Agroquímicos inquietan hasta en las sierras
17:08 | 
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Agroquímicos inquietan hasta en las sierras
Fecha de Publicación: 12/03/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La agricultura también llegó a los valles turísticos. En Calamuchita empiezan a preocuparse por las fumigaciones y su impacto.
Embalse. Las fumigaciones, el uso de agroquímicos y su impacto en una zona turística como ésta, que tiene en sus paisajes, ríos, lagos y ambiente su principal capital, están generando reacciones en Calamuchita. Las advertencias que sobre el futuro de los lagos de Embalse y Los Molinos vienen haciendo diferentes sectores son un punto central en la nueva agenda.
En este marco, y motorizada por la Comunidad Regional Calamuchita, técnicos de la Secretaría de Agricultura de la Provincia brindaron el martes una jornada de capacitación en el uso de agroquímicos a inspectores, funcionarios municipales y policías de localidades de la zona.
En partes cultivables de este sector serrano desde hace tiempo se cultiva la papa. En los últimos años también llegó la soja a lotes entre los faldeos.
Una agenda nueva. Algunas autoridades comunales admiten su preocupación por temas que no estaban en la agenda una década atrás.
"Es grave lo que vive Amboy, fundamentalmente por la siembre de papa, que antes se hacía en la zona de Potrero de Garay y Ciudad Parque, cerca del lago Los Molinos. Allí los limitaron, y desde hace tres años se trasladaron a nuestra región; cada vez ocupan más hectáreas y ya llegan hasta Río de los Sauces. Nos preocupa la depredación del suelo y los agroquímicos que están tirando", apuntó Raúl Álvarez, jefe comunal de Amboy.
El cultivo de la papa es marcado desde hace años como el más dañino, en términos ambientales, para este tipo de suelos. En la zona de Los Molinos lo lograron limitar, tras probar que los agroquímicos usados dañaban el ecosistema del lago.
El jefe comunal de Amboy sostuvo que hay plantaciones en torno al arroyo, del que se extrae el agua para varias poblaciones. "Días atrás vinieron inspectores de Agricultura, parece que el organismo ha tomado las cosas en serio y esperemos poder terminar con eso", apuntó. Álvarez dijo que el próximo paso será citar a todos los propietarios y adelantarles la prohibición de esos sembradíos, sobre todo por la erosión que producen.
Valoró la importancia de capacitar al personal para que el municipio pueda efectuar controles efectivos con respecto al uso de agroquímicos. "Hoy te traen una receta de un ingeniero agrónomo y uno no sabe si es lo que tienen dentro de la máquina. Ahora vamos a capacitar a la gente y con un bromatólogo, para que sepan extraer los líquidos que usan y analizarlos", adelantó Álvarez.
Revisar la ley. "Hay normas que se deberían modificar para que no nos fumiguen en la cara", apuntó Héctor Polcan, jefe comunal de Villa Ciudad Parque, pueblo vecino a Villa General Belgrano. Hace una semana la Defensoría del Pueblo provincial constató allí fumigaciones en campos pegados a la zona habitada.
"Los agroquímicos más tóxicos no se pueden utilizar dentro de los 1.500 metros de una zona poblada, pero sí se pueden aplicar dentro de los 500 metros los de grado III y IV. Creo que eso se tiene que revertir porque con el tiempo uno va tomando todo lo que aplican y al final puede terminar enfermo", cuestionó al pedir que se modifique la ley.
Días atrás, se dio en Córdoba el primer caso de pedido de elevación a juicio, por parte de un fiscal, con tres personas imputadas por fumigar campos vecinos a barrio Ituzaingó, en la capital provincial, sin respetar las distancias y el criterio que establece la ley.
Vecinos autoconvocados. Mientras en el salón de Embalse se brindaba la charla, afuera, con una pancarta que arengaba "Paren de fumigar", algunos vecinos autoconvocados de Villa Ciudad Parque, manifestaron su inquietud por el tema.
Los límites que establece la ley
El ingeniero agrónomo Alejandro Gallardo fue uno de los técnicos encargados de la capacitación que la Secretaría de Agricultura y Ganadería brinda en distintos puntos de la provincia y que en 2009 arrancó por Calamuchita, para aplicar la ley 9.164 que regula sobre productos químicos de uso agropecuario. "La idea es poder llevar no sólo a los aplicadores y agrónomos el conocimiento de la ley para su utilización, sino también a los municipios para que puedan controlar. El objetivo es ir avanzando en la convivencia con el uso de agroquímicos. Hay que entender que son una excelente herramienta que permite que nuestro país crezca en volúmenes de producción, pero también que del otro lado del alambrado existe un pueblo, una familia, niños que hay que proteger", apuntó.
"Para eso la ley tiene un área base de 1.500 metros dentro de los cuales la autoridad municipal debe ejercer con conocimiento la habilitación de esas aplicaciones, para resguardo de la salud de su población", añadió.
Para la ley provincial, los productos están clasificados de acuerdo con clases toxicológicas, algunas se permiten en ciertos lugares y otras no. Hay formas de aplicación como la aérea (aviones fumigadores) que en los primeros 500 metros alrededor de un pueblo no se permite en ningún caso. La aplicación terrestre dentro de un radio de 500 metros está prohibida para algunas clases toxicológicas (Ia, Ib y II) que recién pueden usarse a 1.500 metros, pero permitida para otras clases (III y IV).
Fecha de Publicación: 12/03/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La agricultura también llegó a los valles turísticos. En Calamuchita empiezan a preocuparse por las fumigaciones y su impacto.
Embalse. Las fumigaciones, el uso de agroquímicos y su impacto en una zona turística como ésta, que tiene en sus paisajes, ríos, lagos y ambiente su principal capital, están generando reacciones en Calamuchita. Las advertencias que sobre el futuro de los lagos de Embalse y Los Molinos vienen haciendo diferentes sectores son un punto central en la nueva agenda.
En este marco, y motorizada por la Comunidad Regional Calamuchita, técnicos de la Secretaría de Agricultura de la Provincia brindaron el martes una jornada de capacitación en el uso de agroquímicos a inspectores, funcionarios municipales y policías de localidades de la zona.
En partes cultivables de este sector serrano desde hace tiempo se cultiva la papa. En los últimos años también llegó la soja a lotes entre los faldeos.
Una agenda nueva. Algunas autoridades comunales admiten su preocupación por temas que no estaban en la agenda una década atrás.
"Es grave lo que vive Amboy, fundamentalmente por la siembre de papa, que antes se hacía en la zona de Potrero de Garay y Ciudad Parque, cerca del lago Los Molinos. Allí los limitaron, y desde hace tres años se trasladaron a nuestra región; cada vez ocupan más hectáreas y ya llegan hasta Río de los Sauces. Nos preocupa la depredación del suelo y los agroquímicos que están tirando", apuntó Raúl Álvarez, jefe comunal de Amboy.
El cultivo de la papa es marcado desde hace años como el más dañino, en términos ambientales, para este tipo de suelos. En la zona de Los Molinos lo lograron limitar, tras probar que los agroquímicos usados dañaban el ecosistema del lago.
El jefe comunal de Amboy sostuvo que hay plantaciones en torno al arroyo, del que se extrae el agua para varias poblaciones. "Días atrás vinieron inspectores de Agricultura, parece que el organismo ha tomado las cosas en serio y esperemos poder terminar con eso", apuntó. Álvarez dijo que el próximo paso será citar a todos los propietarios y adelantarles la prohibición de esos sembradíos, sobre todo por la erosión que producen.
Valoró la importancia de capacitar al personal para que el municipio pueda efectuar controles efectivos con respecto al uso de agroquímicos. "Hoy te traen una receta de un ingeniero agrónomo y uno no sabe si es lo que tienen dentro de la máquina. Ahora vamos a capacitar a la gente y con un bromatólogo, para que sepan extraer los líquidos que usan y analizarlos", adelantó Álvarez.
Revisar la ley. "Hay normas que se deberían modificar para que no nos fumiguen en la cara", apuntó Héctor Polcan, jefe comunal de Villa Ciudad Parque, pueblo vecino a Villa General Belgrano. Hace una semana la Defensoría del Pueblo provincial constató allí fumigaciones en campos pegados a la zona habitada.
"Los agroquímicos más tóxicos no se pueden utilizar dentro de los 1.500 metros de una zona poblada, pero sí se pueden aplicar dentro de los 500 metros los de grado III y IV. Creo que eso se tiene que revertir porque con el tiempo uno va tomando todo lo que aplican y al final puede terminar enfermo", cuestionó al pedir que se modifique la ley.
Días atrás, se dio en Córdoba el primer caso de pedido de elevación a juicio, por parte de un fiscal, con tres personas imputadas por fumigar campos vecinos a barrio Ituzaingó, en la capital provincial, sin respetar las distancias y el criterio que establece la ley.
Vecinos autoconvocados. Mientras en el salón de Embalse se brindaba la charla, afuera, con una pancarta que arengaba "Paren de fumigar", algunos vecinos autoconvocados de Villa Ciudad Parque, manifestaron su inquietud por el tema.
Los límites que establece la ley
El ingeniero agrónomo Alejandro Gallardo fue uno de los técnicos encargados de la capacitación que la Secretaría de Agricultura y Ganadería brinda en distintos puntos de la provincia y que en 2009 arrancó por Calamuchita, para aplicar la ley 9.164 que regula sobre productos químicos de uso agropecuario. "La idea es poder llevar no sólo a los aplicadores y agrónomos el conocimiento de la ley para su utilización, sino también a los municipios para que puedan controlar. El objetivo es ir avanzando en la convivencia con el uso de agroquímicos. Hay que entender que son una excelente herramienta que permite que nuestro país crezca en volúmenes de producción, pero también que del otro lado del alambrado existe un pueblo, una familia, niños que hay que proteger", apuntó.
"Para eso la ley tiene un área base de 1.500 metros dentro de los cuales la autoridad municipal debe ejercer con conocimiento la habilitación de esas aplicaciones, para resguardo de la salud de su población", añadió.
Para la ley provincial, los productos están clasificados de acuerdo con clases toxicológicas, algunas se permiten en ciertos lugares y otras no. Hay formas de aplicación como la aérea (aviones fumigadores) que en los primeros 500 metros alrededor de un pueblo no se permite en ningún caso. La aplicación terrestre dentro de un radio de 500 metros está prohibida para algunas clases toxicológicas (Ia, Ib y II) que recién pueden usarse a 1.500 metros, pero permitida para otras clases (III y IV).
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Aumentará un grado la temperatura
Aumentará un grado la temperatura
Fecha de Publicación: 12/03/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La temperatura aumentará un grado, en promedio, en todo el país; el mar avanzará en el litoral y los glaciares pequeños desaparecerán. La actividad agropecuaria será la más afectada. Todos estos pronósticos, bastante desalentadores, se oyeron ayer durante la presentación de un informe del Banco Mundial sobre los efectos del calentamiento global en la región hacia 2020.
Sin embargo, también destaca que la Argentina tiene un enorme potencial en el campo de la energía renovable y en el mejoramiento de la eficiencia energética. El estudio fue realizado por el economista jefe del Banco Mundial para América latina, Augusto de la Torre, y John Nash, economista líder del organismo para la región.
La agricultura argentina, según el estudio, es uno de los sectores más vulnerables a los impactos del cambio climático, y una disminución en las precipitaciones en regiones áridas y semiáridas podría causar una grave escasez de agua en los próximos años.
"La agricultura, incluyendo cambios en el uso de la tierra y los recursos forestales, es el sector con mayor incidencia en la emisión de gases de efecto invernadero en la Argentina, con el 51%", detalla.
De acuerdo con el informe, en la Argentina es muy probable que las temperaturas se incrementen en un grado hacia 2020/2040, particularmente en el Norte, provocando una mayor evaporación y, como consecuencia, un aumento de superficies desertificadas.
Fecha de Publicación: 12/03/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La temperatura aumentará un grado, en promedio, en todo el país; el mar avanzará en el litoral y los glaciares pequeños desaparecerán. La actividad agropecuaria será la más afectada. Todos estos pronósticos, bastante desalentadores, se oyeron ayer durante la presentación de un informe del Banco Mundial sobre los efectos del calentamiento global en la región hacia 2020.
Sin embargo, también destaca que la Argentina tiene un enorme potencial en el campo de la energía renovable y en el mejoramiento de la eficiencia energética. El estudio fue realizado por el economista jefe del Banco Mundial para América latina, Augusto de la Torre, y John Nash, economista líder del organismo para la región.
La agricultura argentina, según el estudio, es uno de los sectores más vulnerables a los impactos del cambio climático, y una disminución en las precipitaciones en regiones áridas y semiáridas podría causar una grave escasez de agua en los próximos años.
"La agricultura, incluyendo cambios en el uso de la tierra y los recursos forestales, es el sector con mayor incidencia en la emisión de gases de efecto invernadero en la Argentina, con el 51%", detalla.
De acuerdo con el informe, en la Argentina es muy probable que las temperaturas se incrementen en un grado hacia 2020/2040, particularmente en el Norte, provocando una mayor evaporación y, como consecuencia, un aumento de superficies desertificadas.
Proyecto de ley de glaciares: es para las mineras
Denuncian que el nuevo proyecto de ley de glaciares fue hecho para las mineras
Fecha de Publicación: 11/03/2009
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
Una ONG dice que la normativa “es una burla”, porque no protege la zona periglacial. Afirma que la principal beneficiada es una minera multinacional que opera en San Juan. Y acusa a los gobernadores que la apoyan, entre ellos Gioja.
El nuevo proyecto de ley de defensa de los glaciares "deja sin protección" el área periglacial, clave para la alimentación de los ríos, y avala la actividad de empresas mineras y petroleras que los contaminarían, aseguró hoy una fundación ambiental.
La iniciativa es "tramposa" y permitirá, si es aprobada por el Congreso, la "destrucción" del recurso hídrico de agua dulce surgido de la zona andina, afirmó el biólogo Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM).
Las modificaciones realizadas a la norma que en noviembre pasado vetó por decreto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner significan "una burla" para la sociedad y "le da piedra libre a las compañías mineras y petroleras", comentó.
La cuestionada iniciativa fue impulsada días atrás en la Cámara de Senadores por el secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, y el titular de la Comisión de Recursos Naturales, Daniel Filmus, aunque en su primera presentación no lograron consenso para que fuese tratado en poco tiempo en el recinto.
Para Montenegro, el proyecto es "tramposo y perverso" porque "deja sin protección el ambiente periglacial para que las empresas mineras y petroleras puedan explotar sin trabas la cordillera de los Andes".
El biólogo destacó que el artículo 2 de la propuesta sólo protege "los suelos helados que no se derriten", una situación que "cambia dramáticamente el objetivo de ley original aprobada por unanimidad en Diputados y con apenas tres votos en contra en el Senado".
En un informe, Montenegro, quien en 2004 recibió el Premio Nóbel Alternativo, explicó que los ambientes periglaciales "son fundamentales para la alimentación de los ríos", debido a que "se congelan y descongelan". "El nuevo proyecto impulsado por el gobierno permite su destrucción, y hace peligrar las fábricas andinas de agua", reiteró Montenegro.
El documento elaborado por FUNAM reclamó a los senadores que "todas las restricciones a las actividades que degradan las masas de hielo queden tal cual se estableció en la ley original", es decir prohibidas.
El proyecto busca "mantener la cáscara" de la norma vetada "pero favoreciendo ahora la actividad de las empresas mineras y petroleras", tal como en su momento denunciaron ambientalistas y legisladores que se opusieron al rechazo presidencial.
Según Montenegro, el oficialismo está "enrareciendo el debate con definiciones técnicas dudosas y manteniendo el nombre de la ley quieren hacer creer que el ambiente periglacial será protegido, lo que no es cierto", poniendo en riesgo "la regularidad hídrica de ríos".
El veto decidido por la presidenta Fernández de Kirchner fue "un papelón internacional" porque demostró "hasta qué punto las empresas mineras y petroleras, y los gobernadores que las apoyan, entre ellos (el sanjuanino) José Luis Gioja, valen más para el gobierno que la salud de las personas", agregó.
Para el biólogo, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), "la principal minera beneficiada con el nuevo proyecto de ley es (la empresa) Barrick Gold", que tiene a su cargo los emprendimientos de Veladero y Pascua Lama, ambos en San Juan.
"Todo parece indicar que las empresas mineras y petroleras están protegidas por el gobierno. Primero se vetó una buena ley, la de glaciares, y luego se elaboró otro proyecto con artículos tramposos para que puedan seguir con sus planes", culminó.
Fecha de Publicación: 11/03/2009
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
Una ONG dice que la normativa “es una burla”, porque no protege la zona periglacial. Afirma que la principal beneficiada es una minera multinacional que opera en San Juan. Y acusa a los gobernadores que la apoyan, entre ellos Gioja.
El nuevo proyecto de ley de defensa de los glaciares "deja sin protección" el área periglacial, clave para la alimentación de los ríos, y avala la actividad de empresas mineras y petroleras que los contaminarían, aseguró hoy una fundación ambiental.
La iniciativa es "tramposa" y permitirá, si es aprobada por el Congreso, la "destrucción" del recurso hídrico de agua dulce surgido de la zona andina, afirmó el biólogo Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM).
Las modificaciones realizadas a la norma que en noviembre pasado vetó por decreto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner significan "una burla" para la sociedad y "le da piedra libre a las compañías mineras y petroleras", comentó.
La cuestionada iniciativa fue impulsada días atrás en la Cámara de Senadores por el secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, y el titular de la Comisión de Recursos Naturales, Daniel Filmus, aunque en su primera presentación no lograron consenso para que fuese tratado en poco tiempo en el recinto.
Para Montenegro, el proyecto es "tramposo y perverso" porque "deja sin protección el ambiente periglacial para que las empresas mineras y petroleras puedan explotar sin trabas la cordillera de los Andes".
El biólogo destacó que el artículo 2 de la propuesta sólo protege "los suelos helados que no se derriten", una situación que "cambia dramáticamente el objetivo de ley original aprobada por unanimidad en Diputados y con apenas tres votos en contra en el Senado".
En un informe, Montenegro, quien en 2004 recibió el Premio Nóbel Alternativo, explicó que los ambientes periglaciales "son fundamentales para la alimentación de los ríos", debido a que "se congelan y descongelan". "El nuevo proyecto impulsado por el gobierno permite su destrucción, y hace peligrar las fábricas andinas de agua", reiteró Montenegro.
El documento elaborado por FUNAM reclamó a los senadores que "todas las restricciones a las actividades que degradan las masas de hielo queden tal cual se estableció en la ley original", es decir prohibidas.
El proyecto busca "mantener la cáscara" de la norma vetada "pero favoreciendo ahora la actividad de las empresas mineras y petroleras", tal como en su momento denunciaron ambientalistas y legisladores que se opusieron al rechazo presidencial.
Según Montenegro, el oficialismo está "enrareciendo el debate con definiciones técnicas dudosas y manteniendo el nombre de la ley quieren hacer creer que el ambiente periglacial será protegido, lo que no es cierto", poniendo en riesgo "la regularidad hídrica de ríos".
El veto decidido por la presidenta Fernández de Kirchner fue "un papelón internacional" porque demostró "hasta qué punto las empresas mineras y petroleras, y los gobernadores que las apoyan, entre ellos (el sanjuanino) José Luis Gioja, valen más para el gobierno que la salud de las personas", agregó.
Para el biólogo, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), "la principal minera beneficiada con el nuevo proyecto de ley es (la empresa) Barrick Gold", que tiene a su cargo los emprendimientos de Veladero y Pascua Lama, ambos en San Juan.
"Todo parece indicar que las empresas mineras y petroleras están protegidas por el gobierno. Primero se vetó una buena ley, la de glaciares, y luego se elaboró otro proyecto con artículos tramposos para que puedan seguir con sus planes", culminó.
"La destrucción de glaciares es un crimen ...”
"La destrucción de glaciares es un crimen de lesa patria”
Fecha de Publicación: 11/03/2009
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Nacional
Lo afirmó el científico Osvaldo Canziani, Premio Nobel de la Paz 2007, quien insistió además en la necesidad del manejo responsable del agua. El meteorólogo estuvo en Neuquén donde presentó el libro “El agua como Derecho Humano”, editado por la Defensoría del Pueblo de esta ciudad.
“El hecho irreversible de que el mundo siga creciendo y la producción de dióxido de carbono y otros gases continúa en aumento, nos demuestra que habrá un clima diferente. Por lo tanto los gobiernos, las empresas multinacionales y los individuos tenemos que actuar de manera distinta porque el futuro, sin duda, será diferente”, explicó a La Mañana de Neuquén el científico y doctor en Meteorología Osvaldo Canziani, codirector del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de la ONU, que recibió en 2007 el Premio Nobel de la Paz, junto al ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore.
Canziani presentó en esta ciudad el libro “El agua como Derecho Humano”, editado por la Defensoría del Pueblo de Neuquén, junto al profesor de Economía y Ambiente, Héctor Sejenovich.
Planteó una actitud distinta que comienza, según el científico, por un hecho simple que definió con una palabra: equidad. “La falta de equidad hace estragos en el medio ambiente. Equidad unida a la solidaridad”. Y puso como ejemplo que en la República del Chad, un país de África Central, una familia tipo de cinco personas consume 2 dólares por semana, en Ecuador 40 y en Alemania 500. “Esto demuestra la cantidad de cosas que se sobreusan o mal usan, y los residuos que produce. Con el uso del agua uno podría ser conciente que tiene que utilizarla racionalmente”.
Por su parte, Sejenovich, fundador de la Red de Formación Ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para América Latina, sostuvo que “no es posible utilizar el agua sin pensar en la flora, en la fauna y en la conservación de cuencas. Para eso la valorización y el conocimiento que se tiene del agua debe superar la visión economicista que existe en la actualidad”.
Manejo responsable
“Sin un manejo responsable no vamos a tener agua, es decir no nos aseguramos de que los procesos de la cuenca prosigan”, agregó. Y abogó por la puesta en marcha de interacciones de elementos naturales y sociales “que garantizarían un manejo integral del uso del agua”.
En ese sentido, Sejenovich señaló la necesidad de concretar políticas de estudio de los cambios climáticos, “porque la memoria de la gente está perturbada por hechos nuevos que deben ser incorporados por la sociedad”.
Aunque sin nombrarlo, el alud ocurrido en Tartagal semanas atrás, es uno de esos nuevos hechos al que se refería el especialista. “Las catástrofes climáticas pueden ser prevenidas si se pone en marcha un sistema nacional de alerta temprana que existe en los papeles pero no en los hechos”, advirtió Canziani.
Según los especialistas los motivos de aluvión de barro son las lluvias intensas, características de esta época del año y, sobre todo, la mala utilización del suelo. “La deforestación, la apertura de caminos, la inserción de cultivos y los desvíos de cursos de agua”, son algunas de las causas. Por otra parte, Canziani denunció que falta información hidrometeorológica ya que en nuestro país “no existen sistemas de evaluación de las precipitaciones, es decir radares meteorológicos, y tampoco hay investigación ambiental”. Advirtió que no sería raro que casos como el de Tartagal vuelvan a ocurrir porque “no se han tomado las medidas mínimas de seguridad ambiental”.
Comentó que en los próximos años en la Argentina se registrarán problemas críticos con respecto al agua en dos sentidos. “Por un lado, sequías crecientes en el noroeste y en el norte de la Patagonia, y por el otro, lluvias intensas alternando con sequías también intensas en todo el Litoral donde se va a registrar un aumento del 15 por ciento de lluvias”, explicó.
“Por eso insistimos con el hecho de cuidar el agua. Ante el cambio climático no se puede manejar de la misma manera porque se evapora más. Es un tema que no se ha estudiado porque faltan estudios integrales del uso del agua. La gente cree que es cuestión de abrir el grifo de la casa y se acabó el problema”, agregó.
Desafíos ante el cambio climático
El experto en meteorología y Nobel de la Paz en 2007 señaló que en la Argentina no existe una política ambiental “porque no hay información por lo tanto es imposible actuar sobre el cambio climático. No se puede hacer un diseño de la política si no se conoce el clima real”.
Respecto a los desafíos ante el cambio climático, Canziani agregó que “el calentamiento de la tierra y de los océanos cambian”. “Al modificarse la circulación de los océanos y de las masas de aire provoca, por ejemplo, en Buenos Aires, que se registren más sudestadas que pamperos, esto es un efecto del cambio climático. El aumento en el nivel de los mares es visible. Siempre hubo ascenso y descenso de mareas, pero el agua está subiendo. Lo que se empieza a plantear como una suposición es que los migrantes ambientales van a sumar entre 35 y 80 millones adicionales de gente por año por el calentamiento de la tierra. En nuestro país el INTA estudió que la producción de maíz, trigo, cebada, arroz y avena fracasa si la temperatura excede ciertos límites. Por lo tanto hay que elegir otras áreas para cultivos y eso en la Argentina es posible”.
Para el especialista “conciencia significa también disponibilidad de la información”. Subrayó que en países desarrollados como Alemania existen Consejos Ambientales. Canziani comentó que hace diez años presentó junto con la Fundación Bariloche un proyecto para crear un Consejo Ambiental que estuviera integrado por personal científico capacitado e independiente de toda cuestión política. “Incluso lo presentamos al Mercosur, que paradójicamente no tiene política ambiental”, afirmó.
“Nos encontramos en una situación donde la falta de decisión hace que todo se resuelva con medios coyunturales y sin planificación. En ese contexto no es posible que un secretario de Medio Ambiente si no cuenta con un Consejo Asesor Científico multidisciplinario haga nada porque se va a equivocar o va a agarrar un camino en una sola dirección. Las trayectorias de desarrollo deben ser sostenibles y la sustentabilidad exige multidisciplina”, enfatizó.
Futuro hídrico de la Patagonia
Durante el diálogo con este diario Canziani advirtió una nueva problemática respecto a los glaciares. “En el sur del país donde las precipitaciones anuales alcanzan los 300 milímetros, despreciar los glaciares es un crimen porque el agua de Cuyo y del sur de la Patagonia dependen del deshielo”.
Consideró que la destrucción de glaciares “para cualquier otro fin, como se ha planteado en algún momento, es un crimen de lesa patria en tanto y en cuanto hace que se pierda el uso hídrico. Un glaciar no se puede recuperar y menos volver a armar. La posibilidad hídrica de la Patagonia en los próximos doscientos años dependerá de la existencia de los glaciares y de los hielos continentales. Si se empiezan a modificar están creando un gravísimo problema hídrico”.
Fecha de Publicación: 11/03/2009
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Nacional
Lo afirmó el científico Osvaldo Canziani, Premio Nobel de la Paz 2007, quien insistió además en la necesidad del manejo responsable del agua. El meteorólogo estuvo en Neuquén donde presentó el libro “El agua como Derecho Humano”, editado por la Defensoría del Pueblo de esta ciudad.
“El hecho irreversible de que el mundo siga creciendo y la producción de dióxido de carbono y otros gases continúa en aumento, nos demuestra que habrá un clima diferente. Por lo tanto los gobiernos, las empresas multinacionales y los individuos tenemos que actuar de manera distinta porque el futuro, sin duda, será diferente”, explicó a La Mañana de Neuquén el científico y doctor en Meteorología Osvaldo Canziani, codirector del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de la ONU, que recibió en 2007 el Premio Nobel de la Paz, junto al ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore.
Canziani presentó en esta ciudad el libro “El agua como Derecho Humano”, editado por la Defensoría del Pueblo de Neuquén, junto al profesor de Economía y Ambiente, Héctor Sejenovich.
Planteó una actitud distinta que comienza, según el científico, por un hecho simple que definió con una palabra: equidad. “La falta de equidad hace estragos en el medio ambiente. Equidad unida a la solidaridad”. Y puso como ejemplo que en la República del Chad, un país de África Central, una familia tipo de cinco personas consume 2 dólares por semana, en Ecuador 40 y en Alemania 500. “Esto demuestra la cantidad de cosas que se sobreusan o mal usan, y los residuos que produce. Con el uso del agua uno podría ser conciente que tiene que utilizarla racionalmente”.
Por su parte, Sejenovich, fundador de la Red de Formación Ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para América Latina, sostuvo que “no es posible utilizar el agua sin pensar en la flora, en la fauna y en la conservación de cuencas. Para eso la valorización y el conocimiento que se tiene del agua debe superar la visión economicista que existe en la actualidad”.
Manejo responsable
“Sin un manejo responsable no vamos a tener agua, es decir no nos aseguramos de que los procesos de la cuenca prosigan”, agregó. Y abogó por la puesta en marcha de interacciones de elementos naturales y sociales “que garantizarían un manejo integral del uso del agua”.
En ese sentido, Sejenovich señaló la necesidad de concretar políticas de estudio de los cambios climáticos, “porque la memoria de la gente está perturbada por hechos nuevos que deben ser incorporados por la sociedad”.
Aunque sin nombrarlo, el alud ocurrido en Tartagal semanas atrás, es uno de esos nuevos hechos al que se refería el especialista. “Las catástrofes climáticas pueden ser prevenidas si se pone en marcha un sistema nacional de alerta temprana que existe en los papeles pero no en los hechos”, advirtió Canziani.
Según los especialistas los motivos de aluvión de barro son las lluvias intensas, características de esta época del año y, sobre todo, la mala utilización del suelo. “La deforestación, la apertura de caminos, la inserción de cultivos y los desvíos de cursos de agua”, son algunas de las causas. Por otra parte, Canziani denunció que falta información hidrometeorológica ya que en nuestro país “no existen sistemas de evaluación de las precipitaciones, es decir radares meteorológicos, y tampoco hay investigación ambiental”. Advirtió que no sería raro que casos como el de Tartagal vuelvan a ocurrir porque “no se han tomado las medidas mínimas de seguridad ambiental”.
Comentó que en los próximos años en la Argentina se registrarán problemas críticos con respecto al agua en dos sentidos. “Por un lado, sequías crecientes en el noroeste y en el norte de la Patagonia, y por el otro, lluvias intensas alternando con sequías también intensas en todo el Litoral donde se va a registrar un aumento del 15 por ciento de lluvias”, explicó.
“Por eso insistimos con el hecho de cuidar el agua. Ante el cambio climático no se puede manejar de la misma manera porque se evapora más. Es un tema que no se ha estudiado porque faltan estudios integrales del uso del agua. La gente cree que es cuestión de abrir el grifo de la casa y se acabó el problema”, agregó.
Desafíos ante el cambio climático
El experto en meteorología y Nobel de la Paz en 2007 señaló que en la Argentina no existe una política ambiental “porque no hay información por lo tanto es imposible actuar sobre el cambio climático. No se puede hacer un diseño de la política si no se conoce el clima real”.
Respecto a los desafíos ante el cambio climático, Canziani agregó que “el calentamiento de la tierra y de los océanos cambian”. “Al modificarse la circulación de los océanos y de las masas de aire provoca, por ejemplo, en Buenos Aires, que se registren más sudestadas que pamperos, esto es un efecto del cambio climático. El aumento en el nivel de los mares es visible. Siempre hubo ascenso y descenso de mareas, pero el agua está subiendo. Lo que se empieza a plantear como una suposición es que los migrantes ambientales van a sumar entre 35 y 80 millones adicionales de gente por año por el calentamiento de la tierra. En nuestro país el INTA estudió que la producción de maíz, trigo, cebada, arroz y avena fracasa si la temperatura excede ciertos límites. Por lo tanto hay que elegir otras áreas para cultivos y eso en la Argentina es posible”.
Para el especialista “conciencia significa también disponibilidad de la información”. Subrayó que en países desarrollados como Alemania existen Consejos Ambientales. Canziani comentó que hace diez años presentó junto con la Fundación Bariloche un proyecto para crear un Consejo Ambiental que estuviera integrado por personal científico capacitado e independiente de toda cuestión política. “Incluso lo presentamos al Mercosur, que paradójicamente no tiene política ambiental”, afirmó.
“Nos encontramos en una situación donde la falta de decisión hace que todo se resuelva con medios coyunturales y sin planificación. En ese contexto no es posible que un secretario de Medio Ambiente si no cuenta con un Consejo Asesor Científico multidisciplinario haga nada porque se va a equivocar o va a agarrar un camino en una sola dirección. Las trayectorias de desarrollo deben ser sostenibles y la sustentabilidad exige multidisciplina”, enfatizó.
Futuro hídrico de la Patagonia
Durante el diálogo con este diario Canziani advirtió una nueva problemática respecto a los glaciares. “En el sur del país donde las precipitaciones anuales alcanzan los 300 milímetros, despreciar los glaciares es un crimen porque el agua de Cuyo y del sur de la Patagonia dependen del deshielo”.
Consideró que la destrucción de glaciares “para cualquier otro fin, como se ha planteado en algún momento, es un crimen de lesa patria en tanto y en cuanto hace que se pierda el uso hídrico. Un glaciar no se puede recuperar y menos volver a armar. La posibilidad hídrica de la Patagonia en los próximos doscientos años dependerá de la existencia de los glaciares y de los hielos continentales. Si se empiezan a modificar están creando un gravísimo problema hídrico”.
Laguna de Chascomús: nivel más bajo en 13 años
La laguna de Chascomús, en su nivel más bajo en 13 años
Fecha de Publicación: 11/03/2009
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de 150 personas la cruzaron a pie. Lo normal es que tenga una profundidad mucho mayor. Efectos de la sequía
Con el agua al pecho en el sector más profundo, con los chicos a caballito y caminando cerca unos de otros para evitar accidentes con el fango del fondo, más de 150 personas se reunieron el último domingo convocados por el Club de Regatas de Chascomús para compartir una actividad inusual: cruzar la laguna a pie por segunda vez en la historia. La última, había sido en 1996 y en el marco de otra pronunciada bajante, similar a la que hoy afecta a ese espejo de agua.
"Es una actividad social, es un desafío que la gente vivió con mucha alegría, un momento histórico que los abuelos quisieron compartir con los nietos y los padres con los hijos. Y a la vez es la contracara de una sequía que estamos sufriendo y golpea con fuerza en la región, afectando sobre todo a la producción. En este caso, la propuesta era acercarse para hacer una actividad que no se puede repetir siempre y divertirse", explicó a este diario Hugo Scardigno, presidente del Club de Regatas de Chascomús.
El cruce se concretó el último domingo y convocó a vecinos del lugar y de pueblos aledaños. Los había de todas las edades entre los 3 y los 75 años, dice Scardigno y agrega que todos caminaron 2.800 metros para unir la zona conocida como Punta Negra con la costa de enfrente, donde se levanta la sede del club, convertida en punto de llegada. El premio que recibieron los protagonistas fue un diploma recordatorio.
Habitualmente, para esta época del año, se organizan en esa institución dos actividades. Una es una competencia de natación que se hizo el último sábado. La otra, una actividad en veleros que la escasa profundidad alcanzada por la cota de la laguna obligó a suspender.
¿La razón?: la laguna tiene hoy una profundidad de entre 1,20 y 1,25 metros en la parte más honda, cuando normalmente es muy superior. Según explican en Chascomús, la cota de la laguna es hoy de 6,12 metros sobre el nivel del mar, cuando la cota normal es de 7 metros y medio.
La situación en la laguna había sido todavía más dramática en el mes de enero, cuando la fuerte bajante hizo que el agua se retirara más de diez metros de la costa.
A fines de febrero comenzó a llover regularmente en la región, pero todavía no lo suficiente para normalizar la situación, dicen en el Club de Regatas, donde afirman que la pronunciada bajante no afectó ni a la pesca del turismo.
"Hicimos el cruce porque consideramos que es algo histórico para la ciudad y no sabemos cuánto tiempo va a pasar antes de que podamos repetirlo", dice Scardigno, quien reconoce que en sus 45 años, pasados siempre en Chascomús, no recuerda ningún momento en que la laguna haya estado tan baja.
Los registros de la ciudad dicen que a principios del siglo XX una sequía aún más virulenta dejó a la laguna casi sin agua, aunque en ese momento la gente del pueblo no se reunió para cruzarla a pie.
Fecha de Publicación: 11/03/2009
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de 150 personas la cruzaron a pie. Lo normal es que tenga una profundidad mucho mayor. Efectos de la sequía
Con el agua al pecho en el sector más profundo, con los chicos a caballito y caminando cerca unos de otros para evitar accidentes con el fango del fondo, más de 150 personas se reunieron el último domingo convocados por el Club de Regatas de Chascomús para compartir una actividad inusual: cruzar la laguna a pie por segunda vez en la historia. La última, había sido en 1996 y en el marco de otra pronunciada bajante, similar a la que hoy afecta a ese espejo de agua.
"Es una actividad social, es un desafío que la gente vivió con mucha alegría, un momento histórico que los abuelos quisieron compartir con los nietos y los padres con los hijos. Y a la vez es la contracara de una sequía que estamos sufriendo y golpea con fuerza en la región, afectando sobre todo a la producción. En este caso, la propuesta era acercarse para hacer una actividad que no se puede repetir siempre y divertirse", explicó a este diario Hugo Scardigno, presidente del Club de Regatas de Chascomús.
El cruce se concretó el último domingo y convocó a vecinos del lugar y de pueblos aledaños. Los había de todas las edades entre los 3 y los 75 años, dice Scardigno y agrega que todos caminaron 2.800 metros para unir la zona conocida como Punta Negra con la costa de enfrente, donde se levanta la sede del club, convertida en punto de llegada. El premio que recibieron los protagonistas fue un diploma recordatorio.
Habitualmente, para esta época del año, se organizan en esa institución dos actividades. Una es una competencia de natación que se hizo el último sábado. La otra, una actividad en veleros que la escasa profundidad alcanzada por la cota de la laguna obligó a suspender.
¿La razón?: la laguna tiene hoy una profundidad de entre 1,20 y 1,25 metros en la parte más honda, cuando normalmente es muy superior. Según explican en Chascomús, la cota de la laguna es hoy de 6,12 metros sobre el nivel del mar, cuando la cota normal es de 7 metros y medio.
La situación en la laguna había sido todavía más dramática en el mes de enero, cuando la fuerte bajante hizo que el agua se retirara más de diez metros de la costa.
A fines de febrero comenzó a llover regularmente en la región, pero todavía no lo suficiente para normalizar la situación, dicen en el Club de Regatas, donde afirman que la pronunciada bajante no afectó ni a la pesca del turismo.
"Hicimos el cruce porque consideramos que es algo histórico para la ciudad y no sabemos cuánto tiempo va a pasar antes de que podamos repetirlo", dice Scardigno, quien reconoce que en sus 45 años, pasados siempre en Chascomús, no recuerda ningún momento en que la laguna haya estado tan baja.
Los registros de la ciudad dicen que a principios del siglo XX una sequía aún más virulenta dejó a la laguna casi sin agua, aunque en ese momento la gente del pueblo no se reunió para cruzarla a pie.
La política sobre el cambio climático
Bibiloni: “Cada Nación debe aportar fondos según su responsabilidad en la emisión de gases”
Fecha de Publicación: 10/03/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, abogó hoy en Santiago de Chile por un mayor compromiso de los países desarrollados en la conformación de un Fondo Multilateral, que guarde relación con su responsabilidad en la generación y emisión de gases a la atmósfera.
Durante su intervención en el Foro denominado “Diálogo de América Latina y el Caribe sobre El Camino hacia Copenhague- la Negociación sobre Cambio Climático en el 2009” organizado por la CEPAL (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe) y que se desarrolla hasta hoy en la capital transandina, el funcionario dijo que “el aporte de cada nación (al Fondo Multilateral) debe hacerse en función de su contribución y responsabilidad histórica en la emisión de gases de efecto invernadero”, agregó Bibiloni haciendo referencia a la necesidad de crear un Fondo Multilateral para la Tecnología del Clima (MCTF, por sus siglas en inglés), a instancias de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC), con “montos fijos, establecidos y negociados” provenientes de los países desarrollados.
De acuerdo a lo proyectado por la UNFCCC, se estima que para el 2050 las emisiones globales deberán reducirse en más de un 80%, una meta difícil de cumplir si los países con menos recursos no asumen ese compromiso de forma obligatoria, algo que hasta el momento sólo atañe a las naciones más ricas.
Por esta razón, Argentina considera prioritario que estos gobiernos tengan a su disposición los recursos necesarios para la elaboración de Planes de Acción para la Mitigación y la Adaptación al Cambio Climático. Lo que permitiría “agilizar y facilitar las decisiones sobre el destino de la ayuda financiera y fortalecer la gobernabilidad de los países” enfatizó el titular de la cartera ambiental, durante el encuentro en el que participan los distintos representantes de Latinoamérica encargados de las negociaciones pendientes de resolución de cara a las Conferencia de las Partes a celebrarse en diciembre próximo en la capital de Dinamarca.
Estos fondos serán destinados a la transferencia de tecnología, a investigación y desarrollo, entrenamiento técnico, compra de derechos de propiedad intelectual y el pago de las inversiones incrementales que deberán hacer los gobiernos para acceder a estas herramientas.
Se trata de una iniciativa clave que fue propuesta por el G77 más China, del que Argentina es parte, durante la reunión de expertos celebrada en agosto último en la ciudad capital de Ghana, Acrra.
De acuerdo a un documento difundido durante la reunión por la CEPAL, cuanto “mejor preparados se encuentren los equipos económicos, menores serán las presiones imprevistas sobre el gasto y las pérdidas de recaudación” de los gobiernos regionales.
Transferencia de Tecnología
Otro punto de discusión, planteado por el G77 en Ghana, tiene que ver con la institución de un Órgano de la Convención sobre Transferencia de Tecnología. Es decir, que se encargue especialmente de coordinar políticas vinculadas al flujo de tecnología, tal como el desarrollo de ambientes adecuados para que los países receptores posean un marco institucional y normativo que facilite su implementación.
Sin embargo, desde el Plan de Acción de Bali, aprobado en el 2007 como hoja de ruta de las futuras negociaciones sobre este fenómeno a nivel internacional, nuestro país sostiene que “la discusión de los temas clave no debe darse por separado”, expresó el director de la Oficina de Cambio Climático de la SAyDS, Nazareno Castillo, durante el encuentro en Chile.
Es necesario que los cuatro ejes del debate, adaptación, mitigación, transferencia tecnológica y financiación “sean tratados en forma conjunta porque se implican mutuamente”, señaló Castillo.
En esta línea, explicó el especialista, el Órgano de la Convención sobre Transferencia de Tecnología no sólo debería encargarse de coordinar políticas sino también de “supervisar la financiación del dinero disponible para su adquisición”, ya sea proveniente del MCTF, a partir del acceso a créditos blandos, subsidios u otros mecanismos como el MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio).
Por último, la posición local promueve la creación de Programas de Investigación + Desarrollo de carácter multilateral que sean regulados por la UNFCCC, de modo que los derechos de propiedad intelectual de los emprendimientos que surjan a partir de ellos, puedan ser compartidos por el resto de las delegaciones interesadas.
El “Diálogo de América Latina y el Caribe sobre El Camino hacia Copenhague- la Negociación sobre Cambio Climático en el 2009” está dirigido a los encargados de las negociaciones en los países latinoamericanos con el propósito de discutir los temas propuestos y los pendientes de resolución para la Conferencia de las Partes 14 (COP 14) en Copenhague en diciembre de 2009.
Fecha de Publicación: 10/03/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, abogó hoy en Santiago de Chile por un mayor compromiso de los países desarrollados en la conformación de un Fondo Multilateral, que guarde relación con su responsabilidad en la generación y emisión de gases a la atmósfera.
Durante su intervención en el Foro denominado “Diálogo de América Latina y el Caribe sobre El Camino hacia Copenhague- la Negociación sobre Cambio Climático en el 2009” organizado por la CEPAL (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe) y que se desarrolla hasta hoy en la capital transandina, el funcionario dijo que “el aporte de cada nación (al Fondo Multilateral) debe hacerse en función de su contribución y responsabilidad histórica en la emisión de gases de efecto invernadero”, agregó Bibiloni haciendo referencia a la necesidad de crear un Fondo Multilateral para la Tecnología del Clima (MCTF, por sus siglas en inglés), a instancias de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC), con “montos fijos, establecidos y negociados” provenientes de los países desarrollados.
De acuerdo a lo proyectado por la UNFCCC, se estima que para el 2050 las emisiones globales deberán reducirse en más de un 80%, una meta difícil de cumplir si los países con menos recursos no asumen ese compromiso de forma obligatoria, algo que hasta el momento sólo atañe a las naciones más ricas.
Por esta razón, Argentina considera prioritario que estos gobiernos tengan a su disposición los recursos necesarios para la elaboración de Planes de Acción para la Mitigación y la Adaptación al Cambio Climático. Lo que permitiría “agilizar y facilitar las decisiones sobre el destino de la ayuda financiera y fortalecer la gobernabilidad de los países” enfatizó el titular de la cartera ambiental, durante el encuentro en el que participan los distintos representantes de Latinoamérica encargados de las negociaciones pendientes de resolución de cara a las Conferencia de las Partes a celebrarse en diciembre próximo en la capital de Dinamarca.
Estos fondos serán destinados a la transferencia de tecnología, a investigación y desarrollo, entrenamiento técnico, compra de derechos de propiedad intelectual y el pago de las inversiones incrementales que deberán hacer los gobiernos para acceder a estas herramientas.
Se trata de una iniciativa clave que fue propuesta por el G77 más China, del que Argentina es parte, durante la reunión de expertos celebrada en agosto último en la ciudad capital de Ghana, Acrra.
De acuerdo a un documento difundido durante la reunión por la CEPAL, cuanto “mejor preparados se encuentren los equipos económicos, menores serán las presiones imprevistas sobre el gasto y las pérdidas de recaudación” de los gobiernos regionales.
Transferencia de Tecnología
Otro punto de discusión, planteado por el G77 en Ghana, tiene que ver con la institución de un Órgano de la Convención sobre Transferencia de Tecnología. Es decir, que se encargue especialmente de coordinar políticas vinculadas al flujo de tecnología, tal como el desarrollo de ambientes adecuados para que los países receptores posean un marco institucional y normativo que facilite su implementación.
Sin embargo, desde el Plan de Acción de Bali, aprobado en el 2007 como hoja de ruta de las futuras negociaciones sobre este fenómeno a nivel internacional, nuestro país sostiene que “la discusión de los temas clave no debe darse por separado”, expresó el director de la Oficina de Cambio Climático de la SAyDS, Nazareno Castillo, durante el encuentro en Chile.
Es necesario que los cuatro ejes del debate, adaptación, mitigación, transferencia tecnológica y financiación “sean tratados en forma conjunta porque se implican mutuamente”, señaló Castillo.
En esta línea, explicó el especialista, el Órgano de la Convención sobre Transferencia de Tecnología no sólo debería encargarse de coordinar políticas sino también de “supervisar la financiación del dinero disponible para su adquisición”, ya sea proveniente del MCTF, a partir del acceso a créditos blandos, subsidios u otros mecanismos como el MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio).
Por último, la posición local promueve la creación de Programas de Investigación + Desarrollo de carácter multilateral que sean regulados por la UNFCCC, de modo que los derechos de propiedad intelectual de los emprendimientos que surjan a partir de ellos, puedan ser compartidos por el resto de las delegaciones interesadas.
El “Diálogo de América Latina y el Caribe sobre El Camino hacia Copenhague- la Negociación sobre Cambio Climático en el 2009” está dirigido a los encargados de las negociaciones en los países latinoamericanos con el propósito de discutir los temas propuestos y los pendientes de resolución para la Conferencia de las Partes 14 (COP 14) en Copenhague en diciembre de 2009.
Bouwer: denuncian malformaciones
Bouwer: denuncian malformaciones en varios animales
Fecha de Publicación: 09/03/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La comuna de Bouwer y la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) denunciaron ayer la existencia de animales con malformaciones en la zona, que adjudicaron a la contaminación proveniente del basural en el que Crese entierra los desechos de Córdoba.
Uno de los casos es el de Pelusa, una gata de tres meses que nació con alteraciones en los miembros: tiene sólo dos dedos en la pata derecha, y ninguno en la izquierda. Mónica Rescala, dueña del animal, dijo que consultó a los veterinarios y ellos descartaron un problema genético. “Cuando les dije dónde vivía me explicaron que seguramente la causa era la contaminación del basural”, señaló la vecina.
Mónica también tiene una yegua como mascota que es ciega y tiene convulsiones, por lo que debe darle un medicamento cada 12 horas. “Todos los animales sufren, las gallinas se mueren asfixiadas y a los conejos se les revientan los ojitos”, relató preocupada.
Juan Lupi, jefe comunal de Bouwer, indicó que hizo numerosos reclamos a la Municipalidad de Córdoba para que realice un estudio ambiental, pero nunca fue realizado. “Estamos dispuestos a dialogar con las autoridades de la Municipalidad y la Provincia”, señaló. “Pero el problema es que quien entierra la basura es el mismo que controla”, dijo.
Fecha de Publicación: 09/03/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La comuna de Bouwer y la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) denunciaron ayer la existencia de animales con malformaciones en la zona, que adjudicaron a la contaminación proveniente del basural en el que Crese entierra los desechos de Córdoba.
Uno de los casos es el de Pelusa, una gata de tres meses que nació con alteraciones en los miembros: tiene sólo dos dedos en la pata derecha, y ninguno en la izquierda. Mónica Rescala, dueña del animal, dijo que consultó a los veterinarios y ellos descartaron un problema genético. “Cuando les dije dónde vivía me explicaron que seguramente la causa era la contaminación del basural”, señaló la vecina.
Mónica también tiene una yegua como mascota que es ciega y tiene convulsiones, por lo que debe darle un medicamento cada 12 horas. “Todos los animales sufren, las gallinas se mueren asfixiadas y a los conejos se les revientan los ojitos”, relató preocupada.
Juan Lupi, jefe comunal de Bouwer, indicó que hizo numerosos reclamos a la Municipalidad de Córdoba para que realice un estudio ambiental, pero nunca fue realizado. “Estamos dispuestos a dialogar con las autoridades de la Municipalidad y la Provincia”, señaló. “Pero el problema es que quien entierra la basura es el mismo que controla”, dijo.
Pese a Botnia, se descuida al río Uruguay
Pese a Botnia, Argentina descuida la contaminación del río Uruguay
Fecha de Publicación: 08/03/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Ningún organismo oficial tiene diagnósticos ni planes integrales para proteger o limpiar el río en todo su trayecto. Mientras, los agrotóxicos y residuos cloacales e industriales lo degradan día a día.
Los senderos de la política muchas veces son intrincados, y en ocasiones hasta inexplicables: aunque la defensa de un medio ambiente sano frente a Gualeguaychú fue el argumento oficial que disparó el intransigente conflicto con Uruguay por la instalación de la pastera Botnia en las costas de Fray Bentos, el gobierno argentino jamás trazó un plan nacional para preservar la calidad de las aguas del río Uruguay, y ni siquiera conoce cuáles son los agentes contaminantes que día a día las degradan a lo largo de toda su cuenca.
Planteada hace más de dos años, esta investigación tenía el objetivo de comprobar el verdadero interés oficial por la salud ambiental del río y su cuenca, recorriéndolo por completo para tomar muestras de agua y analizar su calidad: así podría verse cuán limpias y cuidadas estaban, qué otras amenazas contaminantes padecían y cuáles eran las acciones del gobierno para conjurarlas. Pero una encumbrada investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que atendió a este diario a cambio de mantener su nombre en reserva, desalentó la idea: "por desgracia, en el río Uruguay no hay estudios de base que permitan detectar los eventuales cambios que provoca la contaminación. Hablo de análisis geológicos, hidrometeorológicos, de caudales máximos y mínimos en distintas épocas del año y a través de varios años para tener un promedio histórico; estudios de sedimentos, de los ríos y arroyos afluentes, de los usos del suelo en las adyacencias. Sólo hay más información, aunque parcial e inconexa, en la parte baja del río".
Clarín quiso chequear este intrigante diagnóstico. Con colaboración de la Asociación por los Derechos Civiles, y a través de pedidos de acceso a la información pública, consultó a media docena de organismos para saber si existía un relevamiento integral de empresas y explotaciones agroganaderas que pudieran contaminar el río, si existen políticas para revertir la contaminación actual y prevenir la futura, y si hay un diagnóstico y un plan para gestionar el río Uruguay en todo el tramo argentino.
Las respuestas fueron casi calcadas. Ni la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, ni el Instituto Nacional del Agua, ni la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable tienen estudios "para determinar si hay contaminación en el río Uruguay" por "no ser de su competencia", ni tampoco "se han formulado políticas" al respecto, "ni existe plan ni diagnóstico" sobre la salud ambiental del río. La Prefectura Naval Argentina, que según la ley 18.398 "debe verificar el cumplimiento de las normas que prohíben la contaminación de aguas fluviales", primero negó tener datos sobre el río Uruguay, y ante la insistencia de Clarín admitió que hace "los correspondientes relevamientos", pero "por el momento la información no está sistematizada de tal forma que pueda ser útil para dar a difusión". Qué lástima. Aunque suene increíble, la secretaría de Ambiente de Entre Ríos dice que "no poseemos datos sobre los estudios del estado del río Uruguay", ni sobre las explotaciones agropecuarias locales.
Varios de estos organismos oficiales descargaron su responsabilidad en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el ente binacional señalado por todos como dueño de algunos de los datos que se buscaban. Pero el secretario técnico de esa comisión se excusó de dar información "atento a las instrucciones recibidas por ambos gobiernos", y sugirió canalizar el pedido a través de la Cancillería. Pasaron los meses, y la nueva solicitud de Clarín volvió a llegar hasta la CARU. Esta vez la respondió el presidente de la delegación argentina, el embajador Hernán Orduna. ¿Para brindar información? No, para negarla. "Se trata de temas de carácter reservado", dice el embajador, amparándose en la resolución 817/2006 del canciller Taiana. ¿Un detalle? Esa Comisión binacional sólo entiende en el tramo del río que comparten Argentina y Uruguay, unos 508 kilómetros, y ni siquiera tiene poder de policía para intervenir ante hechos de contaminación. Todas las respuestas oficiales pueden leerse en clarín.com.
El ingeniero Marcelo Gaviño Novillo coordina el Programa Regional de Ecohidrología de UNESCO para América Latina, y sacude la cabeza ante Clarín: "El principal problema de nuestros ríos es la gobernabilidad: nadie sabe qué pasa, dónde están los principales problemas y cómo organizar una respuesta a ellos. Y en cuencas olvidadas como la del río Uruguay -una de las menos analizadas del Mercosur- tenemos desastres silenciosos desarrollados en pequeñas cuotas mensuales, de los que nadie se ocupa. Desde el siglo XIX, el Uruguay siempre fue visto como un eje fluvial y no como un sistema vivo." Gaviño Novillo es uno de los tres autores que hace nueve años redactaron el exhaustivo "Informe sobre la gestión del agua en la Argentina", cuyas apreciaciones eran lapidarias: no existe una legislación nacional de aguas, y la que hay se incumple en forma generalizada; no hay metas de calidad de agua ni información integral de los recursos hídricos; varios organismos manejan estaciones de medición de calidad sin ninguna organización, que producen datos dispares y que se guardan en distintos lugares. Para sintetizar, el trabajo suelta una advertencia: "el Estado perdió capacidad de orientar estratégicamente los procesos de decisión del desarrollo hídrico". "Y en casi una década no cambió nada", se lamenta el ingeniero.
Indefenso, silente, el río Uruguay permanece en el olvido oficial. Es de todos y de nadie. Viven de él, lo disfrutan, lo contaminan, lo padecen y lo explotan su más de millón y medio de vecinos, tres países, once provincias, noventa y siete municipios, decenas de organizaciones civiles y asambleas populares, cientos de pequeñas empresas, miles de pequeños productores rurales, pescadores, navegantes y turistas. Su preservación y eventual restauración de los daños ambientales cometidos casi no fueron tenidas en cuenta hasta ahora por los organismos oficiales "administradores".
Uno de estos entes es la CARU, creada por los gobiernos de Argentina y Uruguay en 1975 para "institucionalizar un sistema de administración global del río en el tramo que comparten", es decir sólo del tercio inferior del total de su cuenca. Recién en 1987 creó un "Programa de Calidad de Aguas y Control de la Contaminación del Río Uruguay" (PROCON), para "conocer la calidad actual de las aguas del río" y "permitir analizar en el futuro los cambios que pudiera sufrir". "Pero aunque hay otros estudios y mediciones parciales, el PROCON dejó de existir hace unos cinco años, y es gravísimo", se lamenta Ricardo Artusi, ex integrante de la subcomisión de Calidad de Aguas y Prevención de la Contaminación Ambiental de la CARU y diputado provincial de Entre Ríos por la UCR. Aunque defiende el rol de la Comisión, Artusi admite que su programa de control de efluentes industriales era de adhesión voluntaria por parte de las empresas, y dice que "falta evaluar con más exactitud el impacto tremendo de los líquidos cloacales que la mayoría de las ciudades ribereñas vuelca crudos al río, así como medir con más precisión la influencia negativa del uso de agroquímicos en la calidad del agua". Nada menos.
Ese desinterés también se refleja en el casi nulo trabajo de las organizaciones no gubernamentales sobre el río. Un alto ejecutivo mundial de Greenpeace admitió ante Clarín que "nadie financia estudios ni acciones sobre el río Uruguay. En Sudamérica los ríos taquilleros son el Paraná y el Amazonas, para el resto no hay plata".
Pero algo se hace. O se intenta. En octubre de 2002, cuando la polémica por la futura instalación de las pasteras Botnia y Ence cerca de Fray Bentos apenas comenzaba a insinuarse, los municipios uruguayos y argentinos adyacentes al río junto con la CARU firmaron un "Plan de protección ambiental del río Uruguay". Un análisis del proyecto, sin embargo, revela que entre las acciones previstas había algunas alarmantemente obvias ("desarrollar un inventario de descargas líquidas puntuales al río", "exigir el tratamiento de los efluentes líquidos volcados al río") y otras bastante singulares, como formar grupos de voluntarios con estudiantes secundarios que tomen muestras mensuales de agua "para la medición de pocos parámetros" que junto con otros "permitan calcular un índice de calidad" y "en base a esos resultados establecer orígenes probables de contaminación". Con otro grupo de voluntarios se pretendía relevar "los fertilizantes y biocidas utilizados en toda el área", y para prevenir los efectos contaminantes de la represa de Salto Grande se buscaba "impulsar el cumplimiento de las regulaciones existentes". Suena al menos un poco amateur.
Otra institución que se ocupa de la salud del río -en el mismo tramo en que trabaja la CARU- es la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), otro organismo oficial binacional creado en 1946 para administrar la represa operada desde 1979 sobre el río, y unas 500 hectáreas de tierra circundante. La Comisión comenzó un estudio de impacto ambiental de la represa en 1978 y lo terminó en 1983. Recién entonces se delineó el Programa de Vigilancia Ambiental Permanente, a cargo del departamento Ecología de la comisión. "La explotación actual de la cuenca y su escasa protección ambiental ha obligado a la CTM a implementar una vigilancia intensa de la calidad de agua del embalse, localizada en dos aspectos fundamentales: la presencia de agroquímicos y metales pesados; y el aumento creciente del impacto urbano y turístico". Aquí aparecen, al fin, dos de los agentes contaminantes más nocivos sobre las aguas del río (ver infografía). La Comisión Técnica Mixta monitorea las aguas, vigila los efluentes vertidos por la represa, evalúa la reproducción de peces y controla la fauna y cría ejemplares de algunas especies en extinción. No hay obligaciones legales para restaurar los ecosistemas dañados, ni para relevar, controlar y denunciar los nuevos focos contaminantes. ¿Suena muy exigente? Sin embargo se hace. Y en el mismo río Uruguay. Pero muchos kilómetros al norte, en las dos represas hidroeléctricas que funcionan en Brasil.
Junto con los indudables beneficios que las represas hidroeléctricas aportan para mitigar el creciente déficit energético que enfrentan las economías en desarrollo, sus diques suponen una fuerte intervención en el ecosistema de los ríos, que sólo en los últimos años comenzó a ser tenida en cuenta por los gobiernos. Además de implicar el desplazamiento de los habitantes de la zona inundada por el embalse, los ambientalistas las señalan como aceleradoras del cambio climático, porque la descomposición de la tierra y vegetación inundada por el embalse y los desechos provenientes de la cuenca alta emiten grandes cantidades de gases del efecto invernadero.
Salto Grande no es la única represa construida sobre el río Uruguay: en el tramo brasileño funcionan las usinas de Itá y Machadinho (ver infografía de la página 32), y en los próximos seis años serán construidas otras tres. Dos de ellas, Garabí y Santa María, fueron avaladas por Cristina Kirchner y Lula Da Silva en septiembre pasado, y se realizarán junto a Brasil frente a la ciudad correntina de Garruchos. Aunque aún no se conoce el plan ambiental bajo el cual se gestionarán las obras, varios grupos ambientalistas argentinos y brasileños ya comenzaron a movilizarse para resistirlas. Otra represa que será inaugurada en agosto de 2010 es Foz de Chapecó, a unos 60 kilómetros al este de la frontera con Misiones. Aunque semi abandonado, Argentina mantiene en carpeta el embalse de Pepeají o "Salto Chico", aguas abajo de Salto Grande, y sigue adelante con los proyectos binacionales de Roncador -al sur de los bellísimos y misioneros Saltos del Moconá- y San Pedro, en el sur correntino. En el tramo brasileño del Uruguay ya comenzaron los estudios para la represa de Itapiranga (casi en el límite con Argentina) y hay planes de levantar otras 20 usinas sobre el río y sus afluentes. El impacto final de las obras enérgeticas que terminen llevándose a cabo dependerá del espacio que la nueva agenda ambiental encuentre entre sus ingenieros y líderess políticos.
Las represas acentúan otro factor de contaminación que según distintas fuentes es el más nocivo para el río Uruguay: la constante lluvia sobre sus aguas o filtración a través de los acuíferos subterráneos de enormes cantidades de agrotóxicos utilizados para la agricultura. ¿Cómo actúan sobre el río? El nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio que contienen los fertilizantes, herbicidas y pesticidas nutren las aguas de una excesiva cantidad de nitratos. La luz del sol se combina con esos elementos químicos y provoca la aparición de algas, que muchas veces se ven flotando a la deriva o amontonadas en los recodos de la costa. Como en Argentina el Uruguay es un río de llanura -su flujo es casi nulo en el tramo inferior, y cuando hay sudestadas la corriente asciende en lugar de bajar-, la luz solar penetra en el agua hasta zonas bien profundas, acelerando y multiplicando este proceso llamado eutrofización. Las algas, a su vez, van quitando luz al río, impidiendo la fotosíntesis y matando la vida por falta de oxígeno.
El mes pasado, una mancha oscura que se extendió sobre la superficie del río cerca de la planta de Botnia multiplicó los temores y las denuncias de contaminación, hasta que los gobiernos argentino y uruguayo le quitaron importancia al evento: "sólo son algas". Pero hace un año, el 28 de enero de 2008, la CARU difundió un alerta en toda la zona adyacente al lago de la represa Salto Grande: "Si hay algas verdes azuladas hay que tomar algunas precauciones debido a que producen toxinas que causan problemas en la salud", se avisaba. "Si en el agua se ve como yerba dispersa, eso significa que puede bañarse en el río, pero debe lavarse después con agua limpia. Si se ve una masa pastosa verde oscura o amarronada, se recomienda no bañarse." El texto también aclaraba que se había capacitado a los hospitales de la zona para "monitorear las consultas médicas de casos de dermatitis o intoxicaciones que pudieran corresponder a las toxinas de las algas".
Otro esfuerzo aislado por detectar y mensurar la contaminación del río corresponde al Grupo de Estudio Contaminación del Río Uruguay, un equipo de científicos de la facultad regional de Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional, que en los últimos diez años desarrolló distintos proyectos para conocer la calidad de las aguas del río, establecer modelos matemáticos sobre su contaminación y conocer la magnitud del efecto de la contaminación del Uruguay por las descargas cloacales e industriales en el entorno de las ciudades de Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Su director, Julio Cardini, explica que "el agua es en general apta para la vida acuática, pero en varios sitios de la cuenca baja hay restricciones para bañarse. La contaminación cloacal es muy fuerte en las playas de Colón y Concepción del Uruguay, donde se suman las descargas de esas ciudades con las de Concordia y la uruguaya Salto. En Colón registramos coliformes fecales con valores hasta cinco veces más altos del tope que fija la CARU. Gualeguaychú, que tenía graves problemas, pudo mejorar bastante." ¿Otra buena? "En los últimos años progresó mucho el control de las industrias en Entre Ríos."
Además de contaminar, la suciedad cloacal ofrece una paradoja: es causada por los mismos vecinos que la padecen, y que muchas veces reclaman en las asambleas otras acciones ambientales.
A Juan Martín "Cucho" Rivas las palabras se le caen en ráfagas, entrecortadas por risitas nerviosas que acrecientan su simpatía. Junto con su hermano Andrés y su amigo Hermann Feldkamp, hace tres años recorrió durante setenta días toda la cuenca del Uruguay en canoa, para registrar sus amenazas."Sentimos que el río está al límite, casi condenado a muerte", susurra Cucho. "Son muy pocos los lugares en los que está en estado puro y natural, en la zona de los saltos del Moconá, en Misiones, cuando el río entra en la Argentina. También entre Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Todo el resto está modificado por el hombre, y eso genera mucha preocupación y nos instala una gran pregunta para el futuro." La expedición se llamó "El agua manda", y terminó en Puerto Madero con la firma de una carta para el entonces presidente Néstor Kirchner. "Hemos visto con gran preocupación cómo la actividad humana pone en riesgo al río, fuente de vida y biodiversidad. No podemos permitir que esto continúe así", dice el texto. "Rogamos tenga en cuenta nuestro urgente y desesperado pedido, que es el pedido también de los futuros habitantes de la Tierra", concluye la carta. Nunca tuvo respuesta.
Fecha de Publicación: 08/03/2009
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Ningún organismo oficial tiene diagnósticos ni planes integrales para proteger o limpiar el río en todo su trayecto. Mientras, los agrotóxicos y residuos cloacales e industriales lo degradan día a día.
Los senderos de la política muchas veces son intrincados, y en ocasiones hasta inexplicables: aunque la defensa de un medio ambiente sano frente a Gualeguaychú fue el argumento oficial que disparó el intransigente conflicto con Uruguay por la instalación de la pastera Botnia en las costas de Fray Bentos, el gobierno argentino jamás trazó un plan nacional para preservar la calidad de las aguas del río Uruguay, y ni siquiera conoce cuáles son los agentes contaminantes que día a día las degradan a lo largo de toda su cuenca.
Planteada hace más de dos años, esta investigación tenía el objetivo de comprobar el verdadero interés oficial por la salud ambiental del río y su cuenca, recorriéndolo por completo para tomar muestras de agua y analizar su calidad: así podría verse cuán limpias y cuidadas estaban, qué otras amenazas contaminantes padecían y cuáles eran las acciones del gobierno para conjurarlas. Pero una encumbrada investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que atendió a este diario a cambio de mantener su nombre en reserva, desalentó la idea: "por desgracia, en el río Uruguay no hay estudios de base que permitan detectar los eventuales cambios que provoca la contaminación. Hablo de análisis geológicos, hidrometeorológicos, de caudales máximos y mínimos en distintas épocas del año y a través de varios años para tener un promedio histórico; estudios de sedimentos, de los ríos y arroyos afluentes, de los usos del suelo en las adyacencias. Sólo hay más información, aunque parcial e inconexa, en la parte baja del río".
Clarín quiso chequear este intrigante diagnóstico. Con colaboración de la Asociación por los Derechos Civiles, y a través de pedidos de acceso a la información pública, consultó a media docena de organismos para saber si existía un relevamiento integral de empresas y explotaciones agroganaderas que pudieran contaminar el río, si existen políticas para revertir la contaminación actual y prevenir la futura, y si hay un diagnóstico y un plan para gestionar el río Uruguay en todo el tramo argentino.
Las respuestas fueron casi calcadas. Ni la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, ni el Instituto Nacional del Agua, ni la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable tienen estudios "para determinar si hay contaminación en el río Uruguay" por "no ser de su competencia", ni tampoco "se han formulado políticas" al respecto, "ni existe plan ni diagnóstico" sobre la salud ambiental del río. La Prefectura Naval Argentina, que según la ley 18.398 "debe verificar el cumplimiento de las normas que prohíben la contaminación de aguas fluviales", primero negó tener datos sobre el río Uruguay, y ante la insistencia de Clarín admitió que hace "los correspondientes relevamientos", pero "por el momento la información no está sistematizada de tal forma que pueda ser útil para dar a difusión". Qué lástima. Aunque suene increíble, la secretaría de Ambiente de Entre Ríos dice que "no poseemos datos sobre los estudios del estado del río Uruguay", ni sobre las explotaciones agropecuarias locales.
Varios de estos organismos oficiales descargaron su responsabilidad en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el ente binacional señalado por todos como dueño de algunos de los datos que se buscaban. Pero el secretario técnico de esa comisión se excusó de dar información "atento a las instrucciones recibidas por ambos gobiernos", y sugirió canalizar el pedido a través de la Cancillería. Pasaron los meses, y la nueva solicitud de Clarín volvió a llegar hasta la CARU. Esta vez la respondió el presidente de la delegación argentina, el embajador Hernán Orduna. ¿Para brindar información? No, para negarla. "Se trata de temas de carácter reservado", dice el embajador, amparándose en la resolución 817/2006 del canciller Taiana. ¿Un detalle? Esa Comisión binacional sólo entiende en el tramo del río que comparten Argentina y Uruguay, unos 508 kilómetros, y ni siquiera tiene poder de policía para intervenir ante hechos de contaminación. Todas las respuestas oficiales pueden leerse en clarín.com.
El ingeniero Marcelo Gaviño Novillo coordina el Programa Regional de Ecohidrología de UNESCO para América Latina, y sacude la cabeza ante Clarín: "El principal problema de nuestros ríos es la gobernabilidad: nadie sabe qué pasa, dónde están los principales problemas y cómo organizar una respuesta a ellos. Y en cuencas olvidadas como la del río Uruguay -una de las menos analizadas del Mercosur- tenemos desastres silenciosos desarrollados en pequeñas cuotas mensuales, de los que nadie se ocupa. Desde el siglo XIX, el Uruguay siempre fue visto como un eje fluvial y no como un sistema vivo." Gaviño Novillo es uno de los tres autores que hace nueve años redactaron el exhaustivo "Informe sobre la gestión del agua en la Argentina", cuyas apreciaciones eran lapidarias: no existe una legislación nacional de aguas, y la que hay se incumple en forma generalizada; no hay metas de calidad de agua ni información integral de los recursos hídricos; varios organismos manejan estaciones de medición de calidad sin ninguna organización, que producen datos dispares y que se guardan en distintos lugares. Para sintetizar, el trabajo suelta una advertencia: "el Estado perdió capacidad de orientar estratégicamente los procesos de decisión del desarrollo hídrico". "Y en casi una década no cambió nada", se lamenta el ingeniero.
Indefenso, silente, el río Uruguay permanece en el olvido oficial. Es de todos y de nadie. Viven de él, lo disfrutan, lo contaminan, lo padecen y lo explotan su más de millón y medio de vecinos, tres países, once provincias, noventa y siete municipios, decenas de organizaciones civiles y asambleas populares, cientos de pequeñas empresas, miles de pequeños productores rurales, pescadores, navegantes y turistas. Su preservación y eventual restauración de los daños ambientales cometidos casi no fueron tenidas en cuenta hasta ahora por los organismos oficiales "administradores".
Uno de estos entes es la CARU, creada por los gobiernos de Argentina y Uruguay en 1975 para "institucionalizar un sistema de administración global del río en el tramo que comparten", es decir sólo del tercio inferior del total de su cuenca. Recién en 1987 creó un "Programa de Calidad de Aguas y Control de la Contaminación del Río Uruguay" (PROCON), para "conocer la calidad actual de las aguas del río" y "permitir analizar en el futuro los cambios que pudiera sufrir". "Pero aunque hay otros estudios y mediciones parciales, el PROCON dejó de existir hace unos cinco años, y es gravísimo", se lamenta Ricardo Artusi, ex integrante de la subcomisión de Calidad de Aguas y Prevención de la Contaminación Ambiental de la CARU y diputado provincial de Entre Ríos por la UCR. Aunque defiende el rol de la Comisión, Artusi admite que su programa de control de efluentes industriales era de adhesión voluntaria por parte de las empresas, y dice que "falta evaluar con más exactitud el impacto tremendo de los líquidos cloacales que la mayoría de las ciudades ribereñas vuelca crudos al río, así como medir con más precisión la influencia negativa del uso de agroquímicos en la calidad del agua". Nada menos.
Ese desinterés también se refleja en el casi nulo trabajo de las organizaciones no gubernamentales sobre el río. Un alto ejecutivo mundial de Greenpeace admitió ante Clarín que "nadie financia estudios ni acciones sobre el río Uruguay. En Sudamérica los ríos taquilleros son el Paraná y el Amazonas, para el resto no hay plata".
Pero algo se hace. O se intenta. En octubre de 2002, cuando la polémica por la futura instalación de las pasteras Botnia y Ence cerca de Fray Bentos apenas comenzaba a insinuarse, los municipios uruguayos y argentinos adyacentes al río junto con la CARU firmaron un "Plan de protección ambiental del río Uruguay". Un análisis del proyecto, sin embargo, revela que entre las acciones previstas había algunas alarmantemente obvias ("desarrollar un inventario de descargas líquidas puntuales al río", "exigir el tratamiento de los efluentes líquidos volcados al río") y otras bastante singulares, como formar grupos de voluntarios con estudiantes secundarios que tomen muestras mensuales de agua "para la medición de pocos parámetros" que junto con otros "permitan calcular un índice de calidad" y "en base a esos resultados establecer orígenes probables de contaminación". Con otro grupo de voluntarios se pretendía relevar "los fertilizantes y biocidas utilizados en toda el área", y para prevenir los efectos contaminantes de la represa de Salto Grande se buscaba "impulsar el cumplimiento de las regulaciones existentes". Suena al menos un poco amateur.
Otra institución que se ocupa de la salud del río -en el mismo tramo en que trabaja la CARU- es la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), otro organismo oficial binacional creado en 1946 para administrar la represa operada desde 1979 sobre el río, y unas 500 hectáreas de tierra circundante. La Comisión comenzó un estudio de impacto ambiental de la represa en 1978 y lo terminó en 1983. Recién entonces se delineó el Programa de Vigilancia Ambiental Permanente, a cargo del departamento Ecología de la comisión. "La explotación actual de la cuenca y su escasa protección ambiental ha obligado a la CTM a implementar una vigilancia intensa de la calidad de agua del embalse, localizada en dos aspectos fundamentales: la presencia de agroquímicos y metales pesados; y el aumento creciente del impacto urbano y turístico". Aquí aparecen, al fin, dos de los agentes contaminantes más nocivos sobre las aguas del río (ver infografía). La Comisión Técnica Mixta monitorea las aguas, vigila los efluentes vertidos por la represa, evalúa la reproducción de peces y controla la fauna y cría ejemplares de algunas especies en extinción. No hay obligaciones legales para restaurar los ecosistemas dañados, ni para relevar, controlar y denunciar los nuevos focos contaminantes. ¿Suena muy exigente? Sin embargo se hace. Y en el mismo río Uruguay. Pero muchos kilómetros al norte, en las dos represas hidroeléctricas que funcionan en Brasil.
Junto con los indudables beneficios que las represas hidroeléctricas aportan para mitigar el creciente déficit energético que enfrentan las economías en desarrollo, sus diques suponen una fuerte intervención en el ecosistema de los ríos, que sólo en los últimos años comenzó a ser tenida en cuenta por los gobiernos. Además de implicar el desplazamiento de los habitantes de la zona inundada por el embalse, los ambientalistas las señalan como aceleradoras del cambio climático, porque la descomposición de la tierra y vegetación inundada por el embalse y los desechos provenientes de la cuenca alta emiten grandes cantidades de gases del efecto invernadero.
Salto Grande no es la única represa construida sobre el río Uruguay: en el tramo brasileño funcionan las usinas de Itá y Machadinho (ver infografía de la página 32), y en los próximos seis años serán construidas otras tres. Dos de ellas, Garabí y Santa María, fueron avaladas por Cristina Kirchner y Lula Da Silva en septiembre pasado, y se realizarán junto a Brasil frente a la ciudad correntina de Garruchos. Aunque aún no se conoce el plan ambiental bajo el cual se gestionarán las obras, varios grupos ambientalistas argentinos y brasileños ya comenzaron a movilizarse para resistirlas. Otra represa que será inaugurada en agosto de 2010 es Foz de Chapecó, a unos 60 kilómetros al este de la frontera con Misiones. Aunque semi abandonado, Argentina mantiene en carpeta el embalse de Pepeají o "Salto Chico", aguas abajo de Salto Grande, y sigue adelante con los proyectos binacionales de Roncador -al sur de los bellísimos y misioneros Saltos del Moconá- y San Pedro, en el sur correntino. En el tramo brasileño del Uruguay ya comenzaron los estudios para la represa de Itapiranga (casi en el límite con Argentina) y hay planes de levantar otras 20 usinas sobre el río y sus afluentes. El impacto final de las obras enérgeticas que terminen llevándose a cabo dependerá del espacio que la nueva agenda ambiental encuentre entre sus ingenieros y líderess políticos.
Las represas acentúan otro factor de contaminación que según distintas fuentes es el más nocivo para el río Uruguay: la constante lluvia sobre sus aguas o filtración a través de los acuíferos subterráneos de enormes cantidades de agrotóxicos utilizados para la agricultura. ¿Cómo actúan sobre el río? El nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio que contienen los fertilizantes, herbicidas y pesticidas nutren las aguas de una excesiva cantidad de nitratos. La luz del sol se combina con esos elementos químicos y provoca la aparición de algas, que muchas veces se ven flotando a la deriva o amontonadas en los recodos de la costa. Como en Argentina el Uruguay es un río de llanura -su flujo es casi nulo en el tramo inferior, y cuando hay sudestadas la corriente asciende en lugar de bajar-, la luz solar penetra en el agua hasta zonas bien profundas, acelerando y multiplicando este proceso llamado eutrofización. Las algas, a su vez, van quitando luz al río, impidiendo la fotosíntesis y matando la vida por falta de oxígeno.
El mes pasado, una mancha oscura que se extendió sobre la superficie del río cerca de la planta de Botnia multiplicó los temores y las denuncias de contaminación, hasta que los gobiernos argentino y uruguayo le quitaron importancia al evento: "sólo son algas". Pero hace un año, el 28 de enero de 2008, la CARU difundió un alerta en toda la zona adyacente al lago de la represa Salto Grande: "Si hay algas verdes azuladas hay que tomar algunas precauciones debido a que producen toxinas que causan problemas en la salud", se avisaba. "Si en el agua se ve como yerba dispersa, eso significa que puede bañarse en el río, pero debe lavarse después con agua limpia. Si se ve una masa pastosa verde oscura o amarronada, se recomienda no bañarse." El texto también aclaraba que se había capacitado a los hospitales de la zona para "monitorear las consultas médicas de casos de dermatitis o intoxicaciones que pudieran corresponder a las toxinas de las algas".
Otro esfuerzo aislado por detectar y mensurar la contaminación del río corresponde al Grupo de Estudio Contaminación del Río Uruguay, un equipo de científicos de la facultad regional de Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional, que en los últimos diez años desarrolló distintos proyectos para conocer la calidad de las aguas del río, establecer modelos matemáticos sobre su contaminación y conocer la magnitud del efecto de la contaminación del Uruguay por las descargas cloacales e industriales en el entorno de las ciudades de Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Su director, Julio Cardini, explica que "el agua es en general apta para la vida acuática, pero en varios sitios de la cuenca baja hay restricciones para bañarse. La contaminación cloacal es muy fuerte en las playas de Colón y Concepción del Uruguay, donde se suman las descargas de esas ciudades con las de Concordia y la uruguaya Salto. En Colón registramos coliformes fecales con valores hasta cinco veces más altos del tope que fija la CARU. Gualeguaychú, que tenía graves problemas, pudo mejorar bastante." ¿Otra buena? "En los últimos años progresó mucho el control de las industrias en Entre Ríos."
Además de contaminar, la suciedad cloacal ofrece una paradoja: es causada por los mismos vecinos que la padecen, y que muchas veces reclaman en las asambleas otras acciones ambientales.
A Juan Martín "Cucho" Rivas las palabras se le caen en ráfagas, entrecortadas por risitas nerviosas que acrecientan su simpatía. Junto con su hermano Andrés y su amigo Hermann Feldkamp, hace tres años recorrió durante setenta días toda la cuenca del Uruguay en canoa, para registrar sus amenazas."Sentimos que el río está al límite, casi condenado a muerte", susurra Cucho. "Son muy pocos los lugares en los que está en estado puro y natural, en la zona de los saltos del Moconá, en Misiones, cuando el río entra en la Argentina. También entre Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Todo el resto está modificado por el hombre, y eso genera mucha preocupación y nos instala una gran pregunta para el futuro." La expedición se llamó "El agua manda", y terminó en Puerto Madero con la firma de una carta para el entonces presidente Néstor Kirchner. "Hemos visto con gran preocupación cómo la actividad humana pone en riesgo al río, fuente de vida y biodiversidad. No podemos permitir que esto continúe así", dice el texto. "Rogamos tenga en cuenta nuestro urgente y desesperado pedido, que es el pedido también de los futuros habitantes de la Tierra", concluye la carta. Nunca tuvo respuesta.
Basura bajo la alfombra
Basura bajo la alfombra
Fecha de Publicación: 07/03/2009
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Buenos Aires
El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, sólo dedicó tres párrafos a los temas ambientales en su último discurso de inicio de sesiones ordinarias en la Legislatura porteña. Noticias Urbanas consultó a varios especialistas que dieron su parecer sobre la actual política ambiental del Gobierno de la Ciudad.
Fue un discurso corto de aproximadamente 25 minutos, donde las menciones a los temas de higiene urbana ocuparon apenas tres párrafos. Sólo eso les dedicó el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en la inauguración del período de sesiones ordinarias 2009, en la Legislatura porteña.
Como era de esperarse, las ONG ecologistas no tardaron en responder. Consultada por Noticias Urbanas, Eugenia Testa, coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace, acusó a Mauricio Macri y a aus ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, no sólo de "desestimar el alcance de la Ley 1.854 (Ley de Basura Cero)" sino que "yendo un paso más allá, han sentenciado el fracaso de la norma que apenas había sido puesta en marcha cinco meses antes del cambio de gestión: Macri culpó a los vecinos y a las organizaciones no gubernamentales de dicho fracaso", manifestó Testa.
A renglón seguido, la representante de Greenpeace se refirió a las informaciones que se conocieron en los últimos días, acerca de la prórroga de los contratos actuales para el servicio de higiene urbana: "El proyecto de pliegos que impulsa el oficialismo en la Legislatura está abiertamente en contra de la legislación vigente, ya que intenta perpetuar por 10 años un sistema que premia económicamente la generación y el enterramiento masivo de basura en rellenos de la Provincia (NdR: a diferencia del sistema actual, el Estado pagará por tonelada de basura recogida en lugar de hacerlo por zona limpia). La decisión de extender los contratos, en cambio, lo obliga a cumplir con la ley de Basura Cero".
El anuncio de la prórroga de los contratos no fue realizado en el discurso de Macri, pero allí se resaltó la continuidad del sistema de limpieza nocturna.
Sebastián Vázquez, secretario de la Fundación Ambiente y Sociedad, afirmó que "dar como un logro que se sigue con el sistema de limpieza nocturna (aquel sistema que permite que a partir de la 1 de la mañana quede "todo limpio") como un nuevo concepto de higiene urbana puede sonar bien en campaña electoral y es preocupante, por las personas que no conocen que desde hace varios años este sistema está implementado".
Luego continuaron las menciones a "la continuidad de la contenerización y de la campaña oficial Jugá limpio". Es que el Jefe de Gobierno, en su discurso, afirmó: "Vamos a darle mayor impulso a la contenerización, por eso abarcaremos un 60 por ciento de la Ciudad antes de fin de año. También construiremos una planta de áridos, dejando de enterrar un 10 por ciento del total de la basura. Profundizamos de esta manera, el cumplimiento de la Ley de Basura Cero". Ante la consulta de este semanario, Jorge Amar, periodista y profesor del Instituto Superior Octubre del SUTERH, afirmó que "sobre la planta de áridos que se propone, habría que ver cómo es una planta para tratar los escombros, pero esto sí significa un cambio, ya que la gestión actual venía afirmando que esta disminución la realizaba cuando tiraba esos escombros al río. Pero esta ambigüedad, en realidad, no sería el problema más preocupante si no fuera porque subestima nuestra inteligencia al afirmar que con esto se cumple con la Ley Basura Cero: poniendo los residuos áridos en el mismo nivel que los húmedos y secos".
"Las cifras de enterramiento de basura de la CEAMSE durante el 2008 dan cuenta que lo que le falta a Buenos Aires es una correcta gestión de residuos: va a estar bueno Buenos Aires si repasan la letra de la Ley de Basura Cero y empiezan a cumplirla", añadió Eugenia Testa sobre el mismo tema.
Párrafo aparte fue la referencia del jefe comunal en su última mención sobre temas de higiene urbana, cuando afirmó que trabaja con un grupo de recuperadores urbanos. "Con el objetivo de colaborar en esta tarea estamos incorporando al servicio de limpieza más de 2.000 recuperadores urbanos, para poder hacer realidad el desafío de la inclusión social y laboral de los cartoneros", concluyó.
Dado que el tema lo ameritaba, Noticias Urbanas consultó a varios referentes de cooperativas de cartoneros de la Ciudad. Según señaló Valentín Herrera, presidente de la Cooperativa Reciclando Sueños, "el impulso a la ‘contenerización’ mencionado deberíamos incorporarlo a los anuncios repetitivos, ya que no es ni más ni menos que el cumplimiento de los objetivos que surgen de las renegociaciones de los pliegos del año 2006, pero lo grave es que, a diferencia de lo propuesto en esa oportunidad, lo que se promueve ahora es sacar los contenedores que servían para diferenciar residuos secos y húmedos, que favorecían el trabajo de los cartoneros".
Jorge Olmedo, de la cooperativa Del Oeste, también se refirió a este tema diciendo "que nada dijo Macri de la caída de los precios de los materiales que ha hecho disminuir la cantidad de recuperadores urbanos que trabajan en las calles".
Consultado Oscar Bustos, cartonero y presidente de la cooperativa "El Trébol" del Barrio Riestra e integrante del MOCAR, afirmó que "no se conocen ni los presupuestos ni cuánto va a durar en el tiempo lo propuesto, que habría tenido transparencia si se hubiera incluido en el proyecto de pliego de licitación presentado en la Legislatura".
Para el sociólogo Roberto Felicetti, especialista en materia ambiental, "este discurso es típico de la mayoría de las expresiones políticas que tienden a presentarse en sus recursos discursivos como si antes de ellas no hubiera habido nada y se hicieran presentes sobre un terreno yermo de políticas públicas anteriores. Es decir, lo que puede ser un recurso publicitario positivo en campaña electoral, en realidad demuestra que en la Argentina, a diferencia de muchos países, no hay lo que se llama comúnmente políticas de Estado, que trascienden las distintas gestiones con lo positivo que ello tiene en las políticas de mediano y largo plazo".
Fecha de Publicación: 07/03/2009
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Buenos Aires
El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, sólo dedicó tres párrafos a los temas ambientales en su último discurso de inicio de sesiones ordinarias en la Legislatura porteña. Noticias Urbanas consultó a varios especialistas que dieron su parecer sobre la actual política ambiental del Gobierno de la Ciudad.
Fue un discurso corto de aproximadamente 25 minutos, donde las menciones a los temas de higiene urbana ocuparon apenas tres párrafos. Sólo eso les dedicó el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en la inauguración del período de sesiones ordinarias 2009, en la Legislatura porteña.
Como era de esperarse, las ONG ecologistas no tardaron en responder. Consultada por Noticias Urbanas, Eugenia Testa, coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace, acusó a Mauricio Macri y a aus ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, no sólo de "desestimar el alcance de la Ley 1.854 (Ley de Basura Cero)" sino que "yendo un paso más allá, han sentenciado el fracaso de la norma que apenas había sido puesta en marcha cinco meses antes del cambio de gestión: Macri culpó a los vecinos y a las organizaciones no gubernamentales de dicho fracaso", manifestó Testa.
A renglón seguido, la representante de Greenpeace se refirió a las informaciones que se conocieron en los últimos días, acerca de la prórroga de los contratos actuales para el servicio de higiene urbana: "El proyecto de pliegos que impulsa el oficialismo en la Legislatura está abiertamente en contra de la legislación vigente, ya que intenta perpetuar por 10 años un sistema que premia económicamente la generación y el enterramiento masivo de basura en rellenos de la Provincia (NdR: a diferencia del sistema actual, el Estado pagará por tonelada de basura recogida en lugar de hacerlo por zona limpia). La decisión de extender los contratos, en cambio, lo obliga a cumplir con la ley de Basura Cero".
El anuncio de la prórroga de los contratos no fue realizado en el discurso de Macri, pero allí se resaltó la continuidad del sistema de limpieza nocturna.
Sebastián Vázquez, secretario de la Fundación Ambiente y Sociedad, afirmó que "dar como un logro que se sigue con el sistema de limpieza nocturna (aquel sistema que permite que a partir de la 1 de la mañana quede "todo limpio") como un nuevo concepto de higiene urbana puede sonar bien en campaña electoral y es preocupante, por las personas que no conocen que desde hace varios años este sistema está implementado".
Luego continuaron las menciones a "la continuidad de la contenerización y de la campaña oficial Jugá limpio". Es que el Jefe de Gobierno, en su discurso, afirmó: "Vamos a darle mayor impulso a la contenerización, por eso abarcaremos un 60 por ciento de la Ciudad antes de fin de año. También construiremos una planta de áridos, dejando de enterrar un 10 por ciento del total de la basura. Profundizamos de esta manera, el cumplimiento de la Ley de Basura Cero". Ante la consulta de este semanario, Jorge Amar, periodista y profesor del Instituto Superior Octubre del SUTERH, afirmó que "sobre la planta de áridos que se propone, habría que ver cómo es una planta para tratar los escombros, pero esto sí significa un cambio, ya que la gestión actual venía afirmando que esta disminución la realizaba cuando tiraba esos escombros al río. Pero esta ambigüedad, en realidad, no sería el problema más preocupante si no fuera porque subestima nuestra inteligencia al afirmar que con esto se cumple con la Ley Basura Cero: poniendo los residuos áridos en el mismo nivel que los húmedos y secos".
"Las cifras de enterramiento de basura de la CEAMSE durante el 2008 dan cuenta que lo que le falta a Buenos Aires es una correcta gestión de residuos: va a estar bueno Buenos Aires si repasan la letra de la Ley de Basura Cero y empiezan a cumplirla", añadió Eugenia Testa sobre el mismo tema.
Párrafo aparte fue la referencia del jefe comunal en su última mención sobre temas de higiene urbana, cuando afirmó que trabaja con un grupo de recuperadores urbanos. "Con el objetivo de colaborar en esta tarea estamos incorporando al servicio de limpieza más de 2.000 recuperadores urbanos, para poder hacer realidad el desafío de la inclusión social y laboral de los cartoneros", concluyó.
Dado que el tema lo ameritaba, Noticias Urbanas consultó a varios referentes de cooperativas de cartoneros de la Ciudad. Según señaló Valentín Herrera, presidente de la Cooperativa Reciclando Sueños, "el impulso a la ‘contenerización’ mencionado deberíamos incorporarlo a los anuncios repetitivos, ya que no es ni más ni menos que el cumplimiento de los objetivos que surgen de las renegociaciones de los pliegos del año 2006, pero lo grave es que, a diferencia de lo propuesto en esa oportunidad, lo que se promueve ahora es sacar los contenedores que servían para diferenciar residuos secos y húmedos, que favorecían el trabajo de los cartoneros".
Jorge Olmedo, de la cooperativa Del Oeste, también se refirió a este tema diciendo "que nada dijo Macri de la caída de los precios de los materiales que ha hecho disminuir la cantidad de recuperadores urbanos que trabajan en las calles".
Consultado Oscar Bustos, cartonero y presidente de la cooperativa "El Trébol" del Barrio Riestra e integrante del MOCAR, afirmó que "no se conocen ni los presupuestos ni cuánto va a durar en el tiempo lo propuesto, que habría tenido transparencia si se hubiera incluido en el proyecto de pliego de licitación presentado en la Legislatura".
Para el sociólogo Roberto Felicetti, especialista en materia ambiental, "este discurso es típico de la mayoría de las expresiones políticas que tienden a presentarse en sus recursos discursivos como si antes de ellas no hubiera habido nada y se hicieran presentes sobre un terreno yermo de políticas públicas anteriores. Es decir, lo que puede ser un recurso publicitario positivo en campaña electoral, en realidad demuestra que en la Argentina, a diferencia de muchos países, no hay lo que se llama comúnmente políticas de Estado, que trascienden las distintas gestiones con lo positivo que ello tiene en las políticas de mediano y largo plazo".
Crean instituto agroecológico en Formosa
Un instituto agroecológico
Fecha de Publicación: 07/03/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Formosa
El gobierno de Formosa creó un inédito instituto universitario, único en su tipo dentro de la educación pública argentina, a través del cual se apunta a alcanzar la “excelencia del conocimiento” dentro de la producción agropecuaria, aunque abarcativa a lo forestal, tecnológico, turístico y agroindustrial, con una orientación agroecológica, es decir, en la búsqueda de la sustentabilidad ambiental.
Esta etapa que inició el gobernador formoseño Gildo Insfrán, tras el acuerdo rubricado con el rector de la Universidad Nacional de Formosa, es la primera, con la creación de este Instituto y el dictado de la carrera de Tecnicatura en Producción Agropecuaria, y continuará con otra fase cuando la Coneau (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) autorice el dictado de la carrera de Ingeniería en Producción Agropecuaria.
Además, el Instituto Universitario realizará las funciones y actividades de investigación, extensión y vinculación científico-tecnológica con los proyectos vinculados con la producción agropecuaria fundamentalmente.
Fecha de Publicación: 07/03/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Formosa
El gobierno de Formosa creó un inédito instituto universitario, único en su tipo dentro de la educación pública argentina, a través del cual se apunta a alcanzar la “excelencia del conocimiento” dentro de la producción agropecuaria, aunque abarcativa a lo forestal, tecnológico, turístico y agroindustrial, con una orientación agroecológica, es decir, en la búsqueda de la sustentabilidad ambiental.
Esta etapa que inició el gobernador formoseño Gildo Insfrán, tras el acuerdo rubricado con el rector de la Universidad Nacional de Formosa, es la primera, con la creación de este Instituto y el dictado de la carrera de Tecnicatura en Producción Agropecuaria, y continuará con otra fase cuando la Coneau (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) autorice el dictado de la carrera de Ingeniería en Producción Agropecuaria.
Además, el Instituto Universitario realizará las funciones y actividades de investigación, extensión y vinculación científico-tecnológica con los proyectos vinculados con la producción agropecuaria fundamentalmente.
Importante antecedente por las fumigaciones
Ituzaingó Anexo, cerca de su primer juicio
Fecha de Publicación: 05/03/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Un fiscal acusó a tres personas por contaminar el barrio con plaguicidas por las fumigaciones de los campos vecinos.
Si prospera la acusación de un fiscal de la ciudad de Córdoba, dos productores agropecuarios y un comerciante podrían ser juzgados por el delito de contaminación ambiental, un caso pionero en la provincia. Las tres personas están acusadas por la fumigación clandestina con plaguicidas peligrosos de campos próximos al barrio Ituzaingó Anexo.
En 2002, un grupo de madres denunció que había numerosos casos de cáncer en el barrio. Luego se constató que la zona estaba contaminada un cóctel tóxico compuesto por PCB de los transformadores de Epec, agua contaminada con plomo, cromo y arsénico y plaguicidas en los tanques domiciliarios.
La reciente acusación judicial la efectuó el fiscal de Instrucción del Distrito Judicial 3, turno 6 de la Capital, Carlos Matheu, en la causa abierta contra los productores Jorge Alberto Gabrielli (48) y Francisco Rafael Parra (53), y el comerciante Edgardo Jorge Pancello (51).
El pedido del fiscal no se encuentra firme y podría ser objeto de oposición por la defensa de los imputados, en cuyo caso la situación será analizada y resuelta por un juez de control.
Gabrielli y Parra están imputados como supuestos instigadores del delito de contaminación ambiental, mientras que a Pancello se le atribuye la autoría del mismo ilícito, por ser quien concretó con un avión la fumigación de los campos.
Se trata de un delito previsto por el artículo 55 de la ley 24.051 de residuos peligrosos, que prevé pena de reclusión o prisión de tres a 10 años, para quien "utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".
Agrega el artículo que si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, "la pena será de 10 a 25 años de reclusión o prisión".
De acuerdo con la investigación, las fumigaciones cuestionadas ocurrieron entre fines de enero y comienzos de febrero de 2008, en campos sembrados con sojas de propiedad de los agricultores Parra y Gabrielli, colindante con el barrio Ituzaingó Anexo.
La Municipalidad de Córdoba realizó una denuncia que impulsó la investigación judicial. Luego, a los acusados se les impidió seguir fumigando hasta que se resuelva su situación judicial.
El municipio también presentó un recurso de amparo para que la Justicia bloquee por dos años las fumigaciones en la zona. Durante ese tiempo se realizarán estudios para determinar la gravedad de los casos. Sin embargo, la medida aún no tiene una resolución.
Según la causa, los acusados utilizaron endosulfán y glifosato, con lo cual violaron el artículo 58 de la ley 9.164, de Agroquímicos de la Provincia de Córdoba. La norma prohíbe la aplicación aérea de dichos productos en un radio menor a 1.500 metros de distancia de una población urbana para el endosulfán y de 500 metros para el glifosato, por tratarse de químicos peligrosos para la salud.
Además, la ordenanza municipal 10.589 prohíbe la aplicación aérea de plaguicidas o biocidas químicos en todo el ejido de la ciudad de Córdoba.
Dolo indirecto. Según Matheu, si bien ninguno de los imputados tuvo la intención directa de contaminar el ambiente, obraron con dolo indirecto, ya que debieron representarse que necesariamente la fumigación en la zona y con ese tipo de productos tendría como consecuencia la contaminación del ambiente, en forma peligrosa para la salud.
También destacó el fiscal que ninguno de los tres imputados tiene documentación que registre la contratación de las fumigaciones, ni su realización, mientras que Pancello no registró esos vuelos en la Fuerza Aérea Argentina, como corresponde.
"Todo ello nos indica que éstos las realizaban en forma clandestina, ya que conocían del carácter delictivo de su accionar", agregó el fiscal.
Cabe recordar que en enero de este año, una comisión del Gobierno nacional visitó Ituzaingó Anexo y prometió apoyar estrategias para paliar la situación. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, había solicitado al Ministerio de Salud nacional que se encargara del problema.
Antecedentes
Análisis. Tras la denuncia de las madres del barrio en 2002, análisis determinaron la existencia de un cóctel de contaminantes en la zona, incluidos los plaguicidas. Se tomaron algunas medidas paliativas.
Epidemiología. En 2004, estudios detectaron 138 casos de cáncer en un sector. En 2005, un censo sanitario recomendó evacuar el barrio. En 2006, otro estudio detectó plaguicidas prohibidos en 23 niños.
OPS. En enero de 2008, un estudio de la OPS determinó que Ituzaingó Anexo es un sitio contaminado.
Alerta provincial
El colectivo "Paren de fumigar" –compuesto por asociaciones y personas comprometidas con la lucha contra las fumigaciones nocivas para la salud– se reúne periódicamente para alertar sobre el uso de agroquímicos y sus efectos en la población.
Hace un mes hubo un encuentro en Calamuchita, en el que se analizaron acciones posibles para frenar esta problemática. El caso testigo que se mencionó toda la jornada fue el de Ituzaingó Anexo, y la lucha de las madres del barrio.
Fecha de Publicación: 05/03/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Un fiscal acusó a tres personas por contaminar el barrio con plaguicidas por las fumigaciones de los campos vecinos.
Si prospera la acusación de un fiscal de la ciudad de Córdoba, dos productores agropecuarios y un comerciante podrían ser juzgados por el delito de contaminación ambiental, un caso pionero en la provincia. Las tres personas están acusadas por la fumigación clandestina con plaguicidas peligrosos de campos próximos al barrio Ituzaingó Anexo.
En 2002, un grupo de madres denunció que había numerosos casos de cáncer en el barrio. Luego se constató que la zona estaba contaminada un cóctel tóxico compuesto por PCB de los transformadores de Epec, agua contaminada con plomo, cromo y arsénico y plaguicidas en los tanques domiciliarios.
La reciente acusación judicial la efectuó el fiscal de Instrucción del Distrito Judicial 3, turno 6 de la Capital, Carlos Matheu, en la causa abierta contra los productores Jorge Alberto Gabrielli (48) y Francisco Rafael Parra (53), y el comerciante Edgardo Jorge Pancello (51).
El pedido del fiscal no se encuentra firme y podría ser objeto de oposición por la defensa de los imputados, en cuyo caso la situación será analizada y resuelta por un juez de control.
Gabrielli y Parra están imputados como supuestos instigadores del delito de contaminación ambiental, mientras que a Pancello se le atribuye la autoría del mismo ilícito, por ser quien concretó con un avión la fumigación de los campos.
Se trata de un delito previsto por el artículo 55 de la ley 24.051 de residuos peligrosos, que prevé pena de reclusión o prisión de tres a 10 años, para quien "utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".
Agrega el artículo que si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, "la pena será de 10 a 25 años de reclusión o prisión".
De acuerdo con la investigación, las fumigaciones cuestionadas ocurrieron entre fines de enero y comienzos de febrero de 2008, en campos sembrados con sojas de propiedad de los agricultores Parra y Gabrielli, colindante con el barrio Ituzaingó Anexo.
La Municipalidad de Córdoba realizó una denuncia que impulsó la investigación judicial. Luego, a los acusados se les impidió seguir fumigando hasta que se resuelva su situación judicial.
El municipio también presentó un recurso de amparo para que la Justicia bloquee por dos años las fumigaciones en la zona. Durante ese tiempo se realizarán estudios para determinar la gravedad de los casos. Sin embargo, la medida aún no tiene una resolución.
Según la causa, los acusados utilizaron endosulfán y glifosato, con lo cual violaron el artículo 58 de la ley 9.164, de Agroquímicos de la Provincia de Córdoba. La norma prohíbe la aplicación aérea de dichos productos en un radio menor a 1.500 metros de distancia de una población urbana para el endosulfán y de 500 metros para el glifosato, por tratarse de químicos peligrosos para la salud.
Además, la ordenanza municipal 10.589 prohíbe la aplicación aérea de plaguicidas o biocidas químicos en todo el ejido de la ciudad de Córdoba.
Dolo indirecto. Según Matheu, si bien ninguno de los imputados tuvo la intención directa de contaminar el ambiente, obraron con dolo indirecto, ya que debieron representarse que necesariamente la fumigación en la zona y con ese tipo de productos tendría como consecuencia la contaminación del ambiente, en forma peligrosa para la salud.
También destacó el fiscal que ninguno de los tres imputados tiene documentación que registre la contratación de las fumigaciones, ni su realización, mientras que Pancello no registró esos vuelos en la Fuerza Aérea Argentina, como corresponde.
"Todo ello nos indica que éstos las realizaban en forma clandestina, ya que conocían del carácter delictivo de su accionar", agregó el fiscal.
Cabe recordar que en enero de este año, una comisión del Gobierno nacional visitó Ituzaingó Anexo y prometió apoyar estrategias para paliar la situación. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, había solicitado al Ministerio de Salud nacional que se encargara del problema.
Antecedentes
Análisis. Tras la denuncia de las madres del barrio en 2002, análisis determinaron la existencia de un cóctel de contaminantes en la zona, incluidos los plaguicidas. Se tomaron algunas medidas paliativas.
Epidemiología. En 2004, estudios detectaron 138 casos de cáncer en un sector. En 2005, un censo sanitario recomendó evacuar el barrio. En 2006, otro estudio detectó plaguicidas prohibidos en 23 niños.
OPS. En enero de 2008, un estudio de la OPS determinó que Ituzaingó Anexo es un sitio contaminado.
Alerta provincial
El colectivo "Paren de fumigar" –compuesto por asociaciones y personas comprometidas con la lucha contra las fumigaciones nocivas para la salud– se reúne periódicamente para alertar sobre el uso de agroquímicos y sus efectos en la población.
Hace un mes hubo un encuentro en Calamuchita, en el que se analizaron acciones posibles para frenar esta problemática. El caso testigo que se mencionó toda la jornada fue el de Ituzaingó Anexo, y la lucha de las madres del barrio.
“Quieren poner una Botnia en La Plata”
“Quieren poner una Botnia en La Plata”
Fecha de Publicación: 05/03/2009
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Durante las últimas horas los intendentes de nuestra región se reunieron en Ensenada para avanzar en la resistida instalación del gran basural que supuestamente reemplazará al predio que la Ceamse posee en Villa del Plata
El Consorcio Región Capital -así se llama- se reunió en el centro tradicionalista La Montonera y contó con la presencia de los jefes comunales de Berisso, Enrique Slezack; La Plata, Pablo Bruera; Ensenada, Mario Secco y el de Punta Indio, Héctor Equiza. También hubo funcionarios de Brandsen y profesionales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y de la Universidad Tecnológica Nacional regional, que presentaron un informe que contempla distintas alternativas y modelos para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos de todos esos municipios.
El grupo cuenta con el respaldo de la Gobernación bonaerense y, según pudo saberse, avanzó en la posible instalación en un punto cercano al límite entre La Plata y Brandsen, tal como se venía especulando.
Lo que se sabe es que ratificaron la decisión de no llevar más residuos domiciliarios al predio de la Ceamse, pero la incertidumbre en cuanto al sitio exacto que recibirá la basura genera críticas. De hecho, el presidente de la Fundación Biosfera, Horacio Beláustegui, exclamó: “Quieren poner una Botnia en La Plata”. El y otros ecologistas convocaron a una asamblea que se realizará a las 20.30 de hoy en esa institución.
También se refirió al tema Oscar Negrelli (concejal platense por la Coalición Cívica), que acusó: “Pese a la seriedad de la cuestión, el Ejecutivo municipal no quiere informarnos”. Se vislumbran nuevas protestas ecologistas.
Fecha de Publicación: 05/03/2009
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires
Durante las últimas horas los intendentes de nuestra región se reunieron en Ensenada para avanzar en la resistida instalación del gran basural que supuestamente reemplazará al predio que la Ceamse posee en Villa del Plata
El Consorcio Región Capital -así se llama- se reunió en el centro tradicionalista La Montonera y contó con la presencia de los jefes comunales de Berisso, Enrique Slezack; La Plata, Pablo Bruera; Ensenada, Mario Secco y el de Punta Indio, Héctor Equiza. También hubo funcionarios de Brandsen y profesionales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y de la Universidad Tecnológica Nacional regional, que presentaron un informe que contempla distintas alternativas y modelos para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos de todos esos municipios.
El grupo cuenta con el respaldo de la Gobernación bonaerense y, según pudo saberse, avanzó en la posible instalación en un punto cercano al límite entre La Plata y Brandsen, tal como se venía especulando.
Lo que se sabe es que ratificaron la decisión de no llevar más residuos domiciliarios al predio de la Ceamse, pero la incertidumbre en cuanto al sitio exacto que recibirá la basura genera críticas. De hecho, el presidente de la Fundación Biosfera, Horacio Beláustegui, exclamó: “Quieren poner una Botnia en La Plata”. El y otros ecologistas convocaron a una asamblea que se realizará a las 20.30 de hoy en esa institución.
También se refirió al tema Oscar Negrelli (concejal platense por la Coalición Cívica), que acusó: “Pese a la seriedad de la cuestión, el Ejecutivo municipal no quiere informarnos”. Se vislumbran nuevas protestas ecologistas.
Pingüino escondido en la ley de glaciares
Pingüino escondido en la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 04/03/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
Para tapar el escándalo que generó en la militancia ecológica el veto de Cristina, se redactó un nuevo texto. Los radicales denunciaron que el texto viene con trampa en beneficio de las empresas mineras.
El kirchnerismo comenzó a avanzar con algunas dificultades en una nueva ley de glaciares. Uno de los principales cuestionamientos fue formulado por el radical santacruceño Alfredo “Fredy” Martínez, quien reprochó que, entre las prohibiciones para realizar obras de infraestructura o de arquitectura en los glaciares que fija el texto, se hayan exceptuado aquellas que fueran consideradas de “interés público”, porque se trata del mismo término con el que se define la actividad minera.
El nuevo proyecto llegó a la Cámara alta tres meses después de que Cristina Fernández de Kirchner vetara una norma que había sido aprobada por la amplia mayoría de los legisladores, despertando sospechas de que se quería beneficiar a compañías mineras. En el debate que ayer se realizó en la Comisión de Recursos Naturales, Martínez afirmó que la nueva redacción lleva al proyecto a “una zona de riesgo”. El secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, presente en la comisión, le respondió que tal riesgo no existía ya que existe una ley específica sobre impacto ambiental, y subrayó que en el inciso siguiente se plantea que estén excluidas la exploración y explotación minera o petrolífera. El porteño Daniel Filmus, titular de la comisión, recordó que el término “interés público” fue incorporado al proyecto a instancias del gobierno de Mendoza, por las obras en el Cristo Redentor y el Paso del Inca.
La competencia de las provincias fue otra de las objeciones. La salteña Sonia Escudero pidió que fueran más explícitas las facultades de las provincias sobre los recursos. En el veto presidencial se había afirmado que la ley podía afectar el desarrollo económico de los distritos. La minera Barrick Gold lleva adelante un millonario emprendimiento en Pascua Lama, la zona fronteriza que San Juan comparte con Chile, y también en Famatina, La Rioja.
En diálogo con este diario, el diputado Miguel Bonasso, impulsor de la norma vetada por Fernández de Kirchner, calificó de “insensatez reunirse para consensuar algo que ya tuvo el voto unánime del Congreso”. A fines del año pasado, la Cámara baja rechazó el veto presidencial. Como el resultado no llegó a los dos tercios del cuerpo, el veto quedó vigente. Después de eso, Bonasso volvió a presentar el mismo proyecto impugnado por la Presidenta. Eso explica el rechazo del diputado a participar de las deliberaciones en las que se diseñó el texto que ayer comenzó a debatirse en el Senado.
Las objeciones formuladas por el radicalismo, por la peronista disidente Escudero y otros legisladores, le impidieron al oficialismo lograr el apoyo mayoritario para que la nueva iniciativa desembarque hoy en el recinto del Senado. El debate continuará en la próxima reunión de comisión. Después de haber tenido algunas fugas dentro de su bancada, el oficialismo pretende que la futura norma tengo un consenso unánime. Una tarea de equilibrio más que compleja.
Fecha de Publicación: 04/03/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
Para tapar el escándalo que generó en la militancia ecológica el veto de Cristina, se redactó un nuevo texto. Los radicales denunciaron que el texto viene con trampa en beneficio de las empresas mineras.
El kirchnerismo comenzó a avanzar con algunas dificultades en una nueva ley de glaciares. Uno de los principales cuestionamientos fue formulado por el radical santacruceño Alfredo “Fredy” Martínez, quien reprochó que, entre las prohibiciones para realizar obras de infraestructura o de arquitectura en los glaciares que fija el texto, se hayan exceptuado aquellas que fueran consideradas de “interés público”, porque se trata del mismo término con el que se define la actividad minera.
El nuevo proyecto llegó a la Cámara alta tres meses después de que Cristina Fernández de Kirchner vetara una norma que había sido aprobada por la amplia mayoría de los legisladores, despertando sospechas de que se quería beneficiar a compañías mineras. En el debate que ayer se realizó en la Comisión de Recursos Naturales, Martínez afirmó que la nueva redacción lleva al proyecto a “una zona de riesgo”. El secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, presente en la comisión, le respondió que tal riesgo no existía ya que existe una ley específica sobre impacto ambiental, y subrayó que en el inciso siguiente se plantea que estén excluidas la exploración y explotación minera o petrolífera. El porteño Daniel Filmus, titular de la comisión, recordó que el término “interés público” fue incorporado al proyecto a instancias del gobierno de Mendoza, por las obras en el Cristo Redentor y el Paso del Inca.
La competencia de las provincias fue otra de las objeciones. La salteña Sonia Escudero pidió que fueran más explícitas las facultades de las provincias sobre los recursos. En el veto presidencial se había afirmado que la ley podía afectar el desarrollo económico de los distritos. La minera Barrick Gold lleva adelante un millonario emprendimiento en Pascua Lama, la zona fronteriza que San Juan comparte con Chile, y también en Famatina, La Rioja.
En diálogo con este diario, el diputado Miguel Bonasso, impulsor de la norma vetada por Fernández de Kirchner, calificó de “insensatez reunirse para consensuar algo que ya tuvo el voto unánime del Congreso”. A fines del año pasado, la Cámara baja rechazó el veto presidencial. Como el resultado no llegó a los dos tercios del cuerpo, el veto quedó vigente. Después de eso, Bonasso volvió a presentar el mismo proyecto impugnado por la Presidenta. Eso explica el rechazo del diputado a participar de las deliberaciones en las que se diseñó el texto que ayer comenzó a debatirse en el Senado.
Las objeciones formuladas por el radicalismo, por la peronista disidente Escudero y otros legisladores, le impidieron al oficialismo lograr el apoyo mayoritario para que la nueva iniciativa desembarque hoy en el recinto del Senado. El debate continuará en la próxima reunión de comisión. Después de haber tenido algunas fugas dentro de su bancada, el oficialismo pretende que la futura norma tengo un consenso unánime. Una tarea de equilibrio más que compleja.
Fallo en contra de las arroceras del Iberá
El Superior Tribunal falló en contra de las arroceras del Iberá
Fecha de Publicación: 04/03/2009
Fuente: Litoral Digital
Provincia/Región: Corrientes
El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó la apelación presentada por un establecimiento arrocero asentado en la Reserva Natural del Iberá. Por este motivo, deberán suspender la construcción clandestina de un terraplén y de un canal para tomar agua de la laguna Fernández, en la zona de reserva.
La semana pasada el Superior Tribunal de Justicia falló en contra de un establecimiento arrocero que opera dentro de la zona de reserva en los Esteros del Iberá. La información se conoció públicamente ayer, a través de la abogada Patricia Mc Cormack, quien explicó que el fallo confirma la medida cautelar dictada el 18 de mayo de 2006 por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes (expediente Nº 2743).
Esta medida ordena la suspensión de la construcción clandestina de un terraplén y de un canal para tomar agua de una de las lagunas más importantes del Iberá: la laguna Fernández. Esta resolución fue ratificada por el mismo tribunal en 2008. No obstante, el mandato judicial nunca fue obedecido por la arrocera.
Cabe recordar que dicho emprendimiento fue denunciado en 2006 por un vecino de Colonia Carlos Pellegrini, ya que el mismo no contaba con la Evaluación de Impacto Ambiental, ni concesión para utilizar aguas públicas, entre otros requisitos legales. Trámites que la ley exige que sean realizados con anterioridad al inicio del emprendimiento.
El establecimiento en cuestión había presentado tardíamente su estudio de impacto ambiental y la conformidad otorgada, en principio, por el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), no fue aun confirmada por el Ministro de la Producción de la provincia, máxima autoridad en la materia, por lo que, a criterio de la Justicia, aquella no solo no está firme, sino que carece del último paso administrativo ineludible.
En consecuencia, la arrocera no puede continuar operando, hasta tanto se cumpla con todos los recaudos legales, y si ello no perjudica el medio ambiente. Mientras tanto, la medida cautelar judicial (ratificada por el más alto Tribunal de la provincia) está plenamente vigente.
Por este motivo, se espera que la firma que explota esta arrocera acate el mandato del Poder Judicial de Corrientes porque en casos anteriores, siempre ignoraron las medidas judiciales. Como si esto fuera poco, el Icaa reina por su ausencia.
Por otro lado, cabe recordar que el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes también emitió un fallo para que el terraplén de Yahaveré sea destruido. De esa manera, ha sentado precedente en materia de protección ambiental, sin embargo, todavía no fue demolido.
Fecha de Publicación: 04/03/2009
Fuente: Litoral Digital
Provincia/Región: Corrientes
El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó la apelación presentada por un establecimiento arrocero asentado en la Reserva Natural del Iberá. Por este motivo, deberán suspender la construcción clandestina de un terraplén y de un canal para tomar agua de la laguna Fernández, en la zona de reserva.
La semana pasada el Superior Tribunal de Justicia falló en contra de un establecimiento arrocero que opera dentro de la zona de reserva en los Esteros del Iberá. La información se conoció públicamente ayer, a través de la abogada Patricia Mc Cormack, quien explicó que el fallo confirma la medida cautelar dictada el 18 de mayo de 2006 por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes (expediente Nº 2743).
Esta medida ordena la suspensión de la construcción clandestina de un terraplén y de un canal para tomar agua de una de las lagunas más importantes del Iberá: la laguna Fernández. Esta resolución fue ratificada por el mismo tribunal en 2008. No obstante, el mandato judicial nunca fue obedecido por la arrocera.
Cabe recordar que dicho emprendimiento fue denunciado en 2006 por un vecino de Colonia Carlos Pellegrini, ya que el mismo no contaba con la Evaluación de Impacto Ambiental, ni concesión para utilizar aguas públicas, entre otros requisitos legales. Trámites que la ley exige que sean realizados con anterioridad al inicio del emprendimiento.
El establecimiento en cuestión había presentado tardíamente su estudio de impacto ambiental y la conformidad otorgada, en principio, por el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), no fue aun confirmada por el Ministro de la Producción de la provincia, máxima autoridad en la materia, por lo que, a criterio de la Justicia, aquella no solo no está firme, sino que carece del último paso administrativo ineludible.
En consecuencia, la arrocera no puede continuar operando, hasta tanto se cumpla con todos los recaudos legales, y si ello no perjudica el medio ambiente. Mientras tanto, la medida cautelar judicial (ratificada por el más alto Tribunal de la provincia) está plenamente vigente.
Por este motivo, se espera que la firma que explota esta arrocera acate el mandato del Poder Judicial de Corrientes porque en casos anteriores, siempre ignoraron las medidas judiciales. Como si esto fuera poco, el Icaa reina por su ausencia.
Por otro lado, cabe recordar que el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes también emitió un fallo para que el terraplén de Yahaveré sea destruido. De esa manera, ha sentado precedente en materia de protección ambiental, sin embargo, todavía no fue demolido.
Ley de Manejo del Fuego en Entre Ríos
El Gobierno avanza en la implementación de la Ley Provincial de Manejo del Fuego
Fecha de Publicación: 04/03/2009
Fuente: Litoral digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, autoridad de aplicación de la Ley Provincial de Manejo del Fuego, recientemente aprobada, trabaja en la implementación de dicha norma que establece acciones para el manejo y prevención del fuego en zonas rurales y forestales • En este marco, el próximo martes se realizará en el Parque Nacional El Palmar una reunión informativa de los alcances de la misma y se presentarán los avances que se han dado en el decreto reglamentario de dicha norma.
La convocatoria, que se iniciará a las 16 el próximo martes, es para todos los sectores interesados en el tema, es decir, municipios, bomberos voluntarios de las distintas ciudades, bomberos zapadores, defensa civil y forestadores, entre otros.
Respecto a la Ley N° 9868, el secretario de Medio Ambiente precisó que la nueva norma, a diferencia de la anterior, cambia la autoridad de aplicación ya que antes era la Dirección de Recursos Naturales, dependiente de la Secretaría de la Producción, y ahora la Secretaría de Medio Ambiente.
Otra cuestión importante es que la ley recién aprobada fija la creación de un fondo para manejo del fuego que estará compuesto por el 1% del total de recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural y el 75% de dicho impuesto, del remanente no forestado de las propiedades con prestaciones implantadas. “Esto es muy importante porque le dará un presupuesto que nunca tuvo ya que siempre la provincia recibía un aporte nacional que generalmente era destinado a la contratación de los brigadistas en la temporada de incendios”, explicó Raffo.
Además, agregó: “La creación de este fondo permitirá un fortalecimiento institucional, realizar tareas de control y prevención de incendios, contratación de personal y adquisición de equipos”.
Respecto a las sanciones, la nueva norma estipula la aplicación de sanciones severas a los dueños de los campos donde se producen los incendios. Se tratan de sanciones administrativas, con aplicación de multas, y acciones penales según la gravedad de la situación. “La ley estipula un código de sanciones que ayudará a que la gente se maneje responsablemente con el fuego y exige que, cuando se realice la quema habitual en las zonas rurales para las pasturas, tenga autorización de la autoridad de aplicación”, añadió el secretario de Medio Ambiente.
Experiencias positivas de otras provincias
A su vez, la Secretaría de Medio Ambiente está trabajando en la elaboración de un decreto reglamentario de la ley para lo cual ha tomado contacto con otras provincias con experiencias positivas en el manejo del fuego. “Fuimos a buscar información de primera mano para que la reglamentación de la ley sea lo más adecuada posible a la realidad provincial”, expresó el secretario.
En este sentido, Raffo comentó que hace 10 días estuvo en la provincia de Córdoba donde se reunió con autoridades provinciales. “Recabamos mucha información que nos ha servido en gran medida para poder replicar lo positivo en Entre Ríos”, dijo el funcionario antes de explicar que Córdoba trabaja en otra escala con el tema de incendios a tal punto que es la única provincia que tiene medios aéreos propios, es la que más dinero ha invertido en el plan y trabaja en forma conjunta con el cuerpo de Bomberos Voluntarios dotándolos de equipos y capacitación.
Cabe mencionar que el Plan Nacional de Manejo del Fuego destina a las provincias un dinero anual, para contratar los brigadistas, y pone los medios aéreos, es decir, los alquila y destina a cada región. El país está dividido en seis regiones, Entre Ríos integra una región junto con Misiones y Corrientes. Los coordinadores regionales son los encargados de disponer los medios aéreos que destina Nación por provincia.
Además, participó de una reunión del consorcio de manejo del fuego en Virasoro, Corrientes, integrado por productores forestales que tienen organizado todo un sistema de prevención y lucha contra incendios. Es de resaltar que “dicha localidad cuenta con sistemas de detección temprana ya que trabajan con sistemas de software de avanzada que son muy interesantes”, sostuvo Raffo.
A su vez, personal de la Secretaría ha mantenido reuniones con Defensa Civil de la provincial, con Federación de Bomberos Voluntarios y distintos cuerpos de bomberos para trabajar en un Plan Provincial de Prevención de Incendios que se implementará luego de la reglamentación de la ley cuyo decreto se firmaría en marzo. “La elaboración de dicho plan también será consensuado con todos los sectores involucrados, mediante una acción participativa”, destacó el secretario de Medio Ambiente.
Para la implementación de dicho plan se conformarán dos áreas de gestión, una en la costa del río Uruguay y otra del Paraná, con equipos técnicos que coordinarán la gestión junto a bomberos Voluntarios, Defensa Civil y el Plan Nacional de Manejo del Fuego.
Fecha de Publicación: 04/03/2009
Fuente: Litoral digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, autoridad de aplicación de la Ley Provincial de Manejo del Fuego, recientemente aprobada, trabaja en la implementación de dicha norma que establece acciones para el manejo y prevención del fuego en zonas rurales y forestales • En este marco, el próximo martes se realizará en el Parque Nacional El Palmar una reunión informativa de los alcances de la misma y se presentarán los avances que se han dado en el decreto reglamentario de dicha norma.
La convocatoria, que se iniciará a las 16 el próximo martes, es para todos los sectores interesados en el tema, es decir, municipios, bomberos voluntarios de las distintas ciudades, bomberos zapadores, defensa civil y forestadores, entre otros.
Respecto a la Ley N° 9868, el secretario de Medio Ambiente precisó que la nueva norma, a diferencia de la anterior, cambia la autoridad de aplicación ya que antes era la Dirección de Recursos Naturales, dependiente de la Secretaría de la Producción, y ahora la Secretaría de Medio Ambiente.
Otra cuestión importante es que la ley recién aprobada fija la creación de un fondo para manejo del fuego que estará compuesto por el 1% del total de recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural y el 75% de dicho impuesto, del remanente no forestado de las propiedades con prestaciones implantadas. “Esto es muy importante porque le dará un presupuesto que nunca tuvo ya que siempre la provincia recibía un aporte nacional que generalmente era destinado a la contratación de los brigadistas en la temporada de incendios”, explicó Raffo.
Además, agregó: “La creación de este fondo permitirá un fortalecimiento institucional, realizar tareas de control y prevención de incendios, contratación de personal y adquisición de equipos”.
Respecto a las sanciones, la nueva norma estipula la aplicación de sanciones severas a los dueños de los campos donde se producen los incendios. Se tratan de sanciones administrativas, con aplicación de multas, y acciones penales según la gravedad de la situación. “La ley estipula un código de sanciones que ayudará a que la gente se maneje responsablemente con el fuego y exige que, cuando se realice la quema habitual en las zonas rurales para las pasturas, tenga autorización de la autoridad de aplicación”, añadió el secretario de Medio Ambiente.
Experiencias positivas de otras provincias
A su vez, la Secretaría de Medio Ambiente está trabajando en la elaboración de un decreto reglamentario de la ley para lo cual ha tomado contacto con otras provincias con experiencias positivas en el manejo del fuego. “Fuimos a buscar información de primera mano para que la reglamentación de la ley sea lo más adecuada posible a la realidad provincial”, expresó el secretario.
En este sentido, Raffo comentó que hace 10 días estuvo en la provincia de Córdoba donde se reunió con autoridades provinciales. “Recabamos mucha información que nos ha servido en gran medida para poder replicar lo positivo en Entre Ríos”, dijo el funcionario antes de explicar que Córdoba trabaja en otra escala con el tema de incendios a tal punto que es la única provincia que tiene medios aéreos propios, es la que más dinero ha invertido en el plan y trabaja en forma conjunta con el cuerpo de Bomberos Voluntarios dotándolos de equipos y capacitación.
Cabe mencionar que el Plan Nacional de Manejo del Fuego destina a las provincias un dinero anual, para contratar los brigadistas, y pone los medios aéreos, es decir, los alquila y destina a cada región. El país está dividido en seis regiones, Entre Ríos integra una región junto con Misiones y Corrientes. Los coordinadores regionales son los encargados de disponer los medios aéreos que destina Nación por provincia.
Además, participó de una reunión del consorcio de manejo del fuego en Virasoro, Corrientes, integrado por productores forestales que tienen organizado todo un sistema de prevención y lucha contra incendios. Es de resaltar que “dicha localidad cuenta con sistemas de detección temprana ya que trabajan con sistemas de software de avanzada que son muy interesantes”, sostuvo Raffo.
A su vez, personal de la Secretaría ha mantenido reuniones con Defensa Civil de la provincial, con Federación de Bomberos Voluntarios y distintos cuerpos de bomberos para trabajar en un Plan Provincial de Prevención de Incendios que se implementará luego de la reglamentación de la ley cuyo decreto se firmaría en marzo. “La elaboración de dicho plan también será consensuado con todos los sectores involucrados, mediante una acción participativa”, destacó el secretario de Medio Ambiente.
Para la implementación de dicho plan se conformarán dos áreas de gestión, una en la costa del río Uruguay y otra del Paraná, con equipos técnicos que coordinarán la gestión junto a bomberos Voluntarios, Defensa Civil y el Plan Nacional de Manejo del Fuego.
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