Denuncian al equipo que fiscaliza YMAD
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Denuncian al equipo que fiscaliza YMAD
Fecha de Publicación: 03/11/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La cuestión minera en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) suma otro expediente en la Justicia federal. Ramón Eudal y Eduardo Ruiz Pesce denunciaron a la comisión que entiende en lo referente al accionar de la empresa estatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y de las controladas por la firma, socia de La Alumbrera. Este grupo -creado por el Consejo Superior en abril de 2011- presentó su primer informe ante el cuerpo el pasado 10 de octubre. Sobre la base de este fundaron Eudal y Ruiz Pesce la presentación. Denunciaron a los miembros que firmaron el informe -Silvia Guillén, María Lucca de Magariños, Adriana Sales, Mario Alderete, Adolfo Gutiérrez, Magdalena Ricco y Estela Freidenberg- e intimaron a los que no lo hicieron -Florencia Benimelli y Leandro Díaz- a que declaren si lo suscriben.
Según los denunciantes, la comisión habría cometido abuso de autoridad. Señalan que el Consejo autorizó al grupo a compilar, requerir y difundir la información adecuada sobre la explotación minera y a impulsar tecnologías que garanticen el compromiso ambiental y de responsabilidad social de la UNT. En el informe, la comisión señala que revisó análisis existentes y que no halló valores que se disparen de lo normal. "Esto contradice el informe 810, de 2009, firmado por los ex representantes de UNT ante YMAD Mario Marigliano y Rodolfo Campero, sobre el volcado de (La Alumbrera) al canal DP2, y por los cuales los valores de contaminación de la explotación son muy superiores a los límites que marca la Ley 24.051 (de Residuos Peligrosos)", afirman Eudal y Ruiz Pesce.
Advierten que esa ley es de cumplimiento obligatorio por las provincias, y no puede ser contradicha o modificada por normativa subordinada a ella. Indican que el informe se funda en legislación jerárquicamente inferior a esta ley, cuando señala que el emprendimiento megaminero atiende normas ambientales y de higiene y seguridad laboral: "oculta de modo culposo o necio que los valores de contaminación permitidos son los de la nula y viciada legislación provincial".
"No resulta aplicable"
El gerente de Relaciones Institucionales de La Alumbrera, Jorge Montaldi, cuestionó la afirmación de los denunciantes. Puntualizó que la norma a la que estos hacen alusión no contempla el funcionamiento del canal DP2. "La Ley 24.051 no resulta aplicable para el caso del efluente; no fija parámetros para el canal DP2. Nos regimos por la Resolución N° 030 -Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán-, que designa autoridad de aplicación a la Dirección de Minería", afirmó.
Negó que el canal registre contaminación. "El efluente cumple acabadamente con la Resolución N° 030. Lo indican análisis propios y de terceros, como la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la UNT, la Facultad de Ciencias Naturales y el Comité de Cuenca Salí-Dulce; todos estos organismos realizan monitoreos permanentes. La Dirección de Minería también controla que no se registre contaminación; precisamente a raíz de ello nos renueva anualmente la autorización", afirmó.
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Fecha de Publicación: 03/11/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La cuestión minera en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) suma otro expediente en la Justicia federal. Ramón Eudal y Eduardo Ruiz Pesce denunciaron a la comisión que entiende en lo referente al accionar de la empresa estatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y de las controladas por la firma, socia de La Alumbrera. Este grupo -creado por el Consejo Superior en abril de 2011- presentó su primer informe ante el cuerpo el pasado 10 de octubre. Sobre la base de este fundaron Eudal y Ruiz Pesce la presentación. Denunciaron a los miembros que firmaron el informe -Silvia Guillén, María Lucca de Magariños, Adriana Sales, Mario Alderete, Adolfo Gutiérrez, Magdalena Ricco y Estela Freidenberg- e intimaron a los que no lo hicieron -Florencia Benimelli y Leandro Díaz- a que declaren si lo suscriben.
Según los denunciantes, la comisión habría cometido abuso de autoridad. Señalan que el Consejo autorizó al grupo a compilar, requerir y difundir la información adecuada sobre la explotación minera y a impulsar tecnologías que garanticen el compromiso ambiental y de responsabilidad social de la UNT. En el informe, la comisión señala que revisó análisis existentes y que no halló valores que se disparen de lo normal. "Esto contradice el informe 810, de 2009, firmado por los ex representantes de UNT ante YMAD Mario Marigliano y Rodolfo Campero, sobre el volcado de (La Alumbrera) al canal DP2, y por los cuales los valores de contaminación de la explotación son muy superiores a los límites que marca la Ley 24.051 (de Residuos Peligrosos)", afirman Eudal y Ruiz Pesce.
Advierten que esa ley es de cumplimiento obligatorio por las provincias, y no puede ser contradicha o modificada por normativa subordinada a ella. Indican que el informe se funda en legislación jerárquicamente inferior a esta ley, cuando señala que el emprendimiento megaminero atiende normas ambientales y de higiene y seguridad laboral: "oculta de modo culposo o necio que los valores de contaminación permitidos son los de la nula y viciada legislación provincial".
"No resulta aplicable"
El gerente de Relaciones Institucionales de La Alumbrera, Jorge Montaldi, cuestionó la afirmación de los denunciantes. Puntualizó que la norma a la que estos hacen alusión no contempla el funcionamiento del canal DP2. "La Ley 24.051 no resulta aplicable para el caso del efluente; no fija parámetros para el canal DP2. Nos regimos por la Resolución N° 030 -Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán-, que designa autoridad de aplicación a la Dirección de Minería", afirmó.
Negó que el canal registre contaminación. "El efluente cumple acabadamente con la Resolución N° 030. Lo indican análisis propios y de terceros, como la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la UNT, la Facultad de Ciencias Naturales y el Comité de Cuenca Salí-Dulce; todos estos organismos realizan monitoreos permanentes. La Dirección de Minería también controla que no se registre contaminación; precisamente a raíz de ello nos renueva anualmente la autorización", afirmó.
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Otro retraso en Pascua-Lama
Pascua-Lama confirma más retraso en la mina
Fecha de Publicación: 03/11/2012
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Cada vez se estira más el cronograma para que arranque la mina Pascua-Lama: el reporte de resultados del tercer trimestre de Barrick informó ayer que la nueva fecha para la primera producción de la mina se corrió de la mitad de 2014 prevista anteriormente, directamente al segundo semestre de ese año, advirtiendo que los datos definitivos se conocerán a fin de año. En el nuevo documento también se confirmaron los cambios del presupuesto -el costo creció de los 7.500 a 8.000 millones de dólares del segundo trimestre, al rango de 8.000 a 8.500 millones actuales y la revisión de contratos de proveedores que está llevando a cabo Fluor, el nuevo gerenciador del proyecto. Esta multinacional es la que gerenció con éxito el proyecto Pueblo Viejo (República Dominicana), recientemente finalizado por la misma minera. El documento también anunció el nombramiento del nuevo director del proyecto Pascua-Lama, cargo que recayó sobre Charlie Capello. El reporte indica que se “ha avanzado en la revisión de los principales contratos, así como de las cantidades de materiales y precios, costos por unidad, rangos de instalación y de productividad”; y agrega que aumentó “la cantidad y calidad de la mano de obra calificada, con cerca de 1.900 nuevas contrataciones de San Juan y del resto de Argentina”. A la fecha el proyecto local ha insumido un gasto de 3.700 millones de dólares, mientras que el túnel tiene un avance del 60%.
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Fecha de Publicación: 03/11/2012
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Cada vez se estira más el cronograma para que arranque la mina Pascua-Lama: el reporte de resultados del tercer trimestre de Barrick informó ayer que la nueva fecha para la primera producción de la mina se corrió de la mitad de 2014 prevista anteriormente, directamente al segundo semestre de ese año, advirtiendo que los datos definitivos se conocerán a fin de año. En el nuevo documento también se confirmaron los cambios del presupuesto -el costo creció de los 7.500 a 8.000 millones de dólares del segundo trimestre, al rango de 8.000 a 8.500 millones actuales y la revisión de contratos de proveedores que está llevando a cabo Fluor, el nuevo gerenciador del proyecto. Esta multinacional es la que gerenció con éxito el proyecto Pueblo Viejo (República Dominicana), recientemente finalizado por la misma minera. El documento también anunció el nombramiento del nuevo director del proyecto Pascua-Lama, cargo que recayó sobre Charlie Capello. El reporte indica que se “ha avanzado en la revisión de los principales contratos, así como de las cantidades de materiales y precios, costos por unidad, rangos de instalación y de productividad”; y agrega que aumentó “la cantidad y calidad de la mano de obra calificada, con cerca de 1.900 nuevas contrataciones de San Juan y del resto de Argentina”. A la fecha el proyecto local ha insumido un gasto de 3.700 millones de dólares, mientras que el túnel tiene un avance del 60%. .
Más de 1.500 escuelas expuestas a fumigaciones
Denuncian que más de 1.500 escuelas están expuestas a las fumigaciones
Fecha de Publicación: 02/11/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe - El Puntal
Provincia/Región: Nacional
"Alrededor de 700 mil niños del país se encontrarían expuestos a la aplicación de agroquímicos que se realiza en los alrededores de los establecimientos educativos rurales y periurbanos."
Se trata de instituciones de la provincia ubicadas a metros de los cultivos, una problemática que se repite en el sur cordobés.
Alrededor de 700 mil niños del país se encontrarían expuestos a la aplicación de agroquímicos que se realiza en los alrededores de los establecimientos educativos rurales y periurbanos. Así lo advierten las organizaciones de vecinos, docentes y profesionales de la salud que impulsan la Campaña “Escuelas Fumigadas ¡Nunca más!”.
El médico Medardo Ávila, uno de los coordinadores de la iniciativa, indicó que la campaña busca revertir una grave problemática sanitaria a la que se encuentran expuestas alrededor de 1.500 instituciones educativas a nivel provincial. De hecho, esta realidad también ha dado origen a la conformación de un grupo denominado “Docentes Fumigados de la Provincia de Córdoba”.
En tanto, maestros del sur cordobés revelaron a PUNTAL que las fumigaciones se viven a diario en la mayoría de las escuelas rurales de la zona. “Más de una docente ha cruzado una tranquera para ir a pedir por favor que esperen a que termine de dar clases para fumigar, eso sucede a diario”, señaló una trabajadora del ámbito educativo que se desempeña en el medio rural de Río Cuarto.
Justamente, la campaña lanzada el mes pasado por la Coordinadora Nacional de Pueblos Fumigados busca visibilizar la situación de aquellas “escuelas que son fumigadas periódicamente en forma terrestre y aérea, sin mediar ninguna distancia mínima de protección, incluso estando estudiantes y maestros en la institución”, tal como describen en su página web.
En ese marco, advierten también sobre la existencia de establecimientos “cuyos niños y adolescentes son utilizados como banderilleros –sufriendo envenenamientos agudos, además de los crónicos que implican años de cursado en zonas envenenadas– o sufren las penurias del trabajo rural infantil”.
Ante este panorama, “se armó un grupo de trabajo para ir recogiendo testimonios, denuncias, con la idea de juntar toda la información que podamos y antes de que terminen la clases llevársela a las autoridades nacionales”, relató Ávila, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, respecto de la campaña. Y agregó que de esa manera se exigirán medidas para revertir los daños en la salud que sufren los integrantes de las instituciones afectadas.
La problemática en la región
El médico informó que en el interior de la provincia de Córdoba existen en total 3 mil escuelas y se estima que alrededor de 1.500 se encuentran “en áreas vecinas o limítrofes con campos fumigados”.
En consonancia con estos datos, según un informe elaborado por el Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (Copec) en 2009, existen en el territorio provincial 2.022 escuelas rurales de todos los niveles, a las que asisten 76.928 estudiantes. De ese total, 1-621 establecimientos están ubicados en el campo, mientras que 400 corresponden a pequeñas poblaciones.
Los relatos de docentes, autoridades y trabajadores de escuelas rurales y periurbanas de Río Cuarto y la región demuestran que las pulverizaciones son una problemática frecuente en una gran cantidad de establecimientos del sur provincial.
“Uno que tiene experiencia como docente rural sabe que alrededor de las escuelas también se fumiga”, expresó Armando Loeffel, quien actualmente es director de la escuela primaria Hebe San Martín de Duprat de la ciudad de Río Cuarto.
“Es común a muchísimas escuelas rurales de la zona, todas estamos sembradas. Nuestro mapa productivo cambió radicalmente”, afirmó Nélida Acti, directora y maestra del establecimiento Gabriela Mistral ubicada en Los Alfalfares, a 17 kilómetros de Villa Huidobro.
La docente relató que las fumigaciones alrededor de dicha escuela se intensificaron en los últimos años, a partir de que en la zona se comenzó a reemplazar la producción de trigo y maíz por la de soja y maní, ya que estos últimos cultivos “requieren cinco o seis pulverizaciones para cosechar”.
Una fuente consultada por este diario que trabaja asiduamente en escuelas rurales del Departamento Río Cuarto también indicó que gran parte de estas instituciones se ven afectadas por el uso de agroquímicos. Agregó que en ciertos lugares se fumiga fuera del horario de clase pero destacó que cuando la pulverización es tercerizada a una empresa, los aplicadores suelen trabajar mientras funciona la escuela.
“Las maestras vamos permanentemente a pedir que no lo hagan, que estamos con los chicos. Constantemente se está trabajando esto en las escuelas, no para que no se use sino para que se cuide el uso”, afirmó la trabajadora.
Y explicó que la mayoría de los aplicadores responden favorablemente al pedido de los docentes, aunque “a veces a la gente no le gusta porque pierden horario de trabajo”.
Las docentes consultadas también expresaron preocupación ante los riesgos a que se encuentran expuestos los alumnos de escuelas rurales en sus propios hogares, ya que la mayoría vive en los campos y son hijos de trabajadores que utilizan plaguicidas periódicamente.
Ante ello, desde varias escuelas intentan concientizar a los niños sobre los riesgos de estos productos: “Que los chicos aprendan a conocer las tecnologías que atraviesan el espacio donde viven forma parte del aprendizaje que la escuela tiene que dar, sobre todo la escuela rural, que es un lugar de encuentro social y cultural”, expresó una de las trabajadoras del ámbito educativo.
Los establecimientos ubicados en la periferia de las ciudades tampoco son ajenos al problema. Así lo demuestra la experiencia vivida en la escuela Hebe de Duprat del barrio Jardín Norte de nuestra ciudad, donde sus docentes debieron interrumpir las clases para detener las fumigaciones realizadas en un campo ubicado a sólo 10 metros de la institución (ver recuadro).
Docentes fumigados
En el último tiempo, se abrió un amplio debate público acerca de la necesidad de limitar las fumigaciones cercanas a viviendas y centros urbanos. Sin embargo, poco se habla hasta ahora de los riesgos a los que son expuestos alumnos y docentes que asisten diariamente a escuelas ubicadas a metros de los campos.
Según los impulsores de la campaña, esta situación permanece invisibilizada debido a que las personas afectadas ven muchas veces limitadas sus posibilidades de denuncia por los vínculos económicos o afectivos que mantienen con los productores.
Estas dificultades llevaron a conformar el grupo “Docentes fumigados de la provincia de Córdoba”, una organización que nuclea especialmente a maestros de distintos niveles educativos del norte provincial.
“Estamos trabajando sobre la problemática que ha traído este modelo de la agricultura altamente tecnificada en nuestra región”, contó el integrante del grupo Omar Toledo, docente del Ipea 113 de Cañada de Luque, en el Departamento Totoral. Y agregó que en dicha institución los mosquitos “pasaban derramando veneno incluso por la cancha de fútbol donde hacían gimnasia los chicos”.
“No hay un docente en el campo que no haya tenido un aborto espontáneo o que no tenga un familiar muerto por cáncer”, denunció el maestro, quien luego de realizarse análisis en la UNRC descubrió que tenía tres agroquímicos en sangre y anomalías en su ADN. Y añadió que luego de ver cómo se multiplicaban las enfermedades en sus comunidades, los maestros de distintos departamentos de la provincia decidieron empezar a capacitar a sus colegas sobre los riesgos de las fumigaciones en la salud.
Además, el año pasado el grupo presentó un proyecto a los estados provincial y nacional para crear una zona de resguardo ambiental alrededor de las escuelas, donde sólo puedan realizarse producciones orgánicas. “No sólo pedimos que no se fumigue más sino que también proponemos soluciones, que existen”, finalizó Toledo.
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Fecha de Publicación: 02/11/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe - El Puntal
Provincia/Región: Nacional
"Alrededor de 700 mil niños del país se encontrarían expuestos a la aplicación de agroquímicos que se realiza en los alrededores de los establecimientos educativos rurales y periurbanos."Se trata de instituciones de la provincia ubicadas a metros de los cultivos, una problemática que se repite en el sur cordobés.
Alrededor de 700 mil niños del país se encontrarían expuestos a la aplicación de agroquímicos que se realiza en los alrededores de los establecimientos educativos rurales y periurbanos. Así lo advierten las organizaciones de vecinos, docentes y profesionales de la salud que impulsan la Campaña “Escuelas Fumigadas ¡Nunca más!”.
El médico Medardo Ávila, uno de los coordinadores de la iniciativa, indicó que la campaña busca revertir una grave problemática sanitaria a la que se encuentran expuestas alrededor de 1.500 instituciones educativas a nivel provincial. De hecho, esta realidad también ha dado origen a la conformación de un grupo denominado “Docentes Fumigados de la Provincia de Córdoba”.
En tanto, maestros del sur cordobés revelaron a PUNTAL que las fumigaciones se viven a diario en la mayoría de las escuelas rurales de la zona. “Más de una docente ha cruzado una tranquera para ir a pedir por favor que esperen a que termine de dar clases para fumigar, eso sucede a diario”, señaló una trabajadora del ámbito educativo que se desempeña en el medio rural de Río Cuarto.
Justamente, la campaña lanzada el mes pasado por la Coordinadora Nacional de Pueblos Fumigados busca visibilizar la situación de aquellas “escuelas que son fumigadas periódicamente en forma terrestre y aérea, sin mediar ninguna distancia mínima de protección, incluso estando estudiantes y maestros en la institución”, tal como describen en su página web.
En ese marco, advierten también sobre la existencia de establecimientos “cuyos niños y adolescentes son utilizados como banderilleros –sufriendo envenenamientos agudos, además de los crónicos que implican años de cursado en zonas envenenadas– o sufren las penurias del trabajo rural infantil”.
Ante este panorama, “se armó un grupo de trabajo para ir recogiendo testimonios, denuncias, con la idea de juntar toda la información que podamos y antes de que terminen la clases llevársela a las autoridades nacionales”, relató Ávila, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, respecto de la campaña. Y agregó que de esa manera se exigirán medidas para revertir los daños en la salud que sufren los integrantes de las instituciones afectadas.
La problemática en la región
El médico informó que en el interior de la provincia de Córdoba existen en total 3 mil escuelas y se estima que alrededor de 1.500 se encuentran “en áreas vecinas o limítrofes con campos fumigados”.
En consonancia con estos datos, según un informe elaborado por el Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (Copec) en 2009, existen en el territorio provincial 2.022 escuelas rurales de todos los niveles, a las que asisten 76.928 estudiantes. De ese total, 1-621 establecimientos están ubicados en el campo, mientras que 400 corresponden a pequeñas poblaciones.
Los relatos de docentes, autoridades y trabajadores de escuelas rurales y periurbanas de Río Cuarto y la región demuestran que las pulverizaciones son una problemática frecuente en una gran cantidad de establecimientos del sur provincial.
“Uno que tiene experiencia como docente rural sabe que alrededor de las escuelas también se fumiga”, expresó Armando Loeffel, quien actualmente es director de la escuela primaria Hebe San Martín de Duprat de la ciudad de Río Cuarto.
“Es común a muchísimas escuelas rurales de la zona, todas estamos sembradas. Nuestro mapa productivo cambió radicalmente”, afirmó Nélida Acti, directora y maestra del establecimiento Gabriela Mistral ubicada en Los Alfalfares, a 17 kilómetros de Villa Huidobro.
La docente relató que las fumigaciones alrededor de dicha escuela se intensificaron en los últimos años, a partir de que en la zona se comenzó a reemplazar la producción de trigo y maíz por la de soja y maní, ya que estos últimos cultivos “requieren cinco o seis pulverizaciones para cosechar”.
Una fuente consultada por este diario que trabaja asiduamente en escuelas rurales del Departamento Río Cuarto también indicó que gran parte de estas instituciones se ven afectadas por el uso de agroquímicos. Agregó que en ciertos lugares se fumiga fuera del horario de clase pero destacó que cuando la pulverización es tercerizada a una empresa, los aplicadores suelen trabajar mientras funciona la escuela.
“Las maestras vamos permanentemente a pedir que no lo hagan, que estamos con los chicos. Constantemente se está trabajando esto en las escuelas, no para que no se use sino para que se cuide el uso”, afirmó la trabajadora.
Y explicó que la mayoría de los aplicadores responden favorablemente al pedido de los docentes, aunque “a veces a la gente no le gusta porque pierden horario de trabajo”.
Las docentes consultadas también expresaron preocupación ante los riesgos a que se encuentran expuestos los alumnos de escuelas rurales en sus propios hogares, ya que la mayoría vive en los campos y son hijos de trabajadores que utilizan plaguicidas periódicamente.
Ante ello, desde varias escuelas intentan concientizar a los niños sobre los riesgos de estos productos: “Que los chicos aprendan a conocer las tecnologías que atraviesan el espacio donde viven forma parte del aprendizaje que la escuela tiene que dar, sobre todo la escuela rural, que es un lugar de encuentro social y cultural”, expresó una de las trabajadoras del ámbito educativo.
Los establecimientos ubicados en la periferia de las ciudades tampoco son ajenos al problema. Así lo demuestra la experiencia vivida en la escuela Hebe de Duprat del barrio Jardín Norte de nuestra ciudad, donde sus docentes debieron interrumpir las clases para detener las fumigaciones realizadas en un campo ubicado a sólo 10 metros de la institución (ver recuadro).
Docentes fumigados
En el último tiempo, se abrió un amplio debate público acerca de la necesidad de limitar las fumigaciones cercanas a viviendas y centros urbanos. Sin embargo, poco se habla hasta ahora de los riesgos a los que son expuestos alumnos y docentes que asisten diariamente a escuelas ubicadas a metros de los campos.
Según los impulsores de la campaña, esta situación permanece invisibilizada debido a que las personas afectadas ven muchas veces limitadas sus posibilidades de denuncia por los vínculos económicos o afectivos que mantienen con los productores.
Estas dificultades llevaron a conformar el grupo “Docentes fumigados de la provincia de Córdoba”, una organización que nuclea especialmente a maestros de distintos niveles educativos del norte provincial.
“Estamos trabajando sobre la problemática que ha traído este modelo de la agricultura altamente tecnificada en nuestra región”, contó el integrante del grupo Omar Toledo, docente del Ipea 113 de Cañada de Luque, en el Departamento Totoral. Y agregó que en dicha institución los mosquitos “pasaban derramando veneno incluso por la cancha de fútbol donde hacían gimnasia los chicos”.
“No hay un docente en el campo que no haya tenido un aborto espontáneo o que no tenga un familiar muerto por cáncer”, denunció el maestro, quien luego de realizarse análisis en la UNRC descubrió que tenía tres agroquímicos en sangre y anomalías en su ADN. Y añadió que luego de ver cómo se multiplicaban las enfermedades en sus comunidades, los maestros de distintos departamentos de la provincia decidieron empezar a capacitar a sus colegas sobre los riesgos de las fumigaciones en la salud.
Además, el año pasado el grupo presentó un proyecto a los estados provincial y nacional para crear una zona de resguardo ambiental alrededor de las escuelas, donde sólo puedan realizarse producciones orgánicas. “No sólo pedimos que no se fumigue más sino que también proponemos soluciones, que existen”, finalizó Toledo.
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Sin acuerdo para publicar el monitoreo de Botnia
La Caru concluye hoy su plenario y no hay acuerdo para publicar el monitoreo a Botnia
Fecha de Publicación: 02/11/2012
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional
La Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) concluye hoy su plenario, pero todavía ambas delegaciones no se han puesto de acuerdo en la difusión del monitoreo integral a Botnia. Por otro lado, el Hospital Centenario precisó en qué situación se encuentra el Plan de Vigilancia Epidemiológico.
La Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) concluye hoy su plenario, pero consultada ambas delegaciones no hay mayores expectativas para lograr el acuerdo de publicar los resultados del monitoreo a Botnia.
Si bien ambas delegaciones coinciden en publicar los resultados de acuerdo al Comité Científico, la diferencia estriba en que Uruguay por el momento se niega publicar las conclusiones y las actas de ingreso a la planta. La negativa no es inocente, porque en esos documentos están registradas muchas irregularidades y algunas groseras decisiones unilaterales que no han dinamitado el acuerdo entre los presidentes de milagro.
El último cruce de comunicados entre las cancillerías de Uruguay y Argentina fue por la divulgación de los resultados del monitoreo e incluyó críticas al comportamiento ambiental de la empresa UPM (ex Botnia) que todavía no han sido aclaradas por parte del vecino país.
Es evidente que existe una diferencia casi insalvable entre ambas delegaciones y que la relación diplomática no atraviesa su mejor momento. Hoy se sabrá si realmente hay vocación republicana para poner al alcance de las poblaciones ribereñas una información que es de vital importancia dado que está relacionada con la salud y el ambiente.
Vigilancia epidemiológica
Por su parte, ayer el director del Hospital Centenario, doctor Hugo Gorla, dio cuenta de los avances del plan de vigilancia epidemiológica 2007-2013, que comprendió inicialmente a una población de casi mil niños del departamento Gualeguaychú. Se trata de un estudio de salud para detectar la influencia negativa de Botnia, que el año que viene tendrá su continuidad de acuerdo a lo programado por Salud.
Gorla reconoció que si bien toda la población está registrada, actualmente se hace un seguimiento a 653 chicos y que se trata de un estudio prospectivo que es único a nivel mundial.
Se le han practicado radiografía de tórax, exámenes hormonales y de laboratorio como así también exámenes clínicos. “El año que viene repetiremos estos estudios y estaremos en condiciones de hacer algunos análisis comparativos”, señaló Gorla.
Toda la documentación se encuentra en el área de Epidemiología del Hospital Centenario, que es la generadora de la información, con copia a través de un programa especial a Epidemiología de la provincia.
El 9 noviembre Botnia (hoy UPM) cumplirá cinco años de funcionamiento contaminante. Ese mismo día, Gualeguaychú realizará su Grito Blanco, cuando todos los escolares se junten en la Plaza Urquiza para rechazar la presencia de esta pastera que está erosionando las mejores tradiciones de ambas orillas: la de la convivencia y hermandad.
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Fecha de Publicación: 02/11/2012
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional
La Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) concluye hoy su plenario, pero todavía ambas delegaciones no se han puesto de acuerdo en la difusión del monitoreo integral a Botnia. Por otro lado, el Hospital Centenario precisó en qué situación se encuentra el Plan de Vigilancia Epidemiológico. La Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) concluye hoy su plenario, pero consultada ambas delegaciones no hay mayores expectativas para lograr el acuerdo de publicar los resultados del monitoreo a Botnia.
Si bien ambas delegaciones coinciden en publicar los resultados de acuerdo al Comité Científico, la diferencia estriba en que Uruguay por el momento se niega publicar las conclusiones y las actas de ingreso a la planta. La negativa no es inocente, porque en esos documentos están registradas muchas irregularidades y algunas groseras decisiones unilaterales que no han dinamitado el acuerdo entre los presidentes de milagro.
El último cruce de comunicados entre las cancillerías de Uruguay y Argentina fue por la divulgación de los resultados del monitoreo e incluyó críticas al comportamiento ambiental de la empresa UPM (ex Botnia) que todavía no han sido aclaradas por parte del vecino país.
Es evidente que existe una diferencia casi insalvable entre ambas delegaciones y que la relación diplomática no atraviesa su mejor momento. Hoy se sabrá si realmente hay vocación republicana para poner al alcance de las poblaciones ribereñas una información que es de vital importancia dado que está relacionada con la salud y el ambiente.
Vigilancia epidemiológica
Por su parte, ayer el director del Hospital Centenario, doctor Hugo Gorla, dio cuenta de los avances del plan de vigilancia epidemiológica 2007-2013, que comprendió inicialmente a una población de casi mil niños del departamento Gualeguaychú. Se trata de un estudio de salud para detectar la influencia negativa de Botnia, que el año que viene tendrá su continuidad de acuerdo a lo programado por Salud.
Gorla reconoció que si bien toda la población está registrada, actualmente se hace un seguimiento a 653 chicos y que se trata de un estudio prospectivo que es único a nivel mundial.
Se le han practicado radiografía de tórax, exámenes hormonales y de laboratorio como así también exámenes clínicos. “El año que viene repetiremos estos estudios y estaremos en condiciones de hacer algunos análisis comparativos”, señaló Gorla.
Toda la documentación se encuentra en el área de Epidemiología del Hospital Centenario, que es la generadora de la información, con copia a través de un programa especial a Epidemiología de la provincia.
El 9 noviembre Botnia (hoy UPM) cumplirá cinco años de funcionamiento contaminante. Ese mismo día, Gualeguaychú realizará su Grito Blanco, cuando todos los escolares se junten en la Plaza Urquiza para rechazar la presencia de esta pastera que está erosionando las mejores tradiciones de ambas orillas: la de la convivencia y hermandad.
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Riachuelo: AGN confirmó irregularidades
La limpieza que suma más contaminación
Fecha de Publicación: 02/11/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
El auditor general de la Nación presentó en una audiencia ante el máximo tribunal el informe sobre los negocios del juez Luis Armella vinculados con las contrataciones de las tareas de limpieza en la cuenca y revelados por Página/12.
“Empresas vinculadas entre sí participaban en contrataciones desleales para obras en la cuenca Riachuelo-Matanza, para que siempre las ganara una de ellas, por un monto que llega a 129 millones de pesos; entre los directivos de las empresas están la esposa y el suegro del juez Luis Armella, que propiciaba esas contrataciones al exigir obras con urgencia; la Acumar y AySA no podían ignorar lo que sucedía”: así puede resumirse la exposición que Leandro Despouy, auditor general de la Nación, efectuó ante la Corte Suprema en la audiencia sobre el Riachuelo, confirmando la información que publicó Página/12. El auditor también señaló “subejecución del presupuesto del Ministerio de Planificación para la cuenca” y señaló que “las rendiciones de cuentas no cumplen la normativa”. Por su parte, Anselmo Sella, defensor del Pueblo, criticó los criterios de medición que utiliza Acumar: “Aunque todas las empresas cumplieran, la contaminación no se evitaría”. Además denunció la negativa a dar participación a los vecinos que deben ser relocalizados y pidió “una audiencia con participación de las comunidades afectadas”.
Leandro Despouy, titular de la Auditoría General de la Nación, comunicó los resultados del Relevamiento Especial que le había solicitado la Corte Suprema a raíz de la investigación publicada en este diario el 26 de agosto, en una nota firmada por Horacio Verbitsky. Precisó que la Acumar “efectuó 19 contrataciones con la empresa Compañía Constructora M&T S.A., en todos los casos por procedimientos abreviados: de ellas, cuatro fueron por contratación directa, 14 por concursos privados y una en el marco del Plan Director de AySA. El monto total adjudicado a M&T asciende a 129.729.597 pesos más IVA”, de los cuales 126 millones corresponden a contrataciones de AySA, fundamentalmente contrataciones directas por motivos de urgencia invocando requerimientos de Luis Armella”, juez federal de Quilmes encargado de ejecutar la sentencia de la Corte Suprema sobre el Riachuelo. El auditor señaló que “Acumar tenía conocimiento de las contrataciones directas: recibió y trasladó a AySA y Ceamse los requerimientos del juez Armella”.
M&T formaba parte de un grupo de seis sociedades vinculadas. Según detalló el auditor, todas eran invitadas a los concursos privados y, siempre, la que obtenía el contrato era M&T. Estas empresas son: San Martín 264 Bernal S.A., Gildin S.A., Tierras Provinciales S.A., Vial Rogo Constructora S.A., Kartonsec S.A. y M&T.: “Las seis están vinculadas por la identidad de sus socios, relaciones familiares y coincidencias de domicilios”, contó Despouy.
El auditor precisó que “Francisco Alberto Groba, suegro del juez Luis Armella, es presidente de San Martín 264 Bernal. De esta sociedad forman parte también Marina Laura Groba, esposa del juez Armella; Lorena González y Romina González, directoras de Kartonsec y socias de Vial Rogo; Arturo Rodrigues Da Silva, que participa en cinco de las seis empresas; y Gabriela Aparicio, socia fundadora de M&T”.
–¿Podían ignorar esto los organismos de control de AySA o de Acumar? –preguntó Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema.
–Difícilmente –contestó Despouy–. AySA misma convocaba a esas empresas; si las convocaba, las conocía. Estos concursos no pueden considerarse leales.
Despouy destacó que “M&T se constituyó en abril de 2008, con un capital inicial de 12.000 pesos y un capital integrado de 3000: el 50 por ciento de las acciones pertenece a los esposos Francisco González (que participa en las seis empresas) y Graciela Pizzera, y el otro 50 por ciento a Arturo Rodrigues Da Silva”. Y observó: “En este país, es posible constituir sociedades para presentarse en licitaciones, con un capital muy reducido, y beneficiarse con contratos por cientos de millones: esto interpela a nuestro sistema jurídico de contrataciones”.
El auditor también se refirió al control de la asignación presupuestaria para el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca (PISA). Advirtió que la Acumar incluye gastos “por obras fuera del ámbito de la cuenca”, por ejemplo “arreglos en el club Los Andes”. También advirtió que “los ministerios de Desarrollo Social y de Salud de la Nación no realizaron la identificación de las partidas presupuestarias correspondientes (más de 3000 millones de pesos en 2011)”, por lo cual “una importante masa de gasto no ha podido ser auditada”. Sí se auditó parte de los gastos del Ministerio de Planificación Federal: “Los plazos contractuales de las obras presentan atrasos significativos”, “las rendiciones de cuentas no cumplen la normativa”, hay “inconsistencias en los expedientes” y “faltantes de documentación”, precisó Despouy, que también constató “un fuerte ajuste en la ejecución presupuestaria 2012: para los programas del Ministerio de Planificación Federal, de 5300 millones, a mediados de octubre sólo se habían ejecutado 2500 millones, menos del 50 por ciento”.
Criterios
Anselmo Sella, defensor del Pueblo adjunto de la Nación, destacó como acciones positivas “un aumento importante en el control de la contaminación de origen industrial”, por parte de Acumar y especialmente en el último año. Sin embargo, “si hay más de 25.000 empadronadas y se visitaron más de 17.000, no sabemos qué pasó con las otras 8000. Se tomaron sólo 2700 muestras de efluentes líquidos: falta tomar 3300, de modo que puede haber agentes contaminantes no identificados. No hay información sobre el control de emisiones gaseosas de 4700 empresas, o de las 10.000 que generan residuos peligrosos”.
Sobre todo, sostuvo Sella, “Acumar no informa sobre qué reducción de la cantidad total de emisiones se logró. En realidad, el criterio que adoptó no garantiza el cese de la contaminación, ya que se basa en medir la concentración de sustancias en el líquido vertido, en vez de basarse en la cantidad total de sustancias vertidas en la cuenca. Aunque todas las industrias cumplieran la norma actual, la contaminación no se evitaría”. Y advirtió que “hay indicadores de gestión, pero faltan indicadores de los resultados de las acciones”. Sella convalidó en cambio “los criterios del grupo de expertos convocados por la ONG Vecinos de La Boca” (cuyo trabajo también había sido estimado como “riguroso” por Despouy).
Más Información:
- Ambito - Riachuelo: la AGN confirmó vínculos entre el juez Armella y ...
- La Nación - Riachuelo: la AGN confirmó irregularidades
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Fecha de Publicación: 02/11/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
El auditor general de la Nación presentó en una audiencia ante el máximo tribunal el informe sobre los negocios del juez Luis Armella vinculados con las contrataciones de las tareas de limpieza en la cuenca y revelados por Página/12.“Empresas vinculadas entre sí participaban en contrataciones desleales para obras en la cuenca Riachuelo-Matanza, para que siempre las ganara una de ellas, por un monto que llega a 129 millones de pesos; entre los directivos de las empresas están la esposa y el suegro del juez Luis Armella, que propiciaba esas contrataciones al exigir obras con urgencia; la Acumar y AySA no podían ignorar lo que sucedía”: así puede resumirse la exposición que Leandro Despouy, auditor general de la Nación, efectuó ante la Corte Suprema en la audiencia sobre el Riachuelo, confirmando la información que publicó Página/12. El auditor también señaló “subejecución del presupuesto del Ministerio de Planificación para la cuenca” y señaló que “las rendiciones de cuentas no cumplen la normativa”. Por su parte, Anselmo Sella, defensor del Pueblo, criticó los criterios de medición que utiliza Acumar: “Aunque todas las empresas cumplieran, la contaminación no se evitaría”. Además denunció la negativa a dar participación a los vecinos que deben ser relocalizados y pidió “una audiencia con participación de las comunidades afectadas”.
Leandro Despouy, titular de la Auditoría General de la Nación, comunicó los resultados del Relevamiento Especial que le había solicitado la Corte Suprema a raíz de la investigación publicada en este diario el 26 de agosto, en una nota firmada por Horacio Verbitsky. Precisó que la Acumar “efectuó 19 contrataciones con la empresa Compañía Constructora M&T S.A., en todos los casos por procedimientos abreviados: de ellas, cuatro fueron por contratación directa, 14 por concursos privados y una en el marco del Plan Director de AySA. El monto total adjudicado a M&T asciende a 129.729.597 pesos más IVA”, de los cuales 126 millones corresponden a contrataciones de AySA, fundamentalmente contrataciones directas por motivos de urgencia invocando requerimientos de Luis Armella”, juez federal de Quilmes encargado de ejecutar la sentencia de la Corte Suprema sobre el Riachuelo. El auditor señaló que “Acumar tenía conocimiento de las contrataciones directas: recibió y trasladó a AySA y Ceamse los requerimientos del juez Armella”.
M&T formaba parte de un grupo de seis sociedades vinculadas. Según detalló el auditor, todas eran invitadas a los concursos privados y, siempre, la que obtenía el contrato era M&T. Estas empresas son: San Martín 264 Bernal S.A., Gildin S.A., Tierras Provinciales S.A., Vial Rogo Constructora S.A., Kartonsec S.A. y M&T.: “Las seis están vinculadas por la identidad de sus socios, relaciones familiares y coincidencias de domicilios”, contó Despouy.
El auditor precisó que “Francisco Alberto Groba, suegro del juez Luis Armella, es presidente de San Martín 264 Bernal. De esta sociedad forman parte también Marina Laura Groba, esposa del juez Armella; Lorena González y Romina González, directoras de Kartonsec y socias de Vial Rogo; Arturo Rodrigues Da Silva, que participa en cinco de las seis empresas; y Gabriela Aparicio, socia fundadora de M&T”.
–¿Podían ignorar esto los organismos de control de AySA o de Acumar? –preguntó Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema.
–Difícilmente –contestó Despouy–. AySA misma convocaba a esas empresas; si las convocaba, las conocía. Estos concursos no pueden considerarse leales.
Despouy destacó que “M&T se constituyó en abril de 2008, con un capital inicial de 12.000 pesos y un capital integrado de 3000: el 50 por ciento de las acciones pertenece a los esposos Francisco González (que participa en las seis empresas) y Graciela Pizzera, y el otro 50 por ciento a Arturo Rodrigues Da Silva”. Y observó: “En este país, es posible constituir sociedades para presentarse en licitaciones, con un capital muy reducido, y beneficiarse con contratos por cientos de millones: esto interpela a nuestro sistema jurídico de contrataciones”.
El auditor también se refirió al control de la asignación presupuestaria para el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca (PISA). Advirtió que la Acumar incluye gastos “por obras fuera del ámbito de la cuenca”, por ejemplo “arreglos en el club Los Andes”. También advirtió que “los ministerios de Desarrollo Social y de Salud de la Nación no realizaron la identificación de las partidas presupuestarias correspondientes (más de 3000 millones de pesos en 2011)”, por lo cual “una importante masa de gasto no ha podido ser auditada”. Sí se auditó parte de los gastos del Ministerio de Planificación Federal: “Los plazos contractuales de las obras presentan atrasos significativos”, “las rendiciones de cuentas no cumplen la normativa”, hay “inconsistencias en los expedientes” y “faltantes de documentación”, precisó Despouy, que también constató “un fuerte ajuste en la ejecución presupuestaria 2012: para los programas del Ministerio de Planificación Federal, de 5300 millones, a mediados de octubre sólo se habían ejecutado 2500 millones, menos del 50 por ciento”.
Criterios
Anselmo Sella, defensor del Pueblo adjunto de la Nación, destacó como acciones positivas “un aumento importante en el control de la contaminación de origen industrial”, por parte de Acumar y especialmente en el último año. Sin embargo, “si hay más de 25.000 empadronadas y se visitaron más de 17.000, no sabemos qué pasó con las otras 8000. Se tomaron sólo 2700 muestras de efluentes líquidos: falta tomar 3300, de modo que puede haber agentes contaminantes no identificados. No hay información sobre el control de emisiones gaseosas de 4700 empresas, o de las 10.000 que generan residuos peligrosos”.
Sobre todo, sostuvo Sella, “Acumar no informa sobre qué reducción de la cantidad total de emisiones se logró. En realidad, el criterio que adoptó no garantiza el cese de la contaminación, ya que se basa en medir la concentración de sustancias en el líquido vertido, en vez de basarse en la cantidad total de sustancias vertidas en la cuenca. Aunque todas las industrias cumplieran la norma actual, la contaminación no se evitaría”. Y advirtió que “hay indicadores de gestión, pero faltan indicadores de los resultados de las acciones”. Sella convalidó en cambio “los criterios del grupo de expertos convocados por la ONG Vecinos de La Boca” (cuyo trabajo también había sido estimado como “riguroso” por Despouy).
Más Información:
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- La Nación - Riachuelo: la AGN confirmó irregularidades
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Seis provincias por un mayor control forestal
Proyectan un mayor control forestal
Fecha de Publicación: 01/11/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Nacional
Santiago del Estero formará parte de un plan piloto integrado por seis provincias, que apunta a un mayor control forestal.
El ministro de la Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, Ing. Luis Gelid recibió en su despacho a Hans Thiel y Robert Davis, quienes forman parte del Banco Mundial de Recursos Naturales, encargados de diseñar un importante proyecto para seis provincias del país.
También estuvieron presentes el subsecretario de Evaluación de Proyectos con Financiación Externa, Dr. Sebastián Putzoli; el director de Bosques, Ing. Publio Araujo; el coordinador técnico de Proyectos de Bosques Nativos y su Biodiversidad, Ing. Daniel Picchio, entre otros. Hans Thiel fue el encargado de explicar el proyecto que tendrá en su prueba piloto a Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Jujuy, “se trata de armar un sistema de control en el cual las seis provincias puedan generar una vía de transporte forestal única, que no sea falsificable, porque se genera a partir de un sistema informático de administración, control y verificación forestal”.
La idea es que las Administraciones Forestales como también los madereros puedan emitir una guía en un sistema informático, a través de Internet, para que haya legalidad, eficacia y eficiencia, es decir un sistema que ayude a evitar el tráfico ilegal de productos forestales y que reduce los costos para los productores forestales.
Thiel añadió: “Ahora entran los procesos de diálogo con actores de las provincias y estamos en una fase de diseño y de desarrollo informático del sistema que va a manejarse entre todas las provincias en su conjunto y que estaría listo a nivel piloto a mediados del año próximo”.
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Fecha de Publicación: 01/11/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Nacional
Santiago del Estero formará parte de un plan piloto integrado por seis provincias, que apunta a un mayor control forestal.
El ministro de la Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, Ing. Luis Gelid recibió en su despacho a Hans Thiel y Robert Davis, quienes forman parte del Banco Mundial de Recursos Naturales, encargados de diseñar un importante proyecto para seis provincias del país.
También estuvieron presentes el subsecretario de Evaluación de Proyectos con Financiación Externa, Dr. Sebastián Putzoli; el director de Bosques, Ing. Publio Araujo; el coordinador técnico de Proyectos de Bosques Nativos y su Biodiversidad, Ing. Daniel Picchio, entre otros. Hans Thiel fue el encargado de explicar el proyecto que tendrá en su prueba piloto a Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Jujuy, “se trata de armar un sistema de control en el cual las seis provincias puedan generar una vía de transporte forestal única, que no sea falsificable, porque se genera a partir de un sistema informático de administración, control y verificación forestal”.
La idea es que las Administraciones Forestales como también los madereros puedan emitir una guía en un sistema informático, a través de Internet, para que haya legalidad, eficacia y eficiencia, es decir un sistema que ayude a evitar el tráfico ilegal de productos forestales y que reduce los costos para los productores forestales.
Thiel añadió: “Ahora entran los procesos de diálogo con actores de las provincias y estamos en una fase de diseño y de desarrollo informático del sistema que va a manejarse entre todas las provincias en su conjunto y que estaría listo a nivel piloto a mediados del año próximo”.
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Denunciaron el freno al proyecto de Ley de RAEE
Greenpeace denunció a Débora Giorgi por bloquear la Ley de Basura Electrónica
Fecha de Publicación: 01/11/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
De esta forma los ambientalistas denunciaron el freno al proyecto de Ley de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Roberto Feletti del Frente para la Victoria, por parte de la Ministra de Industria de la Nación. Esta demora en la aprobación de la ley beneficia a las empresas que se oponen a pagar por lo que contaminan.
“Luego de casi cinco años de debate en torno a la Ley de Basura Electrónica la Ministra de Industria Débora Giorgi, está frenando un proyecto clave para disminuir el grave impacto que generan los residuos y para promover la recuperación de materiales valiosísimos para la industria. Les pedimos a los Diputados del oficialismo de la Comisión de Presupuesto que sean solidarios con sus compatriotas que hoy están padeciendo la contaminación de rellenos y basurales donde terminan estos residuos” manifestó Consuelo Bilbao de Greenpeace.
La ley que reclama la organización ambientalista obliga a las empresas a hacerse responsables legal y financieramente de la gestión –reutilización y reciclado - de los residuos de sus propios aparatos y dispone la prohibición de sustancias tóxicas en la fabricación. En Argentina, cada año se generan más de 120 mil toneladas de basura electrónica. Sin embargo, en el país aún no existe un sistema de gestión que haga frente a esta fracción de los residuos, la más tóxica de los domiciliarios.
“Además de contener sustancias tóxicas, estos residuos tienen materiales que pueden ser recuperados y reciclados, que hoy se están tirando a la basura; más del 95% de un celular puede ser recuperado. No solo se contamina el ambiente sino que se dilapidan recursos valiosos que deberían ser reaprovechados por la industria”, dijo Bilbao.
El proyecto de Ley de Basura Electrónica cuenta con media sanción del Senado (con el voto de todos los bloques) y gracias al impulso dado por los Diputados de la oposición obtuvo dictamen en las comisiones de Recursos Naturales y recientemente en la de Industria de la Cámara Baja, en la cual los legisladores del Frente para la Victoria se levantaron de la reunión. Los ambientalistas resaltan que es urgente la aprobación del proyecto, en el cual colaboraron ONG, legisladores, recicladores y organismos de Gobierno como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) o la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, ya que perderá estado parlamentario a fin de año y por lo que se desaprovechará el trabajo realizado durante casi 5 años.
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Fecha de Publicación: 01/11/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
De esta forma los ambientalistas denunciaron el freno al proyecto de Ley de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Roberto Feletti del Frente para la Victoria, por parte de la Ministra de Industria de la Nación. Esta demora en la aprobación de la ley beneficia a las empresas que se oponen a pagar por lo que contaminan.“Luego de casi cinco años de debate en torno a la Ley de Basura Electrónica la Ministra de Industria Débora Giorgi, está frenando un proyecto clave para disminuir el grave impacto que generan los residuos y para promover la recuperación de materiales valiosísimos para la industria. Les pedimos a los Diputados del oficialismo de la Comisión de Presupuesto que sean solidarios con sus compatriotas que hoy están padeciendo la contaminación de rellenos y basurales donde terminan estos residuos” manifestó Consuelo Bilbao de Greenpeace.
La ley que reclama la organización ambientalista obliga a las empresas a hacerse responsables legal y financieramente de la gestión –reutilización y reciclado - de los residuos de sus propios aparatos y dispone la prohibición de sustancias tóxicas en la fabricación. En Argentina, cada año se generan más de 120 mil toneladas de basura electrónica. Sin embargo, en el país aún no existe un sistema de gestión que haga frente a esta fracción de los residuos, la más tóxica de los domiciliarios.
“Además de contener sustancias tóxicas, estos residuos tienen materiales que pueden ser recuperados y reciclados, que hoy se están tirando a la basura; más del 95% de un celular puede ser recuperado. No solo se contamina el ambiente sino que se dilapidan recursos valiosos que deberían ser reaprovechados por la industria”, dijo Bilbao.
El proyecto de Ley de Basura Electrónica cuenta con media sanción del Senado (con el voto de todos los bloques) y gracias al impulso dado por los Diputados de la oposición obtuvo dictamen en las comisiones de Recursos Naturales y recientemente en la de Industria de la Cámara Baja, en la cual los legisladores del Frente para la Victoria se levantaron de la reunión. Los ambientalistas resaltan que es urgente la aprobación del proyecto, en el cual colaboraron ONG, legisladores, recicladores y organismos de Gobierno como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) o la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, ya que perderá estado parlamentario a fin de año y por lo que se desaprovechará el trabajo realizado durante casi 5 años.
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Red de Municipios frente al Cambio Climático
Municipios argentinos unidos frente al cambio climático
Fecha de Publicación: 01/11/2012
Fuente: IPS
Provincia/Región: Nacional
Una treintena de municipios pequeños y medianos de Argentina articulan políticas de adaptación y mitigación frente al cambio climático. La idea es concientizar y actuar en conjunto para poner a esas comunidades en sintonía con el problema global, explican los promotores de la iniciativa.
"Los municipios grandes tienen equipos técnicos. El problema está en los distritos con 10.000 o 50.000 habitantes, que además están aislados, dijo a Tierramérica el coordinador de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, Ricardo Bertolino.
"Sin pares con los que discutir, siempre aparecen otras prioridades", añadió Bertolino, quien también es subsecretario de Medio Ambiente de Rosario, en la oriental provincia de Santa Fe, aunque esta urbe, una de las más importantes de Argentina, no forma parte de la red.
Esta unidad de acción permite a los representantes de los municipios capacitarse e intercambiar experiencias sobre energías renovables, manejo de residuos o turismo sustentable, a la par de comprometerse con los temas que afectan a sus comunidades.
"Ser parte del proyecto y participar de un encuentro mensual los mantiene involucrados. Se van con ideas nuevas sobre proyectos sustentables en pequeña escala, que pueden aplicar en sus municipios", indicó Bertolino.
La Red, que se lanzó en 2010 en la localidad de Monte Caseros, en la nororiental provincia de Corrientes, surgió a raíz de las recomendaciones de las organizaciones internacionales sobre cambio climático para reducir emisiones que provocan el recalentamiento planetario y para mitigar el impacto de ese fenómeno.
Hasta ahora se han sumado al proyecto 34 municipios pequeños y medianos de nueve provincias, aunque la mayoría son de Santa Fe, Corrientes y de la oriental Buenos Aires, la más populosa del país. Cada uno de ellos paga una cuota mensual de 100 pesos (21 dólares).
"Nadie está rentado ni tenemos financiamiento. La cuota es para mantener el sitio de Internet. Esto es una quijotada que lo que persigue es instalar el tema del cambio climático en los pequeños municipios", sintetizó Bertolino.
En las reuniones con representantes municipales "no damos cátedra", sino que se presentan "experiencias exitosas" de algún municipio para compartir los conocimientos y tratar de sumar la mayor cantidad de funcionarios, empresas y a la propia sociedad civil.
"Necesitamos que los distintos sectores se articulen y que esté presente alguien de ellos con posibilidad de tomar decisiones", añadió.
Entre los más activos de la Red se encuentran Emilia, un distrito de 1.000 habitantes en el este de la provincia de Santa Fe, y el cercano Llambi Campbell, con unos 3.000, ambos rodeados de explotaciones ganaderas y especialmente de cultivos de soja, el principal producto de exportación de Argentina en la actualidad.
Su representante, el ingeniero agrónomo Eduardo Paviotti, contó a Tierramérica que Emilia trabaja en la separación de residuos en origen con el propósito de alimentar el biodigestor que funciona en la Escuela Agrotécnica 2050 "Monseñor Vicente Zazpe", donde él mismo trabaja como profesor.
En tanto en Llambi Campbell, también representado por Paviotti, los desechos orgánicos son aprovechados en la elaboración de compost para repartirlo entre los vecinos. Además se separan materiales plásticos y vidrios, junto con papeles y cartones para reciclar, mientras que las baterías eléctricas usadas se confinan en tambores plásticos sellados con cemento.
Esa comunidad pone especial atención al ahorro de energía eléctrica y en la reducción de emisiones contaminantes. "Como aquí se usa mucho el automóvil, lanzamos el proyecto denominado ‘En bici al cole’ para promover el uso de ese birrodado entre los más chicos", comentó Paviotti.
Tierramérica consultó a Paviotti si no creía que la labor del municipio era una gota de agua dulce en el mar, ya que los dos municipios eran islas en los grandes campos cubiertos de soja transgénica, que arrasa con la biodiversidad y es resistente a la fumigación con glifosato, un agroquímico que, según como se manipule, puede resultar dañino para el suelo, el aire y el agua.
"Nosotros, como técnicos, creemos que se puede cultivar soja sin contaminar, pero las empresas que operan con agroquímicos deberían producir una línea menos tóxica", advirtió. "El problema es que el poderío económico de estas firmas es muy grande" como para poder incidir, añadió.
De todos modos, Paviotti sostuvo que trabaja junto a los productores rurales para mejorar la limpieza de los envases de glifosato que contaminan el área urbana. En la zona se reutilizan hasta para transportar agua pese a su toxicidad.
"Les recomendamos el triple lavado, que consiste en enjuagar el envase con agua limpia tres veces, agitarlo y tirar el contenido dentro de la máquina pulverizadora, para echar ese remanente sobre el cultivo y no en el poblado", explicó.
Paviotti, especializado en educación ambiental, aseguró que en el municipio tratan de ser "coherentes con el cuidado de los recursos", pero admitió que "no es fácil decirle no a la soja".
El experto y activista aseguró que los pobladores en general responden bien a la separación de residuos y a la confiscación de baterías. Sin embargo, reconoció que les cuesta comprometer a los productores del campo en el mejor manejo del glifosato.
"Es difícil la concientización. Por ejemplo con esto de los envases siempre están apurados y el perjuicio económico de aprovechar el tiempo de uso de las maquinarias prevalece sobre el costo ambiental", lamentó.
Pero, a pesar de las dificultades, la idea de la Red llamó la atención de otros municipios de América Latina, que están pidiéndole asesoramiento para replicar la experiencia. Bertolino ya dio una capacitación en Ecuador y ahora lo reclaman de Brasil y Venezuela.
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Fecha de Publicación: 01/11/2012
Fuente: IPS
Provincia/Región: Nacional
Una treintena de municipios pequeños y medianos de Argentina articulan políticas de adaptación y mitigación frente al cambio climático. La idea es concientizar y actuar en conjunto para poner a esas comunidades en sintonía con el problema global, explican los promotores de la iniciativa.
"Los municipios grandes tienen equipos técnicos. El problema está en los distritos con 10.000 o 50.000 habitantes, que además están aislados, dijo a Tierramérica el coordinador de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, Ricardo Bertolino.
"Sin pares con los que discutir, siempre aparecen otras prioridades", añadió Bertolino, quien también es subsecretario de Medio Ambiente de Rosario, en la oriental provincia de Santa Fe, aunque esta urbe, una de las más importantes de Argentina, no forma parte de la red.
Esta unidad de acción permite a los representantes de los municipios capacitarse e intercambiar experiencias sobre energías renovables, manejo de residuos o turismo sustentable, a la par de comprometerse con los temas que afectan a sus comunidades.
"Ser parte del proyecto y participar de un encuentro mensual los mantiene involucrados. Se van con ideas nuevas sobre proyectos sustentables en pequeña escala, que pueden aplicar en sus municipios", indicó Bertolino.
La Red, que se lanzó en 2010 en la localidad de Monte Caseros, en la nororiental provincia de Corrientes, surgió a raíz de las recomendaciones de las organizaciones internacionales sobre cambio climático para reducir emisiones que provocan el recalentamiento planetario y para mitigar el impacto de ese fenómeno.
Hasta ahora se han sumado al proyecto 34 municipios pequeños y medianos de nueve provincias, aunque la mayoría son de Santa Fe, Corrientes y de la oriental Buenos Aires, la más populosa del país. Cada uno de ellos paga una cuota mensual de 100 pesos (21 dólares).
"Nadie está rentado ni tenemos financiamiento. La cuota es para mantener el sitio de Internet. Esto es una quijotada que lo que persigue es instalar el tema del cambio climático en los pequeños municipios", sintetizó Bertolino.
En las reuniones con representantes municipales "no damos cátedra", sino que se presentan "experiencias exitosas" de algún municipio para compartir los conocimientos y tratar de sumar la mayor cantidad de funcionarios, empresas y a la propia sociedad civil.
"Necesitamos que los distintos sectores se articulen y que esté presente alguien de ellos con posibilidad de tomar decisiones", añadió.
Entre los más activos de la Red se encuentran Emilia, un distrito de 1.000 habitantes en el este de la provincia de Santa Fe, y el cercano Llambi Campbell, con unos 3.000, ambos rodeados de explotaciones ganaderas y especialmente de cultivos de soja, el principal producto de exportación de Argentina en la actualidad.
Su representante, el ingeniero agrónomo Eduardo Paviotti, contó a Tierramérica que Emilia trabaja en la separación de residuos en origen con el propósito de alimentar el biodigestor que funciona en la Escuela Agrotécnica 2050 "Monseñor Vicente Zazpe", donde él mismo trabaja como profesor.
En tanto en Llambi Campbell, también representado por Paviotti, los desechos orgánicos son aprovechados en la elaboración de compost para repartirlo entre los vecinos. Además se separan materiales plásticos y vidrios, junto con papeles y cartones para reciclar, mientras que las baterías eléctricas usadas se confinan en tambores plásticos sellados con cemento.
Esa comunidad pone especial atención al ahorro de energía eléctrica y en la reducción de emisiones contaminantes. "Como aquí se usa mucho el automóvil, lanzamos el proyecto denominado ‘En bici al cole’ para promover el uso de ese birrodado entre los más chicos", comentó Paviotti.
Tierramérica consultó a Paviotti si no creía que la labor del municipio era una gota de agua dulce en el mar, ya que los dos municipios eran islas en los grandes campos cubiertos de soja transgénica, que arrasa con la biodiversidad y es resistente a la fumigación con glifosato, un agroquímico que, según como se manipule, puede resultar dañino para el suelo, el aire y el agua.
"Nosotros, como técnicos, creemos que se puede cultivar soja sin contaminar, pero las empresas que operan con agroquímicos deberían producir una línea menos tóxica", advirtió. "El problema es que el poderío económico de estas firmas es muy grande" como para poder incidir, añadió.
De todos modos, Paviotti sostuvo que trabaja junto a los productores rurales para mejorar la limpieza de los envases de glifosato que contaminan el área urbana. En la zona se reutilizan hasta para transportar agua pese a su toxicidad.
"Les recomendamos el triple lavado, que consiste en enjuagar el envase con agua limpia tres veces, agitarlo y tirar el contenido dentro de la máquina pulverizadora, para echar ese remanente sobre el cultivo y no en el poblado", explicó.
Paviotti, especializado en educación ambiental, aseguró que en el municipio tratan de ser "coherentes con el cuidado de los recursos", pero admitió que "no es fácil decirle no a la soja".
El experto y activista aseguró que los pobladores en general responden bien a la separación de residuos y a la confiscación de baterías. Sin embargo, reconoció que les cuesta comprometer a los productores del campo en el mejor manejo del glifosato.
"Es difícil la concientización. Por ejemplo con esto de los envases siempre están apurados y el perjuicio económico de aprovechar el tiempo de uso de las maquinarias prevalece sobre el costo ambiental", lamentó.
Pero, a pesar de las dificultades, la idea de la Red llamó la atención de otros municipios de América Latina, que están pidiéndole asesoramiento para replicar la experiencia. Bertolino ya dio una capacitación en Ecuador y ahora lo reclaman de Brasil y Venezuela.
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Por la contaminación del Salí-Dulce van a la Corte
El saneamiento del Salí-Dulce, a la Corte
Fecha de Publicación: 31/10/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Tucumán Santiago del Estero - Nacional
Deberá definir si 33 empresas, Tucumán, Santiago del Estero y la Nación deben sanear el principal afluente de Mar Chiquita. Es un caso similar al del Riachuelo. Ingenios azucareros, los principales contaminadores. La consecuencia: mortandad de peces.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá definir si 33 empresas, las provincias de Tucumán y Santiago del Estero y la Nación deben sanear la cuenca Salí-Dulce, cuyas aguas desembocan en Mar Chiquita.
De esta forma, será el máximo órgano judicial el que le ponga el cascabel al gato, pues se trata de un problema complejo por ser una cuenca interprovincial, la más grande del país que no desemboca en el océano.
La Procuración General de la Nación dictaminó a favor de la demanda presentada por las fundaciones Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), de Córdoba, y la Fundación Ambiente y Desarrollo (Fundayd), de La Rioja.
Ahora será la Corte la que deba expedirse. Históricamente, nunca contradijo un dictamen de la Procuración. A fin de año aceptaría analizar la demanda y a principios de 2013 convocaría a las demandadas a que hagan su descargo.
“A nivel jurídico es un caso espejo al del Riachuelo. La Corte dictó la condena en un año e involucró a Ciudad y Provincia de Buenos Aires y la Nación. Esperamos que haya una resolución a principios de 2014 sobre el Salí-Dulce”, dijo Juan Picolotti, abogado de Cedha.
Picolotti también señaló algunas diferencias con el expediente del Riachuelo. “En el Riachuelo no se demanda a las empresas, por lo tanto no se las condenó. A su vez, es una cuenca más grande, pero el costo del saneamiento sería sustancialmente menor que en el Riachuelo, ya que allí hay que hacer un plan de cloacas por 1.500 millones de dólares y hay que reconvertir a más de tres mil empresas”, puntualizó.
Las empresas denunciadas en la demanda son 15 ingenios azucareros que también producen biocombustibles; ocho empresas citrícolas; ocho frigoríficos; una papelera, y una productora de levaduras.
A su vez, se demanda a Tucumán por ser la jurisdicción donde están instaladas estas fábricas a las cuales debería controlar. En Santiago del Estero está el embalse Río Hondo, donde se depositan estos contaminantes, con lo cual también fue demandada.
La Nación también figura en el recurso porque la cuenca es un recurso natural federal.
La principal medida de saneamiento consiste en la construcción de plantas de tratamiento de efluentes en las empresas. “El volcamiento de contaminantes es tan evidente que le cambia el color al agua y aumenta el caudal del río de manera imponente. Los peces muertos se miden por toneladas”, destacó Picolotti.
Zafra sucia. El período crítico ocurre durante la zafra, de octubre a marzo. Muchos de los ingenios elaboran etanol a partir de la caña de azúcar. El subproducto es la vinaza. Este año se producirán 200 millones de litros de etanol y por cada litro de biocombustible se generan 13 de vinaza.
La vinaza contiene altos niveles de materia orgánica y nutrientes como nitrógeno, azufre y fósforo. Las algas utilizan estos elementos y también el oxígeno disuelto en el agua, con lo cual los peces mueren.
Enrique Bucher, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba que investigó la Mar Chiquita por años, asegura que no hay estudios que indiquen cuánta de esta contaminación llega al lago salado cordobés. “El río recorre muchos kilómetros hasta llegar, y al traer contaminantes orgánicos, estos se degradarían. A su vez, el embalse de Río Hondo retiene mucho. Pero deberían hacerse estudios para tener precisión”, dijo.
Algunas de las empresas funcionan desde hace tres décadas, pero su producción ha aumentado en los últimos años con el boom de los biocombustibles.
Construir una planta de tratamiento le costaría a cada planta unos cinco millones de dólares.
Comité y Defensoría
Comité. En 2007 se creó el Comité de la Cuenca Salí-Dulce, integrado por autoridades de Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y la Nación. El objetivo es coordinar una gestión eficiente, sustentable y equitativa de la cuenca.
Defensores. En 2010, defensores del pueblo de la Nación y de las provincias involucradas reclamaron a las autoridades el saneamiento de la cuenca para evitar su contaminación.
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Fecha de Publicación: 31/10/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Tucumán Santiago del Estero - Nacional
Deberá definir si 33 empresas, Tucumán, Santiago del Estero y la Nación deben sanear el principal afluente de Mar Chiquita. Es un caso similar al del Riachuelo. Ingenios azucareros, los principales contaminadores. La consecuencia: mortandad de peces.La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá definir si 33 empresas, las provincias de Tucumán y Santiago del Estero y la Nación deben sanear la cuenca Salí-Dulce, cuyas aguas desembocan en Mar Chiquita.
De esta forma, será el máximo órgano judicial el que le ponga el cascabel al gato, pues se trata de un problema complejo por ser una cuenca interprovincial, la más grande del país que no desemboca en el océano.
La Procuración General de la Nación dictaminó a favor de la demanda presentada por las fundaciones Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), de Córdoba, y la Fundación Ambiente y Desarrollo (Fundayd), de La Rioja.
Ahora será la Corte la que deba expedirse. Históricamente, nunca contradijo un dictamen de la Procuración. A fin de año aceptaría analizar la demanda y a principios de 2013 convocaría a las demandadas a que hagan su descargo.
“A nivel jurídico es un caso espejo al del Riachuelo. La Corte dictó la condena en un año e involucró a Ciudad y Provincia de Buenos Aires y la Nación. Esperamos que haya una resolución a principios de 2014 sobre el Salí-Dulce”, dijo Juan Picolotti, abogado de Cedha.
Picolotti también señaló algunas diferencias con el expediente del Riachuelo. “En el Riachuelo no se demanda a las empresas, por lo tanto no se las condenó. A su vez, es una cuenca más grande, pero el costo del saneamiento sería sustancialmente menor que en el Riachuelo, ya que allí hay que hacer un plan de cloacas por 1.500 millones de dólares y hay que reconvertir a más de tres mil empresas”, puntualizó.
Las empresas denunciadas en la demanda son 15 ingenios azucareros que también producen biocombustibles; ocho empresas citrícolas; ocho frigoríficos; una papelera, y una productora de levaduras.
A su vez, se demanda a Tucumán por ser la jurisdicción donde están instaladas estas fábricas a las cuales debería controlar. En Santiago del Estero está el embalse Río Hondo, donde se depositan estos contaminantes, con lo cual también fue demandada.
La Nación también figura en el recurso porque la cuenca es un recurso natural federal.
La principal medida de saneamiento consiste en la construcción de plantas de tratamiento de efluentes en las empresas. “El volcamiento de contaminantes es tan evidente que le cambia el color al agua y aumenta el caudal del río de manera imponente. Los peces muertos se miden por toneladas”, destacó Picolotti.
Zafra sucia. El período crítico ocurre durante la zafra, de octubre a marzo. Muchos de los ingenios elaboran etanol a partir de la caña de azúcar. El subproducto es la vinaza. Este año se producirán 200 millones de litros de etanol y por cada litro de biocombustible se generan 13 de vinaza.
La vinaza contiene altos niveles de materia orgánica y nutrientes como nitrógeno, azufre y fósforo. Las algas utilizan estos elementos y también el oxígeno disuelto en el agua, con lo cual los peces mueren.
Enrique Bucher, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba que investigó la Mar Chiquita por años, asegura que no hay estudios que indiquen cuánta de esta contaminación llega al lago salado cordobés. “El río recorre muchos kilómetros hasta llegar, y al traer contaminantes orgánicos, estos se degradarían. A su vez, el embalse de Río Hondo retiene mucho. Pero deberían hacerse estudios para tener precisión”, dijo.
Algunas de las empresas funcionan desde hace tres décadas, pero su producción ha aumentado en los últimos años con el boom de los biocombustibles.
Construir una planta de tratamiento le costaría a cada planta unos cinco millones de dólares.
Comité y Defensoría
Comité. En 2007 se creó el Comité de la Cuenca Salí-Dulce, integrado por autoridades de Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y la Nación. El objetivo es coordinar una gestión eficiente, sustentable y equitativa de la cuenca.
Defensores. En 2010, defensores del pueblo de la Nación y de las provincias involucradas reclamaron a las autoridades el saneamiento de la cuenca para evitar su contaminación.
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Argentina será sede del Instituto sobre CC
Acuerdo internacional sobre cambio climático
Fecha de Publicación: 31/10/2012
Fuente: DiarioC
Provincia/Región: Nacional
La Argentina será sede del Instituto Interamericano para la Investigación sobre el Cambio Global, gracias a un acuerdo suscripto por el Ministerio de Ciencia, Tecnología en Innovación Productiva.
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao, firmó hoy junto al director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Investigación sobre el Cambio Global (IAI por sus siglas en inglés), Holm Tiessen, un convenio que buscará reforzar el vínculo entre las comunidades científicas y políticas, y así concientizar sobre las transformaciones ambientales.
“El problema del cambio climático está íntimamente emparentado con la cognición cultural. Es importante transmitir la información dura producida por los científicos de forma certera para que tanto los políticos como los ciudadanos entiendan las consecuencias. Y para cada grupo, la forma de transmisión puede variar a pesar de que los datos sean los mismos”, señaló Barañao. Por su parte, Tiessen resaltó el trabajo que lleva haciendo el IAI hace 20 años, y la importancia del enlace político en el último lustro: “La ayuda del gobierno argentino sobre cómo comunicar la ciencia ha sido fundamental. Hay que desarrollar más el enlace entre ciencia y política y por eso estoy tremendamente agradecido con la Argentina”.
El acuerdo suscripto tiene el objetivo de potenciar los nexos entra la producción científica y el Estado en temas como medioambiente, salud y agricultura. Para lograr estas metas, el IAI inaugurará en Argentina una Dirección de Enlace Ciencia-Política que se dedicará al desarrollo de planes de diálogo, comunicación y divulgación de todas las actividades vinculadas a establecer lazos fructíferos entre quienes investigan el cambio global y los estamentos públicos que elaboran las políticas relacionadas con estos fenómenos. De la firma participaron la directora nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Águeda Menvielle, el presidente del Consejo Ejecutivo del IAI, Carlos Ereño, y la diputada nacional Graciela Giannettasio.
La creación de la Sede de Enlace Ciencia – Política es el primer paso para el ente tripartito que también componen Brasil, responsable del desarrollo científico, y Uruguay, responsable de la dirección ejecutiva desde Montevideo. Con la necesidad de comprender mejor los procesos naturales y sociales que rigen el cambio ambiental de gran escala, la dirección del IAI en Argentina también trabajará haciendo divulgación científica al público en general. De esta forma se busca incrementar las capacidades científicas en la región, brindar información útil y fomentar la investigación mediante la realización de estudios comparativos y dirigidos en temas importantes para la región.
Por la tarde, se realizó también el congreso “Ciencia y Política en las Respuestas Urbanas al Cambio Climático”, la primera acción del acuerdo. El mismo contó con la presencia de la diputada y presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Graciela Giannettasio, y la directora nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Ing. Águeda Menvielle. Sobre la firma del acuerdo, la diputada señaló: “Fue muy importante la rúbrica del convenio por parte del ministro Barañao porque es la concreción del enlace entre política, ciencia e investigación”. Por su parte, la directora Menvielle afirmó: “El Ministerio de Ciencia promueve la cooperación multilateral porque es fundamental para tratar el tema del cambio global. Hay 193 investigadores trabajando y 255 científicos ocupados de la capacitación. La investigación internacional es fundamental por la importancia del IAI”. El encuentro tuvo lugar en el Salón de los Pasos Perdidos, Cámara de Diputados de la Nación.
Acerca de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales
La Dirección Nacional de Relaciones Internacionales promueve el fortalecimiento de la cooperación internacional -a nivel bilateral, multilateral y regional- en ciencia, tecnología e innovación productiva como herramienta estratégica en el diseño de políticas nacionales en investigación y desarrollo. Su objeto principal se orienta a fortalecer, complementar e integrar las capacidades de I+D locales con el exterior a través de la realización de proyectos conjuntos, talleres y seminarios, intercambio de expertos y transferencia de tecnología con la participación activa de centros de investigación y empresas de base tecnológica. El Programa RAÍCES (Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior) y el desarrollo de redes de vinculación con investigadores argentinos residentes en el exterior, son acciones prioritarias de la DNRI. El número de repatriados hoy asciende a 941 científicos e investigadores.
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Fecha de Publicación: 31/10/2012
Fuente: DiarioC
Provincia/Región: Nacional
La Argentina será sede del Instituto Interamericano para la Investigación sobre el Cambio Global, gracias a un acuerdo suscripto por el Ministerio de Ciencia, Tecnología en Innovación Productiva.El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao, firmó hoy junto al director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Investigación sobre el Cambio Global (IAI por sus siglas en inglés), Holm Tiessen, un convenio que buscará reforzar el vínculo entre las comunidades científicas y políticas, y así concientizar sobre las transformaciones ambientales.
“El problema del cambio climático está íntimamente emparentado con la cognición cultural. Es importante transmitir la información dura producida por los científicos de forma certera para que tanto los políticos como los ciudadanos entiendan las consecuencias. Y para cada grupo, la forma de transmisión puede variar a pesar de que los datos sean los mismos”, señaló Barañao. Por su parte, Tiessen resaltó el trabajo que lleva haciendo el IAI hace 20 años, y la importancia del enlace político en el último lustro: “La ayuda del gobierno argentino sobre cómo comunicar la ciencia ha sido fundamental. Hay que desarrollar más el enlace entre ciencia y política y por eso estoy tremendamente agradecido con la Argentina”.
El acuerdo suscripto tiene el objetivo de potenciar los nexos entra la producción científica y el Estado en temas como medioambiente, salud y agricultura. Para lograr estas metas, el IAI inaugurará en Argentina una Dirección de Enlace Ciencia-Política que se dedicará al desarrollo de planes de diálogo, comunicación y divulgación de todas las actividades vinculadas a establecer lazos fructíferos entre quienes investigan el cambio global y los estamentos públicos que elaboran las políticas relacionadas con estos fenómenos. De la firma participaron la directora nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Águeda Menvielle, el presidente del Consejo Ejecutivo del IAI, Carlos Ereño, y la diputada nacional Graciela Giannettasio.
La creación de la Sede de Enlace Ciencia – Política es el primer paso para el ente tripartito que también componen Brasil, responsable del desarrollo científico, y Uruguay, responsable de la dirección ejecutiva desde Montevideo. Con la necesidad de comprender mejor los procesos naturales y sociales que rigen el cambio ambiental de gran escala, la dirección del IAI en Argentina también trabajará haciendo divulgación científica al público en general. De esta forma se busca incrementar las capacidades científicas en la región, brindar información útil y fomentar la investigación mediante la realización de estudios comparativos y dirigidos en temas importantes para la región.
Por la tarde, se realizó también el congreso “Ciencia y Política en las Respuestas Urbanas al Cambio Climático”, la primera acción del acuerdo. El mismo contó con la presencia de la diputada y presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Graciela Giannettasio, y la directora nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Ing. Águeda Menvielle. Sobre la firma del acuerdo, la diputada señaló: “Fue muy importante la rúbrica del convenio por parte del ministro Barañao porque es la concreción del enlace entre política, ciencia e investigación”. Por su parte, la directora Menvielle afirmó: “El Ministerio de Ciencia promueve la cooperación multilateral porque es fundamental para tratar el tema del cambio global. Hay 193 investigadores trabajando y 255 científicos ocupados de la capacitación. La investigación internacional es fundamental por la importancia del IAI”. El encuentro tuvo lugar en el Salón de los Pasos Perdidos, Cámara de Diputados de la Nación.
Acerca de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales
La Dirección Nacional de Relaciones Internacionales promueve el fortalecimiento de la cooperación internacional -a nivel bilateral, multilateral y regional- en ciencia, tecnología e innovación productiva como herramienta estratégica en el diseño de políticas nacionales en investigación y desarrollo. Su objeto principal se orienta a fortalecer, complementar e integrar las capacidades de I+D locales con el exterior a través de la realización de proyectos conjuntos, talleres y seminarios, intercambio de expertos y transferencia de tecnología con la participación activa de centros de investigación y empresas de base tecnológica. El Programa RAÍCES (Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior) y el desarrollo de redes de vinculación con investigadores argentinos residentes en el exterior, son acciones prioritarias de la DNRI. El número de repatriados hoy asciende a 941 científicos e investigadores.
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Información más tóxica que los agrotóxicos
Cuando la Información falsa es más tóxica que los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 31/10/2012
Fuente: BIOS
Provincia/Región: Buenos Aires - Nacional
Sorprendidos, estamos viendo distribuirse información falaz en torno al tema de la protección de la salud en áreas periurbanas.
Desde BIOS, y enfocados aquí solamente en el tema productivo y laboral, deseamos señalar que:
- Nada tiene que ver el tratamiento de PLAGAS URBANAS en este debate. La Municipalidad debe velar por la sanidad urbana y seguirá ejerciendo el control de plagas urbanas, puesto que esta normativa NO HABLA DE PLAGAS URBANAS. Está circulando un folleto sin firma en el cual se anuncia el avance de “cucarachas, mosquitos, pulgas” sobre la ciudad. Ese mensaje es falso. Lamentamos que sea esgrimido como argumento por miembros del HCD, que declararon ante cámaras que “va a haber que matar las hormigas del jardín con una pinza”. Lamentable.
- Ese mismo mensaje falaz señala que la ordenanza “impedirá la producción agrícola y frutihortícola en el partido de Gral. Pueyrredón”. Esa aseveración también es falsa en dos sentidos: uno, que no TODA la producción se halla dentro de la franja buffer. Y luego, la transición agroecológica asegura producción sana y permanente en el tiempo, cosa que la agricultura tradicional enmarcada en las llamadas “buenas prácticas” no puede asegurarsin echar mano día a día de más y más potentes venenos.
- Se afirma que habrá pérdida de puestos de trabajo, cuando la realidad es exactamenteal revés. La agroecología incluye al trabajador rural en más número que la agricultura con insumos químicos. La agricultura con alta demanda de insumos ha venido expulsando sistemáticamente a los campesinos en toda la región.
- Se señala que en las “buenas prácticas” se respeta el instructivo del marbete y color de franja del producto. Esa clasificación está siendo cuestionada en la justicia, puesto que ha sido aplicada por SENASA basándose en los análisis y sugerencias que las mismas empresas químicas productoras han indicado. El defensor del Pueblo de la Nación ha dictaminado en 2010, “Recomendar al Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que impulse las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos” entre otras, porque “esa clasificación de las sustancias químicas, al no tener en cuenta la totalidad de los efectos nocivos de los agroquímicos para la salud, trae aparejados controles laxos e insuficientes que evidentemente, resultan deficientes para el cuidado de la salud de la población expuesta y del medio natural.”
- Se señala en los medios acerca del desabastecimiento. Nos preguntamos por qué no se comercializa hoy todo el enorme producto generado fuera de la franja, que es la enorme mayoría de la producción. No todos los productores están dentro de la franja ni la producción termina en ella.
- Nadie se pregunta por qué cincuenta años de “buenas prácticas” no sólo no acabaron con las plagas sino que las hicieron resistentes, por lo que el mercado lanza año a año productos potenciados bajo denominaciones “ultra”, “max”, “plus”, en un vano intento de insistir en este modo de producción tan demandante de insumos químicos, tan riesgoso y tan poco eficaz. Las buenas prácticas, y los agrotóxicos, no son sustentables como se ve.
- Se afirma que la propuesta proviene de “los ecologistas” (sic), cuando el INTA mismo ha dejado claro que “promueve, apoya y acompaña la reconversión agroecológica”. El INTA afirma que seguirá asistiendo a los productores a campo abierto, lejos de las poblaciones, que deseen seguir utilizando el paquete de agrotóxicos que está en el mercado, pero para las franjas periurbanas fomenta y ayuda a la reconversión agroecológica.
- Por último, se solicita “tiempo”, afirmando que “todo es muy de golpe”. La ordenanza fue presentada hace 6 años. Fue aprobada hace más de dos, y reglamentada hace uno. ¿Qué pasó entretanto? ¿Qué planes de reconversión agroecológica se han iniciado?
Indudablemente, hay informaciones, como vemos, que confunden y faltan a la verdad. No hemos hablado aquí de los temas de salud, que son el eje de este debate, sino que tratamos de echar luz sobre la información equivocada que vemos pasar a través de los medios.
BIOS aconseja que se busquen fuentes fiables, seguras, criteriosas, para poder asumir una actitud responsable ante este tema.
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Fecha de Publicación: 31/10/2012
Fuente: BIOS
Provincia/Región: Buenos Aires - Nacional
Sorprendidos, estamos viendo distribuirse información falaz en torno al tema de la protección de la salud en áreas periurbanas.Desde BIOS, y enfocados aquí solamente en el tema productivo y laboral, deseamos señalar que:
- Nada tiene que ver el tratamiento de PLAGAS URBANAS en este debate. La Municipalidad debe velar por la sanidad urbana y seguirá ejerciendo el control de plagas urbanas, puesto que esta normativa NO HABLA DE PLAGAS URBANAS. Está circulando un folleto sin firma en el cual se anuncia el avance de “cucarachas, mosquitos, pulgas” sobre la ciudad. Ese mensaje es falso. Lamentamos que sea esgrimido como argumento por miembros del HCD, que declararon ante cámaras que “va a haber que matar las hormigas del jardín con una pinza”. Lamentable.
- Ese mismo mensaje falaz señala que la ordenanza “impedirá la producción agrícola y frutihortícola en el partido de Gral. Pueyrredón”. Esa aseveración también es falsa en dos sentidos: uno, que no TODA la producción se halla dentro de la franja buffer. Y luego, la transición agroecológica asegura producción sana y permanente en el tiempo, cosa que la agricultura tradicional enmarcada en las llamadas “buenas prácticas” no puede asegurarsin echar mano día a día de más y más potentes venenos.
- Se afirma que habrá pérdida de puestos de trabajo, cuando la realidad es exactamenteal revés. La agroecología incluye al trabajador rural en más número que la agricultura con insumos químicos. La agricultura con alta demanda de insumos ha venido expulsando sistemáticamente a los campesinos en toda la región.
- Se señala que en las “buenas prácticas” se respeta el instructivo del marbete y color de franja del producto. Esa clasificación está siendo cuestionada en la justicia, puesto que ha sido aplicada por SENASA basándose en los análisis y sugerencias que las mismas empresas químicas productoras han indicado. El defensor del Pueblo de la Nación ha dictaminado en 2010, “Recomendar al Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que impulse las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos” entre otras, porque “esa clasificación de las sustancias químicas, al no tener en cuenta la totalidad de los efectos nocivos de los agroquímicos para la salud, trae aparejados controles laxos e insuficientes que evidentemente, resultan deficientes para el cuidado de la salud de la población expuesta y del medio natural.”
- Se señala en los medios acerca del desabastecimiento. Nos preguntamos por qué no se comercializa hoy todo el enorme producto generado fuera de la franja, que es la enorme mayoría de la producción. No todos los productores están dentro de la franja ni la producción termina en ella.
- Nadie se pregunta por qué cincuenta años de “buenas prácticas” no sólo no acabaron con las plagas sino que las hicieron resistentes, por lo que el mercado lanza año a año productos potenciados bajo denominaciones “ultra”, “max”, “plus”, en un vano intento de insistir en este modo de producción tan demandante de insumos químicos, tan riesgoso y tan poco eficaz. Las buenas prácticas, y los agrotóxicos, no son sustentables como se ve.
- Se afirma que la propuesta proviene de “los ecologistas” (sic), cuando el INTA mismo ha dejado claro que “promueve, apoya y acompaña la reconversión agroecológica”. El INTA afirma que seguirá asistiendo a los productores a campo abierto, lejos de las poblaciones, que deseen seguir utilizando el paquete de agrotóxicos que está en el mercado, pero para las franjas periurbanas fomenta y ayuda a la reconversión agroecológica.
- Por último, se solicita “tiempo”, afirmando que “todo es muy de golpe”. La ordenanza fue presentada hace 6 años. Fue aprobada hace más de dos, y reglamentada hace uno. ¿Qué pasó entretanto? ¿Qué planes de reconversión agroecológica se han iniciado?
Indudablemente, hay informaciones, como vemos, que confunden y faltan a la verdad. No hemos hablado aquí de los temas de salud, que son el eje de este debate, sino que tratamos de echar luz sobre la información equivocada que vemos pasar a través de los medios.
BIOS aconseja que se busquen fuentes fiables, seguras, criteriosas, para poder asumir una actitud responsable ante este tema.
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Ley de Semillas: solo beneficia a multinacionales
Ley de Semillas: la industria buscará despegarse del Gobierno
Fecha de Publicación: 30/10/2012
Fuente: La política On Line
Provincia/Región: Nacional
La Asociación Semilleros Argentinos (ASA) justificará en conferencia de prensa su apoyo al proyecto de reforma de la Ley de Semillas que impulsa el kirchnerismo. Antes, habían guardado un sugestivo silencio por tratarse de una iniciativa oficial que permitirá que ganen millones a partir del cobro de regalías a los productores. Intereses cruzados en las entidades rurales.
A ningún operador del sector agropecuario dejó de llamarle la atención el sugestivo silencio por parte de la industria semillera sobre el proyecto para reemplazar la actual Ley de Semillas que se viene trabajando en el ámbito del Ministerio de Agricultura.
Si bien se suponía que la iniciativa tendría la venia de la industria, recién unos días atrás la Asociación Semilleros Argentinos (ASA) –que nuclea a todas las empresas del sector- salió públicamente a defender el proyecto mediante un comunicado de prensa.
Del mismo modo, éste miércoles al mediodía en un lujoso hotel porteño los máximos directivos de ASA brindarán una conferencia de prensa en la que expondrán las razones del respaldo al proyecto de reforma de la Ley de Semillas.
Pero, ¿por qué se esperó tanto tiempo en sentar posición sobre un tema de índole político, económico y empresarial con tanta trascendencia?, fue lo que intentó averiguar La Política Online en diálogo con varias fuentes que conocen de cerca el tema.
En primer lugar, las fuentes consultadas destacaron que la nueva Ley de Semillas beneficiará notablemente a las empresas semilleras que pasarán a cobrar regalías extendidas (o “canon tecnológico”) por parte de los productores agropecuarios.
Pero por otro lado, en el mundo empresario existían muchas dudas, y hasta se supo de alguna que otra discusión entre grandes figuras, acerca de la conveniencia o no de apoyar un proyecto que provenga del kirchnerismo para regular la actividad.
De hecho, algunos en el sector semillero preferían dejar de lado el proyecto para evitar quedar “pegados” al Gobierno nacional y resignar así la importante suma de dinero que comenzarán a percibir a partir del cobro de regalías que establece la nueva Ley.
Pero finalmente se impuso la lógica de ganancia empresaria por sobre la política, y, después de algunas idas y venidas, la poderosa ASA decidió salir a defender el proyecto y hasta organizó la mencionada conferencia de prensa (algo poco habitual en el sector).
En rigor, en la conferencia la industria semillera destacará el proyecto haciendo hincapié en las mejoras que traerá para toda la agroindustria, sobre todo para los pequeños productores, buscando tentar a la Federación Agraria, que se opone.
Y poco (o nada) dirán que se trata en definitiva de una Ley impulsada por el Gobierno nacional al que, en privado, desde el sector suelen criticar por las medidas que viene tomando y que tanto daño produjeron en algunos sectores.
En este contexto, para el presidente de ASA, Alfredo Paseyro, “un nuevo marco legal es imprescindible para hacer frente a la demanda global de alimentos, que está exigiendo producción y calidad”. “La Ley fortalecerá a la industria semillera nacional”, agregó.
Otro alto directivo de una importante empresa semillera, que prefirió no revelar su nombre, señaló que “si no se cobra un canon, los pequeños semilleros nacionales corren el riesgo de no poder sostener sus programas de investigación y desarrollo”.
Entre las principales empresas del sector semillero argentino nucleadas en ASA se cuentan, Don Mario, Advanta, BASF, Bayer, Dow Agrosciences, Monsanto, Nidera, Pionner, Produsem, Syngenta, KWS, Gear, Bayá Casal y Rizobacter, entre otras.
División en las entidades rurales
Como era de esperar, la nueva Ley de Semillas genera fuertes diferencias en buena parte de la dirigencia agropecuaria. Los principales puntos que se encuentran en el ojo de la tormenta son el pago de regalías y la relación que pueda surgir con la Ley de Patentes.
En este sentido, la FAA ya salió a oponerse al proyecto. “Si se aprueba se estaría legalizando el cobro de regalías a pequeños y medianos productores consolidando la concentración de la industria semillera en beneficio de las grandes empresas”, advierten.
Desde la Sociedad Rural, su presidente Luis Etchvehere, dijo que “planteamos que el canon que se pague involucre de alguna manera el germoplasma y los eventos que contengan las semillas preservando el uso gratuito, pero con limitaciones”.
Coninagro, en tanto, planteó una posición más neutral. “La Ley de Patentes debe regir en la relación vigente entre las empresas para que no genere un impacto negativo a los productores”, sostuvo el titular de la entidad, Carlos Garetto.
Por su parte, el presidente de CARBAP, Horacio Salaverri, comentó que “nosotros planteamos que el productor no pague regalías a partir de la segunda campaña si vuelve a sembrar la misma superficie que en el primer ciclo”.
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Fecha de Publicación: 30/10/2012
Fuente: La política On Line
Provincia/Región: Nacional
La Asociación Semilleros Argentinos (ASA) justificará en conferencia de prensa su apoyo al proyecto de reforma de la Ley de Semillas que impulsa el kirchnerismo. Antes, habían guardado un sugestivo silencio por tratarse de una iniciativa oficial que permitirá que ganen millones a partir del cobro de regalías a los productores. Intereses cruzados en las entidades rurales.A ningún operador del sector agropecuario dejó de llamarle la atención el sugestivo silencio por parte de la industria semillera sobre el proyecto para reemplazar la actual Ley de Semillas que se viene trabajando en el ámbito del Ministerio de Agricultura.
Si bien se suponía que la iniciativa tendría la venia de la industria, recién unos días atrás la Asociación Semilleros Argentinos (ASA) –que nuclea a todas las empresas del sector- salió públicamente a defender el proyecto mediante un comunicado de prensa.
Del mismo modo, éste miércoles al mediodía en un lujoso hotel porteño los máximos directivos de ASA brindarán una conferencia de prensa en la que expondrán las razones del respaldo al proyecto de reforma de la Ley de Semillas.
Pero, ¿por qué se esperó tanto tiempo en sentar posición sobre un tema de índole político, económico y empresarial con tanta trascendencia?, fue lo que intentó averiguar La Política Online en diálogo con varias fuentes que conocen de cerca el tema.
En primer lugar, las fuentes consultadas destacaron que la nueva Ley de Semillas beneficiará notablemente a las empresas semilleras que pasarán a cobrar regalías extendidas (o “canon tecnológico”) por parte de los productores agropecuarios.
Pero por otro lado, en el mundo empresario existían muchas dudas, y hasta se supo de alguna que otra discusión entre grandes figuras, acerca de la conveniencia o no de apoyar un proyecto que provenga del kirchnerismo para regular la actividad.
De hecho, algunos en el sector semillero preferían dejar de lado el proyecto para evitar quedar “pegados” al Gobierno nacional y resignar así la importante suma de dinero que comenzarán a percibir a partir del cobro de regalías que establece la nueva Ley.
Pero finalmente se impuso la lógica de ganancia empresaria por sobre la política, y, después de algunas idas y venidas, la poderosa ASA decidió salir a defender el proyecto y hasta organizó la mencionada conferencia de prensa (algo poco habitual en el sector).
En rigor, en la conferencia la industria semillera destacará el proyecto haciendo hincapié en las mejoras que traerá para toda la agroindustria, sobre todo para los pequeños productores, buscando tentar a la Federación Agraria, que se opone.
Y poco (o nada) dirán que se trata en definitiva de una Ley impulsada por el Gobierno nacional al que, en privado, desde el sector suelen criticar por las medidas que viene tomando y que tanto daño produjeron en algunos sectores.
En este contexto, para el presidente de ASA, Alfredo Paseyro, “un nuevo marco legal es imprescindible para hacer frente a la demanda global de alimentos, que está exigiendo producción y calidad”. “La Ley fortalecerá a la industria semillera nacional”, agregó.
Otro alto directivo de una importante empresa semillera, que prefirió no revelar su nombre, señaló que “si no se cobra un canon, los pequeños semilleros nacionales corren el riesgo de no poder sostener sus programas de investigación y desarrollo”.
Entre las principales empresas del sector semillero argentino nucleadas en ASA se cuentan, Don Mario, Advanta, BASF, Bayer, Dow Agrosciences, Monsanto, Nidera, Pionner, Produsem, Syngenta, KWS, Gear, Bayá Casal y Rizobacter, entre otras.
División en las entidades rurales
Como era de esperar, la nueva Ley de Semillas genera fuertes diferencias en buena parte de la dirigencia agropecuaria. Los principales puntos que se encuentran en el ojo de la tormenta son el pago de regalías y la relación que pueda surgir con la Ley de Patentes.
En este sentido, la FAA ya salió a oponerse al proyecto. “Si se aprueba se estaría legalizando el cobro de regalías a pequeños y medianos productores consolidando la concentración de la industria semillera en beneficio de las grandes empresas”, advierten.
Desde la Sociedad Rural, su presidente Luis Etchvehere, dijo que “planteamos que el canon que se pague involucre de alguna manera el germoplasma y los eventos que contengan las semillas preservando el uso gratuito, pero con limitaciones”.
Coninagro, en tanto, planteó una posición más neutral. “La Ley de Patentes debe regir en la relación vigente entre las empresas para que no genere un impacto negativo a los productores”, sostuvo el titular de la entidad, Carlos Garetto.
Por su parte, el presidente de CARBAP, Horacio Salaverri, comentó que “nosotros planteamos que el productor no pague regalías a partir de la segunda campaña si vuelve a sembrar la misma superficie que en el primer ciclo”.
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Atucha II ya operaría en el 2013
Atucha II aportará energía en 2013
Fecha de Publicación: 30/10/2012
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
En junio próximo está prevista la primera criticidad de la planta, para luego sincronizarse a la red y sumarse al Sistema Interconectado.
Las tareas para la puesta en servicio comercial de la Central Nuclear Atucha II “avanzan firmemente”, tanto en el área nuclear como convencional cumpliendo con el programa de su puesta en marcha, informó ayer el Ministerio de Planificación Federal.
Concluidas todas las pruebas del plan de puesta en marcha se podrá dar inicio en junio de 2013 a la primera criticidad de la planta, para luego sincronizarse a la red. De esta forma, a mitad del próximo año, Atucha II estará aportando energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Ayer comenzó la carga de agua desmineralizada para la prueba de presión de los sistemas del circuito primario del reactor y del moderador; tarea que concluirá a fines de noviembre y representa uno de los hitos más importantes de la puesta en marcha de la central. En esta etapa, el trabajo consiste en presurizar las cañerías y por medio de las bombas principales hacer circular 500.000 litros de agua para probar su hermeticidad.
Se trata de la línea de cañerías más importante de la central, ya que es la encargada de transportar el calor generado en el reactor hacia la turbina.
Entre febrero y abril de 2013 se volverá a hacer una prueba de agua en caliente de origen no nuclear. Finalmente, se retirará el agua liviana del sistema, se procederá a su secado, y se cargará con 550 toneladas de agua pesada producida en la Planta de Arroyito, provincia de Neuquén.
La fuente consultada informó a Télam que en diciembre se realizará la carga de combustible en el reactor, tarea que consiste en cargar en el interior del reactor los 451 elementos combustibles que constituyen el primer núcleo de la central. Estos elementos combustibles han sido producidos íntegramente en el país y contienen 85 toneladas de uranio
La Central Nuclear Atucha II es una central nucleoeléctrica con una potencia de 745 Mw (megavatios) eléctricos que funcionará a base de uranio natural y agua pesada.
La planta está ubicada sobre la margen derecha del río Paraná, en la localidad de Lima, partido bonaerense de Zárate, a 115 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
La central comenzó a construirse en 1981 y con altibajos llegó a 1994, cuando el proceso de privatización del sector nuclear llevado adelante por el Gobierno del ex presidente Carlos Menem, la paralizó en forma total. En 2006, como parte del Plan Nuclear Argentino, que impulso y puso en ejecución el entonces presidente Néstor Kirchner -y continuó luego Cristina Fernández de Kirchner-, se reanudaron las obras para la terminación de Atucha II y el desarrollo de nuevos proyectos nucleares.
Se dispuso entonces una inversión de más de $ 11.000 millones para terminar y poner en servicio esta tercera central nuclear en Argentina. Las tareas de finalización fueron encomendadas a Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), que opera las otras dos centrales nucleares del país: Atucha I, en Lima, también sobre la margen derecha del río Paraná,(Buenos Aires), y la de Embalse, en Río Tercero (Córdoba).
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Fecha de Publicación: 30/10/2012
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
En junio próximo está prevista la primera criticidad de la planta, para luego sincronizarse a la red y sumarse al Sistema Interconectado. Las tareas para la puesta en servicio comercial de la Central Nuclear Atucha II “avanzan firmemente”, tanto en el área nuclear como convencional cumpliendo con el programa de su puesta en marcha, informó ayer el Ministerio de Planificación Federal.
Concluidas todas las pruebas del plan de puesta en marcha se podrá dar inicio en junio de 2013 a la primera criticidad de la planta, para luego sincronizarse a la red. De esta forma, a mitad del próximo año, Atucha II estará aportando energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Ayer comenzó la carga de agua desmineralizada para la prueba de presión de los sistemas del circuito primario del reactor y del moderador; tarea que concluirá a fines de noviembre y representa uno de los hitos más importantes de la puesta en marcha de la central. En esta etapa, el trabajo consiste en presurizar las cañerías y por medio de las bombas principales hacer circular 500.000 litros de agua para probar su hermeticidad.
Se trata de la línea de cañerías más importante de la central, ya que es la encargada de transportar el calor generado en el reactor hacia la turbina.
Entre febrero y abril de 2013 se volverá a hacer una prueba de agua en caliente de origen no nuclear. Finalmente, se retirará el agua liviana del sistema, se procederá a su secado, y se cargará con 550 toneladas de agua pesada producida en la Planta de Arroyito, provincia de Neuquén.
La fuente consultada informó a Télam que en diciembre se realizará la carga de combustible en el reactor, tarea que consiste en cargar en el interior del reactor los 451 elementos combustibles que constituyen el primer núcleo de la central. Estos elementos combustibles han sido producidos íntegramente en el país y contienen 85 toneladas de uranio
La Central Nuclear Atucha II es una central nucleoeléctrica con una potencia de 745 Mw (megavatios) eléctricos que funcionará a base de uranio natural y agua pesada.
La planta está ubicada sobre la margen derecha del río Paraná, en la localidad de Lima, partido bonaerense de Zárate, a 115 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
La central comenzó a construirse en 1981 y con altibajos llegó a 1994, cuando el proceso de privatización del sector nuclear llevado adelante por el Gobierno del ex presidente Carlos Menem, la paralizó en forma total. En 2006, como parte del Plan Nuclear Argentino, que impulso y puso en ejecución el entonces presidente Néstor Kirchner -y continuó luego Cristina Fernández de Kirchner-, se reanudaron las obras para la terminación de Atucha II y el desarrollo de nuevos proyectos nucleares.
Se dispuso entonces una inversión de más de $ 11.000 millones para terminar y poner en servicio esta tercera central nuclear en Argentina. Las tareas de finalización fueron encomendadas a Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), que opera las otras dos centrales nucleares del país: Atucha I, en Lima, también sobre la margen derecha del río Paraná,(Buenos Aires), y la de Embalse, en Río Tercero (Córdoba).
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Minería sin límites: minería en parques nacionales
Minería sin límites: avanzan con explotaciones en bosques petrificados, en parques nacionales
Fecha de Publicación: 30/10/2012
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Nacional
En Santa Cruz, una compañía extraerá oro y plata en una área de 150 millones de años de antigüedad. En Jujuy, inversionistas chinos extraen petróleo en el parque Calilegua.
Con el respaldo de una riqueza apenas sospechada hasta hace unos años, la minería vive su momento dorado en la Argentina, de la mano de políticas oficiales que -en detrimento de otros sectores- no ha hecho más que alentar el desembarco de grandes capitales del exterior.
De ahí que, según estimaciones de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), la actividad duplicará su contribución al PBI local en alrededor de tres años y promete "pisarle los talones" a los ingresos originados por la soja, con exportaciones cercanas a los 14.000 millones de dólares.
A partir del buen presente que vive el sector, los inversionistas incluso se permiten vaticinar que la minería pasaría a enrolar unos 132.000 empleados en los próximos cuatro años, desde los 77.000 promedio de 2011 y 2012. Más aun, esta cifra podría trepar hasta casi 200.000 si se agregan las tareas complementarias que comprende la actividad.
Pero, a la par de este crecimiento que entusiasma a los mineros, crece un sinfín de cuestionamientos y polémicas que, cada mes, parecen incorporar nuevas voces y ejemplos.
La expansión de los yacimientos trae aparejadas críticas que comprenden desde las cifras irrisorias que pagan las empresas al Estado por los minerales estratégicos que salen del país hasta el desarrollo de nuevos emprendimientos que afectan reservas naturales únicas en el mundo.
Precisamente este último punto volvió a cobrar protagonismo durante los últimos días con la confirmación de los permisos para el proyecto Don Nicolás, que prevé la extracción de oro y plata en el área del Parque Bosque Petrificado, en Santa Cruz.
La iniciativa, que impulsa la minera IRL -controlada por capitales peruanos y australianos-, contempla una inversión inicial de $280 millones y su inicio de producción está fijado para fines de 2013.
Don Nicolás posee un potencial de producción de 52.400 onzas de oro y 56.000 onzas de plata anualmente durante un período de vida de 3,6 años.
Según precisó una fuente periodística local, los trabajos de cateo y exploración en la zona del Bosque Petrificado -área de una antigüedad arqueológica superior a los 150 millones de años- se iniciaron durante la primera mitad del 2012, "aunque todo bajo un silencio que deja en claro que no había intención de comunicar el proyecto, al menos en términos políticos".
El emprendimiento de IRL comprenderá una explotación a cielo abierto que, sólo con la vibración de sus explosiones, "afectará de forma irreparable un paisaje único en el mundo".
"Además en el Bosque Petrificado hay puntos bien definidos e identificados donde los indígenas urdían sus artes de caza, trabajaban la piedra, pintaban o situaban sus cementerios. Todo eso irá desapareciendo con la actividad que se iniciará en poco tiempo", aseguró la fuente consultada.
Por supuesto, no es el único caso que hoy despierta preocupación en el mapa minero local.
En Jujuy, se suceden las denuncias para frenar la extracción de hidrocarburos que se está llevando a cabo dentro del Parque Nacional Calilegua.
En ese punto, uno de los más ricos de la provincia en términos de biodiversidad, primero la argentina Pluspetrol -controlada por el grupo Bridas- y luego la china JHP vienen concretando la explotación de petróleo pese a que la ley de parques nacionales prohíbe la actividad minera en estos espacios.
Dentro de Calilegua se ubica Caimancito, uno de los reservorios de petróleo más importantes del norte argentino.
En un documento emitido por los trabajadores de esa reserva, los guardaparques expresaron con contundencia su preocupación:
• "Luego de 40 años de explotación del yacimiento Caimancito, los pueblos vecinos de El Bananal, Yuto, Caimancito, Calilegua, comprueban que esa actividad extractiva, sin ningún procesamiento en el lugar, no genera empleo en forma significativa, la mano de obra calificada proviene de otros lugares y localmente sólo se obtienen trabajos temporarios y precarios, tercerizados a través de empresas de servicios."
• "Tampoco genera un crecimiento de la infraestructura y de los servicios de sus localidades. Ninguna de ellas posee red de gas natural, siendo que son atravesados por numerosos gasoductos. No cuentan siquiera con servicios elementales como cloacas, servicios hospitalarios dignos ni viviendas".
• "Estas localidades reciben del yacimiento Caimancito solo ríos contaminados y la casi certeza de estar contaminada el agua que consumen; quedando expuestos a los daños a la salud que generan los hidrocarburos y las aguas residuales con productos químicos usados en la actividad".
• "La explotación del yacimiento Caimancito, en jurisdicción y dominio del Parque Nacional Calilegua es ilegal. Los parques nacionales son inalienables, es decir no pueden venderse ni cederse".
En La Rioja ocurre algo no tan diferente. En ese distrito, el gobierno provincial admitió recientemente que ya están realizando trabajos de exploración minera en la reserva natural cordillerana Laguna Brava.
Desde hace un tiempo dicha área se encuentra encuadrada bajo la ley provincial 7.138. ¿Qué fija dicha normativa? Rotula a Laguna Brava como espacio de "usos múltiples".
Eso habilita a que la reserva natural funcione "como área de aprovechamiento productivo controlado instrumentando una regulación conservacionista de sus recursos naturales; la determinación de sectores con objetivos específicos, correspondientes a la zona que se trate; la explotación agrícola, ganadera, forestal, minera y de los recursos hídricos, el uso extractivo, controlado o restringido de su vida silvestre; las actividades industriales y comerciales; la ubicación, característica y destino de edificios, instalaciones y construcciones y en particular de los centros de recreación y turismo, las características, extensión y actividades de los asentamientos humanos; las actividades recreativas y turísticas; y las obligaciones de los propietarios con relación a las actividades de vigilancia y control que efectúe la autoridad de aplicación".
En otras palabras, no sólo habilita la actividad minera en ese apartado de La Rioja, sino que además permite una explotación económica hasta de las aguas que se acumulan en dicho paraje.
En paralelo, aunque varios meses atrás, la canadiense TECK se inscribió para concretar una exploración de oro y cobre dentro de la reserva natural Laguna del Diamante, en territorio mendocino.
"La inscripción publicada en el boletín oficial de Mendoza no implica la inminente exploración pero sí puso en alerta a las organizaciones de vecinos que vienen luchando contra la minería contaminante en la provincia", publicó un medio local.
En recientes declaraciones, el geógrafo Marcelo Giraud confirmó que el área "no está en cercanías" sino "dentro de lo que es la Reserva Natural Laguna del Diamante".
TECK es una de las mineras canadienses más importantes del mundo y controla yacimientos en su propio país, Estados Unidos, Chile y Perú.
Además, según informa en su página web, tiene exploraciones en varios países de América, Asia-Pacífico, Europa y África.
Según Giraud "la empresa TECK figura en el ranking de las 40 mayores mineras del mundo".
De concretarse una explotación en la reserva mendocina, el especialista anticipó que se tratará de "un yacimiento de cobre y oro en el límite con Chile. Se trata de un polígono de unas 1.700 hectáreas que llegará a estar a 6 kilómetros del cráter del volcán Maipo y a 10 kilómetros de la Laguna del Diamante y dentro de lo que es la Reserva Natural Laguna del Diamante".
Gustavo Gómez, prestigioso fiscal de Tucumán y especialista en minería y derecho ambiental, comentó que "la situación que se vive en sitios naturales, como Bosque Petrificado de Santa Cruz, refleja la ausencia de controles y la libertad con la que se mueven los capitales mineros".
"Hoy, en términos de volumen de oro extraído, Santa Cruz supera al resto de las provincias. Pero esto no se comunica por cuestiones de índole política. Como, por leyes vigentes, los Estados provinciales están asociados a las mineras en la mayoría de los proyectos, la posibilidad de controlar lo que se hace en el ambiente prácticamente desaparece", aseguró.
Gómez sostuvo que "entonces se dan casos, como el de Catamarca, donde Minera La Alumbrera extrae minerales a cielo abierto y pagando apenas un 1,5% de regalías por eso que se lleva. Porque, con deducciones, el código minero deja en 3% el porcentaje que deben pagar las empresas. Pero eso es un techo, y en Catamarca La Alumbrera acordó pagar 1,5%".
Para el fiscal tucumano, en tanto continúe el vínculo entre los Estados provinciales y las multinacionales extranjeras "el daño ambiental en zonas clave no podrá evitarse".
"Es como poner un zorro a cuidar un gallinero. El Estado no puede ser socio en una actividad que se sabe nociva para la riqueza natural. Como esto se avala, entonces se suceden casos donde el capital privado avanza sobre áreas ricas en biodiversidad con el aval político", concluyó.
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Fecha de Publicación: 30/10/2012
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Nacional
En Santa Cruz, una compañía extraerá oro y plata en una área de 150 millones de años de antigüedad. En Jujuy, inversionistas chinos extraen petróleo en el parque Calilegua.Con el respaldo de una riqueza apenas sospechada hasta hace unos años, la minería vive su momento dorado en la Argentina, de la mano de políticas oficiales que -en detrimento de otros sectores- no ha hecho más que alentar el desembarco de grandes capitales del exterior.
De ahí que, según estimaciones de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), la actividad duplicará su contribución al PBI local en alrededor de tres años y promete "pisarle los talones" a los ingresos originados por la soja, con exportaciones cercanas a los 14.000 millones de dólares.
A partir del buen presente que vive el sector, los inversionistas incluso se permiten vaticinar que la minería pasaría a enrolar unos 132.000 empleados en los próximos cuatro años, desde los 77.000 promedio de 2011 y 2012. Más aun, esta cifra podría trepar hasta casi 200.000 si se agregan las tareas complementarias que comprende la actividad.
Pero, a la par de este crecimiento que entusiasma a los mineros, crece un sinfín de cuestionamientos y polémicas que, cada mes, parecen incorporar nuevas voces y ejemplos.
La expansión de los yacimientos trae aparejadas críticas que comprenden desde las cifras irrisorias que pagan las empresas al Estado por los minerales estratégicos que salen del país hasta el desarrollo de nuevos emprendimientos que afectan reservas naturales únicas en el mundo.
Precisamente este último punto volvió a cobrar protagonismo durante los últimos días con la confirmación de los permisos para el proyecto Don Nicolás, que prevé la extracción de oro y plata en el área del Parque Bosque Petrificado, en Santa Cruz.
La iniciativa, que impulsa la minera IRL -controlada por capitales peruanos y australianos-, contempla una inversión inicial de $280 millones y su inicio de producción está fijado para fines de 2013.
Don Nicolás posee un potencial de producción de 52.400 onzas de oro y 56.000 onzas de plata anualmente durante un período de vida de 3,6 años.
Según precisó una fuente periodística local, los trabajos de cateo y exploración en la zona del Bosque Petrificado -área de una antigüedad arqueológica superior a los 150 millones de años- se iniciaron durante la primera mitad del 2012, "aunque todo bajo un silencio que deja en claro que no había intención de comunicar el proyecto, al menos en términos políticos".
El emprendimiento de IRL comprenderá una explotación a cielo abierto que, sólo con la vibración de sus explosiones, "afectará de forma irreparable un paisaje único en el mundo".
"Además en el Bosque Petrificado hay puntos bien definidos e identificados donde los indígenas urdían sus artes de caza, trabajaban la piedra, pintaban o situaban sus cementerios. Todo eso irá desapareciendo con la actividad que se iniciará en poco tiempo", aseguró la fuente consultada.
Por supuesto, no es el único caso que hoy despierta preocupación en el mapa minero local.
En Jujuy, se suceden las denuncias para frenar la extracción de hidrocarburos que se está llevando a cabo dentro del Parque Nacional Calilegua.
En ese punto, uno de los más ricos de la provincia en términos de biodiversidad, primero la argentina Pluspetrol -controlada por el grupo Bridas- y luego la china JHP vienen concretando la explotación de petróleo pese a que la ley de parques nacionales prohíbe la actividad minera en estos espacios.
Dentro de Calilegua se ubica Caimancito, uno de los reservorios de petróleo más importantes del norte argentino.
En un documento emitido por los trabajadores de esa reserva, los guardaparques expresaron con contundencia su preocupación:
• "Luego de 40 años de explotación del yacimiento Caimancito, los pueblos vecinos de El Bananal, Yuto, Caimancito, Calilegua, comprueban que esa actividad extractiva, sin ningún procesamiento en el lugar, no genera empleo en forma significativa, la mano de obra calificada proviene de otros lugares y localmente sólo se obtienen trabajos temporarios y precarios, tercerizados a través de empresas de servicios."
• "Tampoco genera un crecimiento de la infraestructura y de los servicios de sus localidades. Ninguna de ellas posee red de gas natural, siendo que son atravesados por numerosos gasoductos. No cuentan siquiera con servicios elementales como cloacas, servicios hospitalarios dignos ni viviendas".
• "Estas localidades reciben del yacimiento Caimancito solo ríos contaminados y la casi certeza de estar contaminada el agua que consumen; quedando expuestos a los daños a la salud que generan los hidrocarburos y las aguas residuales con productos químicos usados en la actividad".
• "La explotación del yacimiento Caimancito, en jurisdicción y dominio del Parque Nacional Calilegua es ilegal. Los parques nacionales son inalienables, es decir no pueden venderse ni cederse".
En La Rioja ocurre algo no tan diferente. En ese distrito, el gobierno provincial admitió recientemente que ya están realizando trabajos de exploración minera en la reserva natural cordillerana Laguna Brava.
Desde hace un tiempo dicha área se encuentra encuadrada bajo la ley provincial 7.138. ¿Qué fija dicha normativa? Rotula a Laguna Brava como espacio de "usos múltiples".
Eso habilita a que la reserva natural funcione "como área de aprovechamiento productivo controlado instrumentando una regulación conservacionista de sus recursos naturales; la determinación de sectores con objetivos específicos, correspondientes a la zona que se trate; la explotación agrícola, ganadera, forestal, minera y de los recursos hídricos, el uso extractivo, controlado o restringido de su vida silvestre; las actividades industriales y comerciales; la ubicación, característica y destino de edificios, instalaciones y construcciones y en particular de los centros de recreación y turismo, las características, extensión y actividades de los asentamientos humanos; las actividades recreativas y turísticas; y las obligaciones de los propietarios con relación a las actividades de vigilancia y control que efectúe la autoridad de aplicación".
En otras palabras, no sólo habilita la actividad minera en ese apartado de La Rioja, sino que además permite una explotación económica hasta de las aguas que se acumulan en dicho paraje.
En paralelo, aunque varios meses atrás, la canadiense TECK se inscribió para concretar una exploración de oro y cobre dentro de la reserva natural Laguna del Diamante, en territorio mendocino.
"La inscripción publicada en el boletín oficial de Mendoza no implica la inminente exploración pero sí puso en alerta a las organizaciones de vecinos que vienen luchando contra la minería contaminante en la provincia", publicó un medio local.
En recientes declaraciones, el geógrafo Marcelo Giraud confirmó que el área "no está en cercanías" sino "dentro de lo que es la Reserva Natural Laguna del Diamante".
TECK es una de las mineras canadienses más importantes del mundo y controla yacimientos en su propio país, Estados Unidos, Chile y Perú.
Además, según informa en su página web, tiene exploraciones en varios países de América, Asia-Pacífico, Europa y África.
Según Giraud "la empresa TECK figura en el ranking de las 40 mayores mineras del mundo".
De concretarse una explotación en la reserva mendocina, el especialista anticipó que se tratará de "un yacimiento de cobre y oro en el límite con Chile. Se trata de un polígono de unas 1.700 hectáreas que llegará a estar a 6 kilómetros del cráter del volcán Maipo y a 10 kilómetros de la Laguna del Diamante y dentro de lo que es la Reserva Natural Laguna del Diamante".
Gustavo Gómez, prestigioso fiscal de Tucumán y especialista en minería y derecho ambiental, comentó que "la situación que se vive en sitios naturales, como Bosque Petrificado de Santa Cruz, refleja la ausencia de controles y la libertad con la que se mueven los capitales mineros".
"Hoy, en términos de volumen de oro extraído, Santa Cruz supera al resto de las provincias. Pero esto no se comunica por cuestiones de índole política. Como, por leyes vigentes, los Estados provinciales están asociados a las mineras en la mayoría de los proyectos, la posibilidad de controlar lo que se hace en el ambiente prácticamente desaparece", aseguró.
Gómez sostuvo que "entonces se dan casos, como el de Catamarca, donde Minera La Alumbrera extrae minerales a cielo abierto y pagando apenas un 1,5% de regalías por eso que se lleva. Porque, con deducciones, el código minero deja en 3% el porcentaje que deben pagar las empresas. Pero eso es un techo, y en Catamarca La Alumbrera acordó pagar 1,5%".
Para el fiscal tucumano, en tanto continúe el vínculo entre los Estados provinciales y las multinacionales extranjeras "el daño ambiental en zonas clave no podrá evitarse".
"Es como poner un zorro a cuidar un gallinero. El Estado no puede ser socio en una actividad que se sabe nociva para la riqueza natural. Como esto se avala, entonces se suceden casos donde el capital privado avanza sobre áreas ricas en biodiversidad con el aval político", concluyó.
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El Tabacal como ejemplo para Tucumán
Destacan sistema de gestión ambiental de ingenio salteño
Fecha de Publicación: 29/10/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Salta - Tucumán
Proponen que industrias tucumanas copien programa que efectúa El Tabacal.
El Ing. Jorge Daniel Ragno, magister y especialista en Ingeniería Ambiental, junto con el Ing. Carlos Salmoiraghi, especialista en Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, visitó días atrás el Ingenio El Tabacal de Salta, en las cercanías de Orán, donde tuvo la oportunidad de conocer los avances aplicados en la utilidad de la vinaza.
En la oportunidad, los profesionales pudieron observar un interesante programa ambiental, que es tenido en cuenta como modelo de referencia por parte de algunos ingenios tucumanos, que buscan aprovechar el desecho de la vinaza, de la producción de alcohol.
El Lic. Juan María Gutiérrez, gerente de Medio Ambiente & Infraestructura de la firma, invitó a los profesionales santiagueños a recorrer las instalaciones del ingenio, para comprobar el trabajo realizado desde 2001, a través del programa de Gestión Ambiental Integral, que logró un importante aprovechamiento de lo que antes se consideraba “residuo”, adoptando formas de producción limpia y sustentable.
Uno de los logros del programa fue el de generar energía eléctrica renovable a partir de biomasa del bagazo de la caña de azúcar.
Utilidad de la vinaza
Al inicio del programa, el ingenio salteño utilizaba la vinaza para fertirriego en canales con dosis controladas y también exitosamente en “sistema de riego por goteo”. Se construyeron también 40 piletas para la evaporación solar de vinaza, mientras que se riegan también las pilas para compostaje de residuo de vinaza, cachaza y cenizas del lavado de humos de calderas. El impacto positivo alcanzado por el programa ha despertado el interés de replicarlo en otros ingenios azucareros del país y del exterior.
Por ejemplo, recientemente se firmó un acuerdo de asistencia técnica y cooperación ambiental con el ingenio tucumano La Florida, del propietario Jorge Rocchia Ferro.
Este programa fue reconocido en tres oportunidades debido a que constituye una alternativa para el desarrollo de una agroindustria sustentable.
Fabricación de compost
En terrenos especialmente destinados por el ingenio se fabrica compost, que es la mezcla de ceniza, cachaza y residuo de vinaza, constituyendo un fertilizante rico en potasio, nitrógeno y fósforo.
Este compost es utilizado tanto para la fertilización de suelos que ya están con cultivos, como para recuperar suelos no aptos para los mismos, a fin de transformarlos en terrenos cultivables.
Para evitar la proliferación de moscas, a las superficies de las pilas de residuo, donde se depositaron huevos a temperatura ambiente, se las voltea, logrando cubrir con residuo (su parte inferior está a 65º C), produciendo la “quema” de los huevos y larvas que perjudican el ambiente.
Desarrollan líneas de investigación
Tras la visita realizada al Ingenio El Tabacal, el Ing. Ragno comentó a Nuevo Diario que dicha industria desarrolla y prueba nuevos trabajos de investigación, como ser el caso de la ceniza para la fabricación de ladrillos.
No se recomienda su utilización como agregado en hormigón o concreto asfáltico para construcción de caminos, por su alto contenido orgánico.
El agua limpia es reconducida para su utilización en los distintos procesos de fabricación que posee el Ingenio El Tabacal y el sobrante de agua se devuelve a los canales de riego.
La vinaza del ingenio no es recomendada para utilizarse en caminos públicos, ya que al llover genera perjuicios a los vehículos que transitan esos caminos, como “manchas” en la carrocería, y si el vehículo no es rápidamente lavado puede generar corrosión.
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Fecha de Publicación: 29/10/2012
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Salta - Tucumán
Proponen que industrias tucumanas copien programa que efectúa El Tabacal. El Ing. Jorge Daniel Ragno, magister y especialista en Ingeniería Ambiental, junto con el Ing. Carlos Salmoiraghi, especialista en Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, visitó días atrás el Ingenio El Tabacal de Salta, en las cercanías de Orán, donde tuvo la oportunidad de conocer los avances aplicados en la utilidad de la vinaza.
En la oportunidad, los profesionales pudieron observar un interesante programa ambiental, que es tenido en cuenta como modelo de referencia por parte de algunos ingenios tucumanos, que buscan aprovechar el desecho de la vinaza, de la producción de alcohol.
El Lic. Juan María Gutiérrez, gerente de Medio Ambiente & Infraestructura de la firma, invitó a los profesionales santiagueños a recorrer las instalaciones del ingenio, para comprobar el trabajo realizado desde 2001, a través del programa de Gestión Ambiental Integral, que logró un importante aprovechamiento de lo que antes se consideraba “residuo”, adoptando formas de producción limpia y sustentable.
Uno de los logros del programa fue el de generar energía eléctrica renovable a partir de biomasa del bagazo de la caña de azúcar.
Utilidad de la vinaza
Al inicio del programa, el ingenio salteño utilizaba la vinaza para fertirriego en canales con dosis controladas y también exitosamente en “sistema de riego por goteo”. Se construyeron también 40 piletas para la evaporación solar de vinaza, mientras que se riegan también las pilas para compostaje de residuo de vinaza, cachaza y cenizas del lavado de humos de calderas. El impacto positivo alcanzado por el programa ha despertado el interés de replicarlo en otros ingenios azucareros del país y del exterior.
Por ejemplo, recientemente se firmó un acuerdo de asistencia técnica y cooperación ambiental con el ingenio tucumano La Florida, del propietario Jorge Rocchia Ferro.
Este programa fue reconocido en tres oportunidades debido a que constituye una alternativa para el desarrollo de una agroindustria sustentable.
Fabricación de compost
En terrenos especialmente destinados por el ingenio se fabrica compost, que es la mezcla de ceniza, cachaza y residuo de vinaza, constituyendo un fertilizante rico en potasio, nitrógeno y fósforo.
Este compost es utilizado tanto para la fertilización de suelos que ya están con cultivos, como para recuperar suelos no aptos para los mismos, a fin de transformarlos en terrenos cultivables.
Para evitar la proliferación de moscas, a las superficies de las pilas de residuo, donde se depositaron huevos a temperatura ambiente, se las voltea, logrando cubrir con residuo (su parte inferior está a 65º C), produciendo la “quema” de los huevos y larvas que perjudican el ambiente.
Desarrollan líneas de investigación
Tras la visita realizada al Ingenio El Tabacal, el Ing. Ragno comentó a Nuevo Diario que dicha industria desarrolla y prueba nuevos trabajos de investigación, como ser el caso de la ceniza para la fabricación de ladrillos.
No se recomienda su utilización como agregado en hormigón o concreto asfáltico para construcción de caminos, por su alto contenido orgánico.
El agua limpia es reconducida para su utilización en los distintos procesos de fabricación que posee el Ingenio El Tabacal y el sobrante de agua se devuelve a los canales de riego.
La vinaza del ingenio no es recomendada para utilizarse en caminos públicos, ya que al llover genera perjuicios a los vehículos que transitan esos caminos, como “manchas” en la carrocería, y si el vehículo no es rápidamente lavado puede generar corrosión.
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Sospechas sobre agroquímicos fundadas
Estudio médico avala sospechas sobre agroquímicos
Fecha de Publicación: 29/10/2012
Fuente: lt10digital
Provincia/Región: Santa Fe - Nacional
Mientras organizaciones civiles acampan frente a la Legislatura provincial para reclamar que se trate la reforma a ley de Fitosanitarios –que está a punto de perder estado parlamentario por segunda vez y nuevamente en el Senado– estudios realizados desde la Universidad Nacional de Rosario sobre diez localidades santafesinas que conviven con fumigaciones de agroquímicos señalan un aumento de enfermedades endócrinas, respiratorias y dermatológicas en sus habitantes. El relevamiento alcanza los últimos diez años, cuando el área de la soja se expandió exponencialmente, a poco de que el país aprobara cultivo de variedades transgénicas. Sus resultados también apuntaron que en algunas localidades se duplicó la pérdida de embarazos en lugares donde la fumigación se realiza a menos de 500 metros del casco urbano. A pesar de que todavía no pueden atar el fenómeno solamente a la exposición de los pesticidas agrícolas, los especialistas apuestan a profundizar los registros de salud con ayuda del gobierno provincial.
Hace 15 años, la entrada de las semillas de soja modificadas genéticamente, junto con el irremediable acompañamiento del glifosato como agente de fumigación para los cultivos, comenzaban a delinear otro paisaje en el país. Santa Fe, y en especial el sur, tradicional corazón del cultivo de trigo y la actividad ganadera, emprendió el camino hacia la sojización, siguiendo lineamientos productivos nacionales e internacionales. La resistencia a las inclemencias del tiempo del “nuevo” cultivo, entre otros factores, generó paulatinamente el avance a tierras antes impensadas para este tipo de agricultura.
A la par del incesante avance de la frontera transgénica comenzaron a verse indicios del impacto en los suelos y la población. La utilización de los agroquímicos necesarios para que la soja arroje buenos rindes fue foco de sospecha para los habitantes de las zonas rurales, quienes se preguntaron si existía quizás una relación directa entre estos fitosanitarios y las enfermedades, en muchos casos mortales, que los afectaban.
En 2010 comenzó a desarrollarse desde la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, una iniciativa novedosa tendiente a lidiar con la sospecha. La intención era doble. Por un lado, diseñar un mecanismo práctico de evaluación final para los estudiantes que terminan la carrera, en contacto con la población. Y, en segundo lugar, poner a la universidad pública a producir conocimiento científico al servicio de esa comunidad, respondiendo a sus necesidades de saber qué estaba pasando con la repentina proliferación de ciertas enfermedades por encima de los índices acostumbrados. Así surgieron los “campamentos sanitarios”, una serie de relevamientos sobre la salud de la población a manos de estudiantes y un equipo de docentes. Registros epidemiológicos domiciliarios, controles en niños dentro de las escuelas primarias, trabajos de promoción de la salud y prevención de enfermedades a través de talleres.
“Desde diciembre de 2010 llevamos realizados diez campamentos, en los cuales hemos involucrado, a través de los estudios, a 65.000 personas. En promedio, hemos cubierto al 65 por ciento de la población de las localidades, con picos interesantes como el de Totoras, con un 88 por ciento de la población entrevistada”, relata a El Ciudadano Damián Verzeñassi, responsable académico de los campamentos.
Para llevarlos a cabo, el contingente académico trabajó junto a diversas instituciones locales y provinciales: escuelas, centros de jubilados, municipios, comunas, y ministerios. Las localidades cubiertas por los campamentos sanitarios fueron Santa Isabel, Murphy, María Teresa, San Gregorio, Villa Cañás, Bovril (Entre Ríos), Bouquet, María Susana, Wheelwright y Totoras.
“Las formas de producción que hemos instalado en nuestra región están teniendo un peso importante no sólo en la ganancia económica de algunos, sino también en la forma en que nos enfermamos y morimos”, describe Verzeñassi, quien asegura que en los últimos 15 años se modificaron los indicadores de salud de todas las comunidades relevadas. Los principales problemas que padece la población son hipertensión y diabetes, lo que coincide con el promedio a nivel nacional. Pero también apareció con fuerza algo que todavía no se registra en la estadística oficial: los problemas endócrinos, principalmente de la glándula tiroides. “Identificamos en estas poblaciones, que viven en general a menos de 500 metros de las áreas donde se fumiga un cambio en la forma de enfermar, y un incremento notable del hipotiroidismo, de enfermedades crónicas respiratorias y dermatológicas”, sindica.
Según el especialista, la pérdida de embarazos es otra de las cifras que ha aumentado en todas las localidades, en muchos casos duplicándose cuantitativamente en los últimos 10 años. “El impacto es muy importante como para desatenderlo”, remarca Verzeñassi. El especialista sostiene que ha quedado de manifiesto que quienes viven en áreas más próximas a las fumigaciones, presentan mayor cantidad de problemas de salud que los que viven más lejos. “Entendemos que el Ministerio de Salud provincial debería tener una participación mucho más activa”, reclama.
“La Justicia de Córdoba, por ejemplo, habló del principio precautorio en el fallo histórico de un tiempo atrás, respecto de lo que sucedió en el barrio Ituzaingó Anexo, donde hubo condenados por la aplicación sobre sus poblaciones. El propio Ministerio de Salud santafesino tiene un estudio a pedido de la Justicia por el caso San Jorge. Ese relevamiento demostró que en el período en el que se prohibió la fumigación alrededor de un barrio específico, las consultas respecto a los problemas de salud disminuyeron notablemente”, aporta el médico.
Para Verzeñassi no es tarde para una reacción de las autoridades. “En vez de recorrer los pueblos con promotores de las buenas prácticas y de las bondades de algunas sustancias químicas –que las mismas empresas que las producen reconocen que generan daños– que se pongan a ver cómo aportan realmente con acciones concretas”, expresa.
El contexto es otra vez crítico. A fin de mes puede volver a caer el estado parlamentario del proyecto para modificar la ley 11.273 de Fitosanitarios, normativa que regula, entre otras cosas, la amplitud de la franja agronómica, es decir, la distancia hasta la línea a partir de la cual está permitido fumigar. Dos veces fue aprobada por Diputados y en la primera el Senado no la trató. Ahora el desenlace está, aun faltando muy poco para la fecha, todavía abierto, pendiente de la voluntad de los senadores santafesinos.
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Fecha de Publicación: 29/10/2012
Fuente: lt10digital
Provincia/Región: Santa Fe - Nacional
Mientras organizaciones civiles acampan frente a la Legislatura provincial para reclamar que se trate la reforma a ley de Fitosanitarios –que está a punto de perder estado parlamentario por segunda vez y nuevamente en el Senado– estudios realizados desde la Universidad Nacional de Rosario sobre diez localidades santafesinas que conviven con fumigaciones de agroquímicos señalan un aumento de enfermedades endócrinas, respiratorias y dermatológicas en sus habitantes. El relevamiento alcanza los últimos diez años, cuando el área de la soja se expandió exponencialmente, a poco de que el país aprobara cultivo de variedades transgénicas. Sus resultados también apuntaron que en algunas localidades se duplicó la pérdida de embarazos en lugares donde la fumigación se realiza a menos de 500 metros del casco urbano. A pesar de que todavía no pueden atar el fenómeno solamente a la exposición de los pesticidas agrícolas, los especialistas apuestan a profundizar los registros de salud con ayuda del gobierno provincial.
Hace 15 años, la entrada de las semillas de soja modificadas genéticamente, junto con el irremediable acompañamiento del glifosato como agente de fumigación para los cultivos, comenzaban a delinear otro paisaje en el país. Santa Fe, y en especial el sur, tradicional corazón del cultivo de trigo y la actividad ganadera, emprendió el camino hacia la sojización, siguiendo lineamientos productivos nacionales e internacionales. La resistencia a las inclemencias del tiempo del “nuevo” cultivo, entre otros factores, generó paulatinamente el avance a tierras antes impensadas para este tipo de agricultura.
A la par del incesante avance de la frontera transgénica comenzaron a verse indicios del impacto en los suelos y la población. La utilización de los agroquímicos necesarios para que la soja arroje buenos rindes fue foco de sospecha para los habitantes de las zonas rurales, quienes se preguntaron si existía quizás una relación directa entre estos fitosanitarios y las enfermedades, en muchos casos mortales, que los afectaban.
En 2010 comenzó a desarrollarse desde la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, una iniciativa novedosa tendiente a lidiar con la sospecha. La intención era doble. Por un lado, diseñar un mecanismo práctico de evaluación final para los estudiantes que terminan la carrera, en contacto con la población. Y, en segundo lugar, poner a la universidad pública a producir conocimiento científico al servicio de esa comunidad, respondiendo a sus necesidades de saber qué estaba pasando con la repentina proliferación de ciertas enfermedades por encima de los índices acostumbrados. Así surgieron los “campamentos sanitarios”, una serie de relevamientos sobre la salud de la población a manos de estudiantes y un equipo de docentes. Registros epidemiológicos domiciliarios, controles en niños dentro de las escuelas primarias, trabajos de promoción de la salud y prevención de enfermedades a través de talleres.
“Desde diciembre de 2010 llevamos realizados diez campamentos, en los cuales hemos involucrado, a través de los estudios, a 65.000 personas. En promedio, hemos cubierto al 65 por ciento de la población de las localidades, con picos interesantes como el de Totoras, con un 88 por ciento de la población entrevistada”, relata a El Ciudadano Damián Verzeñassi, responsable académico de los campamentos.
Para llevarlos a cabo, el contingente académico trabajó junto a diversas instituciones locales y provinciales: escuelas, centros de jubilados, municipios, comunas, y ministerios. Las localidades cubiertas por los campamentos sanitarios fueron Santa Isabel, Murphy, María Teresa, San Gregorio, Villa Cañás, Bovril (Entre Ríos), Bouquet, María Susana, Wheelwright y Totoras.
“Las formas de producción que hemos instalado en nuestra región están teniendo un peso importante no sólo en la ganancia económica de algunos, sino también en la forma en que nos enfermamos y morimos”, describe Verzeñassi, quien asegura que en los últimos 15 años se modificaron los indicadores de salud de todas las comunidades relevadas. Los principales problemas que padece la población son hipertensión y diabetes, lo que coincide con el promedio a nivel nacional. Pero también apareció con fuerza algo que todavía no se registra en la estadística oficial: los problemas endócrinos, principalmente de la glándula tiroides. “Identificamos en estas poblaciones, que viven en general a menos de 500 metros de las áreas donde se fumiga un cambio en la forma de enfermar, y un incremento notable del hipotiroidismo, de enfermedades crónicas respiratorias y dermatológicas”, sindica.
Según el especialista, la pérdida de embarazos es otra de las cifras que ha aumentado en todas las localidades, en muchos casos duplicándose cuantitativamente en los últimos 10 años. “El impacto es muy importante como para desatenderlo”, remarca Verzeñassi. El especialista sostiene que ha quedado de manifiesto que quienes viven en áreas más próximas a las fumigaciones, presentan mayor cantidad de problemas de salud que los que viven más lejos. “Entendemos que el Ministerio de Salud provincial debería tener una participación mucho más activa”, reclama.
“La Justicia de Córdoba, por ejemplo, habló del principio precautorio en el fallo histórico de un tiempo atrás, respecto de lo que sucedió en el barrio Ituzaingó Anexo, donde hubo condenados por la aplicación sobre sus poblaciones. El propio Ministerio de Salud santafesino tiene un estudio a pedido de la Justicia por el caso San Jorge. Ese relevamiento demostró que en el período en el que se prohibió la fumigación alrededor de un barrio específico, las consultas respecto a los problemas de salud disminuyeron notablemente”, aporta el médico.
Para Verzeñassi no es tarde para una reacción de las autoridades. “En vez de recorrer los pueblos con promotores de las buenas prácticas y de las bondades de algunas sustancias químicas –que las mismas empresas que las producen reconocen que generan daños– que se pongan a ver cómo aportan realmente con acciones concretas”, expresa.
El contexto es otra vez crítico. A fin de mes puede volver a caer el estado parlamentario del proyecto para modificar la ley 11.273 de Fitosanitarios, normativa que regula, entre otras cosas, la amplitud de la franja agronómica, es decir, la distancia hasta la línea a partir de la cual está permitido fumigar. Dos veces fue aprobada por Diputados y en la primera el Senado no la trató. Ahora el desenlace está, aun faltando muy poco para la fecha, todavía abierto, pendiente de la voluntad de los senadores santafesinos.
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Cumbre clave en Uruguay por Botnia
Controles sobre Botnia: cumbre clave en Uruguay
Fecha de Publicación: 29/10/2012
Fuente: Ambito Financiero
Provincia/Región: Nacional
La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) mantendrá un encuentro mañana en la ciudad uruguaya de Paysandú, en medio de la expectativa por la demorada difusión de los resultados del monitoreo conjunto de la pastera de UPM (ex Botnia).
Pese a que hasta el momento los técnicos del Comité Científico binacional ingresaron a la planta casi una veintena de veces, las conclusiones de los controles acordados por Cristina de Kirchner y José Mujica en 2010 no fueron dadas a conocer aún de manera pública.
En los últimos meses, la Argentina y Uruguay tuvieron nuevos roces diplomáticos en torno a la exposición de los resultados, que incluyeron denuncias cruzadas sobre supuestos retaceos de información.
En esa línea, en septiembre pasado el canciller argentino, Héctor Timerman, sostuvo que «hasta el momento no se ha podido dar información por parte de la CARU sobre el monitoreo de UPM debido a desacuerdos en el seno de dicha comisión sobre las normas que rigen los vuelcos de efluentes de la empresa, carencia de información uruguaya».
Al ser necesario el voto de ambas delegaciones dentro de la CARU para avanzar con la difusión del informe, el consenso urge para destrabar los datos, esperados con ansiedad a ambas márgenes del río Uruguay.
En tanto, según lo reseñado por El Argentino de Gualeguaychú, en la reunión de mañana en Paysandú se esperan informes de las cinco subcomisiones técnicas y de las cinco administrativas, vinculados al monitoreo de la polémica planta, instalada en la localidad uruguaya de Fray Bentos y que desató la irá de los ambientalistas de Gualeguaychú.
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Fecha de Publicación: 29/10/2012
Fuente: Ambito Financiero
Provincia/Región: Nacional
La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) mantendrá un encuentro mañana en la ciudad uruguaya de Paysandú, en medio de la expectativa por la demorada difusión de los resultados del monitoreo conjunto de la pastera de UPM (ex Botnia).
Pese a que hasta el momento los técnicos del Comité Científico binacional ingresaron a la planta casi una veintena de veces, las conclusiones de los controles acordados por Cristina de Kirchner y José Mujica en 2010 no fueron dadas a conocer aún de manera pública.
En los últimos meses, la Argentina y Uruguay tuvieron nuevos roces diplomáticos en torno a la exposición de los resultados, que incluyeron denuncias cruzadas sobre supuestos retaceos de información.
En esa línea, en septiembre pasado el canciller argentino, Héctor Timerman, sostuvo que «hasta el momento no se ha podido dar información por parte de la CARU sobre el monitoreo de UPM debido a desacuerdos en el seno de dicha comisión sobre las normas que rigen los vuelcos de efluentes de la empresa, carencia de información uruguaya».
Al ser necesario el voto de ambas delegaciones dentro de la CARU para avanzar con la difusión del informe, el consenso urge para destrabar los datos, esperados con ansiedad a ambas márgenes del río Uruguay.
En tanto, según lo reseñado por El Argentino de Gualeguaychú, en la reunión de mañana en Paysandú se esperan informes de las cinco subcomisiones técnicas y de las cinco administrativas, vinculados al monitoreo de la polémica planta, instalada en la localidad uruguaya de Fray Bentos y que desató la irá de los ambientalistas de Gualeguaychú.
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Volvió el bloqueo antiminero a Catamarca
Ambientalistas de Tinogasta volvieron a los bloqueos contra la minera
Fecha de Publicación: 28/10/2012
Fuente: La Voz del Interior On Line
Provincia/Región: Catamarca
La protesta se realiza sobre la ruta nacional 60 de Catamarca. La semana pasada el gobierno provincial había anunciado el levantamiento “definitivo” del corte.
Los ambientalistas que luchan contra la minería a cielo abierto volvieron a instalar bloqueos hoy sobre la ruta nacional 60, en Tinogasta, Catamarca, para impedir el tránsito de camiones con insumos para las empresas mineras que utilizan el Paso San Francisco.
A pesar de que hace una semana la Subsecretaria de Información Pública del gobierno de Catamarca informó que se levantaba "definitivamente" el piquete que permanecía desde el 10 de febrero, los grupos antimineros regresaron a Las Torres.
Ese sitio se encuentra en el ingreso del departamento Tinogasta, donde los manifestantes armaron un campamento para seguir la lucha contra la minería.
El grupo se apostó al costado de la ruta debido a que personal de la Municipalidad de Tinogasta desmanteló el rancho que era utilizado como base para impedir el paso de los camiones.
"Seguiremos en Las Torres hasta que nos devuelvan lo que nos robaron del puesto que habíamos construido a escasos metros de acá; una vez que nos devuelvan nos instalaremos allí y dejaremos este lugar", dijo Rosa de Roger a un medio digital de Tinogasta.
Y, agregó: "Encontramos la mitad de las cosas y otro poco totalmente destrozado, lógicamente si las tiraron en la ruta, la gente habrá visto que servían y terminaron llevándoselas".
"Queremos que alguien responda por nuestras cosas", reclamó.
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Fecha de Publicación: 28/10/2012
Fuente: La Voz del Interior On Line
Provincia/Región: Catamarca
La protesta se realiza sobre la ruta nacional 60 de Catamarca. La semana pasada el gobierno provincial había anunciado el levantamiento “definitivo” del corte.
Los ambientalistas que luchan contra la minería a cielo abierto volvieron a instalar bloqueos hoy sobre la ruta nacional 60, en Tinogasta, Catamarca, para impedir el tránsito de camiones con insumos para las empresas mineras que utilizan el Paso San Francisco.
A pesar de que hace una semana la Subsecretaria de Información Pública del gobierno de Catamarca informó que se levantaba "definitivamente" el piquete que permanecía desde el 10 de febrero, los grupos antimineros regresaron a Las Torres.
Ese sitio se encuentra en el ingreso del departamento Tinogasta, donde los manifestantes armaron un campamento para seguir la lucha contra la minería.
El grupo se apostó al costado de la ruta debido a que personal de la Municipalidad de Tinogasta desmanteló el rancho que era utilizado como base para impedir el paso de los camiones.
"Seguiremos en Las Torres hasta que nos devuelvan lo que nos robaron del puesto que habíamos construido a escasos metros de acá; una vez que nos devuelvan nos instalaremos allí y dejaremos este lugar", dijo Rosa de Roger a un medio digital de Tinogasta.
Y, agregó: "Encontramos la mitad de las cosas y otro poco totalmente destrozado, lógicamente si las tiraron en la ruta, la gente habrá visto que servían y terminaron llevándoselas".
"Queremos que alguien responda por nuestras cosas", reclamó.
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Mauricio Macri ha incumplido la Ley de Basura Cero
La Ciudad, rehén de su incumplimiento de la Ley de Basura Cero
Fecha de Publicación: 28/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital Federal
El 2013 será un año difícil para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en materia de gestión de residuos, debido a la nula aplicación de políticas tendientes al cumplimiento de la Ley 1854 de Basura Cero. Luego de casi seis años de gestión, el gobierno de Mauricio Macri ha incumplido las dos primeras metas de reducción de residuos enterrados que son establecidas por la ley. Es más, los residuos generados por la Ciudad y enviados a la Ceamse duplican las cifras determinadas por las metas.
Esta situación se ve agravada ya que para el año próximo está estimado el cierre del relleno Norte III, que opera la Ceamse en José León Suárez, donde van las más de 6 mil toneladas diarias de basura de la CABA.
En 2010 se cumplió la primera meta de reducción de entierro de basura plasmada en la Ley Basura Cero. Según la norma, la Ciudad debió enterrar 1.048.000 toneladas de basura, pero envió a la Ceamse más del doble: 2.110.122 toneladas. Este año, en diciembre, vence la segunda meta, que establece la reducción del 50 por ciento con respecto al año base, 2004. Lamentablemente, en abril pasado fue superada la cifra de basura que se debía enterrar en todo el año. Las más de 6 mil toneladas diarias enviadas a Ceamse desde mayo hasta diciembre de este año serán el excedente.
El proyecto que terminó concretándose en la Ley 1854, de Basura Cero, surgió en 2004, cuando el colapso de los rellenos del conurbano a los que iba la basura de la Ciudad (y más de 20 municipios del AMBA) obligó a las autoridades a buscar nuevos destinos para los residuos, lo que generó, a su vez, la movilización de vecinos de diferentes partidos del Conurbano que rechazaron ser los nuevos “beneficiarios” del sistema Ceamse.
Aquel contexto de crisis obligó a la Ciudad a pensar en un sistema que le permitiera terminar con la dependencia de otros distritos y mostró, ya entonces, que la población reconoce a los rellenos como fuente de contaminación y pérdida de calidad de vida. Nada de aquel proceso fue aprendido y, a pesar de la existencia de la ley, la situación hoy es la misma, o más grave, debido a la falta de aplicación de políticas tendientes a Basura Cero en un contexto en el que se celebra a la sociedad de consumo como el paraíso. La falta de entendimiento de que el viejo paradigma de gestión de residuos ha eclosionado hace tiempo es la barrera más evidente que tiene el Gobierno de la Ciudad para diseñar políticas tendientes a la reducción progresiva de residuos. Y no son sólo los funcionarios quienes no han captado el cambio y la necesidad de llevar adelante otro tipo de sistemas que no tengan a la tecnología como solución mágica, aunque a ellos les corresponde la tarea de gobernar.
Después de seis años, y a pesar de contar con el presupuesto más abultado del país para tratar los residuos, la gestión sigue siendo pésima. Nada ha cambiado en materia de políticas de manejo de residuos desde 2004, lo que sumado a un incremento en el consumo nos lleva a una situación sumamente crítica.
Con una generación de basura record y muy bajo nivel de recuperación para el reciclado y nula para el compostaje, la Ciudad enfrentará en 2013 la disputa con la provincia, la Nación y los municipios en la búsqueda de espacios para seguir enterrando su basura. Será tiempo de que sus autoridades decidan no seguir siendo rehenes de su propia incapacidad para aplicar la ley en un contexto que se ha vuelto más adverso debido a la falta de políticas serias.
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Fecha de Publicación: 28/10/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital Federal
El 2013 será un año difícil para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en materia de gestión de residuos, debido a la nula aplicación de políticas tendientes al cumplimiento de la Ley 1854 de Basura Cero. Luego de casi seis años de gestión, el gobierno de Mauricio Macri ha incumplido las dos primeras metas de reducción de residuos enterrados que son establecidas por la ley. Es más, los residuos generados por la Ciudad y enviados a la Ceamse duplican las cifras determinadas por las metas.
Esta situación se ve agravada ya que para el año próximo está estimado el cierre del relleno Norte III, que opera la Ceamse en José León Suárez, donde van las más de 6 mil toneladas diarias de basura de la CABA.
En 2010 se cumplió la primera meta de reducción de entierro de basura plasmada en la Ley Basura Cero. Según la norma, la Ciudad debió enterrar 1.048.000 toneladas de basura, pero envió a la Ceamse más del doble: 2.110.122 toneladas. Este año, en diciembre, vence la segunda meta, que establece la reducción del 50 por ciento con respecto al año base, 2004. Lamentablemente, en abril pasado fue superada la cifra de basura que se debía enterrar en todo el año. Las más de 6 mil toneladas diarias enviadas a Ceamse desde mayo hasta diciembre de este año serán el excedente.
El proyecto que terminó concretándose en la Ley 1854, de Basura Cero, surgió en 2004, cuando el colapso de los rellenos del conurbano a los que iba la basura de la Ciudad (y más de 20 municipios del AMBA) obligó a las autoridades a buscar nuevos destinos para los residuos, lo que generó, a su vez, la movilización de vecinos de diferentes partidos del Conurbano que rechazaron ser los nuevos “beneficiarios” del sistema Ceamse.
Aquel contexto de crisis obligó a la Ciudad a pensar en un sistema que le permitiera terminar con la dependencia de otros distritos y mostró, ya entonces, que la población reconoce a los rellenos como fuente de contaminación y pérdida de calidad de vida. Nada de aquel proceso fue aprendido y, a pesar de la existencia de la ley, la situación hoy es la misma, o más grave, debido a la falta de aplicación de políticas tendientes a Basura Cero en un contexto en el que se celebra a la sociedad de consumo como el paraíso. La falta de entendimiento de que el viejo paradigma de gestión de residuos ha eclosionado hace tiempo es la barrera más evidente que tiene el Gobierno de la Ciudad para diseñar políticas tendientes a la reducción progresiva de residuos. Y no son sólo los funcionarios quienes no han captado el cambio y la necesidad de llevar adelante otro tipo de sistemas que no tengan a la tecnología como solución mágica, aunque a ellos les corresponde la tarea de gobernar.
Después de seis años, y a pesar de contar con el presupuesto más abultado del país para tratar los residuos, la gestión sigue siendo pésima. Nada ha cambiado en materia de políticas de manejo de residuos desde 2004, lo que sumado a un incremento en el consumo nos lleva a una situación sumamente crítica.
Con una generación de basura record y muy bajo nivel de recuperación para el reciclado y nula para el compostaje, la Ciudad enfrentará en 2013 la disputa con la provincia, la Nación y los municipios en la búsqueda de espacios para seguir enterrando su basura. Será tiempo de que sus autoridades decidan no seguir siendo rehenes de su propia incapacidad para aplicar la ley en un contexto que se ha vuelto más adverso debido a la falta de políticas serias.
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Alumbrera: por roturas del mineraloducto cambia la traza
Ante las sucesivas roturas, Minera Alumbrera cambia la traza de su ducto por el río Gastona
Fecha de Publicación: 28/10/2012
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Según la Secretaría de Medio Ambiente provincial, la obra tiene como propósito minimizar el riesgo de que el ducto quede expuesto –con el riesgo que esto implica- durante una creciente del río.
El nuevo tramo del mineraloducto está ubicado paralelo al ya existente y es colocado a mayor profundidad respecto al nivel del lecho actual del Gastona, principal río de la ciudad de Concepción, a 98 kilómetros de la capital tucumana.
Hasta la fecha, se conocen al menos doce roturas de este ducto, cuyo vertido afectó cursos de agua naturales como los ríos Vis Vis, Villa Vil, Gastona y el dique Villa Lola en Alpachiri, según denunciaron organizaciones ambientalistas.
La obra en Concepción es de tipo a “cielo abierto”, lo que implica movilizar un importantísimo volumen de material del río. Así la excavación se realiza con taludes a 45 grados, por tratarse de aluvión de río. Cada 3 metros de profundidad de excavación, se construyen bermas de 3 metros de ancho. Esta propuesta permite realizar la tarea de colocación de la tubería, mientras sigue trabajando el transporte de concentrado por el ducto ya existente.
El mineraloducto tiene 316 kilómetros de extensión, desde la explotación minera Bajo La Alumbrera en Catamarca, hasta la planta de filtros ubicada en Cruz del Norte, Ranchillos, Tucumán. Desde esta planta se arrojan desechos al canal pluvial DP2, motivo por el cual la minera mantiene causas en la Justicia Federal por contaminación ambiental a la cuenca Salí-Dulce.
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Fecha de Publicación: 28/10/2012
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Según la Secretaría de Medio Ambiente provincial, la obra tiene como propósito minimizar el riesgo de que el ducto quede expuesto –con el riesgo que esto implica- durante una creciente del río.El nuevo tramo del mineraloducto está ubicado paralelo al ya existente y es colocado a mayor profundidad respecto al nivel del lecho actual del Gastona, principal río de la ciudad de Concepción, a 98 kilómetros de la capital tucumana.
Hasta la fecha, se conocen al menos doce roturas de este ducto, cuyo vertido afectó cursos de agua naturales como los ríos Vis Vis, Villa Vil, Gastona y el dique Villa Lola en Alpachiri, según denunciaron organizaciones ambientalistas.
La obra en Concepción es de tipo a “cielo abierto”, lo que implica movilizar un importantísimo volumen de material del río. Así la excavación se realiza con taludes a 45 grados, por tratarse de aluvión de río. Cada 3 metros de profundidad de excavación, se construyen bermas de 3 metros de ancho. Esta propuesta permite realizar la tarea de colocación de la tubería, mientras sigue trabajando el transporte de concentrado por el ducto ya existente.
El mineraloducto tiene 316 kilómetros de extensión, desde la explotación minera Bajo La Alumbrera en Catamarca, hasta la planta de filtros ubicada en Cruz del Norte, Ranchillos, Tucumán. Desde esta planta se arrojan desechos al canal pluvial DP2, motivo por el cual la minera mantiene causas en la Justicia Federal por contaminación ambiental a la cuenca Salí-Dulce.
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