Terrible deforestación en el Chaco
22:17 | 
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En lo que va del 2010 ya se detectaron más de 6.500 hectáreas desmontadas ilegalmente
Fecha de Publicación: 29/09/2010
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Un poco más de 6.500 hectáreas de montes topadas en forma clandestina fueron las detectadas hasta ahora en lo que va de 2010. La actividad fue detectada desde el Centro de Geoinformación instalado en Sáenz Peña, que depende de la Dirección de Bosques de la provincia.
Cerca de Taco Pozo, bajando hacia el oeste por el límite interprovincial, por el camino arenoso, el movimiento de vehículos transportando madera es significativo, aunque ello no sea indicativo que el procedimiento sea ilegal. A unos 110 kilómetros al norte de Río Muerto, tomando como referencia el control policial sobre ruta 16, y llegando a la curva denominada “Las Pirámides”, en una zona donde están asentados los parajes Colombia, el Indio, el Toba y el Urundel, además de otros sectores estratégicos, es considerado como uno de los centros donde se está produciendo la mayor deforestación clandestina.
Los desmontes fueron detectados en los primeros seis meses de este año -unas 5.000 hectáreas- pero de acuerdo a datos extraoficiales, la cifra hasta la última semana, llegaría a las 6.500 hectáreas y según confirmaron fuentes de digna de crédito, desde juzgados de la Segunda Circunscripción con asiento en Sáenz Peña, se continúan librando órdenes de allanamientos para tres explotaciones de la zona por desmontes ilegales.
Operativo con policía ecológica
Tal como se indicara ayer, un dato de relevancia a tener en cuenta por las autoridades es que se detectó que “compradores” de madera, incluso ya elaboradas en forma de postes, llegan a la zona de Las Pirámides desde Santiago del Estero con la finalidad de llevarse la materia prima.
El oficial Melchiori, de la Policía Ecológica, fue contundente al señalar que ‘es preocupante como vienen de la vecina provincia a trasladar madera desde territorio chaqueño, y en virtud de esta información se hicieron operativos que dieron resultados positivos, confirmando esta presunción, ya que en todos los casos se detectó que la totalidad de los postes eran llevados hacía la localidad de Monte Quemado, como también que en los rodados que se interceptaron la mayoría de los changarines también son de la misma ciudad, distante 300 kilómetros del lugar.
Precisamente, en cuanto a la línea de la ruta 16,el corredor bioceánico, la Dirección de Bosques refrendó un convenio con la policía Ecológica para un trabajo fuerte en los caminos cercanos a la zona de Las Pirámides. A esto se suma un trabajo en conjunto con la Asociación de Productores Forestales de Los Frentones para el control de la actividad.
Este operativo desplegado en El Impenetrable, tendiente a continuar la fuerte lucha que se viene llevando adelante contra el desmonte y la explotación ilegal forestal, fue planificado con antelación y coordinado entre las fuerzas policiales y la Dirección de Bosques.
300 hectáreas topadas en 20 días
El Centro de Geoinformación instalado en Sáenz Peña, surgió en momentos en que en plena veda forestal, y cuando el Chaco solo autoriza mediante una ley de emergencia sancionada por Diputados al aprovechamiento del recurso y manejo pastoril, se producía una catara de denuncias sobre desmonte con topadoras en distintos puntos de la provincia como en el norte de Avia Terai, Pampa del Infierno y Los Frentones.
Este centro fue dotado de un sistema de detección instrumentado por la Subsecretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente. La idea, fue ponerle frenos a este flagelo y en protección de los bosques nativos.
En ámbitos de la este centro, se comenta que la tarea de inspección utilizando los recursos disponibles, no es la esperada. Incluso, en la zona de Los Frentones, hay nuevas denuncias de desmonte de unas 350 hectáreas sin el permiso correspondiente y aunque por estos días, con más reserva que en meses atrás, se observan por las rutas chaqueñas el transporte de pesadas topadoras en carretones especiales.
La provincia, se barre con satélite
“Acá se mezclan otras cuestiones”, enfatizó ante la consulta de NORTE, Miguel Angel López, titular de la Dirección de Bosques instantes antes de viajar a Brasil donde participa de una visita a una planta elaboradora de carbón vegetal. Explicó se está haciendo un barrido de toda la provincia con imágenes que llegan con una corta periodicidad de tiempo “y hemos detectado importantes cambios por ello se han confeccionado poco más de un centenar de expedientes mediante el accionar de inspectores pertenecientes al departamento legal de Bosques para corroborar lo indicado por las imágenes”.
Detalló que una vez que se hace la inspección a campo se envían los resultados junto a lo detectado por las imágenes al Departamento de Asuntos Legales y se inician las acciones intimando por carta documento para que en el lapso de 10 días se presente el productor a hacer el descargo.
Pasado ese lapso, lo novedoso, según López, es que se pueden llegar a realizar acciones de embargo preventivo según las directivas emanadas por el ministro de la Producción, Enrique Orban si se excede el plazo y no se adviene a negociar un plan de pagos. También el responsable de Bosques indicó que tras la detección de los desmontes ilegales la actividad debe cesar inmediatamente “porque tenemos en la calle inspectores que se encargan de llevar a delante los controles‘.
Fecha de Publicación: 29/09/2010
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Un poco más de 6.500 hectáreas de montes topadas en forma clandestina fueron las detectadas hasta ahora en lo que va de 2010. La actividad fue detectada desde el Centro de Geoinformación instalado en Sáenz Peña, que depende de la Dirección de Bosques de la provincia.
Cerca de Taco Pozo, bajando hacia el oeste por el límite interprovincial, por el camino arenoso, el movimiento de vehículos transportando madera es significativo, aunque ello no sea indicativo que el procedimiento sea ilegal. A unos 110 kilómetros al norte de Río Muerto, tomando como referencia el control policial sobre ruta 16, y llegando a la curva denominada “Las Pirámides”, en una zona donde están asentados los parajes Colombia, el Indio, el Toba y el Urundel, además de otros sectores estratégicos, es considerado como uno de los centros donde se está produciendo la mayor deforestación clandestina.
Los desmontes fueron detectados en los primeros seis meses de este año -unas 5.000 hectáreas- pero de acuerdo a datos extraoficiales, la cifra hasta la última semana, llegaría a las 6.500 hectáreas y según confirmaron fuentes de digna de crédito, desde juzgados de la Segunda Circunscripción con asiento en Sáenz Peña, se continúan librando órdenes de allanamientos para tres explotaciones de la zona por desmontes ilegales.
Operativo con policía ecológica
Tal como se indicara ayer, un dato de relevancia a tener en cuenta por las autoridades es que se detectó que “compradores” de madera, incluso ya elaboradas en forma de postes, llegan a la zona de Las Pirámides desde Santiago del Estero con la finalidad de llevarse la materia prima.
El oficial Melchiori, de la Policía Ecológica, fue contundente al señalar que ‘es preocupante como vienen de la vecina provincia a trasladar madera desde territorio chaqueño, y en virtud de esta información se hicieron operativos que dieron resultados positivos, confirmando esta presunción, ya que en todos los casos se detectó que la totalidad de los postes eran llevados hacía la localidad de Monte Quemado, como también que en los rodados que se interceptaron la mayoría de los changarines también son de la misma ciudad, distante 300 kilómetros del lugar.
Precisamente, en cuanto a la línea de la ruta 16,el corredor bioceánico, la Dirección de Bosques refrendó un convenio con la policía Ecológica para un trabajo fuerte en los caminos cercanos a la zona de Las Pirámides. A esto se suma un trabajo en conjunto con la Asociación de Productores Forestales de Los Frentones para el control de la actividad.
Este operativo desplegado en El Impenetrable, tendiente a continuar la fuerte lucha que se viene llevando adelante contra el desmonte y la explotación ilegal forestal, fue planificado con antelación y coordinado entre las fuerzas policiales y la Dirección de Bosques.
300 hectáreas topadas en 20 días
El Centro de Geoinformación instalado en Sáenz Peña, surgió en momentos en que en plena veda forestal, y cuando el Chaco solo autoriza mediante una ley de emergencia sancionada por Diputados al aprovechamiento del recurso y manejo pastoril, se producía una catara de denuncias sobre desmonte con topadoras en distintos puntos de la provincia como en el norte de Avia Terai, Pampa del Infierno y Los Frentones.
Este centro fue dotado de un sistema de detección instrumentado por la Subsecretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente. La idea, fue ponerle frenos a este flagelo y en protección de los bosques nativos.
En ámbitos de la este centro, se comenta que la tarea de inspección utilizando los recursos disponibles, no es la esperada. Incluso, en la zona de Los Frentones, hay nuevas denuncias de desmonte de unas 350 hectáreas sin el permiso correspondiente y aunque por estos días, con más reserva que en meses atrás, se observan por las rutas chaqueñas el transporte de pesadas topadoras en carretones especiales.
La provincia, se barre con satélite
“Acá se mezclan otras cuestiones”, enfatizó ante la consulta de NORTE, Miguel Angel López, titular de la Dirección de Bosques instantes antes de viajar a Brasil donde participa de una visita a una planta elaboradora de carbón vegetal. Explicó se está haciendo un barrido de toda la provincia con imágenes que llegan con una corta periodicidad de tiempo “y hemos detectado importantes cambios por ello se han confeccionado poco más de un centenar de expedientes mediante el accionar de inspectores pertenecientes al departamento legal de Bosques para corroborar lo indicado por las imágenes”.
Detalló que una vez que se hace la inspección a campo se envían los resultados junto a lo detectado por las imágenes al Departamento de Asuntos Legales y se inician las acciones intimando por carta documento para que en el lapso de 10 días se presente el productor a hacer el descargo.
Pasado ese lapso, lo novedoso, según López, es que se pueden llegar a realizar acciones de embargo preventivo según las directivas emanadas por el ministro de la Producción, Enrique Orban si se excede el plazo y no se adviene a negociar un plan de pagos. También el responsable de Bosques indicó que tras la detección de los desmontes ilegales la actividad debe cesar inmediatamente “porque tenemos en la calle inspectores que se encargan de llevar a delante los controles‘.
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Un final caliente por la ley de glaciares
Definen el debate por los glaciares
Fecha de Publicación: 28/09/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Senado concluye hoy la ronda de consultas sobre el proyecto de protección ambiental
El debate parlamentario por una ley de protección de los glaciares entrará hoy en su etapa definitiva cuando la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado se reúna por última vez antes de la sesión especial prevista para pasado mañana.
La reunión será decisiva. No sólo porque se espera una definición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, sino porque una vez concluida la ronda de consultas, en la que participan también cámaras empresarias mineras y del petróleo, los senadores deberán definir cuáles serán los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares que sancionará el Congreso.
Tras los cambios introducidos por la Cámara de Diputados, el Senado tiene que definir si insiste en su texto, aprobado el año pasado, o si respalda esas modificaciones. Fuentes parlamentarias confiaron ayer a LA NACION que la solución sería una versión intermedia, que incluirá artículos de los textos aprobados por el Senado y por Diputados cuando se vote en particular.
La clave pasaría por el artículo 17 del proyecto que salió de Diputados, que ordena detener todos los emprendimientos mineros en marcha hasta que se concluya el estudio que debe definir las áreas glaciares y periglaciares existentes en las zonas de alta montaña.
Esta versión es resistida por las provincias con desarrollo minero -San Juan a la cabeza-, que sostienen que esto afectará la seguridad jurídica de las inversiones en curso en sus distritos. Además, no reuniría los votos para su aprobación, por lo que se apelaría a la redacción votada por la Cámara alta, que no contempla esa restricción.
Las provincias mineras ya manifestaron, con el aval del secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, que están en contra de cualquier ley que imponga algún tipo de regulación a la facultad constitucional que tienen las provincias de explotar los recursos minerales de los subsuelos de sus territorios. Sin embargo, la presión ejercida por las organizaciones ambientalistas y el diputado Miguel Bonasso, que apoyan el texto de la Cámara baja, haría imposible que el Senado termine cajoneando el tema.
De todas maneras, los números favorecerían a las provincias mineras, que tendrían más de 30 votos. En este escenario concurrirán hoy, a las 10, representantes de la Secretaría de Ambiente -Homero Bibiloni, su titular, no había confirmado su presencia hasta anoche- y de las cámaras Argentina de Empresarios Mineros y de Exploración y Producción de Hidrocarburos, del Instituto Argentino de Petróleo y Gas y del Instituto Geológico de la Universidad Nacional de San Juan.
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Un final caliente por la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 28/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La votación en el Senado por la ley de protección de glaciares promete un final de “bandera verde”. Ni quienes respaldan la media sanción que llega de Diputados con el apoyo de las organizaciones ambientalistas ni quienes sostienen la postura de la mayoría de los gobernadores cordilleranos de ratificar el proyecto original del Senado se animan a pronosticar una victoria en la reñida sesión del jueves. Una docena de senadores “indecisos” o que han esquivado definir el sentido de su voto serán los que inclinarán la balanza en el recinto, en un debate que cruza transversalmente al oficialismo y a las principales bancadas opositoras, como la UCR y el PJ anti K. Ayer, ambos sectores desmintieron la posibilidad de intentar mixturar los dos proyectos para evitar la confrontación.
La dura resistencia que encabezaron las provincias cordilleranas logró emparejar en el Senado la tendencia inicial a favor del modificado proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares que modificó la Cámara baja. A quienes respaldan la ratificación de la media sanción que la Cámara alta aprobó por unanimidad, el documento conjunto que firmaron siete de los diez gobernadores cordilleranos –proclamando su propiedad sobre los recursos naturales, incluidos los glaciares– les permitió sacar “una luz de ventaja” en las adhesiones que ambas iniciativas recogen entre los senadores. Pero tampoco tienen certeza de una victoria.
En cambio, los legisladores que apoyan la media sanción de Diputados confían en poder soportar la resistencia de los gobernadores, aunque su pronóstico final también es reservado. La confianza de la mayoría de ellos se sostiene en la decisión del jefe del bloque K, Miguel Pichetto, de dar “libertad de acción” a sus senadores, donde el porteño Daniel Filmus y el sanjuanino César Gioja reclutan voluntades para proyectos enfrentados: Filmus respeta el acuerdo pactado con el diputado Miguel Bonasso y las reformas introducidas por la Cámara baja, mientras Gioja es la principal espada parlamentaria de los gobernadores.
Pero las posturas encontradas también atraviesan al radicalismo, donde el gobernador catamarqueño Brizuela del Moral le arrancó varias voluntades a la bancada de senadores donde la mayoría se encolumna con el proyecto de Diputados. Lo mismo sucede en el Peronismo Federal, donde el puntano Adolfo Rodríguez Saá pasó a militar en las filas de los gobernadores para no dejar solos a sus colegas salteños Juan Carlos Romero y Sonia Escudero, que apoyaron a Juan Manuel Urtubey.
Hoy será la última audiencia de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Allí, las cámaras que agrupan a los empresarios mineros y de hidrocarburos, además del sindicato minero, se alinearán con la postura de los gobernadores cordilleranos. Mientras que Adolfo Pérez Esquivel y la mandataria fueguina Fabiana Ríos –pese a haber firmado el documento de los gobernadores– respaldarán la iniciativa de Diputados. Luego se firmará el dictamen que llegará al recinto el jueves, donde entre 9 y 10 de los 15 senadores que integran la comisión están con los gobernadores.
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Bibiloni expuso en el Senado la posición de Ambiente por Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 28/09/2010
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
"El proyecto del Senado fue un proceso estudiado, va a permitir armonía y complementariedad a nivel jurídico”, expresó el secretario de Ambiente.
Bibiloni, se presentó en el Senado de la Nación para exponer sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos Protección de Glaciares en el marco de la última ronda de consultas impulsada por Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, previa a la sesión del jueves, cuando se espera un dictamen definitivo sobre la normativa.
"El proyecto del Senado fue un proceso estudiado, va a permitir armonía y complementariedad a nivel jurídico”, expresó el secretario al tiempo que aseguró que es “relevante valorizar el funcionamiento de ecosistemas y sus servicios ambientales para evitar la socialización de pasivos, que absorben los ciudadanos y el Estado”.
En ese sentido, destacó que el proyecto que cuenta con media sanción del Senado superó las observaciones y contiene un enfoque integral coincidente con los lineamientos federales que interpreta la Secretaría de Ambiente de la Nación. Además, porque propone preservar los glaciares y el ambiente periglacial por ser reservas estratégicas de recursos hídricos.
Al respecto, Bibiloni explicó que éste avala “competencias múltiples”, como la participación de la Cancillería, entre otros organismos, en línea con el trabajo transversal interministerial y sectorial.
Durante su presentación en el Salón de las Provincias, el titular de la cartera ambiental, destacó que el proyecto hace hincapié en la protección de las masas de hielo visibles y en las zonas cubiertas por roca, en la realización de un inventario y seguimiento de situación de estas áreas para impedir conflictos a futuro.
“Los glaciares y áreas periglaciares constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos”, puntualizó el funcionario. El texto del proyecto se distancia del aprobado por diputados, ya que define: glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros, lo que delimita claramente el ambiente periglacial pudiendo ser inventariado; mientras que el de la cámara baja refiere a suelos congelados y saturados lo cual daría lugar a interpretaciones amplias y a posibles controversias.
Bibiloni, se presentó en el Senado de la Nación en el marco de la última ronda de consultas impulsada por Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, previa a la sesión del jueves, cuando se espera un dictamen definitivo sobre la normativa.
Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLIA), “el cual impartirá una metodología única con un panorama totalizador, homogéneo y con criterios de seguimiento”, explicó Bibiloni.
Tras sostener que la Secretaría de Ambiente mantuvo la misma postura desde enero de 2009 acompañando el proyecto que cuenta con media sanción del Senado, el secretario se refirió a que el trabajo se realizó “con una clara ética de la gestión pública, pensando en las generaciones futuras y el valor del agua como recurso estratégica no transable en términos de mercado, pero de indudable valor económico”. Finalmente, los diálogos generados en torno al tema “no cambiaron la decisión de la Secretaría de apoyar el proyecto que se estima más ajustado a la posibilidad de realización del Inventario”, concluyó Bibiloni.
Por su parte, tras la jornada de debate, Labor Parlamentaria decidió que el tema sea tratado en sesión ordinaria esta semana.
Dicen que La Alumbrera no contamina
Catamarca: Aseguran que no hay evidencia de contaminación por la minería
Fecha de Publicación: 28/09/2010
Fuente: Derf
Provincia/Región: Catamarca
Especialistas aseguraron que no hay ninguna relación entre los casos de cáncer registrados en la Provincia y la explotación minera · Médicos especialistas concluyeron que la minería no afectó a la salud, según informa hoy diario El Ancasti.
“Por los datos que hoy tenemos, y con todo lo que hemos hecho no encontramos evidencia de contaminación ambiental que perturbe la salud”, concluyó ayer el doctor Daniel Stamboulián, director de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI) que presentó los resultados de una investigación para determinar si la explotación minera produjo riesgos en la salud de los pobladores.
Al ser consultado por los casos de cáncer que se registran en la Provincia, el médico infectólogo sintetizó: “No hemos encontrado diferencias con otros lugares del país y en relación con la contaminación y producción de enfermedades no hemos encontrado situaciones distintas a las del resto del país”, sintetizó.
Stamboulián estuvo acompañado por los médicos Miguel Borruel y Diego Fridman que presentaron una síntesis de la investigación. Al referirse al estudio de los casos de cáncer en la Provincia, Borruel señaló que en el ranking de las provincias argentinas, Catamarca se ubica en el lugar décimo noveno.
Al presentar el informe sobre el impacto de la enfermedad terminal la dividió en cáncer infantil o pediátrico (menores de 15 años) y cáncer de adultos. Sobre el primer grupo, aseguró que está “muy bien controlado en el hospital de Niños con un registro de datos que es de lujo”, acotó y señaló que en que este grupo Catamarca está por debajo de la media nacional.
Agregó que por la metodología de la investigación se dividió la provincia en regiones: central, este y oeste. Observó que con respecto a la media nacional hay un pequeño aumento de casos de linfomas y tumores del sistema nervioso central que son los más comunes en los niños. “Eso está por encima estadísticamente, lo decimos con todas las palabras”, dijo Borruel.
Al analizar los casos de cáncer de adultos concluyó que el cáncer de próstata y de mama están por encima de la media nacional. Tiene mayor incidencia en la región central, mientras que en las otras dos áreas está por debajo de la media nacional.
Los profesionales comentaron que se entrevistaron con representantes de grupos Autoconvocados que pregonaban el incremento de los casos de esta enfermedad. Sin embargo, se negaron a mostrar algún caso.
"Cuando nos adentramos para que nos contacten con alguna persona, familiar o médico que esté atendiendo algún caso, sorpresivamente se nos corta el relato y dicen que no lo van a mostrar. Es un relato que queda trunco", apuntó. De igual modo, confirmaron que la niña que murió en Andalgalá y que se difundió como un caso nacional fue por una enfermedad congénita.
El médico explicó también que se investigó la situación sanitaria de toda la población de la localidad de Amanao (60 personas) que suman 1700 años de residencia en la zona, que viven cerca del yacimiento de Bajo La Alumbrera y consume agua de las márgenes del río Vis Vis. En conclusión, no se encontraron enfermedades vinculadas a la contaminación del ambiente, pero sí hallaron presencia de enfermedades endémicas como Chagas Mazza y brucelosis.
Conclusiones del informes
- Para el estudio se tomaron muestras de agua de todo el río Vis Vis, el dique de colas y la zona de filtración y se realizaron estudios propios. También se estudio el recorrido del mineraloducto.
Los especialistas señalaron que el agua viene "bien procesada y tratada" hasta que cae en un canal artificial en la Provincia de Tucumán. "Allí se mezcla el agua limpia, con agua sucia", dijo uno de los especialistas al referirse a una de las cuentas que luego desemboca en un dique de Santiago del Estero.
- En las poblaciones que rodean al río Vis Vis, Amanao, Hualfín, Belén y Andalgalá se profundizó en la situación epidemiológica a partir del informe de los médicos de la zona.
Por otra parte, el secretario de Minería de la Provincia, Jorge Eremchuk no descartó que se inicie algún tipo de acción legal contra aquellas personas que presentaron la muerte de una niña de Andalgalá como una consecuencia de la actividad minera en la zona. Aunque no lo nombró, la medida sería en contra del diputado nacional `Pino` Solanas.
Fecha de Publicación: 28/09/2010
Fuente: Derf
Provincia/Región: Catamarca
Especialistas aseguraron que no hay ninguna relación entre los casos de cáncer registrados en la Provincia y la explotación minera · Médicos especialistas concluyeron que la minería no afectó a la salud, según informa hoy diario El Ancasti.
“Por los datos que hoy tenemos, y con todo lo que hemos hecho no encontramos evidencia de contaminación ambiental que perturbe la salud”, concluyó ayer el doctor Daniel Stamboulián, director de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI) que presentó los resultados de una investigación para determinar si la explotación minera produjo riesgos en la salud de los pobladores.
Al ser consultado por los casos de cáncer que se registran en la Provincia, el médico infectólogo sintetizó: “No hemos encontrado diferencias con otros lugares del país y en relación con la contaminación y producción de enfermedades no hemos encontrado situaciones distintas a las del resto del país”, sintetizó.
Stamboulián estuvo acompañado por los médicos Miguel Borruel y Diego Fridman que presentaron una síntesis de la investigación. Al referirse al estudio de los casos de cáncer en la Provincia, Borruel señaló que en el ranking de las provincias argentinas, Catamarca se ubica en el lugar décimo noveno.
Al presentar el informe sobre el impacto de la enfermedad terminal la dividió en cáncer infantil o pediátrico (menores de 15 años) y cáncer de adultos. Sobre el primer grupo, aseguró que está “muy bien controlado en el hospital de Niños con un registro de datos que es de lujo”, acotó y señaló que en que este grupo Catamarca está por debajo de la media nacional.
Agregó que por la metodología de la investigación se dividió la provincia en regiones: central, este y oeste. Observó que con respecto a la media nacional hay un pequeño aumento de casos de linfomas y tumores del sistema nervioso central que son los más comunes en los niños. “Eso está por encima estadísticamente, lo decimos con todas las palabras”, dijo Borruel.
Al analizar los casos de cáncer de adultos concluyó que el cáncer de próstata y de mama están por encima de la media nacional. Tiene mayor incidencia en la región central, mientras que en las otras dos áreas está por debajo de la media nacional.
Los profesionales comentaron que se entrevistaron con representantes de grupos Autoconvocados que pregonaban el incremento de los casos de esta enfermedad. Sin embargo, se negaron a mostrar algún caso.
"Cuando nos adentramos para que nos contacten con alguna persona, familiar o médico que esté atendiendo algún caso, sorpresivamente se nos corta el relato y dicen que no lo van a mostrar. Es un relato que queda trunco", apuntó. De igual modo, confirmaron que la niña que murió en Andalgalá y que se difundió como un caso nacional fue por una enfermedad congénita.
El médico explicó también que se investigó la situación sanitaria de toda la población de la localidad de Amanao (60 personas) que suman 1700 años de residencia en la zona, que viven cerca del yacimiento de Bajo La Alumbrera y consume agua de las márgenes del río Vis Vis. En conclusión, no se encontraron enfermedades vinculadas a la contaminación del ambiente, pero sí hallaron presencia de enfermedades endémicas como Chagas Mazza y brucelosis.
Conclusiones del informes
- Para el estudio se tomaron muestras de agua de todo el río Vis Vis, el dique de colas y la zona de filtración y se realizaron estudios propios. También se estudio el recorrido del mineraloducto.
Los especialistas señalaron que el agua viene "bien procesada y tratada" hasta que cae en un canal artificial en la Provincia de Tucumán. "Allí se mezcla el agua limpia, con agua sucia", dijo uno de los especialistas al referirse a una de las cuentas que luego desemboca en un dique de Santiago del Estero.
- En las poblaciones que rodean al río Vis Vis, Amanao, Hualfín, Belén y Andalgalá se profundizó en la situación epidemiológica a partir del informe de los médicos de la zona.
Por otra parte, el secretario de Minería de la Provincia, Jorge Eremchuk no descartó que se inicie algún tipo de acción legal contra aquellas personas que presentaron la muerte de una niña de Andalgalá como una consecuencia de la actividad minera en la zona. Aunque no lo nombró, la medida sería en contra del diputado nacional `Pino` Solanas.
Vehículos causan el 80% de la contaminación
Autos y colectivos causan el 80% de la contaminación
Fecha de Publicación: 28/09/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital
Buscan reducir los gases con un bus ecológico. Una las principales razones del aumento de la polución es que cada vez hay más coches y los micros antiguos siguen circulando. El nuevo ómnibus con motor eléctrico sale a la calle la semana próxima.
Para el Gobierno porteño, un 80% de la contaminación del aire de la Ciudad se produce por los gases que emiten los vehículos, tanto los colectivos como los autos particulares. Y en lo que va del año, la Agencia de Protección Ambiental sancionó a un 12% de los colectivos inspeccionados por exceso de emisión de gases. Mientras Buenos Aires sufre cada vez más la polución, hoy será presentado el primer colectivo ecológico.
En los primeros ocho meses del año, la Agencia realizó 14.600 inspecciones a colectivos en la calle, donde mide la emisión de humo negro y de ruidos. De ese total, el 15% tuvo algún tipo de sanción: el 12% por polución por gases y el 3% restante por emisión de ruidos.
El argumento repetido por la Agencia de Protección Ambiental porteña, es que uno de los principales motivos de la contaminación que generan los colectivos es su antigüedad . Es que la Secretaría de Transportes de la Nación viene prorrogando la vida útil de los vehículos hasta 13 años, cuando el tope legal es de diez . La explicación es que las empresas de transporte no tienen la rentabilidad suficiente como para reemplazar la flota. Si ahora se quisiera sacar de circulación a todos los vehículos con más de diez años, se estima que la mitad de las 9.500 unidades que recorren Capital y el Conurbano tendrían que dejar de funcionar .
Como parte del plan para reducir la contaminación, Buenos Aires presentará hoy su primer colectivo ecológico , que funcionará con un motor eléctrico. Así, podrá bajar en un 75% la emisión de lo que se conoce como “material particulado”, uno de los tóxicos más dañinos para la salud . También reducirá un 55% la propagación de dióxido de carbono y entre un 30% y 40% la de gases de efecto invernadero.
La presentación se hará hoy a las 12.20 en Paseo Colón y Belgrano. Pero el Ecobus comenzará a funcionar la semana que viene, una vez que la Comisión Nacional de Regulación de Transporte le dé la habilitación final.
“Esta unidad es la primera de una serie de cinco que se irán incorporando paulatinamente. Contribuirán a mejorar la calidad del aire de la Ciudad y a reducir el consumo de combustible fósil no renovable”, aseguró el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli. Los siguientes cinco vehículos híbridos serían construidos en lo que resta del año, y circularían a partir del año que viene.
El colectivo prestará servicio para la línea 62, que une Retiro, Once y Constitución. Aunque el color característico de esta línea es el rojo, el Ecobus estará pintado de amarillo y verde . Hará el mismo recorrido que el resto de los vehículos, ya que no tiene ninguna diferencia en cuanto a la velocidad u otras prestaciones respecto de un colectivo normal.
El vehículo fue construido gracias a un convenio entre la Universidad de La Plata, la Ciudad y TATSA, la empresa de los hermanos Cirigliano que se dedica a la fabricación de colectivos. Costó 420.000 dólares, de los cuales el Gobierno puso 340.000, y los restantes 80.000 los aportó la empresa con el chasis, la carrocería y el armado. Es un vehículo de piso bajo, con rampas para discapacitados.
La diferencia de precios con los colectivos comunes es importante: según TATSA, un bus normal de piso bajo cuesta unos 120.000 dólares (y 135.000 si tiene aire acondicionado). Pero la inversión se compensa con el consumo, ya que el Ecobus gasta un 30% menos de combustible .
El proyecto para construir el Ecobus fue lanzado en 2008, y entonces se dijo que iba a estar listo en diciembre de ese año. Pero la presentación del prototipo la hizo el Gobierno porteño el 23 de junio del año pasado, días antes de las elecciones legislativas. Y recién ahora lo sacan a la calle.
Así, Buenos Aires se convertirá en la primera ciudad argentina en contar con un colectivo híbrido . Y será la segunda en Latinoamérica detrás de San Pablo, que ya tiene cuatro circulando. Superará incluso a grandes ciudades como París, que aún no tiene un vehículo de este tipo.
Fecha de Publicación: 28/09/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Capital
Buscan reducir los gases con un bus ecológico. Una las principales razones del aumento de la polución es que cada vez hay más coches y los micros antiguos siguen circulando. El nuevo ómnibus con motor eléctrico sale a la calle la semana próxima.
Para el Gobierno porteño, un 80% de la contaminación del aire de la Ciudad se produce por los gases que emiten los vehículos, tanto los colectivos como los autos particulares. Y en lo que va del año, la Agencia de Protección Ambiental sancionó a un 12% de los colectivos inspeccionados por exceso de emisión de gases. Mientras Buenos Aires sufre cada vez más la polución, hoy será presentado el primer colectivo ecológico.
En los primeros ocho meses del año, la Agencia realizó 14.600 inspecciones a colectivos en la calle, donde mide la emisión de humo negro y de ruidos. De ese total, el 15% tuvo algún tipo de sanción: el 12% por polución por gases y el 3% restante por emisión de ruidos.
El argumento repetido por la Agencia de Protección Ambiental porteña, es que uno de los principales motivos de la contaminación que generan los colectivos es su antigüedad . Es que la Secretaría de Transportes de la Nación viene prorrogando la vida útil de los vehículos hasta 13 años, cuando el tope legal es de diez . La explicación es que las empresas de transporte no tienen la rentabilidad suficiente como para reemplazar la flota. Si ahora se quisiera sacar de circulación a todos los vehículos con más de diez años, se estima que la mitad de las 9.500 unidades que recorren Capital y el Conurbano tendrían que dejar de funcionar .
Como parte del plan para reducir la contaminación, Buenos Aires presentará hoy su primer colectivo ecológico , que funcionará con un motor eléctrico. Así, podrá bajar en un 75% la emisión de lo que se conoce como “material particulado”, uno de los tóxicos más dañinos para la salud . También reducirá un 55% la propagación de dióxido de carbono y entre un 30% y 40% la de gases de efecto invernadero.
La presentación se hará hoy a las 12.20 en Paseo Colón y Belgrano. Pero el Ecobus comenzará a funcionar la semana que viene, una vez que la Comisión Nacional de Regulación de Transporte le dé la habilitación final.
“Esta unidad es la primera de una serie de cinco que se irán incorporando paulatinamente. Contribuirán a mejorar la calidad del aire de la Ciudad y a reducir el consumo de combustible fósil no renovable”, aseguró el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli. Los siguientes cinco vehículos híbridos serían construidos en lo que resta del año, y circularían a partir del año que viene.
El colectivo prestará servicio para la línea 62, que une Retiro, Once y Constitución. Aunque el color característico de esta línea es el rojo, el Ecobus estará pintado de amarillo y verde . Hará el mismo recorrido que el resto de los vehículos, ya que no tiene ninguna diferencia en cuanto a la velocidad u otras prestaciones respecto de un colectivo normal.
El vehículo fue construido gracias a un convenio entre la Universidad de La Plata, la Ciudad y TATSA, la empresa de los hermanos Cirigliano que se dedica a la fabricación de colectivos. Costó 420.000 dólares, de los cuales el Gobierno puso 340.000, y los restantes 80.000 los aportó la empresa con el chasis, la carrocería y el armado. Es un vehículo de piso bajo, con rampas para discapacitados.
La diferencia de precios con los colectivos comunes es importante: según TATSA, un bus normal de piso bajo cuesta unos 120.000 dólares (y 135.000 si tiene aire acondicionado). Pero la inversión se compensa con el consumo, ya que el Ecobus gasta un 30% menos de combustible .
El proyecto para construir el Ecobus fue lanzado en 2008, y entonces se dijo que iba a estar listo en diciembre de ese año. Pero la presentación del prototipo la hizo el Gobierno porteño el 23 de junio del año pasado, días antes de las elecciones legislativas. Y recién ahora lo sacan a la calle.
Así, Buenos Aires se convertirá en la primera ciudad argentina en contar con un colectivo híbrido . Y será la segunda en Latinoamérica detrás de San Pablo, que ya tiene cuatro circulando. Superará incluso a grandes ciudades como París, que aún no tiene un vehículo de este tipo.
Semana clave para los glaciares de Argentina
Semana clave para los glaciares de Argentina
Fecha de Publicación: 27/09/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Tenemos derecho a los glaciares
Por Maristella Svampa SOCIOLOGA E INVESTIGADORA DEL CONICET. Marcelo Giraud GEOGRAFO, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Es importante resguardar nuestras reservas de agua dulce desde una óptica que recupere la idea integral de territorio nacional, tal como lo prevé el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados que se trata esta semana en el Senado.
Para muchos es una discusión engorrosa, propia de juristas, técnicos y ambientalistas, muy alejada de nuestra realidad cotidiana. Pero lo cierto es que los glaciares y el área periglacial constituyen una vital reserva y fuente de agua dulce; un bien común al que todos tenemos derecho, más allá de los orígenes provinciales o los intereses corporativos. Por eso es importante resguardarlos, desde una óptica que recupere la idea integral de territorio nacional, tal como lo prevé el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, próximo a tratarse en el Senado.
Dicha norma fue consensuada entre el diputado Miguel Bonasso y el senador Daniel Filmus, luego del veto presidencial en 2008, a lo que siguió la media sanción de un sospechado proyecto en el Senado, con respaldo del lobby minero. En cambio, el proyecto superador de la Cámara Baja cuenta hoy con el apoyo de trescientas asambleas socioambientales, ciento cincuenta reconocidas organizaciones ambientalistas y numerosos académicos.
Frente a los gobernadores que se escudan en el artículo 124 de la Constitución Nacional -que establece que los recursos naturales son dominio originario de las provincias-, varias veces se ha insistido desde el derecho que éstas no pueden disponer discrecionalmente de los mismos. Justamente el artículo 41 de nuestra Carta Magna ha limitado lo absoluto de este dominio provincial, atribuyendo al Congreso la facultad de dictar las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, que las provincias podrán complementar. Pero el interesado discurso, erróneamente federalista, choca también con la misma geografía, pues muchas cuencas hídricas presentan una unidad ecológica y no conocen de límites jurisdiccionales. Las aguas nacen en una provincia, cruzan su territorio y continúan su curso a través de una o más provincias, regando y dando vida a campos y ciudades. Por ende, al tratarse de cuencas interprovinciales, compete también al Estado nacional el ser garante de las mismas, dado que cualquier actuación o determinación legal en la gestión de las aguas afecta a los territorios de las provincias por las que éstas discurren.
No hay que engañar más a la sociedad. No es cierto que la Ley aprobada en la Cámara Baja restrinja la actividad minera en gran parte del país o de las provincias cordilleranas. En su artículo 6, prohíbe diversas actividades -no sólo la minería- en una muy pequeña porción de nuestro territorio. A escala nacional, puede estimarse que aún con la extensión del campo de hielo santacruceño, y del área periglacial reguladora del recurso hídrico, la ley sólo protege en torno al 1% del territorio argentino (en su porción americana). Tampoco es verdad que la ley impida la realización de obras de infraestructura -como el tren trasandino en Mendoza o el túnel de Agua Negra en San Juan- ya que, a diferencia del proyecto del Senado, el de Diputados no las prohíbe en el ambiente periglacial, sino sólo en los glaciares. Tampoco se está discutiendo sobre la insustentabilidad de la minería; sólo se apunta a resguardar nuestras reservas y fuentes de agua. Por ello, antinomias falaces como “minería sí - minería no” están fuera de lugar, pues implicarían un debate sobre todo el territorio y no sobre una ínfima parte de él. En realidad, tales engaños esconden el interés de empresas como Barrick Gold, que se instalaron en áreas muy frágiles, amenazando un recurso esencial y vulnerable como el agua, que hoy exige una debida protección.
Lo mismo sucede con el empleo en minería, pues los datos han sido deliberadamente inflados. Según el Indec, en 2009 hubo un promedio de 18.342 asalariados registrados en minería, de los cuales sólo 6.533 en minerales metalíferos. En Chile, la minería factura 8 veces más que en Argentina y emplea 174.125 trabajadores, incluyendo contratistas, mientras que en Canadá, con una facturación similar a la chilena, sólo 58.505 trabajadores directos. En consecuencia, por más empleo indirecto que produzca, de ningún modo se justifica la afirmación de la Secretaría de Minería de la Nación, según la cual “la minería ya genera 500.000 empleos en el país”.
Las reformas neoliberales de los años 90 implicaron una significativa pérdida de regulación y control de territorios y recursos por parte del Estado frente a las grandes corporaciones transnacionales. A la luz de las nuevas problemáticas y en nombre de nuestra integridad ambiental y territorial, ya es tiempo de retomar aquellas funciones, si de verdad se está pensando en un concepto inclusivo de nación y en el bienestar de las generaciones futuras.
Senado: pelean por definir quién hará el inventario de los glaciares
Es porque donde se determine que existen hielos, no podrán explotarse minas.
Uno de los puntos más conflictivos del proyecto de ley de protección de glaciares que se debate en el Senado es qué organismo se encargará de hacer el primer inventario de hielos del país . Por un lado, el diputado opositor Miguel Bonasso y otros legisladores se plantaron en que sea el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que depende del CONICET, mientras que varios gobernadores pretenden que lo realicen las direcciones de Minería de sus provincias.
No es un dato menor. Donde se registre un glaciar o un preglaciar no podrá haber minas o extracción de agua para la minería a cielo abierto; y las que existen deberán ser relocalizadas.
“En este punto se da la batalla decisiva para la protección del agua de los argentinos. Podemos discutir otros puntos formales del texto aprobado en Diputados, pero no quién hará el inventario”, enfatizó Bonasso a Clarín . El diputado adelantó que se reunirá con el senador oficialista Daniel Filmus, con quien acordó el texto aprobado en la Cámara baja, para reafirmar ese punto (ver Análisis ).
En cambio, un grupo gobernadores de provincias mineras encabezados por el sanjuanino César Gioja pretenden que el inventario que decidirá qué zona es glacial, preglaciar o apta para la minería lo hagan las provincias. Se basan en un argumento federal: se trata de recursos naturales propios.
El director del IANIGLA, Ricardo Villalba, dijo a Clarín que de aprobarse el proyecto Bonasso su organismo “coordinaría a nivel nacional, en colaboración con universidades y gobiernos provinciales, el Inventario de Glaciares. En estos momentos estamos avanzando en un convenio con la provincia de Mendoza para realizar el Inventario de Glaciares solamente en esa provincia”.
Cuando se le preguntó cuántos glaciares se estima que existen, contestó que hasta ahora nunca se hizo un inventario, pero habría miles. “En base al inventario de glaciares del Río Mendoza, sólo en su cuenca había 980 cuerpos de hielo que cubrían una superficie de 664 km2”. El área de la Capital es de 500 km2.
El IANIGLA, que tiene sede en Mendoza, hizo relevamientos previos en la década del 80, empleando fotos aéreas de 1963 de algunos sectores de las provincias de Mendoza y San Juan.
El fiscal general de Tucumán y especialista en medio ambiente Antonio Gustavo Gómez se sumó a la defensa del IANIGLA. “En mis investigaciones vi cómo distintas direcciones de minería provinciales fracasaron en el momento de controlar la contaminación . Es el zorro puesto a cuidar el gallinero. El ejemplo más doloroso tal vez sea Abra Pampa, en Jujuy. Allí Metal Huasi, con la complicidad de las autoridades que tenían la obligación de controlarla, afectó con plomo el 81% de los niños evaluados. No hay dudas, detrás de cada delito ambiental y en especial en los provocados por la minería a gran escala, hay un funcionario corrupto. No sólo hay contaminación ambiental sino también ‘contaminación social’”.
Los lobbies y la votación del jueves
Como viene ocurriendo en el Senado con cada proyecto controvertido, las fuerzas están parejas y recién se sabrá en el momento de la votación (¿el próximo jueves?) si el país tendrá una ley de Glaciares restrictiva o si gana la pulseada una norma más blanda en sintonía con la propuesta de las provincias mineras.
El jefe del bloque oficial, Miguel Pichetto, dijo que “dará libertad de acción” a los legisladores kirchneristas. Y la misma actitud adoptó Gerardo Morales, de la UCR.
De un lado están la mayoría de los legisladores de las provincias mineras, liderados por el sanjuanino César Gioja, que votarán la sanción del Senado. Aunque los radicales Morales (Jujuy), Alfredo Martínez (Santa Cruz), Ernesto Sanz (Mendoza), el kirchnerista Marcelo Fuentes (Neuquén) y el chubutense Marcelo Guinle votarán a favor de la sanción de Diputados que es más severa. Del otro, hay un conglomerado que se referencia en el pacto Bonasso-Filmus y están a favor de definir con claridad lugares de prohibición de la actividad minera y de investigar en un plazo de 180 días a las actuales explotaciones.
Los números están parejos y la gran incógnita es si la Casa Rosada mantiene su neutralidad.
Si el Gobierno se inclina a favor de las provincias mineras ganará la sanción más blanda del Senado.
Como pocas veces en el Congreso se hizo explícita en este debate la presión de las mineras, la UIA y la CAC que apuestan como mal menor por la sanción del Senado.
Y también han desplegado su arsenal, pero a favor de la sanción de Diputados, los ecologistas que convocaron a un acampe frente al Congreso. En la misma sintonía, mañana hablará en la comisión de Ambiente la gobernadora fueguina Fabiana Rios.
Fecha de Publicación: 27/09/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Tenemos derecho a los glaciares
Por Maristella Svampa SOCIOLOGA E INVESTIGADORA DEL CONICET. Marcelo Giraud GEOGRAFO, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Es importante resguardar nuestras reservas de agua dulce desde una óptica que recupere la idea integral de territorio nacional, tal como lo prevé el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados que se trata esta semana en el Senado.
Para muchos es una discusión engorrosa, propia de juristas, técnicos y ambientalistas, muy alejada de nuestra realidad cotidiana. Pero lo cierto es que los glaciares y el área periglacial constituyen una vital reserva y fuente de agua dulce; un bien común al que todos tenemos derecho, más allá de los orígenes provinciales o los intereses corporativos. Por eso es importante resguardarlos, desde una óptica que recupere la idea integral de territorio nacional, tal como lo prevé el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, próximo a tratarse en el Senado.
Dicha norma fue consensuada entre el diputado Miguel Bonasso y el senador Daniel Filmus, luego del veto presidencial en 2008, a lo que siguió la media sanción de un sospechado proyecto en el Senado, con respaldo del lobby minero. En cambio, el proyecto superador de la Cámara Baja cuenta hoy con el apoyo de trescientas asambleas socioambientales, ciento cincuenta reconocidas organizaciones ambientalistas y numerosos académicos.
Frente a los gobernadores que se escudan en el artículo 124 de la Constitución Nacional -que establece que los recursos naturales son dominio originario de las provincias-, varias veces se ha insistido desde el derecho que éstas no pueden disponer discrecionalmente de los mismos. Justamente el artículo 41 de nuestra Carta Magna ha limitado lo absoluto de este dominio provincial, atribuyendo al Congreso la facultad de dictar las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, que las provincias podrán complementar. Pero el interesado discurso, erróneamente federalista, choca también con la misma geografía, pues muchas cuencas hídricas presentan una unidad ecológica y no conocen de límites jurisdiccionales. Las aguas nacen en una provincia, cruzan su territorio y continúan su curso a través de una o más provincias, regando y dando vida a campos y ciudades. Por ende, al tratarse de cuencas interprovinciales, compete también al Estado nacional el ser garante de las mismas, dado que cualquier actuación o determinación legal en la gestión de las aguas afecta a los territorios de las provincias por las que éstas discurren.
No hay que engañar más a la sociedad. No es cierto que la Ley aprobada en la Cámara Baja restrinja la actividad minera en gran parte del país o de las provincias cordilleranas. En su artículo 6, prohíbe diversas actividades -no sólo la minería- en una muy pequeña porción de nuestro territorio. A escala nacional, puede estimarse que aún con la extensión del campo de hielo santacruceño, y del área periglacial reguladora del recurso hídrico, la ley sólo protege en torno al 1% del territorio argentino (en su porción americana). Tampoco es verdad que la ley impida la realización de obras de infraestructura -como el tren trasandino en Mendoza o el túnel de Agua Negra en San Juan- ya que, a diferencia del proyecto del Senado, el de Diputados no las prohíbe en el ambiente periglacial, sino sólo en los glaciares. Tampoco se está discutiendo sobre la insustentabilidad de la minería; sólo se apunta a resguardar nuestras reservas y fuentes de agua. Por ello, antinomias falaces como “minería sí - minería no” están fuera de lugar, pues implicarían un debate sobre todo el territorio y no sobre una ínfima parte de él. En realidad, tales engaños esconden el interés de empresas como Barrick Gold, que se instalaron en áreas muy frágiles, amenazando un recurso esencial y vulnerable como el agua, que hoy exige una debida protección.
Lo mismo sucede con el empleo en minería, pues los datos han sido deliberadamente inflados. Según el Indec, en 2009 hubo un promedio de 18.342 asalariados registrados en minería, de los cuales sólo 6.533 en minerales metalíferos. En Chile, la minería factura 8 veces más que en Argentina y emplea 174.125 trabajadores, incluyendo contratistas, mientras que en Canadá, con una facturación similar a la chilena, sólo 58.505 trabajadores directos. En consecuencia, por más empleo indirecto que produzca, de ningún modo se justifica la afirmación de la Secretaría de Minería de la Nación, según la cual “la minería ya genera 500.000 empleos en el país”.
Las reformas neoliberales de los años 90 implicaron una significativa pérdida de regulación y control de territorios y recursos por parte del Estado frente a las grandes corporaciones transnacionales. A la luz de las nuevas problemáticas y en nombre de nuestra integridad ambiental y territorial, ya es tiempo de retomar aquellas funciones, si de verdad se está pensando en un concepto inclusivo de nación y en el bienestar de las generaciones futuras.
Senado: pelean por definir quién hará el inventario de los glaciares
Es porque donde se determine que existen hielos, no podrán explotarse minas.
Uno de los puntos más conflictivos del proyecto de ley de protección de glaciares que se debate en el Senado es qué organismo se encargará de hacer el primer inventario de hielos del país . Por un lado, el diputado opositor Miguel Bonasso y otros legisladores se plantaron en que sea el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que depende del CONICET, mientras que varios gobernadores pretenden que lo realicen las direcciones de Minería de sus provincias.
No es un dato menor. Donde se registre un glaciar o un preglaciar no podrá haber minas o extracción de agua para la minería a cielo abierto; y las que existen deberán ser relocalizadas.
“En este punto se da la batalla decisiva para la protección del agua de los argentinos. Podemos discutir otros puntos formales del texto aprobado en Diputados, pero no quién hará el inventario”, enfatizó Bonasso a Clarín . El diputado adelantó que se reunirá con el senador oficialista Daniel Filmus, con quien acordó el texto aprobado en la Cámara baja, para reafirmar ese punto (ver Análisis ).
En cambio, un grupo gobernadores de provincias mineras encabezados por el sanjuanino César Gioja pretenden que el inventario que decidirá qué zona es glacial, preglaciar o apta para la minería lo hagan las provincias. Se basan en un argumento federal: se trata de recursos naturales propios.
El director del IANIGLA, Ricardo Villalba, dijo a Clarín que de aprobarse el proyecto Bonasso su organismo “coordinaría a nivel nacional, en colaboración con universidades y gobiernos provinciales, el Inventario de Glaciares. En estos momentos estamos avanzando en un convenio con la provincia de Mendoza para realizar el Inventario de Glaciares solamente en esa provincia”.
Cuando se le preguntó cuántos glaciares se estima que existen, contestó que hasta ahora nunca se hizo un inventario, pero habría miles. “En base al inventario de glaciares del Río Mendoza, sólo en su cuenca había 980 cuerpos de hielo que cubrían una superficie de 664 km2”. El área de la Capital es de 500 km2.
El IANIGLA, que tiene sede en Mendoza, hizo relevamientos previos en la década del 80, empleando fotos aéreas de 1963 de algunos sectores de las provincias de Mendoza y San Juan.
El fiscal general de Tucumán y especialista en medio ambiente Antonio Gustavo Gómez se sumó a la defensa del IANIGLA. “En mis investigaciones vi cómo distintas direcciones de minería provinciales fracasaron en el momento de controlar la contaminación . Es el zorro puesto a cuidar el gallinero. El ejemplo más doloroso tal vez sea Abra Pampa, en Jujuy. Allí Metal Huasi, con la complicidad de las autoridades que tenían la obligación de controlarla, afectó con plomo el 81% de los niños evaluados. No hay dudas, detrás de cada delito ambiental y en especial en los provocados por la minería a gran escala, hay un funcionario corrupto. No sólo hay contaminación ambiental sino también ‘contaminación social’”.
Los lobbies y la votación del jueves
Como viene ocurriendo en el Senado con cada proyecto controvertido, las fuerzas están parejas y recién se sabrá en el momento de la votación (¿el próximo jueves?) si el país tendrá una ley de Glaciares restrictiva o si gana la pulseada una norma más blanda en sintonía con la propuesta de las provincias mineras.
El jefe del bloque oficial, Miguel Pichetto, dijo que “dará libertad de acción” a los legisladores kirchneristas. Y la misma actitud adoptó Gerardo Morales, de la UCR.
De un lado están la mayoría de los legisladores de las provincias mineras, liderados por el sanjuanino César Gioja, que votarán la sanción del Senado. Aunque los radicales Morales (Jujuy), Alfredo Martínez (Santa Cruz), Ernesto Sanz (Mendoza), el kirchnerista Marcelo Fuentes (Neuquén) y el chubutense Marcelo Guinle votarán a favor de la sanción de Diputados que es más severa. Del otro, hay un conglomerado que se referencia en el pacto Bonasso-Filmus y están a favor de definir con claridad lugares de prohibición de la actividad minera y de investigar en un plazo de 180 días a las actuales explotaciones.
Los números están parejos y la gran incógnita es si la Casa Rosada mantiene su neutralidad.
Si el Gobierno se inclina a favor de las provincias mineras ganará la sanción más blanda del Senado.
Como pocas veces en el Congreso se hizo explícita en este debate la presión de las mineras, la UIA y la CAC que apuestan como mal menor por la sanción del Senado.
Y también han desplegado su arsenal, pero a favor de la sanción de Diputados, los ecologistas que convocaron a un acampe frente al Congreso. En la misma sintonía, mañana hablará en la comisión de Ambiente la gobernadora fueguina Fabiana Rios.
Jardines en las azoteas de la Capital
Jardines en las azoteas mejoran el medio ambiente y ahorran energía
Fecha de Publicación: 27/09/2010
Fuente: EFE
Provincia/Región: Capital
La Alcaldía de Buenos Aires rebajará los impuestos a cambio de la instalación de jardines en las azoteas de los edificios con el fin de mejorar el ambiente y ahorrar energía como hacen Tokio y Berlín, entre otras ciudades.
Las "azoteas verdes" generan "numerosos beneficios" medioambientales a las ciudades, como la mejora de la calidad del aire o la reducción de la temperatura media, explicó hoy a Efe el arquitecto Jorge Leder, responsable de la construcción del primero de estos jardines.
La capital argentina -con una extensión de 200 kilómetros cuadrados y tres millones de habitantes- dispone de dos metros cuadrados de espacio verde por habitante, muy por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que estipulan como mínimo un valor de diez metros cuadrados.
Buscando "dar ejemplo", la primera de estas terrazas se instaló en el municipal Centro de Gestión y Participación Comunal 2, cuya azotea pasó en dos meses de ser "normal", con suelo de cemento irregular, a "verde" con la macetas con plantas Sedum que ocupan 30 metros cuadrados.
"Lo más complicado fue encontrar la planta adecuada, porque tenía que resistir todo tipo de clima y requerir muy poco riego", comentó Leder que colaboró en este cambio ecologista junto a Lilia Vence, investigadora de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires,
Más allá de los beneficios que aportan a la ciudad, las "azoteas verdes" ofrecen muchas ventajas para el inmueble en el que se ubican, advirtió.
Por ejemplo, las plantas del tejado del centro comunal retienen la lluvia y absorben las temperaturas ambientales, con lo que hace menos frío y calor en las oficinas situadas debajo y se consume menor energía, indicó.
La terraza cuenta también con un colector solar que "calienta" el agua de las cañerías del edificio y con un sistema de canalización que "recoge" las gotas de agua de los aires acondicionados para "reutilizarlas" en el riego de las plantas y la limpieza de los patios, señaló Facundo Carrillo, director del centro.
La nueva instalación permite además aumentar la vida útil de las láminas metálicas impermeables de las terrazas porque las plantas y las placas solares "interceptan los rayos UVA que las envejecerían y degradarían", apuntó Vence.
La construcción del jardín del centro comunal finalizó hace unos meses después de que el estudio de arquitectura Leder-Denegri se adjudicara el concurso convocado por la Agencia de Protección Ambiental de Buenos Aires (APRA).
El proyecto -con un costo de 40.000 pesos (unos 10.000 dólares), cuya mitad financió la APRA- se inició en 2008 en la Facultad de Agronomía donde se investigaron las plantas "adecuadas" para el tipo de clima y exposición solar de la azotea, dijo Leder.
La iniciativa oficial "La conquista del desierto urbano" permite pagar menos tasas municipales a los edificios que construyan jardines en los tejados vacíos de viviendas unifamiliares y comercios de Buenos Aires y se seguirá instalando "como ejemplo" en más sedes del Ayuntamiento.
Otras ciudades como Tokio, Berlín, Sao Paulo, Ciudad de México, Chicago, Toronto o Moscú tienen también "cubiertas ecológicas" en sus edificios para combatir la isla de calor que generan los inmuebles y colaborar en la lucha contra el cambio climático.
Toronto y Tokio cuentan por ejemplo con estrictas legislaciones que obligan a determinados edificios a contar con una superficie mínima de tejados verdes.
Fecha de Publicación: 27/09/2010
Fuente: EFE
Provincia/Región: Capital
La Alcaldía de Buenos Aires rebajará los impuestos a cambio de la instalación de jardines en las azoteas de los edificios con el fin de mejorar el ambiente y ahorrar energía como hacen Tokio y Berlín, entre otras ciudades.
Las "azoteas verdes" generan "numerosos beneficios" medioambientales a las ciudades, como la mejora de la calidad del aire o la reducción de la temperatura media, explicó hoy a Efe el arquitecto Jorge Leder, responsable de la construcción del primero de estos jardines.
La capital argentina -con una extensión de 200 kilómetros cuadrados y tres millones de habitantes- dispone de dos metros cuadrados de espacio verde por habitante, muy por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que estipulan como mínimo un valor de diez metros cuadrados.
Buscando "dar ejemplo", la primera de estas terrazas se instaló en el municipal Centro de Gestión y Participación Comunal 2, cuya azotea pasó en dos meses de ser "normal", con suelo de cemento irregular, a "verde" con la macetas con plantas Sedum que ocupan 30 metros cuadrados.
"Lo más complicado fue encontrar la planta adecuada, porque tenía que resistir todo tipo de clima y requerir muy poco riego", comentó Leder que colaboró en este cambio ecologista junto a Lilia Vence, investigadora de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires,
Más allá de los beneficios que aportan a la ciudad, las "azoteas verdes" ofrecen muchas ventajas para el inmueble en el que se ubican, advirtió.
Por ejemplo, las plantas del tejado del centro comunal retienen la lluvia y absorben las temperaturas ambientales, con lo que hace menos frío y calor en las oficinas situadas debajo y se consume menor energía, indicó.
La terraza cuenta también con un colector solar que "calienta" el agua de las cañerías del edificio y con un sistema de canalización que "recoge" las gotas de agua de los aires acondicionados para "reutilizarlas" en el riego de las plantas y la limpieza de los patios, señaló Facundo Carrillo, director del centro.
La nueva instalación permite además aumentar la vida útil de las láminas metálicas impermeables de las terrazas porque las plantas y las placas solares "interceptan los rayos UVA que las envejecerían y degradarían", apuntó Vence.
La construcción del jardín del centro comunal finalizó hace unos meses después de que el estudio de arquitectura Leder-Denegri se adjudicara el concurso convocado por la Agencia de Protección Ambiental de Buenos Aires (APRA).
El proyecto -con un costo de 40.000 pesos (unos 10.000 dólares), cuya mitad financió la APRA- se inició en 2008 en la Facultad de Agronomía donde se investigaron las plantas "adecuadas" para el tipo de clima y exposición solar de la azotea, dijo Leder.
La iniciativa oficial "La conquista del desierto urbano" permite pagar menos tasas municipales a los edificios que construyan jardines en los tejados vacíos de viviendas unifamiliares y comercios de Buenos Aires y se seguirá instalando "como ejemplo" en más sedes del Ayuntamiento.
Otras ciudades como Tokio, Berlín, Sao Paulo, Ciudad de México, Chicago, Toronto o Moscú tienen también "cubiertas ecológicas" en sus edificios para combatir la isla de calor que generan los inmuebles y colaborar en la lucha contra el cambio climático.
Toronto y Tokio cuentan por ejemplo con estrictas legislaciones que obligan a determinados edificios a contar con una superficie mínima de tejados verdes.
Alerta en Córdoba por contaminación en Santiago
Alerta en Córdoba por contaminación en Santiago
Fecha de Publicación: 26/09/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Santiago del Estero
La degradación de la cuenca Salí-Dulce provoca mortandad masiva de peces en Río Hondo. Llaman a reunión técnica.
Santiago del Estero. Un grupo de técnicos que trabaja para el Comité de Cuenca Salí-Dulce comprobó que algunos afluentes del embalse de Río Hondo, donde se produjo mortandad de peces, presentan carencia de oxígeno, tras realizar una tarea de campo en Tucumán.
La problemática de la contaminación generada por la producción industrial de Tucumán provocó en los últimos meses repetida mortandad de peces de distintas especies, por la falta de oxígeno en el agua.
Debido a la creciente producción de los ingenios de la provincia vecina, actividad que genera residuos como vinaza y cachaza, nocivos para la fauna ictícola, se dispuso la realización de monitoreos periódicos en los cursos de agua.
Convocatoria. Las mediciones se efectuaron en los ríos Medina, Gastona, Salí, Marapa y Matazambi, así como también en los arroyos Mixto, Aguas Blancas y Del Estero.
Además, se tomaron muestras en el canal DP2, al que se arrojaron los desechos de complejos industriales que luego llegaron a Río Hondo.
La situación derivó en la convocatoria a una reunión del cuerpo técnico de la cuenca para el 4 de octubre, en su sede de la Capital santiagueña.
El comité está integrado por representantes de las provincias de Catamarca, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y de la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Nación
Fecha de Publicación: 26/09/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Santiago del Estero
La degradación de la cuenca Salí-Dulce provoca mortandad masiva de peces en Río Hondo. Llaman a reunión técnica.
Santiago del Estero. Un grupo de técnicos que trabaja para el Comité de Cuenca Salí-Dulce comprobó que algunos afluentes del embalse de Río Hondo, donde se produjo mortandad de peces, presentan carencia de oxígeno, tras realizar una tarea de campo en Tucumán.
La problemática de la contaminación generada por la producción industrial de Tucumán provocó en los últimos meses repetida mortandad de peces de distintas especies, por la falta de oxígeno en el agua.
Debido a la creciente producción de los ingenios de la provincia vecina, actividad que genera residuos como vinaza y cachaza, nocivos para la fauna ictícola, se dispuso la realización de monitoreos periódicos en los cursos de agua.
Convocatoria. Las mediciones se efectuaron en los ríos Medina, Gastona, Salí, Marapa y Matazambi, así como también en los arroyos Mixto, Aguas Blancas y Del Estero.
Además, se tomaron muestras en el canal DP2, al que se arrojaron los desechos de complejos industriales que luego llegaron a Río Hondo.
La situación derivó en la convocatoria a una reunión del cuerpo técnico de la cuenca para el 4 de octubre, en su sede de la Capital santiagueña.
El comité está integrado por representantes de las provincias de Catamarca, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y de la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Nación
Riachuelo: instan al Gobierno porteño a cumplir
Riachuelo: instan al Gobierno porteño a cumplir con la urbanización de las villas
Fecha de Publicación: 25/09/2010
Fuente: Centro de Información Judicial
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Fue durante una audiencia convocada por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien tiene a su cargo la ejecución del fallo de la Corte que ordenó el saneamiento de la cuenca. Instó a las partes involucradas a trabajar en conjunto
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, exhortó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a “un mayor compromiso” con la urbanización de las villas y asentamientos precarios lindantes a la Cuenca Matanza-Riachuelo, en el marco de la ejecución de la sentencia “Mendoza” de la Corte Suprema.
Fue durante una audiencia convocada por el magistrado y realizada este jueves en el Palacio de Tribunales, en la que se analizaron las medidas adoptadas por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), y por los gobiernos Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad, con relación a las villas, y cuáles serán las que se implementarán en el futuro.
En ese marco, Armella aseguró que “no sirve la acción aislada, por eso exhorto al Gobierno de la Ciudad a un mayor compromiso y trabajo en conjunto con el resto de los involucrados, porque lo que está en juego es la dignidad del ser humano. Esta es una gran oportunidad para dar soluciones concretas”.
Cabe recordar que, en una resolución del 8 de julio, Armella dispuso que “respecto a los asentamientos precarios que se encuentran a lo largo de la Cuenca Matanza Riachuelo, cabe destacar que la problemática socio ambiental que ellos acarrean merece un esfuerzo mancomunado y sin dilación alguna de la ACUMAR y los Estados involucrados para dar soluciones urgentes que, en tal sentido, conlleva la efectiva, rápida y eficiente relocalización de las familias que se encuentran sobre sus márgenes”.
Entre los funcionarios convocados a la audiencia estaban el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio de Vido y la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner.
También fueron convocados: Homero Bibiloni (presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación), Gustavo Villa Uría (presidente ejecutivo de la ACUMAR), todos los integrantes del Consejo Directivo de la ACUMAR en representación de los tres Estados (Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Julio De Vido (ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación) y Alicia Kirchner (ministra de Desarrollo Social de la Nación).
Además, fueron citados: Luis Alberto Bontempo (titular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación), María Cristina Álvarez Rodríguez (ministra de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires), Gustavo Aguilera (titular del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires), Daniel Chain (ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Omar Abboud (titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Diego Santilli (ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Baldomero Álvarez de Olivera (ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires) y María Eugenia Vidal (ministra de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Fecha de Publicación: 25/09/2010
Fuente: Centro de Información Judicial
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Fue durante una audiencia convocada por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien tiene a su cargo la ejecución del fallo de la Corte que ordenó el saneamiento de la cuenca. Instó a las partes involucradas a trabajar en conjunto
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, exhortó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a “un mayor compromiso” con la urbanización de las villas y asentamientos precarios lindantes a la Cuenca Matanza-Riachuelo, en el marco de la ejecución de la sentencia “Mendoza” de la Corte Suprema.
Fue durante una audiencia convocada por el magistrado y realizada este jueves en el Palacio de Tribunales, en la que se analizaron las medidas adoptadas por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), y por los gobiernos Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad, con relación a las villas, y cuáles serán las que se implementarán en el futuro.
En ese marco, Armella aseguró que “no sirve la acción aislada, por eso exhorto al Gobierno de la Ciudad a un mayor compromiso y trabajo en conjunto con el resto de los involucrados, porque lo que está en juego es la dignidad del ser humano. Esta es una gran oportunidad para dar soluciones concretas”.
Cabe recordar que, en una resolución del 8 de julio, Armella dispuso que “respecto a los asentamientos precarios que se encuentran a lo largo de la Cuenca Matanza Riachuelo, cabe destacar que la problemática socio ambiental que ellos acarrean merece un esfuerzo mancomunado y sin dilación alguna de la ACUMAR y los Estados involucrados para dar soluciones urgentes que, en tal sentido, conlleva la efectiva, rápida y eficiente relocalización de las familias que se encuentran sobre sus márgenes”.
Entre los funcionarios convocados a la audiencia estaban el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio de Vido y la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner.
También fueron convocados: Homero Bibiloni (presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación), Gustavo Villa Uría (presidente ejecutivo de la ACUMAR), todos los integrantes del Consejo Directivo de la ACUMAR en representación de los tres Estados (Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Julio De Vido (ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación) y Alicia Kirchner (ministra de Desarrollo Social de la Nación).
Además, fueron citados: Luis Alberto Bontempo (titular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación), María Cristina Álvarez Rodríguez (ministra de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires), Gustavo Aguilera (titular del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires), Daniel Chain (ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Omar Abboud (titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Diego Santilli (ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Baldomero Álvarez de Olivera (ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires) y María Eugenia Vidal (ministra de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
La Pampa en alerta por el corte del río Atuel
La provincia realizará un estudio sobre el daño económico por el corte del río Atuel
Fecha de Publicación: 24/09/2010
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El gobernador Oscar Mario Jorge anunció que se realizará el estudio para evaluar el impacto ambiental que provocó el corte del río Atuel en el oeste pampeano.
Oficialmente se informó que, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), se logró el financiamiento para realizar el estudio.
El mismo será llevado adelante a partir de un convenio que se firmará con la Universidad de La Pampa, para lo cual el Gobernador Jorge se reunirá con el rector de esa casa de estudios, Sergio Baudino, para ultimar los detalles que permitan efectivizar el convenio para realizar el trabajo.
Según trascendió, el estudio se había pedido hace unos meses y el costo que había presupuestado la universidad a principio de año era de 750.000 pesos.
“Es una evaluación para determinar el impacto económico que provoca el corte. Queremos saber cuánto pierde la provincia por año, y después utilizar esta información en una eventual demanda ambiental que el Gobierno Provincial realice contra Mendoza”, dijo el subsecretario de Recursos Hídricos, Juan Pablo Morisoli.
Las pérdidas económicas por el corte del río nunca se evaluaron. En 1947, con las obras del dique El Nihuil, en Mendoza, cesaron los últimos escurrimientos del Atuel hacia La Pampa y la cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú desapareció.
De los cinco brazos del Atuel, actualmente sólo queda activo el arroyo de la Barda y prácticamente ha desaparecido un humedal de casi un millón de hectáreas.
En 1987, cuatro décadas después del corte del río, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de una demanda del Estado pampeano, consagró “la interprovincialidad del río Atuel”, pero los ribereños pampeanos todavía esperan el regreso del agua.
El Gobierno de Mendoza insiste en argumentar que cumple con el fallo judicial de 1987, que establece que puede utilizar agua del Atuel para regar 72.150 hectáreas, un cupo no cubierto todavía.
Sin embargo, el Gobierno de La Pampa sostiene que la administración cuyana está incumpliendo con el fallo de la CSJN de 1987 porque no se está garantizando un mínimo fluvioecológico.
En 2009, un grupo de organizaciones no gubernamentales e instituciones intermedias pampeanas también hicieron una denuncia en la Corte pero fue desestimada por cuestiones formales.
En 2008, los gobernadores Oscar Jorge y Celso Jaque firmaron, junto a la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, un convenio que establece un caudal mínimo para La Pampa y una serie de obras en el sur mendocino.
Ese acuerdo, fuertemente resistido tanto por legisladores opositores como oficialistas mendocinos, aún no fue ratificado en la Legislatura de la provincia cuyana y el corte del río Atuel persiste.
Fecha de Publicación: 24/09/2010
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El gobernador Oscar Mario Jorge anunció que se realizará el estudio para evaluar el impacto ambiental que provocó el corte del río Atuel en el oeste pampeano.
Oficialmente se informó que, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), se logró el financiamiento para realizar el estudio.
El mismo será llevado adelante a partir de un convenio que se firmará con la Universidad de La Pampa, para lo cual el Gobernador Jorge se reunirá con el rector de esa casa de estudios, Sergio Baudino, para ultimar los detalles que permitan efectivizar el convenio para realizar el trabajo.
Según trascendió, el estudio se había pedido hace unos meses y el costo que había presupuestado la universidad a principio de año era de 750.000 pesos.
“Es una evaluación para determinar el impacto económico que provoca el corte. Queremos saber cuánto pierde la provincia por año, y después utilizar esta información en una eventual demanda ambiental que el Gobierno Provincial realice contra Mendoza”, dijo el subsecretario de Recursos Hídricos, Juan Pablo Morisoli.
Las pérdidas económicas por el corte del río nunca se evaluaron. En 1947, con las obras del dique El Nihuil, en Mendoza, cesaron los últimos escurrimientos del Atuel hacia La Pampa y la cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú desapareció.
De los cinco brazos del Atuel, actualmente sólo queda activo el arroyo de la Barda y prácticamente ha desaparecido un humedal de casi un millón de hectáreas.
En 1987, cuatro décadas después del corte del río, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de una demanda del Estado pampeano, consagró “la interprovincialidad del río Atuel”, pero los ribereños pampeanos todavía esperan el regreso del agua.
El Gobierno de Mendoza insiste en argumentar que cumple con el fallo judicial de 1987, que establece que puede utilizar agua del Atuel para regar 72.150 hectáreas, un cupo no cubierto todavía.
Sin embargo, el Gobierno de La Pampa sostiene que la administración cuyana está incumpliendo con el fallo de la CSJN de 1987 porque no se está garantizando un mínimo fluvioecológico.
En 2009, un grupo de organizaciones no gubernamentales e instituciones intermedias pampeanas también hicieron una denuncia en la Corte pero fue desestimada por cuestiones formales.
En 2008, los gobernadores Oscar Jorge y Celso Jaque firmaron, junto a la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, un convenio que establece un caudal mínimo para La Pampa y una serie de obras en el sur mendocino.
Ese acuerdo, fuertemente resistido tanto por legisladores opositores como oficialistas mendocinos, aún no fue ratificado en la Legislatura de la provincia cuyana y el corte del río Atuel persiste.
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Contra las fumigaciones y el proyecto Ayuí
Diputados rechazaron las fumigaciones aéreas y el proyecto Ayuí
Fecha de Publicación: 23/09/2010
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Los legisladores que integran la Comisión de Recursos Naturales, trataron un proyecto de ley que prohíbe la fumigación aérea con plaguicidas y restringe la distancia para su aplicación terrestre en todo país. También se comprometieron a trabajar en el seguimiento de las causas judiciales de impugnación de la Ley de Bosques y en pedidos de informes al Gobierno de Corrientes por la Represa de Ayuí.
El pasado martes 21 de septiembre, se reunió la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en una audiencia pública en la que se debatió en torno a la cuestión del proyecto Ayuí Grande y sus implicancias ambientales y sociales.
Los legisladores se comprometieron a trabajar activamente en el seguimiento de las causas judiciales presentadas por Fundación Iberá impugnando la Ley de Bosques y en pedidos de informes al Gobierno de Corrientes.
El mismo día, la Diputada Nacional, Cecilia Merchán, junto al interbloque Proyecto Sur, organizó una Audiencia Pública para debatir las consecuencias sanitarias de la aplicación indiscriminada de agro químicos.
En la audiencia, de la que participaron unas 200 personas, se presentó el proyecto de ley que prohíbe la fumigación aérea con plaguicidas y restringe la distancia para su aplicación terrestre en todo país (5857-D-2010).
Asimismo, se analizaron otras iniciativas legislativas presentadas a nivel nacional, provincial y local que van desde la restricción de productos de comprobada peligrosidad, a una mayor regulación y control en su aplicación.
En la oportunidad, disertaron por las organizaciones de la sociedad civil y del sector académico, Andrés Carrasco (UBA-CONICET), Raúl Horacio Lucero (Universidad Nacional del Nordeste, Chaco), Norma Giarracca (Socióloga), Medardo Ávila Vázquez (Universidad Nacional de Córdoba), Javier Souza Casadinho (RAPAL), Salvemos al Iberá (Corrientes), y Vecinos de la localidad bonaerense de San Pedro, entre otros.
El jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Raúl Horacio Lucero, detalló frente a legisladores las historias clínicas de niños malformados que comenzaron y llegaron a su consultorio, exhibió radiografías de bebés sin dedos, chicas con brazos sin articulación.
En tanto Emilio Spataro, Coordinador de la Campaña Salvemos al Iberá presentó el caso de Colonia Carlos Pellegrini como un ejemplo de como afecta a la economía local (basada en el ecoturismo), además de a la salud humana, la actividad arrocera que fumiga sobre poblaciones humanas en la Reserva Provincial Esteros del Iberá.
Fecha de Publicación: 23/09/2010
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Los legisladores que integran la Comisión de Recursos Naturales, trataron un proyecto de ley que prohíbe la fumigación aérea con plaguicidas y restringe la distancia para su aplicación terrestre en todo país. También se comprometieron a trabajar en el seguimiento de las causas judiciales de impugnación de la Ley de Bosques y en pedidos de informes al Gobierno de Corrientes por la Represa de Ayuí.
El pasado martes 21 de septiembre, se reunió la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en una audiencia pública en la que se debatió en torno a la cuestión del proyecto Ayuí Grande y sus implicancias ambientales y sociales.
Los legisladores se comprometieron a trabajar activamente en el seguimiento de las causas judiciales presentadas por Fundación Iberá impugnando la Ley de Bosques y en pedidos de informes al Gobierno de Corrientes.
El mismo día, la Diputada Nacional, Cecilia Merchán, junto al interbloque Proyecto Sur, organizó una Audiencia Pública para debatir las consecuencias sanitarias de la aplicación indiscriminada de agro químicos.
En la audiencia, de la que participaron unas 200 personas, se presentó el proyecto de ley que prohíbe la fumigación aérea con plaguicidas y restringe la distancia para su aplicación terrestre en todo país (5857-D-2010).
Asimismo, se analizaron otras iniciativas legislativas presentadas a nivel nacional, provincial y local que van desde la restricción de productos de comprobada peligrosidad, a una mayor regulación y control en su aplicación.
En la oportunidad, disertaron por las organizaciones de la sociedad civil y del sector académico, Andrés Carrasco (UBA-CONICET), Raúl Horacio Lucero (Universidad Nacional del Nordeste, Chaco), Norma Giarracca (Socióloga), Medardo Ávila Vázquez (Universidad Nacional de Córdoba), Javier Souza Casadinho (RAPAL), Salvemos al Iberá (Corrientes), y Vecinos de la localidad bonaerense de San Pedro, entre otros.
El jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Raúl Horacio Lucero, detalló frente a legisladores las historias clínicas de niños malformados que comenzaron y llegaron a su consultorio, exhibió radiografías de bebés sin dedos, chicas con brazos sin articulación.
En tanto Emilio Spataro, Coordinador de la Campaña Salvemos al Iberá presentó el caso de Colonia Carlos Pellegrini como un ejemplo de como afecta a la economía local (basada en el ecoturismo), además de a la salud humana, la actividad arrocera que fumiga sobre poblaciones humanas en la Reserva Provincial Esteros del Iberá.
Gobernadores rechazan la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 22/09/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Gioja, Beder y Barrionuevo defendieron los "intereses provinciales"
Tres gobernadores de provincias con intereses mineros plantearon ayer en el Senado su rechazo a que el Congreso sancione una ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, al reivindicar la potestad de sus distritos para disponer de sus riquezas naturales, consagrada por la Constitución nacional.
El debate, que se dio en la Comisión de Ambiente del Senado, se centró entre los intereses mineros y la necesidad de preservar el agua dulce.
La postura de los gobernadores de San Juan, La Rioja y Jujuy chocó de frente con la planteada por organizaciones ambientalistas, especialistas en nivología y derecho constitucional, que pidieron la sanción del proyecto que aprobó la Cámara de Diputados en agosto último. Estos grupos dejaron traslucir que detrás de la postura de los gobernadores se encuentran poderosos intereses económicos.
La posición que plasmaron los gobernadores es la de máxima, aunque saben que la Cámara alta deberá votar una de las dos opciones (la versión de presupuestos mínimos aprobada por Diputados o insistir en su proyecto del año pasado) cuando el tema se discuta el jueves de la semana próxima en sesión especial.
La tensión entre ambos sectores se pudo percibir a lo largo de la extensa audiencia organizada por la Comisión de Ambiente y Desarrollo Humano del Senado. Tanto fue así que el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, se quejó porque le habían endilgado ser "el más envenenador, el más empleado de cuanta empresa minera hay en la Argentina".
Respaldo del Ejecutivo
El mandatario sanjuanino rechazó la propuesta que viene de la Cámara baja y fundamentó su postura en el respaldo que, dijo, recibió del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni. Según Gioja, el funcionario le dijo que "estaba convencido de que la ley que viene de Diputados iba a ser una fuente generadora de conflictos".
Esto provocó sorpresa entre los senadores presentes, que pidieron citar a Bibiloni para el martes próximo.
Más frontal en el rechazo a cualquier norma que regule la protección de los glaciares se mostró el gobernador de Jujuy, Walter Barrionuevo. "Esto que se está por hacer aquí es un acto de hostilidad", sentenció.
"Los recursos naturales son de las provincias", acotó su colega de La Rioja, Luis Beder Herrera, quien agregó: "Confíen en nosotros, que vamos a hacer las cosas bien".
Los mandatarios recibieron el apoyo del secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, quien avaló la versión aprobada por el Senado el año pasado, aunque también rechazó de manera implícita la regulación que se dispone a sancionar el Parlamento. "Ningún sector como el de la minería necesita tantos marcos normativos", opinó el funcionario.
La segunda etapa de la audiencia, que duró más de cinco horas, estuvo ocupada por las voces contrarias a la postura de los gobernadores y del Poder Ejecutivo, que ya se habían retirado del encuentro.
Así, el representante de la organización ambientalista Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, acusó a los gobernadores de hacer "terrorismo conceptual" por haber mostrado un mapa, según el cual, si se aprueba el proyecto de la Cámara baja, más de la mitad del país quedaría incluido en las áreas protegidas y, por lo tanto, vedadas a la explotación minera e hidrocarburífera.
Por su parte, el representante de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Luis Fauqué, denunció que la versión del Senado, apoyada por las provincias mineras, "debilita deliberada y notoriamente" la protección de los glaciares.
En contra de los intereses mineros también se manifestó Juan José Ramos, de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan. "Como dijo Sarmiento, el agua es para San Juan como la sangre para el cuerpo humano, y la minería nos saca el agua a los productores", afirmó.
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De la Cordillera al Senado
Fecha de Publicación: 22/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Son distritos con intereses mineros que proclamaron sus derechos sobre sus recursos naturales. Los gobernadores Gioja, Beder Herrera y Barrionuevo advirtieron que irán a la Justicia si el Senado convalida la media sanción de Diputados. Críticas de los ambientalistas.
Las provincias de San Juan, La Rioja, Jujuy, Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tierra del Fuego y Catamarca proclamaron sus derechos territoriales sobre sus recursos naturales y propusieron sancionar una misma ley de protección de glaciares en cada uno de esos distritos. Lo hicieron a través de un documento que firmaron sus gobernadores y fue exhibido ante los senadores la Comisión de Ambiente y Desarrollo por el sanjuanino José Luis Gioja, el riojano Luis Beder Herrera y el jujeño Walter Barrionuevo, quienes a su vez se pronunciaron en contra de la iniciativa que cuenta con media sanción de Diputados y amenazaron con recurrir a la Justicia si el Senado la convierte en ley. Las organizaciones ecologistas criticaron a los gobernadores y Greenpeace los acusó de hacer “terrorismo judicial”.
El debate sobre la protección de los glaciares llegará al recinto el jueves 30 de septiembre con opiniones divididas y números parejos. Por ahora prevalecen los senadores partidarios de convertir en ley el texto aprobado por unanimidad en el Senado, desechando las modificaciones que Diputados introdujo en su media sanción.
“Todos los recursos, incluidos los glaciares, son dominios de las provincias. Este proyecto es perverso y es un avance de la Nación sobre las provincias”, afirmó el riojano Beder Herrera. El jujeño Barrionuevo consideró como un “acto de hostilidad” que el Estado nacional dicte “una ley por sobre o en contra de la opinión de las provincias”. Gioja recurrió a los artículos 1 y 113 de la Constitución sanjuanina para sostener que “el Estado nacional no podrá disponer de los recursos naturales del Estado autónomo e inescindible de San Juan sin acuerdo expresado por ley”.
Los tres gobernadores que concurrieron ayer a la comisión del Senado dejaron en claro su postura en contra de una ley nacional que condicione sus respectivas legislaciones provinciales sobre la protección de los recursos naturales. “Sí, vamos a hacer un planteo de inconstitucionalidad”, confirmó Barrionuevo ante la pregunta del senador oficialista jujeño Guillermo Jenefes si las provincias tomarían ese camino “en caso de que se apruebe el proyecto que llega desde Diputados”.
Los gobernadores también defendieron los emprendimientos productivos provinciales limitados por la futura normativa, en especial la minería.
“Este proyecto está signado por la negación de la actividad minera. La minería paga retenciones y todos los impuestos provinciales, aunque han obtenidos algunos beneficios como el de la promoción industrial para atraer inversiones. La minería bajó en mi provincia los índices de desocupación y elevó el nivel de los salarios”, sostuvo Gioja.
También llevaron al Senado un documento y un proyecto de ley propio (ver aparte) respaldado por la mayoría de las provincias cordilleranas. Además de Gioja, Beder Herrera y Barrionuevo, rubricaron el texto los mandatarios oficialistas Juan Manuel Urtubey y Daniel Peralta, la aliada Fabiana Ríos y los radicales Eduardo Brizuela del Moral y Miguel Saiz. Entre los gobernadores existen, de todos modos, posturas divergentes sobre los dos proyectos que estarán en discusión el 30 de septiembre en el Senado: el que impulsó el oficialista Daniel Filmus y fue aprobado por unanimidad en la Cámara alta y el que tiene media sanción de Diputados con las modificaciones propuestas por el opositor Miguel Bonasso, también con el acuerdo de Filmus. Entre los firmantes, sólo la fueguina apoyará el texto aprobado en la Cámara baja.
La situación también divide a los otros tres gobernadores cordilleranos que no estamparon su firma en el documento. El chubutense Mario Das Neves adelantó que el voto de sus dos senadores provinciales será a favor del proyecto que impulsaron los diputados. El neuquino Jorge Sapag planteó críticas a ambos proyectos y todavía no definió su postura. El mendocino Celso Jaque envió una carta a la Comisión de Ambiente del Senado para respaldar el texto aprobado en esa cámara.
Antes que los gobernadores expuso ante los senadores el secretario de Minería, Jorge Mayoral. El funcionario nacional cuestionó una serie de artículos del proyecto de Diputados (1, 2, 3, 6 y 15) y también defendió la actividad minera. “Hay 460 proyectos a lo largo de toda la Argentina, más del 900 por ciento de crecimiento desde 2003 y más de 450.000 argentinos, que directa o indirectamente, viven en las regiones más postergadas gracias a la puesta en valor de proyectos productivos relacionados con la minería.”
A su turno, media docena de organizaciones ecologistas respaldaron el proyecto de Diputados, refutaron los argumentos provinciales en contra de la definición de “región periglacial” de la iniciativa y argumentaron que la media sanción de la Cámara baja “impone menos restricciones” que el aprobado por el Senado a la “obra pública” y “proyectos estratégicos”, como pasos fronterizos y construcción de diques para la utilización del recurso hídrico.
El director de campañas de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, fue quien cuestionó más duramente la posición de los mandatarios provinciales. Villalonga denunció que “los gobernadores realizan terrorismo judicial, al anunciar que se rebelarán contra la ley de glaciares si se aprueba el proyecto que cuenta con media sanción de Diputados”.
El martes próximo expondrán las entidades que agrupan a los empresarios mineros y de hidrocarburos, así como la Asociación Obrera Minera que nuclea a los trabajadores de la actividad y se citó al secretario de Ambiente, Homero Bibiloni.
Las opiniones dentro de los bloques están divididas; en especial en el oficialista, donde Gioja y Filmus reclutan voluntades para proyectos diferentes. “Vamos a dar libertad de acción”, dijo el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, reconociendo las diferencias internas.
Quienes apuestan por convertir en ley el proyecto original del Senado sobre protección de glaciares, para lo cual sólo necesitan mayoría simple, consideran que la postura de los gobernadores cordilleranos les permitió sacar una luz de ventaja en el porotómetro. Aunque nadie todavía arriesga un resultado ante la paridad de fuerzas.
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Los gobernadores jaquean la sanción de la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 22/09/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Dos bandos en pugna se perfilaron con nitidez en el debate de ayer sobre los glaciares. De un lado están la mayoría de los gobernadores de provincias cordilleranas y el secretario de Minería, Jorge Mayoral. Y del otro, las entidades ambientalistas, productores vitivinícolas y los legisladores que apoyan el proyecto restrictivo de la explotación minería en los glaciares y su zona de influencia.
Hasta la semana pasada daba la sensación que la sanción de Diputados del 11 de agosto último -que contó con el visto bueno del senador kirchnerista Daniel Filmus- iba a convertirse en ley el jueves 30. Sin embargo, desde entonces u na fuerte ofensiva de las provincias mineras, encabezadas por el sanjuanino José Luis Gioja y respaldada por el Secretario de Minería, se hizo sentir con fuerza, al punto que el jefe del bloque oficial Miguel Pichetto está dispuesto a otorgar libertad de acción a su bloque para evitar enfrentamientos internos.
Una vez más el resultado es incierto y nadie sabe qué puede pasar en la votación del 30: si el Senado aprueba la sanción de Diputados respaldada por los ambientalistas y pactada entre Miguel Bonasso y Filmus o si respalda el proyecto más acotado que levantan los gobernadores y el secretario de Minería.
De las exposiciones de ayer en la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara Alta, se desprendió que hay un núcleo duro que apuesta todas sus fichas a favor de la vieja sanción del Senado a la que consideran más benévola para la actividad miner a en la alta montaña y a cielo abierto. Y que también le otorga más facultades a las provincia s para legislar sobre este controvertido asunto. Mayoral se pronunció por el proyecto “original del Senado” porque “respeta la Constitución”, dijo, El sanjuanino Gioja se quejó de que en la sanción de “Diputados fue sacado del proyecto, como un desprecio la auditoría (inventario de glaciares) en manos de autoridades provinciales. Avasallan las facultades que como provincias tenemos”.
El riojano Luis Beder Herrera protestó porque “se quiere limitar las potestades propias de la Constitución, los recursos naturales son de las provincias . Imagínense que La Rioja se quedara sin agua, ¿qué futuro le espera?” En la misma línea Walter Barrionuevo (Jujuy) se preguntó: “¿Cuál es el límite de esta persistencia del Estado nacional? Lo tocó al tema de los glaciares pero podría haber sido cualquier cosa”, resumió.
Buscan frenar los agrotóxicos
Para frenar los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 22/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En una audiencia pública en la Cámara de Diputados, legisladores, científicos y organizaciones sociales avalaron un proyecto de ley que busca prohibir en todo el país las pulverizaciones aéreas con plaguicidas. También limita las terrestres.
El debate por las consecuencias sanitarias de los agroquímicos entró ayer al Congreso Nacional de la mano de legisladores de distintos bloques, científicos que probaron los efectos negativos en la salud y organizaciones sociales. Fueron recurrentes dos afirmaciones: es necesario cambiar la actual forma de producción agropecuaria y es prioritario dejar de lado el modelo extractivo –donde monocultivo de soja y megaminería a cielo abierto son sus caras más famosas–. “No es la prueba científica la que cierra esta discusión, es la realidad, los vecinos afectados, las malformaciones y los abortos espontáneos”, afirmó el director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA y científico del Conicet, Andrés Carrasco. La diputada Cecilia Merchán, junto con otros doce legisladores, presentó un proyecto de ley para prohibir todas las pulverizaciones aéreas y limitar las terrestres.
“Minería y soja pertenecen a un mismo modelo. Ambos son perjudiciales. Hay que debatir el perfil productivo de las provincias y esto no se trata de un falso antagonismo ‘interior-Capital’. Soy de Córdoba, provincia sojera, e igual sostengo que este modelo tiene consecuencias en la salud de las poblaciones”, abrió el debate Merchán, en una sala repleta de público. Le siguieron los legisladores Miguel Bonasso, Fernando Solanas, Lisandro Viale (socialismo) y Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro).
Carrasco presentó su investigación que confirma el efecto letal del glifosato en embriones anfibios. “Tal como lo quería el ministro de Ciencia (Lino) Barañao, nuestro trabajo está publicado (en la revista científica internacional Investigación Química en Toxicología). Y prueba que el glifosato produce malformaciones o mata al embrión”, remarcó y explicó que los vertebrados (desde anfibios hasta humanos) comparten los mismos mecanismos embrionarios. “Existe la muy seria posibilidad que ocurra lo mismo en humanos, sobre todo en las tres primeras semanas de gestación”, precisó, y alertó que “el problema no es el glifosato, no es el único ni el último agrotóxico, sino un modelo de producción”.
Javier Souza Casadinho, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA y coordinador regional de la Red de Acción en Plaguicidas (Rapal), explicó que en la actualidad se riega el país con más de 300 millones de litros. En 1999, las cámaras empresarias recomendaban usar seis litros por hectárea, en la actualidad instan –para la misma superficie– 14 litros. “En nuestro país se sigue usando el endosulfan, extremadamente tóxico, que ya fue prohibido en 69 países del mundo. Acá usamos cuatro millones de litros por año”, cuestionó.
La Leonesa es una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia. Desde hace una década denuncian el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz. Apuntan al glifosato, endosulfan, metamidofos, picloran y clopirifos, entre otros químicos usados también en la soja. Ante las crecientes denuncias y movilizaciones, en 2009 el gobierno del Chaco creó la Comisión Provincial de Investigación de Contaminantes del Agua. Cinco meses después, finalizó su primer informe oficial y llamó al alerta nacional: los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento. Sucedió en sólo una década y corresponden a estadísticas sanitarias vinculadas a zonas con uso intensivo de agroquímicos.
El jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Raúl Horacio Lucero, detalló frente a legisladores las historias clínicas de niños malformados que comenzaron y llegaron a su consultorio, exhibió radiografías de bebés sin dedos, chicas con brazos sin articulación. “En el caso de La Leonesa se usaron datos registrados en los hospitales públicos desde hace años, registros oficiales, y fue realizado por una comisión oficial, ¿cómo puede ser que eso no tenga difusión?, ¿cómo se puede silenciar?, ¿qué otra prueba quieren? Yo vi los casos, nadie me lo contó, conozco a la niña con malformaciones, la vi crecer y también vi que su mamá sufrió fumigaciones en los primeros meses de embarazo”, lamentó.
El presidente de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas, Orlando Martínez, denunció discriminación hacia el sector, “con 85 años de historia y 50 mil trabajadores”, reclamó un “sustento técnico” para la prohibición, se mostró favorable a abandonar los “productos nocivos” para la salud y retrucó con una sorpresiva propuesta, que fue bienvenida por los presentes: “Si prohíben las fumigaciones aéreas, también hay que prohibir las terrestres”.
El proyecto de ley 5857-D-2010 prohíbe en todo el país las pulverizaciones aéreas de “plaguicidas, agrotóxicos o biocidas químicos o biológicos” con destino para el uso agropecuario, cualquiera sea el producto activo o formulado así como su dosis. También prohíbe la aplicación terrestre dentro de un radio de mil metros a partir del límite de las plantas urbanas y periurbanas en todo el país. En caso de que se viole la norma, propone penas de tres a diez años de prisión. Firman el proyecto de ley diputados de Proyecto Sur, GEN, SI y Frente para la Victoria.
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Fuertes críticas al glifosato en el Congreso
Fecha de Publicación: 22/09/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La polémica por el uso del herbicida glifosato sumó ayer un nuevo capítulo, en una audiencia en el Congreso en la que se presentó el proyecto de ley de la diputada Cecilia Merchán (Libres del Sur-Córdoba) que busca prohibir la fumigación aérea de los campos y las aplicaciones de agroquímicos en un radio de 1000 metros de las zonas urbanas. "El tema de las fumigaciones es un tema de mucha preocupación en las poblaciones rurales, por eso decidimos encararlo", explicó Merchán.
"Hay que decidir rápido que vamos a hacer con el glifosato, porque hay vidas en juego. El glifosato que es inhalado y pasa a la sangre de la madre en las tres primeras semanas de vida del embrión genera malformaciones de todo tipo. Esto está investigado y publicado", señaló el investigador del Conicet Andrés Carrasco, el primero en disparar contra el agroquímico, cuando el año pasado declaró que el herbicida podía tener efectos perjudiciales en los embriones.
A la presentación de Carrasco le siguió una decena más de exposiciones de médicos y pobladores que hablaron en contra del agroquímico. Ilustradas con estadísticas, hablaron del aumento de los casos de cáncer y de malformaciones a partir del uso masivo del herbicida.
"Por supuesto que nos preocupan los potenciales efectos en la salud derivados de un uso irresponsable de los agroquímicos. Pero acá se expuso información errónea, como el dato de que se usan 300 millones de litros de glifosato por año. Eso significaría usar 14 litros por ha, cuando lo normal es usar 4 litros", dijo Michel Thibaud, director de la Sociedad Rural Argentina. "Por otro lado, acá también se criticó la sojización, pero no se habla de que es una consecuencia de una política del Gobierno, que desalentó la producción de otros granos", acotó Thibaud, que asistió en calidad de oyente.
En el encuentro no hablaron ni los principales referentes de la producción ni de la industria, agrupada en la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), pese a que fueron invitados. "Pensamos que era inútil ir a algo que no era más que un show mediático", dijo un ejecutivo del sector de los agroquímicos.
Por el momento, el proyecto de Merchán sólo cuenta con el apoyo de Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, algunos diputados del socialismo y del GEN y una diputada kirchnerista. "No creemos que todo el kirchnerismo nos apoye, porque el Gobierno vive de la caja de la soja, pero esperamos poder sumar el apoyo de varios diputados de la oposición", admitió Merchán.
San Luis endurecera las sanciones ambientales
San Luis endurecera las sanciones a quienes causen daños ambientales
Fecha de Publicación: 21/09/2010
Fuente: Vos Regional
Provincia/Región: San Luis
El gobierno de la provincia de San Luis a endurecido su política ambientalista ante la gran cantidad de incendios generados por piromaníacos o simplemente por dueños de campos que por ganar terreno para ampliar sus áreas para cultivo destruyen montes y microclimas únicos produciendo desastres naturales que muchas veces afectan a terceros por lo que el Ministerio de Medio Ambiente de esa provincia a implementado el Sistema de Estadística y Evaluación de Incendios Forestales, previsto en el Tratado de Paz entre el Progreso y Medio Ambiente.
Esto hará más severas las sanciones que ya se impusieron a los infractores que propiciaron incendios en la Provincia ya que con este nuevo sistema el Ministerio calcula y estima todas las estadísticas e índices de peligros de incendios en función de información geográfica satelital. Además evalúa los impactos ambientales de los incendios forestales, los cuantifica monetariamente y los introduce en el actual sistema de sanciones y multas a los causantes de incendios forestales.
La ministra, Lic. Daiana Hissa, recalcó que "de ahora en más las multas no serán las mismas, ya que existe un componente ambiental que determinará cifras altísimas por cuanto se considera el daño ambiental fruto del procesamiento de la información recabada por este sistema". Asimismo Hissa destacó que donde hubo monte, se obligará a restituirlo, "a veces prefieren pagar las multas a costa de aumentar hectáreas productivas, con este sistema, además de la multa, deberán volver a plantar especies nativas para restituir el monte".
Por último el ministerio determinó que en lo que va del año 2010, la superficie afectada por los incendios forestales es de 27.250 hectáreas; y solo en lo que va del mes de septiembre ardieron 15.800 has, principalmente en el incendio que se produjo en cercanías de la localidad de Unión. Del total de la superficie quemada, el 15 % corresponde a áreas de monte y el 85 % restante a zonas de pastizales y arbustales.
Fecha de Publicación: 21/09/2010
Fuente: Vos Regional
Provincia/Región: San Luis
El gobierno de la provincia de San Luis a endurecido su política ambientalista ante la gran cantidad de incendios generados por piromaníacos o simplemente por dueños de campos que por ganar terreno para ampliar sus áreas para cultivo destruyen montes y microclimas únicos produciendo desastres naturales que muchas veces afectan a terceros por lo que el Ministerio de Medio Ambiente de esa provincia a implementado el Sistema de Estadística y Evaluación de Incendios Forestales, previsto en el Tratado de Paz entre el Progreso y Medio Ambiente.
Esto hará más severas las sanciones que ya se impusieron a los infractores que propiciaron incendios en la Provincia ya que con este nuevo sistema el Ministerio calcula y estima todas las estadísticas e índices de peligros de incendios en función de información geográfica satelital. Además evalúa los impactos ambientales de los incendios forestales, los cuantifica monetariamente y los introduce en el actual sistema de sanciones y multas a los causantes de incendios forestales.
La ministra, Lic. Daiana Hissa, recalcó que "de ahora en más las multas no serán las mismas, ya que existe un componente ambiental que determinará cifras altísimas por cuanto se considera el daño ambiental fruto del procesamiento de la información recabada por este sistema". Asimismo Hissa destacó que donde hubo monte, se obligará a restituirlo, "a veces prefieren pagar las multas a costa de aumentar hectáreas productivas, con este sistema, además de la multa, deberán volver a plantar especies nativas para restituir el monte".
Por último el ministerio determinó que en lo que va del año 2010, la superficie afectada por los incendios forestales es de 27.250 hectáreas; y solo en lo que va del mes de septiembre ardieron 15.800 has, principalmente en el incendio que se produjo en cercanías de la localidad de Unión. Del total de la superficie quemada, el 15 % corresponde a áreas de monte y el 85 % restante a zonas de pastizales y arbustales.
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