Congreso de Agroecología, otro modelo productivo
08:00 | 
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Hay otro modelo para el campo
Fecha de Publicación: 08/10/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Desde hoy, hasta el viernes, se realizará el encuentro sobre agroecología. Habrá conferencias de especialistas, medio centenar de mesas redondas y debates, 500 trabajos científicos. La propuesta central es que se puede producir a gran escala sin agroquímicos.
Producen alimentos sanos, sin agroquímicos. No dependen de insumos de multinacionales, generan trabajo genuino y promueven el desarrollo local. Se trata de un modelo basado en la agroecología, que cuenta con numerosas experiencias concretas en articulación entre productores, organizaciones sociales y académicos. Es parte de lo que se puede conocer desde hoy y hasta el viernes en La Plata, en el V Congreso Latinoamericano de Agroecología, donde se insistirá en la necesidad de un modelo agropecuario sin extractivismo, con campesinos, indígenas y pequeños productores como actores centrales.
“La agroecología es tanto una ciencia como un conjunto de prácticas. La agroecología es ir más allá de las prácticas agrícolas alternativas y desarrollar agroecosistemas con una mínima dependencia de agroquímicos e insumos de energía”, señala el documento de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (Socla), impulsora del V Congreso. El encuentro se desarrollará hasta el viernes en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Habrá una decena de conferencias, medio centenar de mesas redondas y debates, 500 trabajos científicos y más de 2000 inscriptos.
Una de las críticas recurrentes a la agroecología, provenientes desde el sector empresario, es que no se puede producir a gran escala sin químicos ni transgénicos. Uno de los paneles mostrará que existen innumerables experiencias y, como prueba concreta, estarán Juan Kier (productor bonaerense de Benito Juárez, del establecimiento “La Aurora”), Remo Vénica (Granja Naturaleza Viva, de la localidad santafecina de Guadalupe Norte) y Bruno Vasquetto (productor ganadero con pasturas agroecológicas, en Córdoba).
“Las prácticas y experiencias de diversos sistemas llevan a replantear que otra agricultura es posible. El cómo, dónde y cuándo es la clave y cada caso es único e irrepetible, no hay recetas”, explican los productores. Durante los tres días se trabajarán sobre casi veinte ejes temáticos. Un panel que derribará mitos de la agricultura industrial será el titulado “¿Necesitamos cultivos transgénicos?”, a cargo de Pablo Galeano (Universidad de la República, Uruguay), Walter Pengue (Universidad de General Sarmiento) y Silvia Ribeiro (Grupo ETC, México). Problematizarán sobre los impactos socioambientales de los transgénicos y se contrastará con las propuestas agroecológicas. También analizarán el rol de los organismos públicos de ciencia y técnica, y de los organismos que debieran controlar la difusión de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
“América latina y sobre todo el Cono Sur (Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay) continúan en una fuerte tendencia de aumento en el uso de cultivos transgénicos. Al conocido desarrollo biotecnológico por parte de corporaciones multinacionales se suman iniciativas conformadas por consorcios público-privados”, alertan los disertantes.
Otro eje será “Semillas: derechos de los agricultores y sistema agroalimentario”, en el que se hará un recorrido por las experiencias de conservación y difusión de semillas criollas. Y se trabajará sobre los “graves procesos de erosión genética” impulsados por el agronegocio. Se analizarán los intentos de las grandes empresas de avanzar con nuevas leyes de semillas en todos los países de la región.
Otro de los espacios de debate será Areas Periurbanas y agroquímicos. ¿Agroecología o Mar de soja?, que busca problematizar sobre la necesidad de zonas libres de fumigaciones y que protejan la salud de la población. El Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (Maela) abordará las experiencias regionales en la construcción de territorios agroecológicos y propondrá acciones para definir acciones para fortalecer al campesinado, los pueblos indígenas y “enfrentar al agronegocio y al modelo extractivista”.
Durante las jornadas se presentarán trabajos científicos que confirman la gran incidencia que tiene el agronegocio en el cambio climático y, por contraposición, la agricultura campesina contribuye a “enfriar el planeta” y combatir el calentamiento global.
Y no podría estar ausente un tema central: el acceso y tenencia de la tierra, imprescindible para la agroecología y la soberanía alimentaria. Participarán la Unión Trabajadores de la Tierra (Frente Popular Darío Santillán), la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios (Paraguay) y el Consejo de Economía Comunal de Alto Tuy (Venezuela). En paralelo al Congreso se desarrollará una feria de productores agroecológicos provenientes de diferentes regiones de Argentina. También habrá espacio para intercambiar semillas criollas e indígenas. También se analizará la expansión de monocultivos y su consecuente incremento en el uso de agrotóxicos. Se hará hincapié en la salud socioambiental y en cómo la agroecología brinda opciones productivas para disminuir (o eliminar) el uso de plaguicidas. “La agroecología, a partir de sus prácticas que propician el enriquecimiento de los suelos y la biodiversidad, determinan el restablecimiento de los agroecosistemas y con ello la reducción paulatina, hasta su eliminación, de los plaguicidas”, afirma la convocatoria.
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Fecha de Publicación: 08/10/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Desde hoy, hasta el viernes, se realizará el encuentro sobre agroecología. Habrá conferencias de especialistas, medio centenar de mesas redondas y debates, 500 trabajos científicos. La propuesta central es que se puede producir a gran escala sin agroquímicos.
Producen alimentos sanos, sin agroquímicos. No dependen de insumos de multinacionales, generan trabajo genuino y promueven el desarrollo local. Se trata de un modelo basado en la agroecología, que cuenta con numerosas experiencias concretas en articulación entre productores, organizaciones sociales y académicos. Es parte de lo que se puede conocer desde hoy y hasta el viernes en La Plata, en el V Congreso Latinoamericano de Agroecología, donde se insistirá en la necesidad de un modelo agropecuario sin extractivismo, con campesinos, indígenas y pequeños productores como actores centrales.
“La agroecología es tanto una ciencia como un conjunto de prácticas. La agroecología es ir más allá de las prácticas agrícolas alternativas y desarrollar agroecosistemas con una mínima dependencia de agroquímicos e insumos de energía”, señala el documento de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (Socla), impulsora del V Congreso. El encuentro se desarrollará hasta el viernes en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Habrá una decena de conferencias, medio centenar de mesas redondas y debates, 500 trabajos científicos y más de 2000 inscriptos.
Una de las críticas recurrentes a la agroecología, provenientes desde el sector empresario, es que no se puede producir a gran escala sin químicos ni transgénicos. Uno de los paneles mostrará que existen innumerables experiencias y, como prueba concreta, estarán Juan Kier (productor bonaerense de Benito Juárez, del establecimiento “La Aurora”), Remo Vénica (Granja Naturaleza Viva, de la localidad santafecina de Guadalupe Norte) y Bruno Vasquetto (productor ganadero con pasturas agroecológicas, en Córdoba).
“Las prácticas y experiencias de diversos sistemas llevan a replantear que otra agricultura es posible. El cómo, dónde y cuándo es la clave y cada caso es único e irrepetible, no hay recetas”, explican los productores. Durante los tres días se trabajarán sobre casi veinte ejes temáticos. Un panel que derribará mitos de la agricultura industrial será el titulado “¿Necesitamos cultivos transgénicos?”, a cargo de Pablo Galeano (Universidad de la República, Uruguay), Walter Pengue (Universidad de General Sarmiento) y Silvia Ribeiro (Grupo ETC, México). Problematizarán sobre los impactos socioambientales de los transgénicos y se contrastará con las propuestas agroecológicas. También analizarán el rol de los organismos públicos de ciencia y técnica, y de los organismos que debieran controlar la difusión de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
“América latina y sobre todo el Cono Sur (Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay) continúan en una fuerte tendencia de aumento en el uso de cultivos transgénicos. Al conocido desarrollo biotecnológico por parte de corporaciones multinacionales se suman iniciativas conformadas por consorcios público-privados”, alertan los disertantes.
Otro eje será “Semillas: derechos de los agricultores y sistema agroalimentario”, en el que se hará un recorrido por las experiencias de conservación y difusión de semillas criollas. Y se trabajará sobre los “graves procesos de erosión genética” impulsados por el agronegocio. Se analizarán los intentos de las grandes empresas de avanzar con nuevas leyes de semillas en todos los países de la región.
Otro de los espacios de debate será Areas Periurbanas y agroquímicos. ¿Agroecología o Mar de soja?, que busca problematizar sobre la necesidad de zonas libres de fumigaciones y que protejan la salud de la población. El Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (Maela) abordará las experiencias regionales en la construcción de territorios agroecológicos y propondrá acciones para definir acciones para fortalecer al campesinado, los pueblos indígenas y “enfrentar al agronegocio y al modelo extractivista”.
Durante las jornadas se presentarán trabajos científicos que confirman la gran incidencia que tiene el agronegocio en el cambio climático y, por contraposición, la agricultura campesina contribuye a “enfriar el planeta” y combatir el calentamiento global.
Y no podría estar ausente un tema central: el acceso y tenencia de la tierra, imprescindible para la agroecología y la soberanía alimentaria. Participarán la Unión Trabajadores de la Tierra (Frente Popular Darío Santillán), la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios (Paraguay) y el Consejo de Economía Comunal de Alto Tuy (Venezuela). En paralelo al Congreso se desarrollará una feria de productores agroecológicos provenientes de diferentes regiones de Argentina. También habrá espacio para intercambiar semillas criollas e indígenas. También se analizará la expansión de monocultivos y su consecuente incremento en el uso de agrotóxicos. Se hará hincapié en la salud socioambiental y en cómo la agroecología brinda opciones productivas para disminuir (o eliminar) el uso de plaguicidas. “La agroecología, a partir de sus prácticas que propician el enriquecimiento de los suelos y la biodiversidad, determinan el restablecimiento de los agroecosistemas y con ello la reducción paulatina, hasta su eliminación, de los plaguicidas”, afirma la convocatoria.
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Jáchal contaminado por la Barrick según la UNCu
La megaminería, nuevamente en entredicho
Fecha de Publicación: 07/10/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan - Nacional
En el imaginario ambiental de nuestro país circulan palabras que han adquirido un significado tenebroso, como uranio, glifosato o cianuro. Aun cuando existe un debate sobre las características de cada uno de esos términos, seguramente cianuro es el que más rechazo genera. Es por eso que la noticia de que en el yacimiento minero de Veladero, manejado por la empresa minera canadiense Barrick, se había producido un derrame de un líquido que lo contenía captó inmediatamente el interés del público.
La minería a gran escala -“megaminería”- se viene desarrollando en Argentina desde mediados de los ´90 y se han concretado ocho emprendimientos, uno de los cuales, la Alumbrera, en pocos años terminará su ciclo productivo. Esta actividad ha generado una serie de problemas, básicamente por la poca transparencia en lo que se refiere a sus potenciales impactos ambientales, económicos y sociales. Y esto se hace más grave si consideramos que la minería, si bien tiene una localización precisa en el territorio, parte de decisiones nacionales y provinciales que usualmente no consideran la opinión de la población local o, si lo hacen, es en base a consultas no vinculantes.
Esta situación y la falta de información confiable, han producido en muchos casos la oposición de la sociedad local. A la fecha por lo menos cuatro grandes proyectos de inversión han sido detenidos por la acción de este tipo de movimientos sociales.
Es en este contexto que se produce el incidente en Veladero, un yacimiento ubicado en la alta cordillera de San Juan. Desde un principio esta provincia se declaró abiertamente prominera y los incipientes movimientos de oposición no pudieron desarrollarse, en buena medida porque los yacimientos en actividad (son actualmente tres) se encuentran muy alejados de los centros poblados y hasta el momento no habían generado mayores problemas ambientales. Sin embargo, se ubican en las cabeceras de los ríos que terminan en las áreas de riego y los centros poblados, por lo que la contaminación de los mismos es preocupante. Ya Barrick había sido el centro del ataque de diferentes movimientos ambientalistas por su posible acción sobre área glaciarias y peri glaciarias. Por otra parte, la misma empresa tiene paradas sus actividades en Chile desde hace un año por decisión del gobierno por problemas de contaminación. Por todo eso la noticia del derrame de líquido cianurado es de especial interés, y en este caso el tema de la información se mezcla con el accionar de los diversos actores e intereses en juego. Un primer tema, que pone en duda el resto del proceso, es que la minera comunica finalmente que el volumen del derrame no era como había informado al principio de 200.000 litros, sino de un millón. Esta cifra es en sí misma alarmante si consideramos que el derrame se produce sobre un arroyo que en esta época tiene un caudal que no llega al metro cúbico por segundo.
Al tomar el problema estado público, comienzan a actuar los usuales mecanismos de oscurecimiento y negación por parte de los interesados. El ministro de minería de San Juan, por ejemplo, habla de un “pequeño derrame” y el Colegio de Ingenieros en Minas saca una apresurada solicitada diciendo que en realidad el derrame no implica peligro alguno. Pero al mismo tiempo la Provincia comienza a distribuir agua embotellada entre la población cercana al río presuntamente contaminado y la justicia interviene cerrando parte del proceso de producción de la mina por un mes.
En pocos días esta medida es revertida, mientras se producen acusaciones de los fiscales provinciales y nacionales dirigidas a identificar los responsables. Por su parte, las autoridades en ambos niveles, abiertamente defensoras de la actividad minera, guardan silencio o hacen grandilocuentes declaraciones intrascendentes. Al mismo tiempo se producen manifestaciones en varias ciudades de la provincia solicitando que se tomen medidas para evitar la contaminación del agua y los movimientos ambientalistas contrarios a la megaminería ver reforzados sus reclamos.
A riesgo de que el tema se diluya en el tiempo, la sociedad espera vanamente que se produzca alguna solicitada aclaratoria por parte de, por ejemplo, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, la Secretaría de Minería, el gobierno de San Juan o de la propia empresa. Esta incapacidad para informar con claridad a la población sobre un evidente caso de contaminación, explicar cuál es su verdadera magnitud y que acciones de control se tomarán para prevenirlo, reabre una serie de interrogantes sobre el futuro de la minería tanto en San Juan como en el resto del país y refuerza la necesidad de abrir un diálogo con la sociedad sobre esta actividad tan problemática.
Más Información:
El derrame de la Barrick envenenó el agua de Jáchal
La UNCuyo afirma que el derrame de la Barrick envenenó el agua de Jáchal
Gioja pidió explicaciones a la Universidad de Cuyo por informe contra minera
Investigan si derrame de cianuro de Barrick se extendió por ríos de Argentina
Declaran ejecutivos de Barrick Gold por el derrame de cianuro
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Fecha de Publicación: 07/10/2015
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan - Nacional
En el imaginario ambiental de nuestro país circulan palabras que han adquirido un significado tenebroso, como uranio, glifosato o cianuro. Aun cuando existe un debate sobre las características de cada uno de esos términos, seguramente cianuro es el que más rechazo genera. Es por eso que la noticia de que en el yacimiento minero de Veladero, manejado por la empresa minera canadiense Barrick, se había producido un derrame de un líquido que lo contenía captó inmediatamente el interés del público.
La minería a gran escala -“megaminería”- se viene desarrollando en Argentina desde mediados de los ´90 y se han concretado ocho emprendimientos, uno de los cuales, la Alumbrera, en pocos años terminará su ciclo productivo. Esta actividad ha generado una serie de problemas, básicamente por la poca transparencia en lo que se refiere a sus potenciales impactos ambientales, económicos y sociales. Y esto se hace más grave si consideramos que la minería, si bien tiene una localización precisa en el territorio, parte de decisiones nacionales y provinciales que usualmente no consideran la opinión de la población local o, si lo hacen, es en base a consultas no vinculantes.
Esta situación y la falta de información confiable, han producido en muchos casos la oposición de la sociedad local. A la fecha por lo menos cuatro grandes proyectos de inversión han sido detenidos por la acción de este tipo de movimientos sociales.
Es en este contexto que se produce el incidente en Veladero, un yacimiento ubicado en la alta cordillera de San Juan. Desde un principio esta provincia se declaró abiertamente prominera y los incipientes movimientos de oposición no pudieron desarrollarse, en buena medida porque los yacimientos en actividad (son actualmente tres) se encuentran muy alejados de los centros poblados y hasta el momento no habían generado mayores problemas ambientales. Sin embargo, se ubican en las cabeceras de los ríos que terminan en las áreas de riego y los centros poblados, por lo que la contaminación de los mismos es preocupante. Ya Barrick había sido el centro del ataque de diferentes movimientos ambientalistas por su posible acción sobre área glaciarias y peri glaciarias. Por otra parte, la misma empresa tiene paradas sus actividades en Chile desde hace un año por decisión del gobierno por problemas de contaminación. Por todo eso la noticia del derrame de líquido cianurado es de especial interés, y en este caso el tema de la información se mezcla con el accionar de los diversos actores e intereses en juego. Un primer tema, que pone en duda el resto del proceso, es que la minera comunica finalmente que el volumen del derrame no era como había informado al principio de 200.000 litros, sino de un millón. Esta cifra es en sí misma alarmante si consideramos que el derrame se produce sobre un arroyo que en esta época tiene un caudal que no llega al metro cúbico por segundo.
Al tomar el problema estado público, comienzan a actuar los usuales mecanismos de oscurecimiento y negación por parte de los interesados. El ministro de minería de San Juan, por ejemplo, habla de un “pequeño derrame” y el Colegio de Ingenieros en Minas saca una apresurada solicitada diciendo que en realidad el derrame no implica peligro alguno. Pero al mismo tiempo la Provincia comienza a distribuir agua embotellada entre la población cercana al río presuntamente contaminado y la justicia interviene cerrando parte del proceso de producción de la mina por un mes.
En pocos días esta medida es revertida, mientras se producen acusaciones de los fiscales provinciales y nacionales dirigidas a identificar los responsables. Por su parte, las autoridades en ambos niveles, abiertamente defensoras de la actividad minera, guardan silencio o hacen grandilocuentes declaraciones intrascendentes. Al mismo tiempo se producen manifestaciones en varias ciudades de la provincia solicitando que se tomen medidas para evitar la contaminación del agua y los movimientos ambientalistas contrarios a la megaminería ver reforzados sus reclamos.
A riesgo de que el tema se diluya en el tiempo, la sociedad espera vanamente que se produzca alguna solicitada aclaratoria por parte de, por ejemplo, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, la Secretaría de Minería, el gobierno de San Juan o de la propia empresa. Esta incapacidad para informar con claridad a la población sobre un evidente caso de contaminación, explicar cuál es su verdadera magnitud y que acciones de control se tomarán para prevenirlo, reabre una serie de interrogantes sobre el futuro de la minería tanto en San Juan como en el resto del país y refuerza la necesidad de abrir un diálogo con la sociedad sobre esta actividad tan problemática.
Más Información:
El derrame de la Barrick envenenó el agua de Jáchal
La UNCuyo afirma que el derrame de la Barrick envenenó el agua de Jáchal
Gioja pidió explicaciones a la Universidad de Cuyo por informe contra minera
Investigan si derrame de cianuro de Barrick se extendió por ríos de Argentina
Declaran ejecutivos de Barrick Gold por el derrame de cianuro
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Se retoma vieja contaminación de YPF en Mendoza
Se reaviva la causa por contaminación contra YPF
Fecha de Publicación: 07/10/2015
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
A través de un oficio, la Justicia le pidió a la petrolera que se “abstenga” de realizar tareas que modifiquen el área de la denuncia original realizada por Pérez en 2012.
El expediente perdido apareció. Es una vieja pieza de tres cuerpos, que data de 2012, en la que constan las pesquisas para determinar si la entonces Repsol-YPF contaminó o no en las áreas Barrancas y La Ventana. Para ser rigurosos, apareció el 14 de agosto pasado y a los pocos días fue traspasado a la Fiscalía de Delitos Complejos que comanda Daniel Carniello.
El 15 de setiembre, por orden del nuevo fiscal, se hizo una inspección ocular en la zona. Lo que se encontró aún no ha trascendido, pero por lo pronto ya se liberó un oficio ordenándole a la actual YPF que “se abstenga provisoriamente de realizar cualquier trabajo y/o tarea que modifique el estado de situación de los hechos que se habrían verificado”.
El tiempo pasa y lo que ayer era una patriada en busca de la recuperación de la “soberanía energética”, hoy es un inconveniente político, porque la investigada es la recuperada YPF, cuyo mayoritario capital accionario es propiedad del Estado y su presidente es uno de los preferidos de la presidenta Cristina Fernández (ver aparte).
Hoy parece lejano que el propio gobernador Francisco Pérez fue el que ordenó las inspecciones ambientales y la posterior denuncia penal contra Repsol.
Es más, los pasivos ambientales encontrados en marzo de 2012 en las áreas Barrancas y La Ventana eran uno de los argumentos para sacarle la concesión a YPF e incluso hasta para no pagarle compensación alguna a la empresa española que la gerenció hasta mayo de 2012. Hoy las palabras del oficio remitido a la petrolera sugieren que la situación ha cambiado poco, pero ahora la gerencia reporta directamente a la Presidenta.
El 25 de julio Los Andes informaba que el expediente 158.830/12 estaba perdido desde tres semanas antes de la publicación. También se indicaba que se había ordenado la reconstrucción del expediente y la Procuración pedía una investigación para saber qué había pasado.
Un par de semanas después una auxiliar de la Fiscalía Luján-Maipú encontró los tres tomos de esa pieza en un casillero de la secretaría del turno tarde de esa dependencia.
El 1 de setiembre el fiscal Fabricio Sidoti decide pasar la pesquisa a Carniello, por la complejidad de la prueba que se requiere, porque el nuevo fiscal tiene causas similares y porque hay funcionarios públicos vinculados.
El 8 de setiembre Carniello toma su primera medida como fiscal de esta causa. Ordena la realización de una inspección ocular en la zona para el 15 de setiembre pasado.
Ese día, una pequeña comitiva conformada por personal de la fiscalía y efectivos policiales fue a La Ventana.
No se sabe el resultado final de la inspección. En el expediente consta la entrega de material fotográfico relevado por los efectivos policiales que estuvieron en la zona.
Carniello salió de la provincia unos días y lo subrogó Claudia Ríos. El 29 de setiembre Ríos hace constar la presentación de esa prueba y, de paso, ordena que YPF se “abstenga” de hacer trabajos que alteren la situación en la zona relevada.
A continuación, Ríos enumera excepciones a la prohibición. “con excepción de aquellas labores que resulten imprescindibles para detener la presunta contaminación por presuntos derrames de petróleo y de agua de purga que se habrían detectado en las cercanías de los pozos PB- 107 y PB-22”.
Competencia provincial
Han pasado casi tres años y medio y todo parece lejano. El gobernador Francisco Pérez buscaba ser uno de los mimados de la presidenta Cristina Fernández y fue uno de los primeros en subirse a la avanzada contra Repsol-YPF. El 1 de marzo de 2012 se hizo la inspección en La Ventana y Barrancas y llamativamente en sólo siete días estuvo lista la demanda penal contra la petrolera. Mendoza presentó dos denuncias con los mismos argumentos, una en la Justicia provincial y otra en la Federal.
Curiosamente la demanda provincial cayó en la fiscalía de Daniel Carniello, quien al enterarse que había una pesquisa federal archivó las actuaciones. Walter Bento llevaba la investigación federal: en noviembre de 2012 decidió que la causa era jurisdicción provincial y la mandó la Fiscalía Luján-Maipú, dónde la tramitó Fabricio Sidoti hasta el extravío.
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Fecha de Publicación: 07/10/2015
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
A través de un oficio, la Justicia le pidió a la petrolera que se “abstenga” de realizar tareas que modifiquen el área de la denuncia original realizada por Pérez en 2012.
El expediente perdido apareció. Es una vieja pieza de tres cuerpos, que data de 2012, en la que constan las pesquisas para determinar si la entonces Repsol-YPF contaminó o no en las áreas Barrancas y La Ventana. Para ser rigurosos, apareció el 14 de agosto pasado y a los pocos días fue traspasado a la Fiscalía de Delitos Complejos que comanda Daniel Carniello.
El 15 de setiembre, por orden del nuevo fiscal, se hizo una inspección ocular en la zona. Lo que se encontró aún no ha trascendido, pero por lo pronto ya se liberó un oficio ordenándole a la actual YPF que “se abstenga provisoriamente de realizar cualquier trabajo y/o tarea que modifique el estado de situación de los hechos que se habrían verificado”.
El tiempo pasa y lo que ayer era una patriada en busca de la recuperación de la “soberanía energética”, hoy es un inconveniente político, porque la investigada es la recuperada YPF, cuyo mayoritario capital accionario es propiedad del Estado y su presidente es uno de los preferidos de la presidenta Cristina Fernández (ver aparte).
Hoy parece lejano que el propio gobernador Francisco Pérez fue el que ordenó las inspecciones ambientales y la posterior denuncia penal contra Repsol.
Es más, los pasivos ambientales encontrados en marzo de 2012 en las áreas Barrancas y La Ventana eran uno de los argumentos para sacarle la concesión a YPF e incluso hasta para no pagarle compensación alguna a la empresa española que la gerenció hasta mayo de 2012. Hoy las palabras del oficio remitido a la petrolera sugieren que la situación ha cambiado poco, pero ahora la gerencia reporta directamente a la Presidenta.
El 25 de julio Los Andes informaba que el expediente 158.830/12 estaba perdido desde tres semanas antes de la publicación. También se indicaba que se había ordenado la reconstrucción del expediente y la Procuración pedía una investigación para saber qué había pasado.
Un par de semanas después una auxiliar de la Fiscalía Luján-Maipú encontró los tres tomos de esa pieza en un casillero de la secretaría del turno tarde de esa dependencia.
El 1 de setiembre el fiscal Fabricio Sidoti decide pasar la pesquisa a Carniello, por la complejidad de la prueba que se requiere, porque el nuevo fiscal tiene causas similares y porque hay funcionarios públicos vinculados.
El 8 de setiembre Carniello toma su primera medida como fiscal de esta causa. Ordena la realización de una inspección ocular en la zona para el 15 de setiembre pasado.
Ese día, una pequeña comitiva conformada por personal de la fiscalía y efectivos policiales fue a La Ventana.
No se sabe el resultado final de la inspección. En el expediente consta la entrega de material fotográfico relevado por los efectivos policiales que estuvieron en la zona.
Carniello salió de la provincia unos días y lo subrogó Claudia Ríos. El 29 de setiembre Ríos hace constar la presentación de esa prueba y, de paso, ordena que YPF se “abstenga” de hacer trabajos que alteren la situación en la zona relevada.
A continuación, Ríos enumera excepciones a la prohibición. “con excepción de aquellas labores que resulten imprescindibles para detener la presunta contaminación por presuntos derrames de petróleo y de agua de purga que se habrían detectado en las cercanías de los pozos PB- 107 y PB-22”.
Competencia provincial
Han pasado casi tres años y medio y todo parece lejano. El gobernador Francisco Pérez buscaba ser uno de los mimados de la presidenta Cristina Fernández y fue uno de los primeros en subirse a la avanzada contra Repsol-YPF. El 1 de marzo de 2012 se hizo la inspección en La Ventana y Barrancas y llamativamente en sólo siete días estuvo lista la demanda penal contra la petrolera. Mendoza presentó dos denuncias con los mismos argumentos, una en la Justicia provincial y otra en la Federal.
Curiosamente la demanda provincial cayó en la fiscalía de Daniel Carniello, quien al enterarse que había una pesquisa federal archivó las actuaciones. Walter Bento llevaba la investigación federal: en noviembre de 2012 decidió que la causa era jurisdicción provincial y la mandó la Fiscalía Luján-Maipú, dónde la tramitó Fabricio Sidoti hasta el extravío.
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Minera en Neuquén frenada por el momento
Asamblea para Las Coloradas
Fecha de Publicación: 07/10/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
A 90 kilómetros de Junín de los Andes, una asamblea vecinal en Las Coloradas logró suspender la realización de audiencias para la apertura de una mina extractiva de cobre. Defienden el río Catán Lil, que provee de agua a toda la región.
El Boletín Oficial de Neuquén del 12 de junio fue el momento de quiebre. Anunciaba que la multinacional Southern Copper, una de las mineras más cuestionadas del continente, pretendía explorar en busca de cobre. Ya nada fue igual para Las Coloradas, la tranquila localidad del sudeste neuquino. Nació una asamblea, se conformaron grupos de apoyo en Aluminé, Junín y San Martín de los Andes, y ganaron las calles: más de 300 personas marcharon en una localidad con mil habitantes. Cuestionan la actividad extractiva y defienden el río Catán Lil, que provee de agua a la región. El Poder Judicial suspendió, a pedido de los vecinos, una audiencia pública (paso inicial para la instalación de la empresa).
Las Coloradas está ubicada a 90 kilómetros de Junín de los Andes. Son aproximadamente veinte manzanas de casas bajas y calles de ripio. El río Catán Lil da vida a la región. A menos de treinta minutos de auto sobresalen montañas con nieve (las conocidas cumbres del Chachil y Sierras del Catán Lil) y, según geólogos, cobre y oro en sus entrañas. En esas alturas nacen los cursos de agua que alimentan a la zona.
La multinacional Southern Copper fue autorizada por el gobierno de Neuquén para explorar la zona y, de confirmar la riqueza mineral, explotar los yacimientos conocidos como “Las nenas” y “la voluntad”. La compañía opera en México, Chile y Perú. En este último tiene un accionar muy conocido, a cargo del cuestionado proyecto “Tía María”, que ya ocasionó represiones y una decena asesinatos de activistas sociales. En México provocó un derrame, en 2014, de 40 millones de residuos tóxicos de sulfato de cobre en ríos.
Nadie en Las Coloradas sabía del emprendimiento minero. La información comenzó a circular de la mano de vecinos y organizaciones de la región. Y surgieron las reuniones en el salón comunitario de la parroquia del pueblo. Sorprendió la numerosa concurrencia. Nació la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Las Coloradas.
Otro factor fundamental, la afectación de los territorios de las comunidades mapuches (Cayulef, Namuncurá, Cayupán, Paineo y Felipín). Los pueblos indígenas cuentan con derechos que obligan a que el Estado obtenga el consentimiento de las comunidades originarias cuando se pudieran afectar sus territorios y forma de vida. La comunidad Felipín ya expresó su “más enérgico rechazo a la minería” y denunció que la actividad “pone en riesgo la vida de la comunidad y de los pueblos cercanos”.
El 7 de agosto se realizó una histórica marcha en Las Coloradas. Bajo el lema “No a la mina. Sí a la vida”, más de 300 personas (en una localidad de mil) caminaron alrededor del pueblo con sus carteles de rechazo al extractivismo. Se sumaron asambleas de Junín y San Martín de los Andes, Loncopué, Aluminé, Zapala y de la capital provincial. Y todas las comunidades mapuches de la región.
El intendente, Lucrecio Varela, concurrió a una de las asambleas. Prometió que no hará nada a espaldas del pueblo e impulsó una ordenanza que prohíbe la “minería contaminante”. Desde la asamblea dieron la bienvenida a la norma, pero también reconocieron que deja zonas grises que pueden posibilitar la instalación de mineras.
La provincia y la empresa planificaban una audiencia pública (es un paso administrativo obligatorio para comenzar a explorar). Pero fijaron como lugar de audiencia un sitio muy alejado (a más de una hora de vehículo y donde no existe transporte público). “Hacen todo a espaldas del pueblo”, denunció Sandra Ferrero, del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa).
La Asamblea presentó un amparo. El Poder Judicial le dio la razón y suspendió la audiencia por falta de información oficial. Fue el primer freno al emprendimiento.
Desde la Asamblea explican que la herramienta más importante fue la información, que nunca provino de fuentes oficiales, sino de organizaciones sociales, de otras asambleas, de medios de comunicación alternativos. “No sabíamos nada de minería, pero aprendimos y no dejamos que nos mientan”, explicó Fernando Mena, joven asambleísta. Al mismo tiempo, en la vecina Aluminé ya se redactó un proyecto que prohíbe la minería.
Se sucedieron charlas, panfleteadas y marchas. También llegaron enviados de la empresa y del gobierno provincial. Prometieron que se puede hacer “minería sustentable”, dijeron que habría trabajo y que no se afectarían los cursos de agua.
Luego de los hechos de San Juan (donde Barrick Gold derramó más de un millón de litros de solución contaminante con cianuro), los vecinos volvieron a marchar. En pocos días juntaron firmas (casi la mitad del padrón electoral), se reunieron con el Intendente y concejales, y les pidieron que explícitamente rechacen ante la provincia el proyecto minero.
En paralelo, la minera contrató sociólogos que se instalaron en la localidad. El cura Martín Goettle afirmó que “buscan estudiar a la comunidad y buscar apoyos a la minería”. Desde la Asamblea ya los definieron como “operadores mineros que hacen espionaje” para la Southern Copper y los declararon “personas no gratas”.
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Fecha de Publicación: 07/10/2015
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Neuquén
A 90 kilómetros de Junín de los Andes, una asamblea vecinal en Las Coloradas logró suspender la realización de audiencias para la apertura de una mina extractiva de cobre. Defienden el río Catán Lil, que provee de agua a toda la región.
El Boletín Oficial de Neuquén del 12 de junio fue el momento de quiebre. Anunciaba que la multinacional Southern Copper, una de las mineras más cuestionadas del continente, pretendía explorar en busca de cobre. Ya nada fue igual para Las Coloradas, la tranquila localidad del sudeste neuquino. Nació una asamblea, se conformaron grupos de apoyo en Aluminé, Junín y San Martín de los Andes, y ganaron las calles: más de 300 personas marcharon en una localidad con mil habitantes. Cuestionan la actividad extractiva y defienden el río Catán Lil, que provee de agua a la región. El Poder Judicial suspendió, a pedido de los vecinos, una audiencia pública (paso inicial para la instalación de la empresa).
Las Coloradas está ubicada a 90 kilómetros de Junín de los Andes. Son aproximadamente veinte manzanas de casas bajas y calles de ripio. El río Catán Lil da vida a la región. A menos de treinta minutos de auto sobresalen montañas con nieve (las conocidas cumbres del Chachil y Sierras del Catán Lil) y, según geólogos, cobre y oro en sus entrañas. En esas alturas nacen los cursos de agua que alimentan a la zona.
La multinacional Southern Copper fue autorizada por el gobierno de Neuquén para explorar la zona y, de confirmar la riqueza mineral, explotar los yacimientos conocidos como “Las nenas” y “la voluntad”. La compañía opera en México, Chile y Perú. En este último tiene un accionar muy conocido, a cargo del cuestionado proyecto “Tía María”, que ya ocasionó represiones y una decena asesinatos de activistas sociales. En México provocó un derrame, en 2014, de 40 millones de residuos tóxicos de sulfato de cobre en ríos.
Nadie en Las Coloradas sabía del emprendimiento minero. La información comenzó a circular de la mano de vecinos y organizaciones de la región. Y surgieron las reuniones en el salón comunitario de la parroquia del pueblo. Sorprendió la numerosa concurrencia. Nació la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Las Coloradas.
Otro factor fundamental, la afectación de los territorios de las comunidades mapuches (Cayulef, Namuncurá, Cayupán, Paineo y Felipín). Los pueblos indígenas cuentan con derechos que obligan a que el Estado obtenga el consentimiento de las comunidades originarias cuando se pudieran afectar sus territorios y forma de vida. La comunidad Felipín ya expresó su “más enérgico rechazo a la minería” y denunció que la actividad “pone en riesgo la vida de la comunidad y de los pueblos cercanos”.
El 7 de agosto se realizó una histórica marcha en Las Coloradas. Bajo el lema “No a la mina. Sí a la vida”, más de 300 personas (en una localidad de mil) caminaron alrededor del pueblo con sus carteles de rechazo al extractivismo. Se sumaron asambleas de Junín y San Martín de los Andes, Loncopué, Aluminé, Zapala y de la capital provincial. Y todas las comunidades mapuches de la región.
El intendente, Lucrecio Varela, concurrió a una de las asambleas. Prometió que no hará nada a espaldas del pueblo e impulsó una ordenanza que prohíbe la “minería contaminante”. Desde la asamblea dieron la bienvenida a la norma, pero también reconocieron que deja zonas grises que pueden posibilitar la instalación de mineras.
La provincia y la empresa planificaban una audiencia pública (es un paso administrativo obligatorio para comenzar a explorar). Pero fijaron como lugar de audiencia un sitio muy alejado (a más de una hora de vehículo y donde no existe transporte público). “Hacen todo a espaldas del pueblo”, denunció Sandra Ferrero, del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa).
La Asamblea presentó un amparo. El Poder Judicial le dio la razón y suspendió la audiencia por falta de información oficial. Fue el primer freno al emprendimiento.
Desde la Asamblea explican que la herramienta más importante fue la información, que nunca provino de fuentes oficiales, sino de organizaciones sociales, de otras asambleas, de medios de comunicación alternativos. “No sabíamos nada de minería, pero aprendimos y no dejamos que nos mientan”, explicó Fernando Mena, joven asambleísta. Al mismo tiempo, en la vecina Aluminé ya se redactó un proyecto que prohíbe la minería.
Se sucedieron charlas, panfleteadas y marchas. También llegaron enviados de la empresa y del gobierno provincial. Prometieron que se puede hacer “minería sustentable”, dijeron que habría trabajo y que no se afectarían los cursos de agua.
Luego de los hechos de San Juan (donde Barrick Gold derramó más de un millón de litros de solución contaminante con cianuro), los vecinos volvieron a marchar. En pocos días juntaron firmas (casi la mitad del padrón electoral), se reunieron con el Intendente y concejales, y les pidieron que explícitamente rechacen ante la provincia el proyecto minero.
En paralelo, la minera contrató sociólogos que se instalaron en la localidad. El cura Martín Goettle afirmó que “buscan estudiar a la comunidad y buscar apoyos a la minería”. Desde la Asamblea ya los definieron como “operadores mineros que hacen espionaje” para la Southern Copper y los declararon “personas no gratas”.
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Condenan a un año de prisión por talar 10 mil hectáreas
Condenan a un salteño por talar 10 mil hectáreas
Fecha de Publicación: 06/10/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Salta
Ocurrió en Tartagal. La justicia penó al dueño de una finca a un año de prisión por haber infringido zonas vedadas para desmontes.
La justicia de Salta condenó al dueño de una finca de la localidad de Tartagal a un año de prisión por haber infringido zonas vedadas para desmontes, donde taló 10.000 hectáreas de vegetación de manera ilegítima.
Fuentes judiciales destacaron que el fallo dado a conocer el viernes se convirtió en la primera sentencia punitiva a causa desmontes ilegales a nivel nacional.
Y, destacaron que si bien la figura de desmontes ilegales no se encuentra apuntada en el código penal a partir de ahora habrá un precedente jurisprudencial directo.
Culpables
La justicia penal de Tartagal condenó al hacendado Juan José Karlen a un año de prisión por sus actuaciones desde 2013 en zonas del norte salteño adonde estaba prohibido el desmonte.
El hijo del sentenciado, Daniel Karlen, y el encargado de la finca, Miguel Ángel González, fueron absueltos luego de los alegatos, las testimoniales y las declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Estos últimos ratificaron que el 11 de abril de 2013 habían detectado una incipiente actividad ilegal en los terruños de los Karlen y que por ello los intimaron legalmente a que desistieran de seguir avanzando.
Para ello inclusive pusieron franjas de clausura.
Sin embargo, según la acusación, los Karlen removieron las franjas inhibitorias y continuaron con sus desmontes hasta alcanzar la superficie de 10.000 hectáreas taladas de una zona protegida por la Ley de Bosques.
Por ello, el veredicto judicial le atribuye al padre la culpabilidad en el delito de desobediencia judicial agravado por una práctica ilegal, el desmonte de zonas explícitamente protegidas.
El fiscal Pablo Cabot fundamentó el pedido de condena en el artículo 239 del Código Penal que indica que "será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal".
Karlen recibió la máxima condena que podía recibir según el delito que se le imputaba, ya que no sólo desoyó las intimaciones sino que hasta actuó impunemente removiendo las demarcaciones que la Secretaría de Ambiente había hecho en el lugar.
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Fecha de Publicación: 06/10/2015
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Salta
Ocurrió en Tartagal. La justicia penó al dueño de una finca a un año de prisión por haber infringido zonas vedadas para desmontes.
La justicia de Salta condenó al dueño de una finca de la localidad de Tartagal a un año de prisión por haber infringido zonas vedadas para desmontes, donde taló 10.000 hectáreas de vegetación de manera ilegítima.
Fuentes judiciales destacaron que el fallo dado a conocer el viernes se convirtió en la primera sentencia punitiva a causa desmontes ilegales a nivel nacional.
Y, destacaron que si bien la figura de desmontes ilegales no se encuentra apuntada en el código penal a partir de ahora habrá un precedente jurisprudencial directo.
Culpables
La justicia penal de Tartagal condenó al hacendado Juan José Karlen a un año de prisión por sus actuaciones desde 2013 en zonas del norte salteño adonde estaba prohibido el desmonte.
El hijo del sentenciado, Daniel Karlen, y el encargado de la finca, Miguel Ángel González, fueron absueltos luego de los alegatos, las testimoniales y las declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Estos últimos ratificaron que el 11 de abril de 2013 habían detectado una incipiente actividad ilegal en los terruños de los Karlen y que por ello los intimaron legalmente a que desistieran de seguir avanzando.
Para ello inclusive pusieron franjas de clausura.
Sin embargo, según la acusación, los Karlen removieron las franjas inhibitorias y continuaron con sus desmontes hasta alcanzar la superficie de 10.000 hectáreas taladas de una zona protegida por la Ley de Bosques.
Por ello, el veredicto judicial le atribuye al padre la culpabilidad en el delito de desobediencia judicial agravado por una práctica ilegal, el desmonte de zonas explícitamente protegidas.
El fiscal Pablo Cabot fundamentó el pedido de condena en el artículo 239 del Código Penal que indica que "será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal".
Karlen recibió la máxima condena que podía recibir según el delito que se le imputaba, ya que no sólo desoyó las intimaciones sino que hasta actuó impunemente removiendo las demarcaciones que la Secretaría de Ambiente había hecho en el lugar.
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Capital podría tener una ley de humedales propia
Presentan una ley de humedales para la Ciudad
Fecha de Publicación: 06/10/2015
Fuente: Semanario Parlamentario
Provincia/Región: CABA
La iniciativa plantea su protección, conservación y restauración ecológica.
La legisladora porteña María Rosa Muiños (FpV) presentó un proyecto de Ley para proteger los humedales que se encuentran dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa busca, entre otras cosas, limitar desarrollos urbanos y prevenir inundaciones.
“En la Ciudad se encuentran diversos humedales, que presentan un alto grado de intervención debido al aumento de los niveles de urbanización, que contribuyen a su degradación constante. Por eso, el objetivo de esta iniciativa es establecer la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de las extensiones de pantanos y superficies cubiertas de aguas cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”, argumentó la diputada en los fundamentos de la iniciativa.
Además, Muiños enumeró los servicios que estos reservorios brindan a la sociedad, entre los que pueden mencionarse “amortiguación de inundaciones, estabilización climática, provisión de agua y hábitats, control de la erosión costera, valores culturales, recreación y turismo, entre otras”.
Entre los humedales que existen en la Ciudad, el expediente menciona “los que están asociados a la cuenca del Riachuelo, la costa del río de la Plata, y diversos humedales creados por el hombre. Estos son: las Reservas Ecológicas de la Costanera Sur y de Ciudad Universitaria, el Riachuelo y sus márgenes; los lagos de Palermo, Parque Norte, Parque de la Ciudad, Parque Centenario, Lugano y Soldati; la laguna de Agronomía; y el reservorio de Parque Sarmiento”.
La ley de humedales prevé la confección de un inventario que deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de cinco años, que pueda verificar los cambios en las superficies y características ecológicas de los mismos, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su protección.
Por último, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el cual deberá reglamentar las actividades y modos de ocupación de las áreas pertinentes; establecer la limitación de desarrollos urbanos, industriales y vuelcos de desechos; llevar adelante la evaluación de impacto ambiental respecto de las obras de infraestructura y actividades humanas que pudieran afectar su integridad ecológica; y garantizar instancias de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en la ley N°1.777 (Ley de Comunas).
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Fecha de Publicación: 06/10/2015
Fuente: Semanario Parlamentario
Provincia/Región: CABA
La iniciativa plantea su protección, conservación y restauración ecológica.
La legisladora porteña María Rosa Muiños (FpV) presentó un proyecto de Ley para proteger los humedales que se encuentran dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa busca, entre otras cosas, limitar desarrollos urbanos y prevenir inundaciones.
“En la Ciudad se encuentran diversos humedales, que presentan un alto grado de intervención debido al aumento de los niveles de urbanización, que contribuyen a su degradación constante. Por eso, el objetivo de esta iniciativa es establecer la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de las extensiones de pantanos y superficies cubiertas de aguas cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”, argumentó la diputada en los fundamentos de la iniciativa.
Además, Muiños enumeró los servicios que estos reservorios brindan a la sociedad, entre los que pueden mencionarse “amortiguación de inundaciones, estabilización climática, provisión de agua y hábitats, control de la erosión costera, valores culturales, recreación y turismo, entre otras”.
Entre los humedales que existen en la Ciudad, el expediente menciona “los que están asociados a la cuenca del Riachuelo, la costa del río de la Plata, y diversos humedales creados por el hombre. Estos son: las Reservas Ecológicas de la Costanera Sur y de Ciudad Universitaria, el Riachuelo y sus márgenes; los lagos de Palermo, Parque Norte, Parque de la Ciudad, Parque Centenario, Lugano y Soldati; la laguna de Agronomía; y el reservorio de Parque Sarmiento”.
La ley de humedales prevé la confección de un inventario que deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de cinco años, que pueda verificar los cambios en las superficies y características ecológicas de los mismos, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su protección.
Por último, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el cual deberá reglamentar las actividades y modos de ocupación de las áreas pertinentes; establecer la limitación de desarrollos urbanos, industriales y vuelcos de desechos; llevar adelante la evaluación de impacto ambiental respecto de las obras de infraestructura y actividades humanas que pudieran afectar su integridad ecológica; y garantizar instancias de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en la ley N°1.777 (Ley de Comunas).
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Críticas a legislatura entrerriana por la Ley de Agroquímicos
Ley de agroquímicos: organizaciones socioambientales criticaron el accionar de la legislatura provincial
Fecha de Publicación: 06/10/2015
Fuente: Diario del Sur
Provincia/Región: Entre Ríos
Estuvieron presentes integrantes del Foro Ecologista y de la Red Ecosocialista.
El tratamiento del proyecto del senador oficialista César Melchiori quedó trunco por presiones del sector agropecuario durante la jornada de este jueves en la legislatura provincial. Allí, integrantes de la Mesa por Entre Ríos sin Agrotóxicos se hicieron presentes para exigir explicaciones y formar parte de las discusiones en comisiones donde se rediscutirá el proyecto. Según pudo saber ANALISIS DIGITAL para las organizaciones socioambientales el proyecto no era el ideal, pero significaba avances en la regulación de una práctica que tiene altos riesgos para la salud pública. El eje central de la discusión por la cual la Federación Agraria y la Sociedad Rural pusieron el grito en el cielo, en contrapartida con la adhesión "inegociable" por parte de las organizaciones ambientales es la prohibición de la fumigación aérea, clave para garantizar que los químicos no se trasladen a los lugares habitados.
Con la ausencia por obligaciones en su departamento del senador provincial que redactó el proyecto, la Cámara Alta provincial envió el proyecto que regula la práctica de agrotóxicos a las comisiones de Producción y Asuntos Legislativos. Pero la jornada no pasó sin sobresaltos, la presencia de organizaciones socioambientales pusieron la discusión en un tono elevado al cual los senadores están desacostumbrados por la hegemonía oficialista en una Cámara monocolor.
El Foro Ecologista y la Red Ecosocialista, ambas organizaciones integrantes de la Mesa por Entre Ríos sin Agrotóxicos, exigieron respuestas y elevaron su queja por el no tratamiento del proyecto, al cual adhieren con diferencias, pero que consideran un avance en la materia. La organización se reunirá el martes próximo para evaluar pasos a seguir, ya que solicitaron a viva voz que se los invite a las discusiones en las comisiones.
El temor de los militantes defensores de la vida es que las presiones del sector agropecuario, que pretende sostener los altos niveles de rentabilidad que tienen gracias a la utilización de los químicos. De hecho, fue por presiones de la Federación Agraria y la Sociedad Rural que el proyecto se echó para atrás. Cabe contextualizar el momento de negociaciones que el gobierno provincial sostiene con el sector agropecuario, ante los violentas manifestaciones de los productores tiempo atrás.
"Desde la Red Ecosocialista tenemos reservas sobre algunos puntos de la ley que quedan muy ambiguas y bueno eso siempre beneficia al poderoso. Ahora, hay cosas de la ley que consideramos inegociables como la prohibición de la fumigación aérea y este es un tema sensible para los sectores del agronegocio y es aparentemente lo que mas quieren discutir", señaló a ANALISIS DIGITAL la dirigente de la organización Nadia Burgos, una de las presentes en la jornada legislativa.
En ese sentido, para la militante socioambiental sostuvo que "los senadores no estuvieron a la altura de la situación entrerriana", algo que Burgos señaló en la propia sesión legislativa. "Tenemos ciudades con las tasas mas alta de muertes por cáncer y la cantidad de niños y jóvenes enfermos es una creciente", agregó.
Por su parte, el referente del Foro Ecologista Daniel Verzeñassi también alzó la voz en plena sesión y explicó, desde un perfil más técnico, los pormenores de la gravedad de la utilización de los agrotóxicos en nuestra provincia, como engranaje de un modelo de producción que dejará secuelas irreversibles. El dirigente señaló el peligro que implica que los jóvenes consuman estos químicos y luego, por ejemplo en materia de salud pública, se realicen transfusiones con sangre eventualmente contaminada, ya que no se hacen controles adecuados, a otras personas con un sistema inmunológico debilitado.
Además, para Verzeñassi es clave que científicos independientes y universidades, hagan valer su autonomía y puedan dar una discusión técnica con un contenido humano y ambiental. Sin embargo es necesario comprender que las facultades del sector tienen una estrecha relación con los productores y las empresas del agro que no pretenden cambiar el estado de situación de las cosas, a pesar de las consecuencias mortales e irreversibles.
La mesa se reunirá este martes para trazar los lineamientos de lucha en relación a la temática y formalizar el pedido de participación en las comisiones donde se volverá a discutir la ley.
Una de las pocas sesiones pintadas de otro color
El senado provincial está acostumbrado a la poca discusión y los tratamientos de leyes sin mayores dificultades. Todo parece quedar ahí dentro ante la ausencia de un contrapeso legislativo que balancee lo que pretende hacer el Frente para la Victoria.
El vicegobernador, en su carácter de presidente de la Cámara, dio lugar a la discusión del proyecto de Melchiori. Sin embargo, fue el presidente de la bancada oficialista, Enrique Cresto, quien solicitó que se vuelva a comisiones porque "hubo sectores que no discutieron la ley". Este espíritu de presunta democratización de la discusión fue utilizado más bien para incluir a la Federación Agraria y la Sociedad Rural en la discusión, dos sectores que sostienen en gran parte el modelo de producción sojero y con los agrotóxicos como herramienta fundamental para su rentabilidad.
Cuando se decidió el traspaso a comisiones por imposición de Cresto, se había dado por finalizada la sesión pero las organizaciones socioambientales hicieron una intervención elevando la voz y reclamando explicaciones sobre el accionar legislativo. Nadia Burgos y Daniel Verzeñassi fueron quienes hablaron en representación de los militantes, ante la mirada de sorpresa por parte de todos los legisladores oficialistas, desacostumbrados a que se desacredite su palabra en la Cámara Alta.
Allí las organizaciones solicitaron formar parte de la discusión en comisiones, pensando en que si no había un contrapeso a dicha discusión, el gobierno iba a optar con facilidad por la postura del sector agropecuario que no quiere regular la práctica. "Acá ustedes se van a sus casas y somos nosotros y nuestras familias las que sufren las consecuencias de este modelo", señaló Burgos a los legisladores y señaló un "doble discurso" por parte del oficialismo por sus aparentes peleas con la Sociedad Rural, pero que luego "se arrodillan ante sus pedidos".
Verzeñassi expresó su preocupación por dejar de lado al área de hidráulica provincial, sin tener en cuenta que en la mayoría de los departamentos provinciales los ciudadanos toman agua de pozo, contaminada por los agrotóxicos y eso implica graves efectos negativos en la salud pública y las poblaciones. Además, el dirigente ambiental señaló que hay otras formas de producir y que se debe trabajar en una transición que permita cambiar el modelo.
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Fecha de Publicación: 06/10/2015
Fuente: Diario del Sur
Provincia/Región: Entre Ríos
Estuvieron presentes integrantes del Foro Ecologista y de la Red Ecosocialista.
El tratamiento del proyecto del senador oficialista César Melchiori quedó trunco por presiones del sector agropecuario durante la jornada de este jueves en la legislatura provincial. Allí, integrantes de la Mesa por Entre Ríos sin Agrotóxicos se hicieron presentes para exigir explicaciones y formar parte de las discusiones en comisiones donde se rediscutirá el proyecto. Según pudo saber ANALISIS DIGITAL para las organizaciones socioambientales el proyecto no era el ideal, pero significaba avances en la regulación de una práctica que tiene altos riesgos para la salud pública. El eje central de la discusión por la cual la Federación Agraria y la Sociedad Rural pusieron el grito en el cielo, en contrapartida con la adhesión "inegociable" por parte de las organizaciones ambientales es la prohibición de la fumigación aérea, clave para garantizar que los químicos no se trasladen a los lugares habitados.
Con la ausencia por obligaciones en su departamento del senador provincial que redactó el proyecto, la Cámara Alta provincial envió el proyecto que regula la práctica de agrotóxicos a las comisiones de Producción y Asuntos Legislativos. Pero la jornada no pasó sin sobresaltos, la presencia de organizaciones socioambientales pusieron la discusión en un tono elevado al cual los senadores están desacostumbrados por la hegemonía oficialista en una Cámara monocolor.
El Foro Ecologista y la Red Ecosocialista, ambas organizaciones integrantes de la Mesa por Entre Ríos sin Agrotóxicos, exigieron respuestas y elevaron su queja por el no tratamiento del proyecto, al cual adhieren con diferencias, pero que consideran un avance en la materia. La organización se reunirá el martes próximo para evaluar pasos a seguir, ya que solicitaron a viva voz que se los invite a las discusiones en las comisiones.
El temor de los militantes defensores de la vida es que las presiones del sector agropecuario, que pretende sostener los altos niveles de rentabilidad que tienen gracias a la utilización de los químicos. De hecho, fue por presiones de la Federación Agraria y la Sociedad Rural que el proyecto se echó para atrás. Cabe contextualizar el momento de negociaciones que el gobierno provincial sostiene con el sector agropecuario, ante los violentas manifestaciones de los productores tiempo atrás.
"Desde la Red Ecosocialista tenemos reservas sobre algunos puntos de la ley que quedan muy ambiguas y bueno eso siempre beneficia al poderoso. Ahora, hay cosas de la ley que consideramos inegociables como la prohibición de la fumigación aérea y este es un tema sensible para los sectores del agronegocio y es aparentemente lo que mas quieren discutir", señaló a ANALISIS DIGITAL la dirigente de la organización Nadia Burgos, una de las presentes en la jornada legislativa.
En ese sentido, para la militante socioambiental sostuvo que "los senadores no estuvieron a la altura de la situación entrerriana", algo que Burgos señaló en la propia sesión legislativa. "Tenemos ciudades con las tasas mas alta de muertes por cáncer y la cantidad de niños y jóvenes enfermos es una creciente", agregó.
Por su parte, el referente del Foro Ecologista Daniel Verzeñassi también alzó la voz en plena sesión y explicó, desde un perfil más técnico, los pormenores de la gravedad de la utilización de los agrotóxicos en nuestra provincia, como engranaje de un modelo de producción que dejará secuelas irreversibles. El dirigente señaló el peligro que implica que los jóvenes consuman estos químicos y luego, por ejemplo en materia de salud pública, se realicen transfusiones con sangre eventualmente contaminada, ya que no se hacen controles adecuados, a otras personas con un sistema inmunológico debilitado.
Además, para Verzeñassi es clave que científicos independientes y universidades, hagan valer su autonomía y puedan dar una discusión técnica con un contenido humano y ambiental. Sin embargo es necesario comprender que las facultades del sector tienen una estrecha relación con los productores y las empresas del agro que no pretenden cambiar el estado de situación de las cosas, a pesar de las consecuencias mortales e irreversibles.
La mesa se reunirá este martes para trazar los lineamientos de lucha en relación a la temática y formalizar el pedido de participación en las comisiones donde se volverá a discutir la ley.
Una de las pocas sesiones pintadas de otro color
El senado provincial está acostumbrado a la poca discusión y los tratamientos de leyes sin mayores dificultades. Todo parece quedar ahí dentro ante la ausencia de un contrapeso legislativo que balancee lo que pretende hacer el Frente para la Victoria.
El vicegobernador, en su carácter de presidente de la Cámara, dio lugar a la discusión del proyecto de Melchiori. Sin embargo, fue el presidente de la bancada oficialista, Enrique Cresto, quien solicitó que se vuelva a comisiones porque "hubo sectores que no discutieron la ley". Este espíritu de presunta democratización de la discusión fue utilizado más bien para incluir a la Federación Agraria y la Sociedad Rural en la discusión, dos sectores que sostienen en gran parte el modelo de producción sojero y con los agrotóxicos como herramienta fundamental para su rentabilidad.
Cuando se decidió el traspaso a comisiones por imposición de Cresto, se había dado por finalizada la sesión pero las organizaciones socioambientales hicieron una intervención elevando la voz y reclamando explicaciones sobre el accionar legislativo. Nadia Burgos y Daniel Verzeñassi fueron quienes hablaron en representación de los militantes, ante la mirada de sorpresa por parte de todos los legisladores oficialistas, desacostumbrados a que se desacredite su palabra en la Cámara Alta.
Allí las organizaciones solicitaron formar parte de la discusión en comisiones, pensando en que si no había un contrapeso a dicha discusión, el gobierno iba a optar con facilidad por la postura del sector agropecuario que no quiere regular la práctica. "Acá ustedes se van a sus casas y somos nosotros y nuestras familias las que sufren las consecuencias de este modelo", señaló Burgos a los legisladores y señaló un "doble discurso" por parte del oficialismo por sus aparentes peleas con la Sociedad Rural, pero que luego "se arrodillan ante sus pedidos".
Verzeñassi expresó su preocupación por dejar de lado al área de hidráulica provincial, sin tener en cuenta que en la mayoría de los departamentos provinciales los ciudadanos toman agua de pozo, contaminada por los agrotóxicos y eso implica graves efectos negativos en la salud pública y las poblaciones. Además, el dirigente ambiental señaló que hay otras formas de producir y que se debe trabajar en una transición que permita cambiar el modelo.
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Advierten sobre las represas Kirchner y Cepernic
Temen que las represas Kirchner y Cepernic dañen al Perito Moreno
Fecha de Publicación: 05/10/2015
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Santa Cruz
Ecologistas piden que se detenga la construcción de la mega obra que anunció la Presidenta.
Organizaciones ecologistas volvieron a exigir que el Gobierno nacional detenga el proyecto vinculado a la construcción de dos represas en Santa Cruz, a fin de no afectar "de manera irreversible" la zona del Glaciar Perito Moreno y hasta tanto se garantice el "estricto cumplimiento de las leyes ambientales argentinas".
Por segundo día consecutivo, trece entidades publicaron una solicitada en diarios nacionales para exigir que las autoridades no avancen en las obras de las represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic para no dañar, dijeron, "un lugar irrepetible" como el "gran Río Santa Cruz, el último río glaciario que corre desde la cordillera hasta el mar".
"En términos simbólicos, estamos ante un impacto sumamente significativo: el Parque Nacional Los Glaciares es un ícono global de la conservación y nuestra mayor joya natural junto con las cataratas del Iguazú", advirtieron en el documento.La exhortación fue realizada por Greenpeace; Fundación Ambiente y Recursos Humanos Naturales; Aisen Reserva de Vida; Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia; Fundación Flora y Fauna Argentina; Naturaleza para el Futuro; Red Yaguareté; y The Conservation Land Trust, entre otras agrupaciones.
Las asociaciones ecologistas alertaron que "sin estudio de impacto ambiental independiente y previo a la aprobación y comienzo de obra, sin audiencia pública y sin considerar alternativas con verdadero fundamento energético, se viola la Ley General de Ambiente (25.675), la Ley de Protección de Glaciares (26.639) y la Ley de Parques Nacionales (22.351).
Por ello, demandaron: "Dada la gravedad de la situación exigimos a las autoridades que se detenga este proyecto hasta tanto se garantice el estricto cumplimiento de la leyes ambientales argentinas", subrayaron.
En la publicación, titulada "Salvemos el río Santa Cruz. No pongamos en riesgo el Glaciar Perito Moreno", se remarcó que ambas obras, previstas en la zona centro sur de la provincia patagónica, "afectarán de manera irreversible" el lugar: "Las dos represas no sólo destruirán este río único sino que, en particular, el embalse de la represa Néstor Kirchner genera, cuando menos, serias dudas respecto al impacto sobre la dinámica de los glaciares Perito Moreno, Upsala y Spegazzini, consagrados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco", consignaron.
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Fecha de Publicación: 05/10/2015
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Santa Cruz
Ecologistas piden que se detenga la construcción de la mega obra que anunció la Presidenta.
Organizaciones ecologistas volvieron a exigir que el Gobierno nacional detenga el proyecto vinculado a la construcción de dos represas en Santa Cruz, a fin de no afectar "de manera irreversible" la zona del Glaciar Perito Moreno y hasta tanto se garantice el "estricto cumplimiento de las leyes ambientales argentinas".
Por segundo día consecutivo, trece entidades publicaron una solicitada en diarios nacionales para exigir que las autoridades no avancen en las obras de las represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic para no dañar, dijeron, "un lugar irrepetible" como el "gran Río Santa Cruz, el último río glaciario que corre desde la cordillera hasta el mar".
"En términos simbólicos, estamos ante un impacto sumamente significativo: el Parque Nacional Los Glaciares es un ícono global de la conservación y nuestra mayor joya natural junto con las cataratas del Iguazú", advirtieron en el documento.La exhortación fue realizada por Greenpeace; Fundación Ambiente y Recursos Humanos Naturales; Aisen Reserva de Vida; Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia; Fundación Flora y Fauna Argentina; Naturaleza para el Futuro; Red Yaguareté; y The Conservation Land Trust, entre otras agrupaciones.
Las asociaciones ecologistas alertaron que "sin estudio de impacto ambiental independiente y previo a la aprobación y comienzo de obra, sin audiencia pública y sin considerar alternativas con verdadero fundamento energético, se viola la Ley General de Ambiente (25.675), la Ley de Protección de Glaciares (26.639) y la Ley de Parques Nacionales (22.351).
Por ello, demandaron: "Dada la gravedad de la situación exigimos a las autoridades que se detenga este proyecto hasta tanto se garantice el estricto cumplimiento de la leyes ambientales argentinas", subrayaron.
En la publicación, titulada "Salvemos el río Santa Cruz. No pongamos en riesgo el Glaciar Perito Moreno", se remarcó que ambas obras, previstas en la zona centro sur de la provincia patagónica, "afectarán de manera irreversible" el lugar: "Las dos represas no sólo destruirán este río único sino que, en particular, el embalse de la represa Néstor Kirchner genera, cuando menos, serias dudas respecto al impacto sobre la dinámica de los glaciares Perito Moreno, Upsala y Spegazzini, consagrados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco", consignaron.
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"Condenado" por seguir el desmonte
Fallo inédito: un finquero fue condenado por no frenar un desmonte
Fecha de Publicación: 05/10/2015
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
En un juicio calificado de inédito en materia judicial en la Argentina, el fiscal penal 2, de Tartagal, Pablo Cabot, logró esta mañana la condena de Juan José Karlen, por desmonte de bosques nativos.
La vocal de la sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, Azucena Vázquez, condenó a Juan José Karlen a la pena de seis meses de prisión condicional por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de desobediencia a la autoridad.
Karlen deberá cumplir por dos años con las siguientes reglas de conducta: constituir domicilio, someterse al cuidado del patronato de liberados, evitar el consumo de estupefacientes y el abuso de bebidas alcohólicas.
Además, absolvió a Miguel Ángel González y a Daniel Darío Karlen del delito de desobediencia a la autoridad.
Los imputados son propietarios de dos lotes en el Chaco salteño. La magistrada había ordenado frenar el desmonte en dichas tierras haciendo lugar a un pedido de no innovar. Medio Ambiente de la Provincia había ordenado el cese del desmonte o aprovechamiento forestal en los lotes 30746 y 30747 del departamento General San Martín y clausura por 60 días de todo tipo de actividad, pese a lo cual se prosiguió con la actividad, iniciándose la causa judicial.
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Fecha de Publicación: 05/10/2015
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
En un juicio calificado de inédito en materia judicial en la Argentina, el fiscal penal 2, de Tartagal, Pablo Cabot, logró esta mañana la condena de Juan José Karlen, por desmonte de bosques nativos.
La vocal de la sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, Azucena Vázquez, condenó a Juan José Karlen a la pena de seis meses de prisión condicional por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de desobediencia a la autoridad.
Karlen deberá cumplir por dos años con las siguientes reglas de conducta: constituir domicilio, someterse al cuidado del patronato de liberados, evitar el consumo de estupefacientes y el abuso de bebidas alcohólicas.
Además, absolvió a Miguel Ángel González y a Daniel Darío Karlen del delito de desobediencia a la autoridad.
Los imputados son propietarios de dos lotes en el Chaco salteño. La magistrada había ordenado frenar el desmonte en dichas tierras haciendo lugar a un pedido de no innovar. Medio Ambiente de la Provincia había ordenado el cese del desmonte o aprovechamiento forestal en los lotes 30746 y 30747 del departamento General San Martín y clausura por 60 días de todo tipo de actividad, pese a lo cual se prosiguió con la actividad, iniciándose la causa judicial.
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V Congreso Latinoamericano de Agroecología en la UNLP
La UNLP será sede de congreso de agroecología y agricultura sustentable el 7, 8 y 9 de octubre en Ciencias Agrarias
Fecha de Publicación: 05/10/2015
Fuente: ImpulsoBaires
Provincia/Región: Nacional
Por primera vez, Argentina será sede del V Congreso Latinoamericano de Agroecología. Más de mil científicos, investigadores, estudiantes, técnicos y productores se reunirán los días 7, 8 y 9 de octubre, en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata para participar del megaencuentro que reunirá a participantes de todo el continente.
Organizado por la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) el congreso será “una excelente oportunidad para fomentar el intercambio de experiencias entre docentes, investigadores, extensionistas, alumnos y agricultores de Latinoamérica, en el área emergente de la agroecología y la agricultura sustentable, con especial énfasis en la agricultura familiar”.
Durante tres días se llevarán a cabo conferencias magistrales, mesas redondas, trabajos científicos, presentación de experiencias y talleres sobre la aplicación de los conceptos y principios de la ecología al diseño, desarrollo y gestión de sistemas agrícolas sostenibles.
En paralelo a las actividades académicas se prevé realizar una feria de productos agroecológicos con la participación de productores de todo el país, un momento para el intercambio de semillas que será abierto a la comunidad. Tendrá lugar en la sede de la Facultad, calle 60 y 119.
SOCLA fue creada para promover la reflexión, discusión e intercambio científico sobre Agroecología entre investigadores, docentes y promotores de la región. Cada dos años organiza este congreso. Anteriormente fueron Colombia (2007), Brasil (2009), México (2011) y Perú (2013). Los encuentros marcan el estado de situación de la agroecología tanto en la región latinoamericana como en Iberoamérica.
Sus objetivos son contribuir a la difusión de los avances en investigación agroecológica en Latinoamérica, promover la discusión y propuestas para el mejoramiento de la soberanía alimentaria y estrategias frente al cambio climático en la región, fomentar el intercambio e integración de conocimientos y promover la enseñanza, investigación e innovaciones en Agroecología en la comunidad científica internacional.
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Fecha de Publicación: 05/10/2015
Fuente: ImpulsoBaires
Provincia/Región: Nacional
Por primera vez, Argentina será sede del V Congreso Latinoamericano de Agroecología. Más de mil científicos, investigadores, estudiantes, técnicos y productores se reunirán los días 7, 8 y 9 de octubre, en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata para participar del megaencuentro que reunirá a participantes de todo el continente.
Organizado por la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) el congreso será “una excelente oportunidad para fomentar el intercambio de experiencias entre docentes, investigadores, extensionistas, alumnos y agricultores de Latinoamérica, en el área emergente de la agroecología y la agricultura sustentable, con especial énfasis en la agricultura familiar”.
Durante tres días se llevarán a cabo conferencias magistrales, mesas redondas, trabajos científicos, presentación de experiencias y talleres sobre la aplicación de los conceptos y principios de la ecología al diseño, desarrollo y gestión de sistemas agrícolas sostenibles.
En paralelo a las actividades académicas se prevé realizar una feria de productos agroecológicos con la participación de productores de todo el país, un momento para el intercambio de semillas que será abierto a la comunidad. Tendrá lugar en la sede de la Facultad, calle 60 y 119.
SOCLA fue creada para promover la reflexión, discusión e intercambio científico sobre Agroecología entre investigadores, docentes y promotores de la región. Cada dos años organiza este congreso. Anteriormente fueron Colombia (2007), Brasil (2009), México (2011) y Perú (2013). Los encuentros marcan el estado de situación de la agroecología tanto en la región latinoamericana como en Iberoamérica.
Sus objetivos son contribuir a la difusión de los avances en investigación agroecológica en Latinoamérica, promover la discusión y propuestas para el mejoramiento de la soberanía alimentaria y estrategias frente al cambio climático en la región, fomentar el intercambio e integración de conocimientos y promover la enseñanza, investigación e innovaciones en Agroecología en la comunidad científica internacional.
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Barrick: los empleados también denuncian contaminación
El otro "derrame": denuncian empleados de Barrick mercurio en sangre y enfermedades letales por contaminación
Fecha de Publicación: 04/10/2015
Fuente: IP Profesional
Provincia/Región: San Juan
Los trabajadores dan cuenta de numerosos problemas de salud y del incremento en la cantidad de personas con cáncer. Señalan que si la firma detecta algún tipo de afección, trata de discontinuar el vínculo laboral. Advierten sobre irregularidades en la cobertura médica. Testimonios escalofriantes
"Tengo una enfermedad por aspirar vidrio en suspensión. Lo mismo pasa con los compañeros que llevan diez años trabajando en la mina. Como en San Juan nadie del sistema de salud quería certificar mi dolencia tuve que examinarme en Mendoza y ahí sí se activó la cobertura de la ART".
"Nos hacen exámenes todos los años, y al que notan que tiene algún problema buscan que acepte un retiro voluntario o directamente ejercen alguna presión para que renuncie".
El testimonio fue aportado aportado a iProfesional por José Roberto Cabanay, operario de almacenes en el yacimiento que en los últimas semanas fue noticia por el derrame de más de 1 millón de litros de cianuro.
Afirma que él es uno de los más grandes en edad y en antigüedad, que tiene 47 años y lleva unos 12 trabajando en Veladero y que la mayoría tiene poco más de 20 y promedia los 7 años de trabajo.
Tales afirmaciones se dan en el marco de múltiples reclamos y denuncias vinculados con las actuales condiciones laborales de los operarios de una de las mineras más grandes del planeta.
"Mi problema es como si me hubiesen llenado los pulmones con vidrio esmerilado. Se llama neumoconiosis y es muy común entre los mineros. Los que no tienen esta afección están con arsénico en la sangre. También soy hipertenso, a raíz del trabajo. A todo esto, la ART me diagnóstico un problema más: asma laboral", prosiguió.
El miedo a Barrick
Cabanay aseguró que "en Veladero, entre aquellos que estamos hace más de siete años, la mitad tiene también neumoconiosis".
Sus palabras dejan al desnudo una práctica laboral con consecuencias tan o más graves que el vertido de cianuro que Barrick Gold cometió entre el 13 y el 14 de septiembre.
Señala, además, que las irregularidades son la regla dominante en la explotación de minerales que la compañía lleva adelante en San Juan.
Otro empleado de Veladero, esta vez en estricto off the record, aportó más detalles a iProfesional: "El andar de los camiones, el trabajo de movimiento del suelo y las explosiones generan inmensas nubes de polvo, que se respira todo el tiempo".
"En la localidad de Jáchal -agrega- muchos ex empleados de Barrick están en sus casas con mercurio en la sangre. La empresa si comprueba que estás enfermo le busca la vuelta para que termines renunciando o no te renueva el contrato. En San Juan nadie va a poner la firma en un certificado médico que diga que la Barrick es quien te enferma".
Jornadas de trabajo de más de 14 horas, manipulación sin ningún tipo de protección frente al cianuro y otras sustancias tóxicas, la nula representación sindical y controles que serían llevados a cabo previo acuerdo entre las autoridades sanjuaninas y la empresa, forman parte de las malas condiciones laborales que denuncian los empleados que se desempeñan en el principal yacimiento de la Argentina, hasta tanto entre en funcionamiento pleno su proyecto binacional Pascua Lama.
"Mi enfermedad ya lleva dos años. En los almacenes sufrimos derrames constantes de cianuro y de otros químicos. Las 30 personas que trabajamos en esas instalaciones tenemos algún tipo de afección pulmonar", continuó Cabanay.
"Se trabajan 15 días seguidos y luego se paran otros 15. La empresa hace exámenes de salud cada año y cuando ven que tenés un problema, ahí empieza a buscar opciones para que te vayas", completó.
El daño silencioso
Las quejas del encargado de almacenes de Veladero coinciden con las denuncias efectuadas durante la última semana por el sindicato de Maquinistas de Grúas Móviles.
Sus representantes iniciaron una ofensiva contra Barrick a fin de hacer públicos los reclamos que vienen llevando a cabo desde hace años, vinculados con la precariedad de la actividad en la minera.
"Hace más de dos años que venimos denunciando precariedad laboral en las operaciones de extracción. No sólo por las graves afecciones de salud de nuestros trabajadores, sino también por las de todos los habitantes de la zona", remarcó Roberto Coria, secretario general del gremio.
"Se debe terminar de una vez por todas con la impunidad con la que opera esta empresa y con la negligencia por parte de los entes reguladores de la actividad minera, ya que miran para otro lado cuando lo que deben hacer es aplicar la normativa que resguarde la salud y la seguridad de los habitantes", añadió.
Marcelo Dávila, representante de la organización, sostuvo a iProfesional que "las malas condiciones de trabajo son algo común en Barrick. Cianuro, alturas extremas, temperaturas difíciles de soportar, explosivos, precipicios. Y, si hay protestas, la empresa directamente despide".
Además, detalló que muchos trabajadores desarrollan su actividad a más de 4.000 metros de altura y tienen contacto con elementos tóxicos.
"Con palas y excavadoras deben hacer las zanjas por donde transita el agua con cianuro rumbo a los piletones. Suelen tener que manipular esa mezcla, por lo que el riesgo es permanente. Además del cianuro, el otro problema en esos picos es el congelamiento", dijo.
Domingo Jofré es periodista y referente de la asamblea vecinal "Jáchal no se toca", nombre de una de las localidades sanjuaninas afectadas por el reciente vertido de cianuro.
Consultado por iProfesional sobre la contaminación que afecta a los operarios, comentó que "los problemas de salud son indiscutibles, pero más grave es el silencio que guarda la gente por temor a alguna represalia o directamente a quedarse sin trabajo".
"Acá fallecieron ex empleados de la Barrick, como el caso de Jorge Ahumada por arsenicosis, a raíz del arsénico acumulado por efecto del polvo. Ese polvo queda en los glaciares que luego nos dan el agua que la mayoría toma acá y en el yacimiento", aseguró.
"Los problemas de pulmón son las más comunes. Barrick tiene a su mayor dotación contratada por seis eses y después de ese lapso cambia el personal. Entonces esa gente, si se enferma, no puede hacer responsable a la empresa", completó.
Desde "Jáchal no se toca", otra voz aportó comentarios off the record: "En el pueblo no hay tratamiento para el cáncer, el hospital local no lo hace. Entonces la gente termina yéndose a San Juan. Es por eso que las estadísticas no reflejan la cantidad acumulada de enfermos desde que se expandiera la mega minería en la zona".
"Después de los accidentes, el cáncer es la primera causa de muerte en Jáchal. Todo esto sucede en un lugar de apenas 22.000 habitantes. Es más, desde la funeraria hace poco afirmaban que en la actualidad mueren personas prácticamente todos los días, siendo que hasta hace 5 años el promedio era de un individuo cada 72 horas", enfatizó a iProfesional.
El secretario de Minería, imputado
A la par de esta problemática, la Justicia Federal avanza en determinar la responsabilidad del Estado Nacional y Provincial en el derrame del millón de litros de agua con cianuro en la minera Veladero.
En las últimas horas, el organismo allanó las Secretarías de Minería y Ambiente de la Nación y también organismos provinciales.
En la causa ya están imputados seis funcionarios nacionales. Entre ellos, Jorge Mayoral, responsable del área minera del Ministerio de Planificación Federal.
Las medidas, entre las que se incluyen tomas de muestra del agua, fueron autorizadas por el juez federal Sebastián Casanello y pedidas por el fiscal federal Ramiro González.
Ocurrieron 48 horas después de que el juez de Jáchal autorizara a Barrick Gold a volver a utilizar cianuro en la mina de oro, tras afirmar que el agua no está contaminada.
El gobierno de José Luis Gioja, acusado por los vecinos de Jáchal de no haber informado inmediatamente del derrame, en un comunicado explicó que puso "la totalidad de la documentación referente a la contingencia ocurrida el día 13", aunque el incidente fue el día anterior.
Por este caso, ya hay en marcha dos causas federales. Una, a cargo de Casanello; la segunda, impulsada por el fiscal Federico Delgado. Asimismo, en el juzgado de Jáchal se presentó otra.
En clara señal de que la política pro-minera no cambiará, más allá de los ocurrido en Veladero, San Juan anunció a fines de la semana pasada que en breve se iniciarán las operaciones del proyecto de cobre Chita, en la zona de Iglesia, un departamento lindero con Jáchal.
La iniciativa correrá por la subsidiaria de la canadiense Minsud Resources.
En simultáneo, el gobierno de esa provincia comunicó que se intensificarán las tareas para la apertura de otro yacimiento de oro y plata cercano a los ríos que proveen de agua a esa área de la Argentina.
Se trata del proyecto Del Carmen, que será controlado, paradójicamente, por la denunciada Barrick Gold.
Fecha de Publicación: 04/10/2015
Fuente: IP Profesional
Provincia/Región: San Juan
Los trabajadores dan cuenta de numerosos problemas de salud y del incremento en la cantidad de personas con cáncer. Señalan que si la firma detecta algún tipo de afección, trata de discontinuar el vínculo laboral. Advierten sobre irregularidades en la cobertura médica. Testimonios escalofriantes
"Tengo una enfermedad por aspirar vidrio en suspensión. Lo mismo pasa con los compañeros que llevan diez años trabajando en la mina. Como en San Juan nadie del sistema de salud quería certificar mi dolencia tuve que examinarme en Mendoza y ahí sí se activó la cobertura de la ART".
"Nos hacen exámenes todos los años, y al que notan que tiene algún problema buscan que acepte un retiro voluntario o directamente ejercen alguna presión para que renuncie".
El testimonio fue aportado aportado a iProfesional por José Roberto Cabanay, operario de almacenes en el yacimiento que en los últimas semanas fue noticia por el derrame de más de 1 millón de litros de cianuro.
Afirma que él es uno de los más grandes en edad y en antigüedad, que tiene 47 años y lleva unos 12 trabajando en Veladero y que la mayoría tiene poco más de 20 y promedia los 7 años de trabajo.
Tales afirmaciones se dan en el marco de múltiples reclamos y denuncias vinculados con las actuales condiciones laborales de los operarios de una de las mineras más grandes del planeta.
"Mi problema es como si me hubiesen llenado los pulmones con vidrio esmerilado. Se llama neumoconiosis y es muy común entre los mineros. Los que no tienen esta afección están con arsénico en la sangre. También soy hipertenso, a raíz del trabajo. A todo esto, la ART me diagnóstico un problema más: asma laboral", prosiguió.
El miedo a Barrick
Cabanay aseguró que "en Veladero, entre aquellos que estamos hace más de siete años, la mitad tiene también neumoconiosis".
Sus palabras dejan al desnudo una práctica laboral con consecuencias tan o más graves que el vertido de cianuro que Barrick Gold cometió entre el 13 y el 14 de septiembre.
Señala, además, que las irregularidades son la regla dominante en la explotación de minerales que la compañía lleva adelante en San Juan.
Otro empleado de Veladero, esta vez en estricto off the record, aportó más detalles a iProfesional: "El andar de los camiones, el trabajo de movimiento del suelo y las explosiones generan inmensas nubes de polvo, que se respira todo el tiempo".
"En la localidad de Jáchal -agrega- muchos ex empleados de Barrick están en sus casas con mercurio en la sangre. La empresa si comprueba que estás enfermo le busca la vuelta para que termines renunciando o no te renueva el contrato. En San Juan nadie va a poner la firma en un certificado médico que diga que la Barrick es quien te enferma".
Jornadas de trabajo de más de 14 horas, manipulación sin ningún tipo de protección frente al cianuro y otras sustancias tóxicas, la nula representación sindical y controles que serían llevados a cabo previo acuerdo entre las autoridades sanjuaninas y la empresa, forman parte de las malas condiciones laborales que denuncian los empleados que se desempeñan en el principal yacimiento de la Argentina, hasta tanto entre en funcionamiento pleno su proyecto binacional Pascua Lama.
"Mi enfermedad ya lleva dos años. En los almacenes sufrimos derrames constantes de cianuro y de otros químicos. Las 30 personas que trabajamos en esas instalaciones tenemos algún tipo de afección pulmonar", continuó Cabanay.
"Se trabajan 15 días seguidos y luego se paran otros 15. La empresa hace exámenes de salud cada año y cuando ven que tenés un problema, ahí empieza a buscar opciones para que te vayas", completó.
El daño silencioso
Las quejas del encargado de almacenes de Veladero coinciden con las denuncias efectuadas durante la última semana por el sindicato de Maquinistas de Grúas Móviles.
Sus representantes iniciaron una ofensiva contra Barrick a fin de hacer públicos los reclamos que vienen llevando a cabo desde hace años, vinculados con la precariedad de la actividad en la minera.
"Hace más de dos años que venimos denunciando precariedad laboral en las operaciones de extracción. No sólo por las graves afecciones de salud de nuestros trabajadores, sino también por las de todos los habitantes de la zona", remarcó Roberto Coria, secretario general del gremio.
"Se debe terminar de una vez por todas con la impunidad con la que opera esta empresa y con la negligencia por parte de los entes reguladores de la actividad minera, ya que miran para otro lado cuando lo que deben hacer es aplicar la normativa que resguarde la salud y la seguridad de los habitantes", añadió.
Marcelo Dávila, representante de la organización, sostuvo a iProfesional que "las malas condiciones de trabajo son algo común en Barrick. Cianuro, alturas extremas, temperaturas difíciles de soportar, explosivos, precipicios. Y, si hay protestas, la empresa directamente despide".
Además, detalló que muchos trabajadores desarrollan su actividad a más de 4.000 metros de altura y tienen contacto con elementos tóxicos.
"Con palas y excavadoras deben hacer las zanjas por donde transita el agua con cianuro rumbo a los piletones. Suelen tener que manipular esa mezcla, por lo que el riesgo es permanente. Además del cianuro, el otro problema en esos picos es el congelamiento", dijo.
Domingo Jofré es periodista y referente de la asamblea vecinal "Jáchal no se toca", nombre de una de las localidades sanjuaninas afectadas por el reciente vertido de cianuro.
Consultado por iProfesional sobre la contaminación que afecta a los operarios, comentó que "los problemas de salud son indiscutibles, pero más grave es el silencio que guarda la gente por temor a alguna represalia o directamente a quedarse sin trabajo".
"Acá fallecieron ex empleados de la Barrick, como el caso de Jorge Ahumada por arsenicosis, a raíz del arsénico acumulado por efecto del polvo. Ese polvo queda en los glaciares que luego nos dan el agua que la mayoría toma acá y en el yacimiento", aseguró.
"Los problemas de pulmón son las más comunes. Barrick tiene a su mayor dotación contratada por seis eses y después de ese lapso cambia el personal. Entonces esa gente, si se enferma, no puede hacer responsable a la empresa", completó.
Desde "Jáchal no se toca", otra voz aportó comentarios off the record: "En el pueblo no hay tratamiento para el cáncer, el hospital local no lo hace. Entonces la gente termina yéndose a San Juan. Es por eso que las estadísticas no reflejan la cantidad acumulada de enfermos desde que se expandiera la mega minería en la zona".
"Después de los accidentes, el cáncer es la primera causa de muerte en Jáchal. Todo esto sucede en un lugar de apenas 22.000 habitantes. Es más, desde la funeraria hace poco afirmaban que en la actualidad mueren personas prácticamente todos los días, siendo que hasta hace 5 años el promedio era de un individuo cada 72 horas", enfatizó a iProfesional.
El secretario de Minería, imputado
A la par de esta problemática, la Justicia Federal avanza en determinar la responsabilidad del Estado Nacional y Provincial en el derrame del millón de litros de agua con cianuro en la minera Veladero.
En las últimas horas, el organismo allanó las Secretarías de Minería y Ambiente de la Nación y también organismos provinciales.
En la causa ya están imputados seis funcionarios nacionales. Entre ellos, Jorge Mayoral, responsable del área minera del Ministerio de Planificación Federal.
Las medidas, entre las que se incluyen tomas de muestra del agua, fueron autorizadas por el juez federal Sebastián Casanello y pedidas por el fiscal federal Ramiro González.
Ocurrieron 48 horas después de que el juez de Jáchal autorizara a Barrick Gold a volver a utilizar cianuro en la mina de oro, tras afirmar que el agua no está contaminada.
El gobierno de José Luis Gioja, acusado por los vecinos de Jáchal de no haber informado inmediatamente del derrame, en un comunicado explicó que puso "la totalidad de la documentación referente a la contingencia ocurrida el día 13", aunque el incidente fue el día anterior.
Por este caso, ya hay en marcha dos causas federales. Una, a cargo de Casanello; la segunda, impulsada por el fiscal Federico Delgado. Asimismo, en el juzgado de Jáchal se presentó otra.
En clara señal de que la política pro-minera no cambiará, más allá de los ocurrido en Veladero, San Juan anunció a fines de la semana pasada que en breve se iniciarán las operaciones del proyecto de cobre Chita, en la zona de Iglesia, un departamento lindero con Jáchal.
La iniciativa correrá por la subsidiaria de la canadiense Minsud Resources.
En simultáneo, el gobierno de esa provincia comunicó que se intensificarán las tareas para la apertura de otro yacimiento de oro y plata cercano a los ríos que proveen de agua a esa área de la Argentina.
Se trata del proyecto Del Carmen, que será controlado, paradójicamente, por la denunciada Barrick Gold.
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Tierra del Fuego quiere impulsar la megaminería
Tierra del Fuego quiere impulsar la minería a cielo abierto
Fecha de Publicación: 04/10/2015
Fuente: INFoBae
Provincia/Región: Tierra del Fuego
El derrame de cianuro de Barrick Gold parece no haber cambiado los planes del nuevo gobierno de Tierra del Fuego, que pretende estudiar el impacto ambiental de este tipo de emprendimientos para dejar atrás la prohibición que rige sobre la minería a cielo abierto.
Un asesor de Rosana Bertone se reunió esta semana en San Juan con autoridades de la canadiense Yamana Gold para analizar las ventajas de la actividad minera. El mismo dirigente tiene previsto entrevistarse en las próximas horas con el secretario de Minería, Jorge Mayoral, para adelantarle cuáles son los planes del gobierno provincial.
"Hoy en Tierra del Fuego tenemos una ley que prohíbe la minería a cielo abierto y el cianuro, que está demonizado. Creemos que hay mucho desconocimiento sobre el tema. Hace falta mucha concientización. Sólo el 15% de las importaciones se utilizan para la minería y el otro 85% no sabemos dónde está", aseguró el enviado de Bertone a Buenos Aires en diálogo con Infobae.
La idea de la gobernadora electa es crear una nueva dependencia oficial para desarrollar la minería. Hoy la actividad que se realiza es la producción de turba, compuesto que se aplica para la fabricación de combustibles y fertilizantes.
Hay otras siete provincias en la Argentina que también tienen prohibida la extracción de minerales a cielo abierto con cianuro. Ella son Chubut, Mendoza, La Rioja, Tucumán y Córdoba. Sus autoridades cuestionan el impacto visual y los procesos químicos que se utilizan para la extracción de los metales.
El caso opuesto es el de San Juan, donde hay tres grandes yacimientos. Uno de ellos es Veladero, operado por la canadiense Barrick Gold. Este emprendimiento quedó en la mira de la Justicia luego de que se probara el derrame de cianuro, un compuesto que al mezclarse con el agua puede generar una sustancia letal: ácido cianhídrico.
Durante una recorrida de Infobae, autoridades de Yamana Gold admitieron que el incidente de su competidora generó un daño muy grande para toda actividad y ahora deberán trabajar muy fuerte para explicarle a "doña rosa" que sus proyectos no son dañinos para el medio ambiente y sus poblaciones.
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Fecha de Publicación: 04/10/2015
Fuente: INFoBae
Provincia/Región: Tierra del Fuego
El derrame de cianuro de Barrick Gold parece no haber cambiado los planes del nuevo gobierno de Tierra del Fuego, que pretende estudiar el impacto ambiental de este tipo de emprendimientos para dejar atrás la prohibición que rige sobre la minería a cielo abierto.
Un asesor de Rosana Bertone se reunió esta semana en San Juan con autoridades de la canadiense Yamana Gold para analizar las ventajas de la actividad minera. El mismo dirigente tiene previsto entrevistarse en las próximas horas con el secretario de Minería, Jorge Mayoral, para adelantarle cuáles son los planes del gobierno provincial.
"Hoy en Tierra del Fuego tenemos una ley que prohíbe la minería a cielo abierto y el cianuro, que está demonizado. Creemos que hay mucho desconocimiento sobre el tema. Hace falta mucha concientización. Sólo el 15% de las importaciones se utilizan para la minería y el otro 85% no sabemos dónde está", aseguró el enviado de Bertone a Buenos Aires en diálogo con Infobae.
La idea de la gobernadora electa es crear una nueva dependencia oficial para desarrollar la minería. Hoy la actividad que se realiza es la producción de turba, compuesto que se aplica para la fabricación de combustibles y fertilizantes.
Hay otras siete provincias en la Argentina que también tienen prohibida la extracción de minerales a cielo abierto con cianuro. Ella son Chubut, Mendoza, La Rioja, Tucumán y Córdoba. Sus autoridades cuestionan el impacto visual y los procesos químicos que se utilizan para la extracción de los metales.
El caso opuesto es el de San Juan, donde hay tres grandes yacimientos. Uno de ellos es Veladero, operado por la canadiense Barrick Gold. Este emprendimiento quedó en la mira de la Justicia luego de que se probara el derrame de cianuro, un compuesto que al mezclarse con el agua puede generar una sustancia letal: ácido cianhídrico.
Durante una recorrida de Infobae, autoridades de Yamana Gold admitieron que el incidente de su competidora generó un daño muy grande para toda actividad y ahora deberán trabajar muy fuerte para explicarle a "doña rosa" que sus proyectos no son dañinos para el medio ambiente y sus poblaciones.
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Cianuro al Riachuelo, clausuran empresa
Empresa estaba clausurada y tiraba cianuro al Riachuelo
Fecha de Publicación: 04/10/2015
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Riachuelo
La ACUMAR volvió a clausurar el lugar, que vertía efluentes con cianuro al agua. AySA obturó todos los conductos que transportaba el líquido al exterior.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) clausuró en las últimas horas una empresa de galvanoplastia en la localidad bonaerense de Avellaneda, por incurrir en una doble infracción al verter efluentes con cianuro tras violar una clausura previa del organismo.
En el operativo participaron funcionarios de Acumar, además de representantes de la empresa AySA, la bonaerense OPDS, el municipio de Avellaneda, la policía ecológica de la provincia de Buenos Aires y el Juzgado Federal Nº 2 de Morón.
Las muestras de líquidos contaminados fueron tomadas la semana pasada por la empresa AySA, que informó rápidamente a la ACUMAR para que tomara las medidas correspondientes, según informó un comunicado oficial.
Con orden de allanamiento, los inspectores Hernán Cardozo y Norberto Gutiérrez realizaron la clausura total de la producción en tanto que AySA procedió a la obturación de todos los conductos que transportaban efluentes hacia el exterior.
La empresa responsable deberá afrontar un complejo proceso hacia su reapertura ya que las órdenes de clausura rigen tanto para el municipio, como para la provincia y ACUMAR, y deberá sumar un proceso penal por la violación de clausura a la que ya estaba sometida, además de responder por la negativa al ingreso del personal de ACUMAR que derivó en una orden de allanamiento.
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Fecha de Publicación: 04/10/2015
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Riachuelo
La ACUMAR volvió a clausurar el lugar, que vertía efluentes con cianuro al agua. AySA obturó todos los conductos que transportaba el líquido al exterior.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) clausuró en las últimas horas una empresa de galvanoplastia en la localidad bonaerense de Avellaneda, por incurrir en una doble infracción al verter efluentes con cianuro tras violar una clausura previa del organismo.
En el operativo participaron funcionarios de Acumar, además de representantes de la empresa AySA, la bonaerense OPDS, el municipio de Avellaneda, la policía ecológica de la provincia de Buenos Aires y el Juzgado Federal Nº 2 de Morón.
Las muestras de líquidos contaminados fueron tomadas la semana pasada por la empresa AySA, que informó rápidamente a la ACUMAR para que tomara las medidas correspondientes, según informó un comunicado oficial.
Con orden de allanamiento, los inspectores Hernán Cardozo y Norberto Gutiérrez realizaron la clausura total de la producción en tanto que AySA procedió a la obturación de todos los conductos que transportaban efluentes hacia el exterior.
La empresa responsable deberá afrontar un complejo proceso hacia su reapertura ya que las órdenes de clausura rigen tanto para el municipio, como para la provincia y ACUMAR, y deberá sumar un proceso penal por la violación de clausura a la que ya estaba sometida, además de responder por la negativa al ingreso del personal de ACUMAR que derivó en una orden de allanamiento.
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Legisladores nuevamente retrazan ley de agroquímocos
Marcha atrás para la ley de agroquímicos
Fecha de Publicación: 03/10/2015
Fuente: elentrerios.com
Provincia/Región: Entre Ríos
El Senado de Entre Ríos volvería a mandar a comisión el proyecto que busca avanzar sobre la regulación del uso de estos productos. "Valoramos que vuelva para empezar a trabajar en conjunto", indicaron desde la Federación Agraria.
El Senado de Entre Ríos volverá a mandar a comisión el proyecto de ley que busca avanzar sobre la regulación de los productos químicos y biológicos empleados en la protección, crecimiento y desarrollo de todas las especies de producción agrícola y forestal, la agroindustria y la preparación de los suelos destinados a la siembra y plantaciones, confirmó el director del Tercer Distrito de Federación Agraria, Elvio Guía. "Valoramos que vuelva a comisión para empezar a trabajar en conjunto, como se hizo con la iniciativa anterior".
Guía explicó que extraoficialmente recibió la confirmación de que la iniciativa, cuyo autor es el senador Eduardo Melchiori (FpV, Islas), volverá otra vez a comisión, para "comenzar nuevamente un trabajo conjunto con las entidades del campo, que estamos pidiendo desde hace tiempo".
Consideró que el proyecto "es descabellado e inconsulto, y nos había preocupado muchísimo. Por eso valoramos que vuelva a comisión, para trabajar en conjunto, como se hizo con la iniciativa anterior de los senadores Oscar Arlettaz y Enrique Cresto. Tenemos que buscar la mejor solución para las pulverizaciones y la regulación de agroquímicos".
Sin embargo, el federado adelantó que mañana, cuando sesione el Senado, estarán alertas "para evaluar cómo evoluciona el tema; y el día que nos convoquen para aportar en comisión, estaremos presentes para debatir pero en forma seria y conjunta para avanzar en las regulaciones de la Ley de Agroquímicos".
Guia comentó que desde hace tiempo las entidades venían trabajando sobre el tema, y recordó que se había elaborado un texto con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, pero dijo que "se frenó y de golpe apreció este proyecto de Melchiori. Cuando lo vimos nos preocupamos mucho porque, por ejemplo, prohíbe las pulverizaciones aéreas salvo excepciones. Por eso queremos trabajar y encontrar una solución en conjunto, que sea positiva para todos los actores".
También aseguró que el campo no quiere "ni atropellar ni pulverizar a todo el mundo, pero no podemos dejar sin sembrar una región productiva. Si este proyecto se aprobara, Entre Ríos estaría obligado a realizar agricultura orgánica. Por eso esperamos que nos convoquen para trabajar en conjunto y encontrar la mejor solución".
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Fecha de Publicación: 03/10/2015
Fuente: elentrerios.com
Provincia/Región: Entre Ríos
El Senado de Entre Ríos volvería a mandar a comisión el proyecto que busca avanzar sobre la regulación del uso de estos productos. "Valoramos que vuelva para empezar a trabajar en conjunto", indicaron desde la Federación Agraria.
El Senado de Entre Ríos volverá a mandar a comisión el proyecto de ley que busca avanzar sobre la regulación de los productos químicos y biológicos empleados en la protección, crecimiento y desarrollo de todas las especies de producción agrícola y forestal, la agroindustria y la preparación de los suelos destinados a la siembra y plantaciones, confirmó el director del Tercer Distrito de Federación Agraria, Elvio Guía. "Valoramos que vuelva a comisión para empezar a trabajar en conjunto, como se hizo con la iniciativa anterior".
Guía explicó que extraoficialmente recibió la confirmación de que la iniciativa, cuyo autor es el senador Eduardo Melchiori (FpV, Islas), volverá otra vez a comisión, para "comenzar nuevamente un trabajo conjunto con las entidades del campo, que estamos pidiendo desde hace tiempo".
Consideró que el proyecto "es descabellado e inconsulto, y nos había preocupado muchísimo. Por eso valoramos que vuelva a comisión, para trabajar en conjunto, como se hizo con la iniciativa anterior de los senadores Oscar Arlettaz y Enrique Cresto. Tenemos que buscar la mejor solución para las pulverizaciones y la regulación de agroquímicos".
Sin embargo, el federado adelantó que mañana, cuando sesione el Senado, estarán alertas "para evaluar cómo evoluciona el tema; y el día que nos convoquen para aportar en comisión, estaremos presentes para debatir pero en forma seria y conjunta para avanzar en las regulaciones de la Ley de Agroquímicos".
Guia comentó que desde hace tiempo las entidades venían trabajando sobre el tema, y recordó que se había elaborado un texto con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, pero dijo que "se frenó y de golpe apreció este proyecto de Melchiori. Cuando lo vimos nos preocupamos mucho porque, por ejemplo, prohíbe las pulverizaciones aéreas salvo excepciones. Por eso queremos trabajar y encontrar una solución en conjunto, que sea positiva para todos los actores".
También aseguró que el campo no quiere "ni atropellar ni pulverizar a todo el mundo, pero no podemos dejar sin sembrar una región productiva. Si este proyecto se aprobara, Entre Ríos estaría obligado a realizar agricultura orgánica. Por eso esperamos que nos convoquen para trabajar en conjunto y encontrar la mejor solución".
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Campesinos denuncian desmontes en Córdoba
Denuncian nuevos desmontes en Traslasierra y Villa Quilino
Fecha de Publicación: 03/10/2015
Fuente: CBA24
Provincia/Región: Córdoba
El Movimiento Campesino denunció que empresarios ganaderos comenzaron los trabajos, uno de ellos ya tiene antecedentes.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena denunció la aprobación por parte del gobierno provincial de desmontes realizados en las zonas de Traslasierra Villa Quilino, de 4.500 y 2.000 hectáreas respectivamente.
En diálogo con Cba24n, Maria Eugenia Sosa referente de la organización, explicó que la modalidad de intervención es la denominada "rolado o desmonte selectivo". Es decir, la extracción de la vegetación pequeña y mediana, incluyendo arbustos, pero dejando los árboles de mayor tamaño. De esta manera, se libera el suelo para el crecimiento de pasto. Esto se realiza con fines económicos, para desarrollar la actividad ganadera.
Sin embargo, Sosa denuncia que estos procedimientos, que cuentan con la aprobación de la Secretaría de Ambiente, son prohibidos por las leyes de Protección de Bosques Nativos tanto nacional como provincial por realizarse sobre sectores calificados dentro de las categorías Roja y Amarilla. Es decir, en zonas de máxima restricción de actividades.
Al mismo tiempo, la referente de la organización sostuvo que en este momento ya se encuentra trabajando una "topadora chica" en los terrenos de Traslasierra.
En el Registro de Infractores
Uno de los casos denunciados se encuentra ubicado en el departamento de Pocho. Se trata de la estancia San Tirbucio, en Chancaní. La propiedad privada fue adquirida en una zona de bosque nativo, y actualmente una sociedad anónima se encuentra explotando el lugar para la cría de ganado bovino. Esta empresa, con domicilio constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya presenta antecedentes en el Registro de Infractores de la Dirección de Policía Ambiental. En mayo del 2014 se le impuso una multa de más de $140 mil.
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Fecha de Publicación: 03/10/2015
Fuente: CBA24
Provincia/Región: Córdoba
El Movimiento Campesino denunció que empresarios ganaderos comenzaron los trabajos, uno de ellos ya tiene antecedentes.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena denunció la aprobación por parte del gobierno provincial de desmontes realizados en las zonas de Traslasierra Villa Quilino, de 4.500 y 2.000 hectáreas respectivamente.
En diálogo con Cba24n, Maria Eugenia Sosa referente de la organización, explicó que la modalidad de intervención es la denominada "rolado o desmonte selectivo". Es decir, la extracción de la vegetación pequeña y mediana, incluyendo arbustos, pero dejando los árboles de mayor tamaño. De esta manera, se libera el suelo para el crecimiento de pasto. Esto se realiza con fines económicos, para desarrollar la actividad ganadera.
Sin embargo, Sosa denuncia que estos procedimientos, que cuentan con la aprobación de la Secretaría de Ambiente, son prohibidos por las leyes de Protección de Bosques Nativos tanto nacional como provincial por realizarse sobre sectores calificados dentro de las categorías Roja y Amarilla. Es decir, en zonas de máxima restricción de actividades.
Al mismo tiempo, la referente de la organización sostuvo que en este momento ya se encuentra trabajando una "topadora chica" en los terrenos de Traslasierra.
En el Registro de Infractores
Uno de los casos denunciados se encuentra ubicado en el departamento de Pocho. Se trata de la estancia San Tirbucio, en Chancaní. La propiedad privada fue adquirida en una zona de bosque nativo, y actualmente una sociedad anónima se encuentra explotando el lugar para la cría de ganado bovino. Esta empresa, con domicilio constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya presenta antecedentes en el Registro de Infractores de la Dirección de Policía Ambiental. En mayo del 2014 se le impuso una multa de más de $140 mil.
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Tiburones cuidados por investigadores
Tiburones cuidados
Fecha de Publicación: 03/10/2015
Fuente: CONICET
Provincia/Región: Nacional
Dos investigadores del CONICET estudian a estos peces para ayudar a proteger a las poblaciones que a lo largo de la historia han sido seriamente diezmadas.
Hasta que la vitamina A pudo ser sintetizada de forma artificial, era extraída del aceite de hígado del tiburón en general y del cazón en particular ya que la contenía en abundancia. Hubo una gran demanda que incrementó la pesca y llevó a estos animales al borde de la extinción.
“Comparado con otras especies de peces, estos tienen ritmos de crecimiento muy lentos y tasas reproductivas muy bajas. Entonces aunque la explotación sea pequeña, se ven muy afectados” explican el investigador asistente Alejo Irigoyen y el becario doctoral Gastón Trobbiani, que trabajan en el Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET) estudiando el comportamiento de diferentes poblaciones de tiburones como cazones y gatopardos.
Los científicos comentan que para poder obtener información que capitalice la investigación realizada, capturan a los animales para colocarles una marca externa sobre una aleta. La señalización está identificada con un número. Al ser recapturados y teniendo en cuenta el destino y la distancia recorrida por el ejemplar, pueden reconstruirse patrones migratorios de las especies. La obtención de estos datos, permite conocer patrones de comportamiento y así pensar acciones tendientes a la conservación.
“El proceso de pesca y marcado del animal está pensado para que el tiburón no sufra ni tenga mucho agotamiento”, explica Trobbiani.
El pasado 17 de agosto, un observador científico capturó en Uruguay, un ejemplar de cazón que había sido marcado por Irigoyen y Trobbiani en la costa de Puerto Madryn. El tiburón había recorrido más de 1500 km.
“Haber identificado a este animal, nos permitió corroborar una hipótesis que indica que en todo el Atlántico sur existe una única población de cazones y que al llegar la primavera, migran desde las aguas del sur de Brasil y Uruguay, donde pasan los meses más fríos del año, hasta la Patagonia Argentina. Por eso para cuidarlos, debemos elaborar estrategias conjuntas entre los tres países”, afirma Irigoyen.
Para los investigadores la información obtenida a partir de este espécimen es muy importante para la protección de los tiburones. Se debe tener en cuenta que las posibilidades de volver a capturar un animal marcado son bajas: de un centenar de ejemplares señalizados, este es uno de los primeros que ha sido localizado por los científicos.
El cazón aparece en la lista roja que elabora la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), clasificado como especie vulnerable a nivel mundial y en peligro crítico en el Atlántico. Sin embargo son muy pocos los estudios que se han elaborado en la región sobre estos peces.
“La colaboración de pescadores artesanales, industriales y deportivos que reportan las recapturas de cazones marcados por científicos, resultan piezas claves del rompecabezas para conocer, estudiar y poder cuidar de manera eficiente nuestro patrimonio natural”, concluye Irigoyen.
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Fecha de Publicación: 03/10/2015
Fuente: CONICET
Provincia/Región: Nacional
Dos investigadores del CONICET estudian a estos peces para ayudar a proteger a las poblaciones que a lo largo de la historia han sido seriamente diezmadas.
Hasta que la vitamina A pudo ser sintetizada de forma artificial, era extraída del aceite de hígado del tiburón en general y del cazón en particular ya que la contenía en abundancia. Hubo una gran demanda que incrementó la pesca y llevó a estos animales al borde de la extinción.
“Comparado con otras especies de peces, estos tienen ritmos de crecimiento muy lentos y tasas reproductivas muy bajas. Entonces aunque la explotación sea pequeña, se ven muy afectados” explican el investigador asistente Alejo Irigoyen y el becario doctoral Gastón Trobbiani, que trabajan en el Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET) estudiando el comportamiento de diferentes poblaciones de tiburones como cazones y gatopardos.
Los científicos comentan que para poder obtener información que capitalice la investigación realizada, capturan a los animales para colocarles una marca externa sobre una aleta. La señalización está identificada con un número. Al ser recapturados y teniendo en cuenta el destino y la distancia recorrida por el ejemplar, pueden reconstruirse patrones migratorios de las especies. La obtención de estos datos, permite conocer patrones de comportamiento y así pensar acciones tendientes a la conservación.
“El proceso de pesca y marcado del animal está pensado para que el tiburón no sufra ni tenga mucho agotamiento”, explica Trobbiani.
El pasado 17 de agosto, un observador científico capturó en Uruguay, un ejemplar de cazón que había sido marcado por Irigoyen y Trobbiani en la costa de Puerto Madryn. El tiburón había recorrido más de 1500 km.
“Haber identificado a este animal, nos permitió corroborar una hipótesis que indica que en todo el Atlántico sur existe una única población de cazones y que al llegar la primavera, migran desde las aguas del sur de Brasil y Uruguay, donde pasan los meses más fríos del año, hasta la Patagonia Argentina. Por eso para cuidarlos, debemos elaborar estrategias conjuntas entre los tres países”, afirma Irigoyen.
Para los investigadores la información obtenida a partir de este espécimen es muy importante para la protección de los tiburones. Se debe tener en cuenta que las posibilidades de volver a capturar un animal marcado son bajas: de un centenar de ejemplares señalizados, este es uno de los primeros que ha sido localizado por los científicos.
El cazón aparece en la lista roja que elabora la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), clasificado como especie vulnerable a nivel mundial y en peligro crítico en el Atlántico. Sin embargo son muy pocos los estudios que se han elaborado en la región sobre estos peces.
“La colaboración de pescadores artesanales, industriales y deportivos que reportan las recapturas de cazones marcados por científicos, resultan piezas claves del rompecabezas para conocer, estudiar y poder cuidar de manera eficiente nuestro patrimonio natural”, concluye Irigoyen.
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El zoo porteño en pésimo estado
Legisladores recorrieron el zoo porteño y pidieron una 'inmediata intervención'
Fecha de Publicación: 02/10/2015
Fuente: nueva-ciudad.com.ar
Provincia/Región: CABA
Legisladores recorrieron el Zoo porteño para constatar las irregularidades que ponen en riesgo la vida de los animales que allí habitan y mantiene a los trabajadores en una situación laboral peligrosa.
Un grupo de legisladores porteños de distintos bloques recorrió las instalaciones del zoológico porteño y exigió al Ejecutivo local que intervenga el tradicional paseo ante la “falta de inversión” por parte de la empresa que tiene a cargo la concesión, lo que pone en riesgo la vida de los animales que allí habitan y mantiene a los trabajadores en una situación laboral peligrosa.
Los diputados visitaron el Zoo por una invitación de los trabajadores del lugar, que además de reclamar mejores condiciones para los animales a la empresa Jardín Zoológico SA, hace tiempo vienen reclamando subas salariales.
Tras la recorrida, los diputados concluyeron que el gobierno de la Ciudad “tiene que tomar cartas en el asunto” y “hacer caer la concesión” que explota al zoo desde la década del 90 y cuya concesión fue renovada en 2012 por cinco años más.
“El gobierno de Mauricio Macri tiene que intervenir de forma inmediata debido al agravamiento de la crisis que afecta al personal, los animales y su patrimonio arquitectónico, y revocar la concesión vigente frente al incumplimiento del pliego de bases ", indicó el legislador Adrián Camps, que motoriza un proyecto para convertir el paseo en un “jardín ecológico”.
Además, estuvieron los diputados de ECO Hernán Rossi, Inés Gorbea y Virginia González Gass; del Frente de Izquierda, Marcelo Ramal; de Bien Común ,Gustavo Vera y Verde al Sur, Pablo Bergel; y representantes de la organización #SinZoo, quienes elaboraron la iniciativa para transformar al actual espacio y terminar “con el cautiverio y exhibición de los animales” y crear un centro de rehabilitación y protección de la fauna autóctona.
Esa organización fue la que dio a conocer meses atrás la muerte de dos lobos marinos del acuario con tres días de diferencia, y atribuir lo ocurrido a que uno de los animales falleció por estrés, luego de haber realizado 15 shows en una misma jornada.
En rigor, el zoológico de Buenos Aires está emplazado en el Parque Tres de Febrero, se extiende por 18 hectáreas en las que viven aproximadamente 2.400 animales y cuenta con 52 edificios que hicieron que fuera declarado como Monumento Histórico Nacional.
La concesión está a cargo de la empresa Jardín Zoológico SA desde 1991, otorgada por el entonces intendente Carlos Grosso, y extendida hasta el 2017 por la gestión de Mauricio Macri, quien recibe un canon mensual de 1.010.000 pesos por la explotación.
Trabajan allí 220 personas -70 en tareas administrativas y 150 en contacto con los animales, entre ellos solo 30 cuidadores- y reciben diariamente a los visitantes, los que pagan una entrada de 180 pesos si son mayores de 12 años.
En la recorrida, los legisladores pudieron constatar el abandono en que se encuentran algunos de los edificios patrimoniales, como el denominado “Chalet de los Ciervos”, que data del 1900, pero que ahora muestra una estructura en riesgo de derrumbe y que, según contaron los trabajadores, será destinado a lugar de descanso de contratados de un servicio de limpieza.
También, observaron un recinto construido en 1901 para los loros y que actualmente alberga a primates, los cuales “necesitan un espacio 50 veces más grande que el que tienen ya que la estructura no les da el hábitat adecuado”, contó a la comitiva Miguel, uno de los cuidadores que ofició de guía durante la caminata y a su vez es delegado de los trabajadores.
“Vimos las malas condiciones en que está el zoo en general, pero también tomamos conocimiento de una situación menos visible que es la situación de riesgo laboral en que están los trabajadores ante, por ejemplo, edificios con peligro de derrumbe”, consideró el legislador Bergel.
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Fecha de Publicación: 02/10/2015
Fuente: nueva-ciudad.com.ar
Provincia/Región: CABA
Legisladores recorrieron el Zoo porteño para constatar las irregularidades que ponen en riesgo la vida de los animales que allí habitan y mantiene a los trabajadores en una situación laboral peligrosa.
Un grupo de legisladores porteños de distintos bloques recorrió las instalaciones del zoológico porteño y exigió al Ejecutivo local que intervenga el tradicional paseo ante la “falta de inversión” por parte de la empresa que tiene a cargo la concesión, lo que pone en riesgo la vida de los animales que allí habitan y mantiene a los trabajadores en una situación laboral peligrosa.
Los diputados visitaron el Zoo por una invitación de los trabajadores del lugar, que además de reclamar mejores condiciones para los animales a la empresa Jardín Zoológico SA, hace tiempo vienen reclamando subas salariales.
Tras la recorrida, los diputados concluyeron que el gobierno de la Ciudad “tiene que tomar cartas en el asunto” y “hacer caer la concesión” que explota al zoo desde la década del 90 y cuya concesión fue renovada en 2012 por cinco años más.
“El gobierno de Mauricio Macri tiene que intervenir de forma inmediata debido al agravamiento de la crisis que afecta al personal, los animales y su patrimonio arquitectónico, y revocar la concesión vigente frente al incumplimiento del pliego de bases ", indicó el legislador Adrián Camps, que motoriza un proyecto para convertir el paseo en un “jardín ecológico”.
Además, estuvieron los diputados de ECO Hernán Rossi, Inés Gorbea y Virginia González Gass; del Frente de Izquierda, Marcelo Ramal; de Bien Común ,Gustavo Vera y Verde al Sur, Pablo Bergel; y representantes de la organización #SinZoo, quienes elaboraron la iniciativa para transformar al actual espacio y terminar “con el cautiverio y exhibición de los animales” y crear un centro de rehabilitación y protección de la fauna autóctona.
Esa organización fue la que dio a conocer meses atrás la muerte de dos lobos marinos del acuario con tres días de diferencia, y atribuir lo ocurrido a que uno de los animales falleció por estrés, luego de haber realizado 15 shows en una misma jornada.
En rigor, el zoológico de Buenos Aires está emplazado en el Parque Tres de Febrero, se extiende por 18 hectáreas en las que viven aproximadamente 2.400 animales y cuenta con 52 edificios que hicieron que fuera declarado como Monumento Histórico Nacional.
La concesión está a cargo de la empresa Jardín Zoológico SA desde 1991, otorgada por el entonces intendente Carlos Grosso, y extendida hasta el 2017 por la gestión de Mauricio Macri, quien recibe un canon mensual de 1.010.000 pesos por la explotación.
Trabajan allí 220 personas -70 en tareas administrativas y 150 en contacto con los animales, entre ellos solo 30 cuidadores- y reciben diariamente a los visitantes, los que pagan una entrada de 180 pesos si son mayores de 12 años.
En la recorrida, los legisladores pudieron constatar el abandono en que se encuentran algunos de los edificios patrimoniales, como el denominado “Chalet de los Ciervos”, que data del 1900, pero que ahora muestra una estructura en riesgo de derrumbe y que, según contaron los trabajadores, será destinado a lugar de descanso de contratados de un servicio de limpieza.
También, observaron un recinto construido en 1901 para los loros y que actualmente alberga a primates, los cuales “necesitan un espacio 50 veces más grande que el que tienen ya que la estructura no les da el hábitat adecuado”, contó a la comitiva Miguel, uno de los cuidadores que ofició de guía durante la caminata y a su vez es delegado de los trabajadores.
“Vimos las malas condiciones en que está el zoo en general, pero también tomamos conocimiento de una situación menos visible que es la situación de riesgo laboral en que están los trabajadores ante, por ejemplo, edificios con peligro de derrumbe”, consideró el legislador Bergel.
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Barrick: entre negaciones de contaminación y alertas
Advierten que la contaminación de la minera Barrick llegaría a Mendoza
Fecha de Publicación: 02/10/2015
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: San Juan
Así lo manifestó el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, Mariano Aguilar.
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia (Aaaap), Mariano Aguilar, advirtió que el derrame de cianuro de la Barrick Gold en el emprendimiento de Veladero no sólo afectará a San Juan, sino que llegará hasta Mendoza.
Así lo hizo a través de una columna de opinión publicada por el diario La Nación. Allí, analiza que la contaminación del río Jachal puede derivar al río Desaguadero y, desde esta manera, afectar a las provincias de Mendoza y San Luis.
Aguilar pidió el "juzgamiento y la investigación de las autoridades nacionales que con su eventual omisión y/o negligencia y/o interacción equivocada permitieron y/o resultarían responsables de dicho evento, me refiero al secretario de Minería, Jorge Mayoral; al secretario de Ambiente, Sergio Lorusso; al gobernador de San Juan, José Luis Gioja; al secretario de Ambiente de San Juan, Felipe Saavedra, y en particular a las autoridades y los apoderados de la empresa contaminante".
"Es entendible, entonces, que exista un interés mayúsculo por parte de las autoridades de San Juan en solicitar la inhibitoria del doctor Casanello, para evitar que éste actúe en la denuncia efectuada por la asociación que presido", advirtió Aguilar.
En este sentido, el abogado ambientalista afirmó que dependerá de la Corte darle lugar a la investigación que están llevando adelante por la contaminación de aguas y criticó que no se haya iniciado una campaña de advertencia para que la gente no consuma ese agua. MDZ
Más Información:
San Juan busca descartar contaminación tras el derrame de cianuro
Denuncian que la minería afectó al agro en San Juan
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Fecha de Publicación: 02/10/2015
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: San Juan
Así lo manifestó el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, Mariano Aguilar.
El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia (Aaaap), Mariano Aguilar, advirtió que el derrame de cianuro de la Barrick Gold en el emprendimiento de Veladero no sólo afectará a San Juan, sino que llegará hasta Mendoza.
Así lo hizo a través de una columna de opinión publicada por el diario La Nación. Allí, analiza que la contaminación del río Jachal puede derivar al río Desaguadero y, desde esta manera, afectar a las provincias de Mendoza y San Luis.
Aguilar pidió el "juzgamiento y la investigación de las autoridades nacionales que con su eventual omisión y/o negligencia y/o interacción equivocada permitieron y/o resultarían responsables de dicho evento, me refiero al secretario de Minería, Jorge Mayoral; al secretario de Ambiente, Sergio Lorusso; al gobernador de San Juan, José Luis Gioja; al secretario de Ambiente de San Juan, Felipe Saavedra, y en particular a las autoridades y los apoderados de la empresa contaminante".
"Es entendible, entonces, que exista un interés mayúsculo por parte de las autoridades de San Juan en solicitar la inhibitoria del doctor Casanello, para evitar que éste actúe en la denuncia efectuada por la asociación que presido", advirtió Aguilar.
En este sentido, el abogado ambientalista afirmó que dependerá de la Corte darle lugar a la investigación que están llevando adelante por la contaminación de aguas y criticó que no se haya iniciado una campaña de advertencia para que la gente no consuma ese agua. MDZ
Más Información:
San Juan busca descartar contaminación tras el derrame de cianuro
Denuncian que la minería afectó al agro en San Juan
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Chaco: mejorarán el Caraguatá por las quejas
Tras los reclamos harán un plan de manejo ambiental en el Caraguatá
Fecha de Publicación: 02/10/2015
Fuente: DataChaco
Provincia/Región: Chaco
El Proyecto Urbano Caraguatá es implementado desde el Gobierno provincial a través del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda -Ipduv- y contempla la urbanización de 30 hectáreas de un total de 77. Además se adelantó que su implementación incluye un cronograma de acciones tendientes a garantizar el mantenimiento y cuidado de los recursos naturales que contienen el lugar.
En ese sentido, desde la Subsecretaría de Ambiente de la provincia se ha dado cuenta del estado de deterioro y degradación que presentaba este bosque nativo ante la falta de aplicación de un manejo sostenible. Ante ello, se indicó que “en vista de reaprovechar el espacio y recuperarlo en su rol de pulmón verde se desarrollarán diversas medidas contemplando un equilibrio entre la nueva urbanización y los recursos ambientales”.
Qué se hará
En un primer momento, se concretará una delimitación con alambrado perimetral del bosque nativo para su resguardo de animales domésticos y de ganado existente en las inmediaciones del inmueble. De esta manera se evitará que afecten los renovales o los árboles que nazcan producto del desarrollo del bosque nativo existente.
En segundo lugar, y teniendo en cuenta la preocupación de la ciudadanía sobre la conservación de los recursos del parque, se informó que comenzó un proceso administrativo y técnico desde la Subsecretaria de Recursos Naturales para declarar esa superficie de bosques nativos como categoría de "alto valor conservación" (zona roja).
De esta manera eleva su rango de protección ambiental, tal como lo establece el art. 9° de la Ley Nacional 26.331 (Bosques Nativos) y del art. 1° del "Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos" del Chaco, aprobado por Ley 6.409.
En este marco, se precisó que se declarará formalmente a esas hectáreas como una zona que no se transformará a perpetuidad por el valor de conectividad que representan, como así también por los valores biológicos que se encuentran allí y que ameritan un grado de protección, impidiendo legalmente cualquier tipo de actividad de afectación del bosque.
De la misma forma, se desplegarán senderos demostrativos con la correspondiente señaletica de identificación de especies de la flora y fauna autóctona a los fines de que la población conozca y se resguarden los valores ambientales y biológicos característicos de nuestra región.
En último lugar, y por la intervención del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (IIFA), se llevará adelante un plan de restauración del bosque degradado existente en el Caraguatá, insertando especies de nuestra flora autóctona e incrementando la masa boscosa existente en la actualidad. También se dispondrá de un plan de arbolado urbano para que cada vivienda o los espacios comunes de los emprendimientos urbanísticos que se ejecuten en las zonas aledañas cuenten con una vegetación obligatoria y de esta manera se identifique a la zona con un área de vital para el mantenimiento de la cobertura boscosa.
“En conjunto, estas medidas ratifican la vocación del Gobierno provincial de preservar y recuperar el actual Parque Caraguatá, así como de los recursos y valores biológicos que representa para la población chaqueña”, se aclaró desde el Ipduv.
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Fecha de Publicación: 02/10/2015
Fuente: DataChaco
Provincia/Región: Chaco
El Proyecto Urbano Caraguatá es implementado desde el Gobierno provincial a través del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda -Ipduv- y contempla la urbanización de 30 hectáreas de un total de 77. Además se adelantó que su implementación incluye un cronograma de acciones tendientes a garantizar el mantenimiento y cuidado de los recursos naturales que contienen el lugar.
En ese sentido, desde la Subsecretaría de Ambiente de la provincia se ha dado cuenta del estado de deterioro y degradación que presentaba este bosque nativo ante la falta de aplicación de un manejo sostenible. Ante ello, se indicó que “en vista de reaprovechar el espacio y recuperarlo en su rol de pulmón verde se desarrollarán diversas medidas contemplando un equilibrio entre la nueva urbanización y los recursos ambientales”.
Qué se hará
En un primer momento, se concretará una delimitación con alambrado perimetral del bosque nativo para su resguardo de animales domésticos y de ganado existente en las inmediaciones del inmueble. De esta manera se evitará que afecten los renovales o los árboles que nazcan producto del desarrollo del bosque nativo existente.
En segundo lugar, y teniendo en cuenta la preocupación de la ciudadanía sobre la conservación de los recursos del parque, se informó que comenzó un proceso administrativo y técnico desde la Subsecretaria de Recursos Naturales para declarar esa superficie de bosques nativos como categoría de "alto valor conservación" (zona roja).
De esta manera eleva su rango de protección ambiental, tal como lo establece el art. 9° de la Ley Nacional 26.331 (Bosques Nativos) y del art. 1° del "Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos" del Chaco, aprobado por Ley 6.409.
En este marco, se precisó que se declarará formalmente a esas hectáreas como una zona que no se transformará a perpetuidad por el valor de conectividad que representan, como así también por los valores biológicos que se encuentran allí y que ameritan un grado de protección, impidiendo legalmente cualquier tipo de actividad de afectación del bosque.
De la misma forma, se desplegarán senderos demostrativos con la correspondiente señaletica de identificación de especies de la flora y fauna autóctona a los fines de que la población conozca y se resguarden los valores ambientales y biológicos característicos de nuestra región.
En último lugar, y por la intervención del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (IIFA), se llevará adelante un plan de restauración del bosque degradado existente en el Caraguatá, insertando especies de nuestra flora autóctona e incrementando la masa boscosa existente en la actualidad. También se dispondrá de un plan de arbolado urbano para que cada vivienda o los espacios comunes de los emprendimientos urbanísticos que se ejecuten en las zonas aledañas cuenten con una vegetación obligatoria y de esta manera se identifique a la zona con un área de vital para el mantenimiento de la cobertura boscosa.
“En conjunto, estas medidas ratifican la vocación del Gobierno provincial de preservar y recuperar el actual Parque Caraguatá, así como de los recursos y valores biológicos que representa para la población chaqueña”, se aclaró desde el Ipduv.
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Embargarían petroleras que operan en Malvinas
Aguardan exhortos diplomáticos para embargar bienes de petroleras que operan en Malvinas
Fecha de Publicación: 01/10/2015
Fuente: El Diario del Fin del Mundo
Provincia/Región: Nacional
Así lo informó ayer el fiscal federal de Río Grande Marcelo Rapoport. La jueza Lilian Herraez dictó en junio una serie de medidas cautelares, entre ellas embargos por 156,4 millones de dólares, y el secuestro de barcos y plataformas petroleras. Ahora se espera que la Cancillería tramite los exhortos para poder cumplimentar la orden judicial. Investigan a 5 empresas en forma directa y 4 de manera indirecta que realizan actividades de exploración y explotación hidrocarburífera sin autorización argentina.El fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, confirmó ayer que la Justicia aguarda el resultado de los exhortos diplomáticos cursados a diferentes países para ejecutar las medidas cautelares dictadas contra empresas petroleras extranjeras que operan ilegalmente en las Islas Malvinas.
Las solicitudes de embargos por 156,4 millones de dólares, además del secuestro de barcos y de otros bienes pertenecientes a las compañías, se encuentran “en pleno desarrollo” al igual que “otras medidas probatorias”, aseguró el funcionario judicial.
La causa penal iniciada por autoridades del gobierno argentino en abril de este año, investiga a los directivos de las firmas multinacionales por la presunta comisión de delitos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental del país, sin autorización legal para hacerlo.
La jueza Lilian Herráez dispuso el 25 de junio una serie de medidas de no innovar solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y por la titular de la Unidad de Recupero de Activos (URA) de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Chena.
Herráez buscó, de esta forma, “asegurar y decomisar los activos ilícitos involucrados”, además de concretar el “cese inmediato de la comisión del delito”, que para el caso implica la interrupción de las actividades que llevan adelante en la zona, las cinco compañías denunciadas de forma directa, y otras cuatro que le prestan distintos servicios.
Rapoport evaluó que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación “está trabajando y muy bien” en la concreción de los exhortos diplomáticos, aunque mencionó que son “trámites complejos que llevan su tiempo y son ajenos a la esfera del Poder Judicial”.
El fiscal también precisó que otra de las medidas que se está cumpliendo, en el contexto de la misma causa, es la comunicación sobre la existencia de la investigación a “las distintas bolsas de valores del mundo donde operan las compañías imputadas en el caso”.
“En instancias posteriores se deberán individualizar a los directivos o gerentes de esas empresas para ser llamados a prestar declaración indagatoria”, observó el funcionario judicial.
La denuncia que primero realizaron los ministros de Relaciones Exteriores Héctor Timerman, y de Planificación Federal, Julio De Vido, involucra a las compañías Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.
El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Carlos Gonella y el fiscal general coordinador de distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Adrián García Lois, les imputan la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas", por haber operado “sin autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina".
Los embargos dispuestos por la Justicia fueguina incluyen el secuestro de tres barcos dedicados al relevamiento de datos: el PGS M/V “Ramform Sterling”, PGS “Ramform Titan” y el “Falcon Explorer”, además del “MV Poseidon”, afectado a estudios geoquímicos y de base de líneas de base ambientales. También abarca a la plataforma semisumergible “Eirik Raude” utilizada para hacer perforaciones en el lecho submarino, y al dique flotante “Noble frontier”, afectado a un programa de perforación petrolera en la zona.
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Fecha de Publicación: 01/10/2015
Fuente: El Diario del Fin del Mundo
Provincia/Región: Nacional
Así lo informó ayer el fiscal federal de Río Grande Marcelo Rapoport. La jueza Lilian Herraez dictó en junio una serie de medidas cautelares, entre ellas embargos por 156,4 millones de dólares, y el secuestro de barcos y plataformas petroleras. Ahora se espera que la Cancillería tramite los exhortos para poder cumplimentar la orden judicial. Investigan a 5 empresas en forma directa y 4 de manera indirecta que realizan actividades de exploración y explotación hidrocarburífera sin autorización argentina.El fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, confirmó ayer que la Justicia aguarda el resultado de los exhortos diplomáticos cursados a diferentes países para ejecutar las medidas cautelares dictadas contra empresas petroleras extranjeras que operan ilegalmente en las Islas Malvinas.
Las solicitudes de embargos por 156,4 millones de dólares, además del secuestro de barcos y de otros bienes pertenecientes a las compañías, se encuentran “en pleno desarrollo” al igual que “otras medidas probatorias”, aseguró el funcionario judicial.
La causa penal iniciada por autoridades del gobierno argentino en abril de este año, investiga a los directivos de las firmas multinacionales por la presunta comisión de delitos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental del país, sin autorización legal para hacerlo.
La jueza Lilian Herráez dispuso el 25 de junio una serie de medidas de no innovar solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y por la titular de la Unidad de Recupero de Activos (URA) de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Chena.
Herráez buscó, de esta forma, “asegurar y decomisar los activos ilícitos involucrados”, además de concretar el “cese inmediato de la comisión del delito”, que para el caso implica la interrupción de las actividades que llevan adelante en la zona, las cinco compañías denunciadas de forma directa, y otras cuatro que le prestan distintos servicios.
Rapoport evaluó que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación “está trabajando y muy bien” en la concreción de los exhortos diplomáticos, aunque mencionó que son “trámites complejos que llevan su tiempo y son ajenos a la esfera del Poder Judicial”.
El fiscal también precisó que otra de las medidas que se está cumpliendo, en el contexto de la misma causa, es la comunicación sobre la existencia de la investigación a “las distintas bolsas de valores del mundo donde operan las compañías imputadas en el caso”.
“En instancias posteriores se deberán individualizar a los directivos o gerentes de esas empresas para ser llamados a prestar declaración indagatoria”, observó el funcionario judicial.
La denuncia que primero realizaron los ministros de Relaciones Exteriores Héctor Timerman, y de Planificación Federal, Julio De Vido, involucra a las compañías Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.
El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Carlos Gonella y el fiscal general coordinador de distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Adrián García Lois, les imputan la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas", por haber operado “sin autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina".
Los embargos dispuestos por la Justicia fueguina incluyen el secuestro de tres barcos dedicados al relevamiento de datos: el PGS M/V “Ramform Sterling”, PGS “Ramform Titan” y el “Falcon Explorer”, además del “MV Poseidon”, afectado a estudios geoquímicos y de base de líneas de base ambientales. También abarca a la plataforma semisumergible “Eirik Raude” utilizada para hacer perforaciones en el lecho submarino, y al dique flotante “Noble frontier”, afectado a un programa de perforación petrolera en la zona.
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Ballenas Franca Austral seguidas satelitalmente
Los dispositivos satelitales muestran que hay ballenas que ya salieron del Golfo Nuevo
Fecha de Publicación: 01/10/2015
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Fecha de Publicación: 01/10/2015
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Siete de los ocho dispositivos satelitales colocados en ejemplares de Ballena Franca Austral ya se encuentran transmitiendo y pudieron registrarse los primeros movimientos, en el marco de la iniciativa que busca conocer mejor las rutas de migración y zonas de alimentación de la población de Ballenas Franca Austral de Península Valdés.
Así lo informó Guillermo Harris de WCS (WidlifeConservationSociety), director del proyecto, quien detalló las característica de cada ejemplar marcado, el apodo colocado por el equipo de científicos a cada cetáceo y reveló que ahora comienza la etapa más rica para la recolección de información puesto que, por segundo año consecutivo, podrá conocerse la ruta que estos mamíferos marinos recorren una vez que abandonen Península Valdés.
Dispositivos
El 20 de septiembre se colocaron dos dispositivos satelitales: a un ejemplar hembra solitaria que fue apodada “Borboleta” (Mariposa) y una madre con cría bautizada como Ángeles. Al día siguiente fueron marcadas “Primavera” -un juvenil del que no se pudo determinar sexo- y “Antenita” -otra madre acompañada de su ballenato-. Esta es la única cuyo dispositivo aún no transmite, presumiblemente por sus acciones de evasión de gaviotas que la lleva a emerger del agua sin mostrar la espalda.
El 24 de septiembre fueron marcadas una hembra adulta grande, que se encontraba en un grupo de cópula y que fue apodada “Seductora” y una madre con cría apodada “Atrevida”.
Finalmente el 25 de septiembre se colocó dispositivo a otra madre con cría llamada “Zarpazo” y a una hembra en un grupo de cópula apodada por los científicos como “Eclipse”. Todos los ejemplares marcados permanecen aún en aguas del Golfo Nuevo, salvo “Primavera” que ya se encuentra en mar abierto, alejándose de Península Valdés hacia el sudeste, como se aprecia en la imagen en esta página.
Rutas migratorias
Se espera que los datos de localización de las ballenas marcadas permitan determinar rutas migratorias y las posibles áreas de alimentación; evaluar como las ballenas utilizan el ambiente y se relacionan con actividades humanas en el océano; contribuir con el Plan de Manejo para la Conservación (CMP) de la ballena franca austral acordado por la Comisión Ballenera Internacional (CBI) y contribuir al esclarecimiento de las causas de mortalidad ballenas francas en la Península Valdés.
El proyecto es desarrollado conjuntamente por WCS (WildlifeConservationSociety), el Instituto Aqualie de Brasil, el NOAA (NationalOceanic And Atmospheric Agency) y la Fundación Patagonia Natural, con la colaboración del Instituto de Conservación de Ballenas, Ocean Alliance y, la Universidad de California Davies. Las operaciones náuticas fueron realizadas por capitanes/timoneles locales autorizados, que realizan los avistajes de ballenas francas desde Puerto Pirámides, mientras que la Prefectura Naval Argentina prestó nuevamente apoyo para garantizar la seguridad en el agua.
El proyecto cuenta con la autorización y apoyo del Gobierno de la Provincia de Chubut a través de la Dirección de Flora y Fauna Silvestre, (Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos) que participa activamente del mismo, la Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas y el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable.
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Así lo informó Guillermo Harris de WCS (WidlifeConservationSociety), director del proyecto, quien detalló las característica de cada ejemplar marcado, el apodo colocado por el equipo de científicos a cada cetáceo y reveló que ahora comienza la etapa más rica para la recolección de información puesto que, por segundo año consecutivo, podrá conocerse la ruta que estos mamíferos marinos recorren una vez que abandonen Península Valdés.
Dispositivos
El 20 de septiembre se colocaron dos dispositivos satelitales: a un ejemplar hembra solitaria que fue apodada “Borboleta” (Mariposa) y una madre con cría bautizada como Ángeles. Al día siguiente fueron marcadas “Primavera” -un juvenil del que no se pudo determinar sexo- y “Antenita” -otra madre acompañada de su ballenato-. Esta es la única cuyo dispositivo aún no transmite, presumiblemente por sus acciones de evasión de gaviotas que la lleva a emerger del agua sin mostrar la espalda.
El 24 de septiembre fueron marcadas una hembra adulta grande, que se encontraba en un grupo de cópula y que fue apodada “Seductora” y una madre con cría apodada “Atrevida”.
Finalmente el 25 de septiembre se colocó dispositivo a otra madre con cría llamada “Zarpazo” y a una hembra en un grupo de cópula apodada por los científicos como “Eclipse”. Todos los ejemplares marcados permanecen aún en aguas del Golfo Nuevo, salvo “Primavera” que ya se encuentra en mar abierto, alejándose de Península Valdés hacia el sudeste, como se aprecia en la imagen en esta página.
Rutas migratorias
Se espera que los datos de localización de las ballenas marcadas permitan determinar rutas migratorias y las posibles áreas de alimentación; evaluar como las ballenas utilizan el ambiente y se relacionan con actividades humanas en el océano; contribuir con el Plan de Manejo para la Conservación (CMP) de la ballena franca austral acordado por la Comisión Ballenera Internacional (CBI) y contribuir al esclarecimiento de las causas de mortalidad ballenas francas en la Península Valdés.
El proyecto es desarrollado conjuntamente por WCS (WildlifeConservationSociety), el Instituto Aqualie de Brasil, el NOAA (NationalOceanic And Atmospheric Agency) y la Fundación Patagonia Natural, con la colaboración del Instituto de Conservación de Ballenas, Ocean Alliance y, la Universidad de California Davies. Las operaciones náuticas fueron realizadas por capitanes/timoneles locales autorizados, que realizan los avistajes de ballenas francas desde Puerto Pirámides, mientras que la Prefectura Naval Argentina prestó nuevamente apoyo para garantizar la seguridad en el agua.
El proyecto cuenta con la autorización y apoyo del Gobierno de la Provincia de Chubut a través de la Dirección de Flora y Fauna Silvestre, (Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos) que participa activamente del mismo, la Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas y el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable.
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