Chubut: también habrá marchas a favor de la minería
09:00 | 
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Habrá marchas a favor de la minería el 19 y 25 de noviembre
Fecha de Publicación: 15/11/2014
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Vecinos de todo Chubut se reunieron ayer en Rawson y convocaron a una manifestación en contra de la iniciativa antiminera. “Desde un sillón cómodo no se pude decir 'No a la minería'", dijo una vecina de la meseta durante el acto.
Cerca de 500 vecinos de la meseta se movilizaron en Rawson y protagonizaron en el Cine Teatro “José Hernández” un acto a favor del desarrollo minero en Chubut. El evento organizado por la agrupación “Juntos por la Meseta” fue masivo. Se debió cortar el tránsito y en el bulevar había baños químicos.
Tras el encuentro hubo choripanes masivos y el Cine estuvo repleto de banderas a favor de la zonificación, desde distintos lugares de la meseta. La conclusión fue una convocatoria para los días 19 y el 25 de noviembre de rechazo a la Iniciativa Popular que tratará Legislatura.
Del acto participaron jefes comunales y los diputados del PJ, Gustavo Muñiz y Carlos Gómez y del Frente para la Victoria, Vicente Jara, sumado al subsecretario de Asuntos Municipales, Néstor Hourcade. También el dirigente radical trelewense, Gerardo “Chato” Bulacios.
El intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, envió una carta de apoyo que leyó el presidente de la Cámara Minera, Néstor Álvarez. “Con el petróleo sólo no alcanza. Las comunidades tienen el legítimo derecho de explotar sus recursos. La riqueza enterrada no es riqueza. Sepan de mi apoyo y compromiso al desarrollo de esta actividad”, declaró el intendente.
El intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán, señaló que restan muy pocas sesiones y esperan el pronto tratamiento del proyecto de zonificación que presentaron a la Cámara. En esa comuna hay 300 desocupados. “Queremos que nos escuchen los diputados y los dirigentes, que escuchen a la gente de la meseta que quiere trabajo y dejar de ser el patio trasero de la provincia”, señaló quien es jefe comunal hace ya 13 años. “Es necesario un sueldo digno, que nuestra gente pueda estudiar y trabajar. Estas cosas los legisladores las tienen que tener presente a la hora de decidir”.
“Hoy dicen otra cosa”
Sobre el posicionamiento del bloque Chubut Somos Todos, quienes votarían a favor de la iniciativa popular para prohibir los proyectos mineros, comentó: “Escuché al ex gobernador Das Neves que pidió algunas cosas más para poder debatir en la Legislatura. Si se acercan a la meseta los diputados van a tener otro panorama. Estuvimos con el bloque y nos dijeron lo contrario a lo que hoy expresan”.
Pichiñán explicó que piden proyectos mineros pero “cuidando el ambiente, que la mano de obra pertenezca al 90% de las localidades, que la renta beneficie a los municipios, la provincia y Nación. Queremos participar como nunca antes se hizo”. Y se mostró a favor de un plebiscito pero luego de la zonificación “porque no es lo mismo el uranio que la plata que está en Gastre”.
En el acto, Pichiñán les habló a los diputados. “El 25 de noviembre o 3 de diciembre, cuando se trate la Iniciativa, les pido que se saquen la camiseta sectorial, la del color político y que piensen en la gente que reclama dignamente”.
“Pido un debate amplio. Que se saquen la camiseta para pensar en aquel niño que ve que el padre está pidiendo una zonificación, en aquel joven que se pregunta, ¿qué va a ser de mí mañana, dónde voy a estudiar? Que piensen en el padre o madre que apenas pueden llevarles un pan a sus hijos. Que piensen en los abuelos, que se vieron frustrados por no darles posibilidades a sus hijos”, expresó.
Continuó diciéndole a los legisladores: “pedimos minería responsable. Que seamos partícipes de esto porque habitamos el suelo chubutense. Pedimos una ley porque la pala y el pico están acá. Sólo queremos esa herramienta para poder vivir. Queremos tener los mismos sueños que tiene el Valle, la cordillera o el sur con el petróleo”.
Por su parte, Hourcade explicó que “estamos apoyando a nuestros jefes comunales, que son los que realmente luchan en pos de sus pueblos. Cada localidad debe vivir de lo que realmente quiere vivir. Sabemos que tenemos la licencia social en las once comunas de la meseta más dos municipalidades para poder ser escuchados por los legisladores que hace dos años decían que sí y ahora dicen que no”.
Le dedicó un párrafo a los diputados dasnevistas. “Nos gustarían que hagan lo mismo que hicieron en la apertura de sesiones en 2010 cuando manifestaron que en la meseta la única forma de vivir iba a ser a través de la minería, tal como expresó el ex gobernador”.
“El mismo bloque que hoy dice que no, tendría que salir a recorrer la provincia. El problema lo conocen desde que Máximo Pérez Catán fue ministro de Gobierno, desde que Pichiñán fue intendente y Mario gobernador”, agregó.
Al hablar, el presidente de la Cámara Minera, Álvarez, señaló que “estamos buscando oportunidades de progreso, que hoy no existen por ignorancia o por cuestiones inentendibles porque hay lugares de la provincia que pasan necesidades teniendo enormes posibilidades bajo el suelo”.
“Tenemos en Legislatura un anteproyecto de ley que prohibiría todo tipo de minería metalífera y pondría en duda la existencia de varias empresas que hoy operan en nuestro territorio. Así de inconstitucional es el proyecto que va en contra de la Constitución Nacional y Provincial y viola tratados internacionales. Nos quieren sacar la posibilidad de explotar nuestras riquezas”, especificó. Álvarez estará el 25 de noviembre en Legislatura para “defender el derecho a trabajar. Si hoy somos 500 personas, ese día tenemos que ser el doble”, expresó.
Finalmente Hilda Castro, pobladora de Gastre, relató entre lágrimas: “No quiero darle $500 a mis hijos de una Tarjeta Social. Quiero trabajo digno para mí y para mi familia. Para enseñarles a mis hijos la cultura del trabajo, no del asistencialismo”. Invitó a los dirigentes a ir a la meseta para conocer su realidad cotidiana.
“Desde un sillón cómodo no se pude decir `No a la minería´ cuando se vive de rentas o el turismo. No se puede ser tan egoísta. Nosotros no tenemos turismo ni bienes raíces. Esta es nuestra única alternativa. Cuando a mi hijo le hace ruido la panza del hambre el ambiente pasa a segundo plano”, remarcó.
“¿Por que somos de Gastre, Gan Gan o Lagunita siempre tenemos que sobrevivir?. ¿Por qué no podemos tener un proyecto de vida? Tenemos derecho a poder pagarnos una casa o un auto. Si tenemos trabajo lo podemos hacer, si no, muere en un sueño”, subrayó. “Si minería no, ¿cuál es la alternativa que me dan para mi pueblo? Aunque muchos crean que seis mil votos no cambian la vida a nadie, yo les digo que aún con un voto se gana. Vamos a seguir desde la meseta haciendo patria”.
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Fecha de Publicación: 15/11/2014
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Vecinos de todo Chubut se reunieron ayer en Rawson y convocaron a una manifestación en contra de la iniciativa antiminera. “Desde un sillón cómodo no se pude decir 'No a la minería'", dijo una vecina de la meseta durante el acto.
Cerca de 500 vecinos de la meseta se movilizaron en Rawson y protagonizaron en el Cine Teatro “José Hernández” un acto a favor del desarrollo minero en Chubut. El evento organizado por la agrupación “Juntos por la Meseta” fue masivo. Se debió cortar el tránsito y en el bulevar había baños químicos.
Tras el encuentro hubo choripanes masivos y el Cine estuvo repleto de banderas a favor de la zonificación, desde distintos lugares de la meseta. La conclusión fue una convocatoria para los días 19 y el 25 de noviembre de rechazo a la Iniciativa Popular que tratará Legislatura.
Del acto participaron jefes comunales y los diputados del PJ, Gustavo Muñiz y Carlos Gómez y del Frente para la Victoria, Vicente Jara, sumado al subsecretario de Asuntos Municipales, Néstor Hourcade. También el dirigente radical trelewense, Gerardo “Chato” Bulacios.
El intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, envió una carta de apoyo que leyó el presidente de la Cámara Minera, Néstor Álvarez. “Con el petróleo sólo no alcanza. Las comunidades tienen el legítimo derecho de explotar sus recursos. La riqueza enterrada no es riqueza. Sepan de mi apoyo y compromiso al desarrollo de esta actividad”, declaró el intendente.
El intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán, señaló que restan muy pocas sesiones y esperan el pronto tratamiento del proyecto de zonificación que presentaron a la Cámara. En esa comuna hay 300 desocupados. “Queremos que nos escuchen los diputados y los dirigentes, que escuchen a la gente de la meseta que quiere trabajo y dejar de ser el patio trasero de la provincia”, señaló quien es jefe comunal hace ya 13 años. “Es necesario un sueldo digno, que nuestra gente pueda estudiar y trabajar. Estas cosas los legisladores las tienen que tener presente a la hora de decidir”.
“Hoy dicen otra cosa”
Sobre el posicionamiento del bloque Chubut Somos Todos, quienes votarían a favor de la iniciativa popular para prohibir los proyectos mineros, comentó: “Escuché al ex gobernador Das Neves que pidió algunas cosas más para poder debatir en la Legislatura. Si se acercan a la meseta los diputados van a tener otro panorama. Estuvimos con el bloque y nos dijeron lo contrario a lo que hoy expresan”.
Pichiñán explicó que piden proyectos mineros pero “cuidando el ambiente, que la mano de obra pertenezca al 90% de las localidades, que la renta beneficie a los municipios, la provincia y Nación. Queremos participar como nunca antes se hizo”. Y se mostró a favor de un plebiscito pero luego de la zonificación “porque no es lo mismo el uranio que la plata que está en Gastre”.
En el acto, Pichiñán les habló a los diputados. “El 25 de noviembre o 3 de diciembre, cuando se trate la Iniciativa, les pido que se saquen la camiseta sectorial, la del color político y que piensen en la gente que reclama dignamente”.
“Pido un debate amplio. Que se saquen la camiseta para pensar en aquel niño que ve que el padre está pidiendo una zonificación, en aquel joven que se pregunta, ¿qué va a ser de mí mañana, dónde voy a estudiar? Que piensen en el padre o madre que apenas pueden llevarles un pan a sus hijos. Que piensen en los abuelos, que se vieron frustrados por no darles posibilidades a sus hijos”, expresó.
Continuó diciéndole a los legisladores: “pedimos minería responsable. Que seamos partícipes de esto porque habitamos el suelo chubutense. Pedimos una ley porque la pala y el pico están acá. Sólo queremos esa herramienta para poder vivir. Queremos tener los mismos sueños que tiene el Valle, la cordillera o el sur con el petróleo”.
Por su parte, Hourcade explicó que “estamos apoyando a nuestros jefes comunales, que son los que realmente luchan en pos de sus pueblos. Cada localidad debe vivir de lo que realmente quiere vivir. Sabemos que tenemos la licencia social en las once comunas de la meseta más dos municipalidades para poder ser escuchados por los legisladores que hace dos años decían que sí y ahora dicen que no”.
Le dedicó un párrafo a los diputados dasnevistas. “Nos gustarían que hagan lo mismo que hicieron en la apertura de sesiones en 2010 cuando manifestaron que en la meseta la única forma de vivir iba a ser a través de la minería, tal como expresó el ex gobernador”.
“El mismo bloque que hoy dice que no, tendría que salir a recorrer la provincia. El problema lo conocen desde que Máximo Pérez Catán fue ministro de Gobierno, desde que Pichiñán fue intendente y Mario gobernador”, agregó.
Al hablar, el presidente de la Cámara Minera, Álvarez, señaló que “estamos buscando oportunidades de progreso, que hoy no existen por ignorancia o por cuestiones inentendibles porque hay lugares de la provincia que pasan necesidades teniendo enormes posibilidades bajo el suelo”.
“Tenemos en Legislatura un anteproyecto de ley que prohibiría todo tipo de minería metalífera y pondría en duda la existencia de varias empresas que hoy operan en nuestro territorio. Así de inconstitucional es el proyecto que va en contra de la Constitución Nacional y Provincial y viola tratados internacionales. Nos quieren sacar la posibilidad de explotar nuestras riquezas”, especificó. Álvarez estará el 25 de noviembre en Legislatura para “defender el derecho a trabajar. Si hoy somos 500 personas, ese día tenemos que ser el doble”, expresó.
Finalmente Hilda Castro, pobladora de Gastre, relató entre lágrimas: “No quiero darle $500 a mis hijos de una Tarjeta Social. Quiero trabajo digno para mí y para mi familia. Para enseñarles a mis hijos la cultura del trabajo, no del asistencialismo”. Invitó a los dirigentes a ir a la meseta para conocer su realidad cotidiana.
“Desde un sillón cómodo no se pude decir `No a la minería´ cuando se vive de rentas o el turismo. No se puede ser tan egoísta. Nosotros no tenemos turismo ni bienes raíces. Esta es nuestra única alternativa. Cuando a mi hijo le hace ruido la panza del hambre el ambiente pasa a segundo plano”, remarcó.
“¿Por que somos de Gastre, Gan Gan o Lagunita siempre tenemos que sobrevivir?. ¿Por qué no podemos tener un proyecto de vida? Tenemos derecho a poder pagarnos una casa o un auto. Si tenemos trabajo lo podemos hacer, si no, muere en un sueño”, subrayó. “Si minería no, ¿cuál es la alternativa que me dan para mi pueblo? Aunque muchos crean que seis mil votos no cambian la vida a nadie, yo les digo que aún con un voto se gana. Vamos a seguir desde la meseta haciendo patria”.
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Córdoba categorizará su fauna
Córdoba categorizará su fauna silvestre
Fecha de Publicación: 14/11/2014
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
En las próximas semanas comenzará un relevamiento que permitirá determinar la cantidad, distribución y condiciones de hábitat, entre otros aspectos, de la fauna silvestre de la provincia. Con este fin, personal de la Dirección de Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente provincial, investigadores de las facultades de Biología (universidades Nacional de Córdoba y Río Cuarto) y la ONG Pcma, se reunieron el lunes pasado y delinearon la metodología que se utilizará en el estudio. Una de las cuestiones que se indagarán es el riesgo de extinción de las especies silvestres, para lo cual, se estableció una escala de cero (sin riesgo de extinción) a cinco (máximos riesgos).
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Fecha de Publicación: 14/11/2014
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
En las próximas semanas comenzará un relevamiento que permitirá determinar la cantidad, distribución y condiciones de hábitat, entre otros aspectos, de la fauna silvestre de la provincia. Con este fin, personal de la Dirección de Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente provincial, investigadores de las facultades de Biología (universidades Nacional de Córdoba y Río Cuarto) y la ONG Pcma, se reunieron el lunes pasado y delinearon la metodología que se utilizará en el estudio. Una de las cuestiones que se indagarán es el riesgo de extinción de las especies silvestres, para lo cual, se estableció una escala de cero (sin riesgo de extinción) a cinco (máximos riesgos).
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Neuquén: esperan pericias sobre el derrame de Indarsa
Aguardan las pericias sobre el derrame en Neuquén
Fecha de Publicación: 14/11/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
En los próximos días estarán los resultados de los análisis que se realizaron en la empresa Indarsa de Parque Industrial, luego del desborde de una pileta que contenía desechos petroleros. Los datos permitirán establecer el tipo de sustancia derramada y si la contaminación permanece en el suelo en sus capas inferiores.
A fines de octubre pasado, se derramaron cien metros cúbicos de desechos hidrocarburíferos desde el predio de la firma Indarsa que se ubica en Parque Industrial.
Los líquidos se derramaron en el interior del predio de la empresa desde una pileta donde se depositan los residuos. De allí se esparció por unos 500 metros, se filtró hacia una acequia que bordea el cerco perimetral y corrió hacia la calle, donde quedó detenida.
Multa provincial
Desde la Secretaría de Ambiente de la provincia, labraron una multa de 1.700.000 pesos a la firma por el desastre ecológico y clausuraron las instalaciones por dos días, para luego ser rehabilitada.
En tanto desde el municipio, y como primera medida, se tomaron muestras del suelo para certificar que en la superficie no haya quedado contaminación y para constatar si penetró o no hacia capas inferiores. También se levantó un muestreo del líquido derramado para establecer qué tipo de sustancia es y estimar con exactitud el grado de afectación al medio ambiente que provocó, que desde un primer momento las autoridades calificaron de "grave".
Los resultados de los análisis de laboratorio demoran unos 15 días, con lo cual posiblemente la semana próxima se estarían conociendo, según adelantaron desde el municipio capitalino.
Los estudios serán pagados por la empresa, que además tiene que hacerse cargo de las medidas ambientales de sanar, remediar y custodiar.
Con el resultados de los técnicos especialistas, la subsecretaría de Servicios Ambientales del municipio tendrá en su poder datos concretos para establecer la sanción que se podría aplicar a la firma, que podría ascender a unos 100.000 pesos.
Esta no es la primera vez que Indarsa tiene problemas de estas características. En 2009 fue clausurada porque se produjo dentro del predio un incendio con sustancias químicas.
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Fecha de Publicación: 14/11/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
En los próximos días estarán los resultados de los análisis que se realizaron en la empresa Indarsa de Parque Industrial, luego del desborde de una pileta que contenía desechos petroleros. Los datos permitirán establecer el tipo de sustancia derramada y si la contaminación permanece en el suelo en sus capas inferiores.
A fines de octubre pasado, se derramaron cien metros cúbicos de desechos hidrocarburíferos desde el predio de la firma Indarsa que se ubica en Parque Industrial.
Los líquidos se derramaron en el interior del predio de la empresa desde una pileta donde se depositan los residuos. De allí se esparció por unos 500 metros, se filtró hacia una acequia que bordea el cerco perimetral y corrió hacia la calle, donde quedó detenida.
Multa provincial
Desde la Secretaría de Ambiente de la provincia, labraron una multa de 1.700.000 pesos a la firma por el desastre ecológico y clausuraron las instalaciones por dos días, para luego ser rehabilitada.
En tanto desde el municipio, y como primera medida, se tomaron muestras del suelo para certificar que en la superficie no haya quedado contaminación y para constatar si penetró o no hacia capas inferiores. También se levantó un muestreo del líquido derramado para establecer qué tipo de sustancia es y estimar con exactitud el grado de afectación al medio ambiente que provocó, que desde un primer momento las autoridades calificaron de "grave".
Los resultados de los análisis de laboratorio demoran unos 15 días, con lo cual posiblemente la semana próxima se estarían conociendo, según adelantaron desde el municipio capitalino.
Los estudios serán pagados por la empresa, que además tiene que hacerse cargo de las medidas ambientales de sanar, remediar y custodiar.
Con el resultados de los técnicos especialistas, la subsecretaría de Servicios Ambientales del municipio tendrá en su poder datos concretos para establecer la sanción que se podría aplicar a la firma, que podría ascender a unos 100.000 pesos.
Esta no es la primera vez que Indarsa tiene problemas de estas características. En 2009 fue clausurada porque se produjo dentro del predio un incendio con sustancias químicas.
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Sentencia contra Eternit, viajan para ver el fallo
Asarea viajara a roma para conocer la sentencia contra directivos de Eternit
Fecha de Publicación: 14/11/2014
Fuente: AS.AR.E.A
Provincia/Región: Nacional
El presidente de ASAREA (Asociación Argentina de Expuestos al Amianto), Dr. Mariano Acevedo, viajará esta semana a Roma, Italia, para conocer la sentencia definitiva de la corte de casación en el juicio penal contra los dueños de la empresa multinacional ETERNIT, que causó la muerte por exposición al amianto de más de dos mil personas en Casale Monferrato, pueblo italiano. Además participará de conferencias de prensa y actos en apoyo a las víctimas.
ETERNIT, es la empresa que ya ocasionó la muerte de más de 2.200 personas en Italia y también se llevó la vida de muchas personas en Brasil por el mismo motivo. En nuestro país tiene una fábrica de exactas dimensiones ubicada en la localidad de San Justo, Provincia de Buenos Aires. En la que no se ha podido investigar debidamente aún la mortalidad que la misma ha ocasionado a los habitantes de alrrededor y a sus ex trabajadores.
“Desde ASAREA estamos trabajando hace muchos años en este tipo de casos. Puntualmente, ya tenemos el dato del primer muerto por esta causa. Este tipo de eventos, sirven para difundir la problemática y tomar conciencia de los daños que puede causar el amianto si no se lo trata con el debido cuidado”, explicó el Dr. Mariano Acevedo.
En el transcurso de la visita el presidente de ASAREA acompañará a los familiares de las víctimas en todo el proceso hasta el día de la lectura del fallo judicial, el cuál no sólo ayudará a hacer justicia por los miles de afectados y victimas fatales sino también logrará hacer pública y que se conozca en el mundo entero la peligrosidad los daños que puede ocasionar la exposición al amianto.
La organización italiana Associazione Familiari Viittime Amianto (AFEVA) organizó una serie de actos y conferencias en Roma y en Casale Monferrato, motivo por lo que ASAREA, viajará especialmente para participar de los mismos, también van a estar presentes la Asociación Brasilera de Expuestos al Asbestos (ABREA) y las más reconocidas asociaciones mundiales y personalidades destacadas de lucha contra el amianto del mundo.
Sobre AS.AR.E.A
Es una organización no gubernamental e interdisciplinaria, que desde el año 2005, asume como trabajo principal difundir y concientizar a toda la sociedad sobre los daños a la salud y al medio ambiente que puede provocar la exposición del asbesto/amianto.
La asociación cuenta con un equipo de asesoramiento legal, médico y de ingeniería industrial para evacuar dudas sobre la problemática y proveer posibles soluciones al respecto. De esta manera, procura la salud de todos los ciudadanos.
Su actividad de investigación se centra en descubrir los posibles focos de contaminación tales como establecimientos públicos y privados. Al receptar una denuncia o alguna información al respecto, la organización realiza observaciones a fin de obtener certezas de la contaminación en el/los edificios.
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Fecha de Publicación: 14/11/2014
Fuente: AS.AR.E.A
Provincia/Región: Nacional
El presidente de ASAREA (Asociación Argentina de Expuestos al Amianto), Dr. Mariano Acevedo, viajará esta semana a Roma, Italia, para conocer la sentencia definitiva de la corte de casación en el juicio penal contra los dueños de la empresa multinacional ETERNIT, que causó la muerte por exposición al amianto de más de dos mil personas en Casale Monferrato, pueblo italiano. Además participará de conferencias de prensa y actos en apoyo a las víctimas.
ETERNIT, es la empresa que ya ocasionó la muerte de más de 2.200 personas en Italia y también se llevó la vida de muchas personas en Brasil por el mismo motivo. En nuestro país tiene una fábrica de exactas dimensiones ubicada en la localidad de San Justo, Provincia de Buenos Aires. En la que no se ha podido investigar debidamente aún la mortalidad que la misma ha ocasionado a los habitantes de alrrededor y a sus ex trabajadores.
“Desde ASAREA estamos trabajando hace muchos años en este tipo de casos. Puntualmente, ya tenemos el dato del primer muerto por esta causa. Este tipo de eventos, sirven para difundir la problemática y tomar conciencia de los daños que puede causar el amianto si no se lo trata con el debido cuidado”, explicó el Dr. Mariano Acevedo.
En el transcurso de la visita el presidente de ASAREA acompañará a los familiares de las víctimas en todo el proceso hasta el día de la lectura del fallo judicial, el cuál no sólo ayudará a hacer justicia por los miles de afectados y victimas fatales sino también logrará hacer pública y que se conozca en el mundo entero la peligrosidad los daños que puede ocasionar la exposición al amianto.
La organización italiana Associazione Familiari Viittime Amianto (AFEVA) organizó una serie de actos y conferencias en Roma y en Casale Monferrato, motivo por lo que ASAREA, viajará especialmente para participar de los mismos, también van a estar presentes la Asociación Brasilera de Expuestos al Asbestos (ABREA) y las más reconocidas asociaciones mundiales y personalidades destacadas de lucha contra el amianto del mundo.
Sobre AS.AR.E.A
Es una organización no gubernamental e interdisciplinaria, que desde el año 2005, asume como trabajo principal difundir y concientizar a toda la sociedad sobre los daños a la salud y al medio ambiente que puede provocar la exposición del asbesto/amianto.
La asociación cuenta con un equipo de asesoramiento legal, médico y de ingeniería industrial para evacuar dudas sobre la problemática y proveer posibles soluciones al respecto. De esta manera, procura la salud de todos los ciudadanos.
Su actividad de investigación se centra en descubrir los posibles focos de contaminación tales como establecimientos públicos y privados. Al receptar una denuncia o alguna información al respecto, la organización realiza observaciones a fin de obtener certezas de la contaminación en el/los edificios.
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Jornada de capacitación en la ACUMAR
ACUMAR realizó la quinta jornada de capacitación interna
Fecha de Publicación: 13/11/2014
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
Estuvo dedicada a temas relacionados con la gestión en Abordaje Territorial y Fiscalización, que desarrolla el organismo para cumplir con el Plan Integral de Saneamiento Ambiental
La Coordinación de Cultura, Patrimonio y Educación Socioambiental de ACUMAR realizó la quinta jornada de capacitación interna sobre temas relacionados con la gestión que desarrolla el organismo para sanear la cuenca.
En este quinto encuentro, expusieron los integrantes de la Dirección General de Abordaje Territorial, quienes presentaron las líneas de acción y el trabajo que realizan cada una de las coordinaciones de la dirección.
La primera charla estuvo a cargo de la directora de Abordaje Territorial, Patricia Díaz, quien se refirió al trabajo que realiza la coordinación de Promoción Comunitaria, a cargo de Matías Murabito, que tiene como líneas de acción las relocalizaciones y la recuperación del espacio público, y de Fortalecimiento Barrial, a cargo de Paula Rodino, que se encarga de la limpieza de márgenes, de los arroyos y río.
A continuación, se hizo la capacitación a cargo de la coordinación de Fiscalización y Reconversión Industrial, a cargo de Nancy Iris Bejarano, y de la coordinación de Planes de Reconversión Industrial, a cargo de Georgina Iannuzzi, en las que contaron el trabajo que llevan a cabo ambas áreas.
Este ciclo de charlas tiene el objetivo de generar ámbitos de formación para los trabajadores de ACUMAR, brindar herramientas sobre la gestión, profundizar el conocimiento sobre los temas específicos que aborda el organismo, y de esta forma ampliar el trabajo integral que se realiza.
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Fecha de Publicación: 13/11/2014
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
Estuvo dedicada a temas relacionados con la gestión en Abordaje Territorial y Fiscalización, que desarrolla el organismo para cumplir con el Plan Integral de Saneamiento Ambiental
La Coordinación de Cultura, Patrimonio y Educación Socioambiental de ACUMAR realizó la quinta jornada de capacitación interna sobre temas relacionados con la gestión que desarrolla el organismo para sanear la cuenca.
En este quinto encuentro, expusieron los integrantes de la Dirección General de Abordaje Territorial, quienes presentaron las líneas de acción y el trabajo que realizan cada una de las coordinaciones de la dirección.
La primera charla estuvo a cargo de la directora de Abordaje Territorial, Patricia Díaz, quien se refirió al trabajo que realiza la coordinación de Promoción Comunitaria, a cargo de Matías Murabito, que tiene como líneas de acción las relocalizaciones y la recuperación del espacio público, y de Fortalecimiento Barrial, a cargo de Paula Rodino, que se encarga de la limpieza de márgenes, de los arroyos y río.
A continuación, se hizo la capacitación a cargo de la coordinación de Fiscalización y Reconversión Industrial, a cargo de Nancy Iris Bejarano, y de la coordinación de Planes de Reconversión Industrial, a cargo de Georgina Iannuzzi, en las que contaron el trabajo que llevan a cabo ambas áreas.
Este ciclo de charlas tiene el objetivo de generar ámbitos de formación para los trabajadores de ACUMAR, brindar herramientas sobre la gestión, profundizar el conocimiento sobre los temas específicos que aborda el organismo, y de esta forma ampliar el trabajo integral que se realiza.
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Río Chubut: acuerdan obras de saneamiento
Buscan sanear y preservar el río Chubut
Fecha de Publicación: 13/11/2014
Fuente: Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
La intendenta Rossana Artero mantuvo una reunión con el ministro de Medio Ambiente José María Musmesi, el responsable del IPA, Pablo Rimoldi, un equipo técnico de la Cooperativa Eléctrica de Rawson y parte del gabinete municipal con el fin de acordar obras que permitan sanear y preservar el río Chubut.
La obra
El administrador general de Recursos Hídricos del Instituto Provincial del Agua, Pablo Rimoldi, se refirió a la reunión a través de Radio Municipal y detalló Rimoldi que “actualmente hay dos situaciones que comprometen en alguna medida la calidad del agua. Esto es, que el río es el cuerpo receptor de los líquidos tratados de la planta de efluentes cloacales de Rawson y también de los pluviales de Trelew”.
También explicó que “estas dos cuestiones realmente no deben continuar, y en esto han coincidido tanto el gobernador Buzzi como la intendenta Artero, que son dos dirigentes que atacan los problemas y buscan soluciones concretas a este tipo de realidades, no les gusta estirar los tiempos, y entonces se va a habilitar una obra para poder desvincular los pluviales de Trelew y re-bombear los efluentes cloacales de la planta de Rawson, así como vincular también y mandar directamente los del barrio 3 de Abril a una planta de tratamiento que se va a hacer contigua a la localización donde se están haciendo hoy las de Playa Unión”.
Un año
Consultado sobre los plazos para la ejecución de la obra, Rimoldi explicó que “es un trabajo de prácticamente un año de duración, seguramente la obra va a salir con algo así como trecientos o trecientos cuarenta días, por que tiene algún grado de dificultad, especialmente en el caso de Trelew hay que trabajar en las calles para vincular el cuenco amortiguador del pluvial Musters con el del Owen y de este hacer un bombeo o una salida al sistema lagunar”. Explicó también que para el caso de las cloacas de Rawson “hay que hacer un sistema de bombeo que conduzca del actual emplazamiento de la planta de tratamiento a este nuevo emplazamiento y estas plantas de tratamientos, la de Playa Unión y ña nueva, se está haciendo cercana al aeródromo”.
70 millones de pesos
Finalmente, el ingeniero Pablo Rimoldi destacó que se trata de “una obra de cerca de 70 millones de pesos, tenemos a través de la gestión de provincia los fondos requeridos, creemos que es una oportunidad histórica, son esas obras que después se recuerdan y se agradecen en el tiempo por haberse hecho a tiempo, porque le vamos a ahorrar un impacto indeseable a las aguas de nuestro río” y con respecto al llamado a licitación dijo que “estamos corriendo a contra reloj creemos que la semana que viene va estar ya el aviso, el lanzamiento del aviso, con lo cual después son quince días hábiles, posiblemente en la primera mitad de diciembre ya haya una apertura concreta del sobre”.
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Fecha de Publicación: 13/11/2014
Fuente: Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
La intendenta Rossana Artero mantuvo una reunión con el ministro de Medio Ambiente José María Musmesi, el responsable del IPA, Pablo Rimoldi, un equipo técnico de la Cooperativa Eléctrica de Rawson y parte del gabinete municipal con el fin de acordar obras que permitan sanear y preservar el río Chubut.
La obra
El administrador general de Recursos Hídricos del Instituto Provincial del Agua, Pablo Rimoldi, se refirió a la reunión a través de Radio Municipal y detalló Rimoldi que “actualmente hay dos situaciones que comprometen en alguna medida la calidad del agua. Esto es, que el río es el cuerpo receptor de los líquidos tratados de la planta de efluentes cloacales de Rawson y también de los pluviales de Trelew”.
También explicó que “estas dos cuestiones realmente no deben continuar, y en esto han coincidido tanto el gobernador Buzzi como la intendenta Artero, que son dos dirigentes que atacan los problemas y buscan soluciones concretas a este tipo de realidades, no les gusta estirar los tiempos, y entonces se va a habilitar una obra para poder desvincular los pluviales de Trelew y re-bombear los efluentes cloacales de la planta de Rawson, así como vincular también y mandar directamente los del barrio 3 de Abril a una planta de tratamiento que se va a hacer contigua a la localización donde se están haciendo hoy las de Playa Unión”.
Un año
Consultado sobre los plazos para la ejecución de la obra, Rimoldi explicó que “es un trabajo de prácticamente un año de duración, seguramente la obra va a salir con algo así como trecientos o trecientos cuarenta días, por que tiene algún grado de dificultad, especialmente en el caso de Trelew hay que trabajar en las calles para vincular el cuenco amortiguador del pluvial Musters con el del Owen y de este hacer un bombeo o una salida al sistema lagunar”. Explicó también que para el caso de las cloacas de Rawson “hay que hacer un sistema de bombeo que conduzca del actual emplazamiento de la planta de tratamiento a este nuevo emplazamiento y estas plantas de tratamientos, la de Playa Unión y ña nueva, se está haciendo cercana al aeródromo”.
70 millones de pesos
Finalmente, el ingeniero Pablo Rimoldi destacó que se trata de “una obra de cerca de 70 millones de pesos, tenemos a través de la gestión de provincia los fondos requeridos, creemos que es una oportunidad histórica, son esas obras que después se recuerdan y se agradecen en el tiempo por haberse hecho a tiempo, porque le vamos a ahorrar un impacto indeseable a las aguas de nuestro río” y con respecto al llamado a licitación dijo que “estamos corriendo a contra reloj creemos que la semana que viene va estar ya el aviso, el lanzamiento del aviso, con lo cual después son quince días hábiles, posiblemente en la primera mitad de diciembre ya haya una apertura concreta del sobre”.
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Parques Nacionales niega contaminación en Calilegüa
Contaminación en Calilegüa: aseguran que Parques Nacionales sigue negando la situación y deslindando responsabilidades
Fecha de Publicación: 13/11/2014
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En el marco de la presentación del petitorio al Gobierno de Fellner para exigir que no autorice el proyecto que apunta a que la empresa petrolera JHP comience con nuevas perforaciones petroleras en territorio de nuestro Parque Nacional, y que realice la remediación ambiental que con tanta urgencia necesita, el vocero de los trabajadores autoconvocados del Parque Nacional Calilegüa, Guillermo Nicolossi, dialogó con nuestro medio y se refirió a los comunicados esgrimidos desde la Administración de Parques Nacionales (APN) acerca de la grave contaminación que existe en el área protegida y en las aguas de las comunidades lindantes por la explotación petrolífera del yacimiento caimancito.
Indicó que APN sigue negando la situación y deslinda su responsabilidad al decir que recibieron el terreno cedido por la Empresa Ledesma ya con la contaminación, y desde entonces no han realizado nada para su remediación ni cuidado en ese sentido.
Además aseguró que la Ley de Hidrocarburos sancionada hace poco tiempo, “tiene impactos muy negativos para el país, para las áreas protegidas, para la salud de las personas y la economía”.
En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Guillermo Nicolossi manifestó que “desde las autoridades de Parques Nacionales, algo que se pudo leer a través de un comunicado de su directorio, vimos que lamentablemente siguen negando la situación. En este comunicado mencionan una supuesta contaminación fuera del Parque Nacional Calilegüa y nos resulta indignante porque dentro de la APN existen expedientes administrativos donde constan todos estos casos graves, estos pasivos ambientales que tenemos en el Parque”.
Agregó que “las autoridades delegadas por esta administración central, las autoridades de este Parque, han realizado denuncias por el caso del pozo 3 justamente por la contaminación que se genera y que afecta al Parque”.
Nicolossi expresó que “también resulta llamativo la alusión de que recibieron desde la empresa Ledesma la donación de las tierras donde se incluía el yacimiento y con ellos los pasivos ambientales. Pero hay que aclarar unas cosas, la empresa no donó las tierras sino que las cedió por un convenio con la provincia de Jujuy, porque tenía una deuda importante lo que significaba una posible expropiación de sus tierras, y en el 1973- 1974 acuerda con la provincia entregar las tierras que hoy conforman el Parque Nacional como forma de pago de esa deuda”.
Sostuvo “pero más allá de eso no se puede estar, como aparece en la página oficial, deslindando la responsabilidad de que se recibió así la situación. Se recibió las tierras que ya estaban con el yacimiento petrolero, pero ya en ese momento era responsabilidad del Estado Nacional y en particular de la Administración de Parques Nacionales resolver esa situación una vez adquiridas las tierras”.
Explicó que “cuando se creó el Parque el yacimiento ya existía pero hay jurisprudencia donde indica que al ser un bien público, un bien común, un área protegida, eso quita los derechos adquiridos con anterioridad por más que haya estado antes la actividad petrolera, hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza”.
Asimismo, el vocero de los trabajadores autoconvocados del Parque Nacional Calilegüa desmintió que APN haya rechazado de plano el estudio de impacto ambiental generado por la empresa JHP, manifestando que “en estos comunicados alude esto pero no es del todo así. La empresa petrolera JHP elaboró el estudio de impacto y lo presentó a la Secretaria de Minería de Jujuy, quien lo eleva a Parques Nacionales pretendiendo que esta se acople a sus formas de evaluar el estudio de impacto, pero APN tiene su propia reglamentación de impacto ambiental”.
Mencionó que “el proyecto fue presentado por JHP en forma directa a Parques Nacionales y Parques le pide el estudio de impacto sobre ese proyecto y una vez realizado la empresa debe presentarlo directamente a APN para evaluar de acuerdo a su reglamentación, pero esto no fue así”.
Agregó que “lo presentó a la Secretaria de Minería, quien encima es muy laxa en su forma de evaluar el proyecto porque pide en un tiempo reducido observaciones a este estudio que se mandan vía correo electrónico a la propia empresa para que se corrija, pero Parques Nacionales en esto es muy distinta, es más exigente, ya que cuando recibe el estudio de impacto debe conformar una comisión de expertos de acuerdo a cada proyecto, y esta comisión hace toda la evaluación y propone en un documento técnico, el cual finalmente el directorio de APN aprobará o no el proyecto”.
Por lo que aclaró que “lo que anuncia Parques Nacionales sobre que ha rechazado el estudio es simplemente por lo improcedente en la forma en que se presentó el estudio de impacto, pero de ninguna forma rechaza el estudio porque no lo ha recibido como corresponde ni lo ha evaluado y eso confunde a la población, que tiene la esperanza que lo haya rechazado pero no es así, todavía no está evaluado”, aseguró.
Por otra parte, nuestro medio consultó al vocero de los trabajadores autoconvocados del Parque Nacional Calilegüa acerca del alcance de la recientemente sancionada Ley de Hidrocarburos y si la misma puede ser perjudicial para las arase protegidas. Nicolossi opinó que “realmente la ley de hidrocarburos se sancionó sin ningún tipo de análisis ni con los tiempos necesarios para evaluar semejante ley que va impactar en todo Argentina por los próximos 50 o 60 años. Desgraciadamente el oficialismo, por tener mayoría, permitió que se apruebe en un par de semanas, y esto implica, desde distintas miradas, impactos muy negativos para el país, para las áreas protegidas, para la salud de las personas y la economía”.
Sostuvo que dicha ley “avala el método no convencional de extracción de petróleo, que es el de fractura hidráulica, algo que en otros países ya ha sido negada por el grave impacto que tiene sobre las aguas que se consumen después”.
También comentó que “además a las empresas les permite exportar el petróleo y venderlo afuera a precio internacional y si lo vende en el país lo van a vender a precios internacionales también, por lo que el precio de nuestras naftas se irán por las nubes. También reduce los regalías, siendo que nuestro país es uno de los que menos regalías recibe por la venta de hidrocarburo y ahora las reduce más, y encima alargan las concesiones de las explotaciones sin la necesidad de una licitación, o sea que posibilita que se hagan negociados y no buenas licitaciones”.
Nicolossi expresó que “en el caso de las autoridades locales como un municipio, en el sur del país, están emitiendo ordenanzas para prohibir la instalación de pozos no convencionales con fractura hidráulica, pero a partir de esta ley se unifican lo que es el gobierno nacional y provincial en el dictado de reglamentaciones ambientales sobretodo, lo que quita la posibilidad a los municipios de reglamentar el uso de su territorio”.
“Acá en Calilegüa, si el municipio de Caimancito o Yuto quisiera reglamentar de alguna forma o poner ciertas condiciones para cuidar sus aguas por la explotación que se hace dentro del yacimiento Caimancito no estarán habilitados para poder ordenar mejor esa actividad”, afirmó.
“La verdad que ha resultado ser muy negativa por varios motivos y puntos de vista, y lo será por muchos años para nuestro país”, lamentó Nicolossi.
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Fecha de Publicación: 13/11/2014
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En el marco de la presentación del petitorio al Gobierno de Fellner para exigir que no autorice el proyecto que apunta a que la empresa petrolera JHP comience con nuevas perforaciones petroleras en territorio de nuestro Parque Nacional, y que realice la remediación ambiental que con tanta urgencia necesita, el vocero de los trabajadores autoconvocados del Parque Nacional Calilegüa, Guillermo Nicolossi, dialogó con nuestro medio y se refirió a los comunicados esgrimidos desde la Administración de Parques Nacionales (APN) acerca de la grave contaminación que existe en el área protegida y en las aguas de las comunidades lindantes por la explotación petrolífera del yacimiento caimancito.
Indicó que APN sigue negando la situación y deslinda su responsabilidad al decir que recibieron el terreno cedido por la Empresa Ledesma ya con la contaminación, y desde entonces no han realizado nada para su remediación ni cuidado en ese sentido.
Además aseguró que la Ley de Hidrocarburos sancionada hace poco tiempo, “tiene impactos muy negativos para el país, para las áreas protegidas, para la salud de las personas y la economía”.
En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Guillermo Nicolossi manifestó que “desde las autoridades de Parques Nacionales, algo que se pudo leer a través de un comunicado de su directorio, vimos que lamentablemente siguen negando la situación. En este comunicado mencionan una supuesta contaminación fuera del Parque Nacional Calilegüa y nos resulta indignante porque dentro de la APN existen expedientes administrativos donde constan todos estos casos graves, estos pasivos ambientales que tenemos en el Parque”.
Agregó que “las autoridades delegadas por esta administración central, las autoridades de este Parque, han realizado denuncias por el caso del pozo 3 justamente por la contaminación que se genera y que afecta al Parque”.
Nicolossi expresó que “también resulta llamativo la alusión de que recibieron desde la empresa Ledesma la donación de las tierras donde se incluía el yacimiento y con ellos los pasivos ambientales. Pero hay que aclarar unas cosas, la empresa no donó las tierras sino que las cedió por un convenio con la provincia de Jujuy, porque tenía una deuda importante lo que significaba una posible expropiación de sus tierras, y en el 1973- 1974 acuerda con la provincia entregar las tierras que hoy conforman el Parque Nacional como forma de pago de esa deuda”.
Sostuvo “pero más allá de eso no se puede estar, como aparece en la página oficial, deslindando la responsabilidad de que se recibió así la situación. Se recibió las tierras que ya estaban con el yacimiento petrolero, pero ya en ese momento era responsabilidad del Estado Nacional y en particular de la Administración de Parques Nacionales resolver esa situación una vez adquiridas las tierras”.
Explicó que “cuando se creó el Parque el yacimiento ya existía pero hay jurisprudencia donde indica que al ser un bien público, un bien común, un área protegida, eso quita los derechos adquiridos con anterioridad por más que haya estado antes la actividad petrolera, hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza”.
Asimismo, el vocero de los trabajadores autoconvocados del Parque Nacional Calilegüa desmintió que APN haya rechazado de plano el estudio de impacto ambiental generado por la empresa JHP, manifestando que “en estos comunicados alude esto pero no es del todo así. La empresa petrolera JHP elaboró el estudio de impacto y lo presentó a la Secretaria de Minería de Jujuy, quien lo eleva a Parques Nacionales pretendiendo que esta se acople a sus formas de evaluar el estudio de impacto, pero APN tiene su propia reglamentación de impacto ambiental”.
Mencionó que “el proyecto fue presentado por JHP en forma directa a Parques Nacionales y Parques le pide el estudio de impacto sobre ese proyecto y una vez realizado la empresa debe presentarlo directamente a APN para evaluar de acuerdo a su reglamentación, pero esto no fue así”.
Agregó que “lo presentó a la Secretaria de Minería, quien encima es muy laxa en su forma de evaluar el proyecto porque pide en un tiempo reducido observaciones a este estudio que se mandan vía correo electrónico a la propia empresa para que se corrija, pero Parques Nacionales en esto es muy distinta, es más exigente, ya que cuando recibe el estudio de impacto debe conformar una comisión de expertos de acuerdo a cada proyecto, y esta comisión hace toda la evaluación y propone en un documento técnico, el cual finalmente el directorio de APN aprobará o no el proyecto”.
Por lo que aclaró que “lo que anuncia Parques Nacionales sobre que ha rechazado el estudio es simplemente por lo improcedente en la forma en que se presentó el estudio de impacto, pero de ninguna forma rechaza el estudio porque no lo ha recibido como corresponde ni lo ha evaluado y eso confunde a la población, que tiene la esperanza que lo haya rechazado pero no es así, todavía no está evaluado”, aseguró.
Por otra parte, nuestro medio consultó al vocero de los trabajadores autoconvocados del Parque Nacional Calilegüa acerca del alcance de la recientemente sancionada Ley de Hidrocarburos y si la misma puede ser perjudicial para las arase protegidas. Nicolossi opinó que “realmente la ley de hidrocarburos se sancionó sin ningún tipo de análisis ni con los tiempos necesarios para evaluar semejante ley que va impactar en todo Argentina por los próximos 50 o 60 años. Desgraciadamente el oficialismo, por tener mayoría, permitió que se apruebe en un par de semanas, y esto implica, desde distintas miradas, impactos muy negativos para el país, para las áreas protegidas, para la salud de las personas y la economía”.
Sostuvo que dicha ley “avala el método no convencional de extracción de petróleo, que es el de fractura hidráulica, algo que en otros países ya ha sido negada por el grave impacto que tiene sobre las aguas que se consumen después”.
También comentó que “además a las empresas les permite exportar el petróleo y venderlo afuera a precio internacional y si lo vende en el país lo van a vender a precios internacionales también, por lo que el precio de nuestras naftas se irán por las nubes. También reduce los regalías, siendo que nuestro país es uno de los que menos regalías recibe por la venta de hidrocarburo y ahora las reduce más, y encima alargan las concesiones de las explotaciones sin la necesidad de una licitación, o sea que posibilita que se hagan negociados y no buenas licitaciones”.
Nicolossi expresó que “en el caso de las autoridades locales como un municipio, en el sur del país, están emitiendo ordenanzas para prohibir la instalación de pozos no convencionales con fractura hidráulica, pero a partir de esta ley se unifican lo que es el gobierno nacional y provincial en el dictado de reglamentaciones ambientales sobretodo, lo que quita la posibilidad a los municipios de reglamentar el uso de su territorio”.
“Acá en Calilegüa, si el municipio de Caimancito o Yuto quisiera reglamentar de alguna forma o poner ciertas condiciones para cuidar sus aguas por la explotación que se hace dentro del yacimiento Caimancito no estarán habilitados para poder ordenar mejor esa actividad”, afirmó.
“La verdad que ha resultado ser muy negativa por varios motivos y puntos de vista, y lo será por muchos años para nuestro país”, lamentó Nicolossi.
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Piden conocer el IA de Bajo el Durazno
Quieren saber cuál será el daño ambiental que causará la minera Bajo el Durazno
Fecha de Publicación: 12/11/2014
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Representantes de la ONG Conciencia Solidaria pidieron a las Direcciones de Minería y de Medio Ambiente de Tucumán conocer el Informe de Impacto Ambiental del proyecto minero Bajo el Durazno.
Tal como lo contempla la ley Nº 25831 (Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental), los activistas presentaron este lunes los pedidos de informes, dirigidos al director de Medio Ambiente, Rubén Amado Dip y a Juan Carlos Rongetti, director de Minería provincial.
“Sabemos que ya se firmó el acuerdo entre YMAD y la empresa minera. Sin embargo, jamás se presentó un estudio sobre el daño ambiental que esta explotación nos causará”, afirmó Iván Berkman, representante local de Conciencia Solidaria.
Para la explotación de Bajo el Durazno, todo indica que la firma Glencore Xstrata Cooper utilizará la misma infraestructura que hoy dispone Minera la Alumbrera, emprendimiento que se encuentra presto a agotarse, luego del comienzo de la explotación, en 1997.
Bajo el Durazno es un yacimiento de oro, plata y cobre, ubicado a pocos kilómetros del lugar donde está ubicado el yacimiento de Bajo La Alumbrera, en Catamarca.
“Cómo puede ser que el Gobierno de Catamarca e YMAD hayan acordado algo tan importante sin tener en cuenta el impacto ambiental que generará esto. Ni siquiera convocaron a una audiencia pública para dar a conocer esto. ¿Qué tienen que ocultarnos?, se preguntó el referente de Conciencia Solidaria.
Mediante una cinta transportadora de varios kilómetros de longitud todo el mineral explotado en el yacimiento Bajo el Durazno será llevado hasta los molinos de trituración, aislados los minerales bajo el nocivo método de flotación que utiliza espumas químicas para la separación de los metalíferos, y luego, todo ese barro mineral formado por los elementos saqueados y el agua pura arrebatada, llegarán a través de un mineraloducto de 316 kilómetros hasta el sur de Tucumán, a la localidad de Ranchillos.
“Una nueva oportunidad se nos ofrece momento a momento. Una renovada posibilidad de coexistir en armonía. Depende de nuestra actitud. Y no es que nada se pueda hacer, o que estos monstruos devoradores sean omnipotentes. La cuestión es: ¿hemos descubierto la potente energía que tiene un solo acto a favor de la vida?”, agregó Berkman.
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Fecha de Publicación: 12/11/2014
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Representantes de la ONG Conciencia Solidaria pidieron a las Direcciones de Minería y de Medio Ambiente de Tucumán conocer el Informe de Impacto Ambiental del proyecto minero Bajo el Durazno.
Tal como lo contempla la ley Nº 25831 (Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental), los activistas presentaron este lunes los pedidos de informes, dirigidos al director de Medio Ambiente, Rubén Amado Dip y a Juan Carlos Rongetti, director de Minería provincial.
“Sabemos que ya se firmó el acuerdo entre YMAD y la empresa minera. Sin embargo, jamás se presentó un estudio sobre el daño ambiental que esta explotación nos causará”, afirmó Iván Berkman, representante local de Conciencia Solidaria.
Para la explotación de Bajo el Durazno, todo indica que la firma Glencore Xstrata Cooper utilizará la misma infraestructura que hoy dispone Minera la Alumbrera, emprendimiento que se encuentra presto a agotarse, luego del comienzo de la explotación, en 1997.
Bajo el Durazno es un yacimiento de oro, plata y cobre, ubicado a pocos kilómetros del lugar donde está ubicado el yacimiento de Bajo La Alumbrera, en Catamarca.
“Cómo puede ser que el Gobierno de Catamarca e YMAD hayan acordado algo tan importante sin tener en cuenta el impacto ambiental que generará esto. Ni siquiera convocaron a una audiencia pública para dar a conocer esto. ¿Qué tienen que ocultarnos?, se preguntó el referente de Conciencia Solidaria.
Mediante una cinta transportadora de varios kilómetros de longitud todo el mineral explotado en el yacimiento Bajo el Durazno será llevado hasta los molinos de trituración, aislados los minerales bajo el nocivo método de flotación que utiliza espumas químicas para la separación de los metalíferos, y luego, todo ese barro mineral formado por los elementos saqueados y el agua pura arrebatada, llegarán a través de un mineraloducto de 316 kilómetros hasta el sur de Tucumán, a la localidad de Ranchillos.
“Una nueva oportunidad se nos ofrece momento a momento. Una renovada posibilidad de coexistir en armonía. Depende de nuestra actitud. Y no es que nada se pueda hacer, o que estos monstruos devoradores sean omnipotentes. La cuestión es: ¿hemos descubierto la potente energía que tiene un solo acto a favor de la vida?”, agregó Berkman.
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Laguna de Chimpay contaminada con agroquímicos
Confirman agroquímicos en la laguna de Chimpay
Fecha de Publicación: 12/11/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Finalmente se confirmó ayer que la laguna "Rosario Burgos" en el parque ceferiniano se encuentra contaminada con polisulfuro. Así lo sostuvo, Pablo Crowley, de la unidad regional de Epidemiología y Salud Ambiental (Uresa), que ordenó los análisis.
El polisulfuro es utilizado en la producción frutícola como fungicida e insecticida. El grado de contaminación que produjo se ubica en nivel 3. Es decir, que si bien el primer impacto del producto (compuesto mayormente por sulfuro y calcio), tuvo un efecto cáustico, elevando la temperatura del agua y sacándole oxígeno, lo cual generó la muerte de peces, su acción es menor con el correr de los días. De hecho cuando se fumiga se recomienda que los trabajadores no se expongan en un plazo que va desde las 48 a las 72 horas.
En el caso de este espejo de agua, que tiene un drenaje muy poco caudaloso hacia un pequeño brazo del río, se recomienda que no se utilice al menos por unos 30 días más. En las personas, el polisulfuro que se ha asentado en el lecho de la laguna puede generar irritaciones en la piel y en los ojos.
Por ahora la hipótesis más firme es que en el lugar se lavó maquinaria que tenía el producto.
Ante esto surgieron dos inquietudes en la población: la primera; saber si los productores cumplen con los protocolos obligatorios para el manejo de agroquímicos, lavado de máquinas y disposición de envases. Y la segunda, qué organismo hace cumplir estas normas.
Es que si bien existen multas y penas, la jurisdicción o quién aplica la ley parecen diluirse en una serie de responsabilidades no especificas.
En este caso han intervenido la Uresa, la policía, y también deberían hacerlo el Departamento Provincial de Aguas y Medio Ambiente de la provincia.
La laguna "Rosario Burgos", es un pequeño espejo de agua de 800 metros de largo, que alcanza 50 metros de ancho. Esta ubicada sobre el ingreso al parque ceferiniano, a mano derecha. Allí se realiza canotaje, pesca, y hasta avistaje de aves.
Hace poco más de una semana, una extraña mancha blanco amarillenta cubrió parte de su superficie. Poco después la aparición de peces y aves muertas hizo que se dispararan las alarmas en el municipio, que puso en conocimiento de esto a la Uresa y la policía.
En ese momento, el presidente del Concejo Deliberante, Cristian Sepúlveda sostuvo que es "es un hecho grave. Es un desastre". Señaló que se realizó una denuncia penal y se le dio intervención al área especializada en este tipo de situaciones de la zona sanitaria del Valle Medio. "Sabemos dos empresas de la zona denunciaron el robo de agroquímicos y creemos que puede venir por ese lado" indicó Sepúlveda en diálogo con este medio.
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Fecha de Publicación: 12/11/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Finalmente se confirmó ayer que la laguna "Rosario Burgos" en el parque ceferiniano se encuentra contaminada con polisulfuro. Así lo sostuvo, Pablo Crowley, de la unidad regional de Epidemiología y Salud Ambiental (Uresa), que ordenó los análisis.
El polisulfuro es utilizado en la producción frutícola como fungicida e insecticida. El grado de contaminación que produjo se ubica en nivel 3. Es decir, que si bien el primer impacto del producto (compuesto mayormente por sulfuro y calcio), tuvo un efecto cáustico, elevando la temperatura del agua y sacándole oxígeno, lo cual generó la muerte de peces, su acción es menor con el correr de los días. De hecho cuando se fumiga se recomienda que los trabajadores no se expongan en un plazo que va desde las 48 a las 72 horas.
En el caso de este espejo de agua, que tiene un drenaje muy poco caudaloso hacia un pequeño brazo del río, se recomienda que no se utilice al menos por unos 30 días más. En las personas, el polisulfuro que se ha asentado en el lecho de la laguna puede generar irritaciones en la piel y en los ojos.
Por ahora la hipótesis más firme es que en el lugar se lavó maquinaria que tenía el producto.
Ante esto surgieron dos inquietudes en la población: la primera; saber si los productores cumplen con los protocolos obligatorios para el manejo de agroquímicos, lavado de máquinas y disposición de envases. Y la segunda, qué organismo hace cumplir estas normas.
Es que si bien existen multas y penas, la jurisdicción o quién aplica la ley parecen diluirse en una serie de responsabilidades no especificas.
En este caso han intervenido la Uresa, la policía, y también deberían hacerlo el Departamento Provincial de Aguas y Medio Ambiente de la provincia.
La laguna "Rosario Burgos", es un pequeño espejo de agua de 800 metros de largo, que alcanza 50 metros de ancho. Esta ubicada sobre el ingreso al parque ceferiniano, a mano derecha. Allí se realiza canotaje, pesca, y hasta avistaje de aves.
Hace poco más de una semana, una extraña mancha blanco amarillenta cubrió parte de su superficie. Poco después la aparición de peces y aves muertas hizo que se dispararan las alarmas en el municipio, que puso en conocimiento de esto a la Uresa y la policía.
En ese momento, el presidente del Concejo Deliberante, Cristian Sepúlveda sostuvo que es "es un hecho grave. Es un desastre". Señaló que se realizó una denuncia penal y se le dio intervención al área especializada en este tipo de situaciones de la zona sanitaria del Valle Medio. "Sabemos dos empresas de la zona denunciaron el robo de agroquímicos y creemos que puede venir por ese lado" indicó Sepúlveda en diálogo con este medio.
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Nación dice que clausura de Dioxitek es política
Desde la Nación creen que la clausura de Dioxitek es política
Fecha de Publicación: 12/11/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Fuentes cercanas a la Cnea le achacan la responsabilidad a la gestión de Mestre. Dicen que está en riesgo la provisión de combustible a las plantas atómicas.
Buenos Aires. La clausura de la planta de Dioxitek en el barrio Alta Córdoba es una decisión estrictamente política del gobierno de Ramón Mestre, según la evaluación de fuentes cercanas a la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea).
Lo hicieron tras el cierre de la planta, luego de cumplirse el plazo de la última prórroga que se había firmado con el municipio.
“Dioxitek es la única planta del Estado en Alta Córdoba”, dijeron esas fuentes consultadas por La Voz del Interior . “Si fuera por el riesgo que supone, también hay otras plantas en ese barrio que deberían haber sido clausuradas y después verificarse, una por una, si realmente son peligrosas. Fue una decisión política”.
La evaluación se produjo ayer, en el segundo día en el que fueron vanos los intentos por obtener alguna información del Ministerio de Planificación Federal, del que depende la Cnea y, en consecuencia, Dioxitek. Tampoco pudo establecerse si desde la clausura hubo comunicación entre el titular de esa cartera, Julio De Vido, y el intendente capitalino, Ramón Mestre.
Las mismas fuentes aseguraron que la prolongación de la clausura de la planta procesadora de dióxido de uranio puede poner en riesgo el funcionamiento de las centrales nucleares Atucha I y II y Embalse. Dioxitek es la única productora del combustible para esas tres centrales que generan electricidad para 7 millones de personas, dijeron. “Si la clausura se extiende –estimaron–, a los tres meses las centrales dejarán de funcionar”.
Tampoco es una tarea sencilla la importación del dióxido de uranio. Podría hacerse desde Canadá, pero tendría que producirse un combustible igual al de Dioxitek, para el que están adecuadas las centrales nucleares. Además, una clausura prolongada de la planta de Alta Córdoba afectaría las exportaciones del material a India, Perú, Egipto y Australia.
“Pero por sobre todo –subrayaron las fuentes– está la decisión no sólo económica sino también de soberanía política de parte del Gobierno nacional de realizar en el país el ciclo completo de combustible nuclear por el altísimo valor agregado que conlleva”.
Formosa, lejos
El reemplazo de Dioxitek por una planta en el Polo Científico Tecnológico de Formosa, por otra parte, es una tarea que, según las fuentes, demandaría “entre dos y tres años, desde su construcción hasta su puesta en funcionamiento”. La semana pasada se aprobó el primer estudio de impacto ambiental, y en los últimos meses se retomaron a nivel diplomático las conversaciones con el gobierno de Paraguay, pese a no requerirse de su aprobación porque no se trata de una planta nuclear.
“No tiene sentido técnico, sino estrictamente político”, remataron las fuentes sobre la clausura de Dioxitek.
Incertidumbre
Futuro laboral. Los empleados de la planta de elaboración de dióxido de uranio clausurada el lunes por la Municipalidad de Córdoba afirmaron que se encuentran en medio de la incertidumbre, y que analizan realizar medidas de fuerza.
Preocupación. La medida puso en vilo a 140 trabajadores de la planta, a los que se suman otros 160 de empresas tercerizadas que brindan servicio en las instalaciones, ubicadas en Rodríguez Peña al 3200. Alberto Castro, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Dioxitek, sostuvo que desde la firma les dijeron que los puestos de trabajo no se perderán.
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Fecha de Publicación: 12/11/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Fuentes cercanas a la Cnea le achacan la responsabilidad a la gestión de Mestre. Dicen que está en riesgo la provisión de combustible a las plantas atómicas.
Buenos Aires. La clausura de la planta de Dioxitek en el barrio Alta Córdoba es una decisión estrictamente política del gobierno de Ramón Mestre, según la evaluación de fuentes cercanas a la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea).
Lo hicieron tras el cierre de la planta, luego de cumplirse el plazo de la última prórroga que se había firmado con el municipio.
“Dioxitek es la única planta del Estado en Alta Córdoba”, dijeron esas fuentes consultadas por La Voz del Interior . “Si fuera por el riesgo que supone, también hay otras plantas en ese barrio que deberían haber sido clausuradas y después verificarse, una por una, si realmente son peligrosas. Fue una decisión política”.
La evaluación se produjo ayer, en el segundo día en el que fueron vanos los intentos por obtener alguna información del Ministerio de Planificación Federal, del que depende la Cnea y, en consecuencia, Dioxitek. Tampoco pudo establecerse si desde la clausura hubo comunicación entre el titular de esa cartera, Julio De Vido, y el intendente capitalino, Ramón Mestre.
Las mismas fuentes aseguraron que la prolongación de la clausura de la planta procesadora de dióxido de uranio puede poner en riesgo el funcionamiento de las centrales nucleares Atucha I y II y Embalse. Dioxitek es la única productora del combustible para esas tres centrales que generan electricidad para 7 millones de personas, dijeron. “Si la clausura se extiende –estimaron–, a los tres meses las centrales dejarán de funcionar”.
Tampoco es una tarea sencilla la importación del dióxido de uranio. Podría hacerse desde Canadá, pero tendría que producirse un combustible igual al de Dioxitek, para el que están adecuadas las centrales nucleares. Además, una clausura prolongada de la planta de Alta Córdoba afectaría las exportaciones del material a India, Perú, Egipto y Australia.
“Pero por sobre todo –subrayaron las fuentes– está la decisión no sólo económica sino también de soberanía política de parte del Gobierno nacional de realizar en el país el ciclo completo de combustible nuclear por el altísimo valor agregado que conlleva”.
Formosa, lejos
El reemplazo de Dioxitek por una planta en el Polo Científico Tecnológico de Formosa, por otra parte, es una tarea que, según las fuentes, demandaría “entre dos y tres años, desde su construcción hasta su puesta en funcionamiento”. La semana pasada se aprobó el primer estudio de impacto ambiental, y en los últimos meses se retomaron a nivel diplomático las conversaciones con el gobierno de Paraguay, pese a no requerirse de su aprobación porque no se trata de una planta nuclear.
“No tiene sentido técnico, sino estrictamente político”, remataron las fuentes sobre la clausura de Dioxitek.
Incertidumbre
Futuro laboral. Los empleados de la planta de elaboración de dióxido de uranio clausurada el lunes por la Municipalidad de Córdoba afirmaron que se encuentran en medio de la incertidumbre, y que analizan realizar medidas de fuerza.
Preocupación. La medida puso en vilo a 140 trabajadores de la planta, a los que se suman otros 160 de empresas tercerizadas que brindan servicio en las instalaciones, ubicadas en Rodríguez Peña al 3200. Alberto Castro, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Dioxitek, sostuvo que desde la firma les dijeron que los puestos de trabajo no se perderán.
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La ley de semillas y la privatización de biodiversidad
“El anteproyecto de ley de semillas posibilita una mayor privatización de la biodiversidad nativa”
Fecha de Publicación: 11/11/2014
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
Entrevista a Tamara Perelmuter. Consultada por la nueva ley de semillas que impulsa el oficialismo, la politóloga advierte que su sanción profundizará la expropiación y la privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre en Argentina. Además, fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley, considerándolos delitos penales.
Licenciada en Ciencia Política, docente de la materia Sociología Rural de la UBA, militante de Patria Grande y miembro de la campaña "No a la nueva ley “Monsanto” de semillas en Argentina"
¿Cuáles son los puntos más importantes del proyecto de ley que los impulsa a organizarse y lanzar esta campaña en contra de su sanción?, ¿por qué la denominan ley “Monsanto”?
Contrariamente a lo que el nombre pareciera sugerir, las leyes de semillas que se están impulsando en la mayoría de nuestros países no tienen el objetivo de proteger a las semillas sino de otorgar derechos de propiedad intelectual sobre las mismas, aplicando los Derechos de Obtentor (derecho que se le otorga a quienes produjeran variedades mejoradas de semillas agrícolas para explotar en exclusividad el material de reproducción de la variedad, pero no alcanza al producto obtenido); y permitiendo de esta forma su apropiación, privatización y monopolización.
Las actuales leyes de semillas hacen ilegales a las semillas criollas y nativas y criminalizan a quienes han sido históricamente sus creadores, cuidadores y criadores. Además, permiten que las empresas se apropien de las semillas campesinas al permitir el registro de variedades “descubiertas”, lo que además de ser absurdo desde el punto de vista de los supuestos principios de la propiedad intelectual (que dice privatizar sólo lo inventado), es un absurdo en el ámbito de las semillas ya que toda variedad vegetal es obra humana. En otras palabras, las nuevas leyes permiten a las empresas o centros de investigación apropiarse del trabajo ajeno, más específicamente de las semillas campesinas.
En el caso de Argentina, lo que está en discusión es la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, que es del año 1973, cuyo última revisión del reglamento es de 1991. Condensa en un mismo cuerpo legal todo lo referido a producción, certificación y comercialización de semillas por un lado; y la protección de la propiedad intelectual en semillas por el otro.
El anteproyecto de Ley que se está discutiendo a puertas cerradas en el Ministerio de Agricultura responde a una avanzada en varios sentidos: 1) avanza sobre el denominado “uso propio” de las semillas, al limitar la posibilidad de “guardar semilla” para la siguiente cosecha, derecho básico de los agricultores y fundamento de toda agricultura. El anteproyecto remarca que sólo podrán hacer uso de esta prerrogativa los denominados agricultores exceptuados, quienes deben estar debidamente inscriptos en el Registro Nacional de Usuarios de Semillas; 2) ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semillas libremente a partir de la cosecha anterior. Según el anteproyecto de ley, solamente podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en el Registro Nacional de Usuarios de Semillas; 3) abre las puertas para que se profundicen la expropiación y la privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El anteproyecto de ley hace posible una mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir sobre todas las especies vegetales los llamados derechos de obtentor, es decir, cierta forma de propiedad intelectual sobre las semillas que permite a quien “desarrolla” una nueva variedad de semilla tener el control sobre la misma durante una cantidad de años; 4) el Proyecto fortalece aún más la posibilidad de apropiación al extender por veinte años el derecho de obtentor; y, en particular, para el caso de vides, árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales, la duración de la protección es de veinticinco años; 5) fortalece un sistema policial para asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente y permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley considerándolos, además, delitos penales.
¿Quién elaboró este proyecto de ley?, ¿se convocó a los diversos sectores interesados a participar en su redacción?
Desde 2003 existen intentos por transformar nuevamente la Ley de Semillas, con la intención de brindarle mayor certidumbre a las empresas recortando derechos de los productores. El 2012 fue una año con varias novedades al respecto. Por un lado, la empresa Monsanto anunció que se instalará en la provincia de Córdoba para instalar una de las plantas más grandes de América Latina en la localidad de Malvinas, a 12 kilómetros de la capital cordobesa. Por otro lado, la misma empresa presentó junto al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, la nueva tecnología en soja Intacta RR2, que fue modificada genéticamente por Monsanto para lograr un cultivo que, como su antecesor, será resistente al glifosato (el más popular herbicida) y le agregará resistencia al ataque de insectos. Finalmente, en la misma conferencia, el ministro anunció que desde el Gobierno nacional se está trabajando en una nueva Ley de Semillas para reforzar los derechos de propiedad intelectual de biotecnología agrícola. Se inició así un proceso de negociaciones en el marco de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE), en las que participaron miembros de organismos públicos (INTA, INASE, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca), del sector privado (ASA, CASEM, AACREA, AAPRESID) y de las entidades de productores agrarios (Federación Agraria, Sociedad Rural, Coninagro y CRA).
El nuevo texto tuvo desde el primer momento la opinión favorable de la industria semillera, de la AAPRESID y también de la AACREA, de la Sociedad Rural Argentina, de CRA y de Coninagro, aunque estas últimas con algunas objeciones. La Federación Agraria, en cambio, formuló su rechazo y se retiró de la mesa de negociaciones. Otros actores vinculados a las semillas, como las organizaciones campesinas e indígenas, o aquellas relacionadas con la denominada agricultura familiar, no fueron consultadas ni incorporadas formalmente al debate. Para fines de 2012, las negociaciones estaban estancadas.
En mayo de 2014, la Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura del Ministerio de Agricultura, Carla Campos Bilbao, presentó un nuevo anteproyecto de Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, en el marco de unas jornadas de la que participaron varias organizaciones campesinas y de pequeños productores de todo el país. Respecto de una versión anterior, el nuevo borrador incorpora artículos en relación a las especies nativas y criollas, agricultura familiar y pueblos originarios y su vínculo con el resto de la ley. En relación a las semillas criollas, el anteproyecto plantea que es facultad del Instituto Nacional de Semillas (INASE) regular la producción y el comercio de semillas de las especies nativas y criollas. En cuanto a la agricultura familiar y pueblos originarios, se debe tener presente que este capítulo se introduce fundamentalmente para poder aplicar las excepciones que plantea el anteproyecto de ley en su artículo 32 y que parece ser una especie de consuelo para que los agricultores acepten el cercenamiento al uso propio de las semillas.
¿Qué tipo de organizaciones nuclea la Campaña?, ¿qué acciones de protesta están llevando a cabo?
Somos organizaciones sociales, políticas, socioambientales y campesinas y nuestras mayores acciones hoy se centran en difundir la problemática haciendo charlas, talleres, volanteadas, radios abiertas y todo lo que sea necesario en ese sentido. Estamos haciendo una campaña de fotos en las redes sociales con la leyenda No a la nueva ley “Monsanto” de semillas en Argentina. Y estamos organizando, junto a otras organizaciones que no son de la campaña, una jornada pública de debate en el Congreso Nacional para discutir las leyes de semillas y el modelo productivo.
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Fecha de Publicación: 11/11/2014
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
Entrevista a Tamara Perelmuter. Consultada por la nueva ley de semillas que impulsa el oficialismo, la politóloga advierte que su sanción profundizará la expropiación y la privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre en Argentina. Además, fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley, considerándolos delitos penales.
Licenciada en Ciencia Política, docente de la materia Sociología Rural de la UBA, militante de Patria Grande y miembro de la campaña "No a la nueva ley “Monsanto” de semillas en Argentina"
¿Cuáles son los puntos más importantes del proyecto de ley que los impulsa a organizarse y lanzar esta campaña en contra de su sanción?, ¿por qué la denominan ley “Monsanto”?
Contrariamente a lo que el nombre pareciera sugerir, las leyes de semillas que se están impulsando en la mayoría de nuestros países no tienen el objetivo de proteger a las semillas sino de otorgar derechos de propiedad intelectual sobre las mismas, aplicando los Derechos de Obtentor (derecho que se le otorga a quienes produjeran variedades mejoradas de semillas agrícolas para explotar en exclusividad el material de reproducción de la variedad, pero no alcanza al producto obtenido); y permitiendo de esta forma su apropiación, privatización y monopolización.
Las actuales leyes de semillas hacen ilegales a las semillas criollas y nativas y criminalizan a quienes han sido históricamente sus creadores, cuidadores y criadores. Además, permiten que las empresas se apropien de las semillas campesinas al permitir el registro de variedades “descubiertas”, lo que además de ser absurdo desde el punto de vista de los supuestos principios de la propiedad intelectual (que dice privatizar sólo lo inventado), es un absurdo en el ámbito de las semillas ya que toda variedad vegetal es obra humana. En otras palabras, las nuevas leyes permiten a las empresas o centros de investigación apropiarse del trabajo ajeno, más específicamente de las semillas campesinas.
En el caso de Argentina, lo que está en discusión es la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, que es del año 1973, cuyo última revisión del reglamento es de 1991. Condensa en un mismo cuerpo legal todo lo referido a producción, certificación y comercialización de semillas por un lado; y la protección de la propiedad intelectual en semillas por el otro.
El anteproyecto de Ley que se está discutiendo a puertas cerradas en el Ministerio de Agricultura responde a una avanzada en varios sentidos: 1) avanza sobre el denominado “uso propio” de las semillas, al limitar la posibilidad de “guardar semilla” para la siguiente cosecha, derecho básico de los agricultores y fundamento de toda agricultura. El anteproyecto remarca que sólo podrán hacer uso de esta prerrogativa los denominados agricultores exceptuados, quienes deben estar debidamente inscriptos en el Registro Nacional de Usuarios de Semillas; 2) ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semillas libremente a partir de la cosecha anterior. Según el anteproyecto de ley, solamente podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en el Registro Nacional de Usuarios de Semillas; 3) abre las puertas para que se profundicen la expropiación y la privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El anteproyecto de ley hace posible una mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir sobre todas las especies vegetales los llamados derechos de obtentor, es decir, cierta forma de propiedad intelectual sobre las semillas que permite a quien “desarrolla” una nueva variedad de semilla tener el control sobre la misma durante una cantidad de años; 4) el Proyecto fortalece aún más la posibilidad de apropiación al extender por veinte años el derecho de obtentor; y, en particular, para el caso de vides, árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales, la duración de la protección es de veinticinco años; 5) fortalece un sistema policial para asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente y permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley considerándolos, además, delitos penales.
¿Quién elaboró este proyecto de ley?, ¿se convocó a los diversos sectores interesados a participar en su redacción?
Desde 2003 existen intentos por transformar nuevamente la Ley de Semillas, con la intención de brindarle mayor certidumbre a las empresas recortando derechos de los productores. El 2012 fue una año con varias novedades al respecto. Por un lado, la empresa Monsanto anunció que se instalará en la provincia de Córdoba para instalar una de las plantas más grandes de América Latina en la localidad de Malvinas, a 12 kilómetros de la capital cordobesa. Por otro lado, la misma empresa presentó junto al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, la nueva tecnología en soja Intacta RR2, que fue modificada genéticamente por Monsanto para lograr un cultivo que, como su antecesor, será resistente al glifosato (el más popular herbicida) y le agregará resistencia al ataque de insectos. Finalmente, en la misma conferencia, el ministro anunció que desde el Gobierno nacional se está trabajando en una nueva Ley de Semillas para reforzar los derechos de propiedad intelectual de biotecnología agrícola. Se inició así un proceso de negociaciones en el marco de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE), en las que participaron miembros de organismos públicos (INTA, INASE, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca), del sector privado (ASA, CASEM, AACREA, AAPRESID) y de las entidades de productores agrarios (Federación Agraria, Sociedad Rural, Coninagro y CRA).
El nuevo texto tuvo desde el primer momento la opinión favorable de la industria semillera, de la AAPRESID y también de la AACREA, de la Sociedad Rural Argentina, de CRA y de Coninagro, aunque estas últimas con algunas objeciones. La Federación Agraria, en cambio, formuló su rechazo y se retiró de la mesa de negociaciones. Otros actores vinculados a las semillas, como las organizaciones campesinas e indígenas, o aquellas relacionadas con la denominada agricultura familiar, no fueron consultadas ni incorporadas formalmente al debate. Para fines de 2012, las negociaciones estaban estancadas.
En mayo de 2014, la Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura del Ministerio de Agricultura, Carla Campos Bilbao, presentó un nuevo anteproyecto de Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, en el marco de unas jornadas de la que participaron varias organizaciones campesinas y de pequeños productores de todo el país. Respecto de una versión anterior, el nuevo borrador incorpora artículos en relación a las especies nativas y criollas, agricultura familiar y pueblos originarios y su vínculo con el resto de la ley. En relación a las semillas criollas, el anteproyecto plantea que es facultad del Instituto Nacional de Semillas (INASE) regular la producción y el comercio de semillas de las especies nativas y criollas. En cuanto a la agricultura familiar y pueblos originarios, se debe tener presente que este capítulo se introduce fundamentalmente para poder aplicar las excepciones que plantea el anteproyecto de ley en su artículo 32 y que parece ser una especie de consuelo para que los agricultores acepten el cercenamiento al uso propio de las semillas.
¿Qué tipo de organizaciones nuclea la Campaña?, ¿qué acciones de protesta están llevando a cabo?
Somos organizaciones sociales, políticas, socioambientales y campesinas y nuestras mayores acciones hoy se centran en difundir la problemática haciendo charlas, talleres, volanteadas, radios abiertas y todo lo que sea necesario en ese sentido. Estamos haciendo una campaña de fotos en las redes sociales con la leyenda No a la nueva ley “Monsanto” de semillas en Argentina. Y estamos organizando, junto a otras organizaciones que no son de la campaña, una jornada pública de debate en el Congreso Nacional para discutir las leyes de semillas y el modelo productivo.
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Decomisan 100 toneladas de Palo Santo
Chaco: 100 toneladas de Palo Santo acopiados en un galpón
Fecha de Publicación: 11/11/2014
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: Chaco
Una gran cantidad de madera fue hallada en una fábrica abonada en las afueras de la ciudad de Sáenz Peña
Inspectores de la Dirección de Bosques detectaron el acopio de una gran cantidad de madera en un galpón abonado, donde antes funcionaba la fábrica Narampol, a las afuera de la ciudad de Sáenz Peña. Con los datos en manos arribaron al lugar inspectores de la Dirección de Bosques, para constatar el hallazgo y proceder en consecuencia
Este procedimiento y el resultado del mismo fue posible gracias al trabajo que realizaron los inspectores de la Dirección de Bosques entre ellos Pedro Gutiérrez quien dedicó muchas hora de su tiempo para investigar y descubrir el procedimiento que utilizaba esta gente para no ser descubierto, para lo cual los camiones debieron ingresar cerrados con los acoplados totalmente tapados para no ser detectados y poder acopiarlos en este lugar.
Pedro Gutiérrez, el inspector que manejaba la información del acopio, trabajó durante tres meses para detectar esta irregularidad, trabajo que significó no solo seguimiento, sino también guardias para detectar el ingreso y egreso de los camiones y la comprobación fehaciente de que en ese lugar se estaba bajando madera para su acopio, una madera muy precisada y cara.
Según explicó el ingeniero Arroyo, esta madera, cuyos algunos ejemplares datan de entre 79 a 25 años, fueron traídas de la zona de Misión Nueva Pompeya y probablemente tenía como destino la exportación. Llamó la atención la forma en que se produjo el acopio de este material, aseguraron los técnicos que de los años que trabajan al frente de al Dirección de Bosques era la primera vez que veían este tipo de accionar, para ocultar la madera y acopiarlas de esta forma, una nueva modalidad, seguramente por el tipo de madera, ya que se trata de una madera muy preciada y cara que se está cuidando mucho porque se tiende a la extinción de la misma.
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Fecha de Publicación: 11/11/2014
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: Chaco
Una gran cantidad de madera fue hallada en una fábrica abonada en las afueras de la ciudad de Sáenz Peña
Inspectores de la Dirección de Bosques detectaron el acopio de una gran cantidad de madera en un galpón abonado, donde antes funcionaba la fábrica Narampol, a las afuera de la ciudad de Sáenz Peña. Con los datos en manos arribaron al lugar inspectores de la Dirección de Bosques, para constatar el hallazgo y proceder en consecuencia
Este procedimiento y el resultado del mismo fue posible gracias al trabajo que realizaron los inspectores de la Dirección de Bosques entre ellos Pedro Gutiérrez quien dedicó muchas hora de su tiempo para investigar y descubrir el procedimiento que utilizaba esta gente para no ser descubierto, para lo cual los camiones debieron ingresar cerrados con los acoplados totalmente tapados para no ser detectados y poder acopiarlos en este lugar.
Pedro Gutiérrez, el inspector que manejaba la información del acopio, trabajó durante tres meses para detectar esta irregularidad, trabajo que significó no solo seguimiento, sino también guardias para detectar el ingreso y egreso de los camiones y la comprobación fehaciente de que en ese lugar se estaba bajando madera para su acopio, una madera muy precisada y cara.
Según explicó el ingeniero Arroyo, esta madera, cuyos algunos ejemplares datan de entre 79 a 25 años, fueron traídas de la zona de Misión Nueva Pompeya y probablemente tenía como destino la exportación. Llamó la atención la forma en que se produjo el acopio de este material, aseguraron los técnicos que de los años que trabajan al frente de al Dirección de Bosques era la primera vez que veían este tipo de accionar, para ocultar la madera y acopiarlas de esta forma, una nueva modalidad, seguramente por el tipo de madera, ya que se trata de una madera muy preciada y cara que se está cuidando mucho porque se tiende a la extinción de la misma.
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Hierro Indio, proyecto minero a votación
Minería: llegó la hora de la votación
Fecha de Publicación: 11/11/2014
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El proyecto minero se tratará en la sesión de la semana que viene, ya que el debate en comisiones se considera cerrado. El PJ pretende aprobarlo, pero tiene en contra al radicalismo y a un intendente propio: Juan Carlos de Paolo, de General Alvear.
El Senado provincial votará la semana próxima el proyecto Hierro Indio, que tendrá una definición muy reñida en el recinto.
A este acuerdo arribaron peronistas y radicales a lo largo de una jornada en la que, a pesar de definirse la fecha para tratar el proyecto, se confirmaron las diferencias entre los principales partidos.
El PJ quiere que se apruebe la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que habilita la exploración de una zona de Malargüe en búsqueda de hierro. La UCR, en cambio, decidió ayer que pedirá que la DIA vuelva al Poder Ejecutivo para incluir un informe sectorial de General Alvear. Este es un pedido del intendente del departamento sureño, Juan Carlos de Paolo, quien se ha convertido en un obstáculo duro para el proyecto, a pesar de pertenecer al justicialismo.
Así de enredada quedó la discusión de la minería. Ayer hubo reunión de comisiones en el Senado. Los radicales evacuaron algunas dudas, pero volvieron a pedir que se cumpla el artículo 5 de la ley 7722. Ese artículo dice que "la autoridad de aplicación garantizará, en todo proceso de evaluación del proceso de impacto ambiental, la participación de los municipios de las cuencas hídricas y aquellas regiones que se manifiesten como tales, afectadas por el proyecto respectivo".
Se trata de un párrafo en el cual se origina el reclamo del intendente De Paolo, que reclama participación debido a que Alvear ocupa la misma cuenca que Malargüe: la del río Atuel. Esto quiere decir que el grueso de los radicales y el intendente De Paolo se han convertido en aliados en este pedido.
El jefe del bloque de senadores del justicialismo, Fernando Simón, cree en cambio que Alvear no puede reclamar participación en el expediente porque su departamento no resultará afectado por esta etapa del proyecto. Por lo tanto, rechaza la vuelta de la DIA al Ejecutivo, como piden los radicales y De Paolo.
Estancados
Como el debate se estancó en este punto, radicales y peronistas definieron ayer que Hierro Indio se discutirá la semana que viene en el recinto, con o sin despacho de comisión.
Así lo confirmó Gerardo del Río, jefe del bloque de senadores de la UCR, al final de una jornada que incluyó una reunión en la sede del partido para discutir la minería, entre otros temas.
Este arreglo tiene un punto a favor para el PJ: evitará que el oficialismo deba conseguir los dos tercios de los votos para el tratamiento de Hierro Indio en el recinto.
Ahora, respecto de la votación, en la que solo hará falta que alguna de las dos posturas obtenga la mitad más uno para imponerse, el final por ahora no se puede anticipar.
El PJ tiene 18 representantes y puede sumar 19 votos en total si suma el del legislador de Unidad Popular, Néstor Márquez. Pero el oficialismo no descarta que el bloque se divida por las posiciones encontradas que genera la minería.
La UCR, por su parte, tiene 16 representantes y su conductor, Del Río, sostiene que la mayoría ya decidió que votará en contra de Hierro Indio.
En este escenario tendrán mucho peso los votos del PRO, el FIT y el Frente Renovador, que tienen un representante cada uno en el Senado.
De pasar el filtro de la Cámara Alta, el proyecto todavía deberá discutirse en Diputados.
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Fecha de Publicación: 11/11/2014
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El proyecto minero se tratará en la sesión de la semana que viene, ya que el debate en comisiones se considera cerrado. El PJ pretende aprobarlo, pero tiene en contra al radicalismo y a un intendente propio: Juan Carlos de Paolo, de General Alvear.
El Senado provincial votará la semana próxima el proyecto Hierro Indio, que tendrá una definición muy reñida en el recinto.
A este acuerdo arribaron peronistas y radicales a lo largo de una jornada en la que, a pesar de definirse la fecha para tratar el proyecto, se confirmaron las diferencias entre los principales partidos.
El PJ quiere que se apruebe la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que habilita la exploración de una zona de Malargüe en búsqueda de hierro. La UCR, en cambio, decidió ayer que pedirá que la DIA vuelva al Poder Ejecutivo para incluir un informe sectorial de General Alvear. Este es un pedido del intendente del departamento sureño, Juan Carlos de Paolo, quien se ha convertido en un obstáculo duro para el proyecto, a pesar de pertenecer al justicialismo.
Así de enredada quedó la discusión de la minería. Ayer hubo reunión de comisiones en el Senado. Los radicales evacuaron algunas dudas, pero volvieron a pedir que se cumpla el artículo 5 de la ley 7722. Ese artículo dice que "la autoridad de aplicación garantizará, en todo proceso de evaluación del proceso de impacto ambiental, la participación de los municipios de las cuencas hídricas y aquellas regiones que se manifiesten como tales, afectadas por el proyecto respectivo".
Se trata de un párrafo en el cual se origina el reclamo del intendente De Paolo, que reclama participación debido a que Alvear ocupa la misma cuenca que Malargüe: la del río Atuel. Esto quiere decir que el grueso de los radicales y el intendente De Paolo se han convertido en aliados en este pedido.
El jefe del bloque de senadores del justicialismo, Fernando Simón, cree en cambio que Alvear no puede reclamar participación en el expediente porque su departamento no resultará afectado por esta etapa del proyecto. Por lo tanto, rechaza la vuelta de la DIA al Ejecutivo, como piden los radicales y De Paolo.
Estancados
Como el debate se estancó en este punto, radicales y peronistas definieron ayer que Hierro Indio se discutirá la semana que viene en el recinto, con o sin despacho de comisión.
Así lo confirmó Gerardo del Río, jefe del bloque de senadores de la UCR, al final de una jornada que incluyó una reunión en la sede del partido para discutir la minería, entre otros temas.
Este arreglo tiene un punto a favor para el PJ: evitará que el oficialismo deba conseguir los dos tercios de los votos para el tratamiento de Hierro Indio en el recinto.
Ahora, respecto de la votación, en la que solo hará falta que alguna de las dos posturas obtenga la mitad más uno para imponerse, el final por ahora no se puede anticipar.
El PJ tiene 18 representantes y puede sumar 19 votos en total si suma el del legislador de Unidad Popular, Néstor Márquez. Pero el oficialismo no descarta que el bloque se divida por las posiciones encontradas que genera la minería.
La UCR, por su parte, tiene 16 representantes y su conductor, Del Río, sostiene que la mayoría ya decidió que votará en contra de Hierro Indio.
En este escenario tendrán mucho peso los votos del PRO, el FIT y el Frente Renovador, que tienen un representante cada uno en el Senado.
De pasar el filtro de la Cámara Alta, el proyecto todavía deberá discutirse en Diputados.
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Catamarca llama a presentar proyectos de Bosques
Convocatoria anual de Proyectos de Bosques Nativos
Fecha de Publicación: 10/11/2014
Fuente: Diario C
Provincia/Región: Catamarca
La Dirección Provincial de Bosques Nativos, dependiente de la Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable, informa que a partir del lunes 10 de noviembre, y hasta el viernes 5 de diciembre próximo, se encuentra abierta la convocatoria del período 2015, para la presentación de proyectos de bosques nativos, para ser financiados por el Fondo Nacional de Compensación de Bosques Nativos.
Estos proyectos, que incluyen diferentes modalidades, tales como conservación, manejo sostenible, o formulación, con distintos tipos a su vez de cada uno, deberán ser presentados en los formularios que deben solicitarse en las oficinas de la Dirección Provincial de Bosques Nativos, junto con la documentación que se indicará en el respectivo instructivo que se entrega allí.
La atención al público, para consultas y solicitud de formularios y condiciones para la presentación de proyectos, se realiza en las oficinas de la Dirección mencionada, ubicadas en el pabellón 1 del CAPE, en horario de 8 a 12 hs.
La presentación de proyectos deberá hacerse en la oficina citada, impresa en papel y en formato digital, por lo que se recomienda a los propietarios de campos y técnicos responsables que se asesoren correctamente en la Dirección Provincial de Bosques Nativos, antes de la presentación final.
Por otra parte, también se informa que los formularios para la presentación de proyectos y sus instructivos podrán leerse en la página web de la Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable (www.ambiente.catamarca.gov.ar).
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Fecha de Publicación: 10/11/2014
Fuente: Diario C
Provincia/Región: Catamarca
La Dirección Provincial de Bosques Nativos, dependiente de la Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable, informa que a partir del lunes 10 de noviembre, y hasta el viernes 5 de diciembre próximo, se encuentra abierta la convocatoria del período 2015, para la presentación de proyectos de bosques nativos, para ser financiados por el Fondo Nacional de Compensación de Bosques Nativos.
Estos proyectos, que incluyen diferentes modalidades, tales como conservación, manejo sostenible, o formulación, con distintos tipos a su vez de cada uno, deberán ser presentados en los formularios que deben solicitarse en las oficinas de la Dirección Provincial de Bosques Nativos, junto con la documentación que se indicará en el respectivo instructivo que se entrega allí.
La atención al público, para consultas y solicitud de formularios y condiciones para la presentación de proyectos, se realiza en las oficinas de la Dirección mencionada, ubicadas en el pabellón 1 del CAPE, en horario de 8 a 12 hs.
La presentación de proyectos deberá hacerse en la oficina citada, impresa en papel y en formato digital, por lo que se recomienda a los propietarios de campos y técnicos responsables que se asesoren correctamente en la Dirección Provincial de Bosques Nativos, antes de la presentación final.
Por otra parte, también se informa que los formularios para la presentación de proyectos y sus instructivos podrán leerse en la página web de la Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable (www.ambiente.catamarca.gov.ar).
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Córdoba: hoy clausurarían complejo nuclear
El municipio cerrará hoy la planta de Dioxitek
Fecha de Publicación: 10/11/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Está previsto que hoy inhabilite la planta. Funam criticó la clausura "tardía" de la planta.
La Municipalidad de Córdoba dice que cualquier relación entre la clausura de la planta de la empresa Dioxitek, prevista para hoy, y la explosión del depósito de la firma Raponi Industrial Química, ambas ubicadas en Alta Córdoba, es mera coincidencia.
La planta de tratamiento de dióxido de uranio está ubicada a sólo tres cuadras del depósito de químicos que estalló el jueves pasado, ocasionando destrozos estructurales en una veintena de casas, además de dos heridos graves. Dioxitek está ubicada en Rodríguez Peña 3250 y el depósito en Avellaneda 2971.
La planta de tratamiento de uranio provee a las centrales nucleares de un insumo vital. "A través de un proceso químico que purifica el mineral de uranio, Dioxitek cumple una función de gran importancia en el Ciclo del Combustible Nuclear que utilizan las centrales Atucha I y II y Embalse. La energía generada por estas tres centrales abastece en la actualidad a 1 de cada 10 lamparitas eléctricas utilizadas por las familias argentinas", señala la firma en su sitio de Internet.
La planta ya fue clausurada varias veces. Se aguarda su traslado a la provincia de Formosa y la posterior remediación del terreno de Alta Córdoba.
“El plazo se venció el 8 de noviembre. Ellos consiguieron poder radicarse en Formosa, se acabó el tiempo y Dioxitek se cierra, y con esto cerramos una historia de vieja data. Habrá que ver cómo se va desmantelando ese espacio físico que fue ocupado por esa fábrica”, explicó esta mañana el secretario de Gobierno municipal, Javier Bee Sellares.
Al ser consultado sobre la posible "judicialización" de la clausura y traslado de la planta, respondió: “Es difícil darle la respuesta. Hace 45 días se hizo una inspección. Queda claro que comenzará a ser otra historia futura”.
La faja de clausura llegará tal como lo indica el plazo de la última prórroga para su funcionamiento, que venció el viernes último, según informó la Municipalidad de Córdoba.
Ese día, el secretario de Control, Fiscalización y Convivencia Ciudadana del municipio, José Fernández, aseguró que se trataba de una medida definitiva. Y aclaró que la decisión no se relaciona con la explosión del depósito.
El funcionario municipal recordó a este diario que hace 45 días se realizó el último control por parte de Higiene y Seguridad, sin que se encontraran irregularidades. Pero anunció que hoy se cumpliría con la clausura definitiva.
Demora
El titular de Funam, Raúl Montenegro, consideró que la clausura de Dioxitek “llega con 19 años de atraso y tras 26 años de lucha”.
Montenegro dijo que desde 1988 Funam viene denunciando pública, administrativa y judicialmente la inseguridad, fallas y accidentes que tiene “esa obsoleta planta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea)”.
Según Montenegro, en esa planta se depositaban caóticamente y sin membrana 57.600 toneladas de residuos radiactivos de uranio. “La planta envió miles de tambores con basura radiactiva a San Rafael en Mendoza, que sufrió numerosos accidentes, incendios y hasta explosiones, que contaminaron la atmósfera de barrio Alta Córdoba y la colectora cloacal con uranio, todo ello en secreto, ante la inacción sistemática de las áreas de ambiente de la Provincia y de la Municipalidad de Córdoba”, señaló.
Además, el titular de Funam desvirtuó el comunicado de la Cnea, que sostiene que la planta de uranio jamás tuvo incidentes que afectaran a sus trabajadores y a los vecinos. “Dioxitek desde 1982 ha tenido sistemáticas fugas de gas amoníaco que los vecinos percibían no sólo por su olor característico, sino también por sus efectos”.
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Fecha de Publicación: 10/11/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Está previsto que hoy inhabilite la planta. Funam criticó la clausura "tardía" de la planta.
La Municipalidad de Córdoba dice que cualquier relación entre la clausura de la planta de la empresa Dioxitek, prevista para hoy, y la explosión del depósito de la firma Raponi Industrial Química, ambas ubicadas en Alta Córdoba, es mera coincidencia.
La planta de tratamiento de dióxido de uranio está ubicada a sólo tres cuadras del depósito de químicos que estalló el jueves pasado, ocasionando destrozos estructurales en una veintena de casas, además de dos heridos graves. Dioxitek está ubicada en Rodríguez Peña 3250 y el depósito en Avellaneda 2971.
La planta de tratamiento de uranio provee a las centrales nucleares de un insumo vital. "A través de un proceso químico que purifica el mineral de uranio, Dioxitek cumple una función de gran importancia en el Ciclo del Combustible Nuclear que utilizan las centrales Atucha I y II y Embalse. La energía generada por estas tres centrales abastece en la actualidad a 1 de cada 10 lamparitas eléctricas utilizadas por las familias argentinas", señala la firma en su sitio de Internet.
La planta ya fue clausurada varias veces. Se aguarda su traslado a la provincia de Formosa y la posterior remediación del terreno de Alta Córdoba.
“El plazo se venció el 8 de noviembre. Ellos consiguieron poder radicarse en Formosa, se acabó el tiempo y Dioxitek se cierra, y con esto cerramos una historia de vieja data. Habrá que ver cómo se va desmantelando ese espacio físico que fue ocupado por esa fábrica”, explicó esta mañana el secretario de Gobierno municipal, Javier Bee Sellares.
Al ser consultado sobre la posible "judicialización" de la clausura y traslado de la planta, respondió: “Es difícil darle la respuesta. Hace 45 días se hizo una inspección. Queda claro que comenzará a ser otra historia futura”.
La faja de clausura llegará tal como lo indica el plazo de la última prórroga para su funcionamiento, que venció el viernes último, según informó la Municipalidad de Córdoba.
Ese día, el secretario de Control, Fiscalización y Convivencia Ciudadana del municipio, José Fernández, aseguró que se trataba de una medida definitiva. Y aclaró que la decisión no se relaciona con la explosión del depósito.
El funcionario municipal recordó a este diario que hace 45 días se realizó el último control por parte de Higiene y Seguridad, sin que se encontraran irregularidades. Pero anunció que hoy se cumpliría con la clausura definitiva.
Demora
El titular de Funam, Raúl Montenegro, consideró que la clausura de Dioxitek “llega con 19 años de atraso y tras 26 años de lucha”.
Montenegro dijo que desde 1988 Funam viene denunciando pública, administrativa y judicialmente la inseguridad, fallas y accidentes que tiene “esa obsoleta planta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea)”.
Según Montenegro, en esa planta se depositaban caóticamente y sin membrana 57.600 toneladas de residuos radiactivos de uranio. “La planta envió miles de tambores con basura radiactiva a San Rafael en Mendoza, que sufrió numerosos accidentes, incendios y hasta explosiones, que contaminaron la atmósfera de barrio Alta Córdoba y la colectora cloacal con uranio, todo ello en secreto, ante la inacción sistemática de las áreas de ambiente de la Provincia y de la Municipalidad de Córdoba”, señaló.
Además, el titular de Funam desvirtuó el comunicado de la Cnea, que sostiene que la planta de uranio jamás tuvo incidentes que afectaran a sus trabajadores y a los vecinos. “Dioxitek desde 1982 ha tenido sistemáticas fugas de gas amoníaco que los vecinos percibían no sólo por su olor característico, sino también por sus efectos”.
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Neuquén frena su ley de ambiente
La ley local de ambiente, congelada
Fecha de Publicación: 10/11/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
El derrame de agua con hidrocarburos que afectó 120 metros cuadrados en el Parque Industrial de Neuquén, del que fue responsable la firma Indarsa, reactivó los interrogantes sobre los alcances y la rigurosidad de los controles ambientales en una industria de alto impacto ambiental, como lo es la petrolera. La Provincia cuenta con una Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible abocada al monitoreo y control de las actividades que puedan afectar el medioambiente.
Pese a que también concentra el poder punitivo para aplicar sanciones y multas ante daños ambientales, la intención del gobierno provincial es complementarla con una modificación a la actual norma incorporando los sucesivos decretos que se agregaron al glosario de la cartera desde el 2008 a esta parte y con especial énfasis a la actividad no convencional del petróleo.
La norma, que fue anunciada por el gobernador Jorge Sapag en la apertura de sesiones, ingresó a la Legislatura provincial, pero rápidamente quedó obturada por el debate nacional de la reforma a ley petrolera.
Los borradores iniciales, que enfrentaron a los gobernadores con YPF, contenían presupuestos ambientales mínimos. Sin embargo, y para alivianar las negociaciones, todos los apartados contextuales se terminaron quitando del texto final.
Incluso, en medio de la discusión nacional, Neuquén fue sede en mayo de una "reunión extraordinaria" del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), cuya intención era avanzar en el acuerdo de "los principios ambientales" comunes para la que sería la nueva norma ambiental. Los referentes nacionales y de las provincias recorrieron el yacimiento Loma Campana para interiorizarse en los desarrollos shale, que fue definido como el punto a incorporar en las nuevas normativas.
Con todo ese rodaje encima, la ley medioambiental puertas adentro quedó congelada a la espera de una norma nacional para los hidrocarburos. El mismo derrotero siguió un proyecto para una nueva legislación petrolera provincial, sólo que en este caso apenas un borrador posteriormente desautorizado fue todo lo que se avanzó.
Descartado el articulado medioambiental del proyecto nacional convertido en ley, se esperaba que la propuesta de la norma local recobrara impulso sobre todo ante el marco de inversiones intensivas que genera Vaca Muerta. Por el momento no hay indicios que indiquen que la propuesta lanzada el primero de marzo pueda tener éxito antes de fin de año.
El titular de Ambiente, Ricardo Esquivel, señaló que el proyecto de ley provincial para el área se encuentra en los despachos de la Cámara de Diputados. "Sabemos que se encuentra ingresado el proyecto, pero estamos realizando algunos ajustes porque según entendemos aún tenemos tiempo para sumar ciertos aportes", dijo Esquivel a "Río Negro Energía".
El titular de la cartera medioambiental asegura que no contar con una ley "no afecta en nada" el funcionamiento de la secretaría a la hora de los controles y el seguimiento de las actividades, principalmente hidrocarburíferas, que se incrementaron en los últimos 15 meses. De todos modos nada parece indicar que la norma pueda conseguir tratamiento en las semanas de tarea legislativa que restan. Por delante, algunos diputados lo reconocen, se encuentran el presupuesto y el cierre de una dura interna oficialista que abre el año electoral anticipadamente.
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Fecha de Publicación: 10/11/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
El derrame de agua con hidrocarburos que afectó 120 metros cuadrados en el Parque Industrial de Neuquén, del que fue responsable la firma Indarsa, reactivó los interrogantes sobre los alcances y la rigurosidad de los controles ambientales en una industria de alto impacto ambiental, como lo es la petrolera. La Provincia cuenta con una Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible abocada al monitoreo y control de las actividades que puedan afectar el medioambiente.
Pese a que también concentra el poder punitivo para aplicar sanciones y multas ante daños ambientales, la intención del gobierno provincial es complementarla con una modificación a la actual norma incorporando los sucesivos decretos que se agregaron al glosario de la cartera desde el 2008 a esta parte y con especial énfasis a la actividad no convencional del petróleo.
La norma, que fue anunciada por el gobernador Jorge Sapag en la apertura de sesiones, ingresó a la Legislatura provincial, pero rápidamente quedó obturada por el debate nacional de la reforma a ley petrolera.
Los borradores iniciales, que enfrentaron a los gobernadores con YPF, contenían presupuestos ambientales mínimos. Sin embargo, y para alivianar las negociaciones, todos los apartados contextuales se terminaron quitando del texto final.
Incluso, en medio de la discusión nacional, Neuquén fue sede en mayo de una "reunión extraordinaria" del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), cuya intención era avanzar en el acuerdo de "los principios ambientales" comunes para la que sería la nueva norma ambiental. Los referentes nacionales y de las provincias recorrieron el yacimiento Loma Campana para interiorizarse en los desarrollos shale, que fue definido como el punto a incorporar en las nuevas normativas.
Con todo ese rodaje encima, la ley medioambiental puertas adentro quedó congelada a la espera de una norma nacional para los hidrocarburos. El mismo derrotero siguió un proyecto para una nueva legislación petrolera provincial, sólo que en este caso apenas un borrador posteriormente desautorizado fue todo lo que se avanzó.
Descartado el articulado medioambiental del proyecto nacional convertido en ley, se esperaba que la propuesta de la norma local recobrara impulso sobre todo ante el marco de inversiones intensivas que genera Vaca Muerta. Por el momento no hay indicios que indiquen que la propuesta lanzada el primero de marzo pueda tener éxito antes de fin de año.
El titular de Ambiente, Ricardo Esquivel, señaló que el proyecto de ley provincial para el área se encuentra en los despachos de la Cámara de Diputados. "Sabemos que se encuentra ingresado el proyecto, pero estamos realizando algunos ajustes porque según entendemos aún tenemos tiempo para sumar ciertos aportes", dijo Esquivel a "Río Negro Energía".
El titular de la cartera medioambiental asegura que no contar con una ley "no afecta en nada" el funcionamiento de la secretaría a la hora de los controles y el seguimiento de las actividades, principalmente hidrocarburíferas, que se incrementaron en los últimos 15 meses. De todos modos nada parece indicar que la norma pueda conseguir tratamiento en las semanas de tarea legislativa que restan. Por delante, algunos diputados lo reconocen, se encuentran el presupuesto y el cierre de una dura interna oficialista que abre el año electoral anticipadamente.
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Represas: dan a conocer los resultados de la consulta
Argentina: Resultados finales de la Consulta Popular sobre Represas
Fecha de Publicación: 09/11/2014
Fuente: Mesa NO a las Represas
Provincia/Región: Misiones
Concluido el escrutinio, ya se encuentran disponibles los resultados finales de la Consulta Popular sobre Represas Misiones 2014, actividad ciudadana y voluntaria que se desarrolló entre el 20 y el 26 de octubre en todo el territorio provincial.
En total, votaron 120.418 personas, de las cuales 116. 598 votaron por el No (96%82%), mientras que 3506 votaron por el Si (2,91%). Se anularon 323 votos —equivalente el 0,27% del total de votos— por diferentes irregularidades. Todos los votos anulados corresponden al No.
Entre las localidades con mayor participación se ubicaron Posadas, se registraron 47.590 votos; Eldorado 9272 votos; Puerto Iguazú 5538 votos; Montecarlo y Puerto Rico 5746votos; Oberá 10.390 votos.
Para destacar, el nivel de participación en las localidades que podrían ser directamente afectadas por las represas Garabí y Panambí, donde el flujo superó ampliamente a la media de participación electoral en comicios obligatorios. Tal es el caso de Alba Posse, donde votaron 4550 personas, más del 80% del padrón electoral. En tanto, en Azara, fueron 1820 los votantes.
Finalizado el escrutinio, el objetivo de la Mesa Provincial No a las Represas es hacer entrega a cada una de las fuerzas políticas, los cuerpos legislativos y poderes ejecutivos a nivel provincial y nacional, de carpetas con la información detallada de lo que ha sido esta expresión popular.
“Agradecemos a cada una de las personas, organizaciones, instituciones y medios de comunicación que participaron de alguna forma u otra en esta Consulta Popular, que además de sumar miles de voluntades en la provincia, tuvo la adhesión y el apoyo de personalidades y organismo de gran prestigio a nivel nacional e internacional” manifestaron desde la Mesa Provincial No a las Represas.
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Fecha de Publicación: 09/11/2014
Fuente: Mesa NO a las Represas
Provincia/Región: Misiones
Concluido el escrutinio, ya se encuentran disponibles los resultados finales de la Consulta Popular sobre Represas Misiones 2014, actividad ciudadana y voluntaria que se desarrolló entre el 20 y el 26 de octubre en todo el territorio provincial.
En total, votaron 120.418 personas, de las cuales 116. 598 votaron por el No (96%82%), mientras que 3506 votaron por el Si (2,91%). Se anularon 323 votos —equivalente el 0,27% del total de votos— por diferentes irregularidades. Todos los votos anulados corresponden al No.
Entre las localidades con mayor participación se ubicaron Posadas, se registraron 47.590 votos; Eldorado 9272 votos; Puerto Iguazú 5538 votos; Montecarlo y Puerto Rico 5746votos; Oberá 10.390 votos.
Para destacar, el nivel de participación en las localidades que podrían ser directamente afectadas por las represas Garabí y Panambí, donde el flujo superó ampliamente a la media de participación electoral en comicios obligatorios. Tal es el caso de Alba Posse, donde votaron 4550 personas, más del 80% del padrón electoral. En tanto, en Azara, fueron 1820 los votantes.
Finalizado el escrutinio, el objetivo de la Mesa Provincial No a las Represas es hacer entrega a cada una de las fuerzas políticas, los cuerpos legislativos y poderes ejecutivos a nivel provincial y nacional, de carpetas con la información detallada de lo que ha sido esta expresión popular.
“Agradecemos a cada una de las personas, organizaciones, instituciones y medios de comunicación que participaron de alguna forma u otra en esta Consulta Popular, que además de sumar miles de voluntades en la provincia, tuvo la adhesión y el apoyo de personalidades y organismo de gran prestigio a nivel nacional e internacional” manifestaron desde la Mesa Provincial No a las Represas.
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Salta autorizará a particulares a volcar energía a la red
Salta autorizaría antes de fin de año a usuarios particulares volcar energía renovable a la red
Fecha de Publicación: 09/11/2014
Fuente: Portal energiaestrategica.com
Provincia/Región: Salta
Así estiman desde la Secretaría de Energía de la provincia ¿Cómo va a funcionar? Se deberá solicitar autorización del Ente Regulador de Servicios Públicos, para que evalúe cada caso. Habrá cupos limitados y subvenciones gubernamentales de hasta un 70 por ciento para equipamiento.
La provincia de Salta hace aproximadamente 2 años que viene trabajando en el Plan Provincial de Energías Renovables, el cual incluye en el eje temático “Marco Normativo” la ley de Balance Neto, aquella que permite inyectar energías renovables al tendido de luz eléctrica de baja tensión a todo usuario, tanto residencial como comercial e industrial, que acepte entrar dentro del régimen de ley.
De este modo, la empresa distribuidora de energía eléctrica comenzará a llevar, para cada usuario acogido a la modalidad de balance neto, una cuenta individual donde consten las transacciones económicas realizadas y la energía generada y consumida en cada período. Al inyectar energía limpia a la red, la tarifa de luz bajará en el monto por lo contribuido.
Para saber más al respecto, Energía Estratégica dialogó con Jorge Giubergia, funcionario de la Secretaria de Energía de la provincia de Salta, quien contó que “la ley está aprobada y su instrumentación se realizará a partir del presupuesto 2015”.
Dijo que “no hay impedimentos” de ningún sector que trabe la implementación de este tipo de Ley aprobada en junio de este año. “Tanto desde la gobernación como las distribuidoras de energía eléctrica y el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), estamos buscamos un consenso mutuo para llevar a cabo de forma íntegra a la reglamentación” explicó.
Es por eso que el funcionario dejó en claro que aún se están ajustando algunas cuestiones de la normativa y agregó que para fin de año entrará en vigencia.
Acceso y subvenciones para equipamientos
El funcionario comentó que los usuarios interesados deberán presentar un petitorio de habilitación ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos, encargado de velar por la seguridad de las conexiones, y el organismo evaluará su autorización. Resaltó, además, que la iniciativa comenzará con cupos limitados para llevar a cabo los proyectos de inyección.
Destacó que cada beneficiario podrá volcar “hasta 100 kW de potencia a la red de baja tensión, sin acumulación” y que se están destinando partidas presupuestarias por parte del gobierno provincial para incentivar la medida.
El financiamiento, según el Régimen Promocional de Inversiones, como lo estipula la Ley provincial salteña de fomento para las energías renovables, prevé la subvención de hasta un 70 por ciento del equipamiento. Lo que se traduciría alrededor de un 50 por ciento del costo total de la instalación, ya que no se incluyen subvenciones vinculados a cuestiones de asesorías técnicas.
Por otra parte, Giubergia destacó la cantidad de pedidos de asesoramiento que los salteños solicitan. “Estamos recibiendo consultas de los usuarios para conectar equipos fotovoltaicos. Además consultan sobre otras energías como la biomasa, aerogeneradores conectados a la red y calefones solares”, destacó el funcionario sobre el compromiso social ciudadano en la provincia.
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Fecha de Publicación: 09/11/2014
Fuente: Portal energiaestrategica.com
Provincia/Región: Salta
Así estiman desde la Secretaría de Energía de la provincia ¿Cómo va a funcionar? Se deberá solicitar autorización del Ente Regulador de Servicios Públicos, para que evalúe cada caso. Habrá cupos limitados y subvenciones gubernamentales de hasta un 70 por ciento para equipamiento.
La provincia de Salta hace aproximadamente 2 años que viene trabajando en el Plan Provincial de Energías Renovables, el cual incluye en el eje temático “Marco Normativo” la ley de Balance Neto, aquella que permite inyectar energías renovables al tendido de luz eléctrica de baja tensión a todo usuario, tanto residencial como comercial e industrial, que acepte entrar dentro del régimen de ley.
De este modo, la empresa distribuidora de energía eléctrica comenzará a llevar, para cada usuario acogido a la modalidad de balance neto, una cuenta individual donde consten las transacciones económicas realizadas y la energía generada y consumida en cada período. Al inyectar energía limpia a la red, la tarifa de luz bajará en el monto por lo contribuido.
Para saber más al respecto, Energía Estratégica dialogó con Jorge Giubergia, funcionario de la Secretaria de Energía de la provincia de Salta, quien contó que “la ley está aprobada y su instrumentación se realizará a partir del presupuesto 2015”.
Dijo que “no hay impedimentos” de ningún sector que trabe la implementación de este tipo de Ley aprobada en junio de este año. “Tanto desde la gobernación como las distribuidoras de energía eléctrica y el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), estamos buscamos un consenso mutuo para llevar a cabo de forma íntegra a la reglamentación” explicó.
Es por eso que el funcionario dejó en claro que aún se están ajustando algunas cuestiones de la normativa y agregó que para fin de año entrará en vigencia.
Acceso y subvenciones para equipamientos
El funcionario comentó que los usuarios interesados deberán presentar un petitorio de habilitación ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos, encargado de velar por la seguridad de las conexiones, y el organismo evaluará su autorización. Resaltó, además, que la iniciativa comenzará con cupos limitados para llevar a cabo los proyectos de inyección.
Destacó que cada beneficiario podrá volcar “hasta 100 kW de potencia a la red de baja tensión, sin acumulación” y que se están destinando partidas presupuestarias por parte del gobierno provincial para incentivar la medida.
El financiamiento, según el Régimen Promocional de Inversiones, como lo estipula la Ley provincial salteña de fomento para las energías renovables, prevé la subvención de hasta un 70 por ciento del equipamiento. Lo que se traduciría alrededor de un 50 por ciento del costo total de la instalación, ya que no se incluyen subvenciones vinculados a cuestiones de asesorías técnicas.
Por otra parte, Giubergia destacó la cantidad de pedidos de asesoramiento que los salteños solicitan. “Estamos recibiendo consultas de los usuarios para conectar equipos fotovoltaicos. Además consultan sobre otras energías como la biomasa, aerogeneradores conectados a la red y calefones solares”, destacó el funcionario sobre el compromiso social ciudadano en la provincia.
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Desgarrador testimonio en el Juicio Cristian Ferreyra
Argentina: Juicio Cristian Ferreyra, “A mi hijo me lo han muerto, el dolor es mío”
Fecha de Publicación: 08/11/2014
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Santiago del Estero
Continúa hoy en Monte Quemado, Santiago del Estero, el juicio por el asesinato del campesino Cristian Ferreyra en noviembre de 2011. Declararon los policías que llegaron al lugar donde el acusado Javier Juárez le habría pegado un tiro de escopeta a Ferreyra en el marco de una disputa por las tierras ancestrales de la comunidad. También declaró Mirta Salto, madre del joven de 23 años. Salto habló de repetidas amenazas por parte de las patotas del empresario agrícola Jorge Ciccioli, y contó cómo encontró a su hijo moribundo y ensangrentado, quien le dijo “me ha baleado Juárez porque le he dicho que las tierras son nuestras”. Javier Juárez es uno de los seis acusados y está imputado por homicidio y amenazas. La madre de Cristian contó también que la policía no le tomaba la declaración cuando iba a denunciar amenazas con armas.
Estaba en la siesta y mi nuera me vino a avisar que habían baleado a Cacho (Cristian Ferreyra)”, contó Mirta hoy a los jueces los jueces Élida Suárez de Bravo, María Angélica Peralta de Aguirre y Federico López Alzogaray. Momentos antes estaba en la concentración que, desde que empezó el juicio, se hace frente a la sala de audiencia sobre la ruta provincial 16. Mirta camina despacio, segura, pero con la mirada triste. Usa una remera blanca con el dibujo de Cristian y la leyenda “ni un muerto más por el derecho a la tierra”.
Carlos Abregú, Mario René Abregú, Víctor Hugo Juárez y Walter Juárez-procesados por lesiones, amenazas y abuso de armas- estaban en la sala escuchando la declaración. “Lo encontré a mi hijo tirado, lleno de sangre”, cuenta Mirta. Cristian había recibido el disparo de manos de Javier Juárez, que escuchaba la declaración en una habitación contigua a pedido de Mirta. Darío Godoy también fue herido aquel día y Sergio Ferreyra, primo de Cristian, recibió con lesiones. “Aquí estoy, llévame pa’ la sombra”, le dijo Cristian a Mirta cuando estaba en el piso. “Yo ya me voy”, fue lo último que dijo, suspiró y cerró los ojos. Así lo contó Mirta, que pidió que Juárez no estuviera en la sala.
Cuando ya terminaba la declaración Mirta pidió poder decir algo antes de irse: “A mi hijo me lo han muerto, el dolor es mío”, gritaba y uno a uno nombraba a los acusados y les decía “no tenés hijo vos”. Después directamente a uno de los acusados le dijo “y vos Walter Juárez me seguís amenazando, mátame a mí, mátame a mí”, le gritó. Ya con una crisis nerviosa se fue de la sala acompañada.
Mirta hablaba pausado y cada tanto un silencio sonaba en el auditorio, que escuchaba atentamente. Incluso la presidenta del tribunal, Suárez de Bravo, de gesto adusto y duro desde que comenzó el juicio, pareció conmovida. La madre de Cristian detalló también que el conflicto con la tierra empezó antes de Ciccionli con un empresario tucumano llamado Enrique Luque, pero Cicciolli “tenía sus secuaces para que le cuiden la tierra que dice ser era de él”.
Las provocaciones
La denuncia de amenazas de la madre de Cristian se suman a las del abogado del la querella que representa a la viuda de Cristian, Beatriz Juárez. Daniel Ibañez denunció que el padre de Beatriz, Oscar, ayer fue atacado mientras circulaba por las inmediaciones de la sala audiencias. “Es un paso más en esta escalada de violencia”, dijo Ibañez. Ya por la mañana la tensión también estuvo presente. Un hombre robusto con remera negra y gorra negra filmaba todo lo que ocurría en la ruta. No parecía ni campesino, veedor, curioso o periodista. Eso alertó a varios presentes. Representantes del Mocase VC, se acercaron hacia él. Iban acompañados por Ernesto Lamas, funcionario de la Defensoría del Público de la Nación y Camilo Galindo, del Cels.
El hombre dijo llamarse José Chávez y que trabajaba para la policía pero en un primer momento los policías no lo reconocieron. “Ellos pueden sacar fotos a nosotros y nosotros a ellos no”, se le escuchó decir a uno de los oficiales que estaba apostado custodiando el predio. Finalmente se reconocería su pertenencia y desde el Mocase VC anticiparon que van a presentar una denuncia ante la fiscalía.
"No te vayas, yo me muero"
Ángela Beatriz Ferreyra también entró triste a la sala de audiencias pero se sentó segura ante los jueces. Contó cómo fue que murió Cristian: "Pidió hablar con Cacho, cruzó unas palabras y le disparó". Lo fuerte del relato de la mujer de Cristian se plasmaba entre el público. Mirta, la madre de Cacho, lloró constantemente mientras apretaba fuerte un pañuelo.
"Con Francisco Juárez no puedo tener ningún parentesco. Él mató a mi marido", dijo Ángela. Es que el acusado de haberle disparado a Cristian es su tío. Más explícito fue el primo de Cristian, Sergio Ferreyra, quien dijo que Juárez “revienta a Godoy y después a Cristian. Jorge Ciccioli lo mandó a matar”. El empresario, mientras escuchaba, sonreía. “A ellos les interesa la soja, son grandes sojeros”, dijo mirando fijo a los jueces Sergio.
“Después de la muerte de Cristian sufrí amenazas, me han tirado la camioneta encima”, dijo.
Cuando terminó, sus compañeros lo abrazaron.
Ángela resistió la presión muy bien durante su declaración: “No te vayas yo me muero” contó que fueron las últimas palabras de Cristian, mientras la tomaba de la mano. “Ya estaba frio”, dijo. Se levantó, salió de la sala y comenzó a llorar desconsoladamente.
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Fecha de Publicación: 08/11/2014
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Santiago del Estero
Continúa hoy en Monte Quemado, Santiago del Estero, el juicio por el asesinato del campesino Cristian Ferreyra en noviembre de 2011. Declararon los policías que llegaron al lugar donde el acusado Javier Juárez le habría pegado un tiro de escopeta a Ferreyra en el marco de una disputa por las tierras ancestrales de la comunidad. También declaró Mirta Salto, madre del joven de 23 años. Salto habló de repetidas amenazas por parte de las patotas del empresario agrícola Jorge Ciccioli, y contó cómo encontró a su hijo moribundo y ensangrentado, quien le dijo “me ha baleado Juárez porque le he dicho que las tierras son nuestras”. Javier Juárez es uno de los seis acusados y está imputado por homicidio y amenazas. La madre de Cristian contó también que la policía no le tomaba la declaración cuando iba a denunciar amenazas con armas.
Estaba en la siesta y mi nuera me vino a avisar que habían baleado a Cacho (Cristian Ferreyra)”, contó Mirta hoy a los jueces los jueces Élida Suárez de Bravo, María Angélica Peralta de Aguirre y Federico López Alzogaray. Momentos antes estaba en la concentración que, desde que empezó el juicio, se hace frente a la sala de audiencia sobre la ruta provincial 16. Mirta camina despacio, segura, pero con la mirada triste. Usa una remera blanca con el dibujo de Cristian y la leyenda “ni un muerto más por el derecho a la tierra”.
Carlos Abregú, Mario René Abregú, Víctor Hugo Juárez y Walter Juárez-procesados por lesiones, amenazas y abuso de armas- estaban en la sala escuchando la declaración. “Lo encontré a mi hijo tirado, lleno de sangre”, cuenta Mirta. Cristian había recibido el disparo de manos de Javier Juárez, que escuchaba la declaración en una habitación contigua a pedido de Mirta. Darío Godoy también fue herido aquel día y Sergio Ferreyra, primo de Cristian, recibió con lesiones. “Aquí estoy, llévame pa’ la sombra”, le dijo Cristian a Mirta cuando estaba en el piso. “Yo ya me voy”, fue lo último que dijo, suspiró y cerró los ojos. Así lo contó Mirta, que pidió que Juárez no estuviera en la sala.
Cuando ya terminaba la declaración Mirta pidió poder decir algo antes de irse: “A mi hijo me lo han muerto, el dolor es mío”, gritaba y uno a uno nombraba a los acusados y les decía “no tenés hijo vos”. Después directamente a uno de los acusados le dijo “y vos Walter Juárez me seguís amenazando, mátame a mí, mátame a mí”, le gritó. Ya con una crisis nerviosa se fue de la sala acompañada.
Mirta hablaba pausado y cada tanto un silencio sonaba en el auditorio, que escuchaba atentamente. Incluso la presidenta del tribunal, Suárez de Bravo, de gesto adusto y duro desde que comenzó el juicio, pareció conmovida. La madre de Cristian detalló también que el conflicto con la tierra empezó antes de Ciccionli con un empresario tucumano llamado Enrique Luque, pero Cicciolli “tenía sus secuaces para que le cuiden la tierra que dice ser era de él”.
Las provocaciones
La denuncia de amenazas de la madre de Cristian se suman a las del abogado del la querella que representa a la viuda de Cristian, Beatriz Juárez. Daniel Ibañez denunció que el padre de Beatriz, Oscar, ayer fue atacado mientras circulaba por las inmediaciones de la sala audiencias. “Es un paso más en esta escalada de violencia”, dijo Ibañez. Ya por la mañana la tensión también estuvo presente. Un hombre robusto con remera negra y gorra negra filmaba todo lo que ocurría en la ruta. No parecía ni campesino, veedor, curioso o periodista. Eso alertó a varios presentes. Representantes del Mocase VC, se acercaron hacia él. Iban acompañados por Ernesto Lamas, funcionario de la Defensoría del Público de la Nación y Camilo Galindo, del Cels.
El hombre dijo llamarse José Chávez y que trabajaba para la policía pero en un primer momento los policías no lo reconocieron. “Ellos pueden sacar fotos a nosotros y nosotros a ellos no”, se le escuchó decir a uno de los oficiales que estaba apostado custodiando el predio. Finalmente se reconocería su pertenencia y desde el Mocase VC anticiparon que van a presentar una denuncia ante la fiscalía.
"No te vayas, yo me muero"
Ángela Beatriz Ferreyra también entró triste a la sala de audiencias pero se sentó segura ante los jueces. Contó cómo fue que murió Cristian: "Pidió hablar con Cacho, cruzó unas palabras y le disparó". Lo fuerte del relato de la mujer de Cristian se plasmaba entre el público. Mirta, la madre de Cacho, lloró constantemente mientras apretaba fuerte un pañuelo.
"Con Francisco Juárez no puedo tener ningún parentesco. Él mató a mi marido", dijo Ángela. Es que el acusado de haberle disparado a Cristian es su tío. Más explícito fue el primo de Cristian, Sergio Ferreyra, quien dijo que Juárez “revienta a Godoy y después a Cristian. Jorge Ciccioli lo mandó a matar”. El empresario, mientras escuchaba, sonreía. “A ellos les interesa la soja, son grandes sojeros”, dijo mirando fijo a los jueces Sergio.
“Después de la muerte de Cristian sufrí amenazas, me han tirado la camioneta encima”, dijo.
Cuando terminó, sus compañeros lo abrazaron.
Ángela resistió la presión muy bien durante su declaración: “No te vayas yo me muero” contó que fueron las últimas palabras de Cristian, mientras la tomaba de la mano. “Ya estaba frio”, dijo. Se levantó, salió de la sala y comenzó a llorar desconsoladamente.
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Entrevista a Lucrecia Wagner sobre minería y resistencias
La megaminería y sus resistencias
Fecha de Publicación: 08/11/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Doctora en Ciencias Sociales y Humanas y licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental, Wagner estudia los procesos de movilización social de las poblaciones afectadas por los grandes emprendimientos mineros. El impacto ambiental y los conflictos.
Lucrecia Wagner es doctora en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental por la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (Unicen). Como investigadora de Conicet, focalizó sus estudios en el análisis de la megaminería, una actividad que causa un gran impacto ambiental y genera procesos de movilización y resistencia en las poblaciones afectadas.
El desarrollo de proyectos mineros a gran escala motivados por la llegada de inversiones extranjeras se produjo en los ’90, en un marco de desregulación económica y flexibilización laboral. A partir de 2005, se visibilizaron los conflictos por el dominio de los yacimientos y la problemática tomó relevancia pública.
En este sentido, la emergencia de los debates realizados en los medios de comunicación impulsó el desplazamiento de voces civiles –en el pasado, periféricas– hacia el centro de la escena social. Durante la última década, especialistas en medioambiente promovieron foros de discusión y fomentaron instancias de participación ciudadana en las diferentes regiones de la nación. Ello, en última instancia, generó la sanción de normativas restrictivas por parte de las legislaturas provinciales respecto de la actividad minera.
–¿Por qué escogió el análisis de los problemas ambientales como objeto de estudio?
–A mí, desde niña, me gustaron los temas ambientales vinculados con la ecología. De modo que cuando fui al colegio secundario hice la orientación en exactas y naturales, y la profesora de ciencias naturales me sugirió la posibilidad de realizar la licenciatura en Diagnóstico en Gestión Ambiental en Unicen. La carrera, cuando la cursé, era muy nueva; tanto es así que soy la séptima graduada. Se trata de un mix de temáticas y perspectivas que combina asignaturas como geología, recursos biológicos y geomorfología, así como también incluye materias de corte social como antropología y sociología. Ello conformó un híbrido que me ayudó a desarrollar una mirada sobre la problemática ambiental compleja y amplia. Cuando me recibí, gané la beca de Conicet y me presenté con el objetivo de estudiar conflictos ambientales en Argentina y los modos de organización y resistencia de las comunidades afectadas. Así es como comencé a observar casos de minería de canteras como ocurría en Esquel (Chubut), que significó el primer impulso para el análisis de la minería a gran escala.
–Pero, entre tantos conflictos ambientales, ¿por qué le llamó la atención la minería en particular?
–La minería me llamaba la atención porque yo advertía que se trataba de un recurso no renovable que comprometía el futuro de las generaciones próximas y que permitía ver, en especial, el modo en que las sociedades se movilizan para defender su patrimonio. Me interesaba el caso de Catamarca y el desarrollo de la minera La Alumbrera (la primera minera metalífera grande de Argentina), aunque no existía un conflicto con demasiada repercusión en 2005. Por esos años, tuve la suerte de leer un trabajo de Diego Bombal –geógrafo mendocino– sobre superposición de usos del suelo en Mendoza que me abrió la cabeza. Bombal estudiaba la proliferación de los derechos mineros durante los ’90.
–Tal como ocurrió en otros ámbitos, los ’90 significaron un punto de inflexión en relación con la ejecución de políticas públicas que instalaron una suerte de desregulación regulada. ¿Cómo impactó en la minería?
–En los ’90 se sancionó un paquete de leyes que complementaron al Código Minero de 1884. Estas normativas resultaron muy relevantes al abrir las puertas para el desarrollo de la minería a gran escala, es decir, a la megaminería.
–La megaminería implica el desarrollo de proyectos de grandes dimensiones que demandan fuentes laborales en localidades cuyos habitantes, muchas veces, se caracterizan por no tener sus necesidades básicas satisfechas. En este sentido, ¿cuáles serían los problemas vinculados a la explotación de los recursos mineros? ¿Por qué se movilizan los vecinos?
–La primera desventaja de la megaminería en el caso argentino, a diferencia de otros países como Perú, Bolivia y Chile, es que no posee una inserción histórica. Recién en los ’90 se habilita y se impulsa la llegada de inversiones extranjeras para minería a gran escala. En efecto, si bien hubo otros proyectos, no se trata de una actividad consolidada en nuestra nación. Por otra parte, al menos en los conflictos que yo estudié, lo que ocurre como denominador común es que la misma gente que se esperanzó y observó en la minería la posibilidad de conseguir un empleo y mejorar sus condiciones de vida, enseguida se decepcionó al notar que los puestos prometidos nunca fueron efectivamente otorgados. La Alumbrera, en este sentido, representa un antecedente y un ejemplo de esa desilusión, al ver la realización de inversiones millonarias y ganancias de las que los ciudadanos nunca participan. Por último, también, tiene importancia el desarrollo de las comunicaciones a través de Internet. Incluso en 2002 ya existían ciertas redes que permitían recolectar información de anteriores manifestaciones como producto de conflictos en naciones vecinas. Experiencias previas de contaminación que fluyen y se dinamizan, que logran ser comunicadas y sirven como antecedente y como pistas para emprender acciones de resistencia.
–En relación con el impacto ambiental, ¿cuáles son las principales desventajas de la megaminería? Tengo entendido que se utilizan grandes volúmenes de agua...
–Sí, se utilizan grandes cantidades. Los yacimientos se localizan cerca de las nacientes de agua y los pobladores de la zona, en general, tienden a vincular el sitio donde esas mineras se instalan con la contaminación de las fuentes de agua. Ello, por supuesto, pone en riesgo a las comunidades que consumen el recurso.
–¿Qué ocurre respecto de la deforestación?
–Las empresas mineras actuales no necesitan encabezar procesos de deforestación porque se localizan en zonas de altura donde no existen árboles. Por ello, el principal problema por el que la gente se moviliza es el agua. De todos modos, vale subrayar que la minera necesita de una infraestructura que puede causar otros impactos ambientales asociados, como voladuras –que implican contaminación– y materiales necesarios para el traslado de sustancias requeridas para procesar esos minerales.
–¿Qué cauces siguen las convocatorias y las manifestaciones de los vecinos de las zonas afectadas?
–En la mayor parte de los casos se trata de gente que vive en las localidades perjudicadas que comienza a observar movimientos extraños. En general, son pueblos chicos y el cambio de dinámica que demanda la construcción de nueva infraestructura en sitios que no son demasiado poblados genera una preocupación. Se empieza a ver personas que no son del pueblo, grupos de trabajadores contratados que llegan a los yacimientos. Al principio, la posibilidad de nuevos puestos de trabajo promueve la gestación de grandes ilusiones que se caen conforme pasa el tiempo. Como dije antes, no son entregados todos los empleos que en un inicio son prometidos. En este sentido, los vecinos se reúnen, buscan información acerca de la empresa minera que explotará el yacimiento y se forman asambleas de discusión. En Chubut, por ejemplo, dio lugar a la formación de los Vecinos Autoconvocados de Esquel (2003) como el primer antecedente de este tipo de organizaciones que, luego, se desarrollarán en el país.
–De todas maneras, lo que observaba cuando leía sobre sus investigaciones es que cada provincia elige sus modos de proceder respecto de la explotación o no de los yacimientos...
–Sí, claro. Son las provincias las que tienen la decisión de aprobar o no estos proyectos mineros de acuerdo con la Constitución Nacional. En su artículo Nº 124, la Carta Magna señala que el dominio de los recursos naturales es provincial. En ellas y, sobre todo, en las secretarías de Medioambiente recae la responsabilidad de otorgar los permisos para que los planes de minería a gran escala se desarrollen.
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Fecha de Publicación: 08/11/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Doctora en Ciencias Sociales y Humanas y licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental, Wagner estudia los procesos de movilización social de las poblaciones afectadas por los grandes emprendimientos mineros. El impacto ambiental y los conflictos.
Lucrecia Wagner es doctora en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental por la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (Unicen). Como investigadora de Conicet, focalizó sus estudios en el análisis de la megaminería, una actividad que causa un gran impacto ambiental y genera procesos de movilización y resistencia en las poblaciones afectadas.
El desarrollo de proyectos mineros a gran escala motivados por la llegada de inversiones extranjeras se produjo en los ’90, en un marco de desregulación económica y flexibilización laboral. A partir de 2005, se visibilizaron los conflictos por el dominio de los yacimientos y la problemática tomó relevancia pública.
En este sentido, la emergencia de los debates realizados en los medios de comunicación impulsó el desplazamiento de voces civiles –en el pasado, periféricas– hacia el centro de la escena social. Durante la última década, especialistas en medioambiente promovieron foros de discusión y fomentaron instancias de participación ciudadana en las diferentes regiones de la nación. Ello, en última instancia, generó la sanción de normativas restrictivas por parte de las legislaturas provinciales respecto de la actividad minera.
–¿Por qué escogió el análisis de los problemas ambientales como objeto de estudio?
–A mí, desde niña, me gustaron los temas ambientales vinculados con la ecología. De modo que cuando fui al colegio secundario hice la orientación en exactas y naturales, y la profesora de ciencias naturales me sugirió la posibilidad de realizar la licenciatura en Diagnóstico en Gestión Ambiental en Unicen. La carrera, cuando la cursé, era muy nueva; tanto es así que soy la séptima graduada. Se trata de un mix de temáticas y perspectivas que combina asignaturas como geología, recursos biológicos y geomorfología, así como también incluye materias de corte social como antropología y sociología. Ello conformó un híbrido que me ayudó a desarrollar una mirada sobre la problemática ambiental compleja y amplia. Cuando me recibí, gané la beca de Conicet y me presenté con el objetivo de estudiar conflictos ambientales en Argentina y los modos de organización y resistencia de las comunidades afectadas. Así es como comencé a observar casos de minería de canteras como ocurría en Esquel (Chubut), que significó el primer impulso para el análisis de la minería a gran escala.
–Pero, entre tantos conflictos ambientales, ¿por qué le llamó la atención la minería en particular?
–La minería me llamaba la atención porque yo advertía que se trataba de un recurso no renovable que comprometía el futuro de las generaciones próximas y que permitía ver, en especial, el modo en que las sociedades se movilizan para defender su patrimonio. Me interesaba el caso de Catamarca y el desarrollo de la minera La Alumbrera (la primera minera metalífera grande de Argentina), aunque no existía un conflicto con demasiada repercusión en 2005. Por esos años, tuve la suerte de leer un trabajo de Diego Bombal –geógrafo mendocino– sobre superposición de usos del suelo en Mendoza que me abrió la cabeza. Bombal estudiaba la proliferación de los derechos mineros durante los ’90.
–Tal como ocurrió en otros ámbitos, los ’90 significaron un punto de inflexión en relación con la ejecución de políticas públicas que instalaron una suerte de desregulación regulada. ¿Cómo impactó en la minería?
–En los ’90 se sancionó un paquete de leyes que complementaron al Código Minero de 1884. Estas normativas resultaron muy relevantes al abrir las puertas para el desarrollo de la minería a gran escala, es decir, a la megaminería.
–La megaminería implica el desarrollo de proyectos de grandes dimensiones que demandan fuentes laborales en localidades cuyos habitantes, muchas veces, se caracterizan por no tener sus necesidades básicas satisfechas. En este sentido, ¿cuáles serían los problemas vinculados a la explotación de los recursos mineros? ¿Por qué se movilizan los vecinos?
–La primera desventaja de la megaminería en el caso argentino, a diferencia de otros países como Perú, Bolivia y Chile, es que no posee una inserción histórica. Recién en los ’90 se habilita y se impulsa la llegada de inversiones extranjeras para minería a gran escala. En efecto, si bien hubo otros proyectos, no se trata de una actividad consolidada en nuestra nación. Por otra parte, al menos en los conflictos que yo estudié, lo que ocurre como denominador común es que la misma gente que se esperanzó y observó en la minería la posibilidad de conseguir un empleo y mejorar sus condiciones de vida, enseguida se decepcionó al notar que los puestos prometidos nunca fueron efectivamente otorgados. La Alumbrera, en este sentido, representa un antecedente y un ejemplo de esa desilusión, al ver la realización de inversiones millonarias y ganancias de las que los ciudadanos nunca participan. Por último, también, tiene importancia el desarrollo de las comunicaciones a través de Internet. Incluso en 2002 ya existían ciertas redes que permitían recolectar información de anteriores manifestaciones como producto de conflictos en naciones vecinas. Experiencias previas de contaminación que fluyen y se dinamizan, que logran ser comunicadas y sirven como antecedente y como pistas para emprender acciones de resistencia.
–En relación con el impacto ambiental, ¿cuáles son las principales desventajas de la megaminería? Tengo entendido que se utilizan grandes volúmenes de agua...
–Sí, se utilizan grandes cantidades. Los yacimientos se localizan cerca de las nacientes de agua y los pobladores de la zona, en general, tienden a vincular el sitio donde esas mineras se instalan con la contaminación de las fuentes de agua. Ello, por supuesto, pone en riesgo a las comunidades que consumen el recurso.
–¿Qué ocurre respecto de la deforestación?
–Las empresas mineras actuales no necesitan encabezar procesos de deforestación porque se localizan en zonas de altura donde no existen árboles. Por ello, el principal problema por el que la gente se moviliza es el agua. De todos modos, vale subrayar que la minera necesita de una infraestructura que puede causar otros impactos ambientales asociados, como voladuras –que implican contaminación– y materiales necesarios para el traslado de sustancias requeridas para procesar esos minerales.
–¿Qué cauces siguen las convocatorias y las manifestaciones de los vecinos de las zonas afectadas?
–En la mayor parte de los casos se trata de gente que vive en las localidades perjudicadas que comienza a observar movimientos extraños. En general, son pueblos chicos y el cambio de dinámica que demanda la construcción de nueva infraestructura en sitios que no son demasiado poblados genera una preocupación. Se empieza a ver personas que no son del pueblo, grupos de trabajadores contratados que llegan a los yacimientos. Al principio, la posibilidad de nuevos puestos de trabajo promueve la gestación de grandes ilusiones que se caen conforme pasa el tiempo. Como dije antes, no son entregados todos los empleos que en un inicio son prometidos. En este sentido, los vecinos se reúnen, buscan información acerca de la empresa minera que explotará el yacimiento y se forman asambleas de discusión. En Chubut, por ejemplo, dio lugar a la formación de los Vecinos Autoconvocados de Esquel (2003) como el primer antecedente de este tipo de organizaciones que, luego, se desarrollarán en el país.
–De todas maneras, lo que observaba cuando leía sobre sus investigaciones es que cada provincia elige sus modos de proceder respecto de la explotación o no de los yacimientos...
–Sí, claro. Son las provincias las que tienen la decisión de aprobar o no estos proyectos mineros de acuerdo con la Constitución Nacional. En su artículo Nº 124, la Carta Magna señala que el dominio de los recursos naturales es provincial. En ellas y, sobre todo, en las secretarías de Medioambiente recae la responsabilidad de otorgar los permisos para que los planes de minería a gran escala se desarrollen.
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Minería en Chubut, posturas para todos los gustos
Minería: para algunos técnicos el agua es suficiente y para otros corre un serio riesgo
Fecha de Publicación: 07/11/2014
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
A 20 días del plazo que tiene la Legislatura para tratar el proyecto de ley presentado por iniciativa popular por las asambleas ambientales, los técnicos que sustentan opiniones encontradas, a favor y en rechazo de la actividad minera, siguen fijando posturas y reclamando la decisión de los diputados en línea con su posicionamiento. El debate “técnico y serio” que se reclamó desde la Cámara Minera Argentina sigue sin efectivizarse y el reloj continúa avanzando hacia la última sesión previa al vencimiento de la presentación ambiental, que es la del martes 25.
El proyecto presentado por iniciativa popular hace seis meses debe ser tratado por los diputados de Chubut antes del 26 de noviembre. Pese al tiempo transcurrido, hasta el momento el mismo no se ha dado y tampoco se concretó el anunciado y reclamado debate técnico sobre la megaminería, que para varios legisladores aparece como indispensable ante lo que definieron como falta de información.
La presidente de la ONG Green Cross Argentina, la abogada Marisa Arienza, aseguró que los legisladores “tienen toda la información que necesitan” porque dijo “yo misma le presenté los estudios que tenemos sobre la cantidad de agua del arroyo y cuenca del Sacanana, y también en lo relativo al desarrollo sustentable que puede tener la minería”, advirtió.
“Hay agua para todos”
La abogada y ex consultora de la Organización de Naciones Unidas mencionó que la ONG realizó un exhaustivo trabajo sobre los posibles usos del agua en la meseta central de Chubut y advirtió que el mismo trae buenas noticias porque confirma que “hay agua suficiente para el desarrollo de todos los proyectos y que los mismos pueden coexistir”.
Para la especialista la minería solo utilizaría “el 2% del valor de recarga del acuífero” por lo que insistió en que “en la meseta hoy se puede hacer un desarrollo polifacético, porque la minería no interfiere con otras actividades como puede ser la ganadera o agrícola”.
“No es que tiene que desarrollarse la minería o nada. La actividad, si se hace de manera responsable y con los controles del caso, puede convivir tranquilamente con la agricultura, los cultivos y otros desarrollos tradicionales”, reiteró.
En diálogo con Radio Del Mar, cuando se le repreguntó sobre esta convivencia, la especialista puso como ejemplo lo que sucede en campos de New Jersey, Estados Unidos, “donde la minería y lo agropecuario se desarrollan de la mano” y en Uruguay donde el Estado garantiza, con sus controles, que la actividad no interfiera ni contamine.
“Es extractiva y destructiva”
En el otro extremo de opinión, la abogada ambientalista Silvia de los Santos fue tajante al afirmar que “la minería no puede convivir con otras actividades porque, sencillamente, es extractiva y destructiva. No hace otra cosa que destruir el territorio donde se la implanta, dejando material inerte y residuos de por vida”, sostuvo.
De los Santos también advirtió que los técnicos de las asambleas ambientalistas entregaron a los diputados “toda la información y documentación que prueba lo que estamos diciendo. Una vez que la minería eclosiona la tierra la contaminación es imparable, basta ver con lo que pasa en la minería El Adobe o las de Roma, que tienen más de 2.900 años y siguen drenando”, puntualizó.
Para ejemplificar de manera simple esa afirmación, la abogada recordó: “si uno quiere encender un tronco con un fósforo es imposible, pero si lo astillamos veremos que, con el mismo fósforo, podemos provocar una fogata impresionante. Esto pasa con la minería, que contamina y libera materiales nocivos de la propia naturaleza”
En relación al escaso tiempo que resta para el plazo que tiene la Legislatura para definir el proyecto de iniciativa popular, más restrictivo aún que la actual Ley 5.001, De los Santos recordó que el sector ambientalista “está abierto a seguir acercando información” porque “nos hablan de controles pero hoy los mismos no se hacen en el país porque, incluso, hay causas que se caen por sobreseimiento porque el Estado no tiene los fondos para controlar”.
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Fecha de Publicación: 07/11/2014
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
A 20 días del plazo que tiene la Legislatura para tratar el proyecto de ley presentado por iniciativa popular por las asambleas ambientales, los técnicos que sustentan opiniones encontradas, a favor y en rechazo de la actividad minera, siguen fijando posturas y reclamando la decisión de los diputados en línea con su posicionamiento. El debate “técnico y serio” que se reclamó desde la Cámara Minera Argentina sigue sin efectivizarse y el reloj continúa avanzando hacia la última sesión previa al vencimiento de la presentación ambiental, que es la del martes 25.
El proyecto presentado por iniciativa popular hace seis meses debe ser tratado por los diputados de Chubut antes del 26 de noviembre. Pese al tiempo transcurrido, hasta el momento el mismo no se ha dado y tampoco se concretó el anunciado y reclamado debate técnico sobre la megaminería, que para varios legisladores aparece como indispensable ante lo que definieron como falta de información.
La presidente de la ONG Green Cross Argentina, la abogada Marisa Arienza, aseguró que los legisladores “tienen toda la información que necesitan” porque dijo “yo misma le presenté los estudios que tenemos sobre la cantidad de agua del arroyo y cuenca del Sacanana, y también en lo relativo al desarrollo sustentable que puede tener la minería”, advirtió.
“Hay agua para todos”
La abogada y ex consultora de la Organización de Naciones Unidas mencionó que la ONG realizó un exhaustivo trabajo sobre los posibles usos del agua en la meseta central de Chubut y advirtió que el mismo trae buenas noticias porque confirma que “hay agua suficiente para el desarrollo de todos los proyectos y que los mismos pueden coexistir”.
Para la especialista la minería solo utilizaría “el 2% del valor de recarga del acuífero” por lo que insistió en que “en la meseta hoy se puede hacer un desarrollo polifacético, porque la minería no interfiere con otras actividades como puede ser la ganadera o agrícola”.
“No es que tiene que desarrollarse la minería o nada. La actividad, si se hace de manera responsable y con los controles del caso, puede convivir tranquilamente con la agricultura, los cultivos y otros desarrollos tradicionales”, reiteró.
En diálogo con Radio Del Mar, cuando se le repreguntó sobre esta convivencia, la especialista puso como ejemplo lo que sucede en campos de New Jersey, Estados Unidos, “donde la minería y lo agropecuario se desarrollan de la mano” y en Uruguay donde el Estado garantiza, con sus controles, que la actividad no interfiera ni contamine.
“Es extractiva y destructiva”
En el otro extremo de opinión, la abogada ambientalista Silvia de los Santos fue tajante al afirmar que “la minería no puede convivir con otras actividades porque, sencillamente, es extractiva y destructiva. No hace otra cosa que destruir el territorio donde se la implanta, dejando material inerte y residuos de por vida”, sostuvo.
De los Santos también advirtió que los técnicos de las asambleas ambientalistas entregaron a los diputados “toda la información y documentación que prueba lo que estamos diciendo. Una vez que la minería eclosiona la tierra la contaminación es imparable, basta ver con lo que pasa en la minería El Adobe o las de Roma, que tienen más de 2.900 años y siguen drenando”, puntualizó.
Para ejemplificar de manera simple esa afirmación, la abogada recordó: “si uno quiere encender un tronco con un fósforo es imposible, pero si lo astillamos veremos que, con el mismo fósforo, podemos provocar una fogata impresionante. Esto pasa con la minería, que contamina y libera materiales nocivos de la propia naturaleza”
En relación al escaso tiempo que resta para el plazo que tiene la Legislatura para definir el proyecto de iniciativa popular, más restrictivo aún que la actual Ley 5.001, De los Santos recordó que el sector ambientalista “está abierto a seguir acercando información” porque “nos hablan de controles pero hoy los mismos no se hacen en el país porque, incluso, hay causas que se caen por sobreseimiento porque el Estado no tiene los fondos para controlar”.
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