Solicitan en la agenda política la inclusión del ambiente
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Eco Sitio |
Organizaciones ambientales reclaman incluir la "protección de la biodiversidad" en la agenda política
Fecha de Publicación: 23/09/2019
Fuente: BaeNegocios
Provincia/Región: Nacional
Los incendios en el Amanzonas atrajeron la atención de los gobiernos y marcaron un llamado de atención para el delineamiento de políticas relacionadas al medio ambiente
Mientras los representantes de los candidatos presidenciales discuten los temas y el formato de los debates previos a las elecciones, organizaciones ambientales subrayaron que "la protección de la biodiversidad argentina necesita atención en las plataformas electorales" y reclaman que la cuestión se incluya en la agenda política.
Las entidades remarcaron que "no hay economía que se sostenga sobre una naturaleza debilitada. Decenas de especies nativas argentinas se encuentran en peligro de extinción".
Además, agregaron que "las agendas políticas de los candidatos a las próximas elecciones no reflejan el reclamo de los argentinos que apoyan la conservación de nuestro patrimonio silvestre. Algunas plataformas ni siquiera incluyen contenido en temas ambientales, o el que domina en ellas es un enfoque limitado casi exclusivamente a necesidades humanas".
Desde las organizaciones decidieron enviar una carta a los seis postulantes presidenciales, en la misma solicitaron ser "convocadas" para "aportar su conocimiento y disposición para promover diálogos, facilitar procesos participativos y generar e integrar equipos de trabajo que generen contenidos e identifiquen soluciones a problemas" como el impacto de actividades extractivas perjudiciales y el sistema actual de agricultura industrial, la destrucción del bosque nativo, la introducción de especies foráneas y el uso de plásticos.
Asimismo, advirtieron sobre los desperdicios de la siembra y la pesca y el tráfico ilegal de especies. En consecuencia, las organizaciones firmantes de la misiva afirmaron que "podemos ayudar a salvaguardar la fauna y flora nativas".
Y concluyeron: "El bienestar, la estabilidad y equidad sociales dependen de que los estándares de la conservación de la naturaleza guíen a la economía. La sociedad diferencia la expresión de voluntad política de las acciones concretas que mitiguen la pérdida de biodiversidad. La amenaza sobre las especies continuará con la falta de una concepción integral que acuerde políticas y estrategias. Es prioritario asumir responsabilidad generacional sobre el cuidado del patrimonio natural".
Las organizaciones que impulsan la iniciativa son Aves Argentinas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Cambio Democrático, Fundación Patagonia Natural, Fundación Vida Silvestre Argentina, Global Penguin Society, Instituto de Conservación de Ballenas y Wildlife Conservation Society Argentina.
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Fecha de Publicación: 23/09/2019
Fuente: BaeNegocios
Provincia/Región: Nacional
Los incendios en el Amanzonas atrajeron la atención de los gobiernos y marcaron un llamado de atención para el delineamiento de políticas relacionadas al medio ambiente
Mientras los representantes de los candidatos presidenciales discuten los temas y el formato de los debates previos a las elecciones, organizaciones ambientales subrayaron que "la protección de la biodiversidad argentina necesita atención en las plataformas electorales" y reclaman que la cuestión se incluya en la agenda política.
Las entidades remarcaron que "no hay economía que se sostenga sobre una naturaleza debilitada. Decenas de especies nativas argentinas se encuentran en peligro de extinción".
Además, agregaron que "las agendas políticas de los candidatos a las próximas elecciones no reflejan el reclamo de los argentinos que apoyan la conservación de nuestro patrimonio silvestre. Algunas plataformas ni siquiera incluyen contenido en temas ambientales, o el que domina en ellas es un enfoque limitado casi exclusivamente a necesidades humanas".
Desde las organizaciones decidieron enviar una carta a los seis postulantes presidenciales, en la misma solicitaron ser "convocadas" para "aportar su conocimiento y disposición para promover diálogos, facilitar procesos participativos y generar e integrar equipos de trabajo que generen contenidos e identifiquen soluciones a problemas" como el impacto de actividades extractivas perjudiciales y el sistema actual de agricultura industrial, la destrucción del bosque nativo, la introducción de especies foráneas y el uso de plásticos.
Asimismo, advirtieron sobre los desperdicios de la siembra y la pesca y el tráfico ilegal de especies. En consecuencia, las organizaciones firmantes de la misiva afirmaron que "podemos ayudar a salvaguardar la fauna y flora nativas".
Y concluyeron: "El bienestar, la estabilidad y equidad sociales dependen de que los estándares de la conservación de la naturaleza guíen a la economía. La sociedad diferencia la expresión de voluntad política de las acciones concretas que mitiguen la pérdida de biodiversidad. La amenaza sobre las especies continuará con la falta de una concepción integral que acuerde políticas y estrategias. Es prioritario asumir responsabilidad generacional sobre el cuidado del patrimonio natural".
Las organizaciones que impulsan la iniciativa son Aves Argentinas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Cambio Democrático, Fundación Patagonia Natural, Fundación Vida Silvestre Argentina, Global Penguin Society, Instituto de Conservación de Ballenas y Wildlife Conservation Society Argentina.
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Industria del etanol con un 20% de capacidad ociosa
Estiman que hay un 20% de capacidad ociosa en la industria argentina del etanol
Fecha de Publicación: 23/09/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
El dato surge de un informe especial de la Bolsa rosarina. En el sector proponen aumentar el corte de la nafta con el biocombustible
Se proyecta que la producción argentina de etanol va a terminar el 2019 con unos 1.100 millones de litros, una cifra similar a la del año pasado. El problema es que en las plantas que procesan el maíz y la caña de azúcar hay un 20% de capacidad instalada que está ociosa y que podría aprovecharse -plantean desde el sector- con un aumento en el corte de la nafta con el biocombustible.
“La experiencia de otros países latinoamericanos como Brasil y Paraguay, donde el corte obligatorio para la nafta llega al 27%, indica que esta participación no compromete el buen funcionamiento de los automóviles. El caso brasileño es especialmente pertinente al sector de bioetanol argentino ya que ambos países tienen una flota automovilística muy similar con fabricación conjunta de numerosos modelos de autos”, señala un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que escribió Desiré Sigaudo.
En la Argentina se impuso desde 2010 un corte obligatorio de etanol en la nafta del 5% (E5). En enero de 2014 la mezcla exigida aumentó al 9% y en febrero se elevó el corte al 10%. Dos años después, en 2016, el requerimiento de mezcla de etanol en naftas fue elevado al 12% (E12), y se mantiene en ese porcentaje desde entonces. “La ley determina, además, que la participación de etanol de maíz y etanol de azúcar en el total deberá mantenerse en proporciones idénticas”, precisa el informe.
El aumento de la capacidad ociosa se explica por la incorporación de cinco refinerías que incrementaron en un 16,7% la capacidad instalada nacional pero cuya habilitación no estuvo acompañada de un incentivo de demanda para el bioetanol.
Las posibilidades de orientar este mayor volumen de etanol hacia el mercado externo son escasas en el corto plazo ya que el mercado estadounidense permanece cerrado y la Unión Europea continúa limitando la entrada del bioetanol por volumen y precio.
Las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, agrupadas en la “Liga de provincias bioenergéticas”, vienen promoviendo la producción, uso y comercialización de etanol y biodiésel. Los reclamos apuntan a aprovechar de manera más eficiente los bienes de capital instalados en el país al mismo tiempo que se mejora la sustentabilidad del transporte en Argentina. “Sin embargo, la posición del Estado Nacional de cara a la expiración del régimen promocional de biocombustibles en 2021 se orienta a flexibilizar y liberalizar este mercado, dada su imposibilidad de continuar apoyando al sector en el contexto de lograr el déficit cero”, advierte la Bolsa rosarina.
En caso de incrementarse el corte E12 en naftas manteniendo la relación 50-50 para la caña de azúcar y el maíz, la Argentina deberá aumentar su producción azucarera. Actualmente, el país es capaz de autoabastecer su demanda interna de azúcar, exportar azúcar y producir bioetanol para uso como combustible y en industrias. Si el corte obligatorio subiera, la producción de caña de azúcar debería aumentar tanto en área sembrada como en rendimientos para poder hacer frente a una mayor demanda del cultivo para combustibles.
“El caso en el mercado del maíz es sustancialmente diferente ya que Argentina es el cuarto productor mundial cereal y actualmente sólo el 3% de la cosecha se destina a la industria del etanol, por lo que bastaría con reasignar una mayor proporción del producto a esta industria”, concluye el informe.
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Fecha de Publicación: 23/09/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
El dato surge de un informe especial de la Bolsa rosarina. En el sector proponen aumentar el corte de la nafta con el biocombustible
Se proyecta que la producción argentina de etanol va a terminar el 2019 con unos 1.100 millones de litros, una cifra similar a la del año pasado. El problema es que en las plantas que procesan el maíz y la caña de azúcar hay un 20% de capacidad instalada que está ociosa y que podría aprovecharse -plantean desde el sector- con un aumento en el corte de la nafta con el biocombustible.
“La experiencia de otros países latinoamericanos como Brasil y Paraguay, donde el corte obligatorio para la nafta llega al 27%, indica que esta participación no compromete el buen funcionamiento de los automóviles. El caso brasileño es especialmente pertinente al sector de bioetanol argentino ya que ambos países tienen una flota automovilística muy similar con fabricación conjunta de numerosos modelos de autos”, señala un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que escribió Desiré Sigaudo.
En la Argentina se impuso desde 2010 un corte obligatorio de etanol en la nafta del 5% (E5). En enero de 2014 la mezcla exigida aumentó al 9% y en febrero se elevó el corte al 10%. Dos años después, en 2016, el requerimiento de mezcla de etanol en naftas fue elevado al 12% (E12), y se mantiene en ese porcentaje desde entonces. “La ley determina, además, que la participación de etanol de maíz y etanol de azúcar en el total deberá mantenerse en proporciones idénticas”, precisa el informe.
El aumento de la capacidad ociosa se explica por la incorporación de cinco refinerías que incrementaron en un 16,7% la capacidad instalada nacional pero cuya habilitación no estuvo acompañada de un incentivo de demanda para el bioetanol.
Las posibilidades de orientar este mayor volumen de etanol hacia el mercado externo son escasas en el corto plazo ya que el mercado estadounidense permanece cerrado y la Unión Europea continúa limitando la entrada del bioetanol por volumen y precio.
Las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, agrupadas en la “Liga de provincias bioenergéticas”, vienen promoviendo la producción, uso y comercialización de etanol y biodiésel. Los reclamos apuntan a aprovechar de manera más eficiente los bienes de capital instalados en el país al mismo tiempo que se mejora la sustentabilidad del transporte en Argentina. “Sin embargo, la posición del Estado Nacional de cara a la expiración del régimen promocional de biocombustibles en 2021 se orienta a flexibilizar y liberalizar este mercado, dada su imposibilidad de continuar apoyando al sector en el contexto de lograr el déficit cero”, advierte la Bolsa rosarina.
En caso de incrementarse el corte E12 en naftas manteniendo la relación 50-50 para la caña de azúcar y el maíz, la Argentina deberá aumentar su producción azucarera. Actualmente, el país es capaz de autoabastecer su demanda interna de azúcar, exportar azúcar y producir bioetanol para uso como combustible y en industrias. Si el corte obligatorio subiera, la producción de caña de azúcar debería aumentar tanto en área sembrada como en rendimientos para poder hacer frente a una mayor demanda del cultivo para combustibles.
“El caso en el mercado del maíz es sustancialmente diferente ya que Argentina es el cuarto productor mundial cereal y actualmente sólo el 3% de la cosecha se destina a la industria del etanol, por lo que bastaría con reasignar una mayor proporción del producto a esta industria”, concluye el informe.
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Chaco: 35.000 hectáreas con "cambio del uso del suelo”
Desmontes: confirman que en unas 35.000 hectáreas “se aprobó el cambio del uso del suelo”
Fecha de Publicación: 23/09/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El subsecretario de Recursos Naturales de la provincia, analizó en CIUDAD TV la audiencia realizada este martes en el Juzgado del Juez Julián Flores, por la suspensión de los desmontes. Mencionó un “proceso de regulación”, donde se debe mantener un porcentaje de “bosque en pie”, y reconoció que el Chaco “no tiene una cultura de forestación”, Realizó apreciaciones especiales a lo que sucede en el Departamento Güemes, revelando que “recién en el 2019 se está definiendo el límite con Salta”.
“Los ambientalistas pidieron al juez Flores frenar los desmontes y en 10 días se conocerá la sentencia. Existe un ordenamiento territorial de bosque nativo, que se aprobó en el 2009, donde se establecen las tres categorías que son: las zonas rojas, de reserva natural; las amarillas en las que son reguladas las actividades, y las verdes, donde se permite el desmonte”, sostuvo Luciano Olivares.
Afirmando que “la Provincia, desde el 2012, comenzó el proceso de actualización a través de la regulación de las categorías y de las modificaciones que pudieran surgir a través del Estado o la sociedad civil”. Indicando que “se recibieron más de 100 solicitudes de particulares de que se revise la categorización del 2009, contando con un informe de suelos del INTA por situaciones que no fueron contempladas”.
“A través de este proceso y de una evaluación ambiental y del impacto, se autorizó el otorgamiento del cambio del uso del sueldo y el desmonte. Y desde el 2017 el Estado buscó una forma más general de revisar el tema de las categorías, y también hubo una medida de amparo y una cautelar para suspender estos desmontes. Aclaramos que eran casos particulares, no una medida general”, especificó el funcionario provincial.
En ese sentido, dio a conocer que “son alrededor de 35.000 hectáreas en total, en 53 predios y algunos con más de 1.000 hectáreas. Hoy están aprobadas para el cambio del uso del suelo, detrás de un proceso de regulación, y cada inmueble debe preservar un porcentaje de bosque en pie, que puede llegar al 30% según el caso”.
Reforestación ‘sin cultura’
En lo que hace a programas de forestación, Olivares reconoció que “es un tema muy importante, y a mi criterio, no existe una cultura de reforestación; por eso tiene que encararse a través de distintos ángulos”.
Sobre la incursión judicial por el tema desmontes, explicó que “la primera fue una audiencia preliminar, y hoy martes fue una segunda audiencia para escuchar a las partes. Hubo gente que opinaba desde un plano y otros con diferente puntos de vista, es algo interesante y novedoso. La medida cautelar nos ordenó la suspensión de los permisos y nosotros la obedecimos de inmediato, y el trámite principal es el amparo. También apelamos y, después del fallo, veremos si prospera la cautelar o el amparo”.
Afirmó que con la Oenegés que intervienen en la causa, “hay una relación con la mayoría, y fuimos creando una especie de diálogo fluido e intercambio de opiniones. Lea hicimos notar que hay cosas que no es tan sencillo responder, porque hay que dar respuesta a uno u otro sector, o a los dos, y el sistema legal te da la potestad de dar permisos; por supuesto, siempre que se respeten los estándares”.
Controles y conflictos
En cuanto al poder de policía de su cartera, opinó que lo que se da en el Departamento Güemes “es la situación del aprovechamiento del corte de madera para su industrialización (muebles, carbón, etc.), y ese abordaje se hace a través de denuncias a la Policía, o en la Dirección de Bosques, y actuamos rápidamente. A diferencia de los Departamentos San Martín y Fontana, el Güemes es el que mayor volumen de tierras tiene y el más conflictivo, porque está en una zona limítrofe con otras provincias”.
Al respecto relató que “recién en 2019 se está definiendo el límite con la provincia de Salta”. Y otro punto a tener en cuenta, “es que los puestos de control están a 400 o 500 kilómetros de Resistencia, donde los vehículos tienen que ser especiales y los inspectores tienen que estar formados”.
Vuelve a retomar el tema, y reitera, que “en la provincia no existe la cultura de la forestación. Chaco tiene una industria y producción forestal muy importante, y cuando digo esto es porque que no existe una política constante y mantenida en el tiempo, como sí la tienen en Misiones y Corrientes. La generación de madera tiene que preocuparnos, para que esté disponible y no se siga afectando al bosque nativo”.
Luciano Olivares describió que, mientras en las provincias vecinas se realiza la renovación de eucaliptos y pinos, que tienen rápido crecimiento y en unos 10 años vuelve a contarse con los ejemplares, “nosotros nos fuimos volcando por el bosque nativo, que es más complejo”. Y finalizó refiriendo la necesidad, de “incentivar las especies autóctonas para preservar nuestros bosques”..
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Fecha de Publicación: 23/09/2019
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El subsecretario de Recursos Naturales de la provincia, analizó en CIUDAD TV la audiencia realizada este martes en el Juzgado del Juez Julián Flores, por la suspensión de los desmontes. Mencionó un “proceso de regulación”, donde se debe mantener un porcentaje de “bosque en pie”, y reconoció que el Chaco “no tiene una cultura de forestación”, Realizó apreciaciones especiales a lo que sucede en el Departamento Güemes, revelando que “recién en el 2019 se está definiendo el límite con Salta”.
“Los ambientalistas pidieron al juez Flores frenar los desmontes y en 10 días se conocerá la sentencia. Existe un ordenamiento territorial de bosque nativo, que se aprobó en el 2009, donde se establecen las tres categorías que son: las zonas rojas, de reserva natural; las amarillas en las que son reguladas las actividades, y las verdes, donde se permite el desmonte”, sostuvo Luciano Olivares.
Afirmando que “la Provincia, desde el 2012, comenzó el proceso de actualización a través de la regulación de las categorías y de las modificaciones que pudieran surgir a través del Estado o la sociedad civil”. Indicando que “se recibieron más de 100 solicitudes de particulares de que se revise la categorización del 2009, contando con un informe de suelos del INTA por situaciones que no fueron contempladas”.
“A través de este proceso y de una evaluación ambiental y del impacto, se autorizó el otorgamiento del cambio del uso del sueldo y el desmonte. Y desde el 2017 el Estado buscó una forma más general de revisar el tema de las categorías, y también hubo una medida de amparo y una cautelar para suspender estos desmontes. Aclaramos que eran casos particulares, no una medida general”, especificó el funcionario provincial.
En ese sentido, dio a conocer que “son alrededor de 35.000 hectáreas en total, en 53 predios y algunos con más de 1.000 hectáreas. Hoy están aprobadas para el cambio del uso del suelo, detrás de un proceso de regulación, y cada inmueble debe preservar un porcentaje de bosque en pie, que puede llegar al 30% según el caso”.
Reforestación ‘sin cultura’
En lo que hace a programas de forestación, Olivares reconoció que “es un tema muy importante, y a mi criterio, no existe una cultura de reforestación; por eso tiene que encararse a través de distintos ángulos”.
Sobre la incursión judicial por el tema desmontes, explicó que “la primera fue una audiencia preliminar, y hoy martes fue una segunda audiencia para escuchar a las partes. Hubo gente que opinaba desde un plano y otros con diferente puntos de vista, es algo interesante y novedoso. La medida cautelar nos ordenó la suspensión de los permisos y nosotros la obedecimos de inmediato, y el trámite principal es el amparo. También apelamos y, después del fallo, veremos si prospera la cautelar o el amparo”.
Afirmó que con la Oenegés que intervienen en la causa, “hay una relación con la mayoría, y fuimos creando una especie de diálogo fluido e intercambio de opiniones. Lea hicimos notar que hay cosas que no es tan sencillo responder, porque hay que dar respuesta a uno u otro sector, o a los dos, y el sistema legal te da la potestad de dar permisos; por supuesto, siempre que se respeten los estándares”.
Controles y conflictos
En cuanto al poder de policía de su cartera, opinó que lo que se da en el Departamento Güemes “es la situación del aprovechamiento del corte de madera para su industrialización (muebles, carbón, etc.), y ese abordaje se hace a través de denuncias a la Policía, o en la Dirección de Bosques, y actuamos rápidamente. A diferencia de los Departamentos San Martín y Fontana, el Güemes es el que mayor volumen de tierras tiene y el más conflictivo, porque está en una zona limítrofe con otras provincias”.
Al respecto relató que “recién en 2019 se está definiendo el límite con la provincia de Salta”. Y otro punto a tener en cuenta, “es que los puestos de control están a 400 o 500 kilómetros de Resistencia, donde los vehículos tienen que ser especiales y los inspectores tienen que estar formados”.
Vuelve a retomar el tema, y reitera, que “en la provincia no existe la cultura de la forestación. Chaco tiene una industria y producción forestal muy importante, y cuando digo esto es porque que no existe una política constante y mantenida en el tiempo, como sí la tienen en Misiones y Corrientes. La generación de madera tiene que preocuparnos, para que esté disponible y no se siga afectando al bosque nativo”.
Luciano Olivares describió que, mientras en las provincias vecinas se realiza la renovación de eucaliptos y pinos, que tienen rápido crecimiento y en unos 10 años vuelve a contarse con los ejemplares, “nosotros nos fuimos volcando por el bosque nativo, que es más complejo”. Y finalizó refiriendo la necesidad, de “incentivar las especies autóctonas para preservar nuestros bosques”..
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Un yaguareté en El Impenetrable
Un geolocalizador para el yaguareté de El Impenetrable
Fecha de Publicación: 21/09/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Chaco
Luego de que una cámara registrara por primera vez a un ejemplar de yaguareté en la zona, las autoridades del Parque Nacional y organizaciones protectoras quieren estudiar sus movimientos para protegerlo.
Tras el descubrimiento de un yaguareté en el Parque Nacional El Impenetrable, en Chaco, una organización ambiental intentará colocarle al animal un collar radiotransmisor con el objetivo de poder monitorear sus movimientos y estudiar sus hábitos. Fue el primer ejemplar de yaguareté registrado en esa zona y dado que se trata de una especie autóctona en peligro de extinción ahora las autoridades del parque junto a organizaciones protectoras estudian cómo protegerlo.
Se trata de especie emblema del norte argentino, que incluso supo ocupar sectores de la provincia de Buenos Aires. La Panthera onca se encuentra en una situación extremadamente vulnerable, ya que se estima que quedan pocos cientos de ejemplares en la Argentina en poblaciones aisladas, producto de la pérdida de su hábitat natural, así como también por la caza furtiva y los atropellamientos en rutas.
Fecha de Publicación: 21/09/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Chaco
Luego de que una cámara registrara por primera vez a un ejemplar de yaguareté en la zona, las autoridades del Parque Nacional y organizaciones protectoras quieren estudiar sus movimientos para protegerlo.
Tras el descubrimiento de un yaguareté en el Parque Nacional El Impenetrable, en Chaco, una organización ambiental intentará colocarle al animal un collar radiotransmisor con el objetivo de poder monitorear sus movimientos y estudiar sus hábitos. Fue el primer ejemplar de yaguareté registrado en esa zona y dado que se trata de una especie autóctona en peligro de extinción ahora las autoridades del parque junto a organizaciones protectoras estudian cómo protegerlo.
Se trata de especie emblema del norte argentino, que incluso supo ocupar sectores de la provincia de Buenos Aires. La Panthera onca se encuentra en una situación extremadamente vulnerable, ya que se estima que quedan pocos cientos de ejemplares en la Argentina en poblaciones aisladas, producto de la pérdida de su hábitat natural, así como también por la caza furtiva y los atropellamientos en rutas.
Hace algunas semanas, autoridades e investigadores hallaron en el área protegida chaqueña huellas del mayor felino americano, tras lo cual se pudieron obtener las primeras imágenes del animal gracias a las cámaras trampa instaladas en el lugar.
Ante la confirmación de la presencia del yaguareté, que tiene el status de Monumento Natural Nacional desde 2001, la organización The Conservation Land Trust (CLT) intentará capturarlo para colocarle un collar con un radiotransmisor, liberarlo y de esta manera poder monitorear sus desplazamientos, con el objetivo de conocer más sobre sus movimientos dentro del monte chaqueño.
Para conseguir ese objetivo, CLT llevará hasta el lugar a una de las hembras que forman parte del programa de reintroducción de especies que se lleva adelante en la región correntina de Iberá, donde se logró en junio de 2018 el nacimiento de dos yaguaretés.
La especie se encuentra en peligro crítico de extinción en la Argentina, después haber perdido el 95 por ciento de su distribución original, y se estima que quedan alrededor de 250 ejemplares en regiones separadas como la selva misionera, el impenetrable chaqueño y las yungas salteñas.
El ejemplar fue registrado por primera vez en El Impenetrable a través de las cámaras trampa instaladas por la misma organización, como parte de las tareas que realizan junto a la Administración de Parques Nacionales (APN) para el monitoreo de la especie en esa área protegida.
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Ante la confirmación de la presencia del yaguareté, que tiene el status de Monumento Natural Nacional desde 2001, la organización The Conservation Land Trust (CLT) intentará capturarlo para colocarle un collar con un radiotransmisor, liberarlo y de esta manera poder monitorear sus desplazamientos, con el objetivo de conocer más sobre sus movimientos dentro del monte chaqueño.
Para conseguir ese objetivo, CLT llevará hasta el lugar a una de las hembras que forman parte del programa de reintroducción de especies que se lleva adelante en la región correntina de Iberá, donde se logró en junio de 2018 el nacimiento de dos yaguaretés.
La especie se encuentra en peligro crítico de extinción en la Argentina, después haber perdido el 95 por ciento de su distribución original, y se estima que quedan alrededor de 250 ejemplares en regiones separadas como la selva misionera, el impenetrable chaqueño y las yungas salteñas.
El ejemplar fue registrado por primera vez en El Impenetrable a través de las cámaras trampa instaladas por la misma organización, como parte de las tareas que realizan junto a la Administración de Parques Nacionales (APN) para el monitoreo de la especie en esa área protegida.
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Etiquetas:
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Reservas Naturales - Parques
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Buscan disminuir la captura incidental en las pesca
Actores clave del sector pesquero buscan disminuir la captura incidental en las pesquerías de Argentina
Fecha de Publicación: 21/09/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Con vistas a profundizar la aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que dirige Sergio Bergman, organizó las “Jornadas sobre selectividad y reducción de bycatch”, donde reunió a los actores clave del sector pesquero, entre ellos, empresarios, gremios, decisores gubernamentales, investigadores y organizaciones de la sociedad civil.
Los encuentros, que desarrollan hoy y mañana en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en Mar del Plata, buscan lograr la implementación efectiva de acciones y medidas para la reducción de la captura incidental.
En la apertura de la primera jornada, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Nación destacó la participación de todos los sectores de la pesca “para trazar una agenda activa y transversal para seguir generando confianza y abordar la cuestión ambiental, económica y social de forma integral y mediante el consenso para avanzar hacia una sociedad más sostenible”.
Asimismo, el funcionario de la Secretaría de Ambiente indicó que desde el organismo nacional, y en conjunto con el INIDEP, “se lanzó una campaña en la que participarán capitanes de pesca con el fin de ajustar mecanismos de selectividad de langostino”.
De la apertura también participaron Marcelo Lobbosco, interventor del INIDEP, Francisco Yofre, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Argentina y Gabriela Navarro, directora de Planificación y Gestión de Pesquerías de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Las jornadas se desarrollaron en el marco del Proyecto “Proteger la biodiversidad marina: Enfoque Ecosistémico de la Pesca y áreas protegidas”, que es ejecutado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable e implementado por la FAO. “Este proyecto busca ampliar la mirada sobre la actividad pesquera mediante la promoción del Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP), contemplando no solo el recurso pesquero sino también los aspectos sociales y ambientales de la actividad. En este sentido, atender a la reducción de la pesca incidental, mediante la sensibilización, el compartir ejemplos exitosos y en un ámbito de diálogo y debate, permite mejorar el conocimiento del tratamiento de la temática y fortalecer el enfoque participativo que se busca con esta iniciativa” afirmó Francisco Yofre.
Por su arte, el interventor de INIDEP resaltó la necesidad de reforzar el trabajo de los observadores a bordo de los buques: “Sin ellos no podríamos conocer datos de descarte, lo que resulta esencial para maximizar las ganancias del sector pesquero y preservar los recursos”.
Los objetivos del encuentro fueron informar y sensibilizar sobre el bycatch y los impactos comerciales, ambientales y sociales que tienen en el sector pesquero; promover la implementación de líneas de acción tendientes a la disminución de la captura incidental por aplicación de sistemas de selectividad en las pesquerías de Argentina y generar un espacio de diálogo y debate en relación a ambas estas temáticas.
El encuentro contó con la participación de integrantes del Consejo Federal Pesquero, autoridades de aplicación pesquera nacional y de las provincias con litoral marítimo, la Armada Argentina, la Prefectura Naval Argentina, el INIDEP, cámaras empresariales, asociaciones de capitanes, organizaciones de la sociedad civil y referentes científicos.
Sobre bycatch y pesca incidental. Lograr la reducción del impacto en las especies capturadas incidentalmente, una mayor selectividad y el diseño de artes de pesca que minimicen daños son los principales y primeros esfuerzos de muchos países del Enfoque de Ecosistemas de la Pesca.
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Fecha de Publicación: 21/09/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Con vistas a profundizar la aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que dirige Sergio Bergman, organizó las “Jornadas sobre selectividad y reducción de bycatch”, donde reunió a los actores clave del sector pesquero, entre ellos, empresarios, gremios, decisores gubernamentales, investigadores y organizaciones de la sociedad civil.
Los encuentros, que desarrollan hoy y mañana en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en Mar del Plata, buscan lograr la implementación efectiva de acciones y medidas para la reducción de la captura incidental.
En la apertura de la primera jornada, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Nación destacó la participación de todos los sectores de la pesca “para trazar una agenda activa y transversal para seguir generando confianza y abordar la cuestión ambiental, económica y social de forma integral y mediante el consenso para avanzar hacia una sociedad más sostenible”.
Asimismo, el funcionario de la Secretaría de Ambiente indicó que desde el organismo nacional, y en conjunto con el INIDEP, “se lanzó una campaña en la que participarán capitanes de pesca con el fin de ajustar mecanismos de selectividad de langostino”.
De la apertura también participaron Marcelo Lobbosco, interventor del INIDEP, Francisco Yofre, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Argentina y Gabriela Navarro, directora de Planificación y Gestión de Pesquerías de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Las jornadas se desarrollaron en el marco del Proyecto “Proteger la biodiversidad marina: Enfoque Ecosistémico de la Pesca y áreas protegidas”, que es ejecutado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable e implementado por la FAO. “Este proyecto busca ampliar la mirada sobre la actividad pesquera mediante la promoción del Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP), contemplando no solo el recurso pesquero sino también los aspectos sociales y ambientales de la actividad. En este sentido, atender a la reducción de la pesca incidental, mediante la sensibilización, el compartir ejemplos exitosos y en un ámbito de diálogo y debate, permite mejorar el conocimiento del tratamiento de la temática y fortalecer el enfoque participativo que se busca con esta iniciativa” afirmó Francisco Yofre.
Por su arte, el interventor de INIDEP resaltó la necesidad de reforzar el trabajo de los observadores a bordo de los buques: “Sin ellos no podríamos conocer datos de descarte, lo que resulta esencial para maximizar las ganancias del sector pesquero y preservar los recursos”.
Los objetivos del encuentro fueron informar y sensibilizar sobre el bycatch y los impactos comerciales, ambientales y sociales que tienen en el sector pesquero; promover la implementación de líneas de acción tendientes a la disminución de la captura incidental por aplicación de sistemas de selectividad en las pesquerías de Argentina y generar un espacio de diálogo y debate en relación a ambas estas temáticas.
El encuentro contó con la participación de integrantes del Consejo Federal Pesquero, autoridades de aplicación pesquera nacional y de las provincias con litoral marítimo, la Armada Argentina, la Prefectura Naval Argentina, el INIDEP, cámaras empresariales, asociaciones de capitanes, organizaciones de la sociedad civil y referentes científicos.
Sobre bycatch y pesca incidental. Lograr la reducción del impacto en las especies capturadas incidentalmente, una mayor selectividad y el diseño de artes de pesca que minimicen daños son los principales y primeros esfuerzos de muchos países del Enfoque de Ecosistemas de la Pesca.
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Riachuelo: planifican que la mega obra estará lista en 2022
Avellaneda: el Sistema Riachuelo estará terminado en 2022
Fecha de Publicación: 21/09/2019
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
Se considera a la obra como las más importante en cuanto a sanear la cuenca y dotar de servicios cloacales a más de 4 millones de personas. Situación actual de los servicios en barrios de Avellaneda y Lanús.
La llamada obra de saneamiento más grande de Latinoamérica, la Planta de Pretratamiento de la obra Sistema Riachuelo con finalización prevista para dentro de tres años en Dock Sud, tiene a la ingeniera Marcela Alvarez, desde 2014, en el cargo de directora del Sistema Riachuelo, y del gerenciamiento de los contratos de construcción y supervisión de la obra.
Se trata del primer sistema troncal cloacal que se hace en el país en más de 70 años que beneficiará a 4,5 millones de habitantes del área metropolitana.
Como primera gran ampliación de dicho sistema, esa megaobra de infraestructura busca dar una solución integral a las limitaciones de prestación del servicio de desagües cloacales de gran parte de Buenos Aires. Tiene como objetivos mejorar la capacidad de transporte de los desagües tanto como la calidad del servicio, evitando la contaminación del Riachuelo por efluentes cloacales y contribuyendo al saneamiento de la cuenca.
Lo que piden los vecinos
En Avellaneda la red cloacal aún no llegó a sectores de Sarandí y Dock Sud y en gran parte de Gerli, de acuerdo a los reclamos vecinales. En Lanús, la cobertura pasó de un 40 por ciento hace cuatro años al 75 por ciento en la actualidad, pero faltan muchas conexiones domiciliarias, cámaras de inspección y todas las reparaciones de veredas.
Según la ingeniera Alvarez, "el Sistema Riachuelo viene a resolver un problema estructural. Los conductos llevan cada vez más caudal porque el área de concesión creció y también aumentó la cantidad de población".
Luego agregó un segundo aspecto: "Desde el punto de vista del saneamiento tiene una entidad muy importante, no solamente por la envergadura de las obras, por los montos en juego, sino fundamentalmente por los objetivos que perseguimos con la construcción de ese sistema".
"En ese sentido -precisó la funcionaria- podemos resumir que el proyecto surge frente a dos grandes problemáticas: la demográfica y la ambiental". Habla de la cantidad de población y los residuos arrojados a las aguas.
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Fecha de Publicación: 21/09/2019
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
Se considera a la obra como las más importante en cuanto a sanear la cuenca y dotar de servicios cloacales a más de 4 millones de personas. Situación actual de los servicios en barrios de Avellaneda y Lanús.
La llamada obra de saneamiento más grande de Latinoamérica, la Planta de Pretratamiento de la obra Sistema Riachuelo con finalización prevista para dentro de tres años en Dock Sud, tiene a la ingeniera Marcela Alvarez, desde 2014, en el cargo de directora del Sistema Riachuelo, y del gerenciamiento de los contratos de construcción y supervisión de la obra.
Se trata del primer sistema troncal cloacal que se hace en el país en más de 70 años que beneficiará a 4,5 millones de habitantes del área metropolitana.
Como primera gran ampliación de dicho sistema, esa megaobra de infraestructura busca dar una solución integral a las limitaciones de prestación del servicio de desagües cloacales de gran parte de Buenos Aires. Tiene como objetivos mejorar la capacidad de transporte de los desagües tanto como la calidad del servicio, evitando la contaminación del Riachuelo por efluentes cloacales y contribuyendo al saneamiento de la cuenca.
Lo que piden los vecinos
En Avellaneda la red cloacal aún no llegó a sectores de Sarandí y Dock Sud y en gran parte de Gerli, de acuerdo a los reclamos vecinales. En Lanús, la cobertura pasó de un 40 por ciento hace cuatro años al 75 por ciento en la actualidad, pero faltan muchas conexiones domiciliarias, cámaras de inspección y todas las reparaciones de veredas.
Según la ingeniera Alvarez, "el Sistema Riachuelo viene a resolver un problema estructural. Los conductos llevan cada vez más caudal porque el área de concesión creció y también aumentó la cantidad de población".
Luego agregó un segundo aspecto: "Desde el punto de vista del saneamiento tiene una entidad muy importante, no solamente por la envergadura de las obras, por los montos en juego, sino fundamentalmente por los objetivos que perseguimos con la construcción de ese sistema".
"En ese sentido -precisó la funcionaria- podemos resumir que el proyecto surge frente a dos grandes problemáticas: la demográfica y la ambiental". Habla de la cantidad de población y los residuos arrojados a las aguas.
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Córdoba tienen una Ley de Agricultura Campesina
Por unanimidad, la Legislatura aprobó la Ley de Agricultura Campesina
Fecha de Publicación: 20/09/2019
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
La norma declara de interés público la agricultura familiar e indígena y crea un Consejo Asesor y un Banco de Semillas.
La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles la creación de la Ley provincial de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, declararando de interés público esa actividad.
Se trata de la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.118 “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina”. Busca crear el Consejo Asesor con participación activa de las Organizaciones de la Sociedad Civil, el Registro Provincial de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, el Servicio Provincial de Extensión Rural, y un Banco de Semillas en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
El proyecto, que se elaboró a lo largo de dos años, lleva la firma de los legisladores Abel Lino, Gustavo Eslava, Germán Buttarelli, Miguel Ángel Majul, Carlos Presas, Carlos Ciprián, Aurelio García Elorrio y Martín Fresneda; y fue votado por la totalidad de los parlamentarios presentes durante el miércoles.
De su elaboración, participaron activamente el Ministerio de Agricultura a cargo de Sergio Busso, de la Dirección de Producción Agropecuaria Familiar a cargo de Mariana Vigo, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia a cargo de Carlos Walter Robledo, y de la Secretaria de Políticas y Estrategias en ciencias, tecnología y sociedad, a cargo de Alberto Daghero.
"Esta Ley va a proteger y reconocer a un sector invisibilizado de la agricultura provincial, pero que tiene una enorme potencialidad en la producción de alimentos sanos, cuidado de nuestro ambiente y sus bienes naturales", remarcó Fresneda.
La ley prevé además que se dicten capacitaciones a agricultores familiares, campesinos e indígenas; y también a técnicos y profesionales, para fomentar la equidad de género y el trabajo con jóvenes y pueblos originarios, así como la formación técnica y capacitación en el área rural.
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San Juan busca innovar en una moderna planta solar
Buscan construir la primera planta solar con almacenamiento del país
Fecha de Publicación: 20/09/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Cuesta U$S 65 millones y gestionan el financiamiento del BID. Tendrá 57 MW y será construida en dos etapas.
El nuevo proyecto de energía solar en San Juan es del Gobierno -está a cargo del Ente Provincial Sociedad del Estado (EPSE)-, se llama "La Travesía" por su cercanía a un río seco del mismo nombre; y a diferencia del resto de parques solares privados que están aflorando en la provincia, esta será la primera central solar de San Juan y del país con almacenamiento en estar conectada a la red de electricidad. Esta particularidad permitirá a la provincia un manejo económico más conveniente, ya que podrá prestar el servicio denominado de "regulación primaria de frecuencia", que se les está exigiendo a los generadores y grandes usuarios y que los parques solares no pueden hacer salvo que tengan baterías de almacenaje como este. Pero también podrá dar un servicio de "regulación secundaria de frecuencia" que permite cargar la batería en horas en que la energía es más barata (5 de la mañana), y comercializarla en horas pico cuando es más cara (a las 20). En Jujuy, por ejemplo, hay plantas solares con almacenamiento pero no están conectadas a la red.
Lucas Estrada, responsable del área solar del EPSE, dijo que el proyecto requiere una inversión de U$S 65 millones y que se avanza en lograr un crédito blando del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Buscan lograr la financiación pronto para licitar el proyecto antes de fin de año, y comenzar la construcción en el 2020.
Se emplazará en una parcela de 180 hectáreas del Parque Solar Ullum (ver infogafía) y aunque la central solar "La Travesía" es un proyecto de 57 MWp, se prevé su construcción en dos etapas, para posibilitar escalar su financiamiento.
En una primera etapa que tendrá un costo de U$S 25 millones se construirá un parque solar de 21 MWp, compuesto por 7 subcampos de 3 MWp cada uno, y también la obra de almacenamiento de energía con capacidad de 4MW. Esta última se asemeja a dos contenedores de cuarenta pies con baterías de litio-ion.
La segunda etapa consistirá en ampliar la colocación de paneles solares hacia el norte de la parcela, hasta anexar otros 36 MWp. Desde el EPSE explicaron que existe la capacidad necesaria tanto en la estación transformadora Ullum, como en las líneas de alta tensión para inyectar la totalidad de la potencia del parque solar La Travesía en sus dos etapas.
La gran novedad de este parque es que permitirá almacenar parte de la energía producida por el sistema de generación fotovoltaica durante determinados periodos de tiempo, para, luego, inyectar a la red la energía almacenada, durante otros lapsos de tiempo, según los criterios y objetivos que se establezcan.
Por ejemplo, la comercialización de energía renovable en Mercado Eléctrico Mayorista establece la obligación para que estos usuarios incluyan un porcentaje de energía proveniente de fuentes renovables. Muchos no tienen posibilidad de elegir un proveedor de energía o regulado, y entonces el operador del sistema eléctrico del país -CAMMESA- realiza compras conjuntas de energía renovable para satisfacer esa demanda. La central solar La Travesía, al tener almacenamiento, podrá participar en licitaciones para vender la energía producida. También se podrá vender el servicio a otros parques solares.
Estrada explicó que el proyecto además contempla una vinculación científica estrecha con el Instituto de Energía Eléctrica y la Universidad Nacional de San Juan, para estudiar estos sistemas e implementarlos en el futuro en redes inteligentes. ""El proyecto tiene un fin social y de investigación y desarrollo, lo que lo hace apto para lograr el financiamiento del BID", explicó el funcionario.
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Fecha de Publicación: 20/09/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Cuesta U$S 65 millones y gestionan el financiamiento del BID. Tendrá 57 MW y será construida en dos etapas.
El nuevo proyecto de energía solar en San Juan es del Gobierno -está a cargo del Ente Provincial Sociedad del Estado (EPSE)-, se llama "La Travesía" por su cercanía a un río seco del mismo nombre; y a diferencia del resto de parques solares privados que están aflorando en la provincia, esta será la primera central solar de San Juan y del país con almacenamiento en estar conectada a la red de electricidad. Esta particularidad permitirá a la provincia un manejo económico más conveniente, ya que podrá prestar el servicio denominado de "regulación primaria de frecuencia", que se les está exigiendo a los generadores y grandes usuarios y que los parques solares no pueden hacer salvo que tengan baterías de almacenaje como este. Pero también podrá dar un servicio de "regulación secundaria de frecuencia" que permite cargar la batería en horas en que la energía es más barata (5 de la mañana), y comercializarla en horas pico cuando es más cara (a las 20). En Jujuy, por ejemplo, hay plantas solares con almacenamiento pero no están conectadas a la red.
Lucas Estrada, responsable del área solar del EPSE, dijo que el proyecto requiere una inversión de U$S 65 millones y que se avanza en lograr un crédito blando del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Buscan lograr la financiación pronto para licitar el proyecto antes de fin de año, y comenzar la construcción en el 2020.
Se emplazará en una parcela de 180 hectáreas del Parque Solar Ullum (ver infogafía) y aunque la central solar "La Travesía" es un proyecto de 57 MWp, se prevé su construcción en dos etapas, para posibilitar escalar su financiamiento.
En una primera etapa que tendrá un costo de U$S 25 millones se construirá un parque solar de 21 MWp, compuesto por 7 subcampos de 3 MWp cada uno, y también la obra de almacenamiento de energía con capacidad de 4MW. Esta última se asemeja a dos contenedores de cuarenta pies con baterías de litio-ion.
La segunda etapa consistirá en ampliar la colocación de paneles solares hacia el norte de la parcela, hasta anexar otros 36 MWp. Desde el EPSE explicaron que existe la capacidad necesaria tanto en la estación transformadora Ullum, como en las líneas de alta tensión para inyectar la totalidad de la potencia del parque solar La Travesía en sus dos etapas.
La gran novedad de este parque es que permitirá almacenar parte de la energía producida por el sistema de generación fotovoltaica durante determinados periodos de tiempo, para, luego, inyectar a la red la energía almacenada, durante otros lapsos de tiempo, según los criterios y objetivos que se establezcan.
Por ejemplo, la comercialización de energía renovable en Mercado Eléctrico Mayorista establece la obligación para que estos usuarios incluyan un porcentaje de energía proveniente de fuentes renovables. Muchos no tienen posibilidad de elegir un proveedor de energía o regulado, y entonces el operador del sistema eléctrico del país -CAMMESA- realiza compras conjuntas de energía renovable para satisfacer esa demanda. La central solar La Travesía, al tener almacenamiento, podrá participar en licitaciones para vender la energía producida. También se podrá vender el servicio a otros parques solares.
Estrada explicó que el proyecto además contempla una vinculación científica estrecha con el Instituto de Energía Eléctrica y la Universidad Nacional de San Juan, para estudiar estos sistemas e implementarlos en el futuro en redes inteligentes. ""El proyecto tiene un fin social y de investigación y desarrollo, lo que lo hace apto para lograr el financiamiento del BID", explicó el funcionario.
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Inauguración de plantas solares en Jujuy
El 2 de octubre se inaugurarán las plantas Cauchari II y III
Fecha de Publicación: 20/09/2019
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
A fines de octubre se realizará la apertura de Cauchari I, demorada por cuestiones climatológicas, pero con un avance del 60%.
El gobernador Gerardo Morales anunció que para el 2 de octubre próximo está programada la inauguración de las plantas fotovoltaicas Cauchari II y II, mientras que Cauchari I será inaugurada a fines de octubre, puesto que la obra se encuentra aproximadamente en un 60 por ciento en su estado de ejecución, experimentando razonable demora debido a las condiciones climáticas desfavorables que se registran en la zona. “Cuando hay vientos de 40 kilómetros por hora, los trabajos se detienen”, explicó.
Resaltó que “1200 personas están trabajando a full en el proyecto de energía solar y Cauchari I finalizará el 25 de octubre”. Con posterioridad vendrán etapas de prueba que se prolongarán por dos meses, antes de comenzar a proveer energía al sistema interconectado. “El objetivo es comenzar a facturar en diciembre o enero”, apuntó.
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Fecha de Publicación: 20/09/2019
Fuente: Jujuy On Line
Provincia/Región: Jujuy
A fines de octubre se realizará la apertura de Cauchari I, demorada por cuestiones climatológicas, pero con un avance del 60%.
El gobernador Gerardo Morales anunció que para el 2 de octubre próximo está programada la inauguración de las plantas fotovoltaicas Cauchari II y II, mientras que Cauchari I será inaugurada a fines de octubre, puesto que la obra se encuentra aproximadamente en un 60 por ciento en su estado de ejecución, experimentando razonable demora debido a las condiciones climáticas desfavorables que se registran en la zona. “Cuando hay vientos de 40 kilómetros por hora, los trabajos se detienen”, explicó.
Resaltó que “1200 personas están trabajando a full en el proyecto de energía solar y Cauchari I finalizará el 25 de octubre”. Con posterioridad vendrán etapas de prueba que se prolongarán por dos meses, antes de comenzar a proveer energía al sistema interconectado. “El objetivo es comenzar a facturar en diciembre o enero”, apuntó.
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Hasta el Cofema en contra de importar basura
El Consejo Federal de Medio Ambiente rechazó el decreto de importación de basura
Fecha de Publicación: 19/09/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
El Cofema se suma a los pedidos en el Congreso para anular el decreto de Macri.
A la hora de importar productos desde el exterior el presidente Mauricio Macri no le hace asco a nada, ni siquiera a la basura, ni siquiera a aquello que puede dañar la salud de los argentinos. El decreto 591/19 que modifica los requisitos para el ingreso de residuos peligrosos al país que firmó a fines del mes pasado continúa generando rechazos, esta vez fue el propio Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que es el órgano que reúne a todas las autoridades ambientales de las provincias, el que emitió una resolución en rechazo de esa norma.
A los representantes del organismo no les faltan argumentos, ya que ni siquiera se los convocó para evaluar la nueva normativa. En sus palabras: “No se ha cumplido en el ámbito del Cofema una instancia previa de análisis integral de los impactos ambientales, económicos y sociales que dicha medida puede tener sobre las políticas provinciales de gestión integral de residuos”.
El lunes a la tarde los secretarios de ambiente se reunieron y emitieron su resolución que apunta primero a la eliminación del certificado de inocuidad sanitaria y ambiental, pero en los considerandos se extienden a que se requiere un estudio previo de la situación general del tema residuos para analizar “los riesgos sanitarios y ambientales de cada tipo de sustancia”, y también las “necesidades socioambientales” y “la efectiva capacidad de control de las jurisdicciones locales a cuyos territorios serán destinados”.
Tres puntos fundamentales, ya que Argentina carece de una política de gestión de residuos nacional, es decir, de reciclado para que, por ejemplo, puedan servir de insumos a la industria. De esto dan cuenta más de 5000 basurales a cielo abierto en el país, según cifras oficiales. El documento alerta sobre lo peligroso de abrir las puertas a la importación de basura, ya que no hay forma de controlar qué entra. Por otro lado, cualquier política pública que quiera encarar la gestión de residuos se chocará con la presión de los países (Estados Unidos, principalmente) y las multinacionales que ganan dinero con el transporte. Además estas empresas competirían con las cooperativas y Pymes que trabajan en el reciclado, sector que ocupa a unas 15 mil personas aproximadamente.
También a este sector hace referencia el Cofema al señalar los “impactos económicos y sociales”. La resolución del Cofema se suma a los dos pedidos de nulidad presentados en el Congreso y al recurso revocatorio de la Federación de Cartoneros Carreros y Recicladores.
Como era de prever, solo las provincias gobernadas por la coalición oficialista, como Buenos Aires y Corrientes, votaron en oposición a dicha resolución, el representante de Jujuy incluso expresó “su enérgico rechazo” a la misma.
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Fecha de Publicación: 19/09/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
El Cofema se suma a los pedidos en el Congreso para anular el decreto de Macri.
A la hora de importar productos desde el exterior el presidente Mauricio Macri no le hace asco a nada, ni siquiera a la basura, ni siquiera a aquello que puede dañar la salud de los argentinos. El decreto 591/19 que modifica los requisitos para el ingreso de residuos peligrosos al país que firmó a fines del mes pasado continúa generando rechazos, esta vez fue el propio Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que es el órgano que reúne a todas las autoridades ambientales de las provincias, el que emitió una resolución en rechazo de esa norma.
A los representantes del organismo no les faltan argumentos, ya que ni siquiera se los convocó para evaluar la nueva normativa. En sus palabras: “No se ha cumplido en el ámbito del Cofema una instancia previa de análisis integral de los impactos ambientales, económicos y sociales que dicha medida puede tener sobre las políticas provinciales de gestión integral de residuos”.
El lunes a la tarde los secretarios de ambiente se reunieron y emitieron su resolución que apunta primero a la eliminación del certificado de inocuidad sanitaria y ambiental, pero en los considerandos se extienden a que se requiere un estudio previo de la situación general del tema residuos para analizar “los riesgos sanitarios y ambientales de cada tipo de sustancia”, y también las “necesidades socioambientales” y “la efectiva capacidad de control de las jurisdicciones locales a cuyos territorios serán destinados”.
Tres puntos fundamentales, ya que Argentina carece de una política de gestión de residuos nacional, es decir, de reciclado para que, por ejemplo, puedan servir de insumos a la industria. De esto dan cuenta más de 5000 basurales a cielo abierto en el país, según cifras oficiales. El documento alerta sobre lo peligroso de abrir las puertas a la importación de basura, ya que no hay forma de controlar qué entra. Por otro lado, cualquier política pública que quiera encarar la gestión de residuos se chocará con la presión de los países (Estados Unidos, principalmente) y las multinacionales que ganan dinero con el transporte. Además estas empresas competirían con las cooperativas y Pymes que trabajan en el reciclado, sector que ocupa a unas 15 mil personas aproximadamente.
También a este sector hace referencia el Cofema al señalar los “impactos económicos y sociales”. La resolución del Cofema se suma a los dos pedidos de nulidad presentados en el Congreso y al recurso revocatorio de la Federación de Cartoneros Carreros y Recicladores.
Como era de prever, solo las provincias gobernadas por la coalición oficialista, como Buenos Aires y Corrientes, votaron en oposición a dicha resolución, el representante de Jujuy incluso expresó “su enérgico rechazo” a la misma.
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Vaca Muerta: Corte de Mendoza ordena revisar fallo
La Corte ordenó revisar un fallo en una causa por el fracking en Vaca Muerta
Fecha de Publicación: 19/09/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Fecha de Publicación: 19/09/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La Suprema Corte ordenó revisar un fallo que había negado un amparo ambiental. Es por los trabajos realizados en Malargüe por la primera práctica de fractura hidráulica hecha en Mendoza.
La Suprema Corte de Mendoza decidió habilitar la revisión de un fallo en una causa en la que organizaciones defensoras del ambiente habían pedido frenar la realización de fracking en Mendoza. La Corte habilitó la apelación de una sentencia que había rechazado un amparo ambiental que pedía la suspensión de esa técnica para extraer petróleo en el área Puesto Rojas, en Malargüe.
La decisión de la Corte no tiene ningún efecto sobre lo que la empresa El Trébol está realizando, pero sí obliga a revisar la causa en segunda instancia, cuestión que había sido negada.
Cuando comenzaron los primeros trabajos de fractura hidráulica en Malargüe, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, igual que otras organizaciones ambientalistas, recurrieron a la justicia para frenar los trabajos porque consideraban que no se habían cumplido los pasos determinados por la ley 5961 para aprobarlos. La justicia rechazó los amparos en primera instancia y luego denegaron la apelación, argumentando, entre otras cosas, que los trabajos ya habían terminado, por lo que quedaba en abstracto el reclamo. Allí es cuando fueron a la Corte para pedir la revisión de esa sentencia. "La resolución de la Cámara es arbitraria y carente de fundamento...Que también ha incurrido en falsedad en tanto culminar una primera etapa de fractura hidráulica no implica que cesen los trabajos en los pozos, sino que es lo opuesto en tanto, es a partir de entonces que los pozos producen...el riesgo que motivó la acción no ha cesado, más bien se ha incrementado. Que no se ha leído la presentación efectuada por su parte, pues no sólo solicitó la suspensión de la fractura sino también de la explotación de los pozos en cuestión.", reclamaban. Además, mencionaban en la causa hechos nuevos.
En el proceso hay un dato importante. Tras los trabajos de exploración realizados en Puesto Rojas, el Gobierno otorgó la concesión para explotar el área a la empresa El Trébol.
La Corte determinó que la justicia actuó mal y que la sentencia es apelable. Pero la causa no volverá a la Cámara, sino que estará pendiente de lo que la misma Suprema Corte decida en otra causa similar en la que se discute la constitucionalidad de las normas que aprobaron el fracking. "Concluyo que el auto recurrido al declarar mal concedido el recurso de apelación planteado, ha negado un recurso formalmente procedente, por lo que cabe hacer lugar -en lo pertinente- al recurso articulado y declarar la apelabilidad de la resolución", argumenta la sentencia.
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Represa Portezuelo: La Pampa pide un nuevo EsIA
En La Pampa insisten por un nuevo estudio de impacto ambiental antes de ejecutar Portezuelo
Fecha de Publicación: 19/09/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, afirmó hoy que las provincias que integran el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), "se mostraron libres de la coacción del gobierno nacional y por primera vez votaron en contra de Portezuelo del Viento y a favor de los intereses de la gente".
A través de cuenta de Twitter, Verna se mostró satisfecho por el acompañamiento de las provincias de Río Negro, Buenos Aires y Neuquén, cuyos representantes en la reunión que Coirco realizó ayer en Bahía Blanca apoyaron con su voto el reclamo de La Pampa de pedir que, antes de ejecutar la represa Portezuelo del Viento en Mendoza se realice un nuevo impacto ambiental en la región.
Por otra parte, el electo gobernador de La Pampa y actual senador nacional, Sergio Ziliotto, afirmó que "la soberanía política de La Pampa es innegociable, porque es la mejor herramienta que tenemos para ejercer la pampeanidad y así defender nuestros recurso hídricos".
Sobre el conflicto por la construcción de la represa Portezuelo del Viento bajo el manejo direccional de Mendoza, Ziliotto reiteró que "como cada vez que se intenta vulnerar un derecho de los pampeanos vamos a actuar sin reparar en quien tenemos en frente".
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Fecha de Publicación: 19/09/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, afirmó hoy que las provincias que integran el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), "se mostraron libres de la coacción del gobierno nacional y por primera vez votaron en contra de Portezuelo del Viento y a favor de los intereses de la gente".
A través de cuenta de Twitter, Verna se mostró satisfecho por el acompañamiento de las provincias de Río Negro, Buenos Aires y Neuquén, cuyos representantes en la reunión que Coirco realizó ayer en Bahía Blanca apoyaron con su voto el reclamo de La Pampa de pedir que, antes de ejecutar la represa Portezuelo del Viento en Mendoza se realice un nuevo impacto ambiental en la región.
Por otra parte, el electo gobernador de La Pampa y actual senador nacional, Sergio Ziliotto, afirmó que "la soberanía política de La Pampa es innegociable, porque es la mejor herramienta que tenemos para ejercer la pampeanidad y así defender nuestros recurso hídricos".
Sobre el conflicto por la construcción de la represa Portezuelo del Viento bajo el manejo direccional de Mendoza, Ziliotto reiteró que "como cada vez que se intenta vulnerar un derecho de los pampeanos vamos a actuar sin reparar en quien tenemos en frente".
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Logran rescatar seis de las siete orcas varadas
Rescataron a seis de las siete orcas que quedaron varadas en una playa de Buenos Aires
Fecha de Publicación: 18/09/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Buenos Aires
Rescatistas y voluntarios argentinos salvaron a seis de siete orcas que encallaron el lunes en una playa del sur de Buenos Aires.
Las orcas aparecieron durante las primeras horas de la mañana en la costa de la ciudad balnearia de Mar Chiquita, a unos 420 kilómetros al sur de la capital argentina. Un vecino que caminaba por el lugar dio aviso a las autoridades locales, que convocaron a un operativo de rescate del cual participaron agentes de prefectura, bomberos y biólogos marinos de dos acuarios cercanos.
Seis de los cetáceos lograron ser llevadas al mar, pero el séptimo murió en la orilla, informó la Prefectura Naval Argentina.
La dependencia señaló en un comunicado que una embarcación acompañará a las orcas mar adentro para evitar que vuelvan a quedar varadas.
Por el momento se desconocen las razones que produjeron el encallamiento de las orcas.
Flavia Laguné, secretaria de Turismo y Medio Ambiente de Mar Chiquita, dijo que quizá se desorientaron. A primera vista, refirió, no se ve que pudieran estar enfermas.
De cualquier forma las autoridades practicarán una necropsia al cetáceo muerto en la playa.
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Acuífero Guaraní en peligro por desmontes en reserva
El desmonte de una reserva pone en riesgo de contaminación al Acuífero Guaraní
Fecha de Publicación: 18/09/2019
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Nacional
Un estudio, encargado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), registró la desaparición de 800.000 ejemplares de árboles autóctonos de una reserva natural de Paraguay, en los últimos cinco años. Esto tiene lugar en varios sectores dentro de la reserva natural privada Morombí y afecta a 3.000 hectáreas, según explica Óscar Rodas, gerente de Cambio Climático de WWF Paraguay, en una nota publicada en el sitio web del diario Ultima Hora del vecino país.
Una serie de funestos efectos –menciona Rodas– acarrearía esta indiscriminada tala ilegal que se viene denunciando desde 2014. La vista satelital avizora un panorama dantesco: desde la desaparición de toda la biodiversidad, flora y fauna de la zona (hogar del yaguareté, Panthera onca, especie en peligro de extinción) hasta la contaminación de humedales tributarios de una de las más grandes reservas mundiales de agua dulce.
Ocurre que dentro de esta reserva existen dos lugares de recarga del Acuífero Guaraní, la segunda reserva del agua dulce más importante del mundo. El experto explica que los sitios de recarga son el “filtro natural”, donde penetran las aguas al subsuelo y recarga al acuífero que Paraguay comparte con Brasil, Argentina y Uruguay. “El acuífero es como una gran bolsa de agua que si se elimina el bosque que protege las zonas de recarga, puede contaminar el acuífero y eso ya es irreversible”, advierte.
De las 33.000 hectáreas que tiene Morombí, 25.000 hectáreas “son puro bosque, lo más diverso que se tiene en esta parte del continente, incluso más que el Amazonas en cuanto a árboles nativos, señala Rodas. El resto son humedales que sirven de afluente al depósito subterráneo de agua.
Daño irreparabla
El estudio señalado al inicio, elaborado por la ingeniera forestal Victoria Soerensen, da cuenta de que al menos 400 árboles por día se han perdido en Morombí. “Es un daño grave a un patrimonio natural genético. Queda todavía un sector oeste de la reserva bastante íntegro; pero al ritmo que va eso podría quedar totalmente afectado en menos de dos años”, alerta Rodas.
Tanto al noreste como al sureste de la reserva son los puntos más afectados ante la ocupación y actividades ilícitas (carboneras y plantaciones de marihuana). “Este proceso de depredación provocará que la reserva pierda su equilibrio natural e ingresará en un proceso de degradación de bosque que puede ser definitivo; no va a poder recuperarse porque los árboles de mayor tamaño van a ser talados”, dice y pasa a enumerar las consecuencias que se avizoran si no se detiene la tala.
“Produciría un desequilibrio en el clima, una pérdida en la calidad de los recursos hídricos, colmatación de manantiales, la contaminación de acuíferos, pérdida de vida silvestre (yaguareté, yvyra campana), de recursos genéticos para desarrollar emprendimientos agroforestales sostenibles con la comunidad”, enumera.
WWF hizo un estudio que arrojó que el Bosque Atlántico es una de las 200 ecorregiones más importantes a nivel del planeta en cuanto a diversidad biológica. “Eso da para dimensionar lo que estamos perdiendo desde el punto de vista ambiental y cultural”, sostiene.
Evitar la catástrofe
El camino para evitar la catástrofe –plantea– es el “diálogo” entre las autoridades del Gobierno y los pobladores de la zona de amortiguamiento de la reserva. “Finalmente, las poblaciones rurales, las familias campesinas, si llegan a un diálogo con los administradores de Morombí, el Gobierno establece un diálogo, ese potencial ambiental (agua, clima, yerba mate, hierbas medicinales del bosque, ka’a he’ê) puede ser aprovechado de una manera racional”, postula sobre lo que llama “productos no maderables” del bosque; así también se pueden usar los recursos con fines turísticos e investigación científica.
Recuerda que los municipios tienen el mandato de promover un plan de desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida a largo plazo de sus poblaciones. “Hay que cambiar el paradigma de tumbar bosques para satisfacer necesidades muy a corto plazo y dejar de lado la planificación”, concluye.
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Fecha de Publicación: 18/09/2019
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Nacional
Un estudio, encargado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), registró la desaparición de 800.000 ejemplares de árboles autóctonos de una reserva natural de Paraguay, en los últimos cinco años. Esto tiene lugar en varios sectores dentro de la reserva natural privada Morombí y afecta a 3.000 hectáreas, según explica Óscar Rodas, gerente de Cambio Climático de WWF Paraguay, en una nota publicada en el sitio web del diario Ultima Hora del vecino país.
Una serie de funestos efectos –menciona Rodas– acarrearía esta indiscriminada tala ilegal que se viene denunciando desde 2014. La vista satelital avizora un panorama dantesco: desde la desaparición de toda la biodiversidad, flora y fauna de la zona (hogar del yaguareté, Panthera onca, especie en peligro de extinción) hasta la contaminación de humedales tributarios de una de las más grandes reservas mundiales de agua dulce.
Ocurre que dentro de esta reserva existen dos lugares de recarga del Acuífero Guaraní, la segunda reserva del agua dulce más importante del mundo. El experto explica que los sitios de recarga son el “filtro natural”, donde penetran las aguas al subsuelo y recarga al acuífero que Paraguay comparte con Brasil, Argentina y Uruguay. “El acuífero es como una gran bolsa de agua que si se elimina el bosque que protege las zonas de recarga, puede contaminar el acuífero y eso ya es irreversible”, advierte.
De las 33.000 hectáreas que tiene Morombí, 25.000 hectáreas “son puro bosque, lo más diverso que se tiene en esta parte del continente, incluso más que el Amazonas en cuanto a árboles nativos, señala Rodas. El resto son humedales que sirven de afluente al depósito subterráneo de agua.
Daño irreparabla
El estudio señalado al inicio, elaborado por la ingeniera forestal Victoria Soerensen, da cuenta de que al menos 400 árboles por día se han perdido en Morombí. “Es un daño grave a un patrimonio natural genético. Queda todavía un sector oeste de la reserva bastante íntegro; pero al ritmo que va eso podría quedar totalmente afectado en menos de dos años”, alerta Rodas.
Tanto al noreste como al sureste de la reserva son los puntos más afectados ante la ocupación y actividades ilícitas (carboneras y plantaciones de marihuana). “Este proceso de depredación provocará que la reserva pierda su equilibrio natural e ingresará en un proceso de degradación de bosque que puede ser definitivo; no va a poder recuperarse porque los árboles de mayor tamaño van a ser talados”, dice y pasa a enumerar las consecuencias que se avizoran si no se detiene la tala.
“Produciría un desequilibrio en el clima, una pérdida en la calidad de los recursos hídricos, colmatación de manantiales, la contaminación de acuíferos, pérdida de vida silvestre (yaguareté, yvyra campana), de recursos genéticos para desarrollar emprendimientos agroforestales sostenibles con la comunidad”, enumera.
WWF hizo un estudio que arrojó que el Bosque Atlántico es una de las 200 ecorregiones más importantes a nivel del planeta en cuanto a diversidad biológica. “Eso da para dimensionar lo que estamos perdiendo desde el punto de vista ambiental y cultural”, sostiene.
Evitar la catástrofe
El camino para evitar la catástrofe –plantea– es el “diálogo” entre las autoridades del Gobierno y los pobladores de la zona de amortiguamiento de la reserva. “Finalmente, las poblaciones rurales, las familias campesinas, si llegan a un diálogo con los administradores de Morombí, el Gobierno establece un diálogo, ese potencial ambiental (agua, clima, yerba mate, hierbas medicinales del bosque, ka’a he’ê) puede ser aprovechado de una manera racional”, postula sobre lo que llama “productos no maderables” del bosque; así también se pueden usar los recursos con fines turísticos e investigación científica.
Recuerda que los municipios tienen el mandato de promover un plan de desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida a largo plazo de sus poblaciones. “Hay que cambiar el paradigma de tumbar bosques para satisfacer necesidades muy a corto plazo y dejar de lado la planificación”, concluye.
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Juicio por derrame en Veladero sin acusados de la empresa
A cuatro años del derrame de la mina Veladero, cinco ex funcionarios nacionales irán a juicio oral
Fecha de Publicación: 18/09/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Ningún empleado de la empresa está procesado y las aguas de los ríos continúan con altos niveles de mercurio.
Cinco ex funcionarios nacionales, entre ellos tres ex secretarios de Medio Ambiente, irán a juicio oral mientras ningún empleado de la empresa está procesado y las aguas de los ríos continúan con altos niveles de mercurio a cuatro años del derrame de un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada de la mina Veladero (San Juan) de la empresa Barrick Gold, recordaron hoy asambleístas ambientales que mantienen una protesta en el municipio de Jáchal.
"Cuando nos enteramos del derrame varios vecinos y vecinas estábamos organizados desde hacía unos meses a raíz del peligro de la instalación de una mina de Uranio", recordó a Télam Domingo Jofré, integrante de la Asamblea Jachal no se Toca, una ciudad situada a 300 kilómetros río abajo de Veladero, ubicado en el Departamento de Iglesia.
Y, continuó: "Fuimos nosotros quienes dijimos al resto: cerremos el agua, hagamos análisis, veamos cómo está la planta potabilizadora, etc.".
Domingo Jofré es uno de los manifestantes que acampa desde hace 1.400 días frente a la Municipalidad para exigir, entre otros temas, "que Veladero cierre y mitigue de alguna manera el daño ambiental que hizo".
Según consta en el expediente judicial entre los días 12 y 13 de septiembre de 2015 "se produjo la rotura de una de las válvulas de venteo en el circuito PLS (pila delixiviación) lo que ocasionó el derrame un millón setenta y dos millitros de solución cianurada (...) hacia el río Potrerillos hasta llegar al río Jáchal".
Tras idas y vueltas, en mayo de 2016 la Corte Suprema de la Nación dividió la competencia y definió que la Justicia sanjuanina debía juzgar a los responsables provinciales y de la empresa, mientras que la federal debía investigar la actuación de los funcionarios nacionales.
En el plano federal, el juez Sebastián Casanello dispuso -en octubre de 2018- elevar a juicio oral (causa 10049/15) a Sergio Lorusso (ex secretario de Ambiente), Beatriz Domingorena (ex subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación) y Jorge Mayoral (ex secretario de Minería) por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En junio de 2018, Casanello ya había elevado a juicio oral a Lorusso junto a otros ex secretarios de Medio Ambiente, Juan José Mussi y Omar Judis, y a Ricardo Villaba (ex titular de IANIGLA) por el delito de abuso de autoridad en relación a la Ley de Glaciares en una causa desprendida de la del derrame.
"La justicia federal realizó una gran investigación, aceptó a la Asamblea de Jachal como querellante, contrató un perito internacional que constató los daños y está llevando a juicio oral a las máximas autoridades ambientales, será un juicio histórico", señaló Enrique Viale, abogado de la Asamblea, e informó que si bien ya está asignado el tribunal, no hay fecha fijada para el inicio del juicio.
Por su parte, el entonces el juez penal de Jáchal, Pablo Oritja, procesó a ocho empleados de la empresa por el delito de contaminación de agua, en su modalidad culposa, por actuar con "negligencia o impericia", además de transgredir la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, pero no imputó a ningún funcionario provincial.
A dos años y medio del derrame, tras la renuncia de Oritja al cargo de juez de la Segunda Circunscripción, la causa quedó en manos del Juez de Paz de Iglesia, Hugo Quiroga, mientras que Sohar Alfredo Aballay asumió como fiscal.
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Fecha de Publicación: 18/09/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Ningún empleado de la empresa está procesado y las aguas de los ríos continúan con altos niveles de mercurio.
Cinco ex funcionarios nacionales, entre ellos tres ex secretarios de Medio Ambiente, irán a juicio oral mientras ningún empleado de la empresa está procesado y las aguas de los ríos continúan con altos niveles de mercurio a cuatro años del derrame de un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada de la mina Veladero (San Juan) de la empresa Barrick Gold, recordaron hoy asambleístas ambientales que mantienen una protesta en el municipio de Jáchal.
"Cuando nos enteramos del derrame varios vecinos y vecinas estábamos organizados desde hacía unos meses a raíz del peligro de la instalación de una mina de Uranio", recordó a Télam Domingo Jofré, integrante de la Asamblea Jachal no se Toca, una ciudad situada a 300 kilómetros río abajo de Veladero, ubicado en el Departamento de Iglesia.
Y, continuó: "Fuimos nosotros quienes dijimos al resto: cerremos el agua, hagamos análisis, veamos cómo está la planta potabilizadora, etc.".
Domingo Jofré es uno de los manifestantes que acampa desde hace 1.400 días frente a la Municipalidad para exigir, entre otros temas, "que Veladero cierre y mitigue de alguna manera el daño ambiental que hizo".
Según consta en el expediente judicial entre los días 12 y 13 de septiembre de 2015 "se produjo la rotura de una de las válvulas de venteo en el circuito PLS (pila delixiviación) lo que ocasionó el derrame un millón setenta y dos millitros de solución cianurada (...) hacia el río Potrerillos hasta llegar al río Jáchal".
Tras idas y vueltas, en mayo de 2016 la Corte Suprema de la Nación dividió la competencia y definió que la Justicia sanjuanina debía juzgar a los responsables provinciales y de la empresa, mientras que la federal debía investigar la actuación de los funcionarios nacionales.
En el plano federal, el juez Sebastián Casanello dispuso -en octubre de 2018- elevar a juicio oral (causa 10049/15) a Sergio Lorusso (ex secretario de Ambiente), Beatriz Domingorena (ex subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación) y Jorge Mayoral (ex secretario de Minería) por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En junio de 2018, Casanello ya había elevado a juicio oral a Lorusso junto a otros ex secretarios de Medio Ambiente, Juan José Mussi y Omar Judis, y a Ricardo Villaba (ex titular de IANIGLA) por el delito de abuso de autoridad en relación a la Ley de Glaciares en una causa desprendida de la del derrame.
"La justicia federal realizó una gran investigación, aceptó a la Asamblea de Jachal como querellante, contrató un perito internacional que constató los daños y está llevando a juicio oral a las máximas autoridades ambientales, será un juicio histórico", señaló Enrique Viale, abogado de la Asamblea, e informó que si bien ya está asignado el tribunal, no hay fecha fijada para el inicio del juicio.
Por su parte, el entonces el juez penal de Jáchal, Pablo Oritja, procesó a ocho empleados de la empresa por el delito de contaminación de agua, en su modalidad culposa, por actuar con "negligencia o impericia", además de transgredir la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, pero no imputó a ningún funcionario provincial.
A dos años y medio del derrame, tras la renuncia de Oritja al cargo de juez de la Segunda Circunscripción, la causa quedó en manos del Juez de Paz de Iglesia, Hugo Quiroga, mientras que Sohar Alfredo Aballay asumió como fiscal.
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Desmanejos de Vaca Muerta: ahora escape de gas y fuego
Controlar el incendio del pozo de YPF en Vaca Muerta podría demandar hasta tres semanas
Fecha de Publicación: 18/09/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Neuquén
La fuga comenzó el sábado a la madrugada y, aún hoy, el pozo sigue en llamas. Un equipo de expertos de Houston llegó para colaborar con la empresa YPF para contener el shale gas que sale a presión desde cientos de metros de profundidad del pozo denominado LLLO X-2 en Loma La Lata, en Neuquén. Por ahora no pueden cerrar la válvula, hay que esperar que llegue un equipo especial de los Estados Unidos y se estima que el control demandaría entre dos y tres semanas.
Así lo informó la empresa petrolera estatal a Infobae mediante un comunicado y las autoridades provinciales, que aseguran, monitorean minuto a minuto las llamas y el venteo de gases que genera hacia la atmósfera. Aún no se saben las causas del accidente.
Más de 220 personas realizan tareas de contención sobre el pozo incendiado en la zona oeste de Loma de la Lata. "Hay unos 110 vehículos afectados entre maquinaría vial, autobombas y camiones", detalla la información. Unos 20 brigadistas operan en la zona.
Todavía "se avanza con el desarrollo del plan de acción delineado por el equipo local y el equipo de expertos internacionales para intervenir las instalaciones afectadas". La empresa agregó que no existe peligro para la población porque no hay habitantes en esa zona. Sin embargo,
en el Observatorio Petrolero Sur (OpSur) advierten que el accidente ocurrió a escasos metros del lago Los Barreales, que hace las veces de cisterna para la población neuquina.
"La fuga en el pozo exploratorio LLLO X-2 comenzó el sábado y en la madrugada del domingo se declaró el incendio. La situación recuerda a lo sucedido en 2013 en la localidad de Plottier, cuando ardió un pozo de gas ubicado a poco metros de un plan de viviendas. En aquella oportunidad tardaron cinco días en controlar las llamas, también intervinieron especialistas llegados desde Estados Unidos. Si bien en el caso de Loma La Lata Oeste no se trata de una zona urbana, como se ha enfatizado en algunos ámbitos para restarle gravedad al hecho, cabe destacar que el pozo se ubica a menos de dos kilómetros del lago Los Barreales, que funciona como "cisterna" para el aprovisionamiento de gran parte de quienes viven en el conglomerado urbano más importante de la Patagonia Norte", indicó Fernando Cabrera, del OpSur.
Según explicaron en YPF, la empresa convocada es Wild Well Control, quienes resuelven el 80% de este tipo de casos a nivel global. La firma tiene base en Houston, Estados Unidos, y tienen un riguroso protocolo a aplicar dentro de este tipo de situaciones.
"Lo que está sucediendo en Loma La Lata Oeste reactualiza la necesidad de que se abra ese debate, no para crear "zonas de exclusión" y liberar el resto del territorio al extractivismo, sino para avanzar en una transición hacia otras fuentes de energía, que demanda de manera urgente, como paso primero, el establecimiento de zonas de preservación. Es decir, que se frene el avance sobre áreas urbanas y periurbanas, cuencas hídricas, tierras destinadas a la producción de alimentos, territorios comunitarios indígenas y áreas naturales protegidas", agregó Cabrera.
El subsecretario de Energía, Minería e Hidrocarburos, Gabriel López, informó en una entrevista a una radio local que cuando fueron comunicados del evento, enviaron de inmediato a personal de inspección técnica, con sede en Plaza Huincul, y "se tomó intervención con el personal que estaba llevando adelante el protocolo de seguridad en ese momento, constatando que las medidas adoptadas fueran correctas". En ese momento se encontraba el pozo solo con la fuga de gas.
"Se hicieron todos los monitoreos de calidad de aire, para determinar si la nube de gas seco estaba afectando algún lugar o población y se constató que no, la nube se disipaba rápidamente con el contacto con el oxígeno" sostuvo el funcionario y aclaró que en la superficie no hubo ningún tipo de alteraciones. También destacó que, aunque cause más impresión, que esté en llamas "es mejor" a que se escape el gas.
Según las palabras del funcionario, se espera que llegue "una válvula de cierre que va a permitir ahogar el pozo, contener la presión y las llamas y a partir de ahí hacer un cierre seguro de las instalaciones para poder anular ese pozo". Por el momento, en la cartera no hablan de sanciones ya que se espera que la empresa informe la causa del accidente y luego, se evalúe el daño que provocó.
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Fecha de Publicación: 18/09/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Neuquén
La fuga comenzó el sábado a la madrugada y, aún hoy, el pozo sigue en llamas. Un equipo de expertos de Houston llegó para colaborar con la empresa YPF para contener el shale gas que sale a presión desde cientos de metros de profundidad del pozo denominado LLLO X-2 en Loma La Lata, en Neuquén. Por ahora no pueden cerrar la válvula, hay que esperar que llegue un equipo especial de los Estados Unidos y se estima que el control demandaría entre dos y tres semanas.
Así lo informó la empresa petrolera estatal a Infobae mediante un comunicado y las autoridades provinciales, que aseguran, monitorean minuto a minuto las llamas y el venteo de gases que genera hacia la atmósfera. Aún no se saben las causas del accidente.
Más de 220 personas realizan tareas de contención sobre el pozo incendiado en la zona oeste de Loma de la Lata. "Hay unos 110 vehículos afectados entre maquinaría vial, autobombas y camiones", detalla la información. Unos 20 brigadistas operan en la zona.
Todavía "se avanza con el desarrollo del plan de acción delineado por el equipo local y el equipo de expertos internacionales para intervenir las instalaciones afectadas". La empresa agregó que no existe peligro para la población porque no hay habitantes en esa zona. Sin embargo,
en el Observatorio Petrolero Sur (OpSur) advierten que el accidente ocurrió a escasos metros del lago Los Barreales, que hace las veces de cisterna para la población neuquina.
"La fuga en el pozo exploratorio LLLO X-2 comenzó el sábado y en la madrugada del domingo se declaró el incendio. La situación recuerda a lo sucedido en 2013 en la localidad de Plottier, cuando ardió un pozo de gas ubicado a poco metros de un plan de viviendas. En aquella oportunidad tardaron cinco días en controlar las llamas, también intervinieron especialistas llegados desde Estados Unidos. Si bien en el caso de Loma La Lata Oeste no se trata de una zona urbana, como se ha enfatizado en algunos ámbitos para restarle gravedad al hecho, cabe destacar que el pozo se ubica a menos de dos kilómetros del lago Los Barreales, que funciona como "cisterna" para el aprovisionamiento de gran parte de quienes viven en el conglomerado urbano más importante de la Patagonia Norte", indicó Fernando Cabrera, del OpSur.
Según explicaron en YPF, la empresa convocada es Wild Well Control, quienes resuelven el 80% de este tipo de casos a nivel global. La firma tiene base en Houston, Estados Unidos, y tienen un riguroso protocolo a aplicar dentro de este tipo de situaciones.
"Lo que está sucediendo en Loma La Lata Oeste reactualiza la necesidad de que se abra ese debate, no para crear "zonas de exclusión" y liberar el resto del territorio al extractivismo, sino para avanzar en una transición hacia otras fuentes de energía, que demanda de manera urgente, como paso primero, el establecimiento de zonas de preservación. Es decir, que se frene el avance sobre áreas urbanas y periurbanas, cuencas hídricas, tierras destinadas a la producción de alimentos, territorios comunitarios indígenas y áreas naturales protegidas", agregó Cabrera.
El subsecretario de Energía, Minería e Hidrocarburos, Gabriel López, informó en una entrevista a una radio local que cuando fueron comunicados del evento, enviaron de inmediato a personal de inspección técnica, con sede en Plaza Huincul, y "se tomó intervención con el personal que estaba llevando adelante el protocolo de seguridad en ese momento, constatando que las medidas adoptadas fueran correctas". En ese momento se encontraba el pozo solo con la fuga de gas.
"Se hicieron todos los monitoreos de calidad de aire, para determinar si la nube de gas seco estaba afectando algún lugar o población y se constató que no, la nube se disipaba rápidamente con el contacto con el oxígeno" sostuvo el funcionario y aclaró que en la superficie no hubo ningún tipo de alteraciones. También destacó que, aunque cause más impresión, que esté en llamas "es mejor" a que se escape el gas.
Según las palabras del funcionario, se espera que llegue "una válvula de cierre que va a permitir ahogar el pozo, contener la presión y las llamas y a partir de ahí hacer un cierre seguro de las instalaciones para poder anular ese pozo". Por el momento, en la cartera no hablan de sanciones ya que se espera que la empresa informe la causa del accidente y luego, se evalúe el daño que provocó.
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Sin Ley de Humedales, la Corte sale a protegerlos
En defensa de los humedales
Fecha de Publicación: 17/09/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
La decisión atañe al Barrio Náutico Amarras de Gualeguaychú, frente a la ciudad del mismo nombre. El fallo fue recibido como "histórico" por los ambientalistas.
La Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia considerada "histórica" por las organizaciones socioambientales. Ordenó frenar la construcción de un barrio privado en Entre Ríos y proteger los humedales (reservorios de agua dulce). Solo en la cuenca baja del río Luján (zona de reiteradas inundaciones) existen al menos 66 barrios privados, que ocupan 9000 hectáreas de humedales. "Cada fallo judicial nos genera la ilusión de que algún día se pueda hacer justicia por tanto daño que han hecho empresas como Eidico (de Jorge O'Reilly) y Nordelta (Eduardo Costantini) en nuestro territorio", señaló Reinaldo Roa, de la comunidad de Punta Querandí, en Tigre. A inicios de su mandato el presidente Mauricio Macri había prometido una ley nacional de humedales, pero nunca se concretó.
Los humedales son sitios de gran biodiversidad, zonas de inundación permanente o temporaria, que actúan como "esponja" y regulan el caudal de agua. Absorben y atenúan inundaciones. Ejemplos de humedales son los Esteros del Iberá (Corrientes), Delta del Paraná (Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires) y Laguna de los Pozuelos (Jujuy), entre otros.
En las últimas décadas sufrieron el avance de actividades perjudiciales, desde agronegocio (ganadería, arrozales, soja), minería de litio hasta de grandes empresas inmobiliarias (los countries suelen ubicarse, y destruir, humedales). Desde hace más de una década organizaciones socioambientales, vecinales y académicos impulsan la protección de esos sitios (en sintonía con lo que fueron las leyes de bosques y de glaciares).
"Barrio Náutico Amarras de Gualeguaychú", es el nombre del emprendimiento inmobiliario de la empresa Altos de Unzué Sociedad Anónima. Cuenta con 445 lotes, prevé la construcción de 200 viviendas y un hotel de 150 habitaciones, lindero al conocido Parque Unzué, en la margen del río Gualeguaychú, justo frente a la ciudad de Gualeguaychú. La empresa realizó movimientos de suelo antes de presentar la declaración de impacto ambiental.
La demanda, impulsada por un grupo de vecinos (encabezado por Julio Majul), solicitó el cese de actividades y la reparación de los daños. "El proyecto se realizará sobre una zona de humedales, con impactos permanentes e irreversibles", señalá el fallo de la Corte Suprema, con la firma los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
La Corte Suprema dejó sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado el amparo inicial con el tecnicismo de que la Municipalidad de Gualeguaychú ya había realizado una denuncia y la situación se debía resolver en el ámbito administrativo.
Los vecinos recurrieron al máximo tribunal del país, que en julio pasado revocó lo resuelto por los jueces provinciales, lo consideró "arbitraria" y destacó la importancia del cuidado de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales. La Corte Suprema resaltó la vigencia del derecho a vivir en una ambiente sano (artículo 41 de la Constitución Nacional y 22 de la Constitución de Entre Ríos) y recordó que el Estado debe garantiza la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, prevención, utilización racional, de equidad intergeneracional, progresividad y responsabilidad.
En un fallo de 22 páginas, el máximo tribunal afirmó que la cuenca hídrica es un sistema integral, en la que los humedales cumplen una función vital en materia de control de crecidas e inundaciones, protección de tormentas, recargas de acuíferos y retención de sedimentos y agentes contaminantes.
La Corte Suprema también reiteró la vigencia de un artículo muy poco aplicado por los jueces del país: el "principio precautorio" (cuando haya riesgo para la salud o el ambiente, se deben tomar medidas preventivas, aunque no haya certeza absoluta de su afectación).
"Los barrios cerrados dañan nuestro territorio, destruyen el equilibrio natural milenario, arrasando cementerios indígenas de nuestros ancestros, desalojando cientos de familias, adueñándose de ríos y arroyos y eliminando la diversidad productiva de nuestra región", denunció Reinaldo Roa, miembro del Pueblo Guaraní y representante del Consejo de Ancianos de la Comunidad de Punta Querandí, ubicada en el paraje Punta Canal entre Tigre y Escobar, una de las zonas más impactadas por los barrios privados. Punta Querandí sufre juicios de desalojos: la causa penal fue favorable a la comunidad indígena con fallos de primera y segunda instancia durante 2018, y se espera una próxima sentencia del Poder Judicial e San Isidro.
Patricia Pintos es una de las académicas que más estudió la relación humedales-barrios cerrados. En el estudio “Urbanismo privado y gestión del suelo sobre humedales de la cuenca baja del Río Luján”, del Centro de Investigaciones Geográficas (IdIHCS/UNLP), contabilizó un piso de 66 barrios privados que ocupan 9065 hectáreas en la cuenca baja del río Luján (Pilar, Campana, Escobar y Tigre). Pintos coincidió con la comunidad Punta Querandí (y con las organizaciones socioambientales) que puntualizan en dos empresarios como los referentes en barrios cerrados y destrucción de humedales: Jorge O'Reilly (empresa Eidico) y Eduardo Costantini (Consultatio S.A.), dueño también del museo Malba.
En febrero de 2016, el presidente Mauricio Macri había prometido en público una ley nacional de protección de humedales. En noviembre de ese año, la Cámara de Senadores se negó a votar el proyecto. El principal artífice de la negativa fue el productor y senador entrerriano Alfredo De Angeli.
La Corte Suprema de Justicia resaltó dos principios "novedosos" que aplicó para proteger humedales: “In dubio pro natura” y el “in dubio pro aqua". La Asociación por la Justicia Ambiental y el Observatorio por el Derecho a la Ciudad emitieron un comunicado en conjunto y explicaron el valor jurídico. Los principios "in dubio pro natura y pro agua" establecen que "en caso de duda, las controversias ambientales y de agua 'deberán ser resueltas en los tribunales, y las leyes de aplicación interpretadas del modo más favorable a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas conexos".
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Santa Fe busca identificar patologías asociadas a pesticidas
Agroquímicos: proponen crear un registro provincial de patologías asociadas a la contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 17/09/2019
Fuente: Aire Digital
Provincia/Región: Santa Fe
En la iniciativa se detalla que el objetivo es “reunir datos precisos sobre la incidencia de estas agresiones contra el medio ambiente y la salud que producen las prácticas productivas que hoy se imponen en todo el territorio provincial”.
Muchos actores sociales alertan sobre los efectos negativos en la salud y en el ambiente del modelo agroindustrial argentino, que depende en buena parte de la utilización intensiva de agroquímicos utilizados para “limpiar” los campos de malezas o plagas de diferente tipo. Hasta ahora, la provincia de Santa Fe no cuenta con un registro específico de patologías derivadas de ese tipo de contaminación ambiental, y eso es lo que intenta subsanar el proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) que busca dotar a las autoridades y a la población de una herramienta de conocimiento que sirva para poder luego elaborar políticas productivas y de salud que atiendan al bienestar general.
Un comité que nunca funcionó
El proyecto de ley presentado por Del Frade está anclado en un Comité Interministerial de Salud Ambiental creado hace ya nueve años con la intención de seguir de cerca las problemáticas generadas por las posibles consecuencias sobre el ambiente y la salud de las personas en relación con actividades productivas, con el ojo puesto especialmente en el uso de agroquímicos.
El decreto que creó ese Comité lo explicaba así: “La producción agropecuaria demanda el uso de biocidas y es necesario intervenir para determinar el grado en que estos productos constituyen una fuente potencial de riesgo para la salud de la población y el ambiente”.
Una de las funciones de ese Comité era registrar las denuncias vinculadas a los efectos de las fumigaciones sobre la salud de la población: “Nueve años después, sin embargo, aquel decreto no tiene existencia real en las prácticas políticas públicas de la provincia”, detalló el legislador.
Urgencias socioambientales
“Urge un informe provincial permanente y que se mantenga a través del tiempo para despejar dudas sobre la verdadera incidencia del modelo productivo en la salud y el medio ambiente santafesinos” detalló Del Frade en su propuesta, para agregar que “las permanentes fumigaciones, el siempre postergado debate sobre una nueva ley de fitosanitarios y el imperio de los intereses económicos por encima del bienestar de la naturaleza y las personas santafesinas exigen una herramienta práctica y contundente que despeje cualquier tipo de dudas sobre la consecuencia de la democratización del veneno como condición indispensable para la renta derivada del monocultivo”.
Información, insumo clave
La idea es que este registro sirva para recopilar información de pacientes con patologías derivadas de la contaminación ambiental para poder luego elaborar estadísticas al respecto. En la iniciativa se detalla que el objetivo es “reunir datos precisos sobre la incidencia de estas agresiones contra el medio ambiente y la salud que producen las prácticas productivas que hoy se imponen en todo el territorio provincial”.
Para reunir esta información se invita a gobiernos, universidades e institutos de salud que traten patologías derivadas de la contaminación ambiental “a proporcionar al registro datos precisos, investigaciones científicas y estudios especializados al respecto”.
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Fecha de Publicación: 17/09/2019
Fuente: Aire Digital
Provincia/Región: Santa Fe
En la iniciativa se detalla que el objetivo es “reunir datos precisos sobre la incidencia de estas agresiones contra el medio ambiente y la salud que producen las prácticas productivas que hoy se imponen en todo el territorio provincial”.
Muchos actores sociales alertan sobre los efectos negativos en la salud y en el ambiente del modelo agroindustrial argentino, que depende en buena parte de la utilización intensiva de agroquímicos utilizados para “limpiar” los campos de malezas o plagas de diferente tipo. Hasta ahora, la provincia de Santa Fe no cuenta con un registro específico de patologías derivadas de ese tipo de contaminación ambiental, y eso es lo que intenta subsanar el proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) que busca dotar a las autoridades y a la población de una herramienta de conocimiento que sirva para poder luego elaborar políticas productivas y de salud que atiendan al bienestar general.
Un comité que nunca funcionó
El proyecto de ley presentado por Del Frade está anclado en un Comité Interministerial de Salud Ambiental creado hace ya nueve años con la intención de seguir de cerca las problemáticas generadas por las posibles consecuencias sobre el ambiente y la salud de las personas en relación con actividades productivas, con el ojo puesto especialmente en el uso de agroquímicos.
El decreto que creó ese Comité lo explicaba así: “La producción agropecuaria demanda el uso de biocidas y es necesario intervenir para determinar el grado en que estos productos constituyen una fuente potencial de riesgo para la salud de la población y el ambiente”.
Una de las funciones de ese Comité era registrar las denuncias vinculadas a los efectos de las fumigaciones sobre la salud de la población: “Nueve años después, sin embargo, aquel decreto no tiene existencia real en las prácticas políticas públicas de la provincia”, detalló el legislador.
Urgencias socioambientales
“Urge un informe provincial permanente y que se mantenga a través del tiempo para despejar dudas sobre la verdadera incidencia del modelo productivo en la salud y el medio ambiente santafesinos” detalló Del Frade en su propuesta, para agregar que “las permanentes fumigaciones, el siempre postergado debate sobre una nueva ley de fitosanitarios y el imperio de los intereses económicos por encima del bienestar de la naturaleza y las personas santafesinas exigen una herramienta práctica y contundente que despeje cualquier tipo de dudas sobre la consecuencia de la democratización del veneno como condición indispensable para la renta derivada del monocultivo”.
Información, insumo clave
La idea es que este registro sirva para recopilar información de pacientes con patologías derivadas de la contaminación ambiental para poder luego elaborar estadísticas al respecto. En la iniciativa se detalla que el objetivo es “reunir datos precisos sobre la incidencia de estas agresiones contra el medio ambiente y la salud que producen las prácticas productivas que hoy se imponen en todo el territorio provincial”.
Para reunir esta información se invita a gobiernos, universidades e institutos de salud que traten patologías derivadas de la contaminación ambiental “a proporcionar al registro datos precisos, investigaciones científicas y estudios especializados al respecto”.
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Pese a alguna medida, las plantas de biodiésel siguen frenaas
Subieron el precio de venta del biodiésel, pero las plantas siguen paralizadas
Fecha de Publicación: 17/09/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno subió hoy el precio para el biodiésel, pero desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles ( Cepreb) aseguraron que el nuevo mínimo del valor de venta no es suficiente para el funcionamiento de las plantas, que desde la semana pasada están paradas.
De acuerdo a la disposición 199/2019 publicada en el Boletín Oficial, el precio del biodiésel para su mezcla obligatoria con gasoil se fijó en $33.618 por tonelada para las ventas realizadas a partir del 1° de setiembre. El nuevo precio significa un aumento del 10,28% respecto a la última actualización realizada en mayo de este año.
Sin embargo, Francisco Jáuregui, director ejecutivo de Cepreb, dijo a LA NACION que el precio que se publicó es de referencia y no alcanza. "Está muy por debajo de los costos de operación", aseveró. El ejecutivo indicó que las plantas continúan paradas y que no saben si bajo estas condiciones se podrá entregar el biocombustible a las petroleras.
Según datos de la Federación Industrial de Santa Fe ( Fisfe), hay 54 plantas de biocombustibles en el país, de las cuales 19 son de bioetanol y 35 de biodiésel, distribuidas en 10 provincias: Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, y Santa Fe.
Además, Jáuregui adelantó que según conversaciones que entabló el sector con la Secretaría de Energía, está en vías de reglamentación la posibilidad de que se publiquen partidas extraordinarias a modo de subsidio para compensar el diferencial entre el precio publicado y el que "debería ser".
"En teoría se debería publicar mañana", dijo el ejecutivo. Pero añadió que incluso con ese subsidio el precio continuará sin ser suficiente. "Pasaría a un precio de venta de $35.000 por tonelada, cuando en verdad el valor debería estar cerca de los $40.000", afirmó.
Respecto al precio publicado en el Boletín Oficial, explicó que es un valor de referencia que abre lugar a que cada pyme individualmente pueda acordar las condiciones y el valor de venta con las petroleras para cubrir los costos. En este sentido, sostuvo: "Las pymes quedan a merced de la petrolera, por lo que se requiere del involucramiento del Estado para garantizar que se cumplan las condiciones pactadas". Jáuregui afirmó que en caso de que esto no ocurra no se podrá volver a producir.
En la norma oficial se indica que se realizaron modificaciones al precio de venta "conforme haberse detectado la necesidad de revisar algunas de sus variables, para que la fórmula en cuestión incentive mayor eficiencia en la actividad y refleje la variación de los costos de elaboración del biodiésel en el contexto macroeconómico del país".
La semana pasada, desde el sector de biocombustibles anunciaron la paralización de sus plantas luego de que el congelamiento de precios en las naftas y el gasoil se extendiera a la actividad. También afectó al sector la modificación del cálculo para el precio que, de acuerdo a la industria, dejó valores por debajo de los costos.
El biocombustible para el gasoil y la nafta tiene los siguientes componentes: el biodiésel se mezcla en un 10% con el gasoil y se hace con aceite de soja, y el etanol, que se incorpora en un 12% en las naftas, se elabora con maíz y caña de azúcar. El sector nació tras la ley de biocombustibles de 2006 que brindó un apoyo para que las pymes abastecieran el mercado interno, con el objetivo de desarrollar las economías regionales.
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Fecha de Publicación: 17/09/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno subió hoy el precio para el biodiésel, pero desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles ( Cepreb) aseguraron que el nuevo mínimo del valor de venta no es suficiente para el funcionamiento de las plantas, que desde la semana pasada están paradas.
De acuerdo a la disposición 199/2019 publicada en el Boletín Oficial, el precio del biodiésel para su mezcla obligatoria con gasoil se fijó en $33.618 por tonelada para las ventas realizadas a partir del 1° de setiembre. El nuevo precio significa un aumento del 10,28% respecto a la última actualización realizada en mayo de este año.
Sin embargo, Francisco Jáuregui, director ejecutivo de Cepreb, dijo a LA NACION que el precio que se publicó es de referencia y no alcanza. "Está muy por debajo de los costos de operación", aseveró. El ejecutivo indicó que las plantas continúan paradas y que no saben si bajo estas condiciones se podrá entregar el biocombustible a las petroleras.
Según datos de la Federación Industrial de Santa Fe ( Fisfe), hay 54 plantas de biocombustibles en el país, de las cuales 19 son de bioetanol y 35 de biodiésel, distribuidas en 10 provincias: Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, y Santa Fe.
Además, Jáuregui adelantó que según conversaciones que entabló el sector con la Secretaría de Energía, está en vías de reglamentación la posibilidad de que se publiquen partidas extraordinarias a modo de subsidio para compensar el diferencial entre el precio publicado y el que "debería ser".
"En teoría se debería publicar mañana", dijo el ejecutivo. Pero añadió que incluso con ese subsidio el precio continuará sin ser suficiente. "Pasaría a un precio de venta de $35.000 por tonelada, cuando en verdad el valor debería estar cerca de los $40.000", afirmó.
Respecto al precio publicado en el Boletín Oficial, explicó que es un valor de referencia que abre lugar a que cada pyme individualmente pueda acordar las condiciones y el valor de venta con las petroleras para cubrir los costos. En este sentido, sostuvo: "Las pymes quedan a merced de la petrolera, por lo que se requiere del involucramiento del Estado para garantizar que se cumplan las condiciones pactadas". Jáuregui afirmó que en caso de que esto no ocurra no se podrá volver a producir.
En la norma oficial se indica que se realizaron modificaciones al precio de venta "conforme haberse detectado la necesidad de revisar algunas de sus variables, para que la fórmula en cuestión incentive mayor eficiencia en la actividad y refleje la variación de los costos de elaboración del biodiésel en el contexto macroeconómico del país".
La semana pasada, desde el sector de biocombustibles anunciaron la paralización de sus plantas luego de que el congelamiento de precios en las naftas y el gasoil se extendiera a la actividad. También afectó al sector la modificación del cálculo para el precio que, de acuerdo a la industria, dejó valores por debajo de los costos.
El biocombustible para el gasoil y la nafta tiene los siguientes componentes: el biodiésel se mezcla en un 10% con el gasoil y se hace con aceite de soja, y el etanol, que se incorpora en un 12% en las naftas, se elabora con maíz y caña de azúcar. El sector nació tras la ley de biocombustibles de 2006 que brindó un apoyo para que las pymes abastecieran el mercado interno, con el objetivo de desarrollar las economías regionales.
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Cambio climático y tres puntos críticos para Argentina
Cambio climático: los tres grandes temas en los que debe mejorar la Argentina
Fecha de Publicación: 16/09/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
El análisis "Incrementar la acción climática", elaborado por Climate Tracker, sugiere enfocar las políticas en la generación y suministro de electricidad, edificios residenciales y transporte terrestre.
Si acelera sus planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la Argentina podría transformarse en un "líder climático" para 2050. El plan de ruta debería estar enfocado en tres áreas estratégicas y altamente contaminantes: suministro eléctrico, edificios residenciales y transporte terrestre.
Según las conclusiones del análisis "Incrementar la acción climática" elaborado por Climate Tracker (el tercero de una serie que ya relevó a Sudáfrica y la Unión Europea y en el futuro lo hará con Indonesia, Turquía y Australia), si se estimulan estas políticas podrían recortarse las emisiones en esos rubros hasta en un 94% para mediados de siglo (respecto a los niveles de 2014) y pondrían al país en la senda definitiva del Acuerdo de París.
En el documento firmado en la capital francesa en 2016, los gobiernos de 195 países se comprometieron a contener el aumento de la temperatura por debajo de 2° por encima de los niveles preindustriales y, como escenario ideal, tratar de limitarlo a 1,5°. Pero el empeño actual es insuficiente: para cumplir con el límite acordado, los expertos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) concluyeron que es necesario redoblar los esfuerzos y reducir las emisiones de CO2 a cero junto a una drástica rebaja de las emisiones totales de gases de efecto invernadero.
Transición energética
Si el sector eléctrico estuviera totalmente descarbonizado permitiría implementar planes de electrificación en el transporte terrestre, tanto de pasajeros como de cargas. Las medidas sugeridas incluyen alcanzar una cuota del 60% de vehículos eléctricos en la flota total de automóviles para 2040 y de 100% en la flota de micros y colectivos. El abandono de los rodados que funcionan con combustibles fósiles reduciría además los efectos adversos de la contaminación atmosférica y acústica.
Entre las mejoras propuestas para los edificios residenciales figuran el reacondicionamiento térmico y una mayor eficiencia energética, con disposiciones en ese sentido para todos los aparatos de calefacción que se vendan hasta 2030. Esa eficiencia, junto a códigos de construcción más estrictos, y la electrificación de los servicios de agua y calefacción, podrían reducir casi por completo las emisiones de carbono en los edificios residenciales argentinos a mediados de siglo.
Dada su riqueza natural en recursos renovables y sus objetivos de expansión de las energías renovables para 2025, Argentina podría convertirse “en un país líder a nivel mundial en lograr una transición energética exitosa”, señaló Climate Tracker, aunque se necesitan “acciones adicionales” para desplegar las renovables en línea con los objetivos de la Secretaría de Energía, de una cuota del 20% para 2025 y del 25% para 2030. Entre otras cosas, aumentar de forma considerable las inversiones en la infraestructura de la red eléctrica.
Pero, además, es probable que la transición hacia un suministro eléctrico bajo en carbono y basado en energías renovables logre crear más oportunidades de empleo en comparación con el escenario de desarrollo actual, ya que los puestos de trabajo fomentados por estas tecnologías crecerán con el tiempo y serán cada vez más necesarios, a medida que el sector de la generación de electricidad avance hacia la descarbonización total.
Aunque, para ello, “la Argentina debería reducir los incentivos para incorporarse al sector del gas natural y aumentar las oportunidades en tecnologías con futuro, como la energía hidroeléctrica, la energía fotovoltaica y la energía eólica terrestre”.
Fortalezas y debilidades
El documento destaca fortalezas y debilidades, luces y sombras de las políticas nacionales en el camino de las políticas climáticas. Resalta por un lado que existen instrumentos para apoyar la adopción de energías renovables no convencionales (como las subastas), pero alerta que los recientes retrasos en los proyectos encargados podrían frenar el crecimiento de la capacidad instalada hasta 2025.
Menciona la quita de algunas subvenciones relacionadas con el consumo y la producción de combustibles fósiles en los últimos años, pero recuerda que se mantiene el apoyo financiero directo para el consumo y la producción de gas natural.
Toma nota de la participación de los vehículos eléctricos en el parque automovilístico, pero la describe como “insignificante”, debido a las “pocas políticas existentes para incentivar su adopción”.
También reseña que se estableció un manual de vivienda sostenible y un plan de etiquetado para todos los edificios nuevos financiados o cofinanciados por la Secretaría de Vivienda, pero apunta que no existe ningún marco político para aquellos financiados por privados.
Ya sabemos que la lucha contra el cambio climático debe ser ambiciosa, constante y creciente. Una batalla en la que ninguna ofensiva es en sí misma definitiva. Pero ir cumpliendo asignaturas pendientes y avanzar en la descarbonización de distintas áreas, como quedó acordado en París, es un interesante ejercicio para preparar los músculos de cara a próximos y mayores desafíos.
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Fecha de Publicación: 16/09/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
El análisis "Incrementar la acción climática", elaborado por Climate Tracker, sugiere enfocar las políticas en la generación y suministro de electricidad, edificios residenciales y transporte terrestre.
Si acelera sus planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la Argentina podría transformarse en un "líder climático" para 2050. El plan de ruta debería estar enfocado en tres áreas estratégicas y altamente contaminantes: suministro eléctrico, edificios residenciales y transporte terrestre.
Según las conclusiones del análisis "Incrementar la acción climática" elaborado por Climate Tracker (el tercero de una serie que ya relevó a Sudáfrica y la Unión Europea y en el futuro lo hará con Indonesia, Turquía y Australia), si se estimulan estas políticas podrían recortarse las emisiones en esos rubros hasta en un 94% para mediados de siglo (respecto a los niveles de 2014) y pondrían al país en la senda definitiva del Acuerdo de París.
En el documento firmado en la capital francesa en 2016, los gobiernos de 195 países se comprometieron a contener el aumento de la temperatura por debajo de 2° por encima de los niveles preindustriales y, como escenario ideal, tratar de limitarlo a 1,5°. Pero el empeño actual es insuficiente: para cumplir con el límite acordado, los expertos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) concluyeron que es necesario redoblar los esfuerzos y reducir las emisiones de CO2 a cero junto a una drástica rebaja de las emisiones totales de gases de efecto invernadero.
Transición energética
Si el sector eléctrico estuviera totalmente descarbonizado permitiría implementar planes de electrificación en el transporte terrestre, tanto de pasajeros como de cargas. Las medidas sugeridas incluyen alcanzar una cuota del 60% de vehículos eléctricos en la flota total de automóviles para 2040 y de 100% en la flota de micros y colectivos. El abandono de los rodados que funcionan con combustibles fósiles reduciría además los efectos adversos de la contaminación atmosférica y acústica.
Entre las mejoras propuestas para los edificios residenciales figuran el reacondicionamiento térmico y una mayor eficiencia energética, con disposiciones en ese sentido para todos los aparatos de calefacción que se vendan hasta 2030. Esa eficiencia, junto a códigos de construcción más estrictos, y la electrificación de los servicios de agua y calefacción, podrían reducir casi por completo las emisiones de carbono en los edificios residenciales argentinos a mediados de siglo.
Dada su riqueza natural en recursos renovables y sus objetivos de expansión de las energías renovables para 2025, Argentina podría convertirse “en un país líder a nivel mundial en lograr una transición energética exitosa”, señaló Climate Tracker, aunque se necesitan “acciones adicionales” para desplegar las renovables en línea con los objetivos de la Secretaría de Energía, de una cuota del 20% para 2025 y del 25% para 2030. Entre otras cosas, aumentar de forma considerable las inversiones en la infraestructura de la red eléctrica.
Pero, además, es probable que la transición hacia un suministro eléctrico bajo en carbono y basado en energías renovables logre crear más oportunidades de empleo en comparación con el escenario de desarrollo actual, ya que los puestos de trabajo fomentados por estas tecnologías crecerán con el tiempo y serán cada vez más necesarios, a medida que el sector de la generación de electricidad avance hacia la descarbonización total.
Aunque, para ello, “la Argentina debería reducir los incentivos para incorporarse al sector del gas natural y aumentar las oportunidades en tecnologías con futuro, como la energía hidroeléctrica, la energía fotovoltaica y la energía eólica terrestre”.
Fortalezas y debilidades
El documento destaca fortalezas y debilidades, luces y sombras de las políticas nacionales en el camino de las políticas climáticas. Resalta por un lado que existen instrumentos para apoyar la adopción de energías renovables no convencionales (como las subastas), pero alerta que los recientes retrasos en los proyectos encargados podrían frenar el crecimiento de la capacidad instalada hasta 2025.
Menciona la quita de algunas subvenciones relacionadas con el consumo y la producción de combustibles fósiles en los últimos años, pero recuerda que se mantiene el apoyo financiero directo para el consumo y la producción de gas natural.
Toma nota de la participación de los vehículos eléctricos en el parque automovilístico, pero la describe como “insignificante”, debido a las “pocas políticas existentes para incentivar su adopción”.
También reseña que se estableció un manual de vivienda sostenible y un plan de etiquetado para todos los edificios nuevos financiados o cofinanciados por la Secretaría de Vivienda, pero apunta que no existe ningún marco político para aquellos financiados por privados.
Ya sabemos que la lucha contra el cambio climático debe ser ambiciosa, constante y creciente. Una batalla en la que ninguna ofensiva es en sí misma definitiva. Pero ir cumpliendo asignaturas pendientes y avanzar en la descarbonización de distintas áreas, como quedó acordado en París, es un interesante ejercicio para preparar los músculos de cara a próximos y mayores desafíos.
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El agua de Mar del Plata muy contaminada
Petróleo, bacterias fecales y pescado podrido en el agua de Mar del Plata: la contaminación que investiga la Justicia
Fecha de Publicación: 16/09/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad costera confirmó el procesamiento de empresarios que fabrican harina de pescado. Los desechos vertidos en la zona del puerto son el eje del caso
En el mismo mar donde durante el verano miles de familias empapan y relajan sus cuerpos de vacaciones, una fábrica de harina de pescado volcó durante años sustancias tóxicas con total impunidad. Se presume que fue así, al menos, hasta que el olfato (literalmente) de dos agentes de Prefectura Naval, alertados por una aroma nauseabundo durante un recorrido por la playa del puerto de Mar del Plata, abrió una investigación paradigmática a cargo del juez federal Santiago Inchausti en relación con los delitos ambientales de la ciudad costera.
Siete directivos de la compañía Coomarpes, cuyos nombres no trascendieron, fueron los primeros empresarios de la historia judicial marplatense en haber sido investigados y procesados por un delito federal que podría significarles una pena de hasta 10 años de prisión por violar la ley nacional de residuos peligrosos y contaminar el ambiente.
Si bien la causa se abrió en 2016, la situación de estos empresarios se complicó el pasado 5 de septiembre cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento que había dictado el juez Santiago Inchausti, el embargo de $2 millones a cada uno de los imputados y la conformación de un incidente de control y verificación de impacto ambiental contra Coomarpes.
La investigación comenzó el 25 de febrero de 2016 cuando la Justicia federal buscaba pruebas en la zona del puerto marplatense en otra causa por contaminación. Durante ese trabajo, dos agentes de Prefectura Naval Argentina detectaron en un desagüe pluvial de la "playa del puerto" –un espacio público ubicado entre la zona de embarcaciones y Punta Mogotes, que en verano es frecuentado por bañistas– la "descarga de un líquido color oscuro con elevado olor a putrefacción", según indica el expediente, al que tuvo acceso Infobae.
Los agentes rápidamente detectaron que los líquidos provenían de diferentes bocas de tormenta cercanas a la fábrica de harina de pescado y ese mismo mes comenzó una investigación que descubrió una presunta práctica sistemática y cotidiana de vertido de sustancias tóxicas sin el proceso obligatorio de tratamiento de residuos que impone la ley.
El juez Inchausti ordenó enseguida la toma de 12 muestras del líquido y el barro encontrado en distintos puntos del recorrido (el desagüe pluvial que desemboca en la playa, la tubería de PVC de la planta de la empresa, la tapa de registro de agua de la planta de la firma y el espejo de agua de la playa), que fueron analizadas por distintos expertos. Y, dos días después, indicó la extracción de otras 24 muestras.
Los resultados de esos análisis demostraron que las sustancias tóxicas provenían del galpón de la fábrica de harina de pescado, del taller y del área de lavado de cajones y que estaban en el agua hasta en proporciones 20 veces mayor que el límite permitido. "Superaban ampliamente los parámetros cualitativos y cuantitativos de los normados como límites
admisibles que regula la Resolución 336/03 de la Autoridad del Agua", remarcó Inchausti en el fallo donde procesó a los empresarios y al que accedió Infobae.
Las sustancias encontradas fueron amoníaco, nitritos, sulfuros, cobre, grasas, aceites, petróleo, materia fecal y plomo, entre otros. Los expertos consultados en la causa explicaron que este material tóxico provoca la obstrucción de las cañerías por acumulación de grasas y sedimentos en los pozos de bombeo de las estaciones elevadoras de la empresa del servicio de agua, con la consecuente rotura de éstas.
Y, sobre el medio ambiente, la polución de altas concentraciones de materia orgánica y grasas provoca la generación de malos olores por desprendimiento y la contaminación del agua de mar, con los peligros que eso trae para la salud de los animales que habitan el océano y los eventuales bañistas.
Los abogados defensores de los siete acusados, directivos de la Cooperativa Marplatense de Pesca e Industria (el nombre formal de Coomarpes), cuestionaron al juez Inchausti y plantearon que no generaban residuos peligrosos, que no estaba probado que se hubiera contaminado el mar y que no se podía hablar de delito ecológico. Pero los jueces de la Cámara desestimaron la semana pasada las observaciones.
En la última audiencia, celebrada en marzo, la querella del caso destacó que el color y el olor de los líquidos son consecuencia de la presencia de desechos de pescados y mariscos en estado de descomposición y que resultan altamente contaminantes por sus altos niveles de DQO/DBO (cantidad de oxígeno que los microorganismos consumen durante la degradación de las sustancias orgánicas), que suponen un riesgo para la salud humana.
El fiscal general ante la Cámara, Daniel Adler, remarcó en esa misma oportunidad que "se ha verificado un innegable hecho contaminante", que "demostraron indudablemente la presencia de coliformes fecales, los cuales –según las conclusiones periciales– afectan la salud de la población, de los niños que juegan en la playa del puerto, playa pública por cierto".
"Pensé que las defensas iban a reconocer el hecho indudablemente contaminante, que iban a ponerse a disposición de la Justicia, a encauzar esto a través de la responsabilidad social empresaria; nada de eso. Han venido a negar el hecho, un hecho indudable, dentro de un puerto que está en una situación vergonzosa en cuanto a suciedad, que se evidencia en esta causa que lleva muchísimo tiempo, por lentitud e ineficacia de la Justicia federal de Mar del Plata", advirtió Adler, que calificó la actitud de los imputados como "pertinaz y rebelde frente a la ley".
Los procesados por el caso son, precisamente, los más altos directivos de Coomarpes: presidente, vicepresidente, secretario, vocales titulares, síndico titular y gerente.
Los acusados, que siempre se negaron a declarar, están en libertad y esperarán el juicio (sin fecha estimada por ahora) en esa condición. "Es un delito relativamente leve dentro del Código Penal y siempre han estado sujetos a derecho, por lo que no existe riesgo procesal ni de fuga en el camino al juicio", explicó una fuente del caso, para justificar por qué no se dictó la prisión preventiva.
No obstante, la Cámara de Apelaciones entendió que los imputados "decidieron con conocimiento y voluntad desechar esos residuos contaminantes por los pluviales", lo que conformaría un dolo directo y eso agravaría la pena, que se estima de hasta 10 años de prisión.
El caso de Coomarpes sienta un precedente grave sobre contaminación en el puerto de Mar del Plata, pero no es el único. "Hemos detectado varios buques pesqueros que dentro de su mecánica de producción diaria arrojaban los desechos líquidos directamente al mar en la zona del puerto", comentó una fuente judicial.
Entre los vecinos del sur de Mar del Plata siempre existió la sospecha de contaminación de parte de las fábricas de harina de pescado de la zona. "Acá siempre hubo mucho olor feo, a podrido, en la zona del puerto, y siempre se trató de determinar si era de la producción de la harina de pescado, es un olor muy molesto y que se siente a varias cuadras", comentó un habitante de la zona, que prefirió no dar su nombre.
En su página web, Coomarpes relata que funciona desde 1950: "Hoy Coomarpes agrupa a más de 80 embarcaciones de distintas dimensiones, que utilizando diferentes métodos y artes de pesca se dedican a la captura de diversas especies, totalizando alrededor de 30.000 toneladas anuales. Con una administración fundada en la transparencia, honestidad y alto sentido de la responsabilidad social, posibilita el desarrollo directo e indirecto de más de cinco mil familias relacionadas al sector pesquero".
Los jueces de Cámara Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez además ordenaron al magistrado Inchausti que profundice la investigación "con el objeto de aportar nuevos elementos de cargo que permitan contar con mayores detalles sobre la modalidad y particularidad del proceso de toma de decisiones, y las responsabilidades funcionales inherentes de los sindicados en la empresa investigada".
Sobre los embargos de dos millones de pesos a cada imputado justificaron: "No puede desconocerse que los delitos ambientales suelen generar daños cuya reparación, sea en modalidad de restitución o indemnización, demandan grandes recursos económicos".
"Ordenamos formar un legajo de seguimiento, con la idea de cortar esta práctica de ahora en adelante. Pedimos a las agencias de control que hagan chequeos bimestrales y hagan inspecciones en la empresa periódicamente", comentó a Infobae uno de los investigadores, quien resaltó: "Es la primera vez que se procesa a una empresa por este tipo de contaminación. En la zona hay playas de bañistas, hay varios clubes que tienen sus sectores dentro del espejo de agua del puerto. Además de la contaminación de la reserva de lobos marinos, peces y organismos vivos, puede perjudicar seriamente la salud de las personas".
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Fecha de Publicación: 16/09/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad costera confirmó el procesamiento de empresarios que fabrican harina de pescado. Los desechos vertidos en la zona del puerto son el eje del caso
En el mismo mar donde durante el verano miles de familias empapan y relajan sus cuerpos de vacaciones, una fábrica de harina de pescado volcó durante años sustancias tóxicas con total impunidad. Se presume que fue así, al menos, hasta que el olfato (literalmente) de dos agentes de Prefectura Naval, alertados por una aroma nauseabundo durante un recorrido por la playa del puerto de Mar del Plata, abrió una investigación paradigmática a cargo del juez federal Santiago Inchausti en relación con los delitos ambientales de la ciudad costera.
Siete directivos de la compañía Coomarpes, cuyos nombres no trascendieron, fueron los primeros empresarios de la historia judicial marplatense en haber sido investigados y procesados por un delito federal que podría significarles una pena de hasta 10 años de prisión por violar la ley nacional de residuos peligrosos y contaminar el ambiente.
Si bien la causa se abrió en 2016, la situación de estos empresarios se complicó el pasado 5 de septiembre cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento que había dictado el juez Santiago Inchausti, el embargo de $2 millones a cada uno de los imputados y la conformación de un incidente de control y verificación de impacto ambiental contra Coomarpes.
La investigación comenzó el 25 de febrero de 2016 cuando la Justicia federal buscaba pruebas en la zona del puerto marplatense en otra causa por contaminación. Durante ese trabajo, dos agentes de Prefectura Naval Argentina detectaron en un desagüe pluvial de la "playa del puerto" –un espacio público ubicado entre la zona de embarcaciones y Punta Mogotes, que en verano es frecuentado por bañistas– la "descarga de un líquido color oscuro con elevado olor a putrefacción", según indica el expediente, al que tuvo acceso Infobae.
Los agentes rápidamente detectaron que los líquidos provenían de diferentes bocas de tormenta cercanas a la fábrica de harina de pescado y ese mismo mes comenzó una investigación que descubrió una presunta práctica sistemática y cotidiana de vertido de sustancias tóxicas sin el proceso obligatorio de tratamiento de residuos que impone la ley.
El juez Inchausti ordenó enseguida la toma de 12 muestras del líquido y el barro encontrado en distintos puntos del recorrido (el desagüe pluvial que desemboca en la playa, la tubería de PVC de la planta de la empresa, la tapa de registro de agua de la planta de la firma y el espejo de agua de la playa), que fueron analizadas por distintos expertos. Y, dos días después, indicó la extracción de otras 24 muestras.
Los resultados de esos análisis demostraron que las sustancias tóxicas provenían del galpón de la fábrica de harina de pescado, del taller y del área de lavado de cajones y que estaban en el agua hasta en proporciones 20 veces mayor que el límite permitido. "Superaban ampliamente los parámetros cualitativos y cuantitativos de los normados como límites
admisibles que regula la Resolución 336/03 de la Autoridad del Agua", remarcó Inchausti en el fallo donde procesó a los empresarios y al que accedió Infobae.
Las sustancias encontradas fueron amoníaco, nitritos, sulfuros, cobre, grasas, aceites, petróleo, materia fecal y plomo, entre otros. Los expertos consultados en la causa explicaron que este material tóxico provoca la obstrucción de las cañerías por acumulación de grasas y sedimentos en los pozos de bombeo de las estaciones elevadoras de la empresa del servicio de agua, con la consecuente rotura de éstas.
Y, sobre el medio ambiente, la polución de altas concentraciones de materia orgánica y grasas provoca la generación de malos olores por desprendimiento y la contaminación del agua de mar, con los peligros que eso trae para la salud de los animales que habitan el océano y los eventuales bañistas.
Los abogados defensores de los siete acusados, directivos de la Cooperativa Marplatense de Pesca e Industria (el nombre formal de Coomarpes), cuestionaron al juez Inchausti y plantearon que no generaban residuos peligrosos, que no estaba probado que se hubiera contaminado el mar y que no se podía hablar de delito ecológico. Pero los jueces de la Cámara desestimaron la semana pasada las observaciones.
En la última audiencia, celebrada en marzo, la querella del caso destacó que el color y el olor de los líquidos son consecuencia de la presencia de desechos de pescados y mariscos en estado de descomposición y que resultan altamente contaminantes por sus altos niveles de DQO/DBO (cantidad de oxígeno que los microorganismos consumen durante la degradación de las sustancias orgánicas), que suponen un riesgo para la salud humana.
El fiscal general ante la Cámara, Daniel Adler, remarcó en esa misma oportunidad que "se ha verificado un innegable hecho contaminante", que "demostraron indudablemente la presencia de coliformes fecales, los cuales –según las conclusiones periciales– afectan la salud de la población, de los niños que juegan en la playa del puerto, playa pública por cierto".
"Pensé que las defensas iban a reconocer el hecho indudablemente contaminante, que iban a ponerse a disposición de la Justicia, a encauzar esto a través de la responsabilidad social empresaria; nada de eso. Han venido a negar el hecho, un hecho indudable, dentro de un puerto que está en una situación vergonzosa en cuanto a suciedad, que se evidencia en esta causa que lleva muchísimo tiempo, por lentitud e ineficacia de la Justicia federal de Mar del Plata", advirtió Adler, que calificó la actitud de los imputados como "pertinaz y rebelde frente a la ley".
Los procesados por el caso son, precisamente, los más altos directivos de Coomarpes: presidente, vicepresidente, secretario, vocales titulares, síndico titular y gerente.
Los acusados, que siempre se negaron a declarar, están en libertad y esperarán el juicio (sin fecha estimada por ahora) en esa condición. "Es un delito relativamente leve dentro del Código Penal y siempre han estado sujetos a derecho, por lo que no existe riesgo procesal ni de fuga en el camino al juicio", explicó una fuente del caso, para justificar por qué no se dictó la prisión preventiva.
No obstante, la Cámara de Apelaciones entendió que los imputados "decidieron con conocimiento y voluntad desechar esos residuos contaminantes por los pluviales", lo que conformaría un dolo directo y eso agravaría la pena, que se estima de hasta 10 años de prisión.
El caso de Coomarpes sienta un precedente grave sobre contaminación en el puerto de Mar del Plata, pero no es el único. "Hemos detectado varios buques pesqueros que dentro de su mecánica de producción diaria arrojaban los desechos líquidos directamente al mar en la zona del puerto", comentó una fuente judicial.
Entre los vecinos del sur de Mar del Plata siempre existió la sospecha de contaminación de parte de las fábricas de harina de pescado de la zona. "Acá siempre hubo mucho olor feo, a podrido, en la zona del puerto, y siempre se trató de determinar si era de la producción de la harina de pescado, es un olor muy molesto y que se siente a varias cuadras", comentó un habitante de la zona, que prefirió no dar su nombre.
En su página web, Coomarpes relata que funciona desde 1950: "Hoy Coomarpes agrupa a más de 80 embarcaciones de distintas dimensiones, que utilizando diferentes métodos y artes de pesca se dedican a la captura de diversas especies, totalizando alrededor de 30.000 toneladas anuales. Con una administración fundada en la transparencia, honestidad y alto sentido de la responsabilidad social, posibilita el desarrollo directo e indirecto de más de cinco mil familias relacionadas al sector pesquero".
Los jueces de Cámara Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez además ordenaron al magistrado Inchausti que profundice la investigación "con el objeto de aportar nuevos elementos de cargo que permitan contar con mayores detalles sobre la modalidad y particularidad del proceso de toma de decisiones, y las responsabilidades funcionales inherentes de los sindicados en la empresa investigada".
Sobre los embargos de dos millones de pesos a cada imputado justificaron: "No puede desconocerse que los delitos ambientales suelen generar daños cuya reparación, sea en modalidad de restitución o indemnización, demandan grandes recursos económicos".
"Ordenamos formar un legajo de seguimiento, con la idea de cortar esta práctica de ahora en adelante. Pedimos a las agencias de control que hagan chequeos bimestrales y hagan inspecciones en la empresa periódicamente", comentó a Infobae uno de los investigadores, quien resaltó: "Es la primera vez que se procesa a una empresa por este tipo de contaminación. En la zona hay playas de bañistas, hay varios clubes que tienen sus sectores dentro del espejo de agua del puerto. Además de la contaminación de la reserva de lobos marinos, peces y organismos vivos, puede perjudicar seriamente la salud de las personas".
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