Plazas para todo servicio
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Plazas para todo servicio
Fecha de Publicación: 17/07/2008
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Buenos Aires
El gobierno porteño impulsa un proyecto para concesionar áreas de los parques públicos. Cerrada resistencia de los vecinos.
Las plazas y los parques de la ciudad de Buenos Aires podrán ser concesionados para albergar bares, restaurantes, gimnasios, librerías, salas de lectura y otros emprendimientos si prospera un proyecto que está en debate en la Comisión de Uso y Protección del Espacio Público de la Legislatura porteña y que cuenta con el aval del jefe de Gobierno Mauricio Macri.
El proyecto fue presentado a principios de año por la diputada macrista Silvia Majdalani, presidenta de la comisión y principal destinataria de las duras críticas que formularon una veintena de organizaciones vecinales de Palermo, Barrio Norte, La Boca, Barracas, Plaza Italia, Pacífico, Colegiales, Caballito y Parque Centenario. Los vecinos, convocados por la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos (APEVU), se reunieron ayer en la Legislatura y acordaron conformar una red que se encargará de "repudiar la iniciativa y denunciar los avances contra el espacio público en cada barrio". Sus miembros se han propuesto repartir en todos los barrios y a cada uno de los legisladores porteños una carta abierta dirigida a Majdalani.
El proyecto procura establecer condiciones que "garanticen la protección ambiental de los espacios verdes públicos", define cuáles son los requisitos para clasificar parques, plazas, bulevares, plazoletas, jardines y paseos, pero su artículo 7 autoriza al Ejecutivo porteño a "concesionar servicios en 39 espacios verdes públicos". Si bien la lista no ha sido revelada, Majdalani anticipó a Crítica de la Argentina que "estamos analizando hacerlo en todas las plazas y parques de la ciudad, para concesionar no más del 15 o 20% de su superficie, aunque en algunos casos podría ser más", reconoció.
Según la diputada, el espíritu de la norma "no tiene nada que ver con un espíritu comercial", aunque en todo momento habló de usuarios y no de ciudadanos. Para la legisladora PRO la clave es la inseguridad. "Las plazas son un desastre, la gente corre peligros en las plazas, y si ponemos concesiones vamos a lograr una mayor presencia privada, donde el concesionario se va a comprometer a dar más seguridad", explicó la titular de la comisión.
"Dará un muy buen servicio al usuario y el canon que paguen los concesionarios será reglamentado por el Ejecutivo porteño, encabezado por Macri", dijo Majdalani. La legisladora asumió que quienes quieran presentarse para acceder a una concesión "van a preferir los espacios donde pasa más gente".
Los miembros de APEVU le dijeron a la diputada que propone "volver a un plan nefasto como el que padecimos desde 1990 a 1993, cuando el ex intendente Carlos Grosso trató de entregar discriminadamente nuestros preciosos espacios verdes", algo que fue impedido por la ordenanza municipal 46.229, justo la norma que el nuevo proyecto busca derogar. La pelea recién comienza y será uno de los debates de los próximos meses.
Fecha de Publicación: 17/07/2008
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Buenos Aires
El gobierno porteño impulsa un proyecto para concesionar áreas de los parques públicos. Cerrada resistencia de los vecinos.
Las plazas y los parques de la ciudad de Buenos Aires podrán ser concesionados para albergar bares, restaurantes, gimnasios, librerías, salas de lectura y otros emprendimientos si prospera un proyecto que está en debate en la Comisión de Uso y Protección del Espacio Público de la Legislatura porteña y que cuenta con el aval del jefe de Gobierno Mauricio Macri.
El proyecto fue presentado a principios de año por la diputada macrista Silvia Majdalani, presidenta de la comisión y principal destinataria de las duras críticas que formularon una veintena de organizaciones vecinales de Palermo, Barrio Norte, La Boca, Barracas, Plaza Italia, Pacífico, Colegiales, Caballito y Parque Centenario. Los vecinos, convocados por la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos (APEVU), se reunieron ayer en la Legislatura y acordaron conformar una red que se encargará de "repudiar la iniciativa y denunciar los avances contra el espacio público en cada barrio". Sus miembros se han propuesto repartir en todos los barrios y a cada uno de los legisladores porteños una carta abierta dirigida a Majdalani.
El proyecto procura establecer condiciones que "garanticen la protección ambiental de los espacios verdes públicos", define cuáles son los requisitos para clasificar parques, plazas, bulevares, plazoletas, jardines y paseos, pero su artículo 7 autoriza al Ejecutivo porteño a "concesionar servicios en 39 espacios verdes públicos". Si bien la lista no ha sido revelada, Majdalani anticipó a Crítica de la Argentina que "estamos analizando hacerlo en todas las plazas y parques de la ciudad, para concesionar no más del 15 o 20% de su superficie, aunque en algunos casos podría ser más", reconoció.
Según la diputada, el espíritu de la norma "no tiene nada que ver con un espíritu comercial", aunque en todo momento habló de usuarios y no de ciudadanos. Para la legisladora PRO la clave es la inseguridad. "Las plazas son un desastre, la gente corre peligros en las plazas, y si ponemos concesiones vamos a lograr una mayor presencia privada, donde el concesionario se va a comprometer a dar más seguridad", explicó la titular de la comisión.
"Dará un muy buen servicio al usuario y el canon que paguen los concesionarios será reglamentado por el Ejecutivo porteño, encabezado por Macri", dijo Majdalani. La legisladora asumió que quienes quieran presentarse para acceder a una concesión "van a preferir los espacios donde pasa más gente".
Los miembros de APEVU le dijeron a la diputada que propone "volver a un plan nefasto como el que padecimos desde 1990 a 1993, cuando el ex intendente Carlos Grosso trató de entregar discriminadamente nuestros preciosos espacios verdes", algo que fue impedido por la ordenanza municipal 46.229, justo la norma que el nuevo proyecto busca derogar. La pelea recién comienza y será uno de los debates de los próximos meses.
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Restringen navegación militar en Chubut
Restringen navegación militar en Chubut para proteger a las ballenas francas australes
Fecha de Publicación: 17/07/2008
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Chubut
La secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación expresó hoy su satisfacción por la resolución de la ministra de Defensa, Nilda Garré, que “restringe al mínimo nivel posible toda actividad militar naval de la Armada Argentina en las aguas de los golfos Nuevo y San José durante el período estacional de presencia de ballenas”.
La titular de la cartera de Defensa suscribió la resolución administrativa en su despacho, al que concurrieron la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti; el presidente del directorio de Parques Nacionales, Héctor Espina y el almirante Jorge Godoy, Jefe del Estado Mayor General de la Armada.
El acto administrativo fue dictado a solicitud de la cartera ambiental y de Parques Nacionales, en virtud de que, por imperio de la Ley Nacional 23.094, la ballena franca austral fue oportunamente declarada “Monumento Natural”.
Garré había solicitado la opinión de la secretaría de Ambiente y de Parques Nacionales acerca de “la potencial afectación de los recursos naturales por la actividad militar en el área”, en el marco de las competencias que derivan de las Leyes Nacionales 22.351 de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, y 25.675, la denominada General del Ambiente.
La resolución lleva el número 577, y ordenó “restringir la actividad naval militar al mínimo nivel posible conforme los requerimientos de la Defensa Nacional en los Golfos Nuevo y San José”, Puerto Madryn, en la provincia del Chubut, durante los meses de “junio a diciembre de cada año, a afectos de contribuir a la protección de la ballena franca austral”.
La medida rige para los muelles “Almirante Storni”, “Piedrabuena”, “Punta Ninfas” y “Morro Nuevo”, mientras que la Armada Argentina elevará a la secretaría de Asuntos Militares para su aprobación un Plan Especial de Acceso y la programación de ingresos y egresos de sus buques a los muelles antes citados.
La cartera de Defensa dictó la resolución tras el accidente registrado el domingo último en Puerto Madryn, cuando una ballena fue alcanzada por las hélices del destructor ARA Heroína cuando éste zarpaba del Muelle “Piedrabuena”, provocándole su muerte.
Fecha de Publicación: 17/07/2008
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Chubut
La secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación expresó hoy su satisfacción por la resolución de la ministra de Defensa, Nilda Garré, que “restringe al mínimo nivel posible toda actividad militar naval de la Armada Argentina en las aguas de los golfos Nuevo y San José durante el período estacional de presencia de ballenas”.
La titular de la cartera de Defensa suscribió la resolución administrativa en su despacho, al que concurrieron la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti; el presidente del directorio de Parques Nacionales, Héctor Espina y el almirante Jorge Godoy, Jefe del Estado Mayor General de la Armada.
El acto administrativo fue dictado a solicitud de la cartera ambiental y de Parques Nacionales, en virtud de que, por imperio de la Ley Nacional 23.094, la ballena franca austral fue oportunamente declarada “Monumento Natural”.
Garré había solicitado la opinión de la secretaría de Ambiente y de Parques Nacionales acerca de “la potencial afectación de los recursos naturales por la actividad militar en el área”, en el marco de las competencias que derivan de las Leyes Nacionales 22.351 de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, y 25.675, la denominada General del Ambiente.
La resolución lleva el número 577, y ordenó “restringir la actividad naval militar al mínimo nivel posible conforme los requerimientos de la Defensa Nacional en los Golfos Nuevo y San José”, Puerto Madryn, en la provincia del Chubut, durante los meses de “junio a diciembre de cada año, a afectos de contribuir a la protección de la ballena franca austral”.
La medida rige para los muelles “Almirante Storni”, “Piedrabuena”, “Punta Ninfas” y “Morro Nuevo”, mientras que la Armada Argentina elevará a la secretaría de Asuntos Militares para su aprobación un Plan Especial de Acceso y la programación de ingresos y egresos de sus buques a los muelles antes citados.
La cartera de Defensa dictó la resolución tras el accidente registrado el domingo último en Puerto Madryn, cuando una ballena fue alcanzada por las hélices del destructor ARA Heroína cuando éste zarpaba del Muelle “Piedrabuena”, provocándole su muerte.
Los Esteros del Iberá, convertidos en arroz
Los Esteros del Iberá, convertidos en arroz
Fecha de Publicación: 16/07/2008
Fuente: Proteger
Provincia/Región: Corrientes
• Las empresas agropecuarias de José Aranda y George Soros inundarían 8.000 hectáreas de reservas naturales en la provincia de Corrientes para cultivar arroz.
• Según denuncian organizaciones ambientalistas, lo harán violando leyes nacionales y provinciales.
• El gobierno correntino aún no aprobó el plan de obras. El grupo empresario se defendió: “actuaremos dentro de la normativa legal vigente”.
“Represa Ayui Grande” es el emprendimiento arrocero privado más importante del Mercosur, que producirá 120 mil toneladas anuales de granos. Así lo anuncian Copra S.A., cuyo titular es el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y Adecoagro, perteneciente al financista húngaro George Soros, ambos integrantes de la UTE que encabeza la iniciativa. El proyecto contempla una inversión de 55 millones de dólares y la construcción de una represa sobre el río Ayuí, en la localidad correntina de Mercedes, con la que crearán un lago artificial destinado a regar las 18.000 hectáreas de plantaciones.
Las organizaciones ambientalistas consideran “ilegal” que un grupo privado “se adueñe de un río para hacerlo desaparecer junto a sus bosques y sus especies animales y vegetales”. Voceros del grupo empresario aseguraron que “los ecologistas se oponen sin fundamento”. La iniciativa ya fue presentada oficialmente y aguarda los dictámenes provinciales que la autoricen.
Expandir la producción arrocera es el objetivo principal de la Unión Transitoria de Empresas “Represa Ayuí Grande”, que conforman Copra S.A., Pilagá S.A. (del grupo Adeco) y Tupantuva S.A. Según el suplemento Rural del diario Clarín, “el proyecto tendrá una capacidad de elaboración de 120.000 toneladas anuales prioritariamente de arroz, pero incluirá otros granos, como maíz, soja, sorgo y trigo”. El epicentro operativo es la localidad correntina de Mercedes.
“Proyectamos sembrar 18.000 hectáreas en el término de un año y medio y generar unos 1.400 nuevos puestos de trabajo”, explicó el contador Ricardo Freire, administrador general de Copra a Crítica de la Argentina.
La iniciativa no es nueva. “Hubo intentos de llevar adelante el plan a fines de los noventa, pero la debacle de 2001 nos obligó a desistir en aquella oportunidad”, relató Freire. “Pero el año pasado tomamos la fuerte decisión de terminarlo y presentarlo a las autoridades’, explicó José Aranda en declaraciones al matutino del grupo económico que preside.
A mediados de mayo, el gobernador correntino, Arturo Colombi, recibió a los empresarios –encabezados por Aranda– quienes le entregaron un informe de 2.000 páginas donde se detallaban “aspectos técnicos y estudios de impacto ambiental y social que demuestran la viabilidad de la iniciativa”, explicó Freire.
La posición de Colombi no se hizo esperar. En conferencia de prensa realizada a la salida del encuentro, el mandatario provincial afirmó: “saludamos, acompañamos y felicitamos a este emprendimiento del sector privado que ayudará a solucionar cuestiones sociales y da esperanzas de crecimiento a la provincia”.
Los principales cuestionamientos provienen de organizaciones ecologistas de la región y especialistas en medio ambiente. “Quieren crear un lago artificial doce veces más grande que el casco urbano de Mercedes, atravesando con un paredón el río Ayuí e inundando su lecho completo en un tramo de treinta kilómetros de costas”, explicó el biólogo Aníbal Parera, ex titular de la Fundación Vida Silvestre radicado en Mercedes.
Para Enrique Lacour, presidente de la Fundación Iberá, esta situación quiebra el estado de derecho. “Nadie puede hacer desaparecer un arroyo y sus costas, sus bosques y el territorio de su periferia en semejante superficie, para ampliar sus márgenes productivos o su renta”, opinó el ambientalista.
El estudio de impacto ambiental realizado por las empresas reconoce la existencia de 391 hectáreas de bosques que desaparecerían bajo las aguas del embalse artificial. Para Pedro Healy, integrante de la Fundación, “la provincia debe desarrollar su plan de ordenamiento de bosques –según lo establece la Ley Nacional 26.331, vigente desde enero– por lo que resulta insólito que se anuncie la realización de proyectos que afecten las especies protegidas, incluso por las leyes provinciales”. Dos de las cuatro especies declaradas “monumento natural provincial de Corrientes” viven en el área que se pretende afectar: el lobito de río y el ciervo de los pantanos.
Para los expertos, la represa –que estará ubicada a 47 kilómetros de la reserva natural Esteros del Iberá– puede provocar daños que trascienden las fronteras correntinas.
“Este lago artificial recibirá los efluentes químicos de la gigantesca superficie de plantíos y el destino de la cuenca del río Miriñay –que desagua en el Uruguay– podría quedar comprometido, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también productivo, pues la cantidad y calidad de aguas disponibles cuenca abajo no serían las mismas”, explicó Parera. Y agregó: “un emprendimiento privado, con fines lucrativos, no puede adueñarse de algo tan público como un río para hacerlo desaparecer junto a sus bosques y especies animales y vegetales”.
QUÉ DICE LA EMPRESA. Crítica de la Argentina dialogó telefónicamente con el contador Ricardo Freire, administrador general de Copra S.A. y mano derecha de Aranda en sus emprendimientos agropecuarios del Litoral.
“Es la primer represa privada compartida que se lleva adelante para un emprendimiento de estas características”, explicó Freire. Y resaltó la importancia de la producción arrocera en la zona: “es estratégica para la alimentación mundial, es el cultivo más antiguo de la humanidad y alimenta a un tercio del planeta”, afirmó. Respecto a las críticas de los ambientalistas, el empresario las minimizó.
“Los ambientalistas tienen obsesión con el arroz porque requiere mucha agua para su cultivo, pero las supuestas afectaciones que se denuncian no tienen ningún sustento”.
Sobre los cuestionamientos sobre la legalidad del emprendimiento, Freire fue cauteloso. “Gestionamos el permiso para construir la represa y hemos presentado los estudios para lograr las autorizaciones de los organismos de control, pero nosotros no nos vamos a apropiar de un río, sino que obtendremos la concesión de las aguas para su aprovechamiento”, finalizó.
Fecha de Publicación: 16/07/2008
Fuente: Proteger
Provincia/Región: Corrientes
• Las empresas agropecuarias de José Aranda y George Soros inundarían 8.000 hectáreas de reservas naturales en la provincia de Corrientes para cultivar arroz.
• Según denuncian organizaciones ambientalistas, lo harán violando leyes nacionales y provinciales.
• El gobierno correntino aún no aprobó el plan de obras. El grupo empresario se defendió: “actuaremos dentro de la normativa legal vigente”.
“Represa Ayui Grande” es el emprendimiento arrocero privado más importante del Mercosur, que producirá 120 mil toneladas anuales de granos. Así lo anuncian Copra S.A., cuyo titular es el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y Adecoagro, perteneciente al financista húngaro George Soros, ambos integrantes de la UTE que encabeza la iniciativa. El proyecto contempla una inversión de 55 millones de dólares y la construcción de una represa sobre el río Ayuí, en la localidad correntina de Mercedes, con la que crearán un lago artificial destinado a regar las 18.000 hectáreas de plantaciones.
Las organizaciones ambientalistas consideran “ilegal” que un grupo privado “se adueñe de un río para hacerlo desaparecer junto a sus bosques y sus especies animales y vegetales”. Voceros del grupo empresario aseguraron que “los ecologistas se oponen sin fundamento”. La iniciativa ya fue presentada oficialmente y aguarda los dictámenes provinciales que la autoricen.
Expandir la producción arrocera es el objetivo principal de la Unión Transitoria de Empresas “Represa Ayuí Grande”, que conforman Copra S.A., Pilagá S.A. (del grupo Adeco) y Tupantuva S.A. Según el suplemento Rural del diario Clarín, “el proyecto tendrá una capacidad de elaboración de 120.000 toneladas anuales prioritariamente de arroz, pero incluirá otros granos, como maíz, soja, sorgo y trigo”. El epicentro operativo es la localidad correntina de Mercedes.
“Proyectamos sembrar 18.000 hectáreas en el término de un año y medio y generar unos 1.400 nuevos puestos de trabajo”, explicó el contador Ricardo Freire, administrador general de Copra a Crítica de la Argentina.
La iniciativa no es nueva. “Hubo intentos de llevar adelante el plan a fines de los noventa, pero la debacle de 2001 nos obligó a desistir en aquella oportunidad”, relató Freire. “Pero el año pasado tomamos la fuerte decisión de terminarlo y presentarlo a las autoridades’, explicó José Aranda en declaraciones al matutino del grupo económico que preside.
A mediados de mayo, el gobernador correntino, Arturo Colombi, recibió a los empresarios –encabezados por Aranda– quienes le entregaron un informe de 2.000 páginas donde se detallaban “aspectos técnicos y estudios de impacto ambiental y social que demuestran la viabilidad de la iniciativa”, explicó Freire.
La posición de Colombi no se hizo esperar. En conferencia de prensa realizada a la salida del encuentro, el mandatario provincial afirmó: “saludamos, acompañamos y felicitamos a este emprendimiento del sector privado que ayudará a solucionar cuestiones sociales y da esperanzas de crecimiento a la provincia”.
Los principales cuestionamientos provienen de organizaciones ecologistas de la región y especialistas en medio ambiente. “Quieren crear un lago artificial doce veces más grande que el casco urbano de Mercedes, atravesando con un paredón el río Ayuí e inundando su lecho completo en un tramo de treinta kilómetros de costas”, explicó el biólogo Aníbal Parera, ex titular de la Fundación Vida Silvestre radicado en Mercedes.
Para Enrique Lacour, presidente de la Fundación Iberá, esta situación quiebra el estado de derecho. “Nadie puede hacer desaparecer un arroyo y sus costas, sus bosques y el territorio de su periferia en semejante superficie, para ampliar sus márgenes productivos o su renta”, opinó el ambientalista.
El estudio de impacto ambiental realizado por las empresas reconoce la existencia de 391 hectáreas de bosques que desaparecerían bajo las aguas del embalse artificial. Para Pedro Healy, integrante de la Fundación, “la provincia debe desarrollar su plan de ordenamiento de bosques –según lo establece la Ley Nacional 26.331, vigente desde enero– por lo que resulta insólito que se anuncie la realización de proyectos que afecten las especies protegidas, incluso por las leyes provinciales”. Dos de las cuatro especies declaradas “monumento natural provincial de Corrientes” viven en el área que se pretende afectar: el lobito de río y el ciervo de los pantanos.
Para los expertos, la represa –que estará ubicada a 47 kilómetros de la reserva natural Esteros del Iberá– puede provocar daños que trascienden las fronteras correntinas.
“Este lago artificial recibirá los efluentes químicos de la gigantesca superficie de plantíos y el destino de la cuenca del río Miriñay –que desagua en el Uruguay– podría quedar comprometido, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también productivo, pues la cantidad y calidad de aguas disponibles cuenca abajo no serían las mismas”, explicó Parera. Y agregó: “un emprendimiento privado, con fines lucrativos, no puede adueñarse de algo tan público como un río para hacerlo desaparecer junto a sus bosques y especies animales y vegetales”.
QUÉ DICE LA EMPRESA. Crítica de la Argentina dialogó telefónicamente con el contador Ricardo Freire, administrador general de Copra S.A. y mano derecha de Aranda en sus emprendimientos agropecuarios del Litoral.
“Es la primer represa privada compartida que se lleva adelante para un emprendimiento de estas características”, explicó Freire. Y resaltó la importancia de la producción arrocera en la zona: “es estratégica para la alimentación mundial, es el cultivo más antiguo de la humanidad y alimenta a un tercio del planeta”, afirmó. Respecto a las críticas de los ambientalistas, el empresario las minimizó.
“Los ambientalistas tienen obsesión con el arroz porque requiere mucha agua para su cultivo, pero las supuestas afectaciones que se denuncian no tienen ningún sustento”.
Sobre los cuestionamientos sobre la legalidad del emprendimiento, Freire fue cauteloso. “Gestionamos el permiso para construir la represa y hemos presentado los estudios para lograr las autorizaciones de los organismos de control, pero nosotros no nos vamos a apropiar de un río, sino que obtendremos la concesión de las aguas para su aprovechamiento”, finalizó.
Buenos Aires prohibe los termómetros
Buenos Aires prohibe los termómetros
Fecha de Publicación: 15/07/2008
Fuente: ADN Mundo
Provincia/Región: Buenos Aires
Buenos Aires avanza en eliminar por completo el mercurio del sistema de salud pública. De este modo, se preserva el medio ambiente y la salud de millones de habitantes.
En adhesión a la campaña que promueve la coalición Salud Sin Daño en la Argentina, la ciudad de Buenos Aires eliminó los clásicos termómetros de mercurio de los inventarios de compra de los hospitales públicos. Esto significa que en la actualidad, en la mayor parte de los hospitales ya seuna vez que se acabe el stock actual, el sistema de salud de la Ciudad los habrá suprimido por completo utilizan termómetros digitales.
La medida obedece a la necesidad de evitar las emisiones del mercurio al medio ambiente. También se están cambiando progresivamente los tensiómetros con mercurio por otros llamados aneroides. Salud sin Daño participó activamente en las capacitaciones a los trabajadores de los hospitales porteños y a través de la donación de más de seis mil termómetros digitales.
La eliminación del uso de mercurio por parte del sector salud representa una significativa reducción de un riesgo tóxico para los trabajadores y para la comunidad en general. El diagnóstico de situación que elaboró la Coordinación de Salud Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) en 2006 reveló que los hospitales del sistema estaban emitiendo al medio ambiente alrededor de 40 kilos de mercurio al año.
En julio de 2006, el entonces Ministro de Salud, doctor Alberto de Micheli, firmó la Carta de Intención de Eliminación del Mercurio, con el objetivo de transformar a los hospitales en promotores del cuidado del medio ambiente y disminuir los riesgos laborales del personal que trabaja en ellos.
“Gracias a esta campaña y al trabajo de la Coordinación de Salud Ambiental del GCBA, el sistema público de salud porteño es el primero de estas dimensiones en América Latina en haber reemplazado los termómetros de mercurio para medir la fiebre por alternativas ambientalmente más amigables y más seguras”, afirmó Verónica Odriozola, Coordinadora de la Coalición Salud sin Daño.
“Esperemos que esta medida sea sostenida y se refleje en otras mejoras en el sistema que contribuyan a promover un sector salud que proteja el medio ambiente y la salud pública”.
Cuando se rompen los termómetros y tensiómetros, lo que ocurre con una frecuencia sorprendente, se emite al medio ambiente el mercurio que contienen. El mercurio es un metal pesado tóxico que se evapora a temperatura ambiente y sus residuos contribuyen a aumentar la carga global de mercurio en el planeta. De este modo, paradójicamente, el sector salud se convierte en una fuente de contaminación y riesgo sanitario.
Fecha de Publicación: 15/07/2008
Fuente: ADN Mundo
Provincia/Región: Buenos Aires
Buenos Aires avanza en eliminar por completo el mercurio del sistema de salud pública. De este modo, se preserva el medio ambiente y la salud de millones de habitantes.
En adhesión a la campaña que promueve la coalición Salud Sin Daño en la Argentina, la ciudad de Buenos Aires eliminó los clásicos termómetros de mercurio de los inventarios de compra de los hospitales públicos. Esto significa que en la actualidad, en la mayor parte de los hospitales ya seuna vez que se acabe el stock actual, el sistema de salud de la Ciudad los habrá suprimido por completo utilizan termómetros digitales.
La medida obedece a la necesidad de evitar las emisiones del mercurio al medio ambiente. También se están cambiando progresivamente los tensiómetros con mercurio por otros llamados aneroides. Salud sin Daño participó activamente en las capacitaciones a los trabajadores de los hospitales porteños y a través de la donación de más de seis mil termómetros digitales.
La eliminación del uso de mercurio por parte del sector salud representa una significativa reducción de un riesgo tóxico para los trabajadores y para la comunidad en general. El diagnóstico de situación que elaboró la Coordinación de Salud Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) en 2006 reveló que los hospitales del sistema estaban emitiendo al medio ambiente alrededor de 40 kilos de mercurio al año.
En julio de 2006, el entonces Ministro de Salud, doctor Alberto de Micheli, firmó la Carta de Intención de Eliminación del Mercurio, con el objetivo de transformar a los hospitales en promotores del cuidado del medio ambiente y disminuir los riesgos laborales del personal que trabaja en ellos.
“Gracias a esta campaña y al trabajo de la Coordinación de Salud Ambiental del GCBA, el sistema público de salud porteño es el primero de estas dimensiones en América Latina en haber reemplazado los termómetros de mercurio para medir la fiebre por alternativas ambientalmente más amigables y más seguras”, afirmó Verónica Odriozola, Coordinadora de la Coalición Salud sin Daño.
“Esperemos que esta medida sea sostenida y se refleje en otras mejoras en el sistema que contribuyan a promover un sector salud que proteja el medio ambiente y la salud pública”.
Cuando se rompen los termómetros y tensiómetros, lo que ocurre con una frecuencia sorprendente, se emite al medio ambiente el mercurio que contienen. El mercurio es un metal pesado tóxico que se evapora a temperatura ambiente y sus residuos contribuyen a aumentar la carga global de mercurio en el planeta. De este modo, paradójicamente, el sector salud se convierte en una fuente de contaminación y riesgo sanitario.
Nuevas quejas contra una papelera
Nuevas quejas contra una papelera
Fecha de Publicación: 15/07/2008
Fuente: El Sol De Quilmes
Provincia/Región: Buenos Aires
Los vecinos aledaños a la papelera Smurfit-Kappa de Bernal volvieron a denunciar a la industria, ya que aseguran que luego de estar más de una semana en calma, ayer al mediodía volvieron las vibraciones sonoras a su plenitud.
Las denuncias vecinales son constantes desde hace varios años. Incluso, a principios de julio una comisión del INTI y la Provincia de Buenos Aires llegó al barrio para realizar mediciones sonoras, pero los resultados aún no han sido informados a la gente del barrio.
"Hasta el domingo se parecía a un barrio normal", dijo Fernanda, para narrar la situación que se vivía allí, hasta que ayer los ruidos intensos volvieron tras pasar una semana atípica, sin el zumbido constante que proviene de la máquina 11, que sería la que más problemas causaría al barrio.
Toda esta "extraña" situación, apuntó, comenzó la semana pasada cuando luego de las mediciones realizadas, los motores no se escucharon más, como así tampoco se observó humo de las chimeneas de la fábrica ubicada frente al acceso a la autopista Buenos Aires-La Plata en Bernal.
Fernanda dijo que aún no sabe que pasó y que no hablaron con la gente de la papelera, pero que "todo fue una situación muy rara, porque luego de haber concurrido los especialistas al lugar, ese fin de semana el ruido y el humo fueron más intensos que de costumbre".
Eso motivó los llamados de emergencias a las secretarías correspondientes de la Provincia y la Comuna pero que no obtuvieron una respuesta concreta. "Sin embargo al otro día las máquinas se detuvieron pero ayer, todo volvió a la 'normalidad' y otra vez la molestia es constante".
Fecha de Publicación: 15/07/2008
Fuente: El Sol De Quilmes
Provincia/Región: Buenos Aires
Los vecinos aledaños a la papelera Smurfit-Kappa de Bernal volvieron a denunciar a la industria, ya que aseguran que luego de estar más de una semana en calma, ayer al mediodía volvieron las vibraciones sonoras a su plenitud.
Las denuncias vecinales son constantes desde hace varios años. Incluso, a principios de julio una comisión del INTI y la Provincia de Buenos Aires llegó al barrio para realizar mediciones sonoras, pero los resultados aún no han sido informados a la gente del barrio.
"Hasta el domingo se parecía a un barrio normal", dijo Fernanda, para narrar la situación que se vivía allí, hasta que ayer los ruidos intensos volvieron tras pasar una semana atípica, sin el zumbido constante que proviene de la máquina 11, que sería la que más problemas causaría al barrio.
Toda esta "extraña" situación, apuntó, comenzó la semana pasada cuando luego de las mediciones realizadas, los motores no se escucharon más, como así tampoco se observó humo de las chimeneas de la fábrica ubicada frente al acceso a la autopista Buenos Aires-La Plata en Bernal.
Fernanda dijo que aún no sabe que pasó y que no hablaron con la gente de la papelera, pero que "todo fue una situación muy rara, porque luego de haber concurrido los especialistas al lugar, ese fin de semana el ruido y el humo fueron más intensos que de costumbre".
Eso motivó los llamados de emergencias a las secretarías correspondientes de la Provincia y la Comuna pero que no obtuvieron una respuesta concreta. "Sin embargo al otro día las máquinas se detuvieron pero ayer, todo volvió a la 'normalidad' y otra vez la molestia es constante".
Analizarán situación ambiental del Chaco
Picolotti analizará con Capitanich situación ambiental del Chaco
Fecha de Publicación: 14/07/2008
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Chaco
La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación , Romina Picolotti, y el Gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, firmarán mañana un convenio de colaboración para fomentar la protección ambiental, la conservación de la tierra, el aire, el agua y las zonas especiales, de acuerdo a la problemática de la provincia y mediante diferentes estrategias.
La funcionaria nacional arribará a la sede del Ejecutivo chaqueño a las 13.30, donde junto al Gobernador Capitanich escuchará un informe que el ministro de Insfraestructura y Ambiente, Omar Judis, brindará acerca de las acciones de control ambiental que se llevan adelante en territorio de la provincia norteña.
El acuerdo que suscribirán los funcionarios apuntará a desarrollar en forma conjunta acciones tendientes al ordenamiento ambiental del territorio de la provincia; a gestionar sosteniblemente sus recursos naturales; al control de las actividades contaminantes y/ o susceptibles de causar impactos negativos en el ambiente o alguno de sus componentes; a la gestión de los residuos sólidos urbanos y al desarrollo de programas de producción limpia y de educación ambiental.
Fecha de Publicación: 14/07/2008
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Chaco
La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación , Romina Picolotti, y el Gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, firmarán mañana un convenio de colaboración para fomentar la protección ambiental, la conservación de la tierra, el aire, el agua y las zonas especiales, de acuerdo a la problemática de la provincia y mediante diferentes estrategias.
La funcionaria nacional arribará a la sede del Ejecutivo chaqueño a las 13.30, donde junto al Gobernador Capitanich escuchará un informe que el ministro de Insfraestructura y Ambiente, Omar Judis, brindará acerca de las acciones de control ambiental que se llevan adelante en territorio de la provincia norteña.
El acuerdo que suscribirán los funcionarios apuntará a desarrollar en forma conjunta acciones tendientes al ordenamiento ambiental del territorio de la provincia; a gestionar sosteniblemente sus recursos naturales; al control de las actividades contaminantes y/ o susceptibles de causar impactos negativos en el ambiente o alguno de sus componentes; a la gestión de los residuos sólidos urbanos y al desarrollo de programas de producción limpia y de educación ambiental.
Interminable polémica con papeleras
Interminable polémica con papeleras
Fecha de Publicación: 13/07/2008
Fuente: La Opinión (Rafaela)
Provincia/Región: Misiones
La provincia de Misiones aprobó la "insalubridad laboral" en las industrias de celulosa, pero el debate más fuerte continúa siendo el que denuncia la contaminación medioambiental producida por estas fábricas.
La contaminación del medioambiente por parte de las industrias de celulosa tomó revuelo en los últimos años cuando ciudadanos entrerrianos abrieron una intensa lucha contra el gobierno uruguayo que autorizó la instalación de dos plantas de celulosa sobre la costa del Río Uruguay.
En la Argentina hay unas treinta papeleras que, según especialistas, tienen índices de contaminación más elevados que Botnia -la celulosa finlandesa instalada en Uruguay- debido a la utilización de tecnologías más antiguas para la "purificación" de los desechos eliminados al aire y los ríos.
Estas industrias son altamente cuestionadas porque utilizan grandes extensiones de bosques y extraordinarios volúmenes de aguas, además de las constantes emanaciones de gases tóxicos al aire.
Las once principales papeleras argentinas son: Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray y Papel Misionero, en Misiones; Celulosa Campana SA, en Buenos Aires, Papel Prensa y Massuh, en Provincia de Buenos Aires; Productos Pulpa Moldeada, en Río Negro; Papelera del Tucumán; Papelera del NOA y Ledesma, en Jujuy; y Celulosa Argentina, en Santa Fe.
El conjunto de empresas del sector produce en el país unas 900 mil toneladas de celulosa al año con diversas tecnologías y materias primas, y las más grandes y cuestionadas están sobre el río Paraná, en la región noreste.
Según organizaciones protectoras del medioambiente, como Greenpeace, las más conflictivas son Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray, Celulosa Argentina, Ledesma y Papelera del Tucumán, por sus elevados índices de contaminación debido a la utilización de cloro elemental, la tecnología de blanqueo más contaminante.
Esta última pastera protagoniza el único caso en donde cabe anotar una clara victoria de las organizaciones ambientalistas en la lucha por preservar el medio ambiente, ya que la Cámara Federal de Tucumán dispuso el procesamiento de los directivos de esa empresa.
Los directivos están procesados penalmente por la Justicia Tucumana por contaminación de aguas y destrucción de especies autóctonas con efectos perjudiciales para la agricultura y la salud de las personas.
De todas maneras, el problema de la contaminación no se reduce sólo a la tecnología empleada sino que las organizaciones ambientalistas afirman que antes de que haya empezado a funcionar la primera máquina, ya comienza el desastre ambiental.
Según las denuncias acumuladas hasta la actualidad, los problemas son causados por las plantaciones de pinos foráneos -como ocurre en Misiones- o las enfermedades provocadas por el bagazo usado como materia prima -como se acusa en Jujuy-.
Esas plantaciones, según señalan, producen la eliminación directa de miles de especies animales y vegetales que "son arrasadas para que se incremente la producción de materias primas para celulosas".
Fecha de Publicación: 13/07/2008
Fuente: La Opinión (Rafaela)
Provincia/Región: Misiones
La provincia de Misiones aprobó la "insalubridad laboral" en las industrias de celulosa, pero el debate más fuerte continúa siendo el que denuncia la contaminación medioambiental producida por estas fábricas.
La contaminación del medioambiente por parte de las industrias de celulosa tomó revuelo en los últimos años cuando ciudadanos entrerrianos abrieron una intensa lucha contra el gobierno uruguayo que autorizó la instalación de dos plantas de celulosa sobre la costa del Río Uruguay.
En la Argentina hay unas treinta papeleras que, según especialistas, tienen índices de contaminación más elevados que Botnia -la celulosa finlandesa instalada en Uruguay- debido a la utilización de tecnologías más antiguas para la "purificación" de los desechos eliminados al aire y los ríos.
Estas industrias son altamente cuestionadas porque utilizan grandes extensiones de bosques y extraordinarios volúmenes de aguas, además de las constantes emanaciones de gases tóxicos al aire.
Las once principales papeleras argentinas son: Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray y Papel Misionero, en Misiones; Celulosa Campana SA, en Buenos Aires, Papel Prensa y Massuh, en Provincia de Buenos Aires; Productos Pulpa Moldeada, en Río Negro; Papelera del Tucumán; Papelera del NOA y Ledesma, en Jujuy; y Celulosa Argentina, en Santa Fe.
El conjunto de empresas del sector produce en el país unas 900 mil toneladas de celulosa al año con diversas tecnologías y materias primas, y las más grandes y cuestionadas están sobre el río Paraná, en la región noreste.
Según organizaciones protectoras del medioambiente, como Greenpeace, las más conflictivas son Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray, Celulosa Argentina, Ledesma y Papelera del Tucumán, por sus elevados índices de contaminación debido a la utilización de cloro elemental, la tecnología de blanqueo más contaminante.
Esta última pastera protagoniza el único caso en donde cabe anotar una clara victoria de las organizaciones ambientalistas en la lucha por preservar el medio ambiente, ya que la Cámara Federal de Tucumán dispuso el procesamiento de los directivos de esa empresa.
Los directivos están procesados penalmente por la Justicia Tucumana por contaminación de aguas y destrucción de especies autóctonas con efectos perjudiciales para la agricultura y la salud de las personas.
De todas maneras, el problema de la contaminación no se reduce sólo a la tecnología empleada sino que las organizaciones ambientalistas afirman que antes de que haya empezado a funcionar la primera máquina, ya comienza el desastre ambiental.
Según las denuncias acumuladas hasta la actualidad, los problemas son causados por las plantaciones de pinos foráneos -como ocurre en Misiones- o las enfermedades provocadas por el bagazo usado como materia prima -como se acusa en Jujuy-.
Esas plantaciones, según señalan, producen la eliminación directa de miles de especies animales y vegetales que "son arrasadas para que se incremente la producción de materias primas para celulosas".
Cuestionamientos a la represa del Ayuí
Fuertes cuestionamientos a la represa del Ayuí, cerca de Iberá
Fecha de Publicación: 11/07/2008
Fuente: Proteger
Provincia/Región: Corrientes
Los recientes anuncios acerca de un gran proyecto agrícola en el área de la cuenca del Arroyo Ayuí en el Departamento Mercedes de la provincia de Corrientes (1), deben ser cuidadosamente analizados por la opinión pública, antes de festejar lo que a primeras luces sería una iniciativa de desarrollo local generadora de empleo y nuevas inversiones.
Impulsado por dos empresas líderes del sector (Copra y Adeco) este proyecto anticipa una notable expansión agrícola en un área tradicionalmente ganadera.
Se anuncian la incorporación de unas 28.000 hectáreas de cultivos de arroz y otros cereales, exportaciones millonarias y una cantidad nada despreciable de nuevos puestos de trabajo.
Lo que no se anuncia con la misma intensidad es que para ello proponen interrumpir el flujo natural de un importante curso de agua, eliminando sus bosques de ribera y extensos pastizales, sorteando así derechos fundamentales expresados en la constitución y las normas más elementales.
La propuesta de las empresas consiste en crear un lago artificial de proporciones descomunales. Tan grande como El Palmar de Colón (Entre Ríos), mayor que la cercana y famosa Laguna del Iberá y 12 veces más extenso que el casco urbano de la cercana ciudad de Mercedes. El proyecto consiste en atravesar con un paredón el arroyo mencionado e inundar su lecho completo en un tramo de decenas de kilómetros de costas.
La escena de la fotografía quedaría entonces bajo el agua, destruida de manera irreversible. Este reservorio artificial recibiría, a su vez, los efluentes químicos de esta gigantesca superficie de plantíos, y el destino de la cuenca del río Miriñay (receptor final de las aguas que terminan en el río Uruguay), podría quedar severamente comprometido, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también productivo, pues la cantidad y calidad de aguas disponibles cuenca abajo ya no serían las mismas.
Conviene reflexionar que represas y lagos artificiales de estas proporciones –aunque ya severamente cuestionadas en todo el mundo– han sido siempre emprendidos por el Estado y con fines de provisión de electricidad a la población. Obras netamente públicas y en procura del bien común. Pero esta vez se trata de un emprendimiento privado, con lógicos fines lucrativos. Nadie intenta desmeritar la renta privada, muy por el contrario. Pero ella no podría justificar adueñarse de algo tan público como un trozo de la geografía… ¡un río! para simplemente hacerlo desaparecer junto a sus bosques y sus especies animales y vegetales.
Resulta al menos llamativo que las autoridades participen de manera entusiasta del anuncio de un proyecto de estas características, con tono de “lanzamiento”. ¿Habrán advertido que no sólo de puestos de trabajo se trata? A favor de los gobernantes, conviene aquí reducir el hecho de los anuncios a lo que efectivamente ocurrió hasta ahora: las empresas presentaron la documentación, y deben permanecer a la espera de los permisos necesarios.
El proyecto deberá entonces pasar por muchas instancias previas, incluyendo una audiencia pública donde las evaluaciones ambientales sean sometidas a la opinión popular. Tal vez ni siquiera llegar a eso, ya que este parece ser un ejemplo de lo que “no se puede hacer”, mucho más que un caso que admite evaluar su impacto ambiental.
Si las autoridades dejaran pasar esto, y si las empresas –advertidas de una situación que podría devenir en importante reacción en el terreno jurídico y cívico– insistieran en destruir el curso del Ayuí para dar lugar a su proyecto productivo el precedente sería desafortunado.
¿Cuál sería, entonces, el nuevo límite? ¿Podrían éstas u otras empresas, con suficiente respaldo económico, levantar un dique para hacer desaparecer nuevos trozos de nuestra geografía? ¿Podría luego ser el turno del Miriñay, el Payubre, el Aguapey o el Corriente? ¿Dependería simplemente de eso?… ¿Del poder económico para hacerlo?
(*) Aníbal Parera es un conocido conservacionista; fue director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
(1) Diario Clarín del Sábado 17 de Mayo 2008, sección Rural, y algunos medios provinciales de Corrientes.
Fecha de Publicación: 11/07/2008
Fuente: Proteger
Provincia/Región: Corrientes
Los recientes anuncios acerca de un gran proyecto agrícola en el área de la cuenca del Arroyo Ayuí en el Departamento Mercedes de la provincia de Corrientes (1), deben ser cuidadosamente analizados por la opinión pública, antes de festejar lo que a primeras luces sería una iniciativa de desarrollo local generadora de empleo y nuevas inversiones.
Impulsado por dos empresas líderes del sector (Copra y Adeco) este proyecto anticipa una notable expansión agrícola en un área tradicionalmente ganadera.
Se anuncian la incorporación de unas 28.000 hectáreas de cultivos de arroz y otros cereales, exportaciones millonarias y una cantidad nada despreciable de nuevos puestos de trabajo.
Lo que no se anuncia con la misma intensidad es que para ello proponen interrumpir el flujo natural de un importante curso de agua, eliminando sus bosques de ribera y extensos pastizales, sorteando así derechos fundamentales expresados en la constitución y las normas más elementales.
La propuesta de las empresas consiste en crear un lago artificial de proporciones descomunales. Tan grande como El Palmar de Colón (Entre Ríos), mayor que la cercana y famosa Laguna del Iberá y 12 veces más extenso que el casco urbano de la cercana ciudad de Mercedes. El proyecto consiste en atravesar con un paredón el arroyo mencionado e inundar su lecho completo en un tramo de decenas de kilómetros de costas.
La escena de la fotografía quedaría entonces bajo el agua, destruida de manera irreversible. Este reservorio artificial recibiría, a su vez, los efluentes químicos de esta gigantesca superficie de plantíos, y el destino de la cuenca del río Miriñay (receptor final de las aguas que terminan en el río Uruguay), podría quedar severamente comprometido, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también productivo, pues la cantidad y calidad de aguas disponibles cuenca abajo ya no serían las mismas.
Conviene reflexionar que represas y lagos artificiales de estas proporciones –aunque ya severamente cuestionadas en todo el mundo– han sido siempre emprendidos por el Estado y con fines de provisión de electricidad a la población. Obras netamente públicas y en procura del bien común. Pero esta vez se trata de un emprendimiento privado, con lógicos fines lucrativos. Nadie intenta desmeritar la renta privada, muy por el contrario. Pero ella no podría justificar adueñarse de algo tan público como un trozo de la geografía… ¡un río! para simplemente hacerlo desaparecer junto a sus bosques y sus especies animales y vegetales.
Resulta al menos llamativo que las autoridades participen de manera entusiasta del anuncio de un proyecto de estas características, con tono de “lanzamiento”. ¿Habrán advertido que no sólo de puestos de trabajo se trata? A favor de los gobernantes, conviene aquí reducir el hecho de los anuncios a lo que efectivamente ocurrió hasta ahora: las empresas presentaron la documentación, y deben permanecer a la espera de los permisos necesarios.
El proyecto deberá entonces pasar por muchas instancias previas, incluyendo una audiencia pública donde las evaluaciones ambientales sean sometidas a la opinión popular. Tal vez ni siquiera llegar a eso, ya que este parece ser un ejemplo de lo que “no se puede hacer”, mucho más que un caso que admite evaluar su impacto ambiental.
Si las autoridades dejaran pasar esto, y si las empresas –advertidas de una situación que podría devenir en importante reacción en el terreno jurídico y cívico– insistieran en destruir el curso del Ayuí para dar lugar a su proyecto productivo el precedente sería desafortunado.
¿Cuál sería, entonces, el nuevo límite? ¿Podrían éstas u otras empresas, con suficiente respaldo económico, levantar un dique para hacer desaparecer nuevos trozos de nuestra geografía? ¿Podría luego ser el turno del Miriñay, el Payubre, el Aguapey o el Corriente? ¿Dependería simplemente de eso?… ¿Del poder económico para hacerlo?
(*) Aníbal Parera es un conocido conservacionista; fue director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
(1) Diario Clarín del Sábado 17 de Mayo 2008, sección Rural, y algunos medios provinciales de Corrientes.
Se formó el Consejo Provincial de Bosques
Se formó el Consejo Provincial de Bosques
Fecha de Publicación: 10/07/2008
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Santiago del Estero
El Ministerio de la Producción Recursos Naturales, Forestación y Tierras ha conformado el Consejo Provincial de Bosques, órgano previsto en la Ley Provincial de Conservación y Usos Múltiples de las Áreas Forestales de la Provincia.
Continuando con la estrategia de construcción colectiva efectuada en dicha ley, el Consejo Provincial de Bosques quedo conformado con representantes de las siguientes instituciones: Facultad de Ingeniería Forestal, Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero; Universidad Católica de Santiago del Estero; INTA; Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura, presidiendo como órgano de aplicación el Ministerio de la Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras.
Las funciones inherentes a dicho Consejo son fundamentalmente: asesorar al organismo de aplicación, auditar los proyectos productivos, dirimir situaciones de conflicto, etc.
Cabe aclarar que si bien la Ley Provincial de Conservación y Usos Múltiples de las Áreas Forestales de la Provincia Nº 6841 establece una zonificacion provincial que fuera realizada con un proceso participativo; a finales del 2007 se promulgo la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos Nº 26.331 que contempla, además de lo ya implementado por la ley provincial, la exigencia de la aprobación de un ordenamiento territorial con una zonificación según determinados criterios en tres categorías de conservación y la suspensión de las autorizaciones de desmonte hasta tanto se dicte tal ordenamiento.
Actualmente, se ha iniciado un proceso participativo para la compatibilización de la zonificación provincial, con las categorías de conservación de la ley nacional nº 26331, proceso este, que se prevé, finalizará hacia finales del 2008, tiempo durante el cual se encuentran suspendidas las autorizaciones de los planes productivos nuevos que involucren actividades de desmonte a partir de la vigencia de la Ley Nacional Nº 26.331. Quedando excluidos, es decir continúan vigentes los proyectos productivos aprobados con anterioridad al 1 de enero del 2008, las autorizaciones de extracción de leña muerta y planes productivos de aprovechamiento forestal sin cambio de uso de suelo, cumpliendo estrictamente con la normativa vigente.
Fecha de Publicación: 10/07/2008
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Santiago del Estero
El Ministerio de la Producción Recursos Naturales, Forestación y Tierras ha conformado el Consejo Provincial de Bosques, órgano previsto en la Ley Provincial de Conservación y Usos Múltiples de las Áreas Forestales de la Provincia.
Continuando con la estrategia de construcción colectiva efectuada en dicha ley, el Consejo Provincial de Bosques quedo conformado con representantes de las siguientes instituciones: Facultad de Ingeniería Forestal, Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero; Universidad Católica de Santiago del Estero; INTA; Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura, presidiendo como órgano de aplicación el Ministerio de la Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras.
Las funciones inherentes a dicho Consejo son fundamentalmente: asesorar al organismo de aplicación, auditar los proyectos productivos, dirimir situaciones de conflicto, etc.
Cabe aclarar que si bien la Ley Provincial de Conservación y Usos Múltiples de las Áreas Forestales de la Provincia Nº 6841 establece una zonificacion provincial que fuera realizada con un proceso participativo; a finales del 2007 se promulgo la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos Nº 26.331 que contempla, además de lo ya implementado por la ley provincial, la exigencia de la aprobación de un ordenamiento territorial con una zonificación según determinados criterios en tres categorías de conservación y la suspensión de las autorizaciones de desmonte hasta tanto se dicte tal ordenamiento.
Actualmente, se ha iniciado un proceso participativo para la compatibilización de la zonificación provincial, con las categorías de conservación de la ley nacional nº 26331, proceso este, que se prevé, finalizará hacia finales del 2008, tiempo durante el cual se encuentran suspendidas las autorizaciones de los planes productivos nuevos que involucren actividades de desmonte a partir de la vigencia de la Ley Nacional Nº 26.331. Quedando excluidos, es decir continúan vigentes los proyectos productivos aprobados con anterioridad al 1 de enero del 2008, las autorizaciones de extracción de leña muerta y planes productivos de aprovechamiento forestal sin cambio de uso de suelo, cumpliendo estrictamente con la normativa vigente.
INTA apoyó la "rotación de cultivos"
El titular del INTA apoyó la "rotación de cultivos"
Fecha de Publicación: 10/07/2008
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
El titular del INTA, Carlos Alberto Cheppi, sostuvo que el mayor costo en la producción rural es el arrendamiento de los campos, y sostuvo que los fertilizantes y los agroquímicos "no supera 20 por ciento" para el productor, al iniciar su exposión ante el plenario de las Comisiones de Agricultura y de Presupuesto y Hacienda del Senado que discute el proyecto de retenciones móviles.
En la hipótesis de que no hubiera retenciones a las exportaciones de granos, el funcionario sostuvo en el Senado que seguramente aumentaría el precio del arrendamiento, por lo que no dudó que "el Estado tiene que intervenir".
Por otra parte, Cheppi aseguró que la Argentina "puede llegar en 2015 con 148 millones de toneladas con sustentabilidad y equidad social", pero para eso se debe "incorporar la rotación de cultivos".
Por su parte, el coordinador nacional del Programa Social Agropecuario, José Catalano, advirtió que "todo el campo no es lo mismo" y brindó detalles de qué se considera un pequeño productor.
"Dentro del sector de pequeños productores se incluyen al minifundista, al campesino, a los pueblos originarios, toda aquella población rural que está vinculada a la tierra y que la trabaja", detalló Catalano.
Fecha de Publicación: 10/07/2008
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
El titular del INTA, Carlos Alberto Cheppi, sostuvo que el mayor costo en la producción rural es el arrendamiento de los campos, y sostuvo que los fertilizantes y los agroquímicos "no supera 20 por ciento" para el productor, al iniciar su exposión ante el plenario de las Comisiones de Agricultura y de Presupuesto y Hacienda del Senado que discute el proyecto de retenciones móviles.
En la hipótesis de que no hubiera retenciones a las exportaciones de granos, el funcionario sostuvo en el Senado que seguramente aumentaría el precio del arrendamiento, por lo que no dudó que "el Estado tiene que intervenir".
Por otra parte, Cheppi aseguró que la Argentina "puede llegar en 2015 con 148 millones de toneladas con sustentabilidad y equidad social", pero para eso se debe "incorporar la rotación de cultivos".
Por su parte, el coordinador nacional del Programa Social Agropecuario, José Catalano, advirtió que "todo el campo no es lo mismo" y brindó detalles de qué se considera un pequeño productor.
"Dentro del sector de pequeños productores se incluyen al minifundista, al campesino, a los pueblos originarios, toda aquella población rural que está vinculada a la tierra y que la trabaja", detalló Catalano.
La soja, los herbicidas y el agua potable
La soja, los herbicidas y el agua potable
Fecha de Publicación: 09/07/2008
Fuente: La Voz del Interior - Por César Bertucci - Ingeniero químico y sanitario. Ex jefe del Laboratorio de la Dipas
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
A propósito del conflicto actual sobre la soja, recibí la noticia de que la EPA, Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, aprobó los estándares primarios del Reglamento nacional de agua potable de ese país, en cuya lista se incluyen los compuestos orgánicos y sus niveles máximos contaminantes, entre ellos el glifosato, con su valor de 0,7 mg/l.
¿Qué tiene que ver este herbicida con la soja? Se trata del compuesto más utilizado al aplicar el método de siembra directa en el cultivo de soja transgénica. Tiene posibles efectos sobre la salud, si su presencia en el agua potable excede ese valor límite; en tal caso, puede causar trastornos renales y dificultades para la reproducción humana.
Por otra parte, el hecho inquietante es la extraordinaria intensificación y expansión del área sembrada para el cultivo de esta oleaginosa, que cubre una amplia zona de nuestro país y especialmente de nuestra provincia. Esta producción agrícola conlleva entre otros problemas, la necesidad del control de la contaminación del agua por el uso del agroquímico, aplicado sin control alguno .
En la provincia están vigentes las normas del agua potable (1993), de las cuales fui coautor, para proteger a la población de los efectos de la contaminación de las aguas por cualquier causa. En especial, el Estado debe ejercer el control sistemático de la calidad de las aguas utilizadas para consumo de sus habitantes. Para ello, es necesaria la urgente implementación de un sistema de control de calidad, para el cual deben resolverse dos aspectos fundamentales: 1) Aprobación de una nueva Norma Provincial de Control de Calidad de Agua a la luz de los nuevos conocimientos, que no sólo revise todos los parámetros de calidad y sus límites hoy vigentes, sino que agregue a su lista los contaminantes no considerados anteriormente, como el glifosato; 2) Diseño y puesta en marcha de una red de laboratorios de control de calidad sistemático para el seguimiento actualizado del abastecimiento de agua en el territorio provincial.
En la actualidad, el organismo rector del saneamiento básico que debe cuidar los recursos hídricos, la Dipas, descuida ambos aspectos. ¿Cuál es el resultado? Que no sabemos qué calidad de agua estamos utilizando. Es hora de que la Dipas retome su papel principal y con apoyo del Gobierno provincial, por fin, ejerza el poder de policía que le confiere el Código de Agua, como la única manera de proteger nuestros escasos recursos hídricos.
Fecha de Publicación: 09/07/2008
Fuente: La Voz del Interior - Por César Bertucci - Ingeniero químico y sanitario. Ex jefe del Laboratorio de la Dipas
Provincia/Región: Córdoba - Nacional
A propósito del conflicto actual sobre la soja, recibí la noticia de que la EPA, Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, aprobó los estándares primarios del Reglamento nacional de agua potable de ese país, en cuya lista se incluyen los compuestos orgánicos y sus niveles máximos contaminantes, entre ellos el glifosato, con su valor de 0,7 mg/l.
¿Qué tiene que ver este herbicida con la soja? Se trata del compuesto más utilizado al aplicar el método de siembra directa en el cultivo de soja transgénica. Tiene posibles efectos sobre la salud, si su presencia en el agua potable excede ese valor límite; en tal caso, puede causar trastornos renales y dificultades para la reproducción humana.
Por otra parte, el hecho inquietante es la extraordinaria intensificación y expansión del área sembrada para el cultivo de esta oleaginosa, que cubre una amplia zona de nuestro país y especialmente de nuestra provincia. Esta producción agrícola conlleva entre otros problemas, la necesidad del control de la contaminación del agua por el uso del agroquímico, aplicado sin control alguno .
En la provincia están vigentes las normas del agua potable (1993), de las cuales fui coautor, para proteger a la población de los efectos de la contaminación de las aguas por cualquier causa. En especial, el Estado debe ejercer el control sistemático de la calidad de las aguas utilizadas para consumo de sus habitantes. Para ello, es necesaria la urgente implementación de un sistema de control de calidad, para el cual deben resolverse dos aspectos fundamentales: 1) Aprobación de una nueva Norma Provincial de Control de Calidad de Agua a la luz de los nuevos conocimientos, que no sólo revise todos los parámetros de calidad y sus límites hoy vigentes, sino que agregue a su lista los contaminantes no considerados anteriormente, como el glifosato; 2) Diseño y puesta en marcha de una red de laboratorios de control de calidad sistemático para el seguimiento actualizado del abastecimiento de agua en el territorio provincial.
En la actualidad, el organismo rector del saneamiento básico que debe cuidar los recursos hídricos, la Dipas, descuida ambos aspectos. ¿Cuál es el resultado? Que no sabemos qué calidad de agua estamos utilizando. Es hora de que la Dipas retome su papel principal y con apoyo del Gobierno provincial, por fin, ejerza el poder de policía que le confiere el Código de Agua, como la única manera de proteger nuestros escasos recursos hídricos.
Otro round por la pelea sobre la Ceamse
Otro round en la Corte por la pelea sobre la Ceamse
Fecha de Publicación: 08/07/2008
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Ambientalistas buscan evitar la licitación de una planta de transferencia
Después del fallido intento licitatorio de hace menos de tres meses, la Ceamse vuelve a dar impulso a la construcción de una estación de transferencia de residuos en el Complejo Ambiental Ensenada. En medio de fuertes cuestionamientos vecinales, que ya llegaron hasta la Suprema Corte bonaerense, terminó ayer la venta de pliegos a las empresas interesadas en montar la planta junto al relleno sanitario de arroyo El Gato y diagonal 74.
La obra fue planteada por la Coordinación Ecológica Area Metropolitana, Sociedad del Estado, en el marco de la "Licitación Pública Nacional Nº03/08". Esta especifica las condiciones y requisitos para el "diseño y construcción" de una "estación de transferencia", y una serie de instalaciones complementarias. También los plazos: la apertura de sobres será pasado mañana, y las obras deberán concluirse en 17 meses "a partir de la firma del contrato".
En este contexto, las gestiones y trabajos a cargo de la firma que resulte adjudicataria serán organizados en una etapa de cinco meses, y dos etapas posteriores de seis cada una; entre los once y los diecisiete meses empezará la operación de la planta en carácter de "prueba piloto". Hasta entonces, la basura seguirá siendo apilada -a razón de unas 700 toneladas por día- en las lomas que hoy se pueden divisar camino al Río de La Plata.
Para las organizaciones no gubernamentales de nuestra región que integran la Asamblea Ambiental, la iniciativa es "un nuevo atropello al Poder Judicial y a los intereses de la comunidad, que sigue siendo afectada por la contaminación".
Los ambientalistas presentaron ayer ante el máximo tribunal bonaerense un pedido de anulación del llamado, que según afirmaron "viola de manera flagrante el convenio que fuera firmado en diciembre de 2006 por la Provincia, la Ceamse, las entidades Nuevo Ambiente y Centro Vecinal Punta Lara, y fue homologado por la propia Suprema Corte".
"Hicimos la presentación en coincidencia con el Día de la Conservación de la Tierra, y no es casual", subrayaron ayer los denunciantes: "queremos que quede claro que la Ceamse sigue desconociendo con total impunidad las leyes que preservan la calidad de vida de la gente; construir dentro del relleno sanitario -que insólitamente ni siquiera cuenta con un estudio serio de impacto ambiental- está prohibido según el convenio, y son los intendentes de la región quienes deben proporcionar los lugares alternativos".
Las estaciones de transferencia, cuya superficie ocupa aproximadamente una hectárea, funcionan de acuerdo con un esquema muy sencillo. Los camiones de recolección urbana ingresan, se pesan, descargan y se vuelven a pesar; los choferes toman el ticket de control correspondiente a la operación, y se van. La basura que dejan, a razón de unas ocho toneladas por cada camión standard o "cola de pato", es volcada por gravedad en contenedores de 23 a 26 toneladas -sumando el vehículo portante, llegan a pesar 45-, y enviada a un relleno sanitario.
El renovado impulso al emprendimiento estaría ligado al acuerdo alcanzado por los gobiernos porteño y bonaerense, después de varios meses de deliberaciones en torno al tema de la basura. La administración que conduce Mauricio Macri aportaría la financiación -unos $200 millones- para dos nuevos rellenos sanitarios, cuya eventual ubicación se maneja con total hermetismo, y otras tantas plantas de transferencia -la de Ensenada y otra en la zona de González Catán-, que darían "un respiro por 20 años" al actualmente saturado esquema de disposición final de residuos domiciliarios para el área metropolitana (capital federal, Conurbano y Gran La Plata), que genera a diario más de doce mil toneladas.
En el caso local, el destino final barajado para los desechos sería el "complejo ambiental" de José León Suárez-Campo de Mayo, o alguno de los que se proyecta construir en el mediano plazo.
Fecha de Publicación: 08/07/2008
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Ambientalistas buscan evitar la licitación de una planta de transferencia
Después del fallido intento licitatorio de hace menos de tres meses, la Ceamse vuelve a dar impulso a la construcción de una estación de transferencia de residuos en el Complejo Ambiental Ensenada. En medio de fuertes cuestionamientos vecinales, que ya llegaron hasta la Suprema Corte bonaerense, terminó ayer la venta de pliegos a las empresas interesadas en montar la planta junto al relleno sanitario de arroyo El Gato y diagonal 74.
La obra fue planteada por la Coordinación Ecológica Area Metropolitana, Sociedad del Estado, en el marco de la "Licitación Pública Nacional Nº03/08". Esta especifica las condiciones y requisitos para el "diseño y construcción" de una "estación de transferencia", y una serie de instalaciones complementarias. También los plazos: la apertura de sobres será pasado mañana, y las obras deberán concluirse en 17 meses "a partir de la firma del contrato".
En este contexto, las gestiones y trabajos a cargo de la firma que resulte adjudicataria serán organizados en una etapa de cinco meses, y dos etapas posteriores de seis cada una; entre los once y los diecisiete meses empezará la operación de la planta en carácter de "prueba piloto". Hasta entonces, la basura seguirá siendo apilada -a razón de unas 700 toneladas por día- en las lomas que hoy se pueden divisar camino al Río de La Plata.
Para las organizaciones no gubernamentales de nuestra región que integran la Asamblea Ambiental, la iniciativa es "un nuevo atropello al Poder Judicial y a los intereses de la comunidad, que sigue siendo afectada por la contaminación".
Los ambientalistas presentaron ayer ante el máximo tribunal bonaerense un pedido de anulación del llamado, que según afirmaron "viola de manera flagrante el convenio que fuera firmado en diciembre de 2006 por la Provincia, la Ceamse, las entidades Nuevo Ambiente y Centro Vecinal Punta Lara, y fue homologado por la propia Suprema Corte".
"Hicimos la presentación en coincidencia con el Día de la Conservación de la Tierra, y no es casual", subrayaron ayer los denunciantes: "queremos que quede claro que la Ceamse sigue desconociendo con total impunidad las leyes que preservan la calidad de vida de la gente; construir dentro del relleno sanitario -que insólitamente ni siquiera cuenta con un estudio serio de impacto ambiental- está prohibido según el convenio, y son los intendentes de la región quienes deben proporcionar los lugares alternativos".
Las estaciones de transferencia, cuya superficie ocupa aproximadamente una hectárea, funcionan de acuerdo con un esquema muy sencillo. Los camiones de recolección urbana ingresan, se pesan, descargan y se vuelven a pesar; los choferes toman el ticket de control correspondiente a la operación, y se van. La basura que dejan, a razón de unas ocho toneladas por cada camión standard o "cola de pato", es volcada por gravedad en contenedores de 23 a 26 toneladas -sumando el vehículo portante, llegan a pesar 45-, y enviada a un relleno sanitario.
El renovado impulso al emprendimiento estaría ligado al acuerdo alcanzado por los gobiernos porteño y bonaerense, después de varios meses de deliberaciones en torno al tema de la basura. La administración que conduce Mauricio Macri aportaría la financiación -unos $200 millones- para dos nuevos rellenos sanitarios, cuya eventual ubicación se maneja con total hermetismo, y otras tantas plantas de transferencia -la de Ensenada y otra en la zona de González Catán-, que darían "un respiro por 20 años" al actualmente saturado esquema de disposición final de residuos domiciliarios para el área metropolitana (capital federal, Conurbano y Gran La Plata), que genera a diario más de doce mil toneladas.
En el caso local, el destino final barajado para los desechos sería el "complejo ambiental" de José León Suárez-Campo de Mayo, o alguno de los que se proyecta construir en el mediano plazo.
El Glaciar Perito Moreno comenzó a romper
El Glaciar Perito Moreno comenzó a romper
Fecha de Publicación: 07/07/2008
Fuente: ADN Mundo
Provincia/Región: Santa Cruz
El glaciar de la Patagonia argentina inició un proceso de ruptura que según los expertos es inusual que se produzca en invierno.
El Glaciar Perito Moreno comenzó a romper
De acuerdo con la Administración de Parques Nacionales, en las últimas horas apareció una grieta en el dique que el glaciar forma sobre la península de Magallanes del lago argentino, lo que hace prever el gigantesco desmoronamiento de hielo que ocurre en los veranos cada cuatro o cinco años.
Ese dique divide en dos al lago y la perspectiva de su derrumbe atrae a miles de turistas hacia el Parque Nacional Los Glaciares, en la sureña provincia de Santa Cruz.
El fenómeno es provocado por la presión de las aguas sobre el dique de hielo, que comienza a agrietarse hasta formar un hueco en forma de arco que lo debilita y termina por derrumbarse.
“Es raro que suceda un proceso de estas características en el invierno”, apuntó el director del parque, Carlos Corvalán, quien explicó que “es muy difícil determinar cuándo ocurrirá el desmoronamiento”.
“Depende de las condiciones del viento y la humedad”, dice Corvalán.
El glaciar Perito Moreno, de unos 200 kilómetros cuadrados de extensión, está situado sobre la cordillera de Los Andes, límite natural entre Argentina y Chile, y es uno de los pocos del mundo que se mantiene estable, sin retroceder como consecuencia del calentamiento global.
El frente del glaciar mide cerca de 2.8 kilómetros de largo y tiene una altura de unos 70 metros sobre el nivel de las aguas del lago.
En la zona quedan rastros de que el glaciar, al igual que otros vecinos, era mucho más extenso hace centurias.
La velocidad con que se derriten los glaciares del planeta se triplicó en los últimos siete años, según el Programa Ambiental de las Naciones Unidas.
La reducción glacial promedio fue de 30 centímetros anuales, entre 1980 y 1999, a 15 metros, en 2006, y algunas de las pérdidas más importantes se produjeron en los Alpes y los Pirineos.
Fecha de Publicación: 07/07/2008
Fuente: ADN Mundo
Provincia/Región: Santa Cruz
El glaciar de la Patagonia argentina inició un proceso de ruptura que según los expertos es inusual que se produzca en invierno.
El Glaciar Perito Moreno comenzó a romper
De acuerdo con la Administración de Parques Nacionales, en las últimas horas apareció una grieta en el dique que el glaciar forma sobre la península de Magallanes del lago argentino, lo que hace prever el gigantesco desmoronamiento de hielo que ocurre en los veranos cada cuatro o cinco años.
Ese dique divide en dos al lago y la perspectiva de su derrumbe atrae a miles de turistas hacia el Parque Nacional Los Glaciares, en la sureña provincia de Santa Cruz.
El fenómeno es provocado por la presión de las aguas sobre el dique de hielo, que comienza a agrietarse hasta formar un hueco en forma de arco que lo debilita y termina por derrumbarse.
“Es raro que suceda un proceso de estas características en el invierno”, apuntó el director del parque, Carlos Corvalán, quien explicó que “es muy difícil determinar cuándo ocurrirá el desmoronamiento”.
“Depende de las condiciones del viento y la humedad”, dice Corvalán.
El glaciar Perito Moreno, de unos 200 kilómetros cuadrados de extensión, está situado sobre la cordillera de Los Andes, límite natural entre Argentina y Chile, y es uno de los pocos del mundo que se mantiene estable, sin retroceder como consecuencia del calentamiento global.
El frente del glaciar mide cerca de 2.8 kilómetros de largo y tiene una altura de unos 70 metros sobre el nivel de las aguas del lago.
En la zona quedan rastros de que el glaciar, al igual que otros vecinos, era mucho más extenso hace centurias.
La velocidad con que se derriten los glaciares del planeta se triplicó en los últimos siete años, según el Programa Ambiental de las Naciones Unidas.
La reducción glacial promedio fue de 30 centímetros anuales, entre 1980 y 1999, a 15 metros, en 2006, y algunas de las pérdidas más importantes se produjeron en los Alpes y los Pirineos.
Legislar sobre "basura tecnológica"
Proponen legislar sobre "basura tecnológica"
Fecha de Publicación: 06/07/2008
Fuente: Roca Digital
Provincia/Región: Río Negro
Legisladores del bloque Frente Democrático presentaron un proyecto, que apunta a legislar sobre la "basura tecnológica". Propone la reutilización o reciclado de los elementos. Se destaca que en el país se producen anualmente 100.000 toneladas de estos residuos.
Los legisladores Beatriz Manso, Fabián Gatti y Martha Ramidán presentaron una iniciativa para prevenir la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), promoviendo su reutilización, reciclado y otras formas de revalorización.
Se apunta a reducir su eliminación o disposición final en rellenos sanitarios o de seguridad. Además, la propuesta propone adoptar medidas “conducentes al mejoramiento del comportamiento ambiental de todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos, en carácter de productores, distribuidores y/o consumidores, en particular, de aquellos agentes directamente implicados en el tratamiento de los residuos derivados de estos aparatos”.
El proyecto señala los elementos que están contemplados en esta ley: grandes y pequeños electrodomésticos, equipos de informática y telecomunicaciones, aparatos electrónicos de consumo, aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas y electrónicas (con excepción de las herramientas industriales fijas de gran envergadura), juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre, aparatos médicos (con excepción de todos los productos implantados e infectados), instrumentos de vigilancia y control y máquinas expendedoras.
En esta propuesta legislativa quedan excluidos “los aparatos que tengan relación con la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, los RAEE provenientes de aparatos militares, las armas, las municiones y el material de guerra; así como residuos de aparatos nucleares, de investigación científica compleja o en contacto con patogénicos”.
El veloz recambio tecnológico genera “basura electrónica”. En Argentina “suma unas 100.000 toneladas anuales”, según informan los legisladores. El proyecto de ley provincial está a tono con políticas ambientales mundiales y enfatiza en la importancia de “promover el uso sustentable de tecnologías de tratamiento, reciclado y disposición final dentro de la provincia y para su exportación” e informar a los usuarios “sobre el ciclo de vida de los residuos electrónicos, el descarte apropiado de artefactos en desuso, los riesgos contaminantes”, entre otros.
Un artículo interesante del proyecto de Manso, Gatti y Ramidán es prever que “las utilidades que se obtengan de la venta y/o procesamiento de los residuos (…) serán destinadas a la compra de computadoras, reproductores de video, televisores, para las escuelas de la provincia”.
Los legisladores dijeron que “es responsabilidad que recae sobre nosotros (…) asumir un futuro que se viene y con el que ya empezamos a convivir. No hace falta estar tapados de sofisticada basura para empezar a trabajar en los que, sin duda, serán los problemas del mañana y que ya vemos emerger entre nosotros”.
Fecha de Publicación: 06/07/2008
Fuente: Roca Digital
Provincia/Región: Río Negro
Legisladores del bloque Frente Democrático presentaron un proyecto, que apunta a legislar sobre la "basura tecnológica". Propone la reutilización o reciclado de los elementos. Se destaca que en el país se producen anualmente 100.000 toneladas de estos residuos.
Los legisladores Beatriz Manso, Fabián Gatti y Martha Ramidán presentaron una iniciativa para prevenir la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), promoviendo su reutilización, reciclado y otras formas de revalorización.
Se apunta a reducir su eliminación o disposición final en rellenos sanitarios o de seguridad. Además, la propuesta propone adoptar medidas “conducentes al mejoramiento del comportamiento ambiental de todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos, en carácter de productores, distribuidores y/o consumidores, en particular, de aquellos agentes directamente implicados en el tratamiento de los residuos derivados de estos aparatos”.
El proyecto señala los elementos que están contemplados en esta ley: grandes y pequeños electrodomésticos, equipos de informática y telecomunicaciones, aparatos electrónicos de consumo, aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas y electrónicas (con excepción de las herramientas industriales fijas de gran envergadura), juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre, aparatos médicos (con excepción de todos los productos implantados e infectados), instrumentos de vigilancia y control y máquinas expendedoras.
En esta propuesta legislativa quedan excluidos “los aparatos que tengan relación con la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, los RAEE provenientes de aparatos militares, las armas, las municiones y el material de guerra; así como residuos de aparatos nucleares, de investigación científica compleja o en contacto con patogénicos”.
El veloz recambio tecnológico genera “basura electrónica”. En Argentina “suma unas 100.000 toneladas anuales”, según informan los legisladores. El proyecto de ley provincial está a tono con políticas ambientales mundiales y enfatiza en la importancia de “promover el uso sustentable de tecnologías de tratamiento, reciclado y disposición final dentro de la provincia y para su exportación” e informar a los usuarios “sobre el ciclo de vida de los residuos electrónicos, el descarte apropiado de artefactos en desuso, los riesgos contaminantes”, entre otros.
Un artículo interesante del proyecto de Manso, Gatti y Ramidán es prever que “las utilidades que se obtengan de la venta y/o procesamiento de los residuos (…) serán destinadas a la compra de computadoras, reproductores de video, televisores, para las escuelas de la provincia”.
Los legisladores dijeron que “es responsabilidad que recae sobre nosotros (…) asumir un futuro que se viene y con el que ya empezamos a convivir. No hace falta estar tapados de sofisticada basura para empezar a trabajar en los que, sin duda, serán los problemas del mañana y que ya vemos emerger entre nosotros”.
Se está quebrando el Glaciar Perito Moreno
Por el cambio climático se está quebrando el Glaciar Perito Moreno
Fecha de Publicación: 04/07/2008
Fuente: ADN Mundo
Provincia/Región: Santa Cruz
Aunque no es usual que se rompa durante el invierno, el Glaciar está por quebrarse en el dique de hielo que une el frente del macizo con la Península Magallanes donde se halló una filtración
En las últimas horas apareció una grieta en el dique que el glaciar forma sobre la península Magallanes del Lago Argentino, lo que hace prever el gigantesco desmoronamiento de hielo que ocurre en los veranos cada cuatro o cinco años, explicaron.
El dique divide en dos al lago y la perspectiva de su derrumbe atrae a miles de turistas al Parque Nacional Los Glaciares, en la sureña provincia de Santa Cruz.
El fenómeno es provocado por la presión de las aguas sobre el dique de hielo, que comienza a agrietarse hasta formar un hueco en forma de arco que lo debilita y termina por derrumbarse.
"Se inició el proceso de ruptura con la primera filtración desde el brazo Rico del Lago Argentino" sobre el que se yergue el glaciar, dijo el guardaparques Carlos Corvalán.
El hecho es infrecuente durante el invierno austral y marca el comienzo del proceso que termina con el desplome del dique de hielo, algo que se produjo por última vez en marzo de 2006.
Corvalán aclaró sin embargo que es difícil predecir cuándo comenzará ese espectáculo natural.
Fecha de Publicación: 04/07/2008
Fuente: ADN Mundo
Provincia/Región: Santa Cruz
Aunque no es usual que se rompa durante el invierno, el Glaciar está por quebrarse en el dique de hielo que une el frente del macizo con la Península Magallanes donde se halló una filtración
En las últimas horas apareció una grieta en el dique que el glaciar forma sobre la península Magallanes del Lago Argentino, lo que hace prever el gigantesco desmoronamiento de hielo que ocurre en los veranos cada cuatro o cinco años, explicaron.
El dique divide en dos al lago y la perspectiva de su derrumbe atrae a miles de turistas al Parque Nacional Los Glaciares, en la sureña provincia de Santa Cruz.
El fenómeno es provocado por la presión de las aguas sobre el dique de hielo, que comienza a agrietarse hasta formar un hueco en forma de arco que lo debilita y termina por derrumbarse.
"Se inició el proceso de ruptura con la primera filtración desde el brazo Rico del Lago Argentino" sobre el que se yergue el glaciar, dijo el guardaparques Carlos Corvalán.
El hecho es infrecuente durante el invierno austral y marca el comienzo del proceso que termina con el desplome del dique de hielo, algo que se produjo por última vez en marzo de 2006.
Corvalán aclaró sin embargo que es difícil predecir cuándo comenzará ese espectáculo natural.
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