El 11 de octubre hay audiencia por el Riachuelo
18:07 | 
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Convocan a audiencia pública por el Riachuelo
Fecha de Publicación: 19/09/2012
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia convocó a una nueva audiencia pública para el 11 de octubre próximo con vistas a evaluar el avance del plan de obras en la llamada causa Riachuelo.
Ese día estarán presentes representantes de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, del Estado nacional, de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires y de seis municipios bonaerenses. La decisión de la Corte llegó en medio de los cuestionamientos que se hicieron sobre el juez Luis Antonio Armella, quien supervisa la limpieza del Riachuelo y debe aclarar si ordenó una serie de obras complejas sin licitaciones que le fueron adjudicadas a empresas supuestamente vinculadas a sus allegados.
El 8 de julio del 2008, la Corte Suprema ordenó el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo (fallo "Mendoza y otros") y designó a Armella a cargo de ese largo proceso. Desde ese momento, los cortesanos nunca tuvieron voluntad política de ir a fondo para exigir al Ejecutivo que se cumpla con las obras necesarias.
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Fecha de Publicación: 19/09/2012
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia convocó a una nueva audiencia pública para el 11 de octubre próximo con vistas a evaluar el avance del plan de obras en la llamada causa Riachuelo.
Ese día estarán presentes representantes de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, del Estado nacional, de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires y de seis municipios bonaerenses. La decisión de la Corte llegó en medio de los cuestionamientos que se hicieron sobre el juez Luis Antonio Armella, quien supervisa la limpieza del Riachuelo y debe aclarar si ordenó una serie de obras complejas sin licitaciones que le fueron adjudicadas a empresas supuestamente vinculadas a sus allegados.
El 8 de julio del 2008, la Corte Suprema ordenó el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo (fallo "Mendoza y otros") y designó a Armella a cargo de ese largo proceso. Desde ese momento, los cortesanos nunca tuvieron voluntad política de ir a fondo para exigir al Ejecutivo que se cumpla con las obras necesarias.
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Monsanto entre marchas de repudio y apoyo K
Marcha multitudinaria en contra de Monsanto
Fecha de Publicación: 18/09/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Fue por las calles del Centro de Córdoba. Se movilizaron contra la radicación de una planta de semillas en Malvinas Argentinas.
Miles de personas se movilizaron anoche en la ciudad de Córdoba en contra de la instalación de una planta de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. La marcha comenzó en Colón y Cañada y concluyó con en la ex Plaza Vélez Sársfield.
La movilización es parte de la resistencia de vecinos y grupos ambientalistas a la radicación de una planta para procesar semillas de maíz, en la localidad de Malvinas Argentinas, ubicada 14 kilómetros al este de la Capital provincial. La construcción de dicha empresa estadounidense supone una inversión de 1.500 millones de pesos y la creación de 400 puestos de trabajo.
El plan había sido presentado a la presidenta, Cristina Fernández, en junio pasado, por directivos de la firma. Cuenta con el apoyo del gobernador, José Manuel de la Sota, y el intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani.
La marcha reunió a miles de personas. Los organizadores daban cifras que hablaban de entre cinco mil a 10 mil manifestantes, principalmente jóvenes. Lo que pudo apreciar este diario es que ocupó unas tres cuadras de avenida Vélez Sarsfield.
Hubo una fuerte presencia de organizaciones ambientalistas, dirigentes y militantes de partidos de izquierda y de movimientos sociales, identificados con sus respectivas banderas.
Las principales críticas se apuntaron contra De la Sota, contra Arzani y contra los funcionarios de Agricultura de la Provincia. También había banderas en contra del Gobierno nacional.
Los oradores y las pancartas denunciaban el “peligro de contaminación por la instalación de la planta” y pedían que Monsanto fuera expulsada de América latina.
“Le estamos diciendo no a Monsanto por el currículo que tiene. Si uno se pone a leer desde el inicio de esa empresa, está destinada a crear muerte y contaminación, desde el agente naranja en adelante”, dijo Martín Carranza, del colectivo Paren de Fumigar.
“Otro punto fundamental es que países del primer mundo europeo, como Francia, le han dicho no a la instalación de Monsanto. En un montón de países tienen juicios por contaminación que los han perdido. Por eso decimos no a Monsanto”, agregó.
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Argentina: la Federación Agraria acusó a Yauhar de querer beneficiar a Monsanto
Fecha de Publicación: 18/09/2012
Fuente: Infocampo - Acción por la Biodiversidad
Provincia/Región: Nacional
La Federación Agraria Argentina (FAA) remitió el 10 de septiembre una dura carta al Ministro de Agricultura Norberto Yauhar en la que le anunció que no seguirá participando de las reuniones que impulsa esa Cartera en las que se está discutiendo la modificación a la ley de semillas.
“Bajo la apariencia de una búsqueda de consensos, es una mesa donde priman los intereses de las corporaciones por sobre los de soberanía de nuestra Nación y la de los productores en particular”, dice la nota y agrega: “No podemos convalidar con nuestra presencia la entrega de la soberanía nacional en materia de semillas, ni la consolidación de la propiedad privada sobre la diversidad biológica y el patentamiento de la reproducción natural de las simientes”.
Además, la entidad acusa al ministro de inclinar la discusión "hacia la obtención de la búsqueda de legitimación para un proyecto que beneficie a la empresa Monsanto, pulverizando limitando el derecho de uso propio por parte de los agricultores y legitimando respecto al cobro de regalías extendidas que eternizan y consolidan la concentración de la industria semillera”.
En la misiva, también se remarca que en ningún caso se opone a los desarrollos biotecnológicos, sino a que se beneficie a una o más empresas: “Reiteramos: no convalidaremos con nuestra presencia esta verdadera entrega de la soberanía nacional en el área de semillas ni nos pondremos al servicio de los intereses de los sectores más concentrados de la economía que están siendo los reales ganadores del modelo", aseguró FAA.
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Monsanto, ese incómodo aliado de Cristina
Fecha de Publicación: 18/09/2012
Fuente: Urgente24 - No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
El fabricante de transgénicos y glifosato es una corporación que pone en permanente contradicción al cristinismo. Depende la conveniencia, es amigo o enemigo. La acusa de causar daño en la salud, pero luego celebra sus anuncios de millonarias inversiones. La nueva 'ley de semillas'.
A partir de las 18:00 de este lunes (17/9) agrupaciones ambientalistas y vecinos de la localidad de Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba, se manifiestan en la capital provincial para rechazar la instalación de una planta de semillas de la empresa de origen estadounidense Monsanto en su municipio.
Bajo la consigna "No importa lo bien que lo muestren, Monsanto mata", los manifestates marcharán por el centro cordobés para "hacer visible" su repudio al arribo del fabricante de semillas transgénicas y glifosato. De acuerdo a la convocatoria, participan de la marcha las ONGs Malvinas Lucha por la Vida, Paren de Fumigar, Madres de Barrio Ituzaingó y la Coordinadora por la Sobernía Alimentaria No a Monsanto.
No es la 1ra manifestación contra la empresa de los vecinos de Malvinas Argentinas. A principios de mes las organizaciones ya realizaron un acto de rechazo sobre la ruta 19, donde marcharon hasta el lugar donde se levantará la planta. En el mismo lugar se volvieron a convocar el 10/9.
En cuanto al proyecto malvinense, incluye la ocupación de una campo de 28 hectáreas con una planta de semillas, que pretende ser una de las más grandes del mundo y estaría en operaciones durante la 1ra parte de 2014.
Monsanto es una corporación que pone en permanente contradicción al cristinismo. Depende la conveniencia, es amigo o enemigo. La militancia K insiste con atribuirle una sociedad con Clarín y La Nación cuando quiere desprestigiar a esos diarios. También se acusó a los sectores agropecuarios por el uso del glifosato en sus plantaciones durante el conflicto con el campo en 2008, por el efecto que este agroquímico tendría en la salud y el medioambiente.
Pero hay ocasiones en que se celebran los anuncios de la compañía norteamericana sobre inversiones millonarias en el país. En junio fue la misma presidente Cristina Fernández la que se encargó de anunciar la inversión de $1.800 millones por parte de Monsanto. "La inversión de Monsanto es importantísima y va a ayudar a la concreción de nuestro plan, tanto agroalimentario 20-20, como nuestro plan industrial. Me decía su titular que les había impresionado mucho el apoyo que nuestro Gobierno estaba dando a la ciencia y a la tecnología", dijo la mandataria tras un encuentro privado con las autoridades de la empresa en Nueva York.
El diario oficialista Página12 destacaba que "la ministra de Industria, Débora Giorgi, agregó que la nueva planta para producción de semillas de maíz implica "400 puestos de trabajo más" y destacó que el lugar de emplazamiento del emprendimiento es el barrio Malvinas Argentinas, en Córdoba, algo que ligó con el hecho de que la Presidenta estuviera en Nueva York debido al discurso que dio ante el Comité de Descolonización de la ONU".
Pero, curiosamente, no toda la prensa oficialista está dispuesto a firmarle un cheque en blanco a Monsanto, poniendo de manifiesto esa contradicción existente en el cristinismo respecto al fabricante de semillas. Apenas un día después de la crónica de Página12, un artículo del diario Tiempo Argentino alertaba sobre la falta de control de los agroquímicos de Monsanto y Nidera por parte del organismo oficial competente, el Senasa, y que eran las mismas compañías las que certificaban sus pesticidas.
La nota firmada por Manuel Alfieri señalaba que "los laboratorios que realizan las evaluaciones paradeterminar la toxicidad de los agro-químicos que se utilizan en nuestro país están directamente vinculados o son las mismas empresas que producen y comercializan pesticidas", y agrega: "Sí, los laboratorios Monsanto realizan los ensayos toxicológicosque establecen si los productos de la empresa Monsanto SA –entreellos, el glifosato, denunciado porcontaminar el medio ambiente y atentar contra la salud de las personas– pueden diseminarse en los campos argentinos".
En la misma nota del diario al que nunca podría acusarse de anti-cristinista se entrevistaba a al especialista Claudio Lowy, quien abundaba sobre el rol del Senasa. "El SENASA no realiza ensayos de toxicidad de los pesticidas, sinoque evalúa los ensayos ya realizados porlos laboratorios habilitados. Esos laboratorios no son indepe-dientes, porque están vinculados o son lasmismas empresas que producen y comercializan pesticidas, como Monsanto y Nidera. Osea, son juez y parte", dijo el Lowy, un ingeniero forestal y experto en desarrollo sustentable.
No obstante, la alianza, incómoda, del Gobierno Nacional con el productor de transgénicos parece tener una meta clara. Recientemente el Ejecutivo le autorizó a Monsanto comercializar en el país un nuevo tipo de semilla, la 'Intacta RR2 PRO'. Se trata de una semilla homologada, es decir certificada por la misma empresa.
Esto le permitiría al fisco tener una mayor control sobre la producción de granos, especialmente de la soja, reduciendo los niveles de evasión. Caber recordar que el Estado argentino recauda US$ 12.000 millones por año en concepto de retenciones a las exportaciones de soja, casi el 9% de la recaudación total.
En este marco comenzará a tratarse una nueva 'Ley de Semillas' que apunta a reconocerle la "autoría" a los fabricantes de las mismas. Es un proyecto que impulsa el Gobierno Nacional através del ministerio de Agricultura. Con esta ley los productores agrícolas deberían pagarle regalías a los fabricantes de semillas, como Monsanto.
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Fecha de Publicación: 18/09/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Fue por las calles del Centro de Córdoba. Se movilizaron contra la radicación de una planta de semillas en Malvinas Argentinas.Miles de personas se movilizaron anoche en la ciudad de Córdoba en contra de la instalación de una planta de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. La marcha comenzó en Colón y Cañada y concluyó con en la ex Plaza Vélez Sársfield.
La movilización es parte de la resistencia de vecinos y grupos ambientalistas a la radicación de una planta para procesar semillas de maíz, en la localidad de Malvinas Argentinas, ubicada 14 kilómetros al este de la Capital provincial. La construcción de dicha empresa estadounidense supone una inversión de 1.500 millones de pesos y la creación de 400 puestos de trabajo.
El plan había sido presentado a la presidenta, Cristina Fernández, en junio pasado, por directivos de la firma. Cuenta con el apoyo del gobernador, José Manuel de la Sota, y el intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani.
La marcha reunió a miles de personas. Los organizadores daban cifras que hablaban de entre cinco mil a 10 mil manifestantes, principalmente jóvenes. Lo que pudo apreciar este diario es que ocupó unas tres cuadras de avenida Vélez Sarsfield.
Hubo una fuerte presencia de organizaciones ambientalistas, dirigentes y militantes de partidos de izquierda y de movimientos sociales, identificados con sus respectivas banderas.
Las principales críticas se apuntaron contra De la Sota, contra Arzani y contra los funcionarios de Agricultura de la Provincia. También había banderas en contra del Gobierno nacional.
Los oradores y las pancartas denunciaban el “peligro de contaminación por la instalación de la planta” y pedían que Monsanto fuera expulsada de América latina.
“Le estamos diciendo no a Monsanto por el currículo que tiene. Si uno se pone a leer desde el inicio de esa empresa, está destinada a crear muerte y contaminación, desde el agente naranja en adelante”, dijo Martín Carranza, del colectivo Paren de Fumigar.
“Otro punto fundamental es que países del primer mundo europeo, como Francia, le han dicho no a la instalación de Monsanto. En un montón de países tienen juicios por contaminación que los han perdido. Por eso decimos no a Monsanto”, agregó.
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Argentina: la Federación Agraria acusó a Yauhar de querer beneficiar a Monsanto
Fecha de Publicación: 18/09/2012
Fuente: Infocampo - Acción por la Biodiversidad
Provincia/Región: Nacional
La Federación Agraria Argentina (FAA) remitió el 10 de septiembre una dura carta al Ministro de Agricultura Norberto Yauhar en la que le anunció que no seguirá participando de las reuniones que impulsa esa Cartera en las que se está discutiendo la modificación a la ley de semillas.
“Bajo la apariencia de una búsqueda de consensos, es una mesa donde priman los intereses de las corporaciones por sobre los de soberanía de nuestra Nación y la de los productores en particular”, dice la nota y agrega: “No podemos convalidar con nuestra presencia la entrega de la soberanía nacional en materia de semillas, ni la consolidación de la propiedad privada sobre la diversidad biológica y el patentamiento de la reproducción natural de las simientes”.
Además, la entidad acusa al ministro de inclinar la discusión "hacia la obtención de la búsqueda de legitimación para un proyecto que beneficie a la empresa Monsanto, pulverizando limitando el derecho de uso propio por parte de los agricultores y legitimando respecto al cobro de regalías extendidas que eternizan y consolidan la concentración de la industria semillera”.
En la misiva, también se remarca que en ningún caso se opone a los desarrollos biotecnológicos, sino a que se beneficie a una o más empresas: “Reiteramos: no convalidaremos con nuestra presencia esta verdadera entrega de la soberanía nacional en el área de semillas ni nos pondremos al servicio de los intereses de los sectores más concentrados de la economía que están siendo los reales ganadores del modelo", aseguró FAA.
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Monsanto, ese incómodo aliado de Cristina
Fecha de Publicación: 18/09/2012
Fuente: Urgente24 - No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
El fabricante de transgénicos y glifosato es una corporación que pone en permanente contradicción al cristinismo. Depende la conveniencia, es amigo o enemigo. La acusa de causar daño en la salud, pero luego celebra sus anuncios de millonarias inversiones. La nueva 'ley de semillas'.
A partir de las 18:00 de este lunes (17/9) agrupaciones ambientalistas y vecinos de la localidad de Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba, se manifiestan en la capital provincial para rechazar la instalación de una planta de semillas de la empresa de origen estadounidense Monsanto en su municipio.
Bajo la consigna "No importa lo bien que lo muestren, Monsanto mata", los manifestates marcharán por el centro cordobés para "hacer visible" su repudio al arribo del fabricante de semillas transgénicas y glifosato. De acuerdo a la convocatoria, participan de la marcha las ONGs Malvinas Lucha por la Vida, Paren de Fumigar, Madres de Barrio Ituzaingó y la Coordinadora por la Sobernía Alimentaria No a Monsanto.
No es la 1ra manifestación contra la empresa de los vecinos de Malvinas Argentinas. A principios de mes las organizaciones ya realizaron un acto de rechazo sobre la ruta 19, donde marcharon hasta el lugar donde se levantará la planta. En el mismo lugar se volvieron a convocar el 10/9.
En cuanto al proyecto malvinense, incluye la ocupación de una campo de 28 hectáreas con una planta de semillas, que pretende ser una de las más grandes del mundo y estaría en operaciones durante la 1ra parte de 2014.
Monsanto es una corporación que pone en permanente contradicción al cristinismo. Depende la conveniencia, es amigo o enemigo. La militancia K insiste con atribuirle una sociedad con Clarín y La Nación cuando quiere desprestigiar a esos diarios. También se acusó a los sectores agropecuarios por el uso del glifosato en sus plantaciones durante el conflicto con el campo en 2008, por el efecto que este agroquímico tendría en la salud y el medioambiente.
Pero hay ocasiones en que se celebran los anuncios de la compañía norteamericana sobre inversiones millonarias en el país. En junio fue la misma presidente Cristina Fernández la que se encargó de anunciar la inversión de $1.800 millones por parte de Monsanto. "La inversión de Monsanto es importantísima y va a ayudar a la concreción de nuestro plan, tanto agroalimentario 20-20, como nuestro plan industrial. Me decía su titular que les había impresionado mucho el apoyo que nuestro Gobierno estaba dando a la ciencia y a la tecnología", dijo la mandataria tras un encuentro privado con las autoridades de la empresa en Nueva York.
El diario oficialista Página12 destacaba que "la ministra de Industria, Débora Giorgi, agregó que la nueva planta para producción de semillas de maíz implica "400 puestos de trabajo más" y destacó que el lugar de emplazamiento del emprendimiento es el barrio Malvinas Argentinas, en Córdoba, algo que ligó con el hecho de que la Presidenta estuviera en Nueva York debido al discurso que dio ante el Comité de Descolonización de la ONU".
Pero, curiosamente, no toda la prensa oficialista está dispuesto a firmarle un cheque en blanco a Monsanto, poniendo de manifiesto esa contradicción existente en el cristinismo respecto al fabricante de semillas. Apenas un día después de la crónica de Página12, un artículo del diario Tiempo Argentino alertaba sobre la falta de control de los agroquímicos de Monsanto y Nidera por parte del organismo oficial competente, el Senasa, y que eran las mismas compañías las que certificaban sus pesticidas.
La nota firmada por Manuel Alfieri señalaba que "los laboratorios que realizan las evaluaciones paradeterminar la toxicidad de los agro-químicos que se utilizan en nuestro país están directamente vinculados o son las mismas empresas que producen y comercializan pesticidas", y agrega: "Sí, los laboratorios Monsanto realizan los ensayos toxicológicosque establecen si los productos de la empresa Monsanto SA –entreellos, el glifosato, denunciado porcontaminar el medio ambiente y atentar contra la salud de las personas– pueden diseminarse en los campos argentinos".
En la misma nota del diario al que nunca podría acusarse de anti-cristinista se entrevistaba a al especialista Claudio Lowy, quien abundaba sobre el rol del Senasa. "El SENASA no realiza ensayos de toxicidad de los pesticidas, sinoque evalúa los ensayos ya realizados porlos laboratorios habilitados. Esos laboratorios no son indepe-dientes, porque están vinculados o son lasmismas empresas que producen y comercializan pesticidas, como Monsanto y Nidera. Osea, son juez y parte", dijo el Lowy, un ingeniero forestal y experto en desarrollo sustentable.
No obstante, la alianza, incómoda, del Gobierno Nacional con el productor de transgénicos parece tener una meta clara. Recientemente el Ejecutivo le autorizó a Monsanto comercializar en el país un nuevo tipo de semilla, la 'Intacta RR2 PRO'. Se trata de una semilla homologada, es decir certificada por la misma empresa.
Esto le permitiría al fisco tener una mayor control sobre la producción de granos, especialmente de la soja, reduciendo los niveles de evasión. Caber recordar que el Estado argentino recauda US$ 12.000 millones por año en concepto de retenciones a las exportaciones de soja, casi el 9% de la recaudación total.
En este marco comenzará a tratarse una nueva 'Ley de Semillas' que apunta a reconocerle la "autoría" a los fabricantes de las mismas. Es un proyecto que impulsa el Gobierno Nacional através del ministerio de Agricultura. Con esta ley los productores agrícolas deberían pagarle regalías a los fabricantes de semillas, como Monsanto.
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La Angostura desmontaría para dos countries
Denuncian la violación de la Ley de Bosques en Villa La Angostura
Fecha de Publicación: 18/09/2012
Fuente: Bariloche Opina
Provincia/Región: Neuquén
Greenpeace reclamó hoy a las empresas Cerro Bayo SA y EIDICO SA la cancelación urgente y definitiva de los proyectos urbanísticos que llevan adelante en Villa La Angostura (1). Los ambientalistas denuncian que los emprendimientos violan la Ley nacional 26.331 de Bosques Nativos. Las empresas planean la construcción de por los menos dos mega-countries y una cancha de golf en el Cerro Bayo, por los que desmontarán más de 1.000 hectáreas de bosques patagónicos. El área, valiosa en biodiversidad, es una de las mejores conservadas del país con árboles de más de 100 años.
Diez escaladores de Greenpeace desplegaron un cartel con el lema “El bosque no se vende” desde el puente de la ruta 231 sobre el río Correntoso (2), frente a los proyectos urbanísticos de EIDICO S.A. y Cerro Bayo S.A., para denunciar que las empresas ya han realizado el loteo para la venta de predios que claramente están en zonas protegidas por ley, y para reclamar la cancelación definitiva de los proyectos.
“Nos sumamos al reclamo de los vecinos de Villa La Angostura por el cumplimiento efectivo de la Ley 26.331 y por la protección del bosque. Las empresas deben cesar en su intento de evadir la normativa vigente y retirar sus proyectos. Asimismo, las autoridades locales tienen que reglamentar la Ley provincial respetando los criterios ambientales establecidos por la norma, sin intentar favorecer a las empresas” señaló María Eugenia Testa, Directora Política de Greenpeace.
Los proyectos “Cerro Bayo Village”, “Chacras del Correntoso” y “Cerro Bayo Golf” se encuentran ubicados mayormente en áreas en las cuales está prohibido el desmonte, ya sea para agricultura, ganadería o emprendimientos inmobiliarios, según las categorías I (Rojo) y II (Amarillo) de la Ley de Bosques y del Ordenamiento Territorial realizado por la provincia (3). No obstante, la empresa ya ha ofrecido lotes a la venta y no ha cancelado definitivamente el proyecto.
“En varias oportunidades y frente a presiones que intentaron vulnerar el medio ambiente o la decisión de ser una Aldea de Montaña, nuestra comunidad tuvo la constante vocación por autoconvocarse. Desde 2007 hemos estado abocados a la defensa de nuestro bosque nativo andino patagónico frente al embate de empresas y gobiernos que pretenden urbanizarlo”, señaló Emilia Eldelstein, de la ONG local Alerta Angostura.
Villa La Angostura es la parte de la zona centro-norte de la región del bosque andino patagónico, una de las últimas reservas mundiales de bosques templados con poca alteración por intervención del hombre y valiosa biodiversidad, además es uno de los biomas argentinos mejores conservados. En los últimos años, el avance de los desmontes para nuevos proyectos urbanísticos está produciendo un retroceso de la flora y la fauna en toda la región.
“Es imprescindible que las autoridades sean las garantes del cumplimiento de la ley. Los beneficios económicos de las empresas no pueden estar por sobre la legislación vigente, los derechos de los vecinos de La Angostura, ni por sobre la protección de un ecosistema de las características del bosque patagónico”, finalizó Testa.
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Fecha de Publicación: 18/09/2012
Fuente: Bariloche Opina
Provincia/Región: Neuquén
Greenpeace reclamó hoy a las empresas Cerro Bayo SA y EIDICO SA la cancelación urgente y definitiva de los proyectos urbanísticos que llevan adelante en Villa La Angostura (1). Los ambientalistas denuncian que los emprendimientos violan la Ley nacional 26.331 de Bosques Nativos. Las empresas planean la construcción de por los menos dos mega-countries y una cancha de golf en el Cerro Bayo, por los que desmontarán más de 1.000 hectáreas de bosques patagónicos. El área, valiosa en biodiversidad, es una de las mejores conservadas del país con árboles de más de 100 años.Diez escaladores de Greenpeace desplegaron un cartel con el lema “El bosque no se vende” desde el puente de la ruta 231 sobre el río Correntoso (2), frente a los proyectos urbanísticos de EIDICO S.A. y Cerro Bayo S.A., para denunciar que las empresas ya han realizado el loteo para la venta de predios que claramente están en zonas protegidas por ley, y para reclamar la cancelación definitiva de los proyectos.
“Nos sumamos al reclamo de los vecinos de Villa La Angostura por el cumplimiento efectivo de la Ley 26.331 y por la protección del bosque. Las empresas deben cesar en su intento de evadir la normativa vigente y retirar sus proyectos. Asimismo, las autoridades locales tienen que reglamentar la Ley provincial respetando los criterios ambientales establecidos por la norma, sin intentar favorecer a las empresas” señaló María Eugenia Testa, Directora Política de Greenpeace.
Los proyectos “Cerro Bayo Village”, “Chacras del Correntoso” y “Cerro Bayo Golf” se encuentran ubicados mayormente en áreas en las cuales está prohibido el desmonte, ya sea para agricultura, ganadería o emprendimientos inmobiliarios, según las categorías I (Rojo) y II (Amarillo) de la Ley de Bosques y del Ordenamiento Territorial realizado por la provincia (3). No obstante, la empresa ya ha ofrecido lotes a la venta y no ha cancelado definitivamente el proyecto.
“En varias oportunidades y frente a presiones que intentaron vulnerar el medio ambiente o la decisión de ser una Aldea de Montaña, nuestra comunidad tuvo la constante vocación por autoconvocarse. Desde 2007 hemos estado abocados a la defensa de nuestro bosque nativo andino patagónico frente al embate de empresas y gobiernos que pretenden urbanizarlo”, señaló Emilia Eldelstein, de la ONG local Alerta Angostura.
Villa La Angostura es la parte de la zona centro-norte de la región del bosque andino patagónico, una de las últimas reservas mundiales de bosques templados con poca alteración por intervención del hombre y valiosa biodiversidad, además es uno de los biomas argentinos mejores conservados. En los últimos años, el avance de los desmontes para nuevos proyectos urbanísticos está produciendo un retroceso de la flora y la fauna en toda la región.
“Es imprescindible que las autoridades sean las garantes del cumplimiento de la ley. Los beneficios económicos de las empresas no pueden estar por sobre la legislación vigente, los derechos de los vecinos de La Angostura, ni por sobre la protección de un ecosistema de las características del bosque patagónico”, finalizó Testa.
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La ley de minería de Mendoza sin definición
Se dilataría la definición de la ley 7.722
Fecha de Publicación: 18/09/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Es la norma que prohíbe la utilización de sustancias contaminantes en la minería metalífera y que ha acumulado once recursos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte. En los próximos días podría haber una respuesta del Gobierno por el proyecto San Jorge.
Ayer arrancó la presión de los sectores ambientalistas para que la Suprema Corte de Justicia rechace los pedidos de inconstitucionalidad a la Ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en la actividad minera metalífera.
Las organizaciones sociales llegaron a la explanada del Poder Judicial con las fotos de los jueces que deberán resolver las causas. Pese a que Mario Adaro, uno de los miembros que integra la Sala II, la que deberá resolver los planteos, le pidió al presidente de la sala, Herman Salvini y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Llorente, que el fallo se resuelva en un plenario por la magnitud del tema, la decisión de los magistrados sería la de estirar la resolución lo más que se pueda, según sostuvieron desde el Palacio de Justicia.
“A nadie le conviene resolverlo ahora”, plantearon desde el tercer poder republicano. Lo mismo piensan en el Ejecutivo: “No es un tema para tratarlo ahora”.
Por su parte, Adaro aseguró que “la resolución llevará su tiempo” y que, en este momento, se están considerando las pruebas. “Yo sugerí lo del plenario. Es el presidente de la sala o el procurador quienes pueden pedir que las causas se resuelvan en plenario y no en la sala. En noviembre me toca a mí presidir la sala y, si aún no se ha resuelto el tema, voy a pedir el plenario”, continuó el magistrado.
El tema es que si no se resuelve este año, los once planteos de inconstitucionalidad de la ley “antiminería” pasarán al 2013, año electoral y año en el que nadie querrá quedar pegado al tema que desvela a la dirigencia política por el impacto social que este acarrea. De hecho, el gobernador Francisco Pérez ya empezó a desactivar las bombas de la minería.
Primero lo hizo cuando era candidato a gobernador por el PJ con el proyecto original San Jorge que extraería oro y cobre en Uspallata; después hizo callar a los intendentes que pedían a gritos por la instalación de la minería y las últimas señales del gobernador fueron desautorizar al intendente de Malargüe, Juan Carlos Agülles, quien presentó en Casa de Gobierno un borrador para modificar la 7.722 y evitar que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) pase por la Legislatura.
“Mi compromiso es mantener la vigencia de la 7.722”, le contestó el mandatario al malargüino, quien después de la respuesta de Pérez decidió bajar el perfil. Ayer, Agülles dijo a Los Andes: “No tenemos fecha de presentación. Estamos haciendo conocer” el borrador”.
No obstante, además de la resolución de la inconstitucionalidad o no de la ley que está en manos de la Corte, entre esta semana y la que viene el Ejecutivo provincial deberá dar respuesta a la minera San Jorge, quien hace casi 30 días hábiles renovó el proyecto previendo que la extracción de los minerales se haga en Mendoza y que el tratamiento de ellos se realice en San Juan.
Con este contexto, las organizaciones ambientales como la Asamblea Popular por el Agua comenzaron a activarse ayer al mediodía. “Una vez más, nos reunimos para defender la ley del pueblo, nuestra ley. En esta ocasión, nos concentraremos el 17, 18 y 19 de setiembre en la explanada del Poder Judicial. Queremos también demostrarles a los jueces, gobernantes y legisladores que no vamos a permitir que los intereses económicos de las transnacionales mineras se impongan frente las necesidades de las actuales y las futuras generaciones.Varias empresas megamineras han presentado pedidos de inconstitucionalidad de la ley 7.722, aduciendo que esta ley es discriminatoria con sus actividades. Jueces, escuchen al pueblo, Mendoza ya decidió: ¡No a la megaminería”, dice parte del comunicado que emitió la entidad.
Según Paula Ferreira, “en el Poder Judicial aún no deciden si se resolverán todas las causas en conjunto o en forma individual y aún no se ha pedido que el tema se trate en el plenario. Todo esto está demorando la discusión. Esta es la primera de muchas movilizaciones sociales que están organizando”, continuó la activista.
Por su parte, desde la oposición se consideró que “a resolución del tema tendrá marcada incidencia en la provincia ya que marcará el rumbo respecto de la minería. Por eso es que el asunto puede demorarse”, concluyó el titular del bloque de Senadores de la UCR, Armando Camerucci.
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Fecha de Publicación: 18/09/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
Es la norma que prohíbe la utilización de sustancias contaminantes en la minería metalífera y que ha acumulado once recursos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte. En los próximos días podría haber una respuesta del Gobierno por el proyecto San Jorge.
Ayer arrancó la presión de los sectores ambientalistas para que la Suprema Corte de Justicia rechace los pedidos de inconstitucionalidad a la Ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en la actividad minera metalífera.
Las organizaciones sociales llegaron a la explanada del Poder Judicial con las fotos de los jueces que deberán resolver las causas. Pese a que Mario Adaro, uno de los miembros que integra la Sala II, la que deberá resolver los planteos, le pidió al presidente de la sala, Herman Salvini y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Llorente, que el fallo se resuelva en un plenario por la magnitud del tema, la decisión de los magistrados sería la de estirar la resolución lo más que se pueda, según sostuvieron desde el Palacio de Justicia.
“A nadie le conviene resolverlo ahora”, plantearon desde el tercer poder republicano. Lo mismo piensan en el Ejecutivo: “No es un tema para tratarlo ahora”.
Por su parte, Adaro aseguró que “la resolución llevará su tiempo” y que, en este momento, se están considerando las pruebas. “Yo sugerí lo del plenario. Es el presidente de la sala o el procurador quienes pueden pedir que las causas se resuelvan en plenario y no en la sala. En noviembre me toca a mí presidir la sala y, si aún no se ha resuelto el tema, voy a pedir el plenario”, continuó el magistrado.
El tema es que si no se resuelve este año, los once planteos de inconstitucionalidad de la ley “antiminería” pasarán al 2013, año electoral y año en el que nadie querrá quedar pegado al tema que desvela a la dirigencia política por el impacto social que este acarrea. De hecho, el gobernador Francisco Pérez ya empezó a desactivar las bombas de la minería.
Primero lo hizo cuando era candidato a gobernador por el PJ con el proyecto original San Jorge que extraería oro y cobre en Uspallata; después hizo callar a los intendentes que pedían a gritos por la instalación de la minería y las últimas señales del gobernador fueron desautorizar al intendente de Malargüe, Juan Carlos Agülles, quien presentó en Casa de Gobierno un borrador para modificar la 7.722 y evitar que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) pase por la Legislatura.
“Mi compromiso es mantener la vigencia de la 7.722”, le contestó el mandatario al malargüino, quien después de la respuesta de Pérez decidió bajar el perfil. Ayer, Agülles dijo a Los Andes: “No tenemos fecha de presentación. Estamos haciendo conocer” el borrador”.
No obstante, además de la resolución de la inconstitucionalidad o no de la ley que está en manos de la Corte, entre esta semana y la que viene el Ejecutivo provincial deberá dar respuesta a la minera San Jorge, quien hace casi 30 días hábiles renovó el proyecto previendo que la extracción de los minerales se haga en Mendoza y que el tratamiento de ellos se realice en San Juan.
Con este contexto, las organizaciones ambientales como la Asamblea Popular por el Agua comenzaron a activarse ayer al mediodía. “Una vez más, nos reunimos para defender la ley del pueblo, nuestra ley. En esta ocasión, nos concentraremos el 17, 18 y 19 de setiembre en la explanada del Poder Judicial. Queremos también demostrarles a los jueces, gobernantes y legisladores que no vamos a permitir que los intereses económicos de las transnacionales mineras se impongan frente las necesidades de las actuales y las futuras generaciones.Varias empresas megamineras han presentado pedidos de inconstitucionalidad de la ley 7.722, aduciendo que esta ley es discriminatoria con sus actividades. Jueces, escuchen al pueblo, Mendoza ya decidió: ¡No a la megaminería”, dice parte del comunicado que emitió la entidad.
Según Paula Ferreira, “en el Poder Judicial aún no deciden si se resolverán todas las causas en conjunto o en forma individual y aún no se ha pedido que el tema se trate en el plenario. Todo esto está demorando la discusión. Esta es la primera de muchas movilizaciones sociales que están organizando”, continuó la activista.
Por su parte, desde la oposición se consideró que “a resolución del tema tendrá marcada incidencia en la provincia ya que marcará el rumbo respecto de la minería. Por eso es que el asunto puede demorarse”, concluyó el titular del bloque de Senadores de la UCR, Armando Camerucci.
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Recién ahora haran el EsIA de Sierra Pintada
Estudio de impacto ambiental de Sierra Pintada
Fecha de Publicación: 17/09/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
En dos meses podría presentar la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el estudio de impacto ambiental para la remediación de las colas de uranio del Complejo Minero Fabril Sierra Pintada, ubicado en el departamento de San Rafael, y el año que viene comenzarían las actividades de remediación.
Así lo informó el secretario de Ambiente del gobierno de Mendoza, Marcos Zandomeni, tras una inspección al complejo en forma conjunta con el juez federal Eduardo Puigdéngolas, y representantes del Departamento General de Irrigación, la dirección de Minería y la de Recursos Naturales, además de la Municipalidad de San Rafael y de la CNEA.
Zandomeni informó que en dos meses la CNEA presentará el estudio de impacto ambiental para la remediación de las colas de uranio y que será evaluado por los organismo intervinientes de modo tal que el año próximo se inicie con las actividades de remediación.
Además señaló que se acordaron y concertaron los procesos de monitoreo y ensayos necesarios para garantizar la seguridad en el dique DN3B que es el que recibe los líquidos del dique pulmón y efluentes.
De este modo se verificó que no hay pérdidas y que los taludes funcionan correctamente en donde se encontrara un corte en la membrana geotextil.
Cabe recordar que tras la difusión de una filtración ocurrida en marzo en uno de los diques de remediación en Sierra Pintada, hecho que fue corroborado luego por las autoridades de la CNEA junto con la información sobre su reparación, trascendió que los trabajos de remediación en el complejo estaban detenidos.
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Fecha de Publicación: 17/09/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Mendoza
En dos meses podría presentar la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el estudio de impacto ambiental para la remediación de las colas de uranio del Complejo Minero Fabril Sierra Pintada, ubicado en el departamento de San Rafael, y el año que viene comenzarían las actividades de remediación.Así lo informó el secretario de Ambiente del gobierno de Mendoza, Marcos Zandomeni, tras una inspección al complejo en forma conjunta con el juez federal Eduardo Puigdéngolas, y representantes del Departamento General de Irrigación, la dirección de Minería y la de Recursos Naturales, además de la Municipalidad de San Rafael y de la CNEA.
Zandomeni informó que en dos meses la CNEA presentará el estudio de impacto ambiental para la remediación de las colas de uranio y que será evaluado por los organismo intervinientes de modo tal que el año próximo se inicie con las actividades de remediación.
Además señaló que se acordaron y concertaron los procesos de monitoreo y ensayos necesarios para garantizar la seguridad en el dique DN3B que es el que recibe los líquidos del dique pulmón y efluentes.
De este modo se verificó que no hay pérdidas y que los taludes funcionan correctamente en donde se encontrara un corte en la membrana geotextil.
Cabe recordar que tras la difusión de una filtración ocurrida en marzo en uno de los diques de remediación en Sierra Pintada, hecho que fue corroborado luego por las autoridades de la CNEA junto con la información sobre su reparación, trascendió que los trabajos de remediación en el complejo estaban detenidos.
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Los reclamos antimineros en Argentina
Reclamos antimineros
Fecha de Publicación: 17/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Chubut fue un punto de inflexión en la lucha contra la megaminería en Argentina. En 2002 y 2003 se realizaron masivas movilizaciones contra la actividad extractiva, con epicentro en Esquel, donde –plebiscito incluido– se rechazó la instalación de una minera que pretendía extraer oro y se logró aprobar una ley (la 5001) que prohíbe la actividad en la provincia. Una década después, una decena de ciudades de Chubut están movilizadas por el intento del gobierno provincial de aprobar una nueva ley que habilita el avance de las empresas mineras. “En 2003 no había licencia social de la población. Hoy el rechazo a la megaminería es aún mayor, es rotundo en toda la provincia”, afirmó Alejandro Corbeletto, de la asamblea de Esquel.
La ley 5001 prohíbe la actividad minera en Chubut. En diciembre pasado, el gobernador Martín Buzzi hizo pública su intención de modificar la ley y “zonificar” la provincia para permitir la actividad en “zonas de sacrificio”.
El 4 de enero hubo una masiva movilización por las calles de Esquel, en la que participaron también comunidades mapuche-tehuelches, asambleas ambientales de Trevelin, Puerto Madryn y Río Mayo. En mayo, comunidades indígenas y pobladores de la meseta marcharon desde Gan Gan hasta Trelew. Rechazaron la avanzada de la empresa Pan American Silver del proyecto de plata y plomo llamado Navidad, que –denuncian– viola la legislación de protección indígena. Se repitieron las marchas en junio y julio.
El gobernador Buzzi se sumó en febrero a la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), donde participa el gobierno nacional y todas las provincias que impulsan la actividad. En mayo, el gobernador hizo público el proyecto de ley, donde de manera explícita se habilita la minería en la meseta y la costa y deja abierta la posibilidad de explotar la zona de la cordillera. En junio el proyecto fue presentado en la legislatura provincial y de inmediato girado a comisiones.
El 4 de agosto hubo marchas masivas en Trelew, Comodoro Rivadavia y Esquel. El 4 de septiembre, en Esquel marcharon más de mil personas y también hubo movilizaciones en Lago Puelo, Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia.
Mañana marcharán desde la cordillera, meseta y costa hasta la legislatura provincial en Rawson y acamparán durante tres días. “Grandes corporaciones transnacionales esperan sigilosas el resultado de la provocadora apuesta del gobierno de Buzzi. Decenas de megaproyectos están en la línea de largada. El yacimiento Navidad, de la canadiense Pan American Silver, es quizá el más emblemático”, denunció la Unión de Asambleas de Chubut y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace).
Romina Krebs, de la Asamblea de Vecinos de Rawson, explicó que los legisladores “están divididos” respecto del proyecto y, en cambio, “las comunidades están unidas y rechazan” la megaminería. “Los tres días de acampe son un paso más en un año de movilizaciones y actividades que les recuerdan al gobernador y a los legisladores que no queremos megaminería”, afirmó Krebs.
En San Luis está vigente, desde octubre de 2008, la Ley de Preservación y Restauración Ambiental del Sector Minero, que prohíbe el uso de sustancias químicas contaminantes en todas las etapas de la minería metalífera. Sin embargo, la Dirección de Minería de San Luis avanza con la exploración de oro en las Sierras Centrales con doce proyectos mineros. En ese cordón montañoso nacen las vertientes que proveen el 80 por ciento del agua que se utiliza en la provincia. Incluso el gobierno provincial sancionó en 2010 una ley que declara “zona protegida” a las sierras ahora exploradas por las empresas mineras. Ya explicitaron su rechazo la Asamblea para la Protección de Aguas y Tierras Argentinas (Apata), la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de San Luis, la intendenta de La Carolina (Ingrid Blumencweig), entre otros.
En la Argentina existen seis provincias que prohíben o limitan diversos aspectos de la minería metalífera a cielo abierto: Chubut, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis y Córdoba. La Rioja y Río Negro también habían prohibido la actividad.
Corbeletto, asambleísta de Esquel, apuntó a la política macro: “En la conformación de la Ofemi se explicitó que quieren derogar todas las leyes que frenan la megaminería, es una política de Estado, pero somos muchos los pueblos y ciudades que ya decidimos otro futuro. Las empresas extractivas tienen como aliados a los gobiernos, pero no a los pueblos”.
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Fecha de Publicación: 17/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Chubut fue un punto de inflexión en la lucha contra la megaminería en Argentina. En 2002 y 2003 se realizaron masivas movilizaciones contra la actividad extractiva, con epicentro en Esquel, donde –plebiscito incluido– se rechazó la instalación de una minera que pretendía extraer oro y se logró aprobar una ley (la 5001) que prohíbe la actividad en la provincia. Una década después, una decena de ciudades de Chubut están movilizadas por el intento del gobierno provincial de aprobar una nueva ley que habilita el avance de las empresas mineras. “En 2003 no había licencia social de la población. Hoy el rechazo a la megaminería es aún mayor, es rotundo en toda la provincia”, afirmó Alejandro Corbeletto, de la asamblea de Esquel.
La ley 5001 prohíbe la actividad minera en Chubut. En diciembre pasado, el gobernador Martín Buzzi hizo pública su intención de modificar la ley y “zonificar” la provincia para permitir la actividad en “zonas de sacrificio”.
El 4 de enero hubo una masiva movilización por las calles de Esquel, en la que participaron también comunidades mapuche-tehuelches, asambleas ambientales de Trevelin, Puerto Madryn y Río Mayo. En mayo, comunidades indígenas y pobladores de la meseta marcharon desde Gan Gan hasta Trelew. Rechazaron la avanzada de la empresa Pan American Silver del proyecto de plata y plomo llamado Navidad, que –denuncian– viola la legislación de protección indígena. Se repitieron las marchas en junio y julio.
El gobernador Buzzi se sumó en febrero a la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), donde participa el gobierno nacional y todas las provincias que impulsan la actividad. En mayo, el gobernador hizo público el proyecto de ley, donde de manera explícita se habilita la minería en la meseta y la costa y deja abierta la posibilidad de explotar la zona de la cordillera. En junio el proyecto fue presentado en la legislatura provincial y de inmediato girado a comisiones.
El 4 de agosto hubo marchas masivas en Trelew, Comodoro Rivadavia y Esquel. El 4 de septiembre, en Esquel marcharon más de mil personas y también hubo movilizaciones en Lago Puelo, Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia.
Mañana marcharán desde la cordillera, meseta y costa hasta la legislatura provincial en Rawson y acamparán durante tres días. “Grandes corporaciones transnacionales esperan sigilosas el resultado de la provocadora apuesta del gobierno de Buzzi. Decenas de megaproyectos están en la línea de largada. El yacimiento Navidad, de la canadiense Pan American Silver, es quizá el más emblemático”, denunció la Unión de Asambleas de Chubut y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace).
Romina Krebs, de la Asamblea de Vecinos de Rawson, explicó que los legisladores “están divididos” respecto del proyecto y, en cambio, “las comunidades están unidas y rechazan” la megaminería. “Los tres días de acampe son un paso más en un año de movilizaciones y actividades que les recuerdan al gobernador y a los legisladores que no queremos megaminería”, afirmó Krebs.
En San Luis está vigente, desde octubre de 2008, la Ley de Preservación y Restauración Ambiental del Sector Minero, que prohíbe el uso de sustancias químicas contaminantes en todas las etapas de la minería metalífera. Sin embargo, la Dirección de Minería de San Luis avanza con la exploración de oro en las Sierras Centrales con doce proyectos mineros. En ese cordón montañoso nacen las vertientes que proveen el 80 por ciento del agua que se utiliza en la provincia. Incluso el gobierno provincial sancionó en 2010 una ley que declara “zona protegida” a las sierras ahora exploradas por las empresas mineras. Ya explicitaron su rechazo la Asamblea para la Protección de Aguas y Tierras Argentinas (Apata), la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de San Luis, la intendenta de La Carolina (Ingrid Blumencweig), entre otros.
En la Argentina existen seis provincias que prohíben o limitan diversos aspectos de la minería metalífera a cielo abierto: Chubut, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis y Córdoba. La Rioja y Río Negro también habían prohibido la actividad.
Corbeletto, asambleísta de Esquel, apuntó a la política macro: “En la conformación de la Ofemi se explicitó que quieren derogar todas las leyes que frenan la megaminería, es una política de Estado, pero somos muchos los pueblos y ciudades que ya decidimos otro futuro. Las empresas extractivas tienen como aliados a los gobiernos, pero no a los pueblos”.
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Podrían prohibir las aeroaplicaciones en Santa Fe
Anticiparon a aviadores que se prohibirían las aeroaplicaciones
Fecha de Publicación: 16/09/2012
Fuente: Campo Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Durante la tarde del jueves, mientras la legislatura se conmocionaba por las negociaciones de último momento antes del tratamiento de la reforma tributaria, en los despachos de la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados se reunían representantes de los pulverizadores aéreos y el diputado del Frente Para la Victoria Pablo Di Bert, titular de ese órgano.
Fue tal la desazón tras la charla que el titular de la Cámara de Empresas Agroaéreas de la provincia, Sandro Peisino, redactó un dolido -y muy autocrítico- correo electrónico en el que anuncia a sus colegas que la prohibición de las pulverizaciones aéreas en la provincia estaría decidida.
“Hoy tuve uno de los días más tristes de mi vida, siempre me creí un águila, que volaba junto a mis colegas románticamente sobre los verdes prados y los amarillos girasoles, pero hoy a la tarde en un momento de lucidez, me di cuenta que siempre fuimos avestruces, que preferimos esconder la cabeza y mirar para otro lado, esperando que otro nos salvara negando la realidad, pero hoy me hicieron ver la realidad a la fuerza”.
Tras el primer párrafo, Peisino informa que estuvo más de una hora charlando con el legislador, de cuyas palabras concluyó “como que me aconsejó vender mis aviones ya, porque la situación según me dijo estaba resuelta, que los cuatro proyectos que hay en Diputados sobre el tema contemplan la prohibición total de las fumigaciones aéreas en la provincia y me aseguro que tienen muchos estudios que demuestran como nosotros, o sea unos, estamos intoxicando a toda la población”.
Mentira la verdad
En diálogo con Campolitoral, el dirigente relató que miembros de la cámara están viajando todas las semanas a a reunirse con legisladores para informarlos sobre las características de su actividad. Buscan no perder la carrera frente a la avanzada de movimientos ecologistas que demandan importantes restricciones al uso de productos fitosanitarios, incluida la prohibición de las aplicaciones aéreas. “Nos reunimos con el diputado Jorge Abello y con los senadores Miguel Lifschitz (Rosario), Germán Giacomino (Constitución) y Lisandro Enrico (General López), todos expresaron la preocupación por una ley razonable”, comentó Peisino.
Distinta fue la impresión que se llevó de la reunión con Di Bert. “Me lo dijo totalmente seguro (que se sancionaría la prohibición) en una reunión semi formal de una hora; me dejó hablar y explicar mis argumentos y me dio los suyos para prohibir las pulverizaciones aéreas y también las terrestres, porque el problema para él es el veneno que se usa”.
El aeroaplicador dijo sentirse alarmado porque el Diputado se basa en estudios de percepción de la población sin base científica. “Primero dan charlas que generan una psicosis en la población y después se hacen encuestas en los pueblos preguntandole a la gente si algún pariente o conocido se enfermó o tiene cáncer y lo están usando como estudio científico”, denunció. Y agregó: “yo no vi los estudios que me dijo que tiene”. Además relató que, a causa del miedo y la desinformación divulgados entre la gente, ya cuentan con tres casos de aviones baleados por pobladores. “A uno en Venado Tuerto le pegaron un balazo debajo del ala, cerca del tanque de combustible; el tipo fue procesado y dijo que lo hizo porque envenenaban y porque estaba prohibido pulverizar con aviones, cosa que no es así en absoluto”, señaló.
En soledad
La cámara que preside Peisino agrupa unas 25 empresas de las 110 que hay en la provincia. En su mayoría son Pymes familiares con hasta 40 años de trabajo que emplean en forma directa entre 6 y 7 personas cada una. Como su principal función es tratar lotes atacados por plagas cuando no puede entrar una máquina terrestre, por lluvia o estado fenológico de los cultivos, tiene temporadas buenas y malas. Por el clima seco en las últimas dos campañas tuvieron poco trabajo, a tal punto que “varios socios empezaron a comprar máquinas terrestres para poder trabajar”.
El dirigente indicó que la postura del sector es “hacer cumplir la ley que existe”, aunque reconoce que la misma puede ser perfectible por los cambios tecnológicos de los últimos años. También dijo que han hecho pedidos puntuales, como “una ley específica sobre aplicación de agroquímicos para que se capacite a la gente” o “que en cada pueblo haya un ingeniero que controle las aplicaciones”. Sin embargo, se lamentó de que “hay un grupo de diputados que están a favor de prohibir las aplicaciones aéreas”.
Frente a este contexto, Peisino hizo un llamado a sus colegas y a los productores a participar para resistir la avanzada contra la actividad. “Urgente debemos sacar la cabeza del pozo, porque seguimos hablando entre nosotros, yo escribiéndoles a ustedes, ustedes negando la realidad y nadie se entera que existimos, ni los medios, ni los políticos, ni la sociedad”, redactó en el correo.
Por último informó que el próximo miércoles 19 de septiembre al medio día “nos recibe la comisión del Senado que tiene la ley (el proyecto), hoy los pocos senadores que están sacando la cara por nosotros me pidieron que por favor los respaldemos, que están solos contra todos”.
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Fecha de Publicación: 16/09/2012
Fuente: Campo Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
Durante la tarde del jueves, mientras la legislatura se conmocionaba por las negociaciones de último momento antes del tratamiento de la reforma tributaria, en los despachos de la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados se reunían representantes de los pulverizadores aéreos y el diputado del Frente Para la Victoria Pablo Di Bert, titular de ese órgano.Fue tal la desazón tras la charla que el titular de la Cámara de Empresas Agroaéreas de la provincia, Sandro Peisino, redactó un dolido -y muy autocrítico- correo electrónico en el que anuncia a sus colegas que la prohibición de las pulverizaciones aéreas en la provincia estaría decidida.
“Hoy tuve uno de los días más tristes de mi vida, siempre me creí un águila, que volaba junto a mis colegas románticamente sobre los verdes prados y los amarillos girasoles, pero hoy a la tarde en un momento de lucidez, me di cuenta que siempre fuimos avestruces, que preferimos esconder la cabeza y mirar para otro lado, esperando que otro nos salvara negando la realidad, pero hoy me hicieron ver la realidad a la fuerza”.
Tras el primer párrafo, Peisino informa que estuvo más de una hora charlando con el legislador, de cuyas palabras concluyó “como que me aconsejó vender mis aviones ya, porque la situación según me dijo estaba resuelta, que los cuatro proyectos que hay en Diputados sobre el tema contemplan la prohibición total de las fumigaciones aéreas en la provincia y me aseguro que tienen muchos estudios que demuestran como nosotros, o sea unos, estamos intoxicando a toda la población”.
Mentira la verdad
En diálogo con Campolitoral, el dirigente relató que miembros de la cámara están viajando todas las semanas a a reunirse con legisladores para informarlos sobre las características de su actividad. Buscan no perder la carrera frente a la avanzada de movimientos ecologistas que demandan importantes restricciones al uso de productos fitosanitarios, incluida la prohibición de las aplicaciones aéreas. “Nos reunimos con el diputado Jorge Abello y con los senadores Miguel Lifschitz (Rosario), Germán Giacomino (Constitución) y Lisandro Enrico (General López), todos expresaron la preocupación por una ley razonable”, comentó Peisino.
Distinta fue la impresión que se llevó de la reunión con Di Bert. “Me lo dijo totalmente seguro (que se sancionaría la prohibición) en una reunión semi formal de una hora; me dejó hablar y explicar mis argumentos y me dio los suyos para prohibir las pulverizaciones aéreas y también las terrestres, porque el problema para él es el veneno que se usa”.
El aeroaplicador dijo sentirse alarmado porque el Diputado se basa en estudios de percepción de la población sin base científica. “Primero dan charlas que generan una psicosis en la población y después se hacen encuestas en los pueblos preguntandole a la gente si algún pariente o conocido se enfermó o tiene cáncer y lo están usando como estudio científico”, denunció. Y agregó: “yo no vi los estudios que me dijo que tiene”. Además relató que, a causa del miedo y la desinformación divulgados entre la gente, ya cuentan con tres casos de aviones baleados por pobladores. “A uno en Venado Tuerto le pegaron un balazo debajo del ala, cerca del tanque de combustible; el tipo fue procesado y dijo que lo hizo porque envenenaban y porque estaba prohibido pulverizar con aviones, cosa que no es así en absoluto”, señaló.
En soledad
La cámara que preside Peisino agrupa unas 25 empresas de las 110 que hay en la provincia. En su mayoría son Pymes familiares con hasta 40 años de trabajo que emplean en forma directa entre 6 y 7 personas cada una. Como su principal función es tratar lotes atacados por plagas cuando no puede entrar una máquina terrestre, por lluvia o estado fenológico de los cultivos, tiene temporadas buenas y malas. Por el clima seco en las últimas dos campañas tuvieron poco trabajo, a tal punto que “varios socios empezaron a comprar máquinas terrestres para poder trabajar”.
El dirigente indicó que la postura del sector es “hacer cumplir la ley que existe”, aunque reconoce que la misma puede ser perfectible por los cambios tecnológicos de los últimos años. También dijo que han hecho pedidos puntuales, como “una ley específica sobre aplicación de agroquímicos para que se capacite a la gente” o “que en cada pueblo haya un ingeniero que controle las aplicaciones”. Sin embargo, se lamentó de que “hay un grupo de diputados que están a favor de prohibir las aplicaciones aéreas”.
Frente a este contexto, Peisino hizo un llamado a sus colegas y a los productores a participar para resistir la avanzada contra la actividad. “Urgente debemos sacar la cabeza del pozo, porque seguimos hablando entre nosotros, yo escribiéndoles a ustedes, ustedes negando la realidad y nadie se entera que existimos, ni los medios, ni los políticos, ni la sociedad”, redactó en el correo.
Por último informó que el próximo miércoles 19 de septiembre al medio día “nos recibe la comisión del Senado que tiene la ley (el proyecto), hoy los pocos senadores que están sacando la cara por nosotros me pidieron que por favor los respaldemos, que están solos contra todos”.
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Otro problemas de los agrotóxicos, los envases
Agroquímicos. Qué hacer con los envases
Fecha de Publicación: 15/09/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Frente al aumento considerable de insumos para la industria agropecuaria, sería necesaria una reglamentación común para su destino final
La creciente producción agroalimentaria ha ocasionado un aumento considerable en la utilización de insumos para esta industria. Esta situación ha mostrado la necesidad de contar con una regulación, no solamente en cuanto al uso de los insumos, sino al destino de la cantidad de envases que se utilizan para su comercialización.
Estos envases representan un riesgo potencial directo o indirecto de contaminación y, con la intención de ordenar esta actividad, ha surgido en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para resolver un tema de evidentes consecuencias ambientales. El proyecto busca implementar un Programa Nacional para la Gestión de Envases de Producto Fitosanitarios. Se trata de una temática ya abordada por algunas provincias, pero, considerando el posible impacto, sería deseable que la Nación tenga una normativa común para organizar las campañas de concientización de los riesgos que se corren con el mal uso de estos envases, así como las políticas que deben seguir las empresas fabricantes, importadoras o distribuidoras de estos productos.
El proyecto pretende introducir la técnica del triple lavado y perforado, para reducir los niveles de restos de productos en el interior de los envases. Esta metodología ha sido investigada por diversas instituciones y sería introducida como estándar obligatorio en todo el territorio de nuestro país, siguiendo los lineamientos de las normas IRAM. Así, los envases que hayan sido tratados con esa técnica quedarían desclasificados y dejarían de ser considerados residuos peligrosos a todos los efectos legales.
También se procura crear un sistema de recolección, devolución, depósito, reciclado o disposición de envases usados, basado en el desarrollo de empresas que tengan a su cargo el tratamiento de esos envases y su reciclado, con responsabilidades para los productores, fraccionadores y usuarios, consistentes en la limpieza y eliminación de contaminantes y el posterior retiro de los envases a cargo de las empresas productoras de los agroquímicos.
Se trata de una iniciativa necesaria, que requiere ser estudiada, enriquecida y, en su momento, aprobada. Finalmente, viene al caso tener en cuenta otro hecho de difusión indeseable de materiales de uso rural: la aparición, en rutas y caminos rurales, de trozos de descarte de silos bolsa, utilizados para el depósito de granos, capaces de provocar accidentes y efectos ambientales diversos. Sería importante buscar una solución para este foco de contaminación y riesgo.
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Fecha de Publicación: 15/09/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Frente al aumento considerable de insumos para la industria agropecuaria, sería necesaria una reglamentación común para su destino final
La creciente producción agroalimentaria ha ocasionado un aumento considerable en la utilización de insumos para esta industria. Esta situación ha mostrado la necesidad de contar con una regulación, no solamente en cuanto al uso de los insumos, sino al destino de la cantidad de envases que se utilizan para su comercialización.
Estos envases representan un riesgo potencial directo o indirecto de contaminación y, con la intención de ordenar esta actividad, ha surgido en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para resolver un tema de evidentes consecuencias ambientales. El proyecto busca implementar un Programa Nacional para la Gestión de Envases de Producto Fitosanitarios. Se trata de una temática ya abordada por algunas provincias, pero, considerando el posible impacto, sería deseable que la Nación tenga una normativa común para organizar las campañas de concientización de los riesgos que se corren con el mal uso de estos envases, así como las políticas que deben seguir las empresas fabricantes, importadoras o distribuidoras de estos productos.
El proyecto pretende introducir la técnica del triple lavado y perforado, para reducir los niveles de restos de productos en el interior de los envases. Esta metodología ha sido investigada por diversas instituciones y sería introducida como estándar obligatorio en todo el territorio de nuestro país, siguiendo los lineamientos de las normas IRAM. Así, los envases que hayan sido tratados con esa técnica quedarían desclasificados y dejarían de ser considerados residuos peligrosos a todos los efectos legales.
También se procura crear un sistema de recolección, devolución, depósito, reciclado o disposición de envases usados, basado en el desarrollo de empresas que tengan a su cargo el tratamiento de esos envases y su reciclado, con responsabilidades para los productores, fraccionadores y usuarios, consistentes en la limpieza y eliminación de contaminantes y el posterior retiro de los envases a cargo de las empresas productoras de los agroquímicos.
Se trata de una iniciativa necesaria, que requiere ser estudiada, enriquecida y, en su momento, aprobada. Finalmente, viene al caso tener en cuenta otro hecho de difusión indeseable de materiales de uso rural: la aparición, en rutas y caminos rurales, de trozos de descarte de silos bolsa, utilizados para el depósito de granos, capaces de provocar accidentes y efectos ambientales diversos. Sería importante buscar una solución para este foco de contaminación y riesgo.
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La política argentina sobre la Capa de Ozono
Argentina comprometida con la Protección de la Capa de Ozono
Fecha de Publicación: 15/09/2012
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Nuestro país ha participado activamente en los esfuerzos que realiza la comunidad internacional para restaurar la Capa de Ozono. Las acciones emprendidas con el fin de reducir el consumo de CFCs permitieron que Argentina cumpliera ampliamente con las medidas de reducción requeridas por el Protocolo de Montreal. Además, desde la Secretaría de Ambiente, se lleva adelante un Programa de Reconversión Industrial y Agrícola a tecnologías que no afecten a la Capa de Ozono, con financiamiento del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal.
A 25 años de la firma del Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, encabezada por el Dr. Juan José Mussi, junto a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, organizan la celebración del Dia Internacional de la Protección de la Capa de Ozono este 16 de septiembre en la ciudad fueguina de Ushuaia, con diversas actividades que se desarrollarán desde el 15 al 19 de septiembre. El acto central tendrá el 16 de septiembre en el Auditorio del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), con la presencia del Lic. Ariel Martínez, Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente de Tierra del Fuego y de la Lic. Laura Estela Berón, Coordinadora de la Oficina Programa Ozono de la Secretaría de Ambiente nacional, quién disertará sobre la Política de la Argentina frente a esta problemática. Los días siguientes se realizarán además capacitaciones para técnicos sobre Buenas Prácticas en Refrigeración y Uso de Hidrocarburos como refrigerante y capacitaciones a funcionarios de Aduana, Gendarmería, Prefectura.
El Protocolo de Montreal puede considerarse como un ejemplo exitoso de política ambiental puesto que La comunidad internacional fue capaz de acordar una rápida y considerable reducción del consumo y producción de compuestos halogenados inmediatamente después del descubrimiento del fenómeno del agotamiento de ozono en la Antártida. En ese sentido, es importante destacar que este acuerdo reviste una singular relevancia para nuestro país que, dada la ubicación geográfica del agujero de ozono, se ve particularmente afectado por el mismo.
Argentina ha participado activamente en los esfuerzos que realiza la comunidad internacional para restaurar la Capa de Ozono y ha sido parte de este proceso trascendental al ratificar el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono mediante las Leyes N° 23.724 y 23.778, en enero y septiembre de 1990 respectivamente.
En el año 2010 se llegó a la primera fecha de eliminación global de algunas de las sustancias controladas por el Protocolo, en particular los clorofluorocarbonos, los halones y el tetracloruro de carbono. Durante medio siglo estas sustancias fueron ampliamente usadas como gases refrigerantes, como propelentes de aerosoles, para limpieza de circuitos electrónicos, para la producción de espumas de poliuretano y como agentes extintores de incendios, entre otros usos. Como consecuencia, se liberaron a la atmósfera en cantidad suficiente como para causar un daño a gran escala en el ozono estratosférico, lo que afectó a todo el planeta y en particular al cono sudamericano.
El esfuerzo argentino
Como parte de las acciones tendientes a restaurar la Capa de Ozono, nuestro país asumió la obligación de promover la reconversión de los sectores industriales y agrícolas que utilizan en sus procesos productivos sustancias que agotan la Capa de Ozono, con el objetivo final de eliminarlas. Las acciones emprendidas con el fin de reducir el consumo de CFCs dieron como resultado que el país cumpliera con holgura las medidas de reducción requeridas por el Protocolo de Montreal. El consumo en el año 2005 se redujo en un 65%, muy por encima del 50% requerido. Durante el año 2009 el consumo se redujo sólo al 2,5% de la línea de base y fue sólo para uso medicinal.
Para cumplimentar el plan institucional de acción del gobierno, fue creada la Oficina Programa Ozono (OPROZ), en el ámbito de la actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Jefatura de Gabinete de Ministros. Ésta tiene a su cargo la ejecución del Programa País para la aplicación del Protocolo de Montreal. Está integrada por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de la Secretaría de Industria del Ministerio de Industria, y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Desde el año 1994, la OPROZ lleva adelante un Programa de Reconversión Industrial y Agrícola a tecnologías que no afecten a la Capa de Ozono, con financiamiento recibido del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal en forma de donación.
La eliminación acelerada de los hidroclorofluorocarbonos (HCFCs), aprobada en septiembre de 2007 sobre la base de una propuesta presentada por varios países, entre ellos la Argentina, no solamente traerá beneficios en el avance de la recuperación de la capa de ozono, sino también tendrá un impacto significativo en el clima. Hasta 25 Gt de emisiones equivalentes de CO2 podrían ser eliminadas hasta el año 2050 con la eliminación de los HCFCs.
Las nuevas medidas de control entran en vigencia en enero del año que viene, y están dirigidas a la eliminación del consumo de HCFCs. Estos son ampliamente usados en los sectores de la refrigeración, espumas, solventes, aerosoles y extinguidores de incendio, como una sustancia de transición para la sustitución de los CFCs. También son usados como materia prima para la producción de otros productos químicos. Aproximadamente el 75% del total de los HCFC consumidos en nuestro país son usados en los sectores de aire acondicionado y refrigeración, siendo el HCFC–22 el principal químico usado.
Algunos de los logros alcanzados en nuestro país, desde la aprobación del primer proyecto en 1994, incluyen más de 205 empresas, radicadas en 18 provincias y la ciudad de Buenos Aires, beneficiadas con proyectos de reconversión industrial, con asistencia técnica y económica en carácter de donación, ya sea a través de la entrega de maquinaria o para adaptar sus equipos o para realizar pruebas con alternativos a las SAOs; el dictado de 303 cursos en Buenas Prácticas en Refrigeración para servicios y técnicos en de cursos de refrigeración en forma gratuita en más de 53 localidades del país y la Ciudad de Buenos Aires; la recuperación de 124 toneladas (124.000 kilos) de refrigerantes desde el año 2006 y hasta agosto de 2012, y reutilización de 117 toneladas; reducción del consumo de CFCs en un 65%, muy por encima del 50% requerido en el 2005 y la reducción en 209 del consumo sólo al 2,5% de la línea de base y fue sólo para uso medicinal.
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Fecha de Publicación: 15/09/2012
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Nuestro país ha participado activamente en los esfuerzos que realiza la comunidad internacional para restaurar la Capa de Ozono. Las acciones emprendidas con el fin de reducir el consumo de CFCs permitieron que Argentina cumpliera ampliamente con las medidas de reducción requeridas por el Protocolo de Montreal. Además, desde la Secretaría de Ambiente, se lleva adelante un Programa de Reconversión Industrial y Agrícola a tecnologías que no afecten a la Capa de Ozono, con financiamiento del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal.
A 25 años de la firma del Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, encabezada por el Dr. Juan José Mussi, junto a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, organizan la celebración del Dia Internacional de la Protección de la Capa de Ozono este 16 de septiembre en la ciudad fueguina de Ushuaia, con diversas actividades que se desarrollarán desde el 15 al 19 de septiembre. El acto central tendrá el 16 de septiembre en el Auditorio del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), con la presencia del Lic. Ariel Martínez, Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente de Tierra del Fuego y de la Lic. Laura Estela Berón, Coordinadora de la Oficina Programa Ozono de la Secretaría de Ambiente nacional, quién disertará sobre la Política de la Argentina frente a esta problemática. Los días siguientes se realizarán además capacitaciones para técnicos sobre Buenas Prácticas en Refrigeración y Uso de Hidrocarburos como refrigerante y capacitaciones a funcionarios de Aduana, Gendarmería, Prefectura.
El Protocolo de Montreal puede considerarse como un ejemplo exitoso de política ambiental puesto que La comunidad internacional fue capaz de acordar una rápida y considerable reducción del consumo y producción de compuestos halogenados inmediatamente después del descubrimiento del fenómeno del agotamiento de ozono en la Antártida. En ese sentido, es importante destacar que este acuerdo reviste una singular relevancia para nuestro país que, dada la ubicación geográfica del agujero de ozono, se ve particularmente afectado por el mismo.
Argentina ha participado activamente en los esfuerzos que realiza la comunidad internacional para restaurar la Capa de Ozono y ha sido parte de este proceso trascendental al ratificar el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono mediante las Leyes N° 23.724 y 23.778, en enero y septiembre de 1990 respectivamente.
En el año 2010 se llegó a la primera fecha de eliminación global de algunas de las sustancias controladas por el Protocolo, en particular los clorofluorocarbonos, los halones y el tetracloruro de carbono. Durante medio siglo estas sustancias fueron ampliamente usadas como gases refrigerantes, como propelentes de aerosoles, para limpieza de circuitos electrónicos, para la producción de espumas de poliuretano y como agentes extintores de incendios, entre otros usos. Como consecuencia, se liberaron a la atmósfera en cantidad suficiente como para causar un daño a gran escala en el ozono estratosférico, lo que afectó a todo el planeta y en particular al cono sudamericano.
El esfuerzo argentino
Como parte de las acciones tendientes a restaurar la Capa de Ozono, nuestro país asumió la obligación de promover la reconversión de los sectores industriales y agrícolas que utilizan en sus procesos productivos sustancias que agotan la Capa de Ozono, con el objetivo final de eliminarlas. Las acciones emprendidas con el fin de reducir el consumo de CFCs dieron como resultado que el país cumpliera con holgura las medidas de reducción requeridas por el Protocolo de Montreal. El consumo en el año 2005 se redujo en un 65%, muy por encima del 50% requerido. Durante el año 2009 el consumo se redujo sólo al 2,5% de la línea de base y fue sólo para uso medicinal.
Para cumplimentar el plan institucional de acción del gobierno, fue creada la Oficina Programa Ozono (OPROZ), en el ámbito de la actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Jefatura de Gabinete de Ministros. Ésta tiene a su cargo la ejecución del Programa País para la aplicación del Protocolo de Montreal. Está integrada por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de la Secretaría de Industria del Ministerio de Industria, y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Desde el año 1994, la OPROZ lleva adelante un Programa de Reconversión Industrial y Agrícola a tecnologías que no afecten a la Capa de Ozono, con financiamiento recibido del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal en forma de donación.
La eliminación acelerada de los hidroclorofluorocarbonos (HCFCs), aprobada en septiembre de 2007 sobre la base de una propuesta presentada por varios países, entre ellos la Argentina, no solamente traerá beneficios en el avance de la recuperación de la capa de ozono, sino también tendrá un impacto significativo en el clima. Hasta 25 Gt de emisiones equivalentes de CO2 podrían ser eliminadas hasta el año 2050 con la eliminación de los HCFCs.
Las nuevas medidas de control entran en vigencia en enero del año que viene, y están dirigidas a la eliminación del consumo de HCFCs. Estos son ampliamente usados en los sectores de la refrigeración, espumas, solventes, aerosoles y extinguidores de incendio, como una sustancia de transición para la sustitución de los CFCs. También son usados como materia prima para la producción de otros productos químicos. Aproximadamente el 75% del total de los HCFC consumidos en nuestro país son usados en los sectores de aire acondicionado y refrigeración, siendo el HCFC–22 el principal químico usado.
Algunos de los logros alcanzados en nuestro país, desde la aprobación del primer proyecto en 1994, incluyen más de 205 empresas, radicadas en 18 provincias y la ciudad de Buenos Aires, beneficiadas con proyectos de reconversión industrial, con asistencia técnica y económica en carácter de donación, ya sea a través de la entrega de maquinaria o para adaptar sus equipos o para realizar pruebas con alternativos a las SAOs; el dictado de 303 cursos en Buenas Prácticas en Refrigeración para servicios y técnicos en de cursos de refrigeración en forma gratuita en más de 53 localidades del país y la Ciudad de Buenos Aires; la recuperación de 124 toneladas (124.000 kilos) de refrigerantes desde el año 2006 y hasta agosto de 2012, y reutilización de 117 toneladas; reducción del consumo de CFCs en un 65%, muy por encima del 50% requerido en el 2005 y la reducción en 209 del consumo sólo al 2,5% de la línea de base y fue sólo para uso medicinal.
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Sali-Dulce: destacan avances en los ingenios
Mussi destacó avances, pero reclamó a tres ingenios más inversión
Fecha de Publicación: 14/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, encabezó la inspección a los ingenios azucareros con destilerías que adhirieron al plan Vinaza y Ceniza Cero, y en ese marco destacó el avance de obras, aunque llamó la atención a tres ingenios de los nueve que recorrió.
Como se recordará, estas obras fueron parte del acuerdo que firmaron ambas provincias, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sayds) y la Defensoría del Pueblo, para producir el saneamiento de la cuenca Salí - Dulce, afectada por la actividad industrial tucumana, particularmente por los efluentes que arrojaban los ingenios.
El funcionario nacional estuvo acompañado por el defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával; el secretario del Agua, Abel Tévez y el director de Medio Ambiente, Juan Carlos Targa, por Santiago del Estero; mientras que el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván y el defensor Hugo Cabral, por Tucumán.
Durante la jornada de ayer, Mussi recorrió los ingenios Marapa, Santa Bárbara, La Corona, Trinidad, Santa Rosa, Bella Vista, Fronterita, Leales y Concepción.
En ese marco, Mussi realizó observaciones técnicas en cada una de las industrias visitadas, aunque llamó la atención en especial de los ingenios La Corona, San Juan y Santa Rosa, por la falta de inversión.
En diálogo con EL LIBERAL, Mussi resaltó que ‘hubo un cambio de actitud en los empresarios, ya que comenzaron a invertir’.
En el caso de La Corona, el funcionario indicó que ‘están prometiendo, les dimos 15 días para que presentaran un proyecto de vinazoducto y un mes para que terminaran el tema de la recuperación del agua del lavado de cenizas, están intimados; ellos sabrán lo que tienen que hacer y si no vendrá la multa y la suspensión de las tareas’.
Asimismo, sostuvo que ‘hay un cambio de actitud en los empresarios, porque comenzamos a ver que hay inversiones; estuvimos en Marapa y hubo una inversión cercana a los dos millones de dólares; en Santa Bárbara había una inversión mayor, de unos cuatro millones de dólares, hemos visto vinazoductos en los lugares, vimos fertirriego, hemos visto las piletas de decantación de cenizas, la recuperación del agua del lavado de cenizas y esos son pasos importantes’.
‘El ingenio La Corona es el que menos obras ha hecho todavía, nos dijeron que están estudiando, analizando, pero el tiempo pasa y todavía no hicieron nada’, indicó en tal sentido.
Por otra parte, Mussi señaló que desde la Secretaría de Ambiente ‘estamos realizando este trabajo a partir de una demanda que hubo en la Corte Suprema y nosotros estamos tratando de cumplir con la demanda, lo que no significa que terminemos ahí’.
En tal sentido precisó que ‘antes de fin de año se inaugura la planta San Felipe de Tucumán, que es una planta de tratamiento de líquidos cloacales con una enorme inversión”.
Paralelamente, Mussi recordó que ‘Las Termas recibió doce millones de pesos para tratar residuos, estamos esperando a ver qué pasó con ese dinero, porque todavía estamos esperando los informes del municipio acerca de los trabajos que debía realizar; nos dicen que les faltan camiones para avanzar, pero nosotros no podemos realizar ese aporte”.
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Fecha de Publicación: 14/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, encabezó la inspección a los ingenios azucareros con destilerías que adhirieron al plan Vinaza y Ceniza Cero, y en ese marco destacó el avance de obras, aunque llamó la atención a tres ingenios de los nueve que recorrió.Como se recordará, estas obras fueron parte del acuerdo que firmaron ambas provincias, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sayds) y la Defensoría del Pueblo, para producir el saneamiento de la cuenca Salí - Dulce, afectada por la actividad industrial tucumana, particularmente por los efluentes que arrojaban los ingenios.
El funcionario nacional estuvo acompañado por el defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával; el secretario del Agua, Abel Tévez y el director de Medio Ambiente, Juan Carlos Targa, por Santiago del Estero; mientras que el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván y el defensor Hugo Cabral, por Tucumán.
Durante la jornada de ayer, Mussi recorrió los ingenios Marapa, Santa Bárbara, La Corona, Trinidad, Santa Rosa, Bella Vista, Fronterita, Leales y Concepción.
En ese marco, Mussi realizó observaciones técnicas en cada una de las industrias visitadas, aunque llamó la atención en especial de los ingenios La Corona, San Juan y Santa Rosa, por la falta de inversión.
En diálogo con EL LIBERAL, Mussi resaltó que ‘hubo un cambio de actitud en los empresarios, ya que comenzaron a invertir’.
En el caso de La Corona, el funcionario indicó que ‘están prometiendo, les dimos 15 días para que presentaran un proyecto de vinazoducto y un mes para que terminaran el tema de la recuperación del agua del lavado de cenizas, están intimados; ellos sabrán lo que tienen que hacer y si no vendrá la multa y la suspensión de las tareas’.
Asimismo, sostuvo que ‘hay un cambio de actitud en los empresarios, porque comenzamos a ver que hay inversiones; estuvimos en Marapa y hubo una inversión cercana a los dos millones de dólares; en Santa Bárbara había una inversión mayor, de unos cuatro millones de dólares, hemos visto vinazoductos en los lugares, vimos fertirriego, hemos visto las piletas de decantación de cenizas, la recuperación del agua del lavado de cenizas y esos son pasos importantes’.
‘El ingenio La Corona es el que menos obras ha hecho todavía, nos dijeron que están estudiando, analizando, pero el tiempo pasa y todavía no hicieron nada’, indicó en tal sentido.
Por otra parte, Mussi señaló que desde la Secretaría de Ambiente ‘estamos realizando este trabajo a partir de una demanda que hubo en la Corte Suprema y nosotros estamos tratando de cumplir con la demanda, lo que no significa que terminemos ahí’.
En tal sentido precisó que ‘antes de fin de año se inaugura la planta San Felipe de Tucumán, que es una planta de tratamiento de líquidos cloacales con una enorme inversión”.
Paralelamente, Mussi recordó que ‘Las Termas recibió doce millones de pesos para tratar residuos, estamos esperando a ver qué pasó con ese dinero, porque todavía estamos esperando los informes del municipio acerca de los trabajos que debía realizar; nos dicen que les faltan camiones para avanzar, pero nosotros no podemos realizar ese aporte”.
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La posición de Uruguay en torno a Botnia
Botnia en versión uruguaya
Fecha de Publicación: 14/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Los integrantes uruguayos de la CARU aseguraron que el informe argentino sobre las irregularidades en el funcionamiento de Botnia tiene “errores técnicos” y negaron que se vierta clandestinamente desechos en el río Uruguay.
Una semana después de que la contraparte argentina diera a conocer un informe muy crítico, la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) aseguró que “no existe motivo ni fundamento” para no dar a conocer los resultados del monitoreo que se viene realizando a la planta de UPM-Botnia, en Fray Bentos. Los uruguayos sostuvieron que los cuestionamientos argentinos están plagados de “errores técnicos” y negaron que se estuvieran vertiendo clandestinamente desechos en el río.
El miércoles de la semana pasada, y luego de un año y medio sin noticias, los funcionarios argentinos presentaron un trabajo al canciller Héctor Timerman sobre el funcionamiento de la pastera en el que daban cuenta de graves irregularidades. No sólo hacían mención al vuelco de clandestino de efluentes, sino que denunciaban trabas de Uruguay al monitoreo y la modificación de normas ambientales para adecuarlas a la necesidad de la empresa. También confirmaba que Botnia viene produciendo por encima del millón de toneladas por año, el límite previsto en el fallo de la Corte de La Haya de acuerdo con lo que habían pedido las propias autoridades uruguayas.
Luego de varios días para analizar una respuesta, los funcionarios uruguayos replicaron ayer a través de un comunicado difundido por la cancillería que encabeza Luis Almagro. Allí expresan su “satisfacción” por la disposición de la delegación argentina de dar a conocer los resultados completos del monitoreo, algo que desde ambos sectores se acusaban de bloquear. “Ello permitirá un manejo objetivo y global de la información”, aseguran, dando a entender que las conclusiones de los funcionarios argentinos no lo fueron.
Los representantes uruguayos aseguran que su país “ha demostrado su apertura posibilitando todas las visitas de monitoreo requeridas por el Comité Científico binacional a la planta de UPM (dieciséis hasta la fecha) realizadas juntamente con la autoridad nacional ambiental, la Dirección Nacional de Medio Ambiente”. Al término de cada una de esas visitas –continúan los uruguayos–, el acta correspondiente explicita que las tareas se realizaron “en todo de acuerdo con lo previsto; esto es, en ningún caso ha existido manifestación o reclamo de los integrantes del Comité Científico, respecto de supuestos ‘obstáculos y retaceos’ como los que alude el comunicado de la delegación argentina”. También insisten en que el estudio debe hacerse tanto en la pastera como en la desembocadura del río, y no “sólo en la planta de UPM”, algo de lo que acusan a los argentinos.
Por otra parte, el embajador argentino en Uruguay, Dante Dovena, aseguró que el Gobierno “no va a permitir cortes” que impidan la circulación del puente que va a Fray Bentos, luego de que los asambleístas de Gualeguaychú anunciaran protestas. “Argentina no quiere reprimir por la fuerza, pero vamos a hacer todo lo posible porque estas rutas no se corten”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 14/09/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Los integrantes uruguayos de la CARU aseguraron que el informe argentino sobre las irregularidades en el funcionamiento de Botnia tiene “errores técnicos” y negaron que se vierta clandestinamente desechos en el río Uruguay.Una semana después de que la contraparte argentina diera a conocer un informe muy crítico, la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) aseguró que “no existe motivo ni fundamento” para no dar a conocer los resultados del monitoreo que se viene realizando a la planta de UPM-Botnia, en Fray Bentos. Los uruguayos sostuvieron que los cuestionamientos argentinos están plagados de “errores técnicos” y negaron que se estuvieran vertiendo clandestinamente desechos en el río.
El miércoles de la semana pasada, y luego de un año y medio sin noticias, los funcionarios argentinos presentaron un trabajo al canciller Héctor Timerman sobre el funcionamiento de la pastera en el que daban cuenta de graves irregularidades. No sólo hacían mención al vuelco de clandestino de efluentes, sino que denunciaban trabas de Uruguay al monitoreo y la modificación de normas ambientales para adecuarlas a la necesidad de la empresa. También confirmaba que Botnia viene produciendo por encima del millón de toneladas por año, el límite previsto en el fallo de la Corte de La Haya de acuerdo con lo que habían pedido las propias autoridades uruguayas.
Luego de varios días para analizar una respuesta, los funcionarios uruguayos replicaron ayer a través de un comunicado difundido por la cancillería que encabeza Luis Almagro. Allí expresan su “satisfacción” por la disposición de la delegación argentina de dar a conocer los resultados completos del monitoreo, algo que desde ambos sectores se acusaban de bloquear. “Ello permitirá un manejo objetivo y global de la información”, aseguran, dando a entender que las conclusiones de los funcionarios argentinos no lo fueron.
Los representantes uruguayos aseguran que su país “ha demostrado su apertura posibilitando todas las visitas de monitoreo requeridas por el Comité Científico binacional a la planta de UPM (dieciséis hasta la fecha) realizadas juntamente con la autoridad nacional ambiental, la Dirección Nacional de Medio Ambiente”. Al término de cada una de esas visitas –continúan los uruguayos–, el acta correspondiente explicita que las tareas se realizaron “en todo de acuerdo con lo previsto; esto es, en ningún caso ha existido manifestación o reclamo de los integrantes del Comité Científico, respecto de supuestos ‘obstáculos y retaceos’ como los que alude el comunicado de la delegación argentina”. También insisten en que el estudio debe hacerse tanto en la pastera como en la desembocadura del río, y no “sólo en la planta de UPM”, algo de lo que acusan a los argentinos.
Por otra parte, el embajador argentino en Uruguay, Dante Dovena, aseguró que el Gobierno “no va a permitir cortes” que impidan la circulación del puente que va a Fray Bentos, luego de que los asambleístas de Gualeguaychú anunciaran protestas. “Argentina no quiere reprimir por la fuerza, pero vamos a hacer todo lo posible porque estas rutas no se corten”, concluyó.
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Piden proteger al puma en Río Negro
Piden proteger al puma en Río Negro
Fecha de Publicación: 13/09/2012
Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Río Negro
Al parecer, en las provincias argentinas, están obsesionados con la caza de animales. A la que le tocó el turno esta vez es a Río Negro. La ley provincial Nº 763/72 brinda incentivos económicos a los productores ganaderos para que maten pumas en sus propiedades.
El conflicto entre productores agropecuarios y animales silvestres es tan antiguo como la actividad misma. La Fundación Vida Silvestre ya ha pedido públicamente la derogación de la norma e incluso ha comenzado a juntar firmas para conseguirlo. “Cuando se implementan este tipo de medidas sabemos lo que ganamos pero no tenemos dimensión de lo que perdemos con la pérdida de biodiversidad y servicios ambientales.” sostiene Andrea Michelson, Coordinadora de Áreas Protegidas de Vida Silvestre.
“En el caso del puma, si bien reconocemos que en determinadas circunstancias representa un problema para la producción ganadera, ha sido demostrado científicamente que estos casos están relacionados con algunos individuos que se acostumbran a predar sobre animales domésticos. Siendo este un problema puntual, proponer un incentivo, utilizando fondos públicos para un control no específico, atenta contra la convivencia de la producción con la conservación de los ecosistemas y sus especies”, concluye Michelson.
El avance del puma y del jabalí en amplias zonas de la meseta está relacionada con el desmonte en la región y también con el abandono de los campos. La Secretaria de Medio Ambiente de Río Negro, Laura Del Valle Juárez, se reunirá el próximo 23 de octubre en Viedma con autoridades de la Dirección de Fauna de la provincia de Chubut, e investigadores del Conicet para analizar la actual legislación rionegrina y avanzar sobre alternativas que permitan la protección de esta especie autóctona.
“Estamos en búsqueda de alternativas para proteger la especie, que es autóctona de la Argentina, e intentaremos buscar alternativas a la actual legislación que tenemos en la provincia“, destacó la funcionaria.
Indicó que al gobernador, Alberto Weretilneck, le llegaron peticiones de la Fundación Vida Silvestre con casi dos mil firmas solicitando la derogación de la ley y en tal sentido destacó: “No podemos hablar todavía de la derogación de la ley porque primero tenemos que conocer las alternativas”.
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Fecha de Publicación: 13/09/2012
Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Río Negro
Al parecer, en las provincias argentinas, están obsesionados con la caza de animales. A la que le tocó el turno esta vez es a Río Negro. La ley provincial Nº 763/72 brinda incentivos económicos a los productores ganaderos para que maten pumas en sus propiedades.
El conflicto entre productores agropecuarios y animales silvestres es tan antiguo como la actividad misma. La Fundación Vida Silvestre ya ha pedido públicamente la derogación de la norma e incluso ha comenzado a juntar firmas para conseguirlo. “Cuando se implementan este tipo de medidas sabemos lo que ganamos pero no tenemos dimensión de lo que perdemos con la pérdida de biodiversidad y servicios ambientales.” sostiene Andrea Michelson, Coordinadora de Áreas Protegidas de Vida Silvestre.
“En el caso del puma, si bien reconocemos que en determinadas circunstancias representa un problema para la producción ganadera, ha sido demostrado científicamente que estos casos están relacionados con algunos individuos que se acostumbran a predar sobre animales domésticos. Siendo este un problema puntual, proponer un incentivo, utilizando fondos públicos para un control no específico, atenta contra la convivencia de la producción con la conservación de los ecosistemas y sus especies”, concluye Michelson.
El avance del puma y del jabalí en amplias zonas de la meseta está relacionada con el desmonte en la región y también con el abandono de los campos. La Secretaria de Medio Ambiente de Río Negro, Laura Del Valle Juárez, se reunirá el próximo 23 de octubre en Viedma con autoridades de la Dirección de Fauna de la provincia de Chubut, e investigadores del Conicet para analizar la actual legislación rionegrina y avanzar sobre alternativas que permitan la protección de esta especie autóctona.
“Estamos en búsqueda de alternativas para proteger la especie, que es autóctona de la Argentina, e intentaremos buscar alternativas a la actual legislación que tenemos en la provincia“, destacó la funcionaria.
Indicó que al gobernador, Alberto Weretilneck, le llegaron peticiones de la Fundación Vida Silvestre con casi dos mil firmas solicitando la derogación de la ley y en tal sentido destacó: “No podemos hablar todavía de la derogación de la ley porque primero tenemos que conocer las alternativas”.
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Río Negro también contaminado con agrotóxicos
Presentan denuncia por contaminación con agroquímicos
Fecha de Publicación: 13/09/2012
Fuente: Roca OnLine
Provincia/Región: Río Negro - Neuquén
La Defensora del Pueblo de Rìo Negro, Nadina Díaz, intervendrá en una denuncia que se presentará en conjunto con el Defensor del Pueblo de Neuquén en torno a casos de vecinos con graves enfermedades que serían atribuibles a la contaminación con agroquímicos.
El asunto será planteado este jueves en Neuquén, en donde ambos funcionarios darán detalles sobre el tema, del que existirían elementos de peso como para avanzar en esa presentación.
Días sostuvo que se trata de “un problema que va a generar discusiones a futuro, es bastante preocupante, y nos vamos a poner en campaña con la colaboración del Defensor del Pueblo de Neuquén, que es donde se originó el análisis del tema.
Así lo anticipó en declaraciones a radio Show Roca. Remarcó que el tema será planteado dentro de una serie de acciones con su par neuquino que apuntan a “estrechar lazos con defensoríaas de la Patagonia que tienen similares inquietudes a las nuestras”.
Remarcó que se trata de casos con “enfermedades provocadas por la contaminación con agroquímicos, casos de cáncer que serían atribuibles” al contacto con esos productos.
Un asunto del que siempre se ha hablado en la región, pero del que hasta ahora no existía documentación o elementos de peso como para avanzar en una presentación ante las autoridades.
Es una cuestión delicada, donde seguramente también vamos a tener contacto con la Secretaría de Medio Ambiente, y otros organismos pertinentes que hagan a estas cuestiones”.
También enumeró otros aspectos, como la preocupación por el estado de la cuenca de los ríos de la zona, por lo que tiene previsto una reunión con funcionarios de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas”.
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Fecha de Publicación: 13/09/2012
Fuente: Roca OnLine
Provincia/Región: Río Negro - Neuquén
La Defensora del Pueblo de Rìo Negro, Nadina Díaz, intervendrá en una denuncia que se presentará en conjunto con el Defensor del Pueblo de Neuquén en torno a casos de vecinos con graves enfermedades que serían atribuibles a la contaminación con agroquímicos.
El asunto será planteado este jueves en Neuquén, en donde ambos funcionarios darán detalles sobre el tema, del que existirían elementos de peso como para avanzar en esa presentación.
Días sostuvo que se trata de “un problema que va a generar discusiones a futuro, es bastante preocupante, y nos vamos a poner en campaña con la colaboración del Defensor del Pueblo de Neuquén, que es donde se originó el análisis del tema.
Así lo anticipó en declaraciones a radio Show Roca. Remarcó que el tema será planteado dentro de una serie de acciones con su par neuquino que apuntan a “estrechar lazos con defensoríaas de la Patagonia que tienen similares inquietudes a las nuestras”.
Remarcó que se trata de casos con “enfermedades provocadas por la contaminación con agroquímicos, casos de cáncer que serían atribuibles” al contacto con esos productos.
Un asunto del que siempre se ha hablado en la región, pero del que hasta ahora no existía documentación o elementos de peso como para avanzar en una presentación ante las autoridades.
Es una cuestión delicada, donde seguramente también vamos a tener contacto con la Secretaría de Medio Ambiente, y otros organismos pertinentes que hagan a estas cuestiones”.
También enumeró otros aspectos, como la preocupación por el estado de la cuenca de los ríos de la zona, por lo que tiene previsto una reunión con funcionarios de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas”.
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Controlán contaminación en ríos rionegrinos
Control por contaminación en ríos
Fecha de Publicación: 13/09/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
La defensora del pueblo de Río Negro, Nadina Díaz, se reunirá hoy con su par de Neuquén, Ricardo Rivas, para firmar un acuerdo de colaboración y realizar una recorrida por los sectores contaminados de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Díaz estuvo ayer en Cipolletti recibiendo denuncias y problemas de gente de la ciudad. También se reunió con el intendente Baratti e integrantes del Concejo Deliberante.
Reconoció su preocupación sobre la contaminación de los ríos de la región que, dijo, afecta no sólo la producción sino también la salud de la gente. Además, la Fundación Patagónica de pesca que está llevando adelante un plan de educación ambiental con niños convencidos de que es la manera de que la temática también se comience a tratar entre los adultos. Para ello realiza charlas en las escuelas primarias de Cipolletti y F. Oro.
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Fecha de Publicación: 13/09/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
La defensora del pueblo de Río Negro, Nadina Díaz, se reunirá hoy con su par de Neuquén, Ricardo Rivas, para firmar un acuerdo de colaboración y realizar una recorrida por los sectores contaminados de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Díaz estuvo ayer en Cipolletti recibiendo denuncias y problemas de gente de la ciudad. También se reunió con el intendente Baratti e integrantes del Concejo Deliberante.
Reconoció su preocupación sobre la contaminación de los ríos de la región que, dijo, afecta no sólo la producción sino también la salud de la gente. Además, la Fundación Patagónica de pesca que está llevando adelante un plan de educación ambiental con niños convencidos de que es la manera de que la temática también se comience a tratar entre los adultos. Para ello realiza charlas en las escuelas primarias de Cipolletti y F. Oro.
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Sali-Dulce: ahora apuntan a citrícolas y cloacas
Ponen la mira en citrícolas y sistema cloacal
Fecha de Publicación: 12/09/2012
Fuente: Nuevo Diario Web
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Targa afirmó que en la situación actual no se alcanza a cubrir al 40% de San Miguel con el servicio de cloacas. Habría mejoras.
El embalse de Las Termas de Río Hondo presenta un fuerte olor nauseabundo debido a desechos cloacales que provienen de Tucumán y al bajo nivel de agua que presenta.
El director de Medio Ambiente de la Provincia, ingeniero Juan Carlos Targa, explicó a Nuevo Diario que “prácticamente ninguna de sus ciudades (tucumanas) tiene tratamientos cloacales. San Miguel sí, pero no alcanza a abastecer al 40 por ciento de la población”, señaló. También aclaró que esta contaminación es histórica y a ella se suman la generada por las industrias azucareras, citrícolas y alcoholeras, en las que producen vinaza, cenizas y otros elementos.
“Los contaminantes más fuerte y más rápido de atacar eran la vinaza y la ceniza, que este año, con la denuncia, los acuerdos firmados, más los controles que estamos haciendo, se logró prácticamente que no haya vinaza ni cenizas en los ríos. Recientemente hubo un vuelco de cenizas, pero se los multó y se corrigió inmediatamente”, aclaró.
Ahora, las citrícolas
Targa continuó explicando que ahora es el turno de las citrícolas “que están empezando a hacer tratamientos”, los mataderos y principalmente los desechos cloacales, de los cuales el 40 por ciento es prácticamente lo único que tiene tratamiento. Al respecto manifestó que se está realizando la obra de construcción de la planta de tratamiento de efluentes cloacales para el gran Tucumán y que “teóricamente estarían finalizándolo hasta fin de año, el cual disminuiría casi un 90 por ciento la contaminación de cloacas”.
El funcionario reconoció: “Eso lo conocíamos, lo sabemos y se está trabajando al respecto”, y explicó, “pero además el embalse de Las Termas, desde que lo cerraron, hace 40 años, viene recibiendo todos esos efluentes en los cuales muchos quedan depositados en el fondo”.
Año complicado
“Este es un año complicado porque ya tenemos elevadas temperaturas, ha llovido poco en todo lo que es la cuenca alta, entonces el embalse está con baja cantidad de agua. La contaminación cloacal que sigue, más los depósitos del fondo hacen que en este momento esté bastante complicado en ese sentido. Es decir que vamos a sentir olor a líquidos cloacales, aún cuando dejen de ingresar más desechos vamos a seguir sintiéndolos por los depósitos que existían por la baja cantidad de agua”, advirtió.
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Fecha de Publicación: 12/09/2012
Fuente: Nuevo Diario Web
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Targa afirmó que en la situación actual no se alcanza a cubrir al 40% de San Miguel con el servicio de cloacas. Habría mejoras. El embalse de Las Termas de Río Hondo presenta un fuerte olor nauseabundo debido a desechos cloacales que provienen de Tucumán y al bajo nivel de agua que presenta.
El director de Medio Ambiente de la Provincia, ingeniero Juan Carlos Targa, explicó a Nuevo Diario que “prácticamente ninguna de sus ciudades (tucumanas) tiene tratamientos cloacales. San Miguel sí, pero no alcanza a abastecer al 40 por ciento de la población”, señaló. También aclaró que esta contaminación es histórica y a ella se suman la generada por las industrias azucareras, citrícolas y alcoholeras, en las que producen vinaza, cenizas y otros elementos.
“Los contaminantes más fuerte y más rápido de atacar eran la vinaza y la ceniza, que este año, con la denuncia, los acuerdos firmados, más los controles que estamos haciendo, se logró prácticamente que no haya vinaza ni cenizas en los ríos. Recientemente hubo un vuelco de cenizas, pero se los multó y se corrigió inmediatamente”, aclaró.
Ahora, las citrícolas
Targa continuó explicando que ahora es el turno de las citrícolas “que están empezando a hacer tratamientos”, los mataderos y principalmente los desechos cloacales, de los cuales el 40 por ciento es prácticamente lo único que tiene tratamiento. Al respecto manifestó que se está realizando la obra de construcción de la planta de tratamiento de efluentes cloacales para el gran Tucumán y que “teóricamente estarían finalizándolo hasta fin de año, el cual disminuiría casi un 90 por ciento la contaminación de cloacas”.
El funcionario reconoció: “Eso lo conocíamos, lo sabemos y se está trabajando al respecto”, y explicó, “pero además el embalse de Las Termas, desde que lo cerraron, hace 40 años, viene recibiendo todos esos efluentes en los cuales muchos quedan depositados en el fondo”.
Año complicado
“Este es un año complicado porque ya tenemos elevadas temperaturas, ha llovido poco en todo lo que es la cuenca alta, entonces el embalse está con baja cantidad de agua. La contaminación cloacal que sigue, más los depósitos del fondo hacen que en este momento esté bastante complicado en ese sentido. Es decir que vamos a sentir olor a líquidos cloacales, aún cuando dejen de ingresar más desechos vamos a seguir sintiéndolos por los depósitos que existían por la baja cantidad de agua”, advirtió.
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Nuevo monitoreo a Botnia
Se realizó un nuevo monitoreo a Botnia y la semana que viene analizarán el río Uruguay
Fecha de Publicación: 12/09/2012
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional
Ayer se realizó un nuevo monitoreo a la pastera Botnia (UPM) y se presume que el lunes 17 se analizarán por primera vez en la historias las aguas del río Uruguay, a la altura del caño difusor de la planta.
Cuando las tensiones entre Argentina y Uruguay no han cesado, ayer el Comité Científico que trabaja para la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) ingresó nuevamente a la planta Orion (UPM, ex Botnia) para realizar un nuevo monitoreo.
El Frente Amplio que lidera el presidente José “Pepe” Mujica se ha caracterizado por ejecutar al pie de la letra los anuncios del capitalismo salvaje y lejos de aportar soluciones a este largo conflicto, agrava la controversia con el anuncio de una tercera pastera.
El propio Mujica anunció la instalación de una tercera planta de celulosa e incluso anticipó que estará ubicada sobre el río Negro, entre Cerro Largo, Tacuarembó y Durazno. Este anuncio puso en alerta a la Cancillería Argentina y especialmente a la delegación argentina ante la Caru, dado que el río Negro es tributario del río Uruguay y por ende debe ser consultado previamente el organismo binacional para no volver a configurar otra violación serial al Estatuto del Río Uruguay.
El ingreso de ayer a la planta de Botnia busca acopiar la mayor cantidad de análisis antes de la parada anual que tiene programada la empresa. Este hecho pone en jaque a la firma finlandesa, que además la semana que viene se verá acorralada cuando el Comité Científico analice por primera vez en la historia de este conflicto las aguas del río Uruguay en inmediaciones del caño de efluentes que tiene Botnia sobe el lecho del recurso compartido. Un aspecto que también desnuda la precariedad con la que han venido trabajando en materia de monitoreo ambiental.
Con respecto al último comunicado de la cancillería, donde se puso de manifiesto que el Uruguay además de no colaborar, constantemente actúa de mala fe, desde el gobierno uruguayo no lo desmintieron y apenas sostuvieron “que se trata de una exageración”.
Desde entonces, la estrategia del gobierno de Mujica es avivar la chispa para que se vuelva a cortar la ruta y así no tener que dar respuestas, tal como se las está pidiendo el gobierno argentino.
Por otro lado, en el ingreso de ayer a la planta se constató que la fábrica prácticamente no estaba produciendo en sus niveles históricos y eso fue fácilmente observable por el poco caudal de sus piletas. Esto tiene relación con el nivel máximo alcanzado por UPM que ya rondaría las 990 mil toneladas y no puede superar el millón anual.
Es cierto que el comunicado de la cancillería no contempló los resultados obtenidos en las 16 entradas a la planta UPM, pedido de información que hace tiempo viene solicitando la Asamblea Ambiental, el Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú e incluso la propia Justicia Federal. Pero también es verdad que ese comunicado explícitamente manifestó el interés de la delegación argentina ante la Caru para lograr la concreción de una reunión con su contraparte uruguaya a fin de acordar la difusión de los resultados obtenidos por el Comité Científico. Y hasta el momento, ha prevalecido el silencio desde el otro lado de la costa.
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Fecha de Publicación: 12/09/2012
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional
Ayer se realizó un nuevo monitoreo a la pastera Botnia (UPM) y se presume que el lunes 17 se analizarán por primera vez en la historias las aguas del río Uruguay, a la altura del caño difusor de la planta.
Cuando las tensiones entre Argentina y Uruguay no han cesado, ayer el Comité Científico que trabaja para la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) ingresó nuevamente a la planta Orion (UPM, ex Botnia) para realizar un nuevo monitoreo.
El Frente Amplio que lidera el presidente José “Pepe” Mujica se ha caracterizado por ejecutar al pie de la letra los anuncios del capitalismo salvaje y lejos de aportar soluciones a este largo conflicto, agrava la controversia con el anuncio de una tercera pastera.
El propio Mujica anunció la instalación de una tercera planta de celulosa e incluso anticipó que estará ubicada sobre el río Negro, entre Cerro Largo, Tacuarembó y Durazno. Este anuncio puso en alerta a la Cancillería Argentina y especialmente a la delegación argentina ante la Caru, dado que el río Negro es tributario del río Uruguay y por ende debe ser consultado previamente el organismo binacional para no volver a configurar otra violación serial al Estatuto del Río Uruguay.
El ingreso de ayer a la planta de Botnia busca acopiar la mayor cantidad de análisis antes de la parada anual que tiene programada la empresa. Este hecho pone en jaque a la firma finlandesa, que además la semana que viene se verá acorralada cuando el Comité Científico analice por primera vez en la historia de este conflicto las aguas del río Uruguay en inmediaciones del caño de efluentes que tiene Botnia sobe el lecho del recurso compartido. Un aspecto que también desnuda la precariedad con la que han venido trabajando en materia de monitoreo ambiental.
Con respecto al último comunicado de la cancillería, donde se puso de manifiesto que el Uruguay además de no colaborar, constantemente actúa de mala fe, desde el gobierno uruguayo no lo desmintieron y apenas sostuvieron “que se trata de una exageración”.
Desde entonces, la estrategia del gobierno de Mujica es avivar la chispa para que se vuelva a cortar la ruta y así no tener que dar respuestas, tal como se las está pidiendo el gobierno argentino.
Por otro lado, en el ingreso de ayer a la planta se constató que la fábrica prácticamente no estaba produciendo en sus niveles históricos y eso fue fácilmente observable por el poco caudal de sus piletas. Esto tiene relación con el nivel máximo alcanzado por UPM que ya rondaría las 990 mil toneladas y no puede superar el millón anual.
Es cierto que el comunicado de la cancillería no contempló los resultados obtenidos en las 16 entradas a la planta UPM, pedido de información que hace tiempo viene solicitando la Asamblea Ambiental, el Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú e incluso la propia Justicia Federal. Pero también es verdad que ese comunicado explícitamente manifestó el interés de la delegación argentina ante la Caru para lograr la concreción de una reunión con su contraparte uruguaya a fin de acordar la difusión de los resultados obtenidos por el Comité Científico. Y hasta el momento, ha prevalecido el silencio desde el otro lado de la costa.
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OT de bosques en Entre Ríos cuetionado
Ecologistas cuestionan el proyecto de ordenamiento territorial de bosques
Fecha de Publicación: 11/09/2012
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
La organización M’Biguá hizo una presentación ante la Cámara de Diputados de la provincia, criticando el proyecto de ley de bosque nativo. Aseguran que se desconoce la protección de los humedales y no se prevé un plan de recuperación, entre otras falencias.
La organización socioambiental M’Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental, presentó ante la Cámara de Diputados de Entre Ríos un documento con 12 puntos, que resumen sus aportes y críticas al proyecto de ley que se está tratando en la legislatura en relación al ordenamiento territorial del bosque nativo.
Desde la ONG manifestaron que “se presentó un documento de análisis crítico al proyecto de ley de ordenamiento territorial del bosque nativo de Entre Ríos, que fue remitido por el Poder Ejecutivo provincial a la Cámara de Diputados. Nuestro objetivo es que los aportes y las críticas sirvan para el tratamiento del texto elevado”.
En su presentación la ONG critica los puntos más resonantes de dicho proyecto de ley, destacando entre otros que “el proyecto no se apropia de la línea conceptual y por lo tanto normativa y aplicable al bosque nativo y la selva ribereña prevista en la Constitución de la provincia de Entre Ríos. No se utilizan los términos: preservación, recuperación, corredores biológicos. En particular, no profundiza sobre políticas claras y focalizadas en cuanto a las obligaciones de inducir a los propietarios, por medio de forestación de nativas, los bordes de ríos y arroyos, en cualquier escala, sino más bien, sólo expone la regeneración natural".
Así también en el escrito presentado puede leerse que "no existe en el proyecto de ley, un plan o programa sistematizado de recuperación del monte nativo, más allá de lo normado en el artículo 15 y los puntos desarrollados al final del documento objeto de discusión”.
Otro de los puntos a indica que “la Constituciónde la provincia de Entre Ríos determina la existencia y valor de la evaluación ambiental estratégica. La iniciativa oficial desconoce y no hace referencia alguna a la evaluación ambiental estratégica del Programa Integral Estratégico para la Conservacióny el Desarrollo y el Desarrollo Sostenible de la Región Delta del Paraná, conocido como PIECAS-DP, en cuanto a la región del Delta y el valor y significación de sus aportes”.
Desde la ONG expresaron también que “la norma en debate expone sobre tres regiones que, según el texto, corresponden a tres situaciones ecológicas diferentes y conceptualiza a una de ellas, definida como Región III, como tradicionalmente agrícola con humedales. Es decir, iguala la región agrícola por excelencia de Entre Ríos a los humedales, liberando, en cuanto a sus usos, el acceso del modelo productivo vigente en dicha región hacia el Delta. Claramente este uso del lenguaje confuso, habilitaría la explotación agrícola fuera de los albardones que contienen selvas ribereñas y poco monte nativo” recalcando que “de esta manera no se salvaguarda la estabilidad ecológica de los humedales, cuestión normada en artículo 85 párrafo séptimo dela Constituciónde la provincia de Entre Ríos.”
Finalmente indicaron que: “El proyecto de ley en debate en Diputados desconoce el debate cívico que se viene dando en el contexto de protección y sustentabilidad de los humedales de la cuenca sur de la Cuenca del Plata. Ignora la mirada focalizada del PIECAS-DP y las conclusiones de su Evaluación Ambiental Estratégica. La iniciativa debería incorporar y/o atender a los lineamientos propuestos por el PIECAS-DP. Asimismo, debe cumplirse con la modalidad participativa prevista en la Ley de Presupuestos Mínimos del Bosque Nativo, en cuanto a la celebración de audiencias públicas, como se ha realizado en muchas de las provincias que ya tienen sancionado su ordenamiento territorial de bosques nativos”.
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Fecha de Publicación: 11/09/2012
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
La organización M’Biguá hizo una presentación ante la Cámara de Diputados de la provincia, criticando el proyecto de ley de bosque nativo. Aseguran que se desconoce la protección de los humedales y no se prevé un plan de recuperación, entre otras falencias.La organización socioambiental M’Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental, presentó ante la Cámara de Diputados de Entre Ríos un documento con 12 puntos, que resumen sus aportes y críticas al proyecto de ley que se está tratando en la legislatura en relación al ordenamiento territorial del bosque nativo.
Desde la ONG manifestaron que “se presentó un documento de análisis crítico al proyecto de ley de ordenamiento territorial del bosque nativo de Entre Ríos, que fue remitido por el Poder Ejecutivo provincial a la Cámara de Diputados. Nuestro objetivo es que los aportes y las críticas sirvan para el tratamiento del texto elevado”.
En su presentación la ONG critica los puntos más resonantes de dicho proyecto de ley, destacando entre otros que “el proyecto no se apropia de la línea conceptual y por lo tanto normativa y aplicable al bosque nativo y la selva ribereña prevista en la Constitución de la provincia de Entre Ríos. No se utilizan los términos: preservación, recuperación, corredores biológicos. En particular, no profundiza sobre políticas claras y focalizadas en cuanto a las obligaciones de inducir a los propietarios, por medio de forestación de nativas, los bordes de ríos y arroyos, en cualquier escala, sino más bien, sólo expone la regeneración natural".
Así también en el escrito presentado puede leerse que "no existe en el proyecto de ley, un plan o programa sistematizado de recuperación del monte nativo, más allá de lo normado en el artículo 15 y los puntos desarrollados al final del documento objeto de discusión”.
Otro de los puntos a indica que “la Constituciónde la provincia de Entre Ríos determina la existencia y valor de la evaluación ambiental estratégica. La iniciativa oficial desconoce y no hace referencia alguna a la evaluación ambiental estratégica del Programa Integral Estratégico para la Conservacióny el Desarrollo y el Desarrollo Sostenible de la Región Delta del Paraná, conocido como PIECAS-DP, en cuanto a la región del Delta y el valor y significación de sus aportes”.
Desde la ONG expresaron también que “la norma en debate expone sobre tres regiones que, según el texto, corresponden a tres situaciones ecológicas diferentes y conceptualiza a una de ellas, definida como Región III, como tradicionalmente agrícola con humedales. Es decir, iguala la región agrícola por excelencia de Entre Ríos a los humedales, liberando, en cuanto a sus usos, el acceso del modelo productivo vigente en dicha región hacia el Delta. Claramente este uso del lenguaje confuso, habilitaría la explotación agrícola fuera de los albardones que contienen selvas ribereñas y poco monte nativo” recalcando que “de esta manera no se salvaguarda la estabilidad ecológica de los humedales, cuestión normada en artículo 85 párrafo séptimo dela Constituciónde la provincia de Entre Ríos.”
Finalmente indicaron que: “El proyecto de ley en debate en Diputados desconoce el debate cívico que se viene dando en el contexto de protección y sustentabilidad de los humedales de la cuenca sur de la Cuenca del Plata. Ignora la mirada focalizada del PIECAS-DP y las conclusiones de su Evaluación Ambiental Estratégica. La iniciativa debería incorporar y/o atender a los lineamientos propuestos por el PIECAS-DP. Asimismo, debe cumplirse con la modalidad participativa prevista en la Ley de Presupuestos Mínimos del Bosque Nativo, en cuanto a la celebración de audiencias públicas, como se ha realizado en muchas de las provincias que ya tienen sancionado su ordenamiento territorial de bosques nativos”.
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A dos años de la ley de glaciares
A dos años de la ley de glaciares se difundirán datos sobre el censo
Fecha de Publicación: 11/09/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Para algunos legisladores nacionales por Mendoza, los avances del inventario deberían haber estado antes, mientras que para el Ianigla están en "los tiempos que se habían previsto, incluso más rápido".
El 30 de setiembre de 2010, luego de haber sido aprobada por unanimidad tres años antes y posteriormente vetada ese mismo año (2007), en el Congreso se aprobaba por segunda vez la Ley de Protección de Glaciares.
Una de las tareas que se fijaba era la realización urgente de un itinerario de zonas glaciares y periglaciares en la Cordillera de los Andes para determinar en qué áreas de la cordillera podían autorizarse y desarrollarse emprendimientos mineros, de infraestructura y arquitectura y en cuáles no.
En coincidencia con el segundo aniversario de la sanción de la normativa, el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) -ente que coordina la realización del estudio a nivel nacional-, Ricardo Villalba destacó que a fines de mes se presentarán los primeros resultados, datos y estadísticas del censo nacional en el Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema) al tiempo que resaltó que "se están cumpliendo los tiempos que se habían previsto, incluso más rápido de lo que habíamos pensado".
Para los legisladores nacionales por Mendoza de la oposición, es "preocupante" que este primer informe se difunda recién a dos años de la sanción de la ley y podría haberse hecho mucho más a esta altura.
Historia
Luego de ser vetada por el Gobierno nacional, la ley que establecía la protección de glaciares y periglaciares en 2007, se aprobó en 2010 la norma N° 26.639 de "Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial", similar a su antecesora y esta vez con un acuerdo entre todos los partidos.
Entre sus artículos, esta legislación establece que es necesario definir cuáles son las áreas glaciares y periglaciares al tiempo que define qué actividades están prohibidas y para eso establece la creación de un inventario nacional de glaciares.
"La ley prohíbe la esparsión y liberación de sustancias contaminantes en glaciares y periglaciares, al tiempo que restringe las construcciones de obras arquitectónicas y de infraestructura así como también la explotación minera e hidrocarburífera, además de la instalación de actividades industriales", destacó Mariana Juri, diputada nacional mendocina por la UCR y una de las legisladoras que manifestó su preocupación por la demora de la implementación de la ley y la presentación de los resultados del censo de glaciares.
Del mismo modo, Juri y su par, Enrique Vaquié, hicieron una presentación exigiendo que se expongan públicamente los avances del Inventario Nacional de Glaciares, en especial lo referido a Mendoza. En este apartado se refirieron al Ianigla, que -de acuerdo a la ley- es el encargado de coordinar el censo de glaciares.
"Es entendible que argumenten que esto se demora, pero ya llevamos dos años desde que se aprobó la ley y no se conoce ningún resultado. Incluso creo que las conclusiones y datos deberían exponerse públicamente justamente para bajar el enojo público y se pueda tener un debate en serio sobre la minería. ¿Cómo vamos a debatir el tema en serio si todavía no sabemos en qué lugares se puede y en cuáles no?", sostuvo la legisladora.
Reclamó que los resultados deberían presentarse en el Congreso, de forma pública (como lo establece la ley) y también en Mendoza, ya que la provincia aportó fondos para financiar el inventario en esta jurisdicción.
Al respecto, Ricardo Villalba destacó que se está cumpliendo con los tiempos previstos y resaltó que a fin de mes se conocerán los primeros resultados del censo.
"Cuando los legisladores me consultaron, yo les estuve contando en qué se ha trabajado y cómo se va avanzando. No todo depende de nosotros, porque somos la institución que está coordinando el inventario. A fin de mes se van a presentar los primeros resultados en el Consejo Federal de Medio Ambiente, del que van a participar los secretarios de Ambiente de todo el país. Ahí vamos a a exponer sobre los avances con el inventario y liberar información y datos precisos. Pero nada se está demorando intencionalmente ni más de lo previsto. Se está trabajando en un buen tiempo", contó Villalba, quien indicó que probablemente el fuerte de las críticas tenga como destinataria a la Secretaría de Ambiente de la Nación, ya que es esa dependencia la que debe hacer las presentaciones.
El Ianigla está coordinando los censos en las provincias de Mendoza, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, pero el inventario se hace a lo largo de toda la cordillera y en otras provincias lo coordinan otros órganos. En San Juan, por ejemplo, la encargada es la Universidad Nacional de San Juan.
Los otros pendientes
Además de mostrarse preocupados por la demora en la realización del inventario, los legisladores radicales por Mendoza también advirtieron que tampoco se cumplieron las cláusulas transitorias fijadas hasta tanto esté listo el censo.
"Justamente, pensando en la demora, en la 26.639 se fijó una cláusula para que a los 60 días de aprobada la ley se presentara al menos el cronograma para la ejecución del inventario y que de inmediato (entiéndase en no más de 180 días) se haya empezado a hacer el censo en las zonas prioritarias, entendiendo por éstas los lugares en los que hayan pedidos de proyectos que estarían prohibidos por la ley, tal como ocurrió en Famatina (La Rioja) con el proyecto minero. En los lugares en los que ya se estuviera trabajando, como ocurre en San Juan que el emprendimiento minero ya está instalado, la cláusula establecía que debía hacerse una auditoría ambiental que reflejara el impacto. Ninguna de esas cosas se cumplieron", acusó Juri.
Mientras, en Famatina, el juez Carlos Díaz falló hace poco más de un mes que no podría comenzar la actividad hasta tanto no esté el inventario, en San Juan el Gobierno de esa provincia interpuso una medida cautelar para poder continuar con la actividad en sus emprendimientos (Veladero y Pascua Lama, donde ya habían empezado) sin que se haga el inventario ni la presentación de impacto ambiental. Pero fue la Justicia la que rechazó la cautelar y no autorizó (al menos en la teoría) a que los emprendimientos sigan avanzando hasta tanto no estén concluidos los informes.
"Insistimos que con información se contribuye a calmar el enojo y la violencia social. No hace falta seguir jugando a las escondidas y menos con estos temas", sentenciaron los legisladores.
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Fecha de Publicación: 11/09/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Para algunos legisladores nacionales por Mendoza, los avances del inventario deberían haber estado antes, mientras que para el Ianigla están en "los tiempos que se habían previsto, incluso más rápido". El 30 de setiembre de 2010, luego de haber sido aprobada por unanimidad tres años antes y posteriormente vetada ese mismo año (2007), en el Congreso se aprobaba por segunda vez la Ley de Protección de Glaciares.
Una de las tareas que se fijaba era la realización urgente de un itinerario de zonas glaciares y periglaciares en la Cordillera de los Andes para determinar en qué áreas de la cordillera podían autorizarse y desarrollarse emprendimientos mineros, de infraestructura y arquitectura y en cuáles no.
En coincidencia con el segundo aniversario de la sanción de la normativa, el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) -ente que coordina la realización del estudio a nivel nacional-, Ricardo Villalba destacó que a fines de mes se presentarán los primeros resultados, datos y estadísticas del censo nacional en el Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema) al tiempo que resaltó que "se están cumpliendo los tiempos que se habían previsto, incluso más rápido de lo que habíamos pensado".
Para los legisladores nacionales por Mendoza de la oposición, es "preocupante" que este primer informe se difunda recién a dos años de la sanción de la ley y podría haberse hecho mucho más a esta altura.
Historia
Luego de ser vetada por el Gobierno nacional, la ley que establecía la protección de glaciares y periglaciares en 2007, se aprobó en 2010 la norma N° 26.639 de "Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial", similar a su antecesora y esta vez con un acuerdo entre todos los partidos.
Entre sus artículos, esta legislación establece que es necesario definir cuáles son las áreas glaciares y periglaciares al tiempo que define qué actividades están prohibidas y para eso establece la creación de un inventario nacional de glaciares.
"La ley prohíbe la esparsión y liberación de sustancias contaminantes en glaciares y periglaciares, al tiempo que restringe las construcciones de obras arquitectónicas y de infraestructura así como también la explotación minera e hidrocarburífera, además de la instalación de actividades industriales", destacó Mariana Juri, diputada nacional mendocina por la UCR y una de las legisladoras que manifestó su preocupación por la demora de la implementación de la ley y la presentación de los resultados del censo de glaciares.
Del mismo modo, Juri y su par, Enrique Vaquié, hicieron una presentación exigiendo que se expongan públicamente los avances del Inventario Nacional de Glaciares, en especial lo referido a Mendoza. En este apartado se refirieron al Ianigla, que -de acuerdo a la ley- es el encargado de coordinar el censo de glaciares.
"Es entendible que argumenten que esto se demora, pero ya llevamos dos años desde que se aprobó la ley y no se conoce ningún resultado. Incluso creo que las conclusiones y datos deberían exponerse públicamente justamente para bajar el enojo público y se pueda tener un debate en serio sobre la minería. ¿Cómo vamos a debatir el tema en serio si todavía no sabemos en qué lugares se puede y en cuáles no?", sostuvo la legisladora.
Reclamó que los resultados deberían presentarse en el Congreso, de forma pública (como lo establece la ley) y también en Mendoza, ya que la provincia aportó fondos para financiar el inventario en esta jurisdicción.
Al respecto, Ricardo Villalba destacó que se está cumpliendo con los tiempos previstos y resaltó que a fin de mes se conocerán los primeros resultados del censo.
"Cuando los legisladores me consultaron, yo les estuve contando en qué se ha trabajado y cómo se va avanzando. No todo depende de nosotros, porque somos la institución que está coordinando el inventario. A fin de mes se van a presentar los primeros resultados en el Consejo Federal de Medio Ambiente, del que van a participar los secretarios de Ambiente de todo el país. Ahí vamos a a exponer sobre los avances con el inventario y liberar información y datos precisos. Pero nada se está demorando intencionalmente ni más de lo previsto. Se está trabajando en un buen tiempo", contó Villalba, quien indicó que probablemente el fuerte de las críticas tenga como destinataria a la Secretaría de Ambiente de la Nación, ya que es esa dependencia la que debe hacer las presentaciones.
El Ianigla está coordinando los censos en las provincias de Mendoza, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, pero el inventario se hace a lo largo de toda la cordillera y en otras provincias lo coordinan otros órganos. En San Juan, por ejemplo, la encargada es la Universidad Nacional de San Juan.
Los otros pendientes
Además de mostrarse preocupados por la demora en la realización del inventario, los legisladores radicales por Mendoza también advirtieron que tampoco se cumplieron las cláusulas transitorias fijadas hasta tanto esté listo el censo.
"Justamente, pensando en la demora, en la 26.639 se fijó una cláusula para que a los 60 días de aprobada la ley se presentara al menos el cronograma para la ejecución del inventario y que de inmediato (entiéndase en no más de 180 días) se haya empezado a hacer el censo en las zonas prioritarias, entendiendo por éstas los lugares en los que hayan pedidos de proyectos que estarían prohibidos por la ley, tal como ocurrió en Famatina (La Rioja) con el proyecto minero. En los lugares en los que ya se estuviera trabajando, como ocurre en San Juan que el emprendimiento minero ya está instalado, la cláusula establecía que debía hacerse una auditoría ambiental que reflejara el impacto. Ninguna de esas cosas se cumplieron", acusó Juri.
Mientras, en Famatina, el juez Carlos Díaz falló hace poco más de un mes que no podría comenzar la actividad hasta tanto no esté el inventario, en San Juan el Gobierno de esa provincia interpuso una medida cautelar para poder continuar con la actividad en sus emprendimientos (Veladero y Pascua Lama, donde ya habían empezado) sin que se haga el inventario ni la presentación de impacto ambiental. Pero fue la Justicia la que rechazó la cautelar y no autorizó (al menos en la teoría) a que los emprendimientos sigan avanzando hasta tanto no estén concluidos los informes.
"Insistimos que con información se contribuye a calmar el enojo y la violencia social. No hace falta seguir jugando a las escondidas y menos con estos temas", sentenciaron los legisladores.
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Se necesita una reglamentación de la LGA
Necesitamos de una reglamentación de la ley general de ambiente
Fecha de Publicación: 11/09/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Riachuelo" es el caso arquetípico de la contaminación en la Argentina. Por la intensidad de la contaminación, la cantidad de población afectada y la historia del problema. Ya en 1871 tuvo que ver con la epidemia de fiebre amarilla y hubo un fallo de la Corte por eso el 15 de mayo de 1887. También todos recordamos los "1000 días" de la ingeniera María Julia Alsogaray para limpiarlo.
La existencia de miles de establecimientos cuyos efluentes son parte del problema, las fuentes de trabajo afectadas, los problemas de vivienda por asentamientos en espacios que es necesario sanear, los problemas de gestión por la construcción de redes cloacales para centenares de miles de hogares, los basurales a cielo abierto, plantean un problema multifacético, con múltiples actores institucionales y sociales en una trama de muy complejo abordaje y resolución.
En julio 2004, vecinos de Isla Maciel y La Boca, presentan una demanda directamente ante la Corte, contra el Estado Nacional, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires y 44 empresas, reclamando por el daño ambiental colectivo, una categoría especial que surge de la Ley General del Ambiente, Nº 25675. No fue la primera en su tipo: un año antes la Asociación de Grandes Superficiarios de la Patagonia, una ONG defensora del ambiente, había demandado a Repsol-YPF y otras petroleras, por contaminación en las cuencas de los ríos Negro y Neuquén, también directamente ante la Corte, invocando su competencia originaria.
En los dos casos, los demandados opusieron la excepción de "defecto legal", es decir que no sabían de qué tenían que defenderse. La Corte no resolvió igual: en ASUPA, el juicio "se estancó". En Matanza Riachuelo avanzó. En 2006, por este caso, el Congreso creó por Ley la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), estableciendo que quien fuese secretario de Ambiente de la Nación sería su presidente.
Invocando las amplísimas facultades que le da al juez ambiental la Ley 25.675, la Corte fragmentó la sentencia en "Riachuelo". Falló en julio de 2008 sobre las medidas necesarias para hacer cesar la contaminación y difirió para más adelante la sentencia concerniente a la reparación por el daño ambiental causado. En esa decisión, la Corte ordenó a la ACUMAR el cumplimiento de su fallo, y designó como juez de Ejecución al Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del Dr. Armella. La actividad del juzgado fue intensísima, incluyendo decisiones de carácter ejecutivo. Desde el comienzo de su gestión en agosto 2008, dictó más de 100 resoluciones dentro de las amplias facultades de las que fue investido. Nunca antes habíamos visto en decisiones judiciales tal grado de detalle y precisión, sobre temas extrajurídicos, de ingeniería y otros. Además, poniendo plazos cada vez mas exiguos.
Ahora, sale a la luz esta denuncia, y cabe hacer notar que la oportunidad para que estas cosas ocurran la brinda la extensión de las facultades con las que fue investido el juez. Quienes en otros casos son celosos guardianes de la división de poderes, en este, en el que los hechos sobrevienen porque un juez está investido de poderes que avanzan sobre el Ejecutivo, no dicen nada.
Todo queda en entredicho y cabe preguntarse si no necesitamos de una reglamentación de la Ley General de Ambiente que ponga algún limite a la interpretación de esas "amplias facultades ordenatorias e instructorias" de la ley. Por otra parte, en la contaminación que generó Repsol YPF, el caso ASUPA, aún no hay ninguna sentencia a pesar de que el caso se inició antes que "Riachuelo".
Fecha de Publicación: 11/09/2012
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Riachuelo" es el caso arquetípico de la contaminación en la Argentina. Por la intensidad de la contaminación, la cantidad de población afectada y la historia del problema. Ya en 1871 tuvo que ver con la epidemia de fiebre amarilla y hubo un fallo de la Corte por eso el 15 de mayo de 1887. También todos recordamos los "1000 días" de la ingeniera María Julia Alsogaray para limpiarlo.
La existencia de miles de establecimientos cuyos efluentes son parte del problema, las fuentes de trabajo afectadas, los problemas de vivienda por asentamientos en espacios que es necesario sanear, los problemas de gestión por la construcción de redes cloacales para centenares de miles de hogares, los basurales a cielo abierto, plantean un problema multifacético, con múltiples actores institucionales y sociales en una trama de muy complejo abordaje y resolución.
En julio 2004, vecinos de Isla Maciel y La Boca, presentan una demanda directamente ante la Corte, contra el Estado Nacional, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires y 44 empresas, reclamando por el daño ambiental colectivo, una categoría especial que surge de la Ley General del Ambiente, Nº 25675. No fue la primera en su tipo: un año antes la Asociación de Grandes Superficiarios de la Patagonia, una ONG defensora del ambiente, había demandado a Repsol-YPF y otras petroleras, por contaminación en las cuencas de los ríos Negro y Neuquén, también directamente ante la Corte, invocando su competencia originaria.
En los dos casos, los demandados opusieron la excepción de "defecto legal", es decir que no sabían de qué tenían que defenderse. La Corte no resolvió igual: en ASUPA, el juicio "se estancó". En Matanza Riachuelo avanzó. En 2006, por este caso, el Congreso creó por Ley la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), estableciendo que quien fuese secretario de Ambiente de la Nación sería su presidente.
Invocando las amplísimas facultades que le da al juez ambiental la Ley 25.675, la Corte fragmentó la sentencia en "Riachuelo". Falló en julio de 2008 sobre las medidas necesarias para hacer cesar la contaminación y difirió para más adelante la sentencia concerniente a la reparación por el daño ambiental causado. En esa decisión, la Corte ordenó a la ACUMAR el cumplimiento de su fallo, y designó como juez de Ejecución al Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del Dr. Armella. La actividad del juzgado fue intensísima, incluyendo decisiones de carácter ejecutivo. Desde el comienzo de su gestión en agosto 2008, dictó más de 100 resoluciones dentro de las amplias facultades de las que fue investido. Nunca antes habíamos visto en decisiones judiciales tal grado de detalle y precisión, sobre temas extrajurídicos, de ingeniería y otros. Además, poniendo plazos cada vez mas exiguos.
Ahora, sale a la luz esta denuncia, y cabe hacer notar que la oportunidad para que estas cosas ocurran la brinda la extensión de las facultades con las que fue investido el juez. Quienes en otros casos son celosos guardianes de la división de poderes, en este, en el que los hechos sobrevienen porque un juez está investido de poderes que avanzan sobre el Ejecutivo, no dicen nada.
Todo queda en entredicho y cabe preguntarse si no necesitamos de una reglamentación de la Ley General de Ambiente que ponga algún limite a la interpretación de esas "amplias facultades ordenatorias e instructorias" de la ley. Por otra parte, en la contaminación que generó Repsol YPF, el caso ASUPA, aún no hay ninguna sentencia a pesar de que el caso se inició antes que "Riachuelo".
Por David Lud
Ingeniero químico y
presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Asociación
de Abogados de Buenos Aires
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Sali-Dulce: inician controles a citrícolas
Santiago comenzó con los controles a las industrias citrícolas
Fecha de Publicación: 10/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Autoridades del Comité de Cuenca Salí-Dulce ampliaron los controles que se venían realizando a los ingenios, a las industrias citrícolas. El objetivo es comprobar si se realiza el tratamiento de los efluentes, como parte del plan para el saneamiento de ríos y arroyos de la cuenca y del embalse Río Hondo.
De esta forma se cumplió con un planteo de Santiago del Estero y con el mandato del jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina; y del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, quienes en la última reunión del Comité de Cuenca Salí-Dulce habían pedido que se controle a las otras industrias tucumanas.
El director de Medio Ambiente provincial, Juan Carlos Targa, formó parte de los equipos técnicos y en diálogo con EL LIBERAL, señaló que las citrícolas también generan efluentes como los ingenios y que “algunas están haciendo tratamiento y otras no”. “Prácticamente todas han comenzado algún tipo de tratamiento y a estas industrias también se las están siguiendo”, manifestó.
Indicó que otras industrias también generan desechos industriales y que deben ser monitoreadas por las autoridades ambientales. En ese sentido, Targa fue tajante al afirmar: “Están todos conscientes de que vamos a ir por más (controles), hasta que se logre descontaminar la cuenca totalmente”.
“Así como se está haciendo con los ingenios, visitamos una de las citrícolas trabajando. Comenzando a hacer control sobre los tratamientos, aunque se ha hecho hincapié en la vinaza y ceniza (desechos de los ingenios), vamos a seguir por los otros efluentes porque no se puede hacer el saneamiento de la cuenca con el control solamente a dos tipos de desechos, hay que controlar todo”, señaló Targa.
“Las citrícolas puntualizó- saben que vamos por más y las autoridades de Tucumán están tratando de que todas cumplan con los regímenes de vuelcos o vertidos y que estén todas dentro de la ley”.
El director de Medio Ambiente advirtió que los efluentes de una citrícola, sobre todo las que producen jugos concentrados o demás, generan un efluente muy parecido, no igual, a la vinaza (desecho de la producción de alcohol con la melaza de caña) ya que también tiene mucha materia orgánica. “Pero es muy ácido, tiene otras características que lo hace difícil de tratar por un lado, y por otro, difícil de eliminar en el medio ambiente. Eso hace que sea un contaminante bien difícil de tratar”, explicó.
Targa mencionó que otras industrias que generan contaminación en Tucumán son los mataderos, pero también puso énfasis en los riesgos que provocan los desechos cloacales que se arrojan sin tratamiento. A ello, sumó el agua del lavado del ingenio, conocida como agua industrial, que también contiene contaminantes. “Siempre estamos hablando de contaminantes orgánicos, el problema más grave es que cuando llegan al agua, se descomponen y cuando van al embalse, desarrollan algas y demás. No es que hayamos encontrado tóxicos”.
Puntualmente, indicó que los líquidos cloacales además de que tienen mucha carga orgánica y por lo tanto, mucha demanda biológica de oxígeno (DBO), “tienen el peligro de las bacterias que puedan contener”.
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Fecha de Publicación: 10/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Autoridades del Comité de Cuenca Salí-Dulce ampliaron los controles que se venían realizando a los ingenios, a las industrias citrícolas. El objetivo es comprobar si se realiza el tratamiento de los efluentes, como parte del plan para el saneamiento de ríos y arroyos de la cuenca y del embalse Río Hondo.De esta forma se cumplió con un planteo de Santiago del Estero y con el mandato del jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina; y del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, quienes en la última reunión del Comité de Cuenca Salí-Dulce habían pedido que se controle a las otras industrias tucumanas.
El director de Medio Ambiente provincial, Juan Carlos Targa, formó parte de los equipos técnicos y en diálogo con EL LIBERAL, señaló que las citrícolas también generan efluentes como los ingenios y que “algunas están haciendo tratamiento y otras no”. “Prácticamente todas han comenzado algún tipo de tratamiento y a estas industrias también se las están siguiendo”, manifestó.
Indicó que otras industrias también generan desechos industriales y que deben ser monitoreadas por las autoridades ambientales. En ese sentido, Targa fue tajante al afirmar: “Están todos conscientes de que vamos a ir por más (controles), hasta que se logre descontaminar la cuenca totalmente”.
“Así como se está haciendo con los ingenios, visitamos una de las citrícolas trabajando. Comenzando a hacer control sobre los tratamientos, aunque se ha hecho hincapié en la vinaza y ceniza (desechos de los ingenios), vamos a seguir por los otros efluentes porque no se puede hacer el saneamiento de la cuenca con el control solamente a dos tipos de desechos, hay que controlar todo”, señaló Targa.
“Las citrícolas puntualizó- saben que vamos por más y las autoridades de Tucumán están tratando de que todas cumplan con los regímenes de vuelcos o vertidos y que estén todas dentro de la ley”.
El director de Medio Ambiente advirtió que los efluentes de una citrícola, sobre todo las que producen jugos concentrados o demás, generan un efluente muy parecido, no igual, a la vinaza (desecho de la producción de alcohol con la melaza de caña) ya que también tiene mucha materia orgánica. “Pero es muy ácido, tiene otras características que lo hace difícil de tratar por un lado, y por otro, difícil de eliminar en el medio ambiente. Eso hace que sea un contaminante bien difícil de tratar”, explicó.
Targa mencionó que otras industrias que generan contaminación en Tucumán son los mataderos, pero también puso énfasis en los riesgos que provocan los desechos cloacales que se arrojan sin tratamiento. A ello, sumó el agua del lavado del ingenio, conocida como agua industrial, que también contiene contaminantes. “Siempre estamos hablando de contaminantes orgánicos, el problema más grave es que cuando llegan al agua, se descomponen y cuando van al embalse, desarrollan algas y demás. No es que hayamos encontrado tóxicos”.
Puntualmente, indicó que los líquidos cloacales además de que tienen mucha carga orgánica y por lo tanto, mucha demanda biológica de oxígeno (DBO), “tienen el peligro de las bacterias que puedan contener”.
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El fraude de la generación de energía con residuos
Residuos y energía: el fraude en la promesa del dos por uno
Fecha de Publicación: 10/09/2012
Fuente: Clarín - Por Juan Carlos Villalonga (Los Verdes)
Provincia/Región: Riachuelo
La empresa estatal ENARSA, actor clave en la Cuenca Matanza-Riachuelo, invoca conceptos falsos e implementa programas inviables.
Desde hace poco tiempo, la empresa estatal ENARSA se ha convertido en un actor clave para promover la inversión en tecnologías de termo-valorización de residuos, especialmente en la Cuenca Matanza-Riachuelo. El dos por uno de ENARSA, generación de energía “renovable” y gestión de residuos, es ofrecido invocando conceptos falsos, vendiendo tecnologías mágicas y brindando soluciones que no son tales.
Los residuos no son una fuente de energía renovable. Que la sociedad de consumo aumente la cantidad de residuos que genera, no los convierte en renovables, ya que los recursos que componen la basura no lo son. La misma Ley 26.190 que ENARSA invoca los excluye como tal.
ENARSA habla de tecnologías que trabajen con el “rechazo” de los residuos, hecho de por sí imposible en la mayor parte de Argentina. La existencia de “rechazo” de residuos es nula ya que no existe un plan de separación en origen de la basura, disposición y recolección diferenciada y reciclado o compostaje que genere una fracción de residuos que no puedan ser recuperados. Por el contrario, una planta de este tipo compite directamente con cualquier plan de reciclado que quiera llevarse adelante, porque los recursos que ambos necesitan son los mismos.
Las tecnologías que promueve ENARSA no son una alternativa real a un relleno sanitario, ya que este tipo de plantas sólo recuperan un porcentaje bajo de los residuos. El resto queda inutilizado y debe ser enterrado o incinerado, ya que los procesos termoquímicos necesitan una clasificación exhaustiva de los distintos materiales que componen los residuos y tampoco en estos casos de máxima está garantizada su viabilidad.
En el año 2011, ENARSA firmó un acuerdo con la empresa norteamericana Innviron por la compra de energía generada de los residuos de la ciudad de Villa María, en Córdoba. ENARSA avanzó con el convenio a pesar de que semanas antes las autoridades de la ciudad de Córdoba dieran de baja la preadjudicación de esa misma empresa para el tratamiento de la basura de la Ciudad de Córdoba. Es que las autoridades de la capital provincial comprobaron, mediante un viaje a los Estados Unidos, que la firma no contaba con una planta de tecnología similar a la propuesta en Córdoba para tratar los residuos a la escala demandada.
ENARSA financia proyectos que no solucionan ni la gestión de los residuos, ni la generación de energía limpia, ni abundante. La promoción para la generación de energía renovable, el programa GENREN, debería destinarse a proyectos basados en fuentes renovables y limpias de verdad, como la eólica y la solar.
En tanto, la gestión de la basura debe obedecer a políticas de minimización, reciclado y compostaje como lo dicta la legislación vigente. El dos por uno de la valorización energética es un fiasco ya probado.
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Fecha de Publicación: 10/09/2012
Fuente: Clarín - Por Juan Carlos Villalonga (Los Verdes)
Provincia/Región: Riachuelo
La empresa estatal ENARSA, actor clave en la Cuenca Matanza-Riachuelo, invoca conceptos falsos e implementa programas inviables.
Desde hace poco tiempo, la empresa estatal ENARSA se ha convertido en un actor clave para promover la inversión en tecnologías de termo-valorización de residuos, especialmente en la Cuenca Matanza-Riachuelo. El dos por uno de ENARSA, generación de energía “renovable” y gestión de residuos, es ofrecido invocando conceptos falsos, vendiendo tecnologías mágicas y brindando soluciones que no son tales.
Los residuos no son una fuente de energía renovable. Que la sociedad de consumo aumente la cantidad de residuos que genera, no los convierte en renovables, ya que los recursos que componen la basura no lo son. La misma Ley 26.190 que ENARSA invoca los excluye como tal.
ENARSA habla de tecnologías que trabajen con el “rechazo” de los residuos, hecho de por sí imposible en la mayor parte de Argentina. La existencia de “rechazo” de residuos es nula ya que no existe un plan de separación en origen de la basura, disposición y recolección diferenciada y reciclado o compostaje que genere una fracción de residuos que no puedan ser recuperados. Por el contrario, una planta de este tipo compite directamente con cualquier plan de reciclado que quiera llevarse adelante, porque los recursos que ambos necesitan son los mismos.
Las tecnologías que promueve ENARSA no son una alternativa real a un relleno sanitario, ya que este tipo de plantas sólo recuperan un porcentaje bajo de los residuos. El resto queda inutilizado y debe ser enterrado o incinerado, ya que los procesos termoquímicos necesitan una clasificación exhaustiva de los distintos materiales que componen los residuos y tampoco en estos casos de máxima está garantizada su viabilidad.
En el año 2011, ENARSA firmó un acuerdo con la empresa norteamericana Innviron por la compra de energía generada de los residuos de la ciudad de Villa María, en Córdoba. ENARSA avanzó con el convenio a pesar de que semanas antes las autoridades de la ciudad de Córdoba dieran de baja la preadjudicación de esa misma empresa para el tratamiento de la basura de la Ciudad de Córdoba. Es que las autoridades de la capital provincial comprobaron, mediante un viaje a los Estados Unidos, que la firma no contaba con una planta de tecnología similar a la propuesta en Córdoba para tratar los residuos a la escala demandada.
ENARSA financia proyectos que no solucionan ni la gestión de los residuos, ni la generación de energía limpia, ni abundante. La promoción para la generación de energía renovable, el programa GENREN, debería destinarse a proyectos basados en fuentes renovables y limpias de verdad, como la eólica y la solar.
En tanto, la gestión de la basura debe obedecer a políticas de minimización, reciclado y compostaje como lo dicta la legislación vigente. El dos por uno de la valorización energética es un fiasco ya probado.
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Sali-Dulce: Tucumán no asume su responsabilidad
Tucumán no asume su responsabilidad por contaminar las aguas
Fecha de Publicación: 09/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
La insensatez humana parece no tener límites cuando de preservar el medio ambiente se trata, aún sabiendo que afecta a su propio entorno, compuesto por familiares directos, comprovincianos y vecinos.
Un grupo de empresarios, poderosos e influyentes, desde hace décadas, acostumbraron a utilizar las aguas de la cuenca Salí-Dulce como un desagüe natural de sustancias que contaminan. La mayoría de ellos está relacionada con la industrialización de la caña de azúcar, seguramente la principal actividad agroindustrial que da trabajo a innumerable cantidad de gente.
Una industria que creció bajo la protección permanente del Estado nacional, apoyada por todos los gobiernos desde el de Juan Carlos Onganía, que impulsó una millonaria política de susbsidios, allá por la década del 60.
Si bien, al inicio de las actividades se podría haber aducido el desconocimiento de que la actividad de la zafra azucarera traería aparejado un tremendo impacto para el medio ambiente tucumano-santiagueño, con el transcurso de los años las evidencias eran más que perceptibles.
El avance de las tecnologías y el abaratamiento de los costos de su implementación, evidencian palmariamente la esencia de argumentos de peso para no asumir con responsabilidad los deberes ineludibles de cualquier emprendimento industrial.
Un detallado y cimentado andamiaje legal que baja desde la Constitución Nacional y sus tratados internacionales, hasta las leyes provinciales y ordenanzas municipales, construyeron un obstáculo infranqueable para que los jueces y las autoridades se comprometan y hagan cumplir las normas que previenen la contaminación o que la sancionan severamente en caso de que ocurra.
Sin embargo, a medida que la contaminación se hacía más evidente, los distintos gobiernos de Tucumán, prefirieron convertirse en apañadores de la contaminación de la industria de la caña de azúcar, que en defensores de los intereses de los tucumanos y santiagueños que sufren las consecuencias.
La gran excusa siempre fue la protección de una actividad que daba trabajo a miles y que en determinados momentos era la única que permitía subsistir a la provincia, como si debiera elegirse maquiavélicamente entre una u otra cosa.
En el medio, lo de siempre, empresarios “generosos” de apoyar campañas electorales de gobernantes, que luego estarían condicionados a actuar; jueces cada vez más dependientes del gobierno de turno y sociedades no muy comprometidas con el cuidado del medio ambiente.
Los resultados están a la vista y deberían avergonzarnos a todos, claro que en mayor medida a quienes el peso de la responsabilidad directa los involucra irremediablemente en graves delitos cometidos a lo largo de los años, por acción u omisión.
La cuenca Salí-Dulce se encuentra contaminada y el lago del embalse de Las Termas de Río Hondo, que comparte Santiago del Estero con Tucumán, va perdiendo su capacidad de acumulación de agua debido a la gran sedimentación que escurre por las aguas de los ríos que lo abastecen.
La máxima contaminación coincide, como una ironía de la vida, cuando Santiago del Estero impulsa, con extraordinario énfasis, el desarrollo turístico de Las Termas de Río Hondo y sus aguas termales de características únicas en el mundo.
El gobierno provincial ha puesto todos los esfuerzos y volcado innumerable cantidad de fondos en la realización de grandes obras públicas, tanto a nivel infraestructura básica como red cloacal, aeropuerto internacional, como recreativas en el caso de la costanera, el autódromo o los parques. Son de público conocimiento y no es necesario enumerarlas a todas.
La actividad privada también aporta lo suyo construyendo nuevos hoteles o remodelando los ya instalados, al igual que el comercio y los servicios.
En definitiva se ha hecho todo lo posible para que Las Termas de Río Hondo se convierta a futuro en un gran centro turístico nacional, con proyecciones internacionales.
Sólo empaña el brillo de tanto esfuerzo, la noticia reiterada de la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, que ante cada nuevo episodio se multiplica restándole imagen.
En estos días, nuevamente empresarios inescrupulosos de la industria azucarera tucumana arrojaron vinaza y cenizas que contaminan las aguas de la cuenca Salí-Dulce, con una impunidad que habla a las claras de que el gobierno de Tucumán no está haciendo la cosas como corresponde, aún habiéndose comprometido a controlar celosamente lo que le compete.
Es cierto que a instancias del gobierno de Santiago del Estero, el apoyo del gobierno de la Nación y la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se han realizado importantes avances que permiten abonar la esperanza de controlar el problema en un palzo razonable.
Sin embargo, sigue ausente un férreo compromiso del gobierno tucumano para realizar la acción preventiva ineludible. Por el contrario se lo ve avanzando a regañadientes, como obligado por las circunstancias, disimulando sus intereses contrarios a la preservación del medio ambiente.
No ha tomado este tema como de afectación común, en lo que parece ser un constante menosprecio por su propia población y mucho más aún por la de Santiago del Estero. Las denuncias sólo se impulsan con firmeza desde Santiago del Estero, cuando ocurren en territorio tucumano, donde debería ser mucho más inmediato y efectivo el control.
La actitud del gobierno tucumano levanta la sospecha de que se aplica la política de que “ya pasará” la presión santiagueña y las cosas volverán a la normalidad de la contaminación como hecho irreversible.
De ahí que deberá ser la tenacidad y el control permanente, las herramientas que con inteligencia deberá sostener Santiago del Estero, para obligar a quienes tienen la responsabilidad empresarial y gubernamental respeten de una vez por todas el derecho a vivir libres de contaminación a dos provincias bellas en el más amplio de los conceptos.
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Fecha de Publicación: 09/09/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
La insensatez humana parece no tener límites cuando de preservar el medio ambiente se trata, aún sabiendo que afecta a su propio entorno, compuesto por familiares directos, comprovincianos y vecinos.Un grupo de empresarios, poderosos e influyentes, desde hace décadas, acostumbraron a utilizar las aguas de la cuenca Salí-Dulce como un desagüe natural de sustancias que contaminan. La mayoría de ellos está relacionada con la industrialización de la caña de azúcar, seguramente la principal actividad agroindustrial que da trabajo a innumerable cantidad de gente.
Una industria que creció bajo la protección permanente del Estado nacional, apoyada por todos los gobiernos desde el de Juan Carlos Onganía, que impulsó una millonaria política de susbsidios, allá por la década del 60.
Si bien, al inicio de las actividades se podría haber aducido el desconocimiento de que la actividad de la zafra azucarera traería aparejado un tremendo impacto para el medio ambiente tucumano-santiagueño, con el transcurso de los años las evidencias eran más que perceptibles.
El avance de las tecnologías y el abaratamiento de los costos de su implementación, evidencian palmariamente la esencia de argumentos de peso para no asumir con responsabilidad los deberes ineludibles de cualquier emprendimento industrial.
Un detallado y cimentado andamiaje legal que baja desde la Constitución Nacional y sus tratados internacionales, hasta las leyes provinciales y ordenanzas municipales, construyeron un obstáculo infranqueable para que los jueces y las autoridades se comprometan y hagan cumplir las normas que previenen la contaminación o que la sancionan severamente en caso de que ocurra.
Sin embargo, a medida que la contaminación se hacía más evidente, los distintos gobiernos de Tucumán, prefirieron convertirse en apañadores de la contaminación de la industria de la caña de azúcar, que en defensores de los intereses de los tucumanos y santiagueños que sufren las consecuencias.
La gran excusa siempre fue la protección de una actividad que daba trabajo a miles y que en determinados momentos era la única que permitía subsistir a la provincia, como si debiera elegirse maquiavélicamente entre una u otra cosa.
En el medio, lo de siempre, empresarios “generosos” de apoyar campañas electorales de gobernantes, que luego estarían condicionados a actuar; jueces cada vez más dependientes del gobierno de turno y sociedades no muy comprometidas con el cuidado del medio ambiente.
Los resultados están a la vista y deberían avergonzarnos a todos, claro que en mayor medida a quienes el peso de la responsabilidad directa los involucra irremediablemente en graves delitos cometidos a lo largo de los años, por acción u omisión.
La cuenca Salí-Dulce se encuentra contaminada y el lago del embalse de Las Termas de Río Hondo, que comparte Santiago del Estero con Tucumán, va perdiendo su capacidad de acumulación de agua debido a la gran sedimentación que escurre por las aguas de los ríos que lo abastecen.
La máxima contaminación coincide, como una ironía de la vida, cuando Santiago del Estero impulsa, con extraordinario énfasis, el desarrollo turístico de Las Termas de Río Hondo y sus aguas termales de características únicas en el mundo.
El gobierno provincial ha puesto todos los esfuerzos y volcado innumerable cantidad de fondos en la realización de grandes obras públicas, tanto a nivel infraestructura básica como red cloacal, aeropuerto internacional, como recreativas en el caso de la costanera, el autódromo o los parques. Son de público conocimiento y no es necesario enumerarlas a todas.
La actividad privada también aporta lo suyo construyendo nuevos hoteles o remodelando los ya instalados, al igual que el comercio y los servicios.
En definitiva se ha hecho todo lo posible para que Las Termas de Río Hondo se convierta a futuro en un gran centro turístico nacional, con proyecciones internacionales.
Sólo empaña el brillo de tanto esfuerzo, la noticia reiterada de la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, que ante cada nuevo episodio se multiplica restándole imagen.
En estos días, nuevamente empresarios inescrupulosos de la industria azucarera tucumana arrojaron vinaza y cenizas que contaminan las aguas de la cuenca Salí-Dulce, con una impunidad que habla a las claras de que el gobierno de Tucumán no está haciendo la cosas como corresponde, aún habiéndose comprometido a controlar celosamente lo que le compete.
Es cierto que a instancias del gobierno de Santiago del Estero, el apoyo del gobierno de la Nación y la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se han realizado importantes avances que permiten abonar la esperanza de controlar el problema en un palzo razonable.
Sin embargo, sigue ausente un férreo compromiso del gobierno tucumano para realizar la acción preventiva ineludible. Por el contrario se lo ve avanzando a regañadientes, como obligado por las circunstancias, disimulando sus intereses contrarios a la preservación del medio ambiente.
No ha tomado este tema como de afectación común, en lo que parece ser un constante menosprecio por su propia población y mucho más aún por la de Santiago del Estero. Las denuncias sólo se impulsan con firmeza desde Santiago del Estero, cuando ocurren en territorio tucumano, donde debería ser mucho más inmediato y efectivo el control.
La actitud del gobierno tucumano levanta la sospecha de que se aplica la política de que “ya pasará” la presión santiagueña y las cosas volverán a la normalidad de la contaminación como hecho irreversible.
De ahí que deberá ser la tenacidad y el control permanente, las herramientas que con inteligencia deberá sostener Santiago del Estero, para obligar a quienes tienen la responsabilidad empresarial y gubernamental respeten de una vez por todas el derecho a vivir libres de contaminación a dos provincias bellas en el más amplio de los conceptos.
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