó a tener problemas y esto no se daba desde hace 20 años. Hay cambios en el uso de la tierra que hacen que se pierda el servicio de regulación del flujo de agua, por lo tanto se compensará a los productores aledaños de la alta cuenca para que sigan generando beneficios para toda la comunidad y para sí mismos”.
Ante este panorama, la Fundación Misiones Sustentable y la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo) trabajan en conjunto para tratar de revertir la crítica situación actual.
Ambas entidades encabezan el proyecto “Montes del Ramón”, dividido en tres etapas: diseño de un Sistema de Información Geográfica (SIG), difusión y creación de un foro.
La primera etapa avanzó alrededor del 80 por ciento; la tarea de promoción también tiene un importante alcance, mientras que la tercera fue la creación del Comité de Cuenca.
“La alta cuenca del arroyo Ramón está prácticamente deforestada. En la parte de la cuenca que corresponde al municipio de Oberá, hay sólo un 10 por ciento de cobertura de montes”, alertó el ingeniero Ricardo Hartel, presidente de la Fundación Misiones Sustentable.
Por ello, instó a elevar dicha superficie a un 50 por ciento de cobertura, con lo que “por lo menos aseguraremos las tasas de infiltración necesarias para mantener el cauce del arroyo con cantidad y calidad de agua”.
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IANIGLA informa que se relevaron 4000 glaciares
Ya se identificaron a más de 4000 glaciares en el primer relevamiento
Fecha de Publicación: 04/03/2013
Fuente: Tres Lineas
Provincia/Región: Nacional
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales ya le entregó el primer informe a la Secretaría de Medio Ambiente. Los cuerpos de hielo identificados equivalen a 17 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires.
Apartir de lo que solicita la Ley de Glaciares, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) del CONICET presentó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) los primeros informes correspondientes al inventario. Se trata del primer informe del Inventario Nacional de Glaciares, y hasta el momento se relevaron cuerpos de hielo en algunas de las once provincias. Allí se identificaron más de 4000 glaciares que cubren un área superior a los 3700 kilómetros cuadrados, más de 17 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires. Además, se presentaron a la Secretaría que conduce Juan José Mussi los datos finales de seis subcuencas hidrográficas, donde todavía se están haciendo relevamientos más detallados.
Así lo informaron desde la secretaría, desde donde precisaron el contenido de este documento, titulado “Fundamentos y Cronograma de Ejecución del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial”.
El objetivo de este relevamiento, según consta en el escrito, es “identificar, caracterización y monitoreo de todos los glaciares y crioformas que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República Argentina, establecer los factores ambientales que regulan su comportamiento, y determinar la significancia hidrológica de estos cuerpos de hielo a la escorrentía andina. Este objetivo general se enmarca en el Objeto de la Ley de Presupuestos Mínimos definido en su Artículo 1”, en referencia a la Ley Nº 26.639.
Algunos de los más de 4000 cuerpos de hielo a los que hace referencia el informe se registraron en distintas subcuencas de las provincias de Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Ricardo Villalba, investigador principal del CONICET y director del IANIGLA, explicó: “Este inventario es un gran paso para las ciencias de la criósfera –ambientes fríos- en Argentina. Es la primera vez que se cuenta con una información tan detallada para muchas zonas de la cordillera y esto nos va a permitir conocer mejor este recurso estratégico y elaborar una perspectiva a largo plazo para monitorear los fenómenos que ocurren en esas áreas”.
El inventario se realiza en dos etapas: la delimitación en el laboratorio de las áreas cubiertas por los glaciares; y el control de campo. Para la primera, los investigadores usan imágenes satelitales provistas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y organismos internacionales. En la segunda, se seleccionan algunas zonas para corroborar los resultados obtenidos en laboratorio y hacer un control. Los primeros resultados mostraron que el porcentaje de error de la primera etapa fue menor al 3 por ciento.
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Fecha de Publicación: 04/03/2013
Fuente: Tres Lineas
Provincia/Región: Nacional
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales ya le entregó el primer informe a la Secretaría de Medio Ambiente. Los cuerpos de hielo identificados equivalen a 17 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires.Apartir de lo que solicita la Ley de Glaciares, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) del CONICET presentó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) los primeros informes correspondientes al inventario. Se trata del primer informe del Inventario Nacional de Glaciares, y hasta el momento se relevaron cuerpos de hielo en algunas de las once provincias. Allí se identificaron más de 4000 glaciares que cubren un área superior a los 3700 kilómetros cuadrados, más de 17 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires. Además, se presentaron a la Secretaría que conduce Juan José Mussi los datos finales de seis subcuencas hidrográficas, donde todavía se están haciendo relevamientos más detallados.
Así lo informaron desde la secretaría, desde donde precisaron el contenido de este documento, titulado “Fundamentos y Cronograma de Ejecución del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial”.
El objetivo de este relevamiento, según consta en el escrito, es “identificar, caracterización y monitoreo de todos los glaciares y crioformas que actúan como reservas hídricas estratégicas en la República Argentina, establecer los factores ambientales que regulan su comportamiento, y determinar la significancia hidrológica de estos cuerpos de hielo a la escorrentía andina. Este objetivo general se enmarca en el Objeto de la Ley de Presupuestos Mínimos definido en su Artículo 1”, en referencia a la Ley Nº 26.639.
Algunos de los más de 4000 cuerpos de hielo a los que hace referencia el informe se registraron en distintas subcuencas de las provincias de Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Ricardo Villalba, investigador principal del CONICET y director del IANIGLA, explicó: “Este inventario es un gran paso para las ciencias de la criósfera –ambientes fríos- en Argentina. Es la primera vez que se cuenta con una información tan detallada para muchas zonas de la cordillera y esto nos va a permitir conocer mejor este recurso estratégico y elaborar una perspectiva a largo plazo para monitorear los fenómenos que ocurren en esas áreas”.
El inventario se realiza en dos etapas: la delimitación en el laboratorio de las áreas cubiertas por los glaciares; y el control de campo. Para la primera, los investigadores usan imágenes satelitales provistas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y organismos internacionales. En la segunda, se seleccionan algunas zonas para corroborar los resultados obtenidos en laboratorio y hacer un control. Los primeros resultados mostraron que el porcentaje de error de la primera etapa fue menor al 3 por ciento.
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Andalgalá sigue resistiendo a Agua Rica
Fecha de Publicación: 04/03/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Catamarca
Un sector de ese pueblo catamarqueño mantiene su objeción al megaemprendimiento. Afirman que contaminará el agua y que no genera progreso. Podría comenzar a funcionar en 2018.Con caminatas y cortes de ruta, un sector del pueblo catamarqueño de Andalgalá mantiene la resistencia a la instalación de la mina Agua Rica, ubicada a unos 20 kilómetros al norte de esa localidad.
El megaemprendimiento de extracción de cobre, molibdeno y oro, que avanza a paso lento pero sostenido, podría comenzar a funcionar en 2018. Quienes se oponen afirman que contaminará la cuenca hídrica de Andalgalá y descreen del progreso económico prometido por las empresas mineras y los gobiernos provincial y nacional.
“Asumí la intendencia diciéndole ‘no’ a Agua Rica porque puede poner en serio riesgo el agua en Andalgalá”, afirmó en diálogo con La Voz del Interior el intendente Alejandro Páez, quien el mes pasado rechazó una invitación de la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, a participar de la convención internacional de minería más grande del mundo, que se realiza desde el sábado y hasta el 6 de marzo en Toronto, Canadá.
Como este, Páez tuvo otros gestos políticos en contra de la gobernadora, como el faltazo a un acto en que Corpacci puso la piedra basal de un nuevo hospital en Andalgalá, que pagará la minera Alumbrera.
Los asambleístas contra la minería reconocen el apoyo del intendente pero critican que sólo se trata de gestos y pocas acciones concretas.
Andalgalá tiene unos 20.000 habitantes y está ubicada a unos 180 kilómetros al noroeste de la capital catamarqueña. Después del 15 febrero de 2010, el pueblo quedó prácticamente dividido en dos: los promineros y antimineros. Ese día, una fuerte represión policial desalojó un bloqueo de ambientalistas en una de las rutas que conduce a Agua Rica, en el camino comunero que une Chaquiago con El Potrero. Hubo numerosos heridos y 150 personas detenidas.
En la actualidad, la Asamblea El Algarrobo mantiene ese corte, pero la minera tiene caminos alternativos para llegar al emprendimiento. Además, desde hace tres años, todos los sábados, vecinos realizan caminatas por el pueblo, en rechazo al emprendimiento.
Agua Rica, ubicada en el suroeste de las montañas de la Sierra del Aconquija, está bajo el control del Minera Alumbrera, que el año pasado comenzó con la actividad de exploración.
Esta compañía, de capitales suizos y canadienses, explota desde hace 16 años el yacimiento de cobre y oro Bajo de la Alumbrera que se encuentra a unos 40 kilómetros al noroeste de Andalgalá. Para esta explotación, la minera conforma una Unión Transitoria de Empresas con la titular del yacimiento, que es la sociedad Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), integrada por el gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno nacional.
En el caso de Agua Rica, Minera Alumbrera no está asociada a YMAD, sino que pagará 300 millones de dólares a otra empresa canadiense, Yamana Gold, titular del yacimiento, para tener la opción exclusiva de explotación, según informó la empresa a este diario.
Minera Alumbrera mantiene un bajo perfil en relación al emprendimiento. “Deben ponerse las expectativas en su punto justo porque aún deben cumplirse muchos pasos para el desarrollo del proyecto Agua Rica”, sostuvieron. “Apuntamos a que, si se toma la decisión de realizarlo, recién entraría en producción a finales del 2018”.
Resistencia. El intendente Páez rechaza el emprendimiento porque afirma que la actividad contamina el río Minas, tributario del río El Candado, que junto con el Blanco conforman el río Andalgalá. Agua Rica se encuentra en el tramo superior del Minas.
“Todo aquello que vaya a producir la mina en cuanto a desechos tóxicos, polvo en suspensión y todo lo demás va a caer en la cuenca hídrica. Y es la única fuente de agua que tenemos”, sostuvo el jefe comunal. Y afirmó que los trabajos de exploración que ya se realizaron, sumado a las lluvias estivales, hicieron que el agua que toman los andalgalenses se pusiera turbia, casi amarronada. La empresa negó esa versión (ver Minera...).
En tanto, vecinos señalan otro riesgo: “Violan la ley de glaciares”, sostuvo Sergio Martínez, uno de los asambleístas de El Algarrobo. “Hay varios estudios, uno de ellos del Cedha (Centro de Derechos Humanos y Ambiente) que inventariaron más de 150 glaciares en la zona que estarían afectados por Agua Rica”, dijo en diálogo telefónico con este diario.
Otro de los argumentos en contra de Agua Rica es que después de 16 años de la explotación de Bajo de la Alumbrera, y pese a las promesas de progreso, el pueblo sigue en la pobreza.
“Hasta hace dos años había menos de 100 personas de Andalgalá trabajando en las minas. La mayoría de los que trabajan allí son extranjeros o vienen de otras provincias. Nunca hubo en Andalgalá una escuela de formación minera”, se quejó Páez.
“Tenemos un 60 por ciento de desocupación. La única contención laboral son las escuelas o la administración pública provincial o municipal”, continuó el intendente.
Tampoco tienen gas natural y cuentan con un precario sistema eléctrico que se corta cuando hay fuertes vientos o nevadas y todo el pueblo se queda sin luz.
El intendente afirma que esta falta de inversión en infraestructura también afecta la posibilidad de que se generen otras actividades económicas en su localidad y la región.
Este diario consultó al gobierno de Catamarca sobre esta situación durante más de una semana, sin obtener respuestas.
Nueva ley de regalías. El viernes pasado, la gobernadora Corpacci reglamentó una nueva ley de regalías mineras, según informó Télam. Su gobierno sostiene que en muchos casos los municipios malgastan el dinero de las regalías mineras, por lo que afirman que con esta ley garantizarán que los fondos se destinen a obras de infraestructura y desarrollo.
Con este instrumento legal, la Provincia determinará qué tipo de obras corresponde para el desarrollo de cada municipio y qué podrán financiar los intendentes con los fondos que genera la minería.
Otras actividades. Asambleístas de El Algarrobo afirman que en Andalgalá se pueden desarrollar la agricultura y la agroindustria (vid, los nogales y el membrillo, entre otros). Descreen que la minería sea la única actividad posible y acusan al Gobierno provincial de no promover otras áreas productivas.
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SENASA duramente cuestionada por la AGN
Agrotóxicos y un informe 'lapidario': el SENASA, entre la labor deficiente y la anarquía legislativa
Fecha de Publicación: 04/03/2013
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Nacional
Una investigación de la AGN dice que el ente tiene atribuciones que no puede cumplir. Se fumigan cultivos transgénicos sobre 22 millones de hectáreas de 12 provincias. Las tareas de promoción de la salud para las 12 millones de personas afectadas no avanzan desde 2010.
Fue tal la magnitud de los hallazgos, que los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN) calificaron su propia investigación sobre el uso de agroquímicos en el país como un “informe lapidario”.
Según este trabajo, se fumigan en la Argentina unas 22 millones de hectáreas de cultivos transgénicos y el encargado de chequear cómo se aplican los agrotóxicos es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Pero resulta que el organismo en cuestión tiene “atribuciones que no puede cumplir adecuadamente”, dice la Auditoría. Esto genera que la actuación del SENASA sea “deficiente”, y no justamente por falta de normas, sino por no acatar las reglas ya existentes.
Entre las limitaciones a la labor del SENASA, se destaca lo que la AGN llama “anarquía legislativa”. Es que aquellas 22 millones de hectáreas de cultivos transgénicos abarcan 12 provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, La Pampa y Corrientes. Esta “disparidad de jurisdicciones” que deben intervenir en el control (nación, provincias, municipalidades), generó que los técnicos hayan dejado explícita una pregunta en su investigación: “¿Cómo se hace con la aplicabilidad de normas cuando cada municipio tiene su propio sistema respecto de la prohibición o no de fumigar?”.
Siguiendo con la normativa, hay una disposición del año 1964 en la que se establece que “toda persona física o ideal que se dedica a realizar trabajos de lucha contra las plagas deberá inscribirse en el Registro”. Se trata, llevado a estos días, del Registro de Empresas Aplicadoras de Agroquímicos Terrestres y Aéreas.
Sobre este punto, la Auditoría señaló que “el registro es incompleto y parcial”, porque más allá de que la inscripción sea obligatoria, “en la práctica, opera como voluntaria”.
Añade la AGN que “no hay una base de datos integrada, completa y sistematizada” que contenga la información de todas las empresas registradas, y que el SENASA “sólo cuenta con tres listados separados y con diseños diferentes”.
Para completar el cuadro, las empresas no cumplen con todos los requisitos legales exigidos para la inscripción en el Registro, “tampoco existe una notificación de la Administración requiriendo su cumplimiento”, y ni siquiera se aplican sanciones a las firmas “incumplidoras”, explican los auditores.
Aquí, la “ausencia de coordinación” entre las jurisdicciones vuelve a aparecer como una limitación del SENASA. Es que en el informe se observa que no hay un control cruzado entre el registro nacional de empresas que aplican agrotóxicos, y los listados elaborados en las provincias.
Prevención de la salud
Por otra parte, la Auditoría también cuenta que en 2009 se creó por decreto un organismo llamado Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA), para que funcionara bajo la órbita del Ministerio de Salud.
El área tenía el objetivo de investigar, prevenir y brindar asistencia y tratamiento a las personas expuestas al uso de sustancias agroquímicas, con el propósito de promover la salud pública.
Pero según la AGN, “no se tiene evidencia de avances en las tareas de esta Comisión posteriores al año 2010”.
Paralelamente, una Dirección del SENASA, la de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos, participó junto a la CNIA en la coordinación de tres grupos de trabajo.
El primero, llamado “GT 1”, dedicado a la investigación y desarrollo del conocimiento, realizó un informe sobre el glifosato en julio de 2009, pero desde entonces no hay constancias de otras tareas o reuniones.
El “GT 2”, por su parte, había elaborado un “programa federal para el fortalecimiento de los sistemas locales de control de plaguicidas”. A pesar de su título ambicioso, el plan nunca fue puesto en marcha.
Y el tercer grupo, el “GT 6”, sí había comenzado a aplicar un plan de “capacitación en el uso responsable de agroquímicos -CURA-”, pero el último registro que se tiene sobre el avance de la tarea data de octubre de 2010.
“La continuidad del trabajo de la CNIA permitiría al Estado contar con datos y análisis específicos de las realidades locales para actuar preventivamente”, concluye la Auditoría, y añade que, si así fuera, la Nación podría tener “su propia producción científica y no depender de la información presentada por partes interesadas”.
Esta investigación de la AGN, aprobada sobre el cierre del año pasado, surgió como consecuencia del mecanismo de “planificación participativa”. Fue cuando el ente de control convocó durante 2011 a organizaciones civiles para escuchar sus propuestas sobre las temáticas que podían ser investigadas.
La magnitud del tema es explicada en el mismo informe: “La contaminación por agroquímicos termina siendo una intoxicación silenciosa porque la exposición repetida y a largo plazo –es decir toxicidad crónica- produce daños y/o muerte; de esta manera, se naturaliza una enfermedad de la que todos hablan”.
La Auditoría completa diciendo que la población expuesta a las fumigaciones con agroquímicos asciende a 12 millones de personas, “sin contar las poblaciones de las grandes ciudades de cada provincia” afectada.
El carácter “lapidario” del informe también se explica en el hecho de que el SENASA “no pudo refutar las observaciones” de la AGN.
* Nota Publicada en su Web el día 27/02/2013.
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Fecha de Publicación: 04/03/2013
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Nacional
Una investigación de la AGN dice que el ente tiene atribuciones que no puede cumplir. Se fumigan cultivos transgénicos sobre 22 millones de hectáreas de 12 provincias. Las tareas de promoción de la salud para las 12 millones de personas afectadas no avanzan desde 2010.Fue tal la magnitud de los hallazgos, que los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN) calificaron su propia investigación sobre el uso de agroquímicos en el país como un “informe lapidario”.
Según este trabajo, se fumigan en la Argentina unas 22 millones de hectáreas de cultivos transgénicos y el encargado de chequear cómo se aplican los agrotóxicos es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Pero resulta que el organismo en cuestión tiene “atribuciones que no puede cumplir adecuadamente”, dice la Auditoría. Esto genera que la actuación del SENASA sea “deficiente”, y no justamente por falta de normas, sino por no acatar las reglas ya existentes.
Entre las limitaciones a la labor del SENASA, se destaca lo que la AGN llama “anarquía legislativa”. Es que aquellas 22 millones de hectáreas de cultivos transgénicos abarcan 12 provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, La Pampa y Corrientes. Esta “disparidad de jurisdicciones” que deben intervenir en el control (nación, provincias, municipalidades), generó que los técnicos hayan dejado explícita una pregunta en su investigación: “¿Cómo se hace con la aplicabilidad de normas cuando cada municipio tiene su propio sistema respecto de la prohibición o no de fumigar?”.
Siguiendo con la normativa, hay una disposición del año 1964 en la que se establece que “toda persona física o ideal que se dedica a realizar trabajos de lucha contra las plagas deberá inscribirse en el Registro”. Se trata, llevado a estos días, del Registro de Empresas Aplicadoras de Agroquímicos Terrestres y Aéreas.
Sobre este punto, la Auditoría señaló que “el registro es incompleto y parcial”, porque más allá de que la inscripción sea obligatoria, “en la práctica, opera como voluntaria”.
Añade la AGN que “no hay una base de datos integrada, completa y sistematizada” que contenga la información de todas las empresas registradas, y que el SENASA “sólo cuenta con tres listados separados y con diseños diferentes”.
Para completar el cuadro, las empresas no cumplen con todos los requisitos legales exigidos para la inscripción en el Registro, “tampoco existe una notificación de la Administración requiriendo su cumplimiento”, y ni siquiera se aplican sanciones a las firmas “incumplidoras”, explican los auditores.
Aquí, la “ausencia de coordinación” entre las jurisdicciones vuelve a aparecer como una limitación del SENASA. Es que en el informe se observa que no hay un control cruzado entre el registro nacional de empresas que aplican agrotóxicos, y los listados elaborados en las provincias.
Prevención de la salud
Por otra parte, la Auditoría también cuenta que en 2009 se creó por decreto un organismo llamado Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA), para que funcionara bajo la órbita del Ministerio de Salud.
El área tenía el objetivo de investigar, prevenir y brindar asistencia y tratamiento a las personas expuestas al uso de sustancias agroquímicas, con el propósito de promover la salud pública.
Pero según la AGN, “no se tiene evidencia de avances en las tareas de esta Comisión posteriores al año 2010”.
Paralelamente, una Dirección del SENASA, la de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos, participó junto a la CNIA en la coordinación de tres grupos de trabajo.
El primero, llamado “GT 1”, dedicado a la investigación y desarrollo del conocimiento, realizó un informe sobre el glifosato en julio de 2009, pero desde entonces no hay constancias de otras tareas o reuniones.
El “GT 2”, por su parte, había elaborado un “programa federal para el fortalecimiento de los sistemas locales de control de plaguicidas”. A pesar de su título ambicioso, el plan nunca fue puesto en marcha.
Y el tercer grupo, el “GT 6”, sí había comenzado a aplicar un plan de “capacitación en el uso responsable de agroquímicos -CURA-”, pero el último registro que se tiene sobre el avance de la tarea data de octubre de 2010.
“La continuidad del trabajo de la CNIA permitiría al Estado contar con datos y análisis específicos de las realidades locales para actuar preventivamente”, concluye la Auditoría, y añade que, si así fuera, la Nación podría tener “su propia producción científica y no depender de la información presentada por partes interesadas”.
Esta investigación de la AGN, aprobada sobre el cierre del año pasado, surgió como consecuencia del mecanismo de “planificación participativa”. Fue cuando el ente de control convocó durante 2011 a organizaciones civiles para escuchar sus propuestas sobre las temáticas que podían ser investigadas.
La magnitud del tema es explicada en el mismo informe: “La contaminación por agroquímicos termina siendo una intoxicación silenciosa porque la exposición repetida y a largo plazo –es decir toxicidad crónica- produce daños y/o muerte; de esta manera, se naturaliza una enfermedad de la que todos hablan”.
La Auditoría completa diciendo que la población expuesta a las fumigaciones con agroquímicos asciende a 12 millones de personas, “sin contar las poblaciones de las grandes ciudades de cada provincia” afectada.
El carácter “lapidario” del informe también se explica en el hecho de que el SENASA “no pudo refutar las observaciones” de la AGN.
* Nota Publicada en su Web el día 27/02/2013.
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Riachuelo: Mussi y Greenpeace cruzan opiniones
"No negamos la contaminación, pero pensamos en el trabajador"
Fecha de Publicación: 03/03/2013
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo - Nacional
El presidente de Acumar respondió a las críticas de Greenpeace. "Es un golpe bajo, parecen ignorar que hay un cuerpo colegiado que ellos mismos integran". Y explica que en la reconversión, se tiene en cuenta a la mano de obra.
El secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, conversó en exclusiva con Tiempo Argentino acerca de la acción realizada por la organización ambientalista Greenpeace el pasado martes en la curtiembre Antonio Espósito, y la marcha en el proceso de saneamiento del Riachuelo.
El también presidente de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) definió la manifestación como una "actitud que sólo tiene ánimos de crítica".
–¿Cómo define la acción realizada por Greenpeace?
–Greenpeace parece ignorar que acá hay un cuerpo colegiado que ellos integran y que vinieron a una industria que ya está haciendo un plan de reconversión industrial (PRI). Nos pareció un golpe bajo que no tiene nada que ver con la ética. Ellos saben perfectamente que en este momento hay más de 500 empresas trabajando en la reconversión y 300 que ambientalmente ya no contaminan. No dejamos de atender este tema dentro de Acumar y diría que es el más difícil, porque tiene que ver con el trabajo de la gente. No podemos hacerlo con la premura que querríamos tener y Greenpeace se pone en el lugar de reclamar que las industrias no contaminen. Es muy fácil decirlo, a lo mejor no harían lo mismo si tuvieran parientes trabajando en esas empresas. Creemos que a fines del año 2014 todas las industrias estarán reconvertidas. Greenpeace ignora todo lo que se ha hecho. ¿O acaso sacar 59 barcos no es importante para detener la contaminación del Riachuelo? ¿O no es importante sacar 110 coches? ¿O sacar todos los días toneladas de basura que están en los bordes? ¿O no es importante la planta de tratamiento de líquidos cloacales para 400 mil vecinos que está terminada y funcionando en La Matanza? Los ecopuntos que estamos construyendo para achicar la cantidad de residuos en todo el camino de sirga durante los 14 municipios del Conurbano, ¿no son importantes? Las empresas del polo Dock Sud que ya no contaminan más, ¿no son importantes? ¿Y las 14 unidades sanitarias en marcha, algunas terminadas, otras para equiparse? En consecuencia, ¿se puede decir que no se hizo nada? El propio presidente de Greenpeace reconoció hace un año que se estaba trabajando mucho, lo hizo al lado mío. Lo mismo dijo el presidente de la Corte.
–¿En qué momento del saneamiento está la cuenca?
–En este momento estamos en un 50%. El avance es muy franco. Greenpeace nos pedirá que cerremos una empresa que nos dijo que va a hacer la reconversión en seis meses y, cuando lo vamos a ver, detectamos que le falta el 30%, lo dejamos porque algo hicieron. Eso es lo que piensa la Corte y por eso no ha puesto plazos. El presidente del tribunal nos pidió que se avance y en eso estamos. Ahora estamos en proceso de los PRI. El propio gobierno nacional ofreció no un crédito sino un subsidio para que puedan reconvertirse las industrias, porque tenemos en cuenta algo muy importante: la mano de obra. No podemos mirar al país desde un solo lugar, apurarse y cerrar empresas cuando esta contaminación viene de hace 200 años. El medio ambiente también incluye al hombre.
–¿Qué tipo de empresarios se encontró?
–Tenemos que tener en cuenta que el 80% de las industrias contaminantes son pymes. Por eso el subsidio que la presidenta estableció. Las relaciones son difíciles con los empresarios, pero tenemos que cuidar las dos cosas porque una persona sin trabajo tiene otro tipo de alteraciones en su salud. Nosotros no negamos la contaminación y por eso trabajamos. Negar esto y ceñirse solamente a lo industrial es una actitud que sólo tiene ánimos de crítica.
–Hay dos casos paradigmáticos. El primero es donde nació esta demanda, Villa Inflamable. El segundo es Barrio Acuba, ¿Qué pasó con esos casos?
–En el primero estamos trabajando en la relocalización. Hicimos un canje con la empresa Exolgan. Allí va a mudarse la mayoría de las 1190 familias de Villa Inflamable. Las familias de Acuba se van a relocalizar en dos predios que eran de Vialidad Nacional y de Fabricaciones Militares.
–¿Cuál cree que son entonces las causas reales de esta denuncia?
–Las malas lenguas dicen que Greenpeace tiene subsidio internacional y si es así, algunos dicen que es de Shell. Habrá que pensarlo por ese lado. Greenpeace no toca la ciudad y a lo mejor el candidato de Shell es el jefe de gobierno de la Ciudad. Son conjeturas que no podremos comprobar. Lo que sí es evidente es que la gran preocupación de Greenpeace pasa por el tema de la basura. Ellos se niegan en forma permanente a la generación de energía a través de la basura y dicen que todo termina en el relleno sanitario. Habrá que indagar por ahí.
–Sin embargo, Greenpeace lleva adelante una campaña en el Ártico en contra de Shell…
–Hemos visto muchas cosas. Muchas de esas campañas que se hacen en algún lugar son para ocultar la falta de campañas en el resto de los lugares. El resto de los integrantes del cuerpo colegiado escucharon en esta misma mesa a la representante de Greenpeace cuando dijo "nosotros tenemos que criticar". Cuando les pedimos que aporten ideas con respecto a los barrios o con respecto al impacto ambiental en el polo petroquímico de Dock Sud nos respondieron que ellos critican y no gestionan. «
Aportes de la ciudad. La relocalización de villas y asentamientos es el tema más controvertido en la relación entre el gobierno porteño y Acumar.
–¿Los empresarios son más difíciles que los intendentes?
–Los intendentes del Conurbano colaboran y aportan. Con la ciudad de Buenos Aires la relación es diferente. Los representantes de la ciudad en Acumar vienen, observan y después no aportan absolutamente nada. En provincia prácticamente ya no tenemos más viviendas al borde del Riachuelo. En la ciudad tenemos la Villa 21-24 por la que ya se pidió varias veces prórroga y no se está haciendo nada para mudar 1393 viviendas. El propio jefe de gobierno me llamó y me dijo que no tenían plata para hacer las viviendas. No sabía que no tenía que poner plata sino que el monto de esas viviendas lo pone el gobierno nacional a través del Plan Federal de Vivienda. No se puede gobernar sin saber estas cosas.
–¿Existe incumplimiento económico por parte del gobierno porteño?
–El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que aportar a un fondo de fideicomiso, que es el de funcionamiento de Acumar. Con eso se le paga a las cooperativas, los inspectores y se mueven los vehículos, entre otros gastos operativos y de limpieza de márgenes. De acuerdo a la composición de Acumar, el 50% lo aporta el gobierno nacional, el 25% la provincia y el resto la Ciudad. Los representantes de la Ciudad votaron ese compromiso. La provincia lo puso en su presupuesto y dijo 'no tengo dinero para poner’ pero la Ciudad directamente niega su participación. Son 160 millones de pesos por año y pusieron sólo 25 millones.
Las críticas de greenpeace
La organización ambientalista respondió el comunicado difundido por Acumar en respuesta a su acción en Avellaneda. Greenpeace señaló “que la estrategia de controles a las empresas que contaminan el Riachuelo ha demostrado no ser eficaz, ya que no se está reclamando a las empresas que dejen de arrojar sustancias tóxicas a la Cuenca”.
“Los planes de reconversión industrial que las autoridades demandan a las industrias no apuntan al cese de vertidos tóxicos al agua. Aún si todas las empresas que han sido declaradas ‘agente contaminante’, cumplieran al pie de la letra las exigencias de la autoridad a cargo de saneamiento, el Riachuelo seguiría contaminado” sostuvo Lorena Pujó, coordinadora de la campaña en cuestión.
“ACUMAR estableció estándares muy poco ambiciosos en cuanto a los límites de sustancias tóxicas y peligrosas que descargan las industrias en el Riachuelo y también respecto de los valores que establecen la calidad de las aguas”, denunció Pujó. Y sostuvo que “en el Arroyo Sarandí, ACUMAR ni siquiera está realizando mediciones de calidad del agua, es decir, desconoce absolutamente el estado de contaminación de este arroyo”.
En otro comunicado lanzado esta semana, Greenpeace hizo referencia a una chimenea de Shell que “emana un denso humo tóxico desde hace días”. “Ni la empresa ni ACUMAR, informaron públicamente qué fue lo que sucedió, cuáles son las sustancias tóxicas ”, que emanaron.
Luego de que Acumar intimara y pidiera explicaciones a la empresa, las emisiones concluyeron.
Réplica de Greenpeace a Mussi sobre el Riachuelo
La organización ambientalista Greenpeace opinó que las autoridades a cargo del saneamiento del Riachuelo deberían terminar con la contaminación en lugar de acusarlos a ellos de poner en riesgo fuentes laborales o cuestionar la independencia política y económica que tiene.
Greenpeace respondió al secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi cuando en diálogo con Tiempo Argentino consideró que los miembros de la ONG “a lo mejor no harían lo mismo (de pedir clausuras) si tuvieran parientes trabajando en esas empresas”. Greenpeace reclama que las empresas en la Cuenca Matanza-Riachuelo implementen planes de producción limpia que apunten al cese de vertidos de sustancias tóxicas. Esto fue visto como un “golpe bajo” por parte de Mussi, presidente también de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo.
“Greenpeace no demanda que se clausuren, cierren o muden empresas a contaminar a otras zonas, ni que se afecte el personal ocupado. Pero sí deben dejar de contaminar para poder alcanzar el objetivo de recomposición ambiental que exigió la Corte Suprema en 2008”, sostuvo Lorena Pujó, coordinadora de la campaña Riachuelo de Greenpeace. “El presidente de ACUMAR reconoce la contaminación del Riachuelo, pero pone en duda sin fundamentos la independencia política y económica de Greenpeace, y elude así explicar cómo van a poner fin a los vertidos tóxicos de las empresas de la Cuenca”, dijo Pujó. La ONG recordó que tiene 25 años en el país y que es financiada con aportes de personas individuales, sin aceptar donaciones de partidos políticos, gobiernos ni empresas.
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Fecha de Publicación: 03/03/2013
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo - Nacional
El presidente de Acumar respondió a las críticas de Greenpeace. "Es un golpe bajo, parecen ignorar que hay un cuerpo colegiado que ellos mismos integran". Y explica que en la reconversión, se tiene en cuenta a la mano de obra.El secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, conversó en exclusiva con Tiempo Argentino acerca de la acción realizada por la organización ambientalista Greenpeace el pasado martes en la curtiembre Antonio Espósito, y la marcha en el proceso de saneamiento del Riachuelo.
El también presidente de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) definió la manifestación como una "actitud que sólo tiene ánimos de crítica".
–¿Cómo define la acción realizada por Greenpeace?
–Greenpeace parece ignorar que acá hay un cuerpo colegiado que ellos integran y que vinieron a una industria que ya está haciendo un plan de reconversión industrial (PRI). Nos pareció un golpe bajo que no tiene nada que ver con la ética. Ellos saben perfectamente que en este momento hay más de 500 empresas trabajando en la reconversión y 300 que ambientalmente ya no contaminan. No dejamos de atender este tema dentro de Acumar y diría que es el más difícil, porque tiene que ver con el trabajo de la gente. No podemos hacerlo con la premura que querríamos tener y Greenpeace se pone en el lugar de reclamar que las industrias no contaminen. Es muy fácil decirlo, a lo mejor no harían lo mismo si tuvieran parientes trabajando en esas empresas. Creemos que a fines del año 2014 todas las industrias estarán reconvertidas. Greenpeace ignora todo lo que se ha hecho. ¿O acaso sacar 59 barcos no es importante para detener la contaminación del Riachuelo? ¿O no es importante sacar 110 coches? ¿O sacar todos los días toneladas de basura que están en los bordes? ¿O no es importante la planta de tratamiento de líquidos cloacales para 400 mil vecinos que está terminada y funcionando en La Matanza? Los ecopuntos que estamos construyendo para achicar la cantidad de residuos en todo el camino de sirga durante los 14 municipios del Conurbano, ¿no son importantes? Las empresas del polo Dock Sud que ya no contaminan más, ¿no son importantes? ¿Y las 14 unidades sanitarias en marcha, algunas terminadas, otras para equiparse? En consecuencia, ¿se puede decir que no se hizo nada? El propio presidente de Greenpeace reconoció hace un año que se estaba trabajando mucho, lo hizo al lado mío. Lo mismo dijo el presidente de la Corte.
–¿En qué momento del saneamiento está la cuenca?
–En este momento estamos en un 50%. El avance es muy franco. Greenpeace nos pedirá que cerremos una empresa que nos dijo que va a hacer la reconversión en seis meses y, cuando lo vamos a ver, detectamos que le falta el 30%, lo dejamos porque algo hicieron. Eso es lo que piensa la Corte y por eso no ha puesto plazos. El presidente del tribunal nos pidió que se avance y en eso estamos. Ahora estamos en proceso de los PRI. El propio gobierno nacional ofreció no un crédito sino un subsidio para que puedan reconvertirse las industrias, porque tenemos en cuenta algo muy importante: la mano de obra. No podemos mirar al país desde un solo lugar, apurarse y cerrar empresas cuando esta contaminación viene de hace 200 años. El medio ambiente también incluye al hombre.
–¿Qué tipo de empresarios se encontró?
–Tenemos que tener en cuenta que el 80% de las industrias contaminantes son pymes. Por eso el subsidio que la presidenta estableció. Las relaciones son difíciles con los empresarios, pero tenemos que cuidar las dos cosas porque una persona sin trabajo tiene otro tipo de alteraciones en su salud. Nosotros no negamos la contaminación y por eso trabajamos. Negar esto y ceñirse solamente a lo industrial es una actitud que sólo tiene ánimos de crítica.
–Hay dos casos paradigmáticos. El primero es donde nació esta demanda, Villa Inflamable. El segundo es Barrio Acuba, ¿Qué pasó con esos casos?
–En el primero estamos trabajando en la relocalización. Hicimos un canje con la empresa Exolgan. Allí va a mudarse la mayoría de las 1190 familias de Villa Inflamable. Las familias de Acuba se van a relocalizar en dos predios que eran de Vialidad Nacional y de Fabricaciones Militares.
–¿Cuál cree que son entonces las causas reales de esta denuncia?
–Las malas lenguas dicen que Greenpeace tiene subsidio internacional y si es así, algunos dicen que es de Shell. Habrá que pensarlo por ese lado. Greenpeace no toca la ciudad y a lo mejor el candidato de Shell es el jefe de gobierno de la Ciudad. Son conjeturas que no podremos comprobar. Lo que sí es evidente es que la gran preocupación de Greenpeace pasa por el tema de la basura. Ellos se niegan en forma permanente a la generación de energía a través de la basura y dicen que todo termina en el relleno sanitario. Habrá que indagar por ahí.
–Sin embargo, Greenpeace lleva adelante una campaña en el Ártico en contra de Shell…
–Hemos visto muchas cosas. Muchas de esas campañas que se hacen en algún lugar son para ocultar la falta de campañas en el resto de los lugares. El resto de los integrantes del cuerpo colegiado escucharon en esta misma mesa a la representante de Greenpeace cuando dijo "nosotros tenemos que criticar". Cuando les pedimos que aporten ideas con respecto a los barrios o con respecto al impacto ambiental en el polo petroquímico de Dock Sud nos respondieron que ellos critican y no gestionan. «
Aportes de la ciudad. La relocalización de villas y asentamientos es el tema más controvertido en la relación entre el gobierno porteño y Acumar.
–¿Los empresarios son más difíciles que los intendentes?
–Los intendentes del Conurbano colaboran y aportan. Con la ciudad de Buenos Aires la relación es diferente. Los representantes de la ciudad en Acumar vienen, observan y después no aportan absolutamente nada. En provincia prácticamente ya no tenemos más viviendas al borde del Riachuelo. En la ciudad tenemos la Villa 21-24 por la que ya se pidió varias veces prórroga y no se está haciendo nada para mudar 1393 viviendas. El propio jefe de gobierno me llamó y me dijo que no tenían plata para hacer las viviendas. No sabía que no tenía que poner plata sino que el monto de esas viviendas lo pone el gobierno nacional a través del Plan Federal de Vivienda. No se puede gobernar sin saber estas cosas.
–¿Existe incumplimiento económico por parte del gobierno porteño?
–El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que aportar a un fondo de fideicomiso, que es el de funcionamiento de Acumar. Con eso se le paga a las cooperativas, los inspectores y se mueven los vehículos, entre otros gastos operativos y de limpieza de márgenes. De acuerdo a la composición de Acumar, el 50% lo aporta el gobierno nacional, el 25% la provincia y el resto la Ciudad. Los representantes de la Ciudad votaron ese compromiso. La provincia lo puso en su presupuesto y dijo 'no tengo dinero para poner’ pero la Ciudad directamente niega su participación. Son 160 millones de pesos por año y pusieron sólo 25 millones.
Las críticas de greenpeace
La organización ambientalista respondió el comunicado difundido por Acumar en respuesta a su acción en Avellaneda. Greenpeace señaló “que la estrategia de controles a las empresas que contaminan el Riachuelo ha demostrado no ser eficaz, ya que no se está reclamando a las empresas que dejen de arrojar sustancias tóxicas a la Cuenca”.
“Los planes de reconversión industrial que las autoridades demandan a las industrias no apuntan al cese de vertidos tóxicos al agua. Aún si todas las empresas que han sido declaradas ‘agente contaminante’, cumplieran al pie de la letra las exigencias de la autoridad a cargo de saneamiento, el Riachuelo seguiría contaminado” sostuvo Lorena Pujó, coordinadora de la campaña en cuestión.
“ACUMAR estableció estándares muy poco ambiciosos en cuanto a los límites de sustancias tóxicas y peligrosas que descargan las industrias en el Riachuelo y también respecto de los valores que establecen la calidad de las aguas”, denunció Pujó. Y sostuvo que “en el Arroyo Sarandí, ACUMAR ni siquiera está realizando mediciones de calidad del agua, es decir, desconoce absolutamente el estado de contaminación de este arroyo”.
En otro comunicado lanzado esta semana, Greenpeace hizo referencia a una chimenea de Shell que “emana un denso humo tóxico desde hace días”. “Ni la empresa ni ACUMAR, informaron públicamente qué fue lo que sucedió, cuáles son las sustancias tóxicas ”, que emanaron.
Luego de que Acumar intimara y pidiera explicaciones a la empresa, las emisiones concluyeron.
Réplica de Greenpeace a Mussi sobre el Riachuelo
La organización ambientalista Greenpeace opinó que las autoridades a cargo del saneamiento del Riachuelo deberían terminar con la contaminación en lugar de acusarlos a ellos de poner en riesgo fuentes laborales o cuestionar la independencia política y económica que tiene.
Greenpeace respondió al secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi cuando en diálogo con Tiempo Argentino consideró que los miembros de la ONG “a lo mejor no harían lo mismo (de pedir clausuras) si tuvieran parientes trabajando en esas empresas”. Greenpeace reclama que las empresas en la Cuenca Matanza-Riachuelo implementen planes de producción limpia que apunten al cese de vertidos de sustancias tóxicas. Esto fue visto como un “golpe bajo” por parte de Mussi, presidente también de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo.
“Greenpeace no demanda que se clausuren, cierren o muden empresas a contaminar a otras zonas, ni que se afecte el personal ocupado. Pero sí deben dejar de contaminar para poder alcanzar el objetivo de recomposición ambiental que exigió la Corte Suprema en 2008”, sostuvo Lorena Pujó, coordinadora de la campaña Riachuelo de Greenpeace. “El presidente de ACUMAR reconoce la contaminación del Riachuelo, pero pone en duda sin fundamentos la independencia política y económica de Greenpeace, y elude así explicar cómo van a poner fin a los vertidos tóxicos de las empresas de la Cuenca”, dijo Pujó. La ONG recordó que tiene 25 años en el país y que es financiada con aportes de personas individuales, sin aceptar donaciones de partidos políticos, gobiernos ni empresas.
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