Monsanto para su obra en Córdoba
09:08 | 
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La planta de Monsanto se quedó sin obreros
Fecha de Publicación: 19/11/2013
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
La construcción de la clasificadora de semillas de maíz en Malvinas está parada desde hace dos meses. La UOCRA reubicó a todos sus obreros.
Dos meses pasaron ya desde que se instaló la primera carpa para bloquear las entradas a la planta que Monsanto está construyendo en Malvinas Argentinas. Hace dos meses que la obra está parada y es por ello que los obreros que estaban afectados a la construcción de la clasificadora de semillas de maíz, ya no están trabajando al proyecto.
Así lo confirmó Néstor Chavarría, titular de la Unión Obrera de la Construcción Argentina (Uocra), quien le explicó a Día a Día que la mayoría de las personas que estaban contratadas para el trabajo fueron derivadas hacia otros lugares, mientras que una pequeña porción que no se pudo reubicar fue indemnizada.
Chavarría indicó que para trabajar en Malvinas había 170 obreros contratados, de los que 165 fueron trasladados y 5 indemnizados. “Monsanto estaba ejecutando esta obra con contratistas y ante la imposibilidad de avanzar con el proyecto, esas empresas reubicaron a su personal. Los trabajadores que no pudieron ser trasladados fueron debidamente indemnizados”, explicó el dirigente gremial.
El bloqueo a la multinacional en la ruta A-88 lo encara la asamblea Malvinas Lucha por la Vida junto al colectivo de Médicos y Pueblos Fumigados. Los asambleístas piden una consulta popular en Malvinas para que sus vecinos aprueben o no la instalación de Monsanto en el pueblo. Ante la negativa de la Provincia y la propia comuna de Malvinas Argentinas, el reclamo de “fuera Monsanto” echó raíces fuertes, con cinco portones bloqueados, pese a que la obra tienen el aval del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para continuar.
En la firma había expectativas respecto a la resolución del conflicto después de las elecciones. Monsanto presentó en la Justicia una denuncia por “turbación de la propiedad” para liberar los portones de acceso a la planta para que pueda continuar, pero esas denuncias todavía no han tenido resolución. En tanto, los directivos de la multinacional afirmaron que no se ha planteado la posibilidad de “mudar” el proyecto, aunque la obra no tenga fecha de reinicio.
Mientras, Jorge Lawson, ministro de Industria de la Provincia, ratificó el apoyo del Gobierno a la multinacional: “Monsanto cumple con la ley y los que están allí obstruyendo los portones no. La firma respetó todos los pasos legales para poder construir y para funcionar deberán tener el estudio de impacto ambiental aprobado. Esto no ayuda en nada al clima de negocios e inversiones en Córdoba. La Justicia ya le dio la razón a la empresa”.
Por otro lado, el médico Medardo Ávila Vázquez, representante de la asamblea, aseguró: “Hacemos un balance excelente del bloqueo porque logramos parar la obra pese a que Monsanto tiene el aval del TSJ. Eso es porque nuestra protesta tiene consenso social. Nosotros vamos a continuar con esta medida por seis meses más, hasta que nos habiliten una instancia participativa, que la podemos perder o ganar. Si es trasparente y perdemos, entonces el bloqueo puede ser relativizado. Acá hay derechos ambientales que no se están cumplimento”.
Parada. La obra está parada porque no pueden ingresar materiales a la planta. Monsanto espera que actúe la Justicia.
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Fecha de Publicación: 19/11/2013
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
La construcción de la clasificadora de semillas de maíz en Malvinas está parada desde hace dos meses. La UOCRA reubicó a todos sus obreros.
Dos meses pasaron ya desde que se instaló la primera carpa para bloquear las entradas a la planta que Monsanto está construyendo en Malvinas Argentinas. Hace dos meses que la obra está parada y es por ello que los obreros que estaban afectados a la construcción de la clasificadora de semillas de maíz, ya no están trabajando al proyecto.
Así lo confirmó Néstor Chavarría, titular de la Unión Obrera de la Construcción Argentina (Uocra), quien le explicó a Día a Día que la mayoría de las personas que estaban contratadas para el trabajo fueron derivadas hacia otros lugares, mientras que una pequeña porción que no se pudo reubicar fue indemnizada.
Chavarría indicó que para trabajar en Malvinas había 170 obreros contratados, de los que 165 fueron trasladados y 5 indemnizados. “Monsanto estaba ejecutando esta obra con contratistas y ante la imposibilidad de avanzar con el proyecto, esas empresas reubicaron a su personal. Los trabajadores que no pudieron ser trasladados fueron debidamente indemnizados”, explicó el dirigente gremial.
El bloqueo a la multinacional en la ruta A-88 lo encara la asamblea Malvinas Lucha por la Vida junto al colectivo de Médicos y Pueblos Fumigados. Los asambleístas piden una consulta popular en Malvinas para que sus vecinos aprueben o no la instalación de Monsanto en el pueblo. Ante la negativa de la Provincia y la propia comuna de Malvinas Argentinas, el reclamo de “fuera Monsanto” echó raíces fuertes, con cinco portones bloqueados, pese a que la obra tienen el aval del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para continuar.
En la firma había expectativas respecto a la resolución del conflicto después de las elecciones. Monsanto presentó en la Justicia una denuncia por “turbación de la propiedad” para liberar los portones de acceso a la planta para que pueda continuar, pero esas denuncias todavía no han tenido resolución. En tanto, los directivos de la multinacional afirmaron que no se ha planteado la posibilidad de “mudar” el proyecto, aunque la obra no tenga fecha de reinicio.
Mientras, Jorge Lawson, ministro de Industria de la Provincia, ratificó el apoyo del Gobierno a la multinacional: “Monsanto cumple con la ley y los que están allí obstruyendo los portones no. La firma respetó todos los pasos legales para poder construir y para funcionar deberán tener el estudio de impacto ambiental aprobado. Esto no ayuda en nada al clima de negocios e inversiones en Córdoba. La Justicia ya le dio la razón a la empresa”.
Por otro lado, el médico Medardo Ávila Vázquez, representante de la asamblea, aseguró: “Hacemos un balance excelente del bloqueo porque logramos parar la obra pese a que Monsanto tiene el aval del TSJ. Eso es porque nuestra protesta tiene consenso social. Nosotros vamos a continuar con esta medida por seis meses más, hasta que nos habiliten una instancia participativa, que la podemos perder o ganar. Si es trasparente y perdemos, entonces el bloqueo puede ser relativizado. Acá hay derechos ambientales que no se están cumplimento”.
Parada. La obra está parada porque no pueden ingresar materiales a la planta. Monsanto espera que actúe la Justicia.
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El Ordenamiento Territorial sin criterios unificados
Advierten por disparidades en la Ley de Ordenamiento Territorial
Fecha de Publicación: 18/11/2013
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
A seis años, investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA señalan que existe una disparidad en la interpretación de los criterios de sustentabilidad ambiental, calidades técnicas contrastantes y un bajo nivel de coherencia entre las categorías de conservación.
La Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) advirtió que transcurridos seis años desde la sanción de la Ley Nº 26.331, de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), existe una gran disparidad de criterios utilizados por cada provincia de la Argentina para su implementación
"Existe una gran disparidad en la interpretación de los criterios de sustentabilidad ambiental, calidades técnicas contrastantes y un bajo nivel de coherencia entre las categorías de conservación", señaló Agustina García Collazo, investigadora del Departamento de Métodos Cuantitativos de la FAUBA, quien realizó un informe publicado en agosto de 2013 en la revista de Ecología Austral, junto a un equipo de investigadores coordinado por José Paruelo, director de la carrera de Ciencias Ambientales de la FAUBA.
"Hay zonas donde las categorías para zonificar el bosque (según colores rojo, amarilla y verde) cambian abruptamente entre provincias, incluso en aquellas que comparten ecorregiones, y pocas son las provincias que han explicitado la metodología empleada para arribar a la zonificación a partir de los criterios de sustentabilidad ambiental establecidos en la Ley, dificultando la replicación del proceso", agregó.
La Ley Nº 26.331constituye la primera experiencia a nivel nacional de ordenamiento territorial que regula cambios en el uso del suelo de un tipo de cobertura en particular, los bosques nativos, y aspira a promover la conservación y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria.
En 2007, este instrumento legal permitió que las provincias suspendieran los permisos de desmonte, que en los últimos 10 años se habían incrementado de manera exponencial. Según datos de la Dirección de Bosques de la Nación, mientras que entre 1987- 1998 se deforestaban 180.000 ha/año, en el período 1998-2002 esa tasa se incrementó a 235.100 ha/año.
De acuerdo a información elaborada por INTA Salta a partir del uso de satélites, en los últimos 30 años se desmontó el 26% del total de bosques existentes a fines de los ’70. En tanto, a fines de 2007, frente a la inminente sanción de la Ley Nº 26.331, se registra el valor más alto de la historia, con una tasa de desmonte de 2,1% anual.
La Ley de Ordenamiento Territorial establece tres categorías para zonificar el bosque. De acuerdo a la legislación nacional, no se permite desmontar las categorías I (marcadas con rojo) y II (con amarillo).
"No obstante, pese a que la mayoría de las provincias sancionaron una ley provincial de OTBN, la falta de un protocolo de trabajo estandarizado y consensuado, junto con el bajo nivel de acuerdo en las zonificaciones provinciales, habría conducido a una desarticulación a nivel regional, agudizada frente a la interpretación dispar de los criterios de sustentabilidad ambiental y las diversas modalidades de aplicación de la ley", afirma el informe de la FAUBA.
Además, advierte que "en el noroeste argentino, la mayoría de las provincias (Jujuy, Salta y Tucumán, a excepción de Santiago del Estero) contemplaron los 10 criterios de sustentabilidad ambiental previstas por la Ley. En la región noreste y de Cuyo únicamente los informes de Corrientes y Mendoza consideraron todos estos criterios. Mientras que la región Patagónica, en ningún caso se evidenció el empleo de todos los criterios. En referencia a la metodología empleada para la valoración de los criterios, las provincias que han hecho explícitos los métodos utilizados sólo han sido Corrientes, Mendoza, Tucumán y San Juan".
La investigadora de la FAUBA destacó el valor de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, debido a que, por primera vez en la Argentina, se reconoce jurídicamente a los servicios ecosistémicos que brindan los bosques, como, por ejemplo la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad, del suelo y de la calidad del agua, y la defensa de la identidad cultural, entre otros aspectos.
Además, García Collazo destacó que la Secretaría de Ambiente de la Nación, encargada de aprobar los ordenamientos territoriales propuestos por cada provincia (para que puedan acceder al Fondo Nacional para la Compensación de Bosques Nativos), reconoce todos estos problemas y ha establecido los contenidos mínimos de los planes técnicos, que acompañan a los mapas de zonificación.
En este marco, en abril de 2013 la FAUBA, el Ministerio de Agricultura de la Nación y la FAO organizaron un Taller de Ordenamiento Territorial Rural en instalaciones del INTA Chile, coordinado por José Paruelo, Agustina García Collazo y Hernán Dieguez, también docente de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la presencia de profesionales de todo el país, provenientes de los ámbitos políticos y académicos.
Este taller generó las bases del libro "Ordenamiento territorial rural: conceptos, métodos y experiencias", que resumen el estado de esta problemática en el país y provee una guía metodológica para su abordaje a nivel municipal.
Actualmente, la Licenciatura de Ciencias Ambientales de la FAUBA está realizando la segunda edición del curso de Ordenamiento Territorial Rural en el cual se realiza una revisión de los marcos conceptuales y herramientas disponibles para su abordaje, los marcos legales existentes, las metodologías para la elaboración de planes y la realización de un ejercicio de ordenamiento territorial a nivel de municipio rural. Algunas de estas experiencias también fueron sistematizadas en el libro.
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Fecha de Publicación: 18/11/2013
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
A seis años, investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA señalan que existe una disparidad en la interpretación de los criterios de sustentabilidad ambiental, calidades técnicas contrastantes y un bajo nivel de coherencia entre las categorías de conservación.
La Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) advirtió que transcurridos seis años desde la sanción de la Ley Nº 26.331, de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), existe una gran disparidad de criterios utilizados por cada provincia de la Argentina para su implementación
"Existe una gran disparidad en la interpretación de los criterios de sustentabilidad ambiental, calidades técnicas contrastantes y un bajo nivel de coherencia entre las categorías de conservación", señaló Agustina García Collazo, investigadora del Departamento de Métodos Cuantitativos de la FAUBA, quien realizó un informe publicado en agosto de 2013 en la revista de Ecología Austral, junto a un equipo de investigadores coordinado por José Paruelo, director de la carrera de Ciencias Ambientales de la FAUBA.
"Hay zonas donde las categorías para zonificar el bosque (según colores rojo, amarilla y verde) cambian abruptamente entre provincias, incluso en aquellas que comparten ecorregiones, y pocas son las provincias que han explicitado la metodología empleada para arribar a la zonificación a partir de los criterios de sustentabilidad ambiental establecidos en la Ley, dificultando la replicación del proceso", agregó.
La Ley Nº 26.331constituye la primera experiencia a nivel nacional de ordenamiento territorial que regula cambios en el uso del suelo de un tipo de cobertura en particular, los bosques nativos, y aspira a promover la conservación y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria.
En 2007, este instrumento legal permitió que las provincias suspendieran los permisos de desmonte, que en los últimos 10 años se habían incrementado de manera exponencial. Según datos de la Dirección de Bosques de la Nación, mientras que entre 1987- 1998 se deforestaban 180.000 ha/año, en el período 1998-2002 esa tasa se incrementó a 235.100 ha/año.
De acuerdo a información elaborada por INTA Salta a partir del uso de satélites, en los últimos 30 años se desmontó el 26% del total de bosques existentes a fines de los ’70. En tanto, a fines de 2007, frente a la inminente sanción de la Ley Nº 26.331, se registra el valor más alto de la historia, con una tasa de desmonte de 2,1% anual.
La Ley de Ordenamiento Territorial establece tres categorías para zonificar el bosque. De acuerdo a la legislación nacional, no se permite desmontar las categorías I (marcadas con rojo) y II (con amarillo).
"No obstante, pese a que la mayoría de las provincias sancionaron una ley provincial de OTBN, la falta de un protocolo de trabajo estandarizado y consensuado, junto con el bajo nivel de acuerdo en las zonificaciones provinciales, habría conducido a una desarticulación a nivel regional, agudizada frente a la interpretación dispar de los criterios de sustentabilidad ambiental y las diversas modalidades de aplicación de la ley", afirma el informe de la FAUBA.
Además, advierte que "en el noroeste argentino, la mayoría de las provincias (Jujuy, Salta y Tucumán, a excepción de Santiago del Estero) contemplaron los 10 criterios de sustentabilidad ambiental previstas por la Ley. En la región noreste y de Cuyo únicamente los informes de Corrientes y Mendoza consideraron todos estos criterios. Mientras que la región Patagónica, en ningún caso se evidenció el empleo de todos los criterios. En referencia a la metodología empleada para la valoración de los criterios, las provincias que han hecho explícitos los métodos utilizados sólo han sido Corrientes, Mendoza, Tucumán y San Juan".
La investigadora de la FAUBA destacó el valor de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, debido a que, por primera vez en la Argentina, se reconoce jurídicamente a los servicios ecosistémicos que brindan los bosques, como, por ejemplo la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad, del suelo y de la calidad del agua, y la defensa de la identidad cultural, entre otros aspectos.
Además, García Collazo destacó que la Secretaría de Ambiente de la Nación, encargada de aprobar los ordenamientos territoriales propuestos por cada provincia (para que puedan acceder al Fondo Nacional para la Compensación de Bosques Nativos), reconoce todos estos problemas y ha establecido los contenidos mínimos de los planes técnicos, que acompañan a los mapas de zonificación.
En este marco, en abril de 2013 la FAUBA, el Ministerio de Agricultura de la Nación y la FAO organizaron un Taller de Ordenamiento Territorial Rural en instalaciones del INTA Chile, coordinado por José Paruelo, Agustina García Collazo y Hernán Dieguez, también docente de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la presencia de profesionales de todo el país, provenientes de los ámbitos políticos y académicos.
Este taller generó las bases del libro "Ordenamiento territorial rural: conceptos, métodos y experiencias", que resumen el estado de esta problemática en el país y provee una guía metodológica para su abordaje a nivel municipal.
Actualmente, la Licenciatura de Ciencias Ambientales de la FAUBA está realizando la segunda edición del curso de Ordenamiento Territorial Rural en el cual se realiza una revisión de los marcos conceptuales y herramientas disponibles para su abordaje, los marcos legales existentes, las metodologías para la elaboración de planes y la realización de un ejercicio de ordenamiento territorial a nivel de municipio rural. Algunas de estas experiencias también fueron sistematizadas en el libro.
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Fumigaciones y las distancias en debate
Polémica por las distancias
Fecha de Publicación: 18/11/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Fallos judiciales de Chaco, Salta, Córdoba, Formosa, Santa Fe y Buenos Aires establecen límites de entre 800 y 1500 metros para las fumigaciones con agroquímicos. Médicos de pueblos fumigados, en base a estudios científicos, y organizaciones sociales impulsan leyes con distancias similares. En contraposición, el Ministerio de Agricultura de la Nación distribuyó entre productores un documento que propone fumigar a cien metros de las viviendas. El documento fue realizado junto a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe, espacio de las grandes compañías de agroquímicos), Aapresid (empresas de siembra directa) y la Federación de Cámaras Agroaéreas (dueños de aviones fumigadores).
“El documento llamado ‘Pautas sobre aplicaciones fitosanitarias en áreas periurbanas’ carece de nivel científico, ignora por completo el conocimiento disponible sobre efectos nocivos de los plaguicidas en la salud y los ecosistemas, y facilita la contaminación de las personas”, afirmó desde la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) Raúl Montenegro, y destacó que “no es casual” que funcionarios y grandes productores omitan mencionar que en la Comunidad Europea está prohibida la fumigación aérea.
Horacio Brignone, de la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, calificó el documento de “burdo, es el trabajo de una voluntad sectorial corporativa”, y cuestionó que no se dio lugar a análisis interdisciplinarios y tampoco se tuvo en cuenta a las familias afectadas y organizaciones que trabajan la problemática y padecen las fumigaciones.
Claudio Lowy, desde la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), consideró que el documento “carece de legitimidad científica, política y jurídica”. Evaluó que es “una maniobra” para presionar a legisladores, aseguró que se omitieron estudios epidemiológicos y “ninguno de los datos sobre distancia que ponen como ejemplos tiene referencia bibliográfica, lo que le quita seriedad a todo el documento”.
Carlos Manessi, de Cepronat (Centro de Protección a la Naturaleza) y la Multisectorial, explicó que están trabajando en todo Santa Fe, señaló que se articulan acciones con otras provincias y con todos los sectores de la sociedad por un simple motivo: “El lobby sojero opera en la Legislatura, en los medios de comunicación, en las universidades. En todos lados encuentra socios, pero también resistencias”.
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Fecha de Publicación: 18/11/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Fallos judiciales de Chaco, Salta, Córdoba, Formosa, Santa Fe y Buenos Aires establecen límites de entre 800 y 1500 metros para las fumigaciones con agroquímicos. Médicos de pueblos fumigados, en base a estudios científicos, y organizaciones sociales impulsan leyes con distancias similares. En contraposición, el Ministerio de Agricultura de la Nación distribuyó entre productores un documento que propone fumigar a cien metros de las viviendas. El documento fue realizado junto a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe, espacio de las grandes compañías de agroquímicos), Aapresid (empresas de siembra directa) y la Federación de Cámaras Agroaéreas (dueños de aviones fumigadores).
“El documento llamado ‘Pautas sobre aplicaciones fitosanitarias en áreas periurbanas’ carece de nivel científico, ignora por completo el conocimiento disponible sobre efectos nocivos de los plaguicidas en la salud y los ecosistemas, y facilita la contaminación de las personas”, afirmó desde la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) Raúl Montenegro, y destacó que “no es casual” que funcionarios y grandes productores omitan mencionar que en la Comunidad Europea está prohibida la fumigación aérea.
Horacio Brignone, de la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, calificó el documento de “burdo, es el trabajo de una voluntad sectorial corporativa”, y cuestionó que no se dio lugar a análisis interdisciplinarios y tampoco se tuvo en cuenta a las familias afectadas y organizaciones que trabajan la problemática y padecen las fumigaciones.
Claudio Lowy, desde la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), consideró que el documento “carece de legitimidad científica, política y jurídica”. Evaluó que es “una maniobra” para presionar a legisladores, aseguró que se omitieron estudios epidemiológicos y “ninguno de los datos sobre distancia que ponen como ejemplos tiene referencia bibliográfica, lo que le quita seriedad a todo el documento”.
Carlos Manessi, de Cepronat (Centro de Protección a la Naturaleza) y la Multisectorial, explicó que están trabajando en todo Santa Fe, señaló que se articulan acciones con otras provincias y con todos los sectores de la sociedad por un simple motivo: “El lobby sojero opera en la Legislatura, en los medios de comunicación, en las universidades. En todos lados encuentra socios, pero también resistencias”.
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Media sanción para ley para protección de humedales
Avanza una ley para preservar humedales
Fecha de Publicación: 18/11/2013
Fuente: AIM
Provincia/Región: Nacional
La semana pasada obtuvo media sanción del Senado de la nación la ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales.
El despacho surgió del consenso entre el proyecto presentado por el senador del FAP, Rubén Giustiniani, elaborado por organizaciones ecologistas de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, y el proyecto de la legisladora por el FPV Elsa Ruiz Díaz. Luego del trabajo por consenso en la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el proyecto de ley pasará a la cámara de diputados para su debate en 2014.
Al respecto Emilio Spataro, referente de Guardianes del Iberá e impulsor de uno de los proyectos junto organizaciones ambientales, detalló las diferencias entre el proyecto consensuado y el presentado por los grupos ecologistas litoraleños: “en el proyecto consensuado no se establecen actividades prohibidas o sancionables, pero se ordena a las provincias a que determinen y restrinjan actividades agrícolas o industriales en la zona”.
La inciativa establece un fondo nacional para la protección de humedales naturales y artificiales cuya transferencia de recursos a las provincias corre por la autoridad de aplicación, con el objetivo de que los estados provinciales realicen una categorización de los humedales presentes en su territorio.
Esto implica una transferencia de recursos a las provincias y la realización de un inventario nacional que establezca cuáles y dónde están los humedales argentinos. A la vez, el proyecto reivindica el uso tradicional que hacen las comunidades que habitan en esos espacios, puestas en el centro de la escena.
“Se incluyeron los humedales de origen artificial, porque se tomó la definición de la Convención Ramsar, de la que Argentina es signataria. Se trata de una medida importante, porque obliga a que las provincias reconozcan que tienen humedales que brindan servicios a la sociedad, y que establezcan qué categorías se le van a dar a esos humedales y que actividades se realizan en ellos. Hoy en Corrientes al no haber nada establecido, se deja hacer”, detalló Spataro.
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Fecha de Publicación: 18/11/2013
Fuente: AIM
Provincia/Región: Nacional
La semana pasada obtuvo media sanción del Senado de la nación la ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales.
El despacho surgió del consenso entre el proyecto presentado por el senador del FAP, Rubén Giustiniani, elaborado por organizaciones ecologistas de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, y el proyecto de la legisladora por el FPV Elsa Ruiz Díaz. Luego del trabajo por consenso en la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el proyecto de ley pasará a la cámara de diputados para su debate en 2014.
Al respecto Emilio Spataro, referente de Guardianes del Iberá e impulsor de uno de los proyectos junto organizaciones ambientales, detalló las diferencias entre el proyecto consensuado y el presentado por los grupos ecologistas litoraleños: “en el proyecto consensuado no se establecen actividades prohibidas o sancionables, pero se ordena a las provincias a que determinen y restrinjan actividades agrícolas o industriales en la zona”.
La inciativa establece un fondo nacional para la protección de humedales naturales y artificiales cuya transferencia de recursos a las provincias corre por la autoridad de aplicación, con el objetivo de que los estados provinciales realicen una categorización de los humedales presentes en su territorio.
Esto implica una transferencia de recursos a las provincias y la realización de un inventario nacional que establezca cuáles y dónde están los humedales argentinos. A la vez, el proyecto reivindica el uso tradicional que hacen las comunidades que habitan en esos espacios, puestas en el centro de la escena.
“Se incluyeron los humedales de origen artificial, porque se tomó la definición de la Convención Ramsar, de la que Argentina es signataria. Se trata de una medida importante, porque obliga a que las provincias reconozcan que tienen humedales que brindan servicios a la sociedad, y que establezcan qué categorías se le van a dar a esos humedales y que actividades se realizan en ellos. Hoy en Corrientes al no haber nada establecido, se deja hacer”, detalló Spataro.
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Etiquetas:
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
Nacional,
recursos hídricos
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Las Universidades en Córdoba cuestionan a Monsanto
Universidades cuestionan autorización a Monsanto
Fecha de Publicación: 17/11/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Desde la UNC, la UCC y la UNRC reprochan la decisión provincial de permitir la construcción de la planta sin el estudio de impacto ambiental previo.
Más allá de las consideraciones técnicas y ambientales que surjan sobre la radicación de Monsanto en Córdoba, tres de las principales universidades de la provincia opinan de manera casi idéntica en otro aspecto: critican el proceso de autorización inicial que permitió el comienzo de la construcción de la planta de acondicionamiento y secado de semillas de maíz.
Cuestionan un punto central: que se haya procedido sin que la compañía multinacional presentara antes la evaluación de impacto ambiental (EIA).
Los informes provienen del Observatorio de Prácticas de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) y del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).
En el caso de la UNC y la UNRC, estas conclusiones son independientes de las valoraciones que pudieran surgir de las distintas facultades que forman estas universidades respecto de las consecuencias ambientales –o de la falta de ella– en el proceso industrial que realizará Monsanto.
La Provincia fue consultada sobre el tema, ya que la Secretaría de Ambiente es el blanco de las críticas. Pero hasta ayer no hubo respuesta.
Por el lado de la empresa, ayer publicamos en nuestra sección Opinión un artículo de su vicepresidente en Argentina, Pablo Vaquero, en el que dice que Monsanto “nunca incumplió ninguna ley nacional, provincial o local en la inversión productiva en Córdoba”.
Sostuvo que “la Justicia provincial ratificó en diversas instancias que los derechos de Monsanto son violentados por activistas políticos” y agregó que “desde hace más de un año” están en contacto con los vecinos de Malvinas Argentinas.
UNC. Señala que el proyecto “es uno solo” y “debe ser objeto de evaluación de impacto ambiental previa a su ejecución”. Cuestiona que, al fraccionar el proyecto en etapas y ser autorizado por la Secretaría de Ambiente de Córdoba a presentar sólo evaluaciones parciales, se produce como resultado “una segmentación de sucesivos informes meramente declarativos y parciales” (ver Informe de la UNC).
Agrega que “la Secretaría de Ambiente realizó una clasificación o categorización inicial del proyecto, estableciendo que quedaba sometido a una evaluación de impacto ambiental completa. Pero, sugestivamente, adopta y adapta el esquema desagregado (...), según las etapas que la propia Monsanto Argentina Saic formula en su presentación”.
El informe resalta que el “diferimiento de la EIA, que ya no será previa sino ex post de la emisión de sucesivos salvoconductos amoldados a los requerimientos y etapas delineados por la propia empresa, impedirá contemplar posibilidades de mejoramiento o cambios de la localización o diseños alternativos del proyecto”.
En resumen, el Observatorio señala que no se cumplió con la Ley General del Ambiente 25.675 respecto de los pasos previos que deben asegurar la participación ciudadana en la toma de decisiones y el acceso a la información necesaria para ello (como la EIA). Y que su cumplimiento es obligatorio para la Provincia.
UCC. También cuestionó el proceso jurídico que autorizó la construcción de la planta de Monsanto. Señaló que la EIA debió ser previa a su ejecución y recordó que en este caso debe regir el principio precautorio: “El derecho a un ambiente sano es un derecho humano; nuestra legislación prevé utilizar el principio precautorio ante situaciones de inminente impacto ambiental negativo. Derechos y legislación deben ser respetados”, señalaron, en el mismo sentido que la UNC (ver Comunicado de prensa de la UCC 27/09/2013).
UNRC. El Observatorio señala que “se debería consultar por qué no está como antecedente en el Aviso de Proyecto la factibilidad de ubicación, documentación indispensable sin la cual la Secretaría de Ambiente ni siquiera acepta el ingreso del expediente”. Señala que la reglamentación de la ley provincial 7.343 incluye requisitos que en este caso justifican la exigencia del estudio de impacto ambiental previo (ver Informe de la UNRC).
Afirma que Monsanto “debería aguardar a la Licencia Ambiental, otorgada por resolución por la Secretaría de Ambiente de la Provincia, para comenzar cualquier obra en el terreno”. Agrega que, “como se supone no ha habido un pronunciamiento a ese respecto, las obras emprendidas podrían estar constituyendo una manifiesta irregularidad”.
Por último, recomienda “exigir el estudio de impacto ambiental, junto con una audiencia pública que den legitimidad ambiental y social, para autorizar un emprendimiento de esta magnitud”.
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Fecha de Publicación: 17/11/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Desde la UNC, la UCC y la UNRC reprochan la decisión provincial de permitir la construcción de la planta sin el estudio de impacto ambiental previo.
Más allá de las consideraciones técnicas y ambientales que surjan sobre la radicación de Monsanto en Córdoba, tres de las principales universidades de la provincia opinan de manera casi idéntica en otro aspecto: critican el proceso de autorización inicial que permitió el comienzo de la construcción de la planta de acondicionamiento y secado de semillas de maíz.
Cuestionan un punto central: que se haya procedido sin que la compañía multinacional presentara antes la evaluación de impacto ambiental (EIA).
Los informes provienen del Observatorio de Prácticas de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) y del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).
En el caso de la UNC y la UNRC, estas conclusiones son independientes de las valoraciones que pudieran surgir de las distintas facultades que forman estas universidades respecto de las consecuencias ambientales –o de la falta de ella– en el proceso industrial que realizará Monsanto.
La Provincia fue consultada sobre el tema, ya que la Secretaría de Ambiente es el blanco de las críticas. Pero hasta ayer no hubo respuesta.
Por el lado de la empresa, ayer publicamos en nuestra sección Opinión un artículo de su vicepresidente en Argentina, Pablo Vaquero, en el que dice que Monsanto “nunca incumplió ninguna ley nacional, provincial o local en la inversión productiva en Córdoba”.
Sostuvo que “la Justicia provincial ratificó en diversas instancias que los derechos de Monsanto son violentados por activistas políticos” y agregó que “desde hace más de un año” están en contacto con los vecinos de Malvinas Argentinas.
UNC. Señala que el proyecto “es uno solo” y “debe ser objeto de evaluación de impacto ambiental previa a su ejecución”. Cuestiona que, al fraccionar el proyecto en etapas y ser autorizado por la Secretaría de Ambiente de Córdoba a presentar sólo evaluaciones parciales, se produce como resultado “una segmentación de sucesivos informes meramente declarativos y parciales” (ver Informe de la UNC).
Agrega que “la Secretaría de Ambiente realizó una clasificación o categorización inicial del proyecto, estableciendo que quedaba sometido a una evaluación de impacto ambiental completa. Pero, sugestivamente, adopta y adapta el esquema desagregado (...), según las etapas que la propia Monsanto Argentina Saic formula en su presentación”.
El informe resalta que el “diferimiento de la EIA, que ya no será previa sino ex post de la emisión de sucesivos salvoconductos amoldados a los requerimientos y etapas delineados por la propia empresa, impedirá contemplar posibilidades de mejoramiento o cambios de la localización o diseños alternativos del proyecto”.
En resumen, el Observatorio señala que no se cumplió con la Ley General del Ambiente 25.675 respecto de los pasos previos que deben asegurar la participación ciudadana en la toma de decisiones y el acceso a la información necesaria para ello (como la EIA). Y que su cumplimiento es obligatorio para la Provincia.
UCC. También cuestionó el proceso jurídico que autorizó la construcción de la planta de Monsanto. Señaló que la EIA debió ser previa a su ejecución y recordó que en este caso debe regir el principio precautorio: “El derecho a un ambiente sano es un derecho humano; nuestra legislación prevé utilizar el principio precautorio ante situaciones de inminente impacto ambiental negativo. Derechos y legislación deben ser respetados”, señalaron, en el mismo sentido que la UNC (ver Comunicado de prensa de la UCC 27/09/2013).
UNRC. El Observatorio señala que “se debería consultar por qué no está como antecedente en el Aviso de Proyecto la factibilidad de ubicación, documentación indispensable sin la cual la Secretaría de Ambiente ni siquiera acepta el ingreso del expediente”. Señala que la reglamentación de la ley provincial 7.343 incluye requisitos que en este caso justifican la exigencia del estudio de impacto ambiental previo (ver Informe de la UNRC).
Afirma que Monsanto “debería aguardar a la Licencia Ambiental, otorgada por resolución por la Secretaría de Ambiente de la Provincia, para comenzar cualquier obra en el terreno”. Agrega que, “como se supone no ha habido un pronunciamiento a ese respecto, las obras emprendidas podrían estar constituyendo una manifiesta irregularidad”.
Por último, recomienda “exigir el estudio de impacto ambiental, junto con una audiencia pública que den legitimidad ambiental y social, para autorizar un emprendimiento de esta magnitud”.
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Otro desmonte conflictivo e ilegal en Salta
Aprobarán otro desmonte en una zona en conflicto con campesinos
Fecha de Publicación: 16/11/2013
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Salta
Una nueva recategorización de las que viene realizando el Ministerio de Ambiente se pudo conocer tras ser publicada en el Boletín Oficial la convocatoria a una audiencia pública para el desmonte de 5.745 hectáreas en la Finca Pluma de Pato, en el departamento Rivadavia.
La zona que estaba dispuesta en color amarillo, y que se encuentra habitada por distintas familias de campesinos, fue recategorizada y, según la empresa, entre los requisitos cumplidos ante la conflictividad que presenta esta zona, los empresarios Fernando Munzi, y Agustín Vidizzoni (que solicitaron este desmonte), indicaron que en la zona se había logrado disponer por convenio la entrega de tierras y relocalización de las familias campesinas con entregas que van de 50 a 100 hectáreas por familia y en la que se incluye la construcción de una vivienda.
La finca, que según la convocatoria del desmonte se denomina "La Luz del Chaco", se encuentra entre "dos pueblos de pastajeros", por lo cual llevó a hacer el análisis, en tanto se extiende entre Rivadavia y hasta Dragones (en el departamento San Martín).
Si bien se conoce de esta acción llevada adelante con los campesinos, desde la Mesa Coordinadora de Tierras de la ruta Nº 81 se indicó que se participará de la audiencia convocada para el próximo jueves, aunque con una posición contraria a los desmontes. "Entendemos que el desmonte es perjudicial y a gran escala no solo perjudica a los que están alrededor. Esta no es una zona para hacer los desmontes por los vientos o los calores", dijo Lucia Ruiz, una de las integrantes de la mesa mencionada.
Indicó que si bien hubo acuerdos con los empresarios, fue por la reubicación de un camino que pasaba por medio de la Finca. La nueva vía se realizó orillando la finca.
Y es que en principio se quería llevar el camino dentro del lote fiscal Nº 21, pero los que viven dentro de esas tierras no quisieron en tanto aumenta en ese caso el riesgo de robo de animales, además de quitarles espacio.
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Fecha de Publicación: 16/11/2013
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Salta
Una nueva recategorización de las que viene realizando el Ministerio de Ambiente se pudo conocer tras ser publicada en el Boletín Oficial la convocatoria a una audiencia pública para el desmonte de 5.745 hectáreas en la Finca Pluma de Pato, en el departamento Rivadavia.
La zona que estaba dispuesta en color amarillo, y que se encuentra habitada por distintas familias de campesinos, fue recategorizada y, según la empresa, entre los requisitos cumplidos ante la conflictividad que presenta esta zona, los empresarios Fernando Munzi, y Agustín Vidizzoni (que solicitaron este desmonte), indicaron que en la zona se había logrado disponer por convenio la entrega de tierras y relocalización de las familias campesinas con entregas que van de 50 a 100 hectáreas por familia y en la que se incluye la construcción de una vivienda.
La finca, que según la convocatoria del desmonte se denomina "La Luz del Chaco", se encuentra entre "dos pueblos de pastajeros", por lo cual llevó a hacer el análisis, en tanto se extiende entre Rivadavia y hasta Dragones (en el departamento San Martín).
Si bien se conoce de esta acción llevada adelante con los campesinos, desde la Mesa Coordinadora de Tierras de la ruta Nº 81 se indicó que se participará de la audiencia convocada para el próximo jueves, aunque con una posición contraria a los desmontes. "Entendemos que el desmonte es perjudicial y a gran escala no solo perjudica a los que están alrededor. Esta no es una zona para hacer los desmontes por los vientos o los calores", dijo Lucia Ruiz, una de las integrantes de la mesa mencionada.
Indicó que si bien hubo acuerdos con los empresarios, fue por la reubicación de un camino que pasaba por medio de la Finca. La nueva vía se realizó orillando la finca.
Y es que en principio se quería llevar el camino dentro del lote fiscal Nº 21, pero los que viven dentro de esas tierras no quisieron en tanto aumenta en ese caso el riesgo de robo de animales, además de quitarles espacio.
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Etiquetas:
agricultura industrial,
Desmontes,
legislación y derecho ambiental,
Salta
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Las Sierras de Córdoba bajo estres hídrico
5 ciudades de Sierras Chicas con cortes de agua
Fecha de Publicación: 16/11/2013
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
Son los 100 mil habitantes de Villa Allende, La Calera, Saldán, Unquillo y Mendiolaza. Es por la rotura de un caño que lleva agua del Suquía.
A los problemas de agua crónicos que tienen cada verano las localidades de las Sierras Chicas, se suma uno: la rotura del caño que lleva agua cruda del río Suquía a la planta potabilizadora que está en La Calera.
Consecuencia: unos 100 mil vecinos desde La Calera hasta Unquillo con problemas de abastecimiento desde el viernes a la noche y hasta, con suerte, el lunes.
"La Provincia nos informó que está trabajando en la reparación, pero estamos en alerta, recomendando a todos que consuman sólo lo estrictamente necesario", dijo a Día a Día Raúl Hoya, presidente de la Cooperativa de Agua de Unquillo y Mendiolaza.
Si bien hasta el lunes la Provincia hizo un arreglo parcial, el ingreso de agua a la planta potabilizadora es mucho menor al habitual, lo que hace mermar fuertemente la cantidad de agua distribuida.
"El problema es que luego de 12 horas sin nada de agua (desde el viernes que se rompió), se vació todo el sistema y, ahora, recuperarlo con poco ingreso de líquido es muy complicado y lento", reconoció Hoya.
Hasta ahora, no está previsto suspender las clases el lunes en estas ciudades, pero todo dependerá de la evolución del parche y del tiempo que lleve arreglar el caño mañana.
"Me informaron de la Provincia que está garantizado el servicio. Al parecer hay un 50 por ciento de agua que está entrando", dijo Daniel Salibi, intendente de Mendiolaza.
Hay que esperar. Pero por las dudas, si vive en estas localidades y tiene servicio de agua, reserve lo que hay en el tanque. Las más complicadas serán los clientes de Unquillo, porque el agua tardará más en volver a los lugares más altos.
Una alternativa sería "abrir el grifo" por un par de días desde el dique La Quebrada, una válvula que se cerró hace dos meses para preservar el agua de ese lago para los habitantes de Río Ceballos.
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Fecha de Publicación: 16/11/2013
Fuente: Día a Día
Provincia/Región: Córdoba
Son los 100 mil habitantes de Villa Allende, La Calera, Saldán, Unquillo y Mendiolaza. Es por la rotura de un caño que lleva agua del Suquía.
A los problemas de agua crónicos que tienen cada verano las localidades de las Sierras Chicas, se suma uno: la rotura del caño que lleva agua cruda del río Suquía a la planta potabilizadora que está en La Calera.
Consecuencia: unos 100 mil vecinos desde La Calera hasta Unquillo con problemas de abastecimiento desde el viernes a la noche y hasta, con suerte, el lunes.
"La Provincia nos informó que está trabajando en la reparación, pero estamos en alerta, recomendando a todos que consuman sólo lo estrictamente necesario", dijo a Día a Día Raúl Hoya, presidente de la Cooperativa de Agua de Unquillo y Mendiolaza.
Si bien hasta el lunes la Provincia hizo un arreglo parcial, el ingreso de agua a la planta potabilizadora es mucho menor al habitual, lo que hace mermar fuertemente la cantidad de agua distribuida.
"El problema es que luego de 12 horas sin nada de agua (desde el viernes que se rompió), se vació todo el sistema y, ahora, recuperarlo con poco ingreso de líquido es muy complicado y lento", reconoció Hoya.
Hasta ahora, no está previsto suspender las clases el lunes en estas ciudades, pero todo dependerá de la evolución del parche y del tiempo que lleve arreglar el caño mañana.
"Me informaron de la Provincia que está garantizado el servicio. Al parecer hay un 50 por ciento de agua que está entrando", dijo Daniel Salibi, intendente de Mendiolaza.
Hay que esperar. Pero por las dudas, si vive en estas localidades y tiene servicio de agua, reserve lo que hay en el tanque. Las más complicadas serán los clientes de Unquillo, porque el agua tardará más en volver a los lugares más altos.
Una alternativa sería "abrir el grifo" por un par de días desde el dique La Quebrada, una válvula que se cerró hace dos meses para preservar el agua de ese lago para los habitantes de Río Ceballos.
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Reserva Nacional de Pizarro: piden acelerar los trámites
Piden al Congreso acelerar la creación de la Reserva Nacional de Pizarro
Fecha de Publicación: 15/11/2013
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Nacional
Tras a dar a conocer el informe de los distintos incumplimientos en la zona donde se pretende establecer la anhelada Reserva Nacional de Pizarro, desde Greenpeace se hizo una presentación a la Cámara de Diputados de la Nación a fin de que se acelere el proceso de aprobación de la Reserva Nacional de Pizarro, en Anta.
En la carta se manifestó la preocupación que existe entre los ambientalistas "frente a la posible no concreción de la Reserva Nacional Pizarro -ubicada en el departamento Anta de la provincia de Salta- por vencimiento del plazo para aceptar la cesión de jurisdicción efectuada oportunamente por la provincia".
El área protegida de Pizarro fue creada en 1995 para preservar una diversidad de ambientes del norte argentino.
En febrero de 2004 una ley provincial desafectó a la reserva de su condición de área protegida, con el objetivo de lotearla, rematarla y destinarla a distintas actividades agropecuarias.
El caso motivó el rechazo de la Universidad Nacional de Salta, de los habitantes de la reserva y de numerosas organizaciones ambientalistas. El conflicto tuvo su pico de tensión cuando un grupo de compradores de la reserva se aprestaba a iniciar el desmonte en la zona.
En ese momento se intensifica la campaña y la Administración de Parques Nacionales (APN) manifiesta su interés en incorporar a Pizarro a su jurisdicción.
Así, el 29 de septiembre de 2005 el presidente Néstor Kirchner se comprometió a intervenir en el caso, luego de recibir a una delegación de la comunidad wichí.
Si bien se firmó en 2005 un acuerdo entre APN y el Gobierno provincial para llegar a tener una reserva de cerca de 60.000 hectáreas poco se avanzó en la concreción del acuerdo.
Hubo desmontes en distintas zonas que se esperaba, fueran dispuestas en la reserva nacional. Ante esta realidad, que pone en peligro la funcionalidad de la futura reserva, se solicitó que se "urgentemente sobre tablas el proyecto de creación de la Reserva Nacional Pizarro en los términos acordados hace ocho años entre la Administración de Parques Nacionales y el Gobierno de Salta".
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Fecha de Publicación: 15/11/2013
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Nacional
Tras a dar a conocer el informe de los distintos incumplimientos en la zona donde se pretende establecer la anhelada Reserva Nacional de Pizarro, desde Greenpeace se hizo una presentación a la Cámara de Diputados de la Nación a fin de que se acelere el proceso de aprobación de la Reserva Nacional de Pizarro, en Anta.
En la carta se manifestó la preocupación que existe entre los ambientalistas "frente a la posible no concreción de la Reserva Nacional Pizarro -ubicada en el departamento Anta de la provincia de Salta- por vencimiento del plazo para aceptar la cesión de jurisdicción efectuada oportunamente por la provincia".
El área protegida de Pizarro fue creada en 1995 para preservar una diversidad de ambientes del norte argentino.
En febrero de 2004 una ley provincial desafectó a la reserva de su condición de área protegida, con el objetivo de lotearla, rematarla y destinarla a distintas actividades agropecuarias.
El caso motivó el rechazo de la Universidad Nacional de Salta, de los habitantes de la reserva y de numerosas organizaciones ambientalistas. El conflicto tuvo su pico de tensión cuando un grupo de compradores de la reserva se aprestaba a iniciar el desmonte en la zona.
En ese momento se intensifica la campaña y la Administración de Parques Nacionales (APN) manifiesta su interés en incorporar a Pizarro a su jurisdicción.
Así, el 29 de septiembre de 2005 el presidente Néstor Kirchner se comprometió a intervenir en el caso, luego de recibir a una delegación de la comunidad wichí.
Si bien se firmó en 2005 un acuerdo entre APN y el Gobierno provincial para llegar a tener una reserva de cerca de 60.000 hectáreas poco se avanzó en la concreción del acuerdo.
Hubo desmontes en distintas zonas que se esperaba, fueran dispuestas en la reserva nacional. Ante esta realidad, que pone en peligro la funcionalidad de la futura reserva, se solicitó que se "urgentemente sobre tablas el proyecto de creación de la Reserva Nacional Pizarro en los términos acordados hace ocho años entre la Administración de Parques Nacionales y el Gobierno de Salta".
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Córdoba: crean nuevas reservas, pero fuera de la ley
Nuevos parques provinciales no se ajustan a la ley vigente
Fecha de Publicación: 15/11/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El Foro Ambiental reclama a la Provincia que en los proyectos de creación de parques en el Cerro Colorado y en los bañados del río Dulce se mencione la ley de áreas naturales.
El Foro Ambiental Córdoba presentó notas a integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo de la Provincia para reclamar que los proyectos de creación de parques en el Cerro Colorado y los bañados del río Dulce se ajusten a la actual ley de áreas naturales.
Las iniciativas enviadas a la Legislatura por el Poder Ejecutivo promueven la creación de un Parque Natural de Interés Provincial en unas 700 mil hectáreas en los bañados del río Dulce y laguna Mar Chiquita y un Parque Cultural de Interés Provincial, en un área de 522 hectáreas en la zona de Cerro Colorado.
Estas dos categorías no están previstas en la ley 6.964 de áreas naturales. De hecho los proyectos ni siquiera mencionan esta norma madre en materia de protección de ecosistemas provinciales.
La ONG envío 74 notas dirigidas al gobernador, a la vicegobernadora, al ministro de Agua, Ambiente y Energía, a la ministra de Justicia y a los 70 legisladores.
“Encuadran a los predios en categorías de conservación que no existen en nuestro marco legal, por lo que resulta incierto si serán más o menos restrictivas que las categorías en que se encuentran actualmente”, resume Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental.
La ley 6.964 fija las normas de protección en área naturales. La categoría más restrictiva, áreas destinadas a uso no extractivo y rigurosa intervención del Estado, son los Parques Naturales Provinciales.
Hay una sutil diferencia de denominación entre “Parque Natural Provincial” y “Parque Natural de Interés Provincial” que se puede prestar a malas interpretaciones, alertaron desde la ONG.
En la actualidad, los bañados del río Dulce son una Reserva Natural, e incluye predios estatales y privados. El nuevo proyecto prevé la expropiación de los campos particulares siempre y cuando no “estén destinados o tengan aptitud para la explotación agrícola”.
Legado cultural
Una situación similar ocurre con el proyecto de Cerro Colorado. El concepto de “Parque Cultural de Interés Provincial” no existe en la norma. Esta región está protegida como Reserva Cultural Natural en el marco de la ley 6.964.
Desde la ONG entienden que si se quisiera mejorar su nivel de protección, se debería modificar la norma pues no incluye una categoría de protección máxima para regiones que además de un valor natural tengan valor cultural.
Otra opción que plantean es directamente incluirla con Parque Natural Provincial, “cuyo manejo esté especialmente dirigido para la protección de testimonio cultural que representan las pinturas rupestres.
Guillermo Bornancini, astrónomo y estudiante de antropología que ha estudiado el legado cultural del Cerro Colorado, apunta que el proyecto es negativo. “La iniciativa podría afectar a los campesinos y picaderos artesanos, pues se expropiarían sus campos”, dice.
Y agrega: “Con el proyecto se expropiará el 80 por ciento de los sitios con pinturas rupestres. Los guías particulares podrían hacer un uso excesivo de los restantes sitios (por medio de visitas), produciendo alteraciones graves, aceleradas y no estipuladas, tanto del ambiente cercano a los sitios como a los sitios mismos”.
Los proyectos
Nordeste. En los bañados del río Dulce se creará un Parque Natural de Interés Provincial, de 700 mil hectáreas.
Cultural. En la zona del Cerro Colorado se creará un Parque Cultural de Interés Provincial, de 522 hectáreas.
La ley. La ley 6.964 de áreas natural no prevé estas categorías.
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Fecha de Publicación: 15/11/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El Foro Ambiental reclama a la Provincia que en los proyectos de creación de parques en el Cerro Colorado y en los bañados del río Dulce se mencione la ley de áreas naturales.
El Foro Ambiental Córdoba presentó notas a integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo de la Provincia para reclamar que los proyectos de creación de parques en el Cerro Colorado y los bañados del río Dulce se ajusten a la actual ley de áreas naturales.
Las iniciativas enviadas a la Legislatura por el Poder Ejecutivo promueven la creación de un Parque Natural de Interés Provincial en unas 700 mil hectáreas en los bañados del río Dulce y laguna Mar Chiquita y un Parque Cultural de Interés Provincial, en un área de 522 hectáreas en la zona de Cerro Colorado.
Estas dos categorías no están previstas en la ley 6.964 de áreas naturales. De hecho los proyectos ni siquiera mencionan esta norma madre en materia de protección de ecosistemas provinciales.
La ONG envío 74 notas dirigidas al gobernador, a la vicegobernadora, al ministro de Agua, Ambiente y Energía, a la ministra de Justicia y a los 70 legisladores.
“Encuadran a los predios en categorías de conservación que no existen en nuestro marco legal, por lo que resulta incierto si serán más o menos restrictivas que las categorías en que se encuentran actualmente”, resume Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental.
La ley 6.964 fija las normas de protección en área naturales. La categoría más restrictiva, áreas destinadas a uso no extractivo y rigurosa intervención del Estado, son los Parques Naturales Provinciales.
Hay una sutil diferencia de denominación entre “Parque Natural Provincial” y “Parque Natural de Interés Provincial” que se puede prestar a malas interpretaciones, alertaron desde la ONG.
En la actualidad, los bañados del río Dulce son una Reserva Natural, e incluye predios estatales y privados. El nuevo proyecto prevé la expropiación de los campos particulares siempre y cuando no “estén destinados o tengan aptitud para la explotación agrícola”.
Legado cultural
Una situación similar ocurre con el proyecto de Cerro Colorado. El concepto de “Parque Cultural de Interés Provincial” no existe en la norma. Esta región está protegida como Reserva Cultural Natural en el marco de la ley 6.964.
Desde la ONG entienden que si se quisiera mejorar su nivel de protección, se debería modificar la norma pues no incluye una categoría de protección máxima para regiones que además de un valor natural tengan valor cultural.
Otra opción que plantean es directamente incluirla con Parque Natural Provincial, “cuyo manejo esté especialmente dirigido para la protección de testimonio cultural que representan las pinturas rupestres.
Guillermo Bornancini, astrónomo y estudiante de antropología que ha estudiado el legado cultural del Cerro Colorado, apunta que el proyecto es negativo. “La iniciativa podría afectar a los campesinos y picaderos artesanos, pues se expropiarían sus campos”, dice.
Y agrega: “Con el proyecto se expropiará el 80 por ciento de los sitios con pinturas rupestres. Los guías particulares podrían hacer un uso excesivo de los restantes sitios (por medio de visitas), produciendo alteraciones graves, aceleradas y no estipuladas, tanto del ambiente cercano a los sitios como a los sitios mismos”.
Los proyectos
Nordeste. En los bañados del río Dulce se creará un Parque Natural de Interés Provincial, de 700 mil hectáreas.
Cultural. En la zona del Cerro Colorado se creará un Parque Cultural de Interés Provincial, de 522 hectáreas.
La ley. La ley 6.964 de áreas natural no prevé estas categorías.
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Quieren sacar si o si la nueva ley de agroquímicos
La ley de agroquímicos saldría, 'así sea en la última sesión'
Fecha de Publicación: 14/11/2013
Fuente: AIM
Provincia/Región: Buenos Aires
La comisión de Producción de la Cámara de Diputados provincial se reunirá la semana próxima para tratar el proyecto de ley sobre agroquímicos, confirmó a AIM el presidente del órgano, Oscar Arlettaz, quien afirmó que “haremos lo posible para sacarla, así sea en la última sesión”.
En diálogo con esta Agencia, el presidente de la comisión de Producción informó que el miércoles a las 9 se reunirán para retomar el trabajo en torno a la ley de agroquímicos. “La última vez tuvimos que suspender el encuentro por la sesión, así que pedí que no me modifiquen ésta vez”, indicó el senador.
Consulado sobre el posible tratamiento de la ley antes de fin de año, Arlettaz señaló que “haremos lo posible para sacarla, así sea en la última sesión”.
Los senadores entrerrianos han puesto énfasis en el caso de las escuelas rurales, “a las que habría que generarles además una barrera arbórea, que es una de las propuestas surgidas en comisión”.
Y en lo que hace a la disposición final de los envases, añadió que se trabaja teniendo en cuenta las prácticas que se observan en el campo entrerriano, tratando de alejar, con el buen manejo, el peligro para los trabajadores y habitantes.
Además, “revisaremos lo que se encuentra en comisión; si hay algo para mandar a archivo pero creemos que se encuentra todo ordenado”, añadió.
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Fecha de Publicación: 14/11/2013
Fuente: AIM
Provincia/Región: Buenos Aires
La comisión de Producción de la Cámara de Diputados provincial se reunirá la semana próxima para tratar el proyecto de ley sobre agroquímicos, confirmó a AIM el presidente del órgano, Oscar Arlettaz, quien afirmó que “haremos lo posible para sacarla, así sea en la última sesión”.
En diálogo con esta Agencia, el presidente de la comisión de Producción informó que el miércoles a las 9 se reunirán para retomar el trabajo en torno a la ley de agroquímicos. “La última vez tuvimos que suspender el encuentro por la sesión, así que pedí que no me modifiquen ésta vez”, indicó el senador.
Consulado sobre el posible tratamiento de la ley antes de fin de año, Arlettaz señaló que “haremos lo posible para sacarla, así sea en la última sesión”.
Los senadores entrerrianos han puesto énfasis en el caso de las escuelas rurales, “a las que habría que generarles además una barrera arbórea, que es una de las propuestas surgidas en comisión”.
Y en lo que hace a la disposición final de los envases, añadió que se trabaja teniendo en cuenta las prácticas que se observan en el campo entrerriano, tratando de alejar, con el buen manejo, el peligro para los trabajadores y habitantes.
Además, “revisaremos lo que se encuentra en comisión; si hay algo para mandar a archivo pero creemos que se encuentra todo ordenado”, añadió.
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Otro golpe a los biocombustibles
España excluyó a la Argentina de su mercado de biodiésel
Fecha de Publicación: 14/11/2013
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
La Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) calificó la decisión de "arbitraria" y "discriminatoria". El país ibérico importaba desde la Argentina biodiesel de soja por un valor superior a los 800 millones de dólares anuales.
El Ministerio de Industria de España publicó en el Boletín Oficial la lista de las plantas de biodiésel con autorización para vender en el país: no figura ninguna empresa argentina.
Según un comunicado de Carbio, la cámara que agrupa al sector en la Argentina, las 42 plantas autorizadas son todas europeas.
Según la fuente, “algunas de las plantas argentinas que se presentaron fueron excluidas alegando razones administrativas injustificadas”.
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Fecha de Publicación: 14/11/2013
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
La Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) calificó la decisión de "arbitraria" y "discriminatoria". El país ibérico importaba desde la Argentina biodiesel de soja por un valor superior a los 800 millones de dólares anuales.
El Ministerio de Industria de España publicó en el Boletín Oficial la lista de las plantas de biodiésel con autorización para vender en el país: no figura ninguna empresa argentina.
Según un comunicado de Carbio, la cámara que agrupa al sector en la Argentina, las 42 plantas autorizadas son todas europeas.
Según la fuente, “algunas de las plantas argentinas que se presentaron fueron excluidas alegando razones administrativas injustificadas”.
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La justicia ordena controlar las fumigaciones
Fallo judicial obliga a controlar fumigaciones
Fecha de Publicación: 14/11/2013
Fuente: La Opnión On Line
Provincia/Región: Santa Fe
El juez Civil y Comercial Nº 3 de Rafaela, Omar Amado Saleh, falló en favor de un vecino de la localidad de Nuevo Torino, que desde hace varios meses reclama el cese de las fumigaciones en un campo aledaño a su vivienda familiar.
El magistrado hizo lugar a la acción de amparo condenando a la comuna demandada para que cumpla con la normativa vigente en la materia y “en consecuencia cese en su conducta omisiva de permitir la aplicación de cualquier producto fitosanitario, sin discriminación sobre el grado de toxicidad que ellos puedan presentar, dentro del radio de 100 metros del límite de la planta urbana”.
“Este fallo es muy importante porque destaca que los jueces de provincia tienen la obligatoriedad, como así también autoridades provinciales, municipalidades y comunas de acogerse a la Ley Nº 25.675 de Protección del Medio Ambiente”, expresó a El Litoral el abogado Alfredo Rasso, como patrocinante del damnificado.
Tal como lo menciona el amparista, el reclamo del vecino se inició a comienzos de mayo último, “habida cuenta de que los llamados mosquitos (fumigación terrestre) pasan a escasos 7 metros de su vivienda”, ocasionándole una serie de perjuicios en la salud a los miembros de su grupo familiar".
“Está fuera de duda que la aplicación de productos fitosanitarios tienen la potencialidad de producir perjuicios a los seres humanos y al medio ambiente, lo que surge evidente de las innumerables reglamentaciones que sobre su aplicación existen en todo el territorio nacional y en la propia Comuna de Nuevo Torino, y también que el actor tiene derecho a que su salud y a un medio ambiente sano en el cual desarrollar su vida, sean protegidos”, expresó el juez Saleh en los considerandos.
Como base de análisis, el magistrado constató en primer lugar, mediante el juez comunitario de las Pequeñas Causas de la localidad de Pilar, “que la vivienda del actor se ubica en la zona rural de la localidad de Nuevo Torino, a la vera de la Ruta Provincial Nº 70, a 20 metros del cartel sobre mano derecha que señala ‘zona urbana’ y otro sobre margen izquierda -sentido de circulación a Humboldt- que señala ‘fin zona urbana’”.
Asimismo, se encuentra documentado que un ingeniero agrónomo “ingresó a la vivienda y manifestó que en los lotes ubicados al este y al oeste se advierte a simple vista que han sido fumigados recientemente”, aunque “no puede precisar los productos utilizados”.
La medida siguiente fue la extracción de muestras para el análisis -una de cada lote-, las que fueron rotuladas e identificadas con sello y firma de la autoridad judicial interviniente.
Como corolario, constan “los informes producidos por el Laboratorio Central Servicios Analíticos de la Facultad de Ingeniería Química, de la Universidad Nacional del Litoral” en los que se da cuenta de que en dichos lotes “se ha encontrado concentración de glifosato y Ampa” en distintas concentraciones.
Con la prueba material palmaria, el juez Saleh se refirió en la normativa vigente, invocando la ordenanza Nº 64 del año 2010 dictada por la Comuna de Nuevo Torino que “expresamente prohíbe la aplicación de cualquier producto fitosanitario dentro del radio de 100 metros del límite de la planta urbana”.
En cuanto a su intervención como autoridad judicial, el magistrado defendió la “inexistencia de otro medio judicial más idóneo para tutelar el derecho o garantía reconocidos” y citó la ya referida Ley Nº 25.675 que “es de orden público, rige en todo el territorio de la Nación, y sus disposiciones deben utilizarse para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, las cuales mantendrán su vigencia en cuanto no se opongan a los principios y disposiciones contenidos en la Ley General del Ambiente”.
Por último recordó que “la Ley 25.675 consagra diversos principios, y las comunas deben ajustar su conducta a ella”, por lo que “existe urgencia en atender la pretensión del amparista”.
También destacó que “si se lo obliga a recurrir a la vía administrativa, para luego a la Justicia Contencioso Administrativa, muy probablemente los principios que la Ley 25.675 consagra se podrían ver fácilmente vulnerados”.
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Fecha de Publicación: 14/11/2013
Fuente: La Opnión On Line
Provincia/Región: Santa Fe
El juez Civil y Comercial Nº 3 de Rafaela, Omar Amado Saleh, falló en favor de un vecino de la localidad de Nuevo Torino, que desde hace varios meses reclama el cese de las fumigaciones en un campo aledaño a su vivienda familiar.
El magistrado hizo lugar a la acción de amparo condenando a la comuna demandada para que cumpla con la normativa vigente en la materia y “en consecuencia cese en su conducta omisiva de permitir la aplicación de cualquier producto fitosanitario, sin discriminación sobre el grado de toxicidad que ellos puedan presentar, dentro del radio de 100 metros del límite de la planta urbana”.
“Este fallo es muy importante porque destaca que los jueces de provincia tienen la obligatoriedad, como así también autoridades provinciales, municipalidades y comunas de acogerse a la Ley Nº 25.675 de Protección del Medio Ambiente”, expresó a El Litoral el abogado Alfredo Rasso, como patrocinante del damnificado.
Tal como lo menciona el amparista, el reclamo del vecino se inició a comienzos de mayo último, “habida cuenta de que los llamados mosquitos (fumigación terrestre) pasan a escasos 7 metros de su vivienda”, ocasionándole una serie de perjuicios en la salud a los miembros de su grupo familiar".
“Está fuera de duda que la aplicación de productos fitosanitarios tienen la potencialidad de producir perjuicios a los seres humanos y al medio ambiente, lo que surge evidente de las innumerables reglamentaciones que sobre su aplicación existen en todo el territorio nacional y en la propia Comuna de Nuevo Torino, y también que el actor tiene derecho a que su salud y a un medio ambiente sano en el cual desarrollar su vida, sean protegidos”, expresó el juez Saleh en los considerandos.
Como base de análisis, el magistrado constató en primer lugar, mediante el juez comunitario de las Pequeñas Causas de la localidad de Pilar, “que la vivienda del actor se ubica en la zona rural de la localidad de Nuevo Torino, a la vera de la Ruta Provincial Nº 70, a 20 metros del cartel sobre mano derecha que señala ‘zona urbana’ y otro sobre margen izquierda -sentido de circulación a Humboldt- que señala ‘fin zona urbana’”.
Asimismo, se encuentra documentado que un ingeniero agrónomo “ingresó a la vivienda y manifestó que en los lotes ubicados al este y al oeste se advierte a simple vista que han sido fumigados recientemente”, aunque “no puede precisar los productos utilizados”.
La medida siguiente fue la extracción de muestras para el análisis -una de cada lote-, las que fueron rotuladas e identificadas con sello y firma de la autoridad judicial interviniente.
Como corolario, constan “los informes producidos por el Laboratorio Central Servicios Analíticos de la Facultad de Ingeniería Química, de la Universidad Nacional del Litoral” en los que se da cuenta de que en dichos lotes “se ha encontrado concentración de glifosato y Ampa” en distintas concentraciones.
Con la prueba material palmaria, el juez Saleh se refirió en la normativa vigente, invocando la ordenanza Nº 64 del año 2010 dictada por la Comuna de Nuevo Torino que “expresamente prohíbe la aplicación de cualquier producto fitosanitario dentro del radio de 100 metros del límite de la planta urbana”.
En cuanto a su intervención como autoridad judicial, el magistrado defendió la “inexistencia de otro medio judicial más idóneo para tutelar el derecho o garantía reconocidos” y citó la ya referida Ley Nº 25.675 que “es de orden público, rige en todo el territorio de la Nación, y sus disposiciones deben utilizarse para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, las cuales mantendrán su vigencia en cuanto no se opongan a los principios y disposiciones contenidos en la Ley General del Ambiente”.
Por último recordó que “la Ley 25.675 consagra diversos principios, y las comunas deben ajustar su conducta a ella”, por lo que “existe urgencia en atender la pretensión del amparista”.
También destacó que “si se lo obliga a recurrir a la vía administrativa, para luego a la Justicia Contencioso Administrativa, muy probablemente los principios que la Ley 25.675 consagra se podrían ver fácilmente vulnerados”.
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Por countries dejan sin agua a un pueblo originario
Salta: Desvían cauce de vertiente para Countries y dejan sin agua a 200 familias del Pueblo Lule en Finca Las Costas
Fecha de Publicación: 13/11/2013
Fuente: Copenoa
Provincia/Región: Salta
Las obras se realizan en el Paraje Potrero Grande y los afectados por el desvió natural del cauce de agua son unas 200 familias de la Comunidad originaria de Finca las Costas del Pueblo Lule, que denunciaron ante la justicia ordinaria de esta provincia a los responsables de un emprendimiento inmobiliario privado, el que está captando el agua y que perpetraron el delito de daños a la propiedad comunitaria, rompiendo alambrados y talando árboles sin ningún consentimiento del Pueblo Lule.
El Dirigente originario David Torres, quien se desempeña como integrante del Concejo de Participación Indígena, en representación del Pueblo Lule, dijo a La Agencia de Noticias Copenoa que “la empresa Solid MD S.R.L a recomenzado las obras de canalización de aguas para un consorcio privado, no respetando el derecho de consulta que se debe hacer a los pueblos originarios en territorio relevado. Nosotros estamos exigiendo justicia y que se reconozcan los derechos de los pueblos originarios afirmados y reconocidos en la Constitución provincial y nacional, como todos los convenios internacionales que a argentina adhiere y en especial Salta. Estamos reclamando que se respeten los derechos invocados de consulta y el consentimiento libre a estar informado para hacer actividades dentro las tierras comunitarias el que debe ser reconocido por las diversas instituciones estatales, y en este caso privadas”.
Mientras el también dirigente de la Comunidad Lule Félix Corimayo, agrego: “este emprendimiento privado y los responsables de este consorcio que construye countries, barrios privados en cercanías de las tierras comunitarias de los Lules, están sacando agua de nuestro territorio por lo cual estamos reclamando a través de nuestra presencia acá en Potrero Grande y en la justicia, la sistemática violación de nuestros derechos al territorio ancestral”.
La causa en la justicia
La Dra. Mara Puntano quien es especialista en Derechos Indígena y representante Legal de la Comunidad originaria Lule, realizo la demanda legal que expresa: "La Comunidad Indígena Lules de Finca Las Costas con domicilio en Finca Las Costas, Municipio de San Lorenzo, Departamento Capital de la provincia de Salta, denuncio a La Cienaga S.R.L., La Secretaria de Recursos Hídricos y al Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia de Salta, por violación de domicilio, (art. 150 del Código Penal) Daños (art. 183 C.P.), Usurpación (art. 182 C.P.), y por Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos por el art. 248 del Código Penal a los funcionarios públicos intervinientes, al haber destruidos alambrados y realizado depredación, extracción de árboles y plantas nativas. Movimiento de tierras y desviación de aguas superficiales y subterráneas sobre el territorio ocupado tradicionalmente por La Comunidad Indígena Lules de Finca Las Costas, sin la consulta previa a los pueblos indígenas ordenada por el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes ratificado por Argentina por Ley 24.071"
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Fecha de Publicación: 13/11/2013
Fuente: Copenoa
Provincia/Región: Salta
Las obras se realizan en el Paraje Potrero Grande y los afectados por el desvió natural del cauce de agua son unas 200 familias de la Comunidad originaria de Finca las Costas del Pueblo Lule, que denunciaron ante la justicia ordinaria de esta provincia a los responsables de un emprendimiento inmobiliario privado, el que está captando el agua y que perpetraron el delito de daños a la propiedad comunitaria, rompiendo alambrados y talando árboles sin ningún consentimiento del Pueblo Lule.
El Dirigente originario David Torres, quien se desempeña como integrante del Concejo de Participación Indígena, en representación del Pueblo Lule, dijo a La Agencia de Noticias Copenoa que “la empresa Solid MD S.R.L a recomenzado las obras de canalización de aguas para un consorcio privado, no respetando el derecho de consulta que se debe hacer a los pueblos originarios en territorio relevado. Nosotros estamos exigiendo justicia y que se reconozcan los derechos de los pueblos originarios afirmados y reconocidos en la Constitución provincial y nacional, como todos los convenios internacionales que a argentina adhiere y en especial Salta. Estamos reclamando que se respeten los derechos invocados de consulta y el consentimiento libre a estar informado para hacer actividades dentro las tierras comunitarias el que debe ser reconocido por las diversas instituciones estatales, y en este caso privadas”.
Mientras el también dirigente de la Comunidad Lule Félix Corimayo, agrego: “este emprendimiento privado y los responsables de este consorcio que construye countries, barrios privados en cercanías de las tierras comunitarias de los Lules, están sacando agua de nuestro territorio por lo cual estamos reclamando a través de nuestra presencia acá en Potrero Grande y en la justicia, la sistemática violación de nuestros derechos al territorio ancestral”.
La causa en la justicia
La Dra. Mara Puntano quien es especialista en Derechos Indígena y representante Legal de la Comunidad originaria Lule, realizo la demanda legal que expresa: "La Comunidad Indígena Lules de Finca Las Costas con domicilio en Finca Las Costas, Municipio de San Lorenzo, Departamento Capital de la provincia de Salta, denuncio a La Cienaga S.R.L., La Secretaria de Recursos Hídricos y al Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia de Salta, por violación de domicilio, (art. 150 del Código Penal) Daños (art. 183 C.P.), Usurpación (art. 182 C.P.), y por Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos por el art. 248 del Código Penal a los funcionarios públicos intervinientes, al haber destruidos alambrados y realizado depredación, extracción de árboles y plantas nativas. Movimiento de tierras y desviación de aguas superficiales y subterráneas sobre el territorio ocupado tradicionalmente por La Comunidad Indígena Lules de Finca Las Costas, sin la consulta previa a los pueblos indígenas ordenada por el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes ratificado por Argentina por Ley 24.071"
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El COFEMA se reúne en San Juan
Cumbre de Ministros y Secretarios de Ambiente del país en San Juan
Fecha de Publicación: 13/11/2013
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
El encuentro del Consejo Federal de Medio Ambiente se llevará a cabo mañana y dudará hasta el jueves. Dentro de los temas en agenda se trataran los lineamientos del Sistema Federal de Áreas Protegidas. Llegarán funcionarios de todo el país.
El miércoles 13 y jueves 14 de noviembre se realizará una reunión de alto nivel, entre Ministros y Secretarios de Ambiente de todo el país, que integran el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). El encuentro se realizará a partir de las 9,30hs en el Hotel Del Bono Park Hotel (Av. José Ignacio de la Roza 1946 Oeste).
La apertura de la reunión será realizada por la Ing. Laura Juárez, Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Rio Negro y Presidenta del COFEMA. También participará del encuentro el Subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sr. Ariel López y las máximas autoridades de los organismos ambientales de todas las provincias argentinas.
En el temario de este encuentro, las provincias trabajarán en analizar las Declaraciones de Interés ambiental solicitadas al COFEMA para diferentes actividades, se avanzará en algunos lineamientos del Sistema Federal de Áreas Protegidas, entre otros temas.
Para el cierre de la reunión– el jueves 14 de noviembre - se prevé la presencia del Vicegobernador de la provincia de San Juan y el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
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Fecha de Publicación: 13/11/2013
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
El encuentro del Consejo Federal de Medio Ambiente se llevará a cabo mañana y dudará hasta el jueves. Dentro de los temas en agenda se trataran los lineamientos del Sistema Federal de Áreas Protegidas. Llegarán funcionarios de todo el país.
El miércoles 13 y jueves 14 de noviembre se realizará una reunión de alto nivel, entre Ministros y Secretarios de Ambiente de todo el país, que integran el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). El encuentro se realizará a partir de las 9,30hs en el Hotel Del Bono Park Hotel (Av. José Ignacio de la Roza 1946 Oeste).
La apertura de la reunión será realizada por la Ing. Laura Juárez, Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Rio Negro y Presidenta del COFEMA. También participará del encuentro el Subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sr. Ariel López y las máximas autoridades de los organismos ambientales de todas las provincias argentinas.
En el temario de este encuentro, las provincias trabajarán en analizar las Declaraciones de Interés ambiental solicitadas al COFEMA para diferentes actividades, se avanzará en algunos lineamientos del Sistema Federal de Áreas Protegidas, entre otros temas.
Para el cierre de la reunión– el jueves 14 de noviembre - se prevé la presencia del Vicegobernador de la provincia de San Juan y el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
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Impulsa cambio tenológico para sanear contaminación
Promueven nuevas tecnologías para sanear sitios contaminados
Fecha de Publicación: 13/11/2013
Fuente: Buenos Aires
Provincia/Región: Nacional
El Director Ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Hugo Bilbao, participó de un encuentro que reunió a técnicos de Autoridades de Aplicación y empresas para analizar nuevas tecnologías de investigación y remediación de sitios facilitando un canal colaborativo.
“Estamos convencidos, como lo indica el Gobernador Daniel Scioli, que todos aquellos mecanismos tendientes a promover la creación de espacios de cooperación e intercambio técnico, en los cuales todos los actores se encuentren representados, no hacen otra cosa que contribuir a solución de los actuales problemas ambientales, y a la mejorar la prevención en relación con los problemas ambientales futuros”, expresó Bilbao.
“La gestión integral (estudio, comprensión y remediación) de los sitios contaminados, requiere de una correcta y detallada Caracterización Inicial que permita obtener un diagnóstico preciso sobre el estado ambiental real del sitio y su entrono asociado. Una caracterización detallada nos permitirá establecer cuáles serán las más eficientes y eficaces alternativas de remediación que pudieran implementarse a fin de resolver el problema en cuestión. Entendiéndose por remediación: la limpieza y saneamiento de los contaminantes presentes en aguas subterráneas y suelos “in situ”, ya que los mismos debido a la profundidad de la contaminación, los volúmenes afectados etc., no pueden removerse y ser tratados “ex situ” como otros residuos especiales comunes”, detalló .
Durante la jornada, disertaron Michael Tilchin, geólogo con un Master en Ingeniería Agrícola y Biológica de la North Carolina State University y amplia experiencia en nuevas tendencias en tecnologías de remediación desarrolladas a través de la extensa relación entre CH2M HILL y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA);el Dr Olivier Maurer, experto en suelos y aguas contaminadas que actualmente participa de proyectos de caracterización y remediación junto con el equipo de Ingeniería Ambiental de Argentina ;el especialista en Tecnologías Innovadoras para Caracterización de Sitios en Tiempo Real, John H. Sohl, CEO de Columbia Technologies y el Director en Servicios Ambientales para Argentina, Enrique García.
“En tal sentido, poder contar con la experiencia de los expertos en ingeniería y gestión de proyectos ambientales hoy presentes, expertos en el desarrollo de proyectos de Caracterización, mediante el uso de nuevas tecnologías e innovadoras tendencias en materia de remediación en cientos de sitios contaminados de diversa naturaleza, se considera invalorable”, remarcó Bilbao.
La provincia de Buenos Aires concentra la mayor actividad industrial del país a través de sus numerosos polos y complejos industriales, los cuales reúnen una gran diversidad de industrias en cuanto a rubro y complejidad. Asimismo, si bien Buenos Aires no es una provincia productora de petróleo, no por eso es menos petrolera, ya que es en territorio provincial dónde se refinan, transportan, almacenan y comercializan la mayor cantidad de productos y subproductos derivados del petróleo. Buenos Aires concentra el mayor número de instalaciones de refinación del país con las Refinerías de Shell C.A.P.S.A y D.A.P.S.A en la localidad de Dock Sud, la Refinería de YPF S.A. en Ensenada, la refinería Ricardo Elicabe pertenciente a Petrobrás en la localidad de Bahía Blanca, y las instalaciones de refinación de Axion Energy Argentina (ex-ESSO) en la localidad de Campana.
Debido a la demanda y el consumo, es en Buenos Aires dónde se concentra el mayor número de instalaciones dedicadas al almacenamiento, transporte y bocas de comercialización de estos petroderivados.
Tampoco puede dejar de advertirse, en función de la actividad industrial radicada en su territorio, los importantes volúmenes de materias primas y residuos industriales que se generan y manipulan como consecuencia de la permanente y creciente actividad industrial.
Ante dicho escenario, no puede dejar de advertirse la problemática ambiental asociada al manejo, operación, almacenamiento, manipuleo y transporte de estas materias primas, productos, subproductos, residuos y combustibles, con la consecuente afectación de los recursos superficiales y/o subterráneos (aguas y/o suelos) propios de la actividad.
“Las principales líneas de acción sobre las cuales se debe trabajar en materia ambiental, a fin de evitar la afectación de los recursos naturales, son básicamente: la prevención (a fin de evitar) de los problemas ambientales, y la corrección (medidas de limpieza/remediación) de los problemas ambientales ocurridos en el pasado, los cuales nos han dejado como legado sitios contaminados que requieren ser estudiados, evaluados, saneados y/o remediados; estas tareas son complejas, implican grandes inversiones y además requieren un largo período de tiempo para su ejecución. De allí, la importancia para la provincia de Buenos Aires, de promover las políticas necesarias en este sentido”, destacó Bilbao.
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Fecha de Publicación: 13/11/2013
Fuente: Buenos Aires
Provincia/Región: Nacional
El Director Ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Hugo Bilbao, participó de un encuentro que reunió a técnicos de Autoridades de Aplicación y empresas para analizar nuevas tecnologías de investigación y remediación de sitios facilitando un canal colaborativo.
“Estamos convencidos, como lo indica el Gobernador Daniel Scioli, que todos aquellos mecanismos tendientes a promover la creación de espacios de cooperación e intercambio técnico, en los cuales todos los actores se encuentren representados, no hacen otra cosa que contribuir a solución de los actuales problemas ambientales, y a la mejorar la prevención en relación con los problemas ambientales futuros”, expresó Bilbao.
“La gestión integral (estudio, comprensión y remediación) de los sitios contaminados, requiere de una correcta y detallada Caracterización Inicial que permita obtener un diagnóstico preciso sobre el estado ambiental real del sitio y su entrono asociado. Una caracterización detallada nos permitirá establecer cuáles serán las más eficientes y eficaces alternativas de remediación que pudieran implementarse a fin de resolver el problema en cuestión. Entendiéndose por remediación: la limpieza y saneamiento de los contaminantes presentes en aguas subterráneas y suelos “in situ”, ya que los mismos debido a la profundidad de la contaminación, los volúmenes afectados etc., no pueden removerse y ser tratados “ex situ” como otros residuos especiales comunes”, detalló .
Durante la jornada, disertaron Michael Tilchin, geólogo con un Master en Ingeniería Agrícola y Biológica de la North Carolina State University y amplia experiencia en nuevas tendencias en tecnologías de remediación desarrolladas a través de la extensa relación entre CH2M HILL y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA);el Dr Olivier Maurer, experto en suelos y aguas contaminadas que actualmente participa de proyectos de caracterización y remediación junto con el equipo de Ingeniería Ambiental de Argentina ;el especialista en Tecnologías Innovadoras para Caracterización de Sitios en Tiempo Real, John H. Sohl, CEO de Columbia Technologies y el Director en Servicios Ambientales para Argentina, Enrique García.
“En tal sentido, poder contar con la experiencia de los expertos en ingeniería y gestión de proyectos ambientales hoy presentes, expertos en el desarrollo de proyectos de Caracterización, mediante el uso de nuevas tecnologías e innovadoras tendencias en materia de remediación en cientos de sitios contaminados de diversa naturaleza, se considera invalorable”, remarcó Bilbao.
La provincia de Buenos Aires concentra la mayor actividad industrial del país a través de sus numerosos polos y complejos industriales, los cuales reúnen una gran diversidad de industrias en cuanto a rubro y complejidad. Asimismo, si bien Buenos Aires no es una provincia productora de petróleo, no por eso es menos petrolera, ya que es en territorio provincial dónde se refinan, transportan, almacenan y comercializan la mayor cantidad de productos y subproductos derivados del petróleo. Buenos Aires concentra el mayor número de instalaciones de refinación del país con las Refinerías de Shell C.A.P.S.A y D.A.P.S.A en la localidad de Dock Sud, la Refinería de YPF S.A. en Ensenada, la refinería Ricardo Elicabe pertenciente a Petrobrás en la localidad de Bahía Blanca, y las instalaciones de refinación de Axion Energy Argentina (ex-ESSO) en la localidad de Campana.
Debido a la demanda y el consumo, es en Buenos Aires dónde se concentra el mayor número de instalaciones dedicadas al almacenamiento, transporte y bocas de comercialización de estos petroderivados.
Tampoco puede dejar de advertirse, en función de la actividad industrial radicada en su territorio, los importantes volúmenes de materias primas y residuos industriales que se generan y manipulan como consecuencia de la permanente y creciente actividad industrial.
Ante dicho escenario, no puede dejar de advertirse la problemática ambiental asociada al manejo, operación, almacenamiento, manipuleo y transporte de estas materias primas, productos, subproductos, residuos y combustibles, con la consecuente afectación de los recursos superficiales y/o subterráneos (aguas y/o suelos) propios de la actividad.
“Las principales líneas de acción sobre las cuales se debe trabajar en materia ambiental, a fin de evitar la afectación de los recursos naturales, son básicamente: la prevención (a fin de evitar) de los problemas ambientales, y la corrección (medidas de limpieza/remediación) de los problemas ambientales ocurridos en el pasado, los cuales nos han dejado como legado sitios contaminados que requieren ser estudiados, evaluados, saneados y/o remediados; estas tareas son complejas, implican grandes inversiones y además requieren un largo período de tiempo para su ejecución. De allí, la importancia para la provincia de Buenos Aires, de promover las políticas necesarias en este sentido”, destacó Bilbao.
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Chaco: ahora multan a productores por fumigaciones
Comenzaron a multar a productores por la utilización de agroquímicos
Fecha de Publicación: 12/11/2013
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Ambiente sancionó a un productor y a un aplicador en Napenay, por infracción a la Ley de Biocidas. Una vecina lo había denunciado por fumigar con un avión sobre sus reservorios de agua para uso doméstico y par consumo de animales.
El equipo técnico de la Dirección de Fiscalización Ambiental perteneciente a la Subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, del Ministerio de Planificación y Ambiente, se hizo presente en la zona rural de Napenay en el Lote 15 “Pampa la Desatinada”, con el objeto de responder a una denuncia efectuada por una posible transgresión a la normativa que regula la aplicación de agroquímicos.
La damnificada, una productora minifundista de la zona, manifestó que observó un avión aplicador que sobrevolaba sus cultivos destinados al autoconsumo, así como su casa, donde se encuentran ubicados los reservorios de agua para uso doméstico y para sus animales de cría, habiendo percibido en el aire un olor extraño y penetrante que atribuyó al generado por el uso de agroquímicos.
El equipo de Fiscalización Ambiental realizó las tareas técnicas y periciales correspondientes para de esa manera registrar las actuaciones referidas al caso. Seguidamente se visitó al denunciado, un productor agrícola-ganadero cuya propiedad se halla lindante a la de la denunciante. El productor afirmó que llevó a cabo tareas de aeroaplicación con agroquímicos inhibidores de quitina (insecticidas) sobre sus cultivos de maíz y girasol. Estos agroquímicos pertenecerían, según explicó el productor, al fabricante Bayer CropScience, cuya marca utilizada es Alsystin 480 sc. Indica en el marbete que dicho producto pertenece a la clasificación toxicológica IV correspondiente a la banda verde que “normalmente no ofrece peligro”.
Se constató que esta aplicación se realizó sin el uso de las recetas agronómicas, tanto de expendio como de aplicación, incurriendo de esta forma, en infracción a la Ley Provincial 7032. Tanto el productor, propietario del campo donde se llevaron a cabo las aplicaciones, como también el aplicador aéreo fueron sancionados según lo ordena la mencionada Ley en su artículo 46, donde se establecen multas por un valor mínimo equivalente de 1.000 lt y máximo de 10.000 lts de gasoil.
El Ministerio de Planificación y Ambiente comunica que la Ley 7032 se encuentra en plena vigencia, y todos aquellos que intervengan en el proceso de acopio, compra, venta, manipulación y aplicación de agroquímicos, así como en la disposición de envases, deberán ajustarse a las normativas expuestas, caso contrario serán pasibles de las sanciones correspondientes a los infractores.
El Ministerio de Planificación y Ambiente solicita que para denuncias, consultas o información, deben comunicarse con la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, al teléfono 0362 4448089 de lunes a viernes de 7 a 18 horas, o por correo electrónico a: fiscaliz.ambiental@chaco.gov.ar.
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Fecha de Publicación: 12/11/2013
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Ambiente sancionó a un productor y a un aplicador en Napenay, por infracción a la Ley de Biocidas. Una vecina lo había denunciado por fumigar con un avión sobre sus reservorios de agua para uso doméstico y par consumo de animales.
El equipo técnico de la Dirección de Fiscalización Ambiental perteneciente a la Subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, del Ministerio de Planificación y Ambiente, se hizo presente en la zona rural de Napenay en el Lote 15 “Pampa la Desatinada”, con el objeto de responder a una denuncia efectuada por una posible transgresión a la normativa que regula la aplicación de agroquímicos.
La damnificada, una productora minifundista de la zona, manifestó que observó un avión aplicador que sobrevolaba sus cultivos destinados al autoconsumo, así como su casa, donde se encuentran ubicados los reservorios de agua para uso doméstico y para sus animales de cría, habiendo percibido en el aire un olor extraño y penetrante que atribuyó al generado por el uso de agroquímicos.
El equipo de Fiscalización Ambiental realizó las tareas técnicas y periciales correspondientes para de esa manera registrar las actuaciones referidas al caso. Seguidamente se visitó al denunciado, un productor agrícola-ganadero cuya propiedad se halla lindante a la de la denunciante. El productor afirmó que llevó a cabo tareas de aeroaplicación con agroquímicos inhibidores de quitina (insecticidas) sobre sus cultivos de maíz y girasol. Estos agroquímicos pertenecerían, según explicó el productor, al fabricante Bayer CropScience, cuya marca utilizada es Alsystin 480 sc. Indica en el marbete que dicho producto pertenece a la clasificación toxicológica IV correspondiente a la banda verde que “normalmente no ofrece peligro”.
Se constató que esta aplicación se realizó sin el uso de las recetas agronómicas, tanto de expendio como de aplicación, incurriendo de esta forma, en infracción a la Ley Provincial 7032. Tanto el productor, propietario del campo donde se llevaron a cabo las aplicaciones, como también el aplicador aéreo fueron sancionados según lo ordena la mencionada Ley en su artículo 46, donde se establecen multas por un valor mínimo equivalente de 1.000 lt y máximo de 10.000 lts de gasoil.
El Ministerio de Planificación y Ambiente comunica que la Ley 7032 se encuentra en plena vigencia, y todos aquellos que intervengan en el proceso de acopio, compra, venta, manipulación y aplicación de agroquímicos, así como en la disposición de envases, deberán ajustarse a las normativas expuestas, caso contrario serán pasibles de las sanciones correspondientes a los infractores.
El Ministerio de Planificación y Ambiente solicita que para denuncias, consultas o información, deben comunicarse con la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, al teléfono 0362 4448089 de lunes a viernes de 7 a 18 horas, o por correo electrónico a: fiscaliz.ambiental@chaco.gov.ar.
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Chubut: hay un plan para volver a la minería del Uranio
Quieren instalar minería del Uranio por Decreto en Chubut
Fecha de Publicación: 12/11/2013
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Chubut
Las gestiones para lograr el desarrollo minero como "manotazo" para otorgarle ingresos inmediatos a la Provincia, son ya un secreto a voces, pese al hermetismo con que se intentó manejar oficialmente.
Al cierre de este despacho se pudo saber que los dos operadores involucrados en el tema, Carlos Eliceche y Jorge Aidar Bestene, viajarán de inmediato a Buenos Aires para tratar de activar los proyectos que involucran a la meseta intermedia, entre los que figura como central el yacimiento que se detectó en 2002 bautizaron como "Proyecto Navidad".
Una mina privilegiada que guarda al menos unas 600 millones de onzas de plata en su vientre, y que desde fines de 2009 está a cargo de Pan American Silver.
Tal como vienen exponiendo El Diario, los dos operadores de lujo de la cruzada minera, resultaron ambos los asesores en que se basó la estrategia de "recambio" de Gabinete, de Martín Buzzi y el modo en que se podría sostener la gestión con los enormes problemas de caja que hoy expone la Provincia.
Dicen que tanto Eliceche como Aidar Bestene no tendrían la absoluta certeza que sus planes funcionen para Buzzi o la Provincia, pero confiarían enormemente en el negocio que se podría desarrollar y lo que eso significaría en números.
El razonamiento de los asesores, sería que con un escenario petrolero acotado y la mayoría de lo importante renegociado por el ex gobernador Mario Das Neves o por la Nación, a la gestión provincial no le quedaría otra que idear algún otro avance sobre recursos naturales que impliquen caja importante.
Ese es el plan con la minería, cuyo mayor escollo sería salvar el paso legislativo, justificar la decisión política y contar con la legitimación social de las explotaciones.
El primer paso, el DNU
El Ejecutivo sabe que hoy con la debilidad institucional y política que afrontan, no están dadas las condiciones para lanzarse a una aventura de definir un proyecto que no sería de ningún modo convalidado por el Legislativo.
Empezando por la "expulsión" de Fontana 50 del presidente de ese poder, el vice Gobernador, pasando por la resistencia del bloque del FpV que se vio también traicionado en su acompañamiento y ni hablar del bloque del Modelo Chubut que se ubicó como oposición absoluta.
Por eso los asesores habrían sugerido –tal como se hizo ayer con la 'intervención' del Banco del Chubut- avanzar con el desarrollo minero mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. Según lo establecido por el artículo 156 de la Constitución Provincial "el Poder Ejecutivo no puede bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente en casos de extraordinarias y grave necesidad que tomen urgencia, impostergable o imprescindible la adopción de medidas legislativas para asegurar los fines de esta Constitución, puede dictar decretos por razones de necesidad y urgencia con virtualidad de ley, los que son decididos en acuerdo general de Ministros", por eso se plantearía desde la Provincia como absolutamente estratégico y vital el avance en la explotación del uranio para el desarrollo energético nacional, habida cuenta la necesidad de lograr el autoabastecimiento.
Con esto se utilizaría un argumento nacional difícilmente oponible desde lo formal. El dato que barajarían quienes apuntan a un modo más meditado de encarar algo tan trascendental como la explotación de los recursos mineros es que si lo hicieran de ese modo, se podría contemplar su no legitimación, teniendo en cuenta que "el decreto pierde efectos jurídicos si la Legislatura no lo ratifica con el voto de los tercios del total de sus miembros dentro del plazo de treinta días contados a partir de la fecha de su comunicación. Además, el rechazo no puede ser vetado", marca la ley.
El segundo paso, el referéndum
La fuerte oposición que se habría dado a la minería en Esquel, y que se terminó desestimando a través de un referéndum en la localidad involucrada; podría ser ahora el caballito de batalla para activar estos otros proyectos bajo el mismo argumento: aplicando un referéndum sólo en las localidades involucradas, precisamente las de la Meseta. Las que se exponen que no tienen de que vivir y que no poseen otra perspectiva de desarrollo económico que la minería. Además del argumento "productivo" que se utilizaría oficialmente, se aprovecharía increíblemente el plus que dio haber ganado en esas localidades en las elecciones, merced al acompañamiento desde Nación pero para el desarrollo del campo y la ganadería. Otra "avivada" de los asesores que intentan usar a su favor el impulso político y económico promovido por el candidato traicionado por ellos mismo. No es casual que la rueda de intendentes que preside el Gobernador tenga como primeros protagonistas a los dirigentes de esos pueblos tentados muchos de ellos con "espejitos de colores".
El tercer paso, la legitimación social
Entre las especulaciones que se manejarían, el oficialismo barajaría que con un fuerte derrame económico se podría conseguir en las demás fuerzas
Vivas, el consentimiento para "arrancar con algo". La actividad que ofrecería al puerto de Madryn y a importantes empresas metalmecánicas vinculadas que hoy tienen capital y mano de obra ociosa, el impulso que otorgaría al aeropuerto y la comunidad de Esquel, similar a la que produjo la obra de la represa Futaleufú; la multiplicación de servicios que podría expandir Trelew y la asistencia de Comodoro vinculada en otros proyectos energéticos que podrían atarse en la zona minera, como la energía eólica, redondearía el convincente argumento para que ´después de todo, si hay minería, que sea en la alejada meseta chubutana, donde no contaminaría mucho al resto de los pueblos y si produciría un derrame económico clave´.
En este paso clave para definir la voluntad del pueblo, no se descarta apelar hasta la intervención divina, ya que fue la Iglesia la que siempre puso fuerte argumento en contra de los megaproyectos. Por ello no se descartaría una reunión de los asesores también con el Episcopado.
La prohibición actual
Por ahora, la Ley 5001 vigente en Chubut, prohíbe la explotación minera a cielo abierto y con el uso de cianuro en todo el territorio provincial. Para que prospere la explotación y que se puedan obtener los permisos de desarrollo, por ejemplo para el conocido proyecto Navidad, debe modificarse el estatus de esa Ley provincial. Sin embargo, nada parece imposible para los nuevos asesores, que vendrían dando muestras de no ser demasiado afectos a las leyes.
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Fecha de Publicación: 12/11/2013
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Chubut
Las gestiones para lograr el desarrollo minero como "manotazo" para otorgarle ingresos inmediatos a la Provincia, son ya un secreto a voces, pese al hermetismo con que se intentó manejar oficialmente.
Al cierre de este despacho se pudo saber que los dos operadores involucrados en el tema, Carlos Eliceche y Jorge Aidar Bestene, viajarán de inmediato a Buenos Aires para tratar de activar los proyectos que involucran a la meseta intermedia, entre los que figura como central el yacimiento que se detectó en 2002 bautizaron como "Proyecto Navidad".
Una mina privilegiada que guarda al menos unas 600 millones de onzas de plata en su vientre, y que desde fines de 2009 está a cargo de Pan American Silver.
Tal como vienen exponiendo El Diario, los dos operadores de lujo de la cruzada minera, resultaron ambos los asesores en que se basó la estrategia de "recambio" de Gabinete, de Martín Buzzi y el modo en que se podría sostener la gestión con los enormes problemas de caja que hoy expone la Provincia.
Dicen que tanto Eliceche como Aidar Bestene no tendrían la absoluta certeza que sus planes funcionen para Buzzi o la Provincia, pero confiarían enormemente en el negocio que se podría desarrollar y lo que eso significaría en números.
El razonamiento de los asesores, sería que con un escenario petrolero acotado y la mayoría de lo importante renegociado por el ex gobernador Mario Das Neves o por la Nación, a la gestión provincial no le quedaría otra que idear algún otro avance sobre recursos naturales que impliquen caja importante.
Ese es el plan con la minería, cuyo mayor escollo sería salvar el paso legislativo, justificar la decisión política y contar con la legitimación social de las explotaciones.
El primer paso, el DNU
El Ejecutivo sabe que hoy con la debilidad institucional y política que afrontan, no están dadas las condiciones para lanzarse a una aventura de definir un proyecto que no sería de ningún modo convalidado por el Legislativo.
Empezando por la "expulsión" de Fontana 50 del presidente de ese poder, el vice Gobernador, pasando por la resistencia del bloque del FpV que se vio también traicionado en su acompañamiento y ni hablar del bloque del Modelo Chubut que se ubicó como oposición absoluta.
Por eso los asesores habrían sugerido –tal como se hizo ayer con la 'intervención' del Banco del Chubut- avanzar con el desarrollo minero mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. Según lo establecido por el artículo 156 de la Constitución Provincial "el Poder Ejecutivo no puede bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente en casos de extraordinarias y grave necesidad que tomen urgencia, impostergable o imprescindible la adopción de medidas legislativas para asegurar los fines de esta Constitución, puede dictar decretos por razones de necesidad y urgencia con virtualidad de ley, los que son decididos en acuerdo general de Ministros", por eso se plantearía desde la Provincia como absolutamente estratégico y vital el avance en la explotación del uranio para el desarrollo energético nacional, habida cuenta la necesidad de lograr el autoabastecimiento.
Con esto se utilizaría un argumento nacional difícilmente oponible desde lo formal. El dato que barajarían quienes apuntan a un modo más meditado de encarar algo tan trascendental como la explotación de los recursos mineros es que si lo hicieran de ese modo, se podría contemplar su no legitimación, teniendo en cuenta que "el decreto pierde efectos jurídicos si la Legislatura no lo ratifica con el voto de los tercios del total de sus miembros dentro del plazo de treinta días contados a partir de la fecha de su comunicación. Además, el rechazo no puede ser vetado", marca la ley.
El segundo paso, el referéndum
La fuerte oposición que se habría dado a la minería en Esquel, y que se terminó desestimando a través de un referéndum en la localidad involucrada; podría ser ahora el caballito de batalla para activar estos otros proyectos bajo el mismo argumento: aplicando un referéndum sólo en las localidades involucradas, precisamente las de la Meseta. Las que se exponen que no tienen de que vivir y que no poseen otra perspectiva de desarrollo económico que la minería. Además del argumento "productivo" que se utilizaría oficialmente, se aprovecharía increíblemente el plus que dio haber ganado en esas localidades en las elecciones, merced al acompañamiento desde Nación pero para el desarrollo del campo y la ganadería. Otra "avivada" de los asesores que intentan usar a su favor el impulso político y económico promovido por el candidato traicionado por ellos mismo. No es casual que la rueda de intendentes que preside el Gobernador tenga como primeros protagonistas a los dirigentes de esos pueblos tentados muchos de ellos con "espejitos de colores".
El tercer paso, la legitimación social
Entre las especulaciones que se manejarían, el oficialismo barajaría que con un fuerte derrame económico se podría conseguir en las demás fuerzas
Vivas, el consentimiento para "arrancar con algo". La actividad que ofrecería al puerto de Madryn y a importantes empresas metalmecánicas vinculadas que hoy tienen capital y mano de obra ociosa, el impulso que otorgaría al aeropuerto y la comunidad de Esquel, similar a la que produjo la obra de la represa Futaleufú; la multiplicación de servicios que podría expandir Trelew y la asistencia de Comodoro vinculada en otros proyectos energéticos que podrían atarse en la zona minera, como la energía eólica, redondearía el convincente argumento para que ´después de todo, si hay minería, que sea en la alejada meseta chubutana, donde no contaminaría mucho al resto de los pueblos y si produciría un derrame económico clave´.
En este paso clave para definir la voluntad del pueblo, no se descarta apelar hasta la intervención divina, ya que fue la Iglesia la que siempre puso fuerte argumento en contra de los megaproyectos. Por ello no se descartaría una reunión de los asesores también con el Episcopado.
La prohibición actual
Por ahora, la Ley 5001 vigente en Chubut, prohíbe la explotación minera a cielo abierto y con el uso de cianuro en todo el territorio provincial. Para que prospere la explotación y que se puedan obtener los permisos de desarrollo, por ejemplo para el conocido proyecto Navidad, debe modificarse el estatus de esa Ley provincial. Sin embargo, nada parece imposible para los nuevos asesores, que vendrían dando muestras de no ser demasiado afectos a las leyes.
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El OPDS promueve tecnologías de saneamiento
Promueven nuevas tecnologías para sanear sitios contaminados
Fecha de Publicación: 12/11/2013
Fuente: Buenos Aires
Provincia/Región: Nacional
El Director Ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Hugo Bilbao, participó de un encuentro que reunió a técnicos de Autoridades de Aplicación y empresas para analizar nuevas tecnologías de investigación y remediación de sitios facilitando un canal colaborativo.
“Estamos convencidos, como lo indica el Gobernador Daniel Scioli, que todos aquellos mecanismos tendientes a promover la creación de espacios de cooperación e intercambio técnico, en los cuales todos los actores se encuentren representados, no hacen otra cosa que contribuir a solución de los actuales problemas ambientales, y a la mejorar la prevención en relación con los problemas ambientales futuros”, expresó Bilbao.
“La gestión integral (estudio, comprensión y remediación) de los sitios contaminados, requiere de una correcta y detallada Caracterización Inicial que permita obtener un diagnóstico preciso sobre el estado ambiental real del sitio y su entrono asociado. Una caracterización detallada nos permitirá establecer cuáles serán las más eficientes y eficaces alternativas de remediación que pudieran implementarse a fin de resolver el problema en cuestión. Entendiéndose por remediación: la limpieza y saneamiento de los contaminantes presentes en aguas subterráneas y suelos “in situ”, ya que los mismos debido a la profundidad de la contaminación, los volúmenes afectados etc., no pueden removerse y ser tratados “ex situ” como otros residuos especiales comunes”, detalló .
Durante la jornada, disertaron Michael Tilchin, geólogo con un Master en Ingeniería Agrícola y Biológica de la North Carolina State University y amplia experiencia en nuevas tendencias en tecnologías de remediación desarrolladas a través de la extensa relación entre CH2M HILL y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA);el Dr Olivier Maurer, experto en suelos y aguas contaminadas que actualmente participa de proyectos de caracterización y remediación junto con el equipo de Ingeniería Ambiental de Argentina ;el especialista en Tecnologías Innovadoras para Caracterización de Sitios en Tiempo Real, John H. Sohl, CEO de Columbia Technologies y el Director en Servicios Ambientales para Argentina, Enrique García.
“En tal sentido, poder contar con la experiencia de los expertos en ingeniería y gestión de proyectos ambientales hoy presentes, expertos en el desarrollo de proyectos de Caracterización, mediante el uso de nuevas tecnologías e innovadoras tendencias en materia de remediación en cientos de sitios contaminados de diversa naturaleza, se considera invalorable”, remarcó Bilbao.
La provincia de Buenos Aires concentra la mayor actividad industrial del país a través de sus numerosos polos y complejos industriales, los cuales reúnen una gran diversidad de industrias en cuanto a rubro y complejidad. Asimismo, si bien Buenos Aires no es una provincia productora de petróleo, no por eso es menos petrolera, ya que es en territorio provincial dónde se refinan, transportan, almacenan y comercializan la mayor cantidad de productos y subproductos derivados del petróleo. Buenos Aires concentra el mayor número de instalaciones de refinación del país con las Refinerías de Shell C.A.P.S.A y D.A.P.S.A en la localidad de Dock Sud, la Refinería de YPF S.A. en Ensenada, la refinería Ricardo Elicabe pertenciente a Petrobrás en la localidad de Bahía Blanca, y las instalaciones de refinación de Axion Energy Argentina (ex-ESSO) en la localidad de Campana.
Debido a la demanda y el consumo, es en Buenos Aires dónde se concentra el mayor número de instalaciones dedicadas al almacenamiento, transporte y bocas de comercialización de estos petroderivados.
Tampoco puede dejar de advertirse, en función de la actividad industrial radicada en su territorio, los importantes volúmenes de materias primas y residuos industriales que se generan y manipulan como consecuencia de la permanente y creciente actividad industrial.
Ante dicho escenario, no puede dejar de advertirse la problemática ambiental asociada al manejo, operación, almacenamiento, manipuleo y transporte de estas materias primas, productos, subproductos, residuos y combustibles, con la consecuente afectación de los recursos superficiales y/o subterráneos (aguas y/o suelos) propios de la actividad.
“Las principales líneas de acción sobre las cuales se debe trabajar en materia ambiental, a fin de evitar la afectación de los recursos naturales, son básicamente: la prevención (a fin de evitar) de los problemas ambientales, y la corrección (medidas de limpieza/remediación) de los problemas ambientales ocurridos en el pasado, los cuales nos han dejado como legado sitios contaminados que requieren ser estudiados, evaluados, saneados y/o remediados; estas tareas son complejas, implican grandes inversiones y además requieren un largo período de tiempo para su ejecución. De allí, la importancia para la provincia de Buenos Aires, de promover las políticas necesarias en este sentido”, destacó Bilbao.
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Fecha de Publicación: 12/11/2013
Fuente: Buenos Aires
Provincia/Región: Nacional
El Director Ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Hugo Bilbao, participó de un encuentro que reunió a técnicos de Autoridades de Aplicación y empresas para analizar nuevas tecnologías de investigación y remediación de sitios facilitando un canal colaborativo.
“Estamos convencidos, como lo indica el Gobernador Daniel Scioli, que todos aquellos mecanismos tendientes a promover la creación de espacios de cooperación e intercambio técnico, en los cuales todos los actores se encuentren representados, no hacen otra cosa que contribuir a solución de los actuales problemas ambientales, y a la mejorar la prevención en relación con los problemas ambientales futuros”, expresó Bilbao.
“La gestión integral (estudio, comprensión y remediación) de los sitios contaminados, requiere de una correcta y detallada Caracterización Inicial que permita obtener un diagnóstico preciso sobre el estado ambiental real del sitio y su entrono asociado. Una caracterización detallada nos permitirá establecer cuáles serán las más eficientes y eficaces alternativas de remediación que pudieran implementarse a fin de resolver el problema en cuestión. Entendiéndose por remediación: la limpieza y saneamiento de los contaminantes presentes en aguas subterráneas y suelos “in situ”, ya que los mismos debido a la profundidad de la contaminación, los volúmenes afectados etc., no pueden removerse y ser tratados “ex situ” como otros residuos especiales comunes”, detalló .
Durante la jornada, disertaron Michael Tilchin, geólogo con un Master en Ingeniería Agrícola y Biológica de la North Carolina State University y amplia experiencia en nuevas tendencias en tecnologías de remediación desarrolladas a través de la extensa relación entre CH2M HILL y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA);el Dr Olivier Maurer, experto en suelos y aguas contaminadas que actualmente participa de proyectos de caracterización y remediación junto con el equipo de Ingeniería Ambiental de Argentina ;el especialista en Tecnologías Innovadoras para Caracterización de Sitios en Tiempo Real, John H. Sohl, CEO de Columbia Technologies y el Director en Servicios Ambientales para Argentina, Enrique García.
“En tal sentido, poder contar con la experiencia de los expertos en ingeniería y gestión de proyectos ambientales hoy presentes, expertos en el desarrollo de proyectos de Caracterización, mediante el uso de nuevas tecnologías e innovadoras tendencias en materia de remediación en cientos de sitios contaminados de diversa naturaleza, se considera invalorable”, remarcó Bilbao.
La provincia de Buenos Aires concentra la mayor actividad industrial del país a través de sus numerosos polos y complejos industriales, los cuales reúnen una gran diversidad de industrias en cuanto a rubro y complejidad. Asimismo, si bien Buenos Aires no es una provincia productora de petróleo, no por eso es menos petrolera, ya que es en territorio provincial dónde se refinan, transportan, almacenan y comercializan la mayor cantidad de productos y subproductos derivados del petróleo. Buenos Aires concentra el mayor número de instalaciones de refinación del país con las Refinerías de Shell C.A.P.S.A y D.A.P.S.A en la localidad de Dock Sud, la Refinería de YPF S.A. en Ensenada, la refinería Ricardo Elicabe pertenciente a Petrobrás en la localidad de Bahía Blanca, y las instalaciones de refinación de Axion Energy Argentina (ex-ESSO) en la localidad de Campana.
Debido a la demanda y el consumo, es en Buenos Aires dónde se concentra el mayor número de instalaciones dedicadas al almacenamiento, transporte y bocas de comercialización de estos petroderivados.
Tampoco puede dejar de advertirse, en función de la actividad industrial radicada en su territorio, los importantes volúmenes de materias primas y residuos industriales que se generan y manipulan como consecuencia de la permanente y creciente actividad industrial.
Ante dicho escenario, no puede dejar de advertirse la problemática ambiental asociada al manejo, operación, almacenamiento, manipuleo y transporte de estas materias primas, productos, subproductos, residuos y combustibles, con la consecuente afectación de los recursos superficiales y/o subterráneos (aguas y/o suelos) propios de la actividad.
“Las principales líneas de acción sobre las cuales se debe trabajar en materia ambiental, a fin de evitar la afectación de los recursos naturales, son básicamente: la prevención (a fin de evitar) de los problemas ambientales, y la corrección (medidas de limpieza/remediación) de los problemas ambientales ocurridos en el pasado, los cuales nos han dejado como legado sitios contaminados que requieren ser estudiados, evaluados, saneados y/o remediados; estas tareas son complejas, implican grandes inversiones y además requieren un largo período de tiempo para su ejecución. De allí, la importancia para la provincia de Buenos Aires, de promover las políticas necesarias en este sentido”, destacó Bilbao.
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Construirán la “Capital del Shale” en Vaca Muerta
Armarán una ciudad alrededor del yacimiento de Vaca Muerta
Fecha de Publicación: 11/11/2013
Fuente: iEco
Provincia/Región: Neuquén
Todavía no tiene nombre pero sí un apodo: la “Capital del Shale” . A metros de las áreas más ricas del yacimiento Vaca Muerta comenzará a levantarse en unos meses una ciudad construida desde cero para cubrir las necesidades administrativas y habitacionales de las miles de personas que llegarán a trabajar en la famosa reserva no convencional a partir del 2014.
Según las primeras proyecciones la habitarán entre 25 y 30 mil habitantes, tendrá un hospital, escuelas, edificios administrativos, cines, hoteles, restaurantes y barrios a estrenar. Sólo la primera parte del proyecto “Master Plan 2030”, que contempla el nacimiento de otras tres ciudades gemelas en un plazo de 15 años, implicará una inversión que superará los 2.000 millones de pesos.
El primer “pueblo nuevo” se ubicará en una meseta muy cerca de Añelo sobre una superficie de 650 hectáreas. Añelo se encuentra a unos 100 kilómetros de Neuquén capital. Todo lo que rodea a la localidad de 98 años tiene el sello del futuro. El horizonte es un desierto donde se distribuyen los yacimientos de Loma de la Lata, Loma de las Yeguas, Aguada Pichana, Aguada San Roque y Filo Morado.
En un principio las autoridades del municipio especularon con que, para cubrir la demanda poblacional de los trabajadores, bastarían algunos barrios extra. Pero los pedidos de radicación de empresas petroleras y vinculadas a la industria se triplicaron en los últimos meses planteando una complicada ecuación a resolver.
Hay 56 las empresas que quieren armar sus bases en el área y la lista continúa creciendo. Esto llevó a YPF y a las autoridades provinciales y locales a pensar en grande ¿Por qué no fundar un nuevo pueblo en la Patagonia norte?
El parque industrial de la comunidad por venir tendrá 140 hectáreas. Empresas como Schlumberger, Tenaris, Transportes Crexell e Ingeniería Sima comprometieron fondos para iniciar las obras.
Mientras, la realidad del viejo Añelo indica que tiene 20 cuadras asfaltadas, una salita de primeros auxilios y alrededor de 3.000 trabajadores golondrina que se suman a los 3500 permanentes.
La “Capital del Shale” quedará aun más cerca de las zonas de extracción donde en los siguientes 5 años petroleras de todo el mundo invertirán entre 8 y 10 mil millones de dólares, según señaló a Clarín el gobernador Jorge Sapag.
YPF está inmersa en el cambio que sufrirá Añelo y los alrededores en los años por venir. Participará del financiamiento y de los aspectos logísticos del emprendimiento. Además, la localidad forma parte de un programa del Banco Interamericano de Desarrollo denominado “Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles” que abastecerá de dinero a las estructuras edilicias y productivas.
“Es una refundación. En 10 años vamos a tener tres o cuatro Añelo arriba de la meseta”, le dijo Darío Díaz al diario “Río Negro”. El intendente de Añelo quiere que su pueblo deje de ser un lugar de paso tanto para el dinero como para los profesionales. Hasta hoy “somos un pueblo petrolero sin petroleros”, señaló.
En Añelo un grupo de especialistas está abocado al “Master Plan 2030”. Pero que la fecha no confunda. Los hechos se están adelantando a la imaginación. A lo largo del año próximo el pueblo pasará de 3500 a 12 mil habitantes que después deberán ser reubicados en la meseta. Sólo el Estado Nacional le entregará al municipio 300 millones de los 1000 millones de pesos que fueron prometidos en el marco del acuerdo entre Neuquén-YPF y Chevron. Ningún otro municipio recibirá tanto efectivo. Hoy el presupuesto anual de Añelo es de 30 millones de pesos. La totalidad de los recursos se pondrán en obras de infraestructura pública.
La cuadrícula del primer barrio está terminada y cuenta con 2 mil lotes. En 180 de ellos se armaron las bases de las casas de los futuros pobladores. Por ahora los precios de la tierra serán promocionales con la idea de tentar a profesionales y trabajadores para que se radiquen en la desértica pero prometedora tierra del sur. El costo: 25 pesos el metros cuadrado. Con el fin de evitar especulaciones los compradores deberán acreditar su residencia y el uso de vivienda única.
El gobierno de Sapag quiere aprovechar el envión para incentivar otras actividades productivas en Añelo. A través de un decreto le trasfirió al municipio una isla de 422 hectáreas en la ribera del río Neuquén. “Se están incentivando la producción de olivos y la forestación. Pretendemos que convivan ambas industrias y se potencien”, le dijo a Clarín Andrés Lagos Director de Comunicaciones del Ministerio de Desarrollo Territorial de Neuquén.
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Fecha de Publicación: 11/11/2013
Fuente: iEco
Provincia/Región: Neuquén
Todavía no tiene nombre pero sí un apodo: la “Capital del Shale” . A metros de las áreas más ricas del yacimiento Vaca Muerta comenzará a levantarse en unos meses una ciudad construida desde cero para cubrir las necesidades administrativas y habitacionales de las miles de personas que llegarán a trabajar en la famosa reserva no convencional a partir del 2014.
Según las primeras proyecciones la habitarán entre 25 y 30 mil habitantes, tendrá un hospital, escuelas, edificios administrativos, cines, hoteles, restaurantes y barrios a estrenar. Sólo la primera parte del proyecto “Master Plan 2030”, que contempla el nacimiento de otras tres ciudades gemelas en un plazo de 15 años, implicará una inversión que superará los 2.000 millones de pesos.
El primer “pueblo nuevo” se ubicará en una meseta muy cerca de Añelo sobre una superficie de 650 hectáreas. Añelo se encuentra a unos 100 kilómetros de Neuquén capital. Todo lo que rodea a la localidad de 98 años tiene el sello del futuro. El horizonte es un desierto donde se distribuyen los yacimientos de Loma de la Lata, Loma de las Yeguas, Aguada Pichana, Aguada San Roque y Filo Morado.
En un principio las autoridades del municipio especularon con que, para cubrir la demanda poblacional de los trabajadores, bastarían algunos barrios extra. Pero los pedidos de radicación de empresas petroleras y vinculadas a la industria se triplicaron en los últimos meses planteando una complicada ecuación a resolver.
Hay 56 las empresas que quieren armar sus bases en el área y la lista continúa creciendo. Esto llevó a YPF y a las autoridades provinciales y locales a pensar en grande ¿Por qué no fundar un nuevo pueblo en la Patagonia norte?
El parque industrial de la comunidad por venir tendrá 140 hectáreas. Empresas como Schlumberger, Tenaris, Transportes Crexell e Ingeniería Sima comprometieron fondos para iniciar las obras.
Mientras, la realidad del viejo Añelo indica que tiene 20 cuadras asfaltadas, una salita de primeros auxilios y alrededor de 3.000 trabajadores golondrina que se suman a los 3500 permanentes.
La “Capital del Shale” quedará aun más cerca de las zonas de extracción donde en los siguientes 5 años petroleras de todo el mundo invertirán entre 8 y 10 mil millones de dólares, según señaló a Clarín el gobernador Jorge Sapag.
YPF está inmersa en el cambio que sufrirá Añelo y los alrededores en los años por venir. Participará del financiamiento y de los aspectos logísticos del emprendimiento. Además, la localidad forma parte de un programa del Banco Interamericano de Desarrollo denominado “Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles” que abastecerá de dinero a las estructuras edilicias y productivas.
“Es una refundación. En 10 años vamos a tener tres o cuatro Añelo arriba de la meseta”, le dijo Darío Díaz al diario “Río Negro”. El intendente de Añelo quiere que su pueblo deje de ser un lugar de paso tanto para el dinero como para los profesionales. Hasta hoy “somos un pueblo petrolero sin petroleros”, señaló.
En Añelo un grupo de especialistas está abocado al “Master Plan 2030”. Pero que la fecha no confunda. Los hechos se están adelantando a la imaginación. A lo largo del año próximo el pueblo pasará de 3500 a 12 mil habitantes que después deberán ser reubicados en la meseta. Sólo el Estado Nacional le entregará al municipio 300 millones de los 1000 millones de pesos que fueron prometidos en el marco del acuerdo entre Neuquén-YPF y Chevron. Ningún otro municipio recibirá tanto efectivo. Hoy el presupuesto anual de Añelo es de 30 millones de pesos. La totalidad de los recursos se pondrán en obras de infraestructura pública.
La cuadrícula del primer barrio está terminada y cuenta con 2 mil lotes. En 180 de ellos se armaron las bases de las casas de los futuros pobladores. Por ahora los precios de la tierra serán promocionales con la idea de tentar a profesionales y trabajadores para que se radiquen en la desértica pero prometedora tierra del sur. El costo: 25 pesos el metros cuadrado. Con el fin de evitar especulaciones los compradores deberán acreditar su residencia y el uso de vivienda única.
El gobierno de Sapag quiere aprovechar el envión para incentivar otras actividades productivas en Añelo. A través de un decreto le trasfirió al municipio una isla de 422 hectáreas en la ribera del río Neuquén. “Se están incentivando la producción de olivos y la forestación. Pretendemos que convivan ambas industrias y se potencien”, le dijo a Clarín Andrés Lagos Director de Comunicaciones del Ministerio de Desarrollo Territorial de Neuquén.
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Quieren regular a nivel nacional las fumigaciones, pero...
Polémica por pautas para regular la aplicación de agroquímicos en zonas periurbanas
Fecha de Publicación: 11/11/2013
Fuente: El Puntal de Río Cuarto (Córdoba)
Provincia/Región: Nacional
Organismos gubernamentales y cámaras empresariales presentaron un documento en Diputados que pretende unificar criterios en el país para las fumigaciones. El manual recibió duras críticas por no contemplar el impacto en la salud y el ambiente. El biólogo Raúl Montenegro denunció que se pretende reducir al mínimo las franjas libres de plaguicidas y evitar que se prohíba la aplicación aérea
Ante los crecientes conflictos que la aplicación de agroquímicos está provocando en diversas localidades del país, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, junto a otros organismos gubernamentales y cámaras empresariales del sector presentaron en la Cámara de Diputados un manual para unificar criterios a nivel nacional. El documento, denominado Pautas sobre Aplicación de Productos Fitosanitarios en Áreas Periurbanas, establece 100 metros de distancia como máximo para fumigaciones terrestres y 200 para aplicación aérea, lo que fue duramente cuestionado por especialistas y organizaciones que consideraron que esos criterios violan normas vigentes y aumentan los riesgos sanitarios.
El objetivo del manual, en el que también participaron Inta, Senasa, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba, colegios de ingenieros agrónomos y cámaras empresarias del agro, sería avanzar en la regulación a nivel nacional de las fumigaciones en zonas periurbanas frente a la creciente sanción de ordenanzas que restringen la aplicación de agroquímicos. Sin embargo, las distancias propuestas contradicen gran parte de las normativas provinciales y municipales aprobadas hasta ahora, que en algunos casos llegan hasta los 1500 metros.
El biólogo Raúl Montenegro, presidente de Funam, denunció que el documento pretende reducir al mínimo el ancho de las franjas periurbanas libres de plaguicidas y evitar que se prohíba la aplicación aérea. Sostuvo además que el documento "carece de nivel científico, ignora por completo el conocimiento disponible sobre efectos nocivos de los plaguicidas en la salud y los ecosistemas, y facilita la contaminación de las personas. Ni siquiera consultaron a áreas de salud y ambiente", afirmó.
En tanto, el abogado de las Madres de Ituzaingó Darío Ávila, especialista en Medio Ambiente, consideró “irrisorias” las distancias propuestas y mencionó estudios que demuestran que la deriva de los plaguicidas puede llegar hasta los 3.000 metros. Además, sostuvo que actualmente sería necesaria una legislación nacional que regule las fumigaciones para proteger la salud de la población pero afirmó que la misma debería representar una transición hacia un modelo productivo agroecológico, dado el “carácter tóxico, intrínseco que tienen estos productos”.
Mientras el documento fue presentado para su análisis en la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, Funam lanzó un petitorio para hacer que el texto deje de tener el aval del Ministerio de Agricultura de la Nación y se proteja la salud de las personas y el ambiente y "no la salud financiera de las grandes corporaciones y de los pool de siembra".
La salud y las buenas prácticas
“El clima de incertidumbre acerca de los impactos de los fitosanitarios a veces se convierte en un conflicto entre agricultores y pobladores de las zonas periurbanas”, afirma el documento presentado en el Congreso y en cuya elaboración participaron también la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa).
El texto agrega que “la eventual aplicación de estos insumos en forma inapropiada y desaprensiva entraña posibles riesgos para la salud, ya sea en forma accidental o por un manejo inadecuado de dichos productos”. En este sentido, señala que el objetivo del manual es fijar estrategias para un uso adecuado y control de la aplicación de agroquímicos en el marco de las Buenas Prácticas Fitosanitarias.
Así, se establecen, entre otras pautas, la necesidad de monitorear las condiciones meteorológicas durante la fumigación, la realización de controles por parte de autoridades municipales, provinciales y nacionales, y contar con el asesoramiento de ingenieros agrónomos.
Ante ello, especialistas y ONG cuestionaron que en la redacción del documento no se tuvieron en cuenta los diversos estudios sobre el impacto de los agroquímicos en la salud y el ambiente y denunciaron que en el proceso no participaron profesionales de la medicina o la biología.
Al respecto, Montenegro afirmó que el manual "carece de nivel científico, ignora por completo el conocimiento disponible sobre efectos nocivos de los plaguicidas en la salud y los ecosistemas, y facilita la contaminación de las personas”.
Y continuó: “Peor aún, considera solamente a los ingenieros agrónomos como profesionales capacitados para manejar el tema plaguicidas, cuando carecen de formación universitaria para proteger a las personas de las bajas dosis de plaguicidas, y de sus efectos sobre el sistema hormonal, endocrino y reproductivo".
Al mismo tiempo, el abogado de las Madres de Ituzaingó cuestionó la posibilidad de que las Buenas Prácticas Agrícolas o Fitosanitarias puedan efectivamente eliminar el impacto de estos productos en la salud y el ambiente. “Ya está demostrado en base a estudios de comprobación de que realmente el problema de los agrotóxicos, no se trata, como lo plantea este sector, de una correcta aplicación o de una mala aplicación”, expresó.
“La buena o la mala aplicación lo que puede llegar a establecer es una posibilidad de reducir los márgenes de peligrosidad, pero no va a desaparecer nunca, porque evidentemente al momento de llevar a cabo la fumigación entran a jugar muy fuertemente los factores climáticos y los factores climáticos por su naturaleza son absolutamente incontrolables”, dijo en relación a las dificultades que existen para prever, por ejemplo, cambios en la dirección del viento o la temperatura para evitar la deriva de agroquímicos a zonas pobladas.
A ello, Montenegro agregó que el documento “da a entender, sin siquiera analizar el grave problema de las bajas dosis, que las buenas prácticas evitan riesgos sanitarios y ambientales. Tal omisión es mucho más grave cuando consideramos que las personas que van a ser potencialmente expuestas ya tienen residuos de plaguicidas en sus tejidos, producto de exposiciones anteriores. En el caso de madres embarazadas que tienen residuos de plaguicidas, una parte es transferida por vía sanguínea a sus embriones y fetos. Y en el caso de madres que amamantan, siguen transmitiendo plaguicidas a sus bebés a través de la leche materna", advirtió el biólogo.
Las distancias
En concreto, las pautas avaladas por el Ministerio de Agricultura establecen la creación de zonas de amortiguamiento en los alrededores de las ciudades que permitirían fumigar de manera terrestre a 100 metros de lugares poblados y de manera aérea a 200 metros de viviendas.
De cualquier manera, el texto aclara que “estas distancias recomendadas se podrán reducir a partir de la evaluación que realice el profesional actuante, en consideración a la tecnología disponible, las condiciones climáticas y el producto fitosanitario empleado”.
“Me resulta irrisorio la propuesta que hacen en términos de distancias, ellos hablan de 100 y 200 metros para fumigación terrestre y aérea cuando hay estudios que evidentemente garantizan que el fenómeno de la deriva va mucho más allá de esa distancia”, señaló Ávila.
En ese sentido, el abogado mencionó una investigación realizada por la Universidad Nacional de Luján en ese partido bonaerense, que comprobó la presencia de los productos Glifosato y 2,4 D a 3000 metros de campos fumigados de manera terrestre.
En tanto, las pautas presentadas en el Congreso fundamentan el establecimiento de distancias de 100 a 200 metros en aquellas establecidas en otros países, entre los cuales menciona el caso de España. Ante ello, Montenegro sostuvo que se utilizan datos desactualizados y que el documento “omite decir, por ejemplo, que la Comunidad Europea prohibió hace cinco años toda aplicación aérea de plaguicidas".
Ley nacional
En los últimos años, la ausencia de una ley que regule la aplicación de agroquímicos a nivel nacional ha llevado a diversas provincias y municipios a establecer restricciones a las fumigaciones en zonas periurbanas ante los crecientes reclamos de los vecinos. En Córdoba, a pesar de la existencia de una legislación provincial, alrededor de 20 municipios han aprobado ordenanzas que amplían las distancias donde se permiten las pulverizaciones.
Mientras tanto, diversos proyectos de ley han sido presentados en el Congreso para regular esta actividad, aunque ninguno de ellos ha prosperado. El año pasado, por ejemplo, diputados nacionales de Libres del Sur y Unidad Popular presentaron un proyecto para prohibir las fumigaciones aéreas en todo el país y para que las aplicaciones terrestres se realicen a no menos de 1.000 metros del límite de las zonas urbanas y periurbanas.
En ese marco, desde Funam señalaron que la intención del documento avalado por el Ministerio de Agricultura "es lograr la aprobación de una ley nacional de presupuestos mínimos que prohíba la aplicación periurbana de plaguicidas pero en franjas insignificantes, así no se perjudica el redituable negocio de los cultivos transgénicos”.
Y agregaron: "Fue claramente elaborado para frenar la creciente aprobación de leyes provinciales y ordenanzas municipales que prohíben la aplicación periurbana de plaguicidas en franjas con anchos superiores a los 500 metros. También es un intento desesperado para evitar que prospere la prohibición total de la aplicación aérea”.
El abogado Darío Ávila, por su parte, consideró como preocupante la posibilidad de que los criterios presentados en el documento sean utilizados para regular esta materia a nivel nacional debido a las consecuencias que implicaría para la salud de la población.
De cualquier manera, dijo que “poder contar con una ley de presupuestos mínimos del orden nacional permitiría, de alguna forma, establecer un criterio uniforme en el país respecto de aquellas iniciativas que están tomando algunas provincias y algunos municipios concretamente en cuanto a alejar las fumigaciones de las poblaciones urbanas”.
Por último, Ávila opinó que una ley nacional de ese tipo debería constituirse en una transición “hasta lograr definitivamente la erradicación de este modelo de producción” debido al impacto negativo de los agroquímicos, y que permita avanzar en “la reconfiguración a un modelo de producción agroecológica, sustentable y que genere realmente alimentos de calidad”.
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Fecha de Publicación: 11/11/2013
Fuente: El Puntal de Río Cuarto (Córdoba)
Provincia/Región: Nacional
Organismos gubernamentales y cámaras empresariales presentaron un documento en Diputados que pretende unificar criterios en el país para las fumigaciones. El manual recibió duras críticas por no contemplar el impacto en la salud y el ambiente. El biólogo Raúl Montenegro denunció que se pretende reducir al mínimo las franjas libres de plaguicidas y evitar que se prohíba la aplicación aérea
Ante los crecientes conflictos que la aplicación de agroquímicos está provocando en diversas localidades del país, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, junto a otros organismos gubernamentales y cámaras empresariales del sector presentaron en la Cámara de Diputados un manual para unificar criterios a nivel nacional. El documento, denominado Pautas sobre Aplicación de Productos Fitosanitarios en Áreas Periurbanas, establece 100 metros de distancia como máximo para fumigaciones terrestres y 200 para aplicación aérea, lo que fue duramente cuestionado por especialistas y organizaciones que consideraron que esos criterios violan normas vigentes y aumentan los riesgos sanitarios.
El objetivo del manual, en el que también participaron Inta, Senasa, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba, colegios de ingenieros agrónomos y cámaras empresarias del agro, sería avanzar en la regulación a nivel nacional de las fumigaciones en zonas periurbanas frente a la creciente sanción de ordenanzas que restringen la aplicación de agroquímicos. Sin embargo, las distancias propuestas contradicen gran parte de las normativas provinciales y municipales aprobadas hasta ahora, que en algunos casos llegan hasta los 1500 metros.
El biólogo Raúl Montenegro, presidente de Funam, denunció que el documento pretende reducir al mínimo el ancho de las franjas periurbanas libres de plaguicidas y evitar que se prohíba la aplicación aérea. Sostuvo además que el documento "carece de nivel científico, ignora por completo el conocimiento disponible sobre efectos nocivos de los plaguicidas en la salud y los ecosistemas, y facilita la contaminación de las personas. Ni siquiera consultaron a áreas de salud y ambiente", afirmó.
En tanto, el abogado de las Madres de Ituzaingó Darío Ávila, especialista en Medio Ambiente, consideró “irrisorias” las distancias propuestas y mencionó estudios que demuestran que la deriva de los plaguicidas puede llegar hasta los 3.000 metros. Además, sostuvo que actualmente sería necesaria una legislación nacional que regule las fumigaciones para proteger la salud de la población pero afirmó que la misma debería representar una transición hacia un modelo productivo agroecológico, dado el “carácter tóxico, intrínseco que tienen estos productos”.
Mientras el documento fue presentado para su análisis en la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, Funam lanzó un petitorio para hacer que el texto deje de tener el aval del Ministerio de Agricultura de la Nación y se proteja la salud de las personas y el ambiente y "no la salud financiera de las grandes corporaciones y de los pool de siembra".
La salud y las buenas prácticas
“El clima de incertidumbre acerca de los impactos de los fitosanitarios a veces se convierte en un conflicto entre agricultores y pobladores de las zonas periurbanas”, afirma el documento presentado en el Congreso y en cuya elaboración participaron también la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa).
El texto agrega que “la eventual aplicación de estos insumos en forma inapropiada y desaprensiva entraña posibles riesgos para la salud, ya sea en forma accidental o por un manejo inadecuado de dichos productos”. En este sentido, señala que el objetivo del manual es fijar estrategias para un uso adecuado y control de la aplicación de agroquímicos en el marco de las Buenas Prácticas Fitosanitarias.
Así, se establecen, entre otras pautas, la necesidad de monitorear las condiciones meteorológicas durante la fumigación, la realización de controles por parte de autoridades municipales, provinciales y nacionales, y contar con el asesoramiento de ingenieros agrónomos.
Ante ello, especialistas y ONG cuestionaron que en la redacción del documento no se tuvieron en cuenta los diversos estudios sobre el impacto de los agroquímicos en la salud y el ambiente y denunciaron que en el proceso no participaron profesionales de la medicina o la biología.
Al respecto, Montenegro afirmó que el manual "carece de nivel científico, ignora por completo el conocimiento disponible sobre efectos nocivos de los plaguicidas en la salud y los ecosistemas, y facilita la contaminación de las personas”.
Y continuó: “Peor aún, considera solamente a los ingenieros agrónomos como profesionales capacitados para manejar el tema plaguicidas, cuando carecen de formación universitaria para proteger a las personas de las bajas dosis de plaguicidas, y de sus efectos sobre el sistema hormonal, endocrino y reproductivo".
Al mismo tiempo, el abogado de las Madres de Ituzaingó cuestionó la posibilidad de que las Buenas Prácticas Agrícolas o Fitosanitarias puedan efectivamente eliminar el impacto de estos productos en la salud y el ambiente. “Ya está demostrado en base a estudios de comprobación de que realmente el problema de los agrotóxicos, no se trata, como lo plantea este sector, de una correcta aplicación o de una mala aplicación”, expresó.
“La buena o la mala aplicación lo que puede llegar a establecer es una posibilidad de reducir los márgenes de peligrosidad, pero no va a desaparecer nunca, porque evidentemente al momento de llevar a cabo la fumigación entran a jugar muy fuertemente los factores climáticos y los factores climáticos por su naturaleza son absolutamente incontrolables”, dijo en relación a las dificultades que existen para prever, por ejemplo, cambios en la dirección del viento o la temperatura para evitar la deriva de agroquímicos a zonas pobladas.
A ello, Montenegro agregó que el documento “da a entender, sin siquiera analizar el grave problema de las bajas dosis, que las buenas prácticas evitan riesgos sanitarios y ambientales. Tal omisión es mucho más grave cuando consideramos que las personas que van a ser potencialmente expuestas ya tienen residuos de plaguicidas en sus tejidos, producto de exposiciones anteriores. En el caso de madres embarazadas que tienen residuos de plaguicidas, una parte es transferida por vía sanguínea a sus embriones y fetos. Y en el caso de madres que amamantan, siguen transmitiendo plaguicidas a sus bebés a través de la leche materna", advirtió el biólogo.
Las distancias
En concreto, las pautas avaladas por el Ministerio de Agricultura establecen la creación de zonas de amortiguamiento en los alrededores de las ciudades que permitirían fumigar de manera terrestre a 100 metros de lugares poblados y de manera aérea a 200 metros de viviendas.
De cualquier manera, el texto aclara que “estas distancias recomendadas se podrán reducir a partir de la evaluación que realice el profesional actuante, en consideración a la tecnología disponible, las condiciones climáticas y el producto fitosanitario empleado”.
“Me resulta irrisorio la propuesta que hacen en términos de distancias, ellos hablan de 100 y 200 metros para fumigación terrestre y aérea cuando hay estudios que evidentemente garantizan que el fenómeno de la deriva va mucho más allá de esa distancia”, señaló Ávila.
En ese sentido, el abogado mencionó una investigación realizada por la Universidad Nacional de Luján en ese partido bonaerense, que comprobó la presencia de los productos Glifosato y 2,4 D a 3000 metros de campos fumigados de manera terrestre.
En tanto, las pautas presentadas en el Congreso fundamentan el establecimiento de distancias de 100 a 200 metros en aquellas establecidas en otros países, entre los cuales menciona el caso de España. Ante ello, Montenegro sostuvo que se utilizan datos desactualizados y que el documento “omite decir, por ejemplo, que la Comunidad Europea prohibió hace cinco años toda aplicación aérea de plaguicidas".
Ley nacional
En los últimos años, la ausencia de una ley que regule la aplicación de agroquímicos a nivel nacional ha llevado a diversas provincias y municipios a establecer restricciones a las fumigaciones en zonas periurbanas ante los crecientes reclamos de los vecinos. En Córdoba, a pesar de la existencia de una legislación provincial, alrededor de 20 municipios han aprobado ordenanzas que amplían las distancias donde se permiten las pulverizaciones.
Mientras tanto, diversos proyectos de ley han sido presentados en el Congreso para regular esta actividad, aunque ninguno de ellos ha prosperado. El año pasado, por ejemplo, diputados nacionales de Libres del Sur y Unidad Popular presentaron un proyecto para prohibir las fumigaciones aéreas en todo el país y para que las aplicaciones terrestres se realicen a no menos de 1.000 metros del límite de las zonas urbanas y periurbanas.
En ese marco, desde Funam señalaron que la intención del documento avalado por el Ministerio de Agricultura "es lograr la aprobación de una ley nacional de presupuestos mínimos que prohíba la aplicación periurbana de plaguicidas pero en franjas insignificantes, así no se perjudica el redituable negocio de los cultivos transgénicos”.
Y agregaron: "Fue claramente elaborado para frenar la creciente aprobación de leyes provinciales y ordenanzas municipales que prohíben la aplicación periurbana de plaguicidas en franjas con anchos superiores a los 500 metros. También es un intento desesperado para evitar que prospere la prohibición total de la aplicación aérea”.
El abogado Darío Ávila, por su parte, consideró como preocupante la posibilidad de que los criterios presentados en el documento sean utilizados para regular esta materia a nivel nacional debido a las consecuencias que implicaría para la salud de la población.
De cualquier manera, dijo que “poder contar con una ley de presupuestos mínimos del orden nacional permitiría, de alguna forma, establecer un criterio uniforme en el país respecto de aquellas iniciativas que están tomando algunas provincias y algunos municipios concretamente en cuanto a alejar las fumigaciones de las poblaciones urbanas”.
Por último, Ávila opinó que una ley nacional de ese tipo debería constituirse en una transición “hasta lograr definitivamente la erradicación de este modelo de producción” debido al impacto negativo de los agroquímicos, y que permita avanzar en “la reconfiguración a un modelo de producción agroecológica, sustentable y que genere realmente alimentos de calidad”.
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Más petróleo en Mendoza
YPF descubrió en Mendoza el tercer pozo de petróleo en el año
Fecha de Publicación: 11/11/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza
El yacimiento, de tipo convencional, tiene un potencial de 15 millones de barriles
PF descubrió un nuevo yacimiento de petróleo convencional con un potencial productivo de 15 millones de barriles, en uno de los campos operados por la compañía en la provincia de Mendoza.
Según ensayos realizados en diferentes profundidades, el caudal inicial de producción surgente alcanzaría a los 535 barriles diarios de petróleo, indicó YPF en un comunicado emitido ayer.
El hallazgo se produjo en el bloque El Manzano, ubicado en el sudoeste de la provincia, en el pozo denominado Mirador del Valle x-1, que alcanzó una profundidad final de 1789 metros.
"Este nuevo descubrimiento, sumado a otros recientemente realizados en los bloques de Vizcacheras y Chachahuen, es un hito de esta nueva gestión de YPF, ya que permitirá desarrollar un nuevo yacimiento, aumentar la producción de petróleo convencional y generar mayor crecimiento y desarrollo para la provincia", afirmó Carlos Colo, gerente ejecutivo de Exploración.
Según detalló YPF, el descubrimiento fue posible gracias a la implementación de "técnicas modernas de sísmica integradas al modelo prospectivo", que permitió identificar áreas aún no evaluadas mediante trabajos de perforación de pozos.
La compañía estatal, presidida por Miguel Galuccio, además destacó que "el modelo exploratorio y la productividad de petróleo en distintos niveles de reservorios" permitirán "continuar con la exploración de la cuenca neuquina en la provincia de Mendoza".
El nuevo hallazgo es el tercero producido por YPF en Mendoza en lo que va del año, después de que se comprobara la existencia de crudo convencional en los bloques Vizcacheras y Chachahuen en enero y marzo, respectivamente.
El potencial del descubrimiento anunciado ayer elevaría a 75 millones de barriles de crudo el volumen de hidrocarburos hallado en Mendoza en 2013.
Colo destacó que la actividad exploratoria en la provincia ha tenido "un crecimiento significativo" como resultado del "intenso trabajo que YPF viene realizando en la provincia".
En junio de este año, la presidenta Cristina Kirchner inauguró en la localidad de Luján de Cuyo dos nuevas plantas de refinación de hidrocarburos con el objetivo de producir un combustible más limpio y de mejor calidad con mejores especificaciones en materia ambiental, según informó la empresa.
En esa ocasión, la jefa de Estado había destacado que a un año de la estatización se logró incrementar la producción, la cantidad de equipos de exploración "y se alcanzó una mayor capacidad de refinación, además de incrementar el 50 por ciento del stock de nuestras estaciones de servicio".
Las plantas demandaron una inversión de 2600 millones de pesos y emplean a 2000 personas de manera directa.
Fallo a favor
Por otra parte, también se ayer se conoció que la Justicia rechazó una demanda iniciada por uno de los representantes de Repsol en el directorio de YPF, Luis García del Río, para acceder a una copia del contrato con Chevron para la explotación del yacimiento Vaca Muerta, y ratificó así la decisión tomada por el Comité de Auditoría de la petrolera estatal el martes pasado.
La Sala D de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal entendió que la posibilidad de exigir judicialmente la documentación requerida por García del Río se encontraba vedada, dado que YPF tiene previstos mecanismos internos destinados a tales fines.
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Fecha de Publicación: 11/11/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza
El yacimiento, de tipo convencional, tiene un potencial de 15 millones de barriles
PF descubrió un nuevo yacimiento de petróleo convencional con un potencial productivo de 15 millones de barriles, en uno de los campos operados por la compañía en la provincia de Mendoza.
Según ensayos realizados en diferentes profundidades, el caudal inicial de producción surgente alcanzaría a los 535 barriles diarios de petróleo, indicó YPF en un comunicado emitido ayer.
El hallazgo se produjo en el bloque El Manzano, ubicado en el sudoeste de la provincia, en el pozo denominado Mirador del Valle x-1, que alcanzó una profundidad final de 1789 metros.
"Este nuevo descubrimiento, sumado a otros recientemente realizados en los bloques de Vizcacheras y Chachahuen, es un hito de esta nueva gestión de YPF, ya que permitirá desarrollar un nuevo yacimiento, aumentar la producción de petróleo convencional y generar mayor crecimiento y desarrollo para la provincia", afirmó Carlos Colo, gerente ejecutivo de Exploración.
Según detalló YPF, el descubrimiento fue posible gracias a la implementación de "técnicas modernas de sísmica integradas al modelo prospectivo", que permitió identificar áreas aún no evaluadas mediante trabajos de perforación de pozos.
La compañía estatal, presidida por Miguel Galuccio, además destacó que "el modelo exploratorio y la productividad de petróleo en distintos niveles de reservorios" permitirán "continuar con la exploración de la cuenca neuquina en la provincia de Mendoza".
El nuevo hallazgo es el tercero producido por YPF en Mendoza en lo que va del año, después de que se comprobara la existencia de crudo convencional en los bloques Vizcacheras y Chachahuen en enero y marzo, respectivamente.
El potencial del descubrimiento anunciado ayer elevaría a 75 millones de barriles de crudo el volumen de hidrocarburos hallado en Mendoza en 2013.
Colo destacó que la actividad exploratoria en la provincia ha tenido "un crecimiento significativo" como resultado del "intenso trabajo que YPF viene realizando en la provincia".
En junio de este año, la presidenta Cristina Kirchner inauguró en la localidad de Luján de Cuyo dos nuevas plantas de refinación de hidrocarburos con el objetivo de producir un combustible más limpio y de mejor calidad con mejores especificaciones en materia ambiental, según informó la empresa.
En esa ocasión, la jefa de Estado había destacado que a un año de la estatización se logró incrementar la producción, la cantidad de equipos de exploración "y se alcanzó una mayor capacidad de refinación, además de incrementar el 50 por ciento del stock de nuestras estaciones de servicio".
Las plantas demandaron una inversión de 2600 millones de pesos y emplean a 2000 personas de manera directa.
Fallo a favor
Por otra parte, también se ayer se conoció que la Justicia rechazó una demanda iniciada por uno de los representantes de Repsol en el directorio de YPF, Luis García del Río, para acceder a una copia del contrato con Chevron para la explotación del yacimiento Vaca Muerta, y ratificó así la decisión tomada por el Comité de Auditoría de la petrolera estatal el martes pasado.
La Sala D de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal entendió que la posibilidad de exigir judicialmente la documentación requerida por García del Río se encontraba vedada, dado que YPF tiene previstos mecanismos internos destinados a tales fines.
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Alto índice de muerte de fauna en rutas misioneras
En sólo 60 días atropellaron y mataron a 50 animales silvestres
Fecha de Publicación: 10/11/2013
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
El promedio no varía en los últimos años y recrudece el pedido de ambientalistas para reducir el impacto en las especies afectadas
En 60 días fueron 50 los animales selváticos que murieron atropellados en distintas rutas provinciales, según se reveló ayer desde el Ministerio de Ecología de la provincia, aunque también gran parte de esos casos se sucedieron dentro de parques provinciales o nacionales.
El alto índice de muertes por la misma causa desde hace más de 5 años, llevó a organizaciones ambientales y al propio Estado provincial a iniciar fuertes campañas viales y de concientización para reducir el impacto entre las distintas especies que integran la rica fauna misionera.
Ayer, fue la propia ministra de la cartera ecológica provincial, Viviana Rovira, quien difundió el número de animales muertos en rutas misioneras en los últimos 60 días. De mantenerse esa cantidad en los anteriores períodos, el año podría terminar con la elevada cifra de 300 animales atropellados al final de 2013.
El hecho que provoca más preocupación es que gran porcentaje de esas especies están consideradas en extinción, como sucede con el yaguareté. El animal símbolo de Misiones y declarado Monumento Natural Provincial, para brindarle un status proteccionista, viene en decadencia en los últimos cinco años en los cuales las noticias sobre su reducción de la población son constantes. Se estima que en Misiones habría sólo 60 ejemplares de yaguareté.
Zona peligrosa
Hace cinco años el promedio de animales atropellados y muertos llegaban a los 500 en la zona de la ruta provincial 19 que atraviesa el Parque Provincial Urugua-í, según estimaciones de guardaparques que se desempeñaban en esa reserva natural.
En total son 31 kilómetros de la ruta que comunica Wanda con Andresito que traspasan el área natural protegida, abarcando unas 84 mil hectáreas.
Ese tramo fue asfaltado en 2005, convirtiéndose en “ruta ecológica” y según observaron guardaparques, luego de la pavimentación, el número de atropellos se incrementó notoriamente.
Desde entonces a esta parte, el Gobierno impulsó la creación de pasafaunas, túneles especialmente construidos en varios puntos de la ruta, para permitir que los animales puedan pasar sobre él para evitar que cruzaran la ruta.
Hace dos días, el Gobierno volvió a anunciar la creación de más pasafaunas en esa parte de la provincia, en el denominado Corredor Verde.
En octubre de 2013, con la muerte de un yaguareté hembra, se produjo la segunda fatalidad de esta especie en poco más de un año. Meses antes, había sido atropellado y muerto un ocelote.
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Fecha de Publicación: 10/11/2013
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
El promedio no varía en los últimos años y recrudece el pedido de ambientalistas para reducir el impacto en las especies afectadas
En 60 días fueron 50 los animales selváticos que murieron atropellados en distintas rutas provinciales, según se reveló ayer desde el Ministerio de Ecología de la provincia, aunque también gran parte de esos casos se sucedieron dentro de parques provinciales o nacionales.
El alto índice de muertes por la misma causa desde hace más de 5 años, llevó a organizaciones ambientales y al propio Estado provincial a iniciar fuertes campañas viales y de concientización para reducir el impacto entre las distintas especies que integran la rica fauna misionera.
Ayer, fue la propia ministra de la cartera ecológica provincial, Viviana Rovira, quien difundió el número de animales muertos en rutas misioneras en los últimos 60 días. De mantenerse esa cantidad en los anteriores períodos, el año podría terminar con la elevada cifra de 300 animales atropellados al final de 2013.
El hecho que provoca más preocupación es que gran porcentaje de esas especies están consideradas en extinción, como sucede con el yaguareté. El animal símbolo de Misiones y declarado Monumento Natural Provincial, para brindarle un status proteccionista, viene en decadencia en los últimos cinco años en los cuales las noticias sobre su reducción de la población son constantes. Se estima que en Misiones habría sólo 60 ejemplares de yaguareté.
Zona peligrosa
Hace cinco años el promedio de animales atropellados y muertos llegaban a los 500 en la zona de la ruta provincial 19 que atraviesa el Parque Provincial Urugua-í, según estimaciones de guardaparques que se desempeñaban en esa reserva natural.
En total son 31 kilómetros de la ruta que comunica Wanda con Andresito que traspasan el área natural protegida, abarcando unas 84 mil hectáreas.
Ese tramo fue asfaltado en 2005, convirtiéndose en “ruta ecológica” y según observaron guardaparques, luego de la pavimentación, el número de atropellos se incrementó notoriamente.
Desde entonces a esta parte, el Gobierno impulsó la creación de pasafaunas, túneles especialmente construidos en varios puntos de la ruta, para permitir que los animales puedan pasar sobre él para evitar que cruzaran la ruta.
Hace dos días, el Gobierno volvió a anunciar la creación de más pasafaunas en esa parte de la provincia, en el denominado Corredor Verde.
En octubre de 2013, con la muerte de un yaguareté hembra, se produjo la segunda fatalidad de esta especie en poco más de un año. Meses antes, había sido atropellado y muerto un ocelote.
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