Salta, capital del desmonte
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Salta, capital del desmonte
Fecha de Publicación: 21/02/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Dos imágenes satelitales tomadas una en enero y otra en octubre del año pasado muestran que en Salta continúa la tala de bosques a pesar del fallo de la Corte Suprema de la Nación que la prohíbe. Al menos nueve mil hectáreas se perdieron en 2009.
Salta encabeza las estadísticas de desmonte nacional. Según la Secretaría de Ambiente de Nación, en sólo cuatro años, entre 2002 y 2006, el sector privado arrasó 414.934 hectáreas, más del doble del registrado entre 1998-2002. En 2007, superó todas las expectativas: autorizó talar 435.399 hectáreas. La misma secretaría remarca que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente al cultivo de soja, y en segundo lugar para la industria forestal. Ante una presentación de comunidades indígenas y organizaciones campesinas, la Corte Suprema de Justicia ordenó en diciembre de 2008 el cese de desmontes en cuatro departamentos. A pesar de la prohibición del máximo tribunal del país, Página/12 tuvo acceso a imágenes satelitales que evidencian el desmonte ilegal de al menos 9000 hectáreas de la región más deforestada del país.
Desde el gobierno de Salta, la coordinadora del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Elisabeth Prudencio, reconoció que hubo violaciones a la medida de la Corte Suprema, aclaró que no fueron autorizadas por el gobierno salteño, aceptó que éste tiene la función de controlar la situación y aseguró que habrá una “pronta intimación” a las empresas.
La ley 26.331 (también llamada Ley de Bosques) fue sancionada el 28 de noviembre de 2007. Establecía que las provincias no podían emitir nuevos permisos de desmontes hasta tanto no realicen un ordenamiento territorial en sus zonas boscosas por categorías de conservación. “Al momento de la sanción, se daba en Salta un aumento exponencial de solicitudes de desmonte, relacionado con la inminente entrada en vigencia de la ley. Durante noviembre de 2007 se convocó a audiencias de desmonte por 130 mil hectáreas”, denunció la ONG Asociana (Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino) en un completo análisis de los desmontes realizados entre 2004 y 2007, y señaló que los departamentos más afectados son los de mayor presencia indígena.
La ONG detalló, sobre la base de datos oficiales, que en 2006 se convocó a audiencias públicas para desmontar 77.612 hectáreas. En 2007 lo hizo por cinco veces más: 435.399 hectáreas, superior al promedio de deforestación anual de todo el país (280.000 hectáreas).
En diciembre de 2008, la Corte Suprema de Justicia ordenó detener los desmontes y la tala en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, autorizados –presuntamente de manera irregular– por el gobierno provincial días antes que se sancionara la Ley de Bosques.
En mayo último, el dirigente wichí Oscar Lorenzo, de la comunidad Kilómetro 6 de Tartagal, alertó que el desmonte no se había detenido y detalló que los tractores retiraban troncos durante todas las noches. Dos semanas después, Greenpeace confirmó mediante fotografías la destrucción de bosque nativo en la ciudad de Embarcación, también en el norte salteño.
Página/12 tuvo acceso a imágenes satelitales de enero y octubre de 2009. Es notoria la eliminación de áreas verdes en las fincas El Chilcar y La Maravilla. Según técnicos de Asociana y el INTA Salta se trata de al menos 9000 hectáreas desmontadas mientras regía la suspensión del máximo tribunal del país. Ambas fincas habían sido autorizadas a desmontar justamente en el último trimestre de 2007, período sospechado por la Justicia. El caso de la empresa El Chilcar es aún más grosero: fue habilitada a desmontar el 26 de noviembre de 2007, sólo dos días antes de la sanción de Ley de Bosques, que prohibía nuevos permisos.
“Denunciamos la violación de la medida cautelar dictada (suspensión de desmontes) y le solicitamos que continúe la protección de nuestras tierras y recursos naturales”, comienza la carta que los impulsores de la demanda, comunidades indígenas y campesinos, acaban de enviar a la Corte Suprema, para alertar sobre la violación de lo dictado por el máximo tribunal. “El daño causado por los desmontes ilegales durante la vigencia de la cautelar no puede ser dimensionado en su totalidad. Nosotros sólo hemos detectado la situación ilegal en dos fincas, pero nos da la clara pauta de que hechos similares pueden haber sucedido en los departamentos en los que estaba vigente la cautelar”, destaca la carta. Los denunciantes consideran muy probable que existan otros casos similares y solicita a la Corte que se releven la totalidad de los daños en los cuatro departamentos.
En su fallo de marzo de 2009, la Corte Suprema había afirmado que los desmontes “configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible”.
Fecha de Publicación: 21/02/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
Dos imágenes satelitales tomadas una en enero y otra en octubre del año pasado muestran que en Salta continúa la tala de bosques a pesar del fallo de la Corte Suprema de la Nación que la prohíbe. Al menos nueve mil hectáreas se perdieron en 2009.
Salta encabeza las estadísticas de desmonte nacional. Según la Secretaría de Ambiente de Nación, en sólo cuatro años, entre 2002 y 2006, el sector privado arrasó 414.934 hectáreas, más del doble del registrado entre 1998-2002. En 2007, superó todas las expectativas: autorizó talar 435.399 hectáreas. La misma secretaría remarca que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente al cultivo de soja, y en segundo lugar para la industria forestal. Ante una presentación de comunidades indígenas y organizaciones campesinas, la Corte Suprema de Justicia ordenó en diciembre de 2008 el cese de desmontes en cuatro departamentos. A pesar de la prohibición del máximo tribunal del país, Página/12 tuvo acceso a imágenes satelitales que evidencian el desmonte ilegal de al menos 9000 hectáreas de la región más deforestada del país.
Desde el gobierno de Salta, la coordinadora del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Elisabeth Prudencio, reconoció que hubo violaciones a la medida de la Corte Suprema, aclaró que no fueron autorizadas por el gobierno salteño, aceptó que éste tiene la función de controlar la situación y aseguró que habrá una “pronta intimación” a las empresas.
La ley 26.331 (también llamada Ley de Bosques) fue sancionada el 28 de noviembre de 2007. Establecía que las provincias no podían emitir nuevos permisos de desmontes hasta tanto no realicen un ordenamiento territorial en sus zonas boscosas por categorías de conservación. “Al momento de la sanción, se daba en Salta un aumento exponencial de solicitudes de desmonte, relacionado con la inminente entrada en vigencia de la ley. Durante noviembre de 2007 se convocó a audiencias de desmonte por 130 mil hectáreas”, denunció la ONG Asociana (Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino) en un completo análisis de los desmontes realizados entre 2004 y 2007, y señaló que los departamentos más afectados son los de mayor presencia indígena.
La ONG detalló, sobre la base de datos oficiales, que en 2006 se convocó a audiencias públicas para desmontar 77.612 hectáreas. En 2007 lo hizo por cinco veces más: 435.399 hectáreas, superior al promedio de deforestación anual de todo el país (280.000 hectáreas).
En diciembre de 2008, la Corte Suprema de Justicia ordenó detener los desmontes y la tala en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, autorizados –presuntamente de manera irregular– por el gobierno provincial días antes que se sancionara la Ley de Bosques.
En mayo último, el dirigente wichí Oscar Lorenzo, de la comunidad Kilómetro 6 de Tartagal, alertó que el desmonte no se había detenido y detalló que los tractores retiraban troncos durante todas las noches. Dos semanas después, Greenpeace confirmó mediante fotografías la destrucción de bosque nativo en la ciudad de Embarcación, también en el norte salteño.
Página/12 tuvo acceso a imágenes satelitales de enero y octubre de 2009. Es notoria la eliminación de áreas verdes en las fincas El Chilcar y La Maravilla. Según técnicos de Asociana y el INTA Salta se trata de al menos 9000 hectáreas desmontadas mientras regía la suspensión del máximo tribunal del país. Ambas fincas habían sido autorizadas a desmontar justamente en el último trimestre de 2007, período sospechado por la Justicia. El caso de la empresa El Chilcar es aún más grosero: fue habilitada a desmontar el 26 de noviembre de 2007, sólo dos días antes de la sanción de Ley de Bosques, que prohibía nuevos permisos.
“Denunciamos la violación de la medida cautelar dictada (suspensión de desmontes) y le solicitamos que continúe la protección de nuestras tierras y recursos naturales”, comienza la carta que los impulsores de la demanda, comunidades indígenas y campesinos, acaban de enviar a la Corte Suprema, para alertar sobre la violación de lo dictado por el máximo tribunal. “El daño causado por los desmontes ilegales durante la vigencia de la cautelar no puede ser dimensionado en su totalidad. Nosotros sólo hemos detectado la situación ilegal en dos fincas, pero nos da la clara pauta de que hechos similares pueden haber sucedido en los departamentos en los que estaba vigente la cautelar”, destaca la carta. Los denunciantes consideran muy probable que existan otros casos similares y solicita a la Corte que se releven la totalidad de los daños en los cuatro departamentos.
En su fallo de marzo de 2009, la Corte Suprema había afirmado que los desmontes “configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible”.
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Si contaminan, seguro no tienen seguro
Si contaminan, seguro no tienen seguro
Fecha de Publicación: 20/02/2010
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
Según datos oficiales, hay 35 mil empresas obligadas a disponer de la cobertura –el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO)–, que rige por ley desde 2008. Muchas no lo hacen porque no se la darían: ya tienen fallas que perjudican el entorno.
Nueve de cada diez industrias que están obligadas a asegurar su actividad ante eventuales episodios de contaminación ambiental no cumplen con la ley.
En agosto de 2008 entró en vigor el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) pero la mayoría de las empresas no contrataron la cobertura porque en muchos casos tienen pasivos ambientales que complican el aseguramiento.
“Lo que está asegurando el empresario no son sus intereses ni sus bienes, sino el bienestar de la comunidad; sólo con la auditoría previa a cada póliza el riesgo ambiental general bajaría sensiblemente”, explicó a Crítica de la Argentina Jorge Furlan, experto en seguros y presidente de la cámara que nuclea a las empresas aseguradoras del sector (CAARA).
En enero pasado se produjo un incendio en un establecimiento industrial de Lanús que tuvo consecuencias contaminantes para los vecinos, además de que hubo que evacuar las viviendas. “Éste es uno de los establecimientos que no contaba con póliza de SAO en los términos de la Ley General de Ambiente 25.675, dado que no figura en los registros de ninguna de las empresas que operan en ese riesgo”, sostuvo la cámara en un documento.
En la actualidad hay unas 35 mil empresas obligadas a contratar el SAO en el territorio nacional, según la estimación que hizo la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Si bien la ley rige desde 2002, la oferta de seguros ambientales en los términos requeridos por la norma recién comenzó en agosto de 2008.
“Existe una generalizada renuencia de los obligados, rayana en una rebeldía judicial, que actúa en perjuicio de la sociedad toda con un temperamento temerario”, añadió Furlan.
La normativa que regula el SAO establece que las personas físicas o jurídicas que acometen actividades riesgosas para el ambiente deben hacerse cargo, y garantizarlo, de remediar los daños al suelo y al agua que esas actividades provoquen. “El bien protegido es el de uso colectivo.
La póliza no hace más que garantizar, a favor del Estado, en representación de la comunidad, el inmediato cumplimiento de la remediación, ejecutándola la aseguradora en caso de defección del contratante sin necesidad de deslindarse responsabilidades en el siniestro, ni de determinarse si fue súbito o resultado de una acción que se fue sucediendo en el tiempo”, dijo Furlan.
Argentina mantiene en vigor el principio 16 del derecho ambiental que integra la Declaración de Eco Río 92 (“quien contamina, paga”), que dispone que debe fomentarse la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos.
En la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo)” en junio de 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación produjo un fallo histórico relacionado con la protección del medio ambiente y, a fin de garantizar la inmediatez de las decisiones y el efectivo control jurisdiccional de su cumplimiento, delegó en el juzgado federal de primera instancia de Quilmes, a cargo de Luis Armella, el proceso de ejecución de la sentencia y retuvo para si el relativo a la reparación del daño.
Entre lo encomendado por la Corte al juez Armella se incluyó “requerir a las empresas demandadas información sobre (…) si tienen seguros contratados en los términos del art. 22 de la ley 25.675”. Se refería al Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) instituido por esa ley.
“Los obligados no podían cumplir por cuanto no existían en el mercado pólizas de seguro ambiental en los términos impuestos por la ley, recién el 26 de agosto de 2008 fue aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación y la SAyDS la primera póliza, con lo cual desde entonces es posible, y desde ya obligatorio para las empresas encuadradas, cumplir con la prescripción legal, que no cumplen la enorme mayoría de las industrias”, finaliza el informe.
Fecha de Publicación: 20/02/2010
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Nacional
Nueve de cada diez industrias que están obligadas a asegurar su actividad ante eventuales episodios de contaminación ambiental no cumplen con la ley.
En agosto de 2008 entró en vigor el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) pero la mayoría de las empresas no contrataron la cobertura porque en muchos casos tienen pasivos ambientales que complican el aseguramiento.
“Lo que está asegurando el empresario no son sus intereses ni sus bienes, sino el bienestar de la comunidad; sólo con la auditoría previa a cada póliza el riesgo ambiental general bajaría sensiblemente”, explicó a Crítica de la Argentina Jorge Furlan, experto en seguros y presidente de la cámara que nuclea a las empresas aseguradoras del sector (CAARA).
En enero pasado se produjo un incendio en un establecimiento industrial de Lanús que tuvo consecuencias contaminantes para los vecinos, además de que hubo que evacuar las viviendas. “Éste es uno de los establecimientos que no contaba con póliza de SAO en los términos de la Ley General de Ambiente 25.675, dado que no figura en los registros de ninguna de las empresas que operan en ese riesgo”, sostuvo la cámara en un documento.
En la actualidad hay unas 35 mil empresas obligadas a contratar el SAO en el territorio nacional, según la estimación que hizo la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Si bien la ley rige desde 2002, la oferta de seguros ambientales en los términos requeridos por la norma recién comenzó en agosto de 2008.
“Existe una generalizada renuencia de los obligados, rayana en una rebeldía judicial, que actúa en perjuicio de la sociedad toda con un temperamento temerario”, añadió Furlan.
La normativa que regula el SAO establece que las personas físicas o jurídicas que acometen actividades riesgosas para el ambiente deben hacerse cargo, y garantizarlo, de remediar los daños al suelo y al agua que esas actividades provoquen. “El bien protegido es el de uso colectivo.
La póliza no hace más que garantizar, a favor del Estado, en representación de la comunidad, el inmediato cumplimiento de la remediación, ejecutándola la aseguradora en caso de defección del contratante sin necesidad de deslindarse responsabilidades en el siniestro, ni de determinarse si fue súbito o resultado de una acción que se fue sucediendo en el tiempo”, dijo Furlan.
Argentina mantiene en vigor el principio 16 del derecho ambiental que integra la Declaración de Eco Río 92 (“quien contamina, paga”), que dispone que debe fomentarse la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos.
En la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo)” en junio de 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación produjo un fallo histórico relacionado con la protección del medio ambiente y, a fin de garantizar la inmediatez de las decisiones y el efectivo control jurisdiccional de su cumplimiento, delegó en el juzgado federal de primera instancia de Quilmes, a cargo de Luis Armella, el proceso de ejecución de la sentencia y retuvo para si el relativo a la reparación del daño.
Entre lo encomendado por la Corte al juez Armella se incluyó “requerir a las empresas demandadas información sobre (…) si tienen seguros contratados en los términos del art. 22 de la ley 25.675”. Se refería al Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) instituido por esa ley.
“Los obligados no podían cumplir por cuanto no existían en el mercado pólizas de seguro ambiental en los términos impuestos por la ley, recién el 26 de agosto de 2008 fue aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación y la SAyDS la primera póliza, con lo cual desde entonces es posible, y desde ya obligatorio para las empresas encuadradas, cumplir con la prescripción legal, que no cumplen la enorme mayoría de las industrias”, finaliza el informe.
Neuquén apuesta a la energía geotérmica
Apuesta provincial a la energía geotérmica
Fecha de Publicación: 19/02/2010
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Se abrieron los sobres para la construcción de la primera Central de este tipo en la Argentina.
Tendrá una potencia de 30 megavatios. El emprendimiento puede representar un ingreso de hasta 2.300.000 euros por año.
El gobierno de la provincia realizó ayer la apertura del primer sobre con los antecedentes y garantías técnicas de empresas interesadas en el desarrollo geotérmico y la instalación de una central de 30 megavatios de potencia en la zona de Caviahue-Copahue.
Tanto la oferta técnica como la económica, que presentaron el grupo minero Aconcagua S.A. y Andean Geothermal Power Corporation, se conocerán en unas semanas.
La iniciativa contempla el impulso del área geotérmica “La Mellizas de Copahue” y la construcción de la primera Central Geotérmica de la Argentina. Incluye además, la construcción de una línea de transmisión en 132 kilovatios, desde Copahue hasta el paraje Ñorquín, como antecedente para posteriormente cerrar el Anillo Norte de interconexión al sistema eléctrico provincial.
Se estima que la construcción del complejo rondará los 80 millones de dólares de inversión y que llevará cuatro años para su construcción y puesta en marcha. Para su concreción, el siguiente paso será -una vez que la comisión evaluativa analice los antecedentes técnicos- la apertura del sobre Nº 2 con la oferta económica.
Propuesta
La oferta técnico-económica presentada se compone de un plan de desarrollo minero que abarcará los primeros dos años del contrato, durante el cual el concesionario estará obligado a realizar las perforaciones necesarias para reunir la cantidad de vapor que requerirá la planta de 30 megavatios de potencia instalada, la construcción y explotación de la central geotérmica por el término de 30 años, y la construcción de la línea de transporte de la energia con el sistema eléctrico provincial.
De acuerdo a lo exigido en las bases de la convocatoria, los oferentes seleccionados, juntamente con su propuesta técnico-económica, deberán ofertar el pago de un canon de entrada al área, cuyo monto no podrá ser inferior a los 8 millones de dólares y estando, además, obligados a abonar una regalía del 5 por ciento sobre el valor de la energía a generar. Con anterioridad a este proceso, la ADI-NQN dió los pasos necesarios para registrar y obtener de la Junta Ejecutiva del llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto, la acreditación de los bonos de carbono o bonos verdes que generará este proyecto por su condición de amigable y no contaminante del medio ambiente. Para el módulo previsto de 30 MW estos bonos pueden representar un ingreso de hasta 2.300.000 euros por año a lo largo de los siguientes 21, a partir de la habilitación de la planta.
Del acto, que se desarrolló en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, fue encabezado por el titular de la Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén Sociedad del Estado Provincial (ADI-NQN S.E.P.), Pedro Salvatori, y el gobernador Jorge Sapag.
Fecha de Publicación: 19/02/2010
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Se abrieron los sobres para la construcción de la primera Central de este tipo en la Argentina.
Tendrá una potencia de 30 megavatios. El emprendimiento puede representar un ingreso de hasta 2.300.000 euros por año.
El gobierno de la provincia realizó ayer la apertura del primer sobre con los antecedentes y garantías técnicas de empresas interesadas en el desarrollo geotérmico y la instalación de una central de 30 megavatios de potencia en la zona de Caviahue-Copahue.
Tanto la oferta técnica como la económica, que presentaron el grupo minero Aconcagua S.A. y Andean Geothermal Power Corporation, se conocerán en unas semanas.
La iniciativa contempla el impulso del área geotérmica “La Mellizas de Copahue” y la construcción de la primera Central Geotérmica de la Argentina. Incluye además, la construcción de una línea de transmisión en 132 kilovatios, desde Copahue hasta el paraje Ñorquín, como antecedente para posteriormente cerrar el Anillo Norte de interconexión al sistema eléctrico provincial.
Se estima que la construcción del complejo rondará los 80 millones de dólares de inversión y que llevará cuatro años para su construcción y puesta en marcha. Para su concreción, el siguiente paso será -una vez que la comisión evaluativa analice los antecedentes técnicos- la apertura del sobre Nº 2 con la oferta económica.
Propuesta
La oferta técnico-económica presentada se compone de un plan de desarrollo minero que abarcará los primeros dos años del contrato, durante el cual el concesionario estará obligado a realizar las perforaciones necesarias para reunir la cantidad de vapor que requerirá la planta de 30 megavatios de potencia instalada, la construcción y explotación de la central geotérmica por el término de 30 años, y la construcción de la línea de transporte de la energia con el sistema eléctrico provincial.
De acuerdo a lo exigido en las bases de la convocatoria, los oferentes seleccionados, juntamente con su propuesta técnico-económica, deberán ofertar el pago de un canon de entrada al área, cuyo monto no podrá ser inferior a los 8 millones de dólares y estando, además, obligados a abonar una regalía del 5 por ciento sobre el valor de la energía a generar. Con anterioridad a este proceso, la ADI-NQN dió los pasos necesarios para registrar y obtener de la Junta Ejecutiva del llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto, la acreditación de los bonos de carbono o bonos verdes que generará este proyecto por su condición de amigable y no contaminante del medio ambiente. Para el módulo previsto de 30 MW estos bonos pueden representar un ingreso de hasta 2.300.000 euros por año a lo largo de los siguientes 21, a partir de la habilitación de la planta.
Del acto, que se desarrolló en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, fue encabezado por el titular de la Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén Sociedad del Estado Provincial (ADI-NQN S.E.P.), Pedro Salvatori, y el gobernador Jorge Sapag.
Aguas subterráneas: deuda y recurso
Aguas subterráneas: una deuda y una enorme fuente de divisas
Fecha de Publicación: 19/02/2010
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional
La Argentina cuenta con abundantes reservorios de aguas subterráneas que demandan imperiosamente de una exploración rigurosa que precise sus límites, capacidad de entrega y de carga, que ayuden a mitigar las frecuentes sequías derivadas de las alteraciones climáticas de los últimos años, que causan pérdidas cuantiosas y procesos migratorios por agotamiento de los sistemas productivos.
Además, su comercialización puede ser también una extraordinaria fuente de divisas para el país: una botella de medio litro de agua obtenida del acuífero Guaraní y exportada por Brasil a Irán se paga 6 dólares.
Aunque está siempre presente el caso del Acuífero Gigante del Mercosur, no serían diferentes las conclusiones al analizar el desaprovechamiento del Acuífero Yrendá-Toba-Tarijeño o el Cóndor, el sistema Litoral Cretácico, el Patagoniano, Los Puneños, Salto-Salto Chico o el Sistema Pampeano-Puelche.
Las valiosas aguas confinadas integran el ciclo hidrológico, porque una parte de las infiltraciones superficiales que se acumulan en estas formaciones son geológicas milenarias.
El 70% del planeta y del hombre es de agua, es decir, sin ella la vida y los ecosistemas se desmoronan. De cada 1.000 gotas, 975 son saladas situadas en mares y océanos. Sólo 25 son dulces dispuesta en lagos, glaciares y formaciones.
A causa de que los ríos se han manejados como sumideros de efluentes cloacales, residuos sólidos, desechos industriales han degenerado en graves procesos de contaminación que los han inutilizado tanto para usos recreativo como para consumo.
En la Argentina pueden citarse -entre muchos otros casos- la Cuenca Matanza-Riachuelo, el Reconquista o el Río de la Plata, que sigue siendo la principal fuente proveedora para el Area Metropolitana, a pesar de su falta de saneamiento que redunda en costos de potabilización cada día más elevados.
Si bien el acceso al agua segura es un derecho básico esencial, 2.600 millones de personas de los países pobres no poseen de instalaciones de agua y tratamiento de excretas. Si éstas fueran las apropiadas, salvarían la vida de 1,6 millones de personas.
El anuncio del Credit Lyonnais es lapidario: en 2025 la demanda superará a la oferta en 56%, como resultado de la crecida de la población y su concentración en ciudades, el agotamiento de fuentes por sobrexplotación o la toma de decisiones erróneas en materia de gestión de recursos hídricos.
Así se triplicó el consumo y se acentuaron las inequidades en su distribución, tal como ocurre con el ingreso mundial: 85% lo concentra 12% de la población. Según la Unesco, el mundo dispone de 273 acuíferos: hay 90 en Europa occidental, 68 en América, 35 de ellos en Sudamérica, 14 en América del Norte, 13 en América Central y 3 en el Caribe.
El acuífero guaraní posee una superficie de 1.200.000 kilómetros cuadrados enclavado en las cuencas del Paraná, Paraguay y Uruguay. Es un recurso transfronterizo que compartimos con Brasil (839.000 kilómetros cuadrados), la Argentina (226.000 km2), Paraguay (71.700 km2) y Uruguay (59.000 km2).
Similar a un río de subsuelo corre a 35 metros por Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, y es capaz de dar 100 litros por habitante por día durante 200 años a la población mundial con un ritmo de reposición de 5.000 metros cúbicos por segundo.
Según el informe con el que concluyó la primera etapa del Programa Acuífero Guaraní financiado por el Banco Mundial, se advierte que Brasil es el que más lo utiliza, ya que provee de agua a entre 300 a 500 ciudades, como es el caso del populoso San Pablo o 275 municipios de Paraná que ya gozan de su pureza.
Brasil exportará 300 mil litros embotellados a Medio Oriente, obtenidos del excedente del municipio de Santana do Livramento, en el estado de Río Grande do Sul y frontera con el Uruguay, donde sus 95.000 habitantes extraen 30 millones de litros al día y sólo consumen 40%. De allí, la exportación de agua brasileña a los iraníes. Hoy este mercado mundial tiene 300 millones de clientes (250 millones más que en los años 90) y factura 800 mil millones de dólares, por encima de la industria farmacéutica.
Por su parte, Paraguay explota 200 pozos en la región oriental del país y negocia fraccionamientos hacia la Unión Europea, obtenida de las perforaciones de San Juan del Paraná, en Itapúa.
En tanto, Uruguay, con 135 pozos destinado a hogares y complejos termales, conversa con Arabia Saudita acuerdos de agua del Guaraní, aunque su cancillería lo haya desmentido.
Por último, la Argentina utiliza solamente una veintena de pozos en Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.
Fecha de Publicación: 19/02/2010
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional
La Argentina cuenta con abundantes reservorios de aguas subterráneas que demandan imperiosamente de una exploración rigurosa que precise sus límites, capacidad de entrega y de carga, que ayuden a mitigar las frecuentes sequías derivadas de las alteraciones climáticas de los últimos años, que causan pérdidas cuantiosas y procesos migratorios por agotamiento de los sistemas productivos.
Además, su comercialización puede ser también una extraordinaria fuente de divisas para el país: una botella de medio litro de agua obtenida del acuífero Guaraní y exportada por Brasil a Irán se paga 6 dólares.
Aunque está siempre presente el caso del Acuífero Gigante del Mercosur, no serían diferentes las conclusiones al analizar el desaprovechamiento del Acuífero Yrendá-Toba-Tarijeño o el Cóndor, el sistema Litoral Cretácico, el Patagoniano, Los Puneños, Salto-Salto Chico o el Sistema Pampeano-Puelche.
Las valiosas aguas confinadas integran el ciclo hidrológico, porque una parte de las infiltraciones superficiales que se acumulan en estas formaciones son geológicas milenarias.
El 70% del planeta y del hombre es de agua, es decir, sin ella la vida y los ecosistemas se desmoronan. De cada 1.000 gotas, 975 son saladas situadas en mares y océanos. Sólo 25 son dulces dispuesta en lagos, glaciares y formaciones.
A causa de que los ríos se han manejados como sumideros de efluentes cloacales, residuos sólidos, desechos industriales han degenerado en graves procesos de contaminación que los han inutilizado tanto para usos recreativo como para consumo.
En la Argentina pueden citarse -entre muchos otros casos- la Cuenca Matanza-Riachuelo, el Reconquista o el Río de la Plata, que sigue siendo la principal fuente proveedora para el Area Metropolitana, a pesar de su falta de saneamiento que redunda en costos de potabilización cada día más elevados.
Si bien el acceso al agua segura es un derecho básico esencial, 2.600 millones de personas de los países pobres no poseen de instalaciones de agua y tratamiento de excretas. Si éstas fueran las apropiadas, salvarían la vida de 1,6 millones de personas.
El anuncio del Credit Lyonnais es lapidario: en 2025 la demanda superará a la oferta en 56%, como resultado de la crecida de la población y su concentración en ciudades, el agotamiento de fuentes por sobrexplotación o la toma de decisiones erróneas en materia de gestión de recursos hídricos.
Así se triplicó el consumo y se acentuaron las inequidades en su distribución, tal como ocurre con el ingreso mundial: 85% lo concentra 12% de la población. Según la Unesco, el mundo dispone de 273 acuíferos: hay 90 en Europa occidental, 68 en América, 35 de ellos en Sudamérica, 14 en América del Norte, 13 en América Central y 3 en el Caribe.
El acuífero guaraní posee una superficie de 1.200.000 kilómetros cuadrados enclavado en las cuencas del Paraná, Paraguay y Uruguay. Es un recurso transfronterizo que compartimos con Brasil (839.000 kilómetros cuadrados), la Argentina (226.000 km2), Paraguay (71.700 km2) y Uruguay (59.000 km2).
Similar a un río de subsuelo corre a 35 metros por Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, y es capaz de dar 100 litros por habitante por día durante 200 años a la población mundial con un ritmo de reposición de 5.000 metros cúbicos por segundo.
Según el informe con el que concluyó la primera etapa del Programa Acuífero Guaraní financiado por el Banco Mundial, se advierte que Brasil es el que más lo utiliza, ya que provee de agua a entre 300 a 500 ciudades, como es el caso del populoso San Pablo o 275 municipios de Paraná que ya gozan de su pureza.
Brasil exportará 300 mil litros embotellados a Medio Oriente, obtenidos del excedente del municipio de Santana do Livramento, en el estado de Río Grande do Sul y frontera con el Uruguay, donde sus 95.000 habitantes extraen 30 millones de litros al día y sólo consumen 40%. De allí, la exportación de agua brasileña a los iraníes. Hoy este mercado mundial tiene 300 millones de clientes (250 millones más que en los años 90) y factura 800 mil millones de dólares, por encima de la industria farmacéutica.
Por su parte, Paraguay explota 200 pozos en la región oriental del país y negocia fraccionamientos hacia la Unión Europea, obtenida de las perforaciones de San Juan del Paraná, en Itapúa.
En tanto, Uruguay, con 135 pozos destinado a hogares y complejos termales, conversa con Arabia Saudita acuerdos de agua del Guaraní, aunque su cancillería lo haya desmentido.
Por último, la Argentina utiliza solamente una veintena de pozos en Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.
Catamarca: quieren prohibir la minería
Reclamaron por una ley que prohíba la minería a cielo abierto
Fecha de Publicación: 18/02/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Los grupos autoconvocados marcharon para celebrar por el cese temporal de la actividad minera. Ahora quieren que sea definitivo.
Tras la resolución del juez de Minas Raúl Guillermo Cerda que ordenó la suspensión de la actividad de la empresa minera Agua Rica, los ambientalistas se reunieron el martes por la noche en la Plaza 9 de Julio, frente a la Iglesia San Francisco de Asís, para celebrar lo que fue considerado como un triunfo de la lucha antiminera. Agradecieron al pueblo por el apoyo recibido y recordaron los momentos cruciales por la represión sufrida. Ahora insisten con una ley que prohiba la minería a cielo abierto y sostienen que el plebiscito ya es extemporáneo.
Los ánimos, evidentemente más calmos, luego de participar de una misa, se limitaron a alocuciones con cuidadas palabras que recibieron calurosos aplausos cuando expresaron "Vamos por más". Con respecto a las medidas adoptadas por el juez Guillermo Cerda, expresaron: "No queremos que Agua Rica suspenda sus trabajos, queremos solamente que se vaya". Las acciones no se detendrán hasta que se "obtenga una ley que prohiba la minería a cielo abierto en toda la provincia", sostuvieron.
Pacíficamente, se realizó la multitudinaria marcha alrededor de la plaza, en dos oportunidades y sin redoblantes. De esta manera, lentamente, se disipaban los temores de acciones concretas para exigir la dimisión del Intendente.
Tras lamentar la violencia que se desató de ambas partes -manifestantes y la Policía- los antimineros rescataron el carácter popular de la manifestación que entre ayer y el martes ganó las calles de la ciudad. "El triunfo es que el pueblo salió a la calle, harto del saqueo que viene sufriendo de parte de la provincia y del municipio", evaluó el ex concejal Cecenarro.
Por su parte, Aldo Flores, referente de la asamblea El Algarrobo, aclaró: "Nunca hicimos apología de la violencia, siempre pregonamos la paz, pero esto se desbandó. Fue tanto tiempo de ocultamiento, de mentira, de frustraciones, de saqueo que la gente se hartó y dijo basta", aseguró Flores tras desmentir las acusaciones sobre la presencia de infiltrados violentos entre los manifestantes.
Fecha de Publicación: 18/02/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Los grupos autoconvocados marcharon para celebrar por el cese temporal de la actividad minera. Ahora quieren que sea definitivo.
Tras la resolución del juez de Minas Raúl Guillermo Cerda que ordenó la suspensión de la actividad de la empresa minera Agua Rica, los ambientalistas se reunieron el martes por la noche en la Plaza 9 de Julio, frente a la Iglesia San Francisco de Asís, para celebrar lo que fue considerado como un triunfo de la lucha antiminera. Agradecieron al pueblo por el apoyo recibido y recordaron los momentos cruciales por la represión sufrida. Ahora insisten con una ley que prohiba la minería a cielo abierto y sostienen que el plebiscito ya es extemporáneo.
Los ánimos, evidentemente más calmos, luego de participar de una misa, se limitaron a alocuciones con cuidadas palabras que recibieron calurosos aplausos cuando expresaron "Vamos por más". Con respecto a las medidas adoptadas por el juez Guillermo Cerda, expresaron: "No queremos que Agua Rica suspenda sus trabajos, queremos solamente que se vaya". Las acciones no se detendrán hasta que se "obtenga una ley que prohiba la minería a cielo abierto en toda la provincia", sostuvieron.
Pacíficamente, se realizó la multitudinaria marcha alrededor de la plaza, en dos oportunidades y sin redoblantes. De esta manera, lentamente, se disipaban los temores de acciones concretas para exigir la dimisión del Intendente.
Tras lamentar la violencia que se desató de ambas partes -manifestantes y la Policía- los antimineros rescataron el carácter popular de la manifestación que entre ayer y el martes ganó las calles de la ciudad. "El triunfo es que el pueblo salió a la calle, harto del saqueo que viene sufriendo de parte de la provincia y del municipio", evaluó el ex concejal Cecenarro.
Por su parte, Aldo Flores, referente de la asamblea El Algarrobo, aclaró: "Nunca hicimos apología de la violencia, siempre pregonamos la paz, pero esto se desbandó. Fue tanto tiempo de ocultamiento, de mentira, de frustraciones, de saqueo que la gente se hartó y dijo basta", aseguró Flores tras desmentir las acusaciones sobre la presencia de infiltrados violentos entre los manifestantes.
OT del bosque nativo entrerriano
Ordenamiento territorial del bosque nativo entrerriano
Fecha de Publicación: 18/02/2010
Fuente: APF.Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
En los últimos días de febrero la Comisión Provincial de Bosque Nativo presentará formalmente la propuesta definitiva del ordenamiento territorial del recurso en la provincia Así lo indicó a APF Conrado González, titular de la Dirección de Recursos Naturales
El paso siguiente será poner el proyecto a consideración de todos los sectores involucrados en la materia para después presentar una iniciativa consensuada en la Legislatura Mientras tanto, se espera que Nación liquide lo correspondiente a los planes experimentales de uso sustentable y conservación de esos ecosistemas que se presentaron desde la provincia.
Si bien aún no está fijada la fecha, Conrado González anunció para fines de este mes o principios de marzo la presentación de la propuesta de ordenamiento territorial del bosque nativo entrerriano, punto previsto en la ley nacional de Presupuestos Mínimos sancionada en 2007.
Tal presentación se dará en el marco de la Comisión provincial de Bosque Nativo, que conforman entre otros, autoridades de Gobierno, entidades agropecuarias, representantes del sector científico técnico y organizaciones ecologistas.
A continuación «se harían las consultas necesarias para lograr los consensos» que derivarán en la elaboración de una iniciativa que será presentada en la Legislatura. Ese texto podría estar confeccionado «a fines de marzo o abril», agregó al respecto González.
Mientras tanto «estamos esperando de Nación los aportes de los planes experimentales que se presentaron el año pasado porque todavía no se ha liquidado el dinero necesario para ponerlos en funcionamiento este año», indicó en declaraciones a esta Agencia.
A través de los planes a los que hace referencia el titular de Recursos Naturales, se intentará realizar la aplicación progresiva de la ley. «Se llaman experimentales porque la Nación seleccionó pocos por provincia a modo de prueba», describió.
Cabe destacar que la normativa nacional en el marco del Programa Experimental de Manejo y Conservación de Bosques Nativos, promueve la financiación de planes de conservación del recurso, como el presentado por el Parque Nacional El Palmar de Colón ubicado sobre la denominada zona roja que es la primera a preservar.
También están contemplados los planes de aprovechamiento o uso sustentable del monte. Tal es el caso de los proyectos que reunió la facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER en torno a los sistemas silvopastoriles, estos últimos a desarrollarse en zonas denominadas amarrillas o de impacto intermedio del desmonte. Quedan por mencionar las zonas verdes donde sí estará habilitada la tala.
Fecha de Publicación: 18/02/2010
Fuente: APF.Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
En los últimos días de febrero la Comisión Provincial de Bosque Nativo presentará formalmente la propuesta definitiva del ordenamiento territorial del recurso en la provincia Así lo indicó a APF Conrado González, titular de la Dirección de Recursos Naturales
El paso siguiente será poner el proyecto a consideración de todos los sectores involucrados en la materia para después presentar una iniciativa consensuada en la Legislatura Mientras tanto, se espera que Nación liquide lo correspondiente a los planes experimentales de uso sustentable y conservación de esos ecosistemas que se presentaron desde la provincia.
Si bien aún no está fijada la fecha, Conrado González anunció para fines de este mes o principios de marzo la presentación de la propuesta de ordenamiento territorial del bosque nativo entrerriano, punto previsto en la ley nacional de Presupuestos Mínimos sancionada en 2007.
Tal presentación se dará en el marco de la Comisión provincial de Bosque Nativo, que conforman entre otros, autoridades de Gobierno, entidades agropecuarias, representantes del sector científico técnico y organizaciones ecologistas.
A continuación «se harían las consultas necesarias para lograr los consensos» que derivarán en la elaboración de una iniciativa que será presentada en la Legislatura. Ese texto podría estar confeccionado «a fines de marzo o abril», agregó al respecto González.
Mientras tanto «estamos esperando de Nación los aportes de los planes experimentales que se presentaron el año pasado porque todavía no se ha liquidado el dinero necesario para ponerlos en funcionamiento este año», indicó en declaraciones a esta Agencia.
A través de los planes a los que hace referencia el titular de Recursos Naturales, se intentará realizar la aplicación progresiva de la ley. «Se llaman experimentales porque la Nación seleccionó pocos por provincia a modo de prueba», describió.
Cabe destacar que la normativa nacional en el marco del Programa Experimental de Manejo y Conservación de Bosques Nativos, promueve la financiación de planes de conservación del recurso, como el presentado por el Parque Nacional El Palmar de Colón ubicado sobre la denominada zona roja que es la primera a preservar.
También están contemplados los planes de aprovechamiento o uso sustentable del monte. Tal es el caso de los proyectos que reunió la facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER en torno a los sistemas silvopastoriles, estos últimos a desarrollarse en zonas denominadas amarrillas o de impacto intermedio del desmonte. Quedan por mencionar las zonas verdes donde sí estará habilitada la tala.
Especial de Andalgalá y la minera Agua Rica
Ordenan a la empresa Agua Rica que suspenda toda su actividad
Fecha de Publicación: 17/02/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La medida será revocada cuando estén garantizadas las condiciones para desarrollar el proyecto. Disconformidad de los asambleístas.
El juez de Minas Raúl Guillermo Cerda ordenó ayer suspender toda la actividad que la empresa minera Agua Rica cumplía en Andalgalá. La medida no tiene plazo y quedará sin efecto sólo cuando estén dadas las condiciones sociales para desarrollar el proyecto minero. Según fundamentó, la resolución se adoptó por los violentos enfrentamientos ocurridos en la Perla del Oeste durante la noche del lunes y con el objetivo de recuperar la paz social.
Apenas conocida la noticia del cese temporal de la actividad de Agua Rica, los asambleístas que a esa hora se había autoconvocado en la plaza de Andalgalá festejaron, pero no se quedaron conformes. Ahora reclaman la suspensión definitiva de la actividad minera en Andalgalá.
En diálogo con El Ancasti, Cerda informó que ayer estuvo en contacto con apoderados de la empresa, quienes expresaron su conformidad con la resolución y le transmitieron que "en esas condiciones no se podía trabajar". De todos modos, la empresa tiene tres días para apelar la resolución del juez. "No creo que ello ocurra porque el letrado manifestó que coincidían y compartían el criterio", dijo. "Creo que la resolución es un punto de partida para comenzar a dialogar y para que se calmen los ánimos, después el tiempo dirá. Por ahora las posiciones son muy encontradas. Creo que hace falta mucha más información para conocer qué se pretende hacer", opinó.
En la resolución, el magistrado sugirió que la suspensión de la actividad no se traslade a los empleados que tiene la empresa Agua Rica en Andalgalá. "Será una decisión de la empresa si despide a sus empleados o no", advirtió.
Agua Rica había retomado la actividad hace pocos meses luego del stand by en el que había ingresado por el impacto de la crisis internacional del año pasado y por las demoras en la aprobación del informe de impacto ambiental.
Rechazo
En Andalgalá, el ex concejal Roberto Cecenarro rechazó, igual que la mayoría de los asambleístas, la medida transitoria del juez Cerda de ordenar el parate de las actividades en Agua Rica: "Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Nosotros lo que queremos es la prohibición de la minería a cielo abierto en Andalgalá", señaló.
Los asambleístas seguían ayer apostados al costado del camino que une Chaquiago con El Potrero. Después de toda la violencia que se desató cuando los camiones mineros quisieron pasar, los ambientalistas volvieron a agruparse y mantuvieron la vigilia a la vera de la ruta.
También ayer al mediodía un grupo de Autoconvocados de Andalgalá y antimineros de esta capital se movilizaron hasta el juzgado de Minas para pedirle al magistrado la paralización de todo proyecto minero en Andalgalá. Cerda los recibió y explicó el alcance de la resolución.
Reacción oficial
Desde el Gobierno provincial, el subsecretario de Seguridad, Luis Baracat, y el jefe de Policía Francisco Soria brindaron ayer una conferencia de prensa en la que negaron algún tipo de exceso en el operativo policial que se desplegó el lunes en Andalgalá. Informaron que para garantizar la paz social se ordenó el repliegue policial.
Por su parte, el secretario de Minería José Sinner lamentó el cariz de los acontecimientos en Andalgalá. "No entiendo cuál es la crítica a un proyecto que todavía no ha comenzado", dijo en declaraciones a Radio Ancasti.
Sinner defendió la actividad minera y los controles que se realizan desde el área que conduce.
Malestar de los comerciantes y proveedores
Los comerciantes y proveedores mineros se cuidaron al condenar los hechos de violencia que se registraron la noche del martes.
El supermercado "Los Mellizos", ubicado en una esquina frente a la plaza fue uno de los blancos de la violencia del martes por la noche. Vidrios rotos permanecían como prueba de los actos de vandalismo.
Luis Rojano, el propietario del comercio, que además regentea junto a sus hermanos una empresa de maquinarias viales que trabaja para Agua Rica, expresó su malestar por la situación y anticipó que realizaría la denuncia por los daños.
También confirmó que la empresa vial que administra junto a sus hermanos -Mafap- dejaría de trabajar para la minera. Lo mismo dijo públicamente a través de radios locales Ariel Rojano, quien además pidió disculpas a la gente por haber intentado pasar con una maquinaria propia por el bloqueo antiminero.
Daniel Brizuela, otro de los comerciantes y miembro de la cámara de proveedores mineros dijo que, tras hablar con otros empresarios acordaron "poner las barbas en remojo".
La Fiscalía inició investigación por el daño a los edificios
La fiscal de Andalgalá, Marta Graciela Nieva, dispuso ayer el inicio de una investigación de oficio para identificar a los responsables de los daños a los distintos edificios públicos y anticipó que los responsables de las distintas dependencias -intendentecia, juzgado, policía etc.- realizarían denuncias por los daños que sufrieron los edificios públicos.
Del otro lado, ayer se habían comenzado a recibir las primeras denuncias de ciudadanos por presunta agresión policial.
Las fuentes judiciales confirmaron que el martes hubo alrededor de 20 ciudadanos heridos que fueron atendidos en el hospital y que una cifra similar de heridos hubo en las filas policiales. Ayer, para descomprimir la tensión, desde la Subsecretaría de Seguridad de la Provincia se dispuso el repliegue de los refuerzos policiales que habían llegado desde la capital provincial.
Desenlace
En declaraciones a Radio Ancasti, la fiscal de Andalgalá lamentó el desenlace al que arribó la orden judicial para desalojar el bloqueo antiminero y permitir el paso de vehículos al yacimiento. Y relató la otra versión de los incidentes: "Se procedió al arresto de las personas porque se tiraban en medio del camino para impedir el paso de camiones y camionetas. Inmediatamente después de haber sido revisados por el médico y de labrarse el acta de la causa de la detención se los puso en libertad, así que sólo deben haber estado unas dos horas arrestados. Ya a la medianoche no quedaba ningún detenido", relató.
Sin embargo, comentó que los peores desmanes en la plaza de Andalgalá ocurrieron a última hora de la violenta jornada y fueron protagonizados por "encapuchados" que investiga la Policía y la Justicia.
Según relató, hasta el cura párroco que intentó mediar en el conflicto terminó agredido.
Admiten amparo
El juez de Control de Garantías de Andalgalá, Rodolfo Cecenarro declaró la admisibilidad del recurso de amparo presentado a fines de enero por los ambientalistas y pidió una serie de informes a la Secretaría de Minería de la Provincia, al Ministerio de Salud, a la Secretaría del Ambiente, al municipio y a la empresa Agua Rica para poder producir prueba y pronunciarse sobre la cuestión de fondo.
En su presentación, los ambientalistas pedían la suspensión del trabajo de instalación de Agua Rica y al mismo tiempo la cesación definitiva del emprendimiento.
Con la información que le remitan, el juez definirá sobre la cuestión de fondo.
Rechazo a la violencia
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) que preside Manuel Benítez llamó a la reflexión de los actores sociales para que la paz social pueda primar sobre las distintas posiciones planteadas respecto a la minería. "No ayudan a la sociedad los discursos disociantes y provocativos", indican.
"Da vergüenza la inacción"
El presidente de la Cámara de Diputados, Luis Barrionuevo, el diputado Alfredo Gómez y el intendente Gustavo Jalile rechazaron la estrategia que implementó la Policía de la Provincia para desalojar el bloqueo al yacimiento de Agua Rica.
"Lamentamos profundamente el padecimiento del pueblo andalgalense en manos de la represión, por parte de quienes nos deben proteger. Instamos a que urgentemente se procure una alternativa de diálogo, no se puede seguir permitiendo que continué el enfrentamiento de catamarqueños contra catamarqueños. Da vergüenza la inacción de los responsables de mediar en este conflicto, y su incapacidad de procurar un ordenamiento desde lo institucional para buscar una salida cierta donde prime la cordura", indica el documento.
"El MIRA apuesta por la minería responsable y reclama para que los recursos que genera la actividad queden en la provincia y beneficien a la población local", señalaron.
Sigue la tensión y culpan al Gobierno y al intendente
Tras la represión policial y la reacción popular del martes por la noche, que incluyó la quema casi total del edificio municipal, daños en comercios céntricos y varios heridos, la tensión y la resistencia de los sectores ambientalistas continuó ayer en la ciudad de Andalgalá. Ayer los asambleístas retornaron al corte que desde diciembre mantenían en el camino comunero de Chaquiago-El Potrero, vía de acceso al yacimiento de Agua Rica para realizar un balance de los incidentes ocurridos.
A media mañana, los manifestantes que rechazan la minería volvieron a congregarse en la Plaza 9 de Julio y desde allí marcharon hacia la sede de la Fiscalía, el edificio comunal y la comisaría para repudiar las agresiones y reclamar por la libertad de los tres últimos detenidos.
Aunque más de una treintena de andalgalenses fueron demorados en la comisaría departamental y en la de Chaquiago y liberados en la madrugada de ayer, tres permanecieron detenidos toda la noche y obtuvieron la libertad recién a mediodía. Entre ellos, un hombre de apellido Cisneros quien, visiblemente golpeado y con una fisura en el tabique nasal, denunció apremios de parte de las fuerzas policiales.
Las declaraciones del intendente José Perea condenando la quema de municipio y responsabilizando a docentes y a algunos referentes de los Vecinos por la Vida como responsables de los daños no hizo más que acrecentar el malestar de los ciudadanos que, a los gritos y mediante pancartas, reclamaban la renuncia del jefe comunal. También pedían la cabeza del juez de control de garantías, Rodolfo Cecenarro, de la fiscal Marta Graciela Nieva y hasta del mismo Gobernador de la provincia.
"Nosotros no queríamos esto, lo que pasó ayer fue un desastre para todos", decía ayer una de las asambleístas, visiblemente conmocionada por las escenas de corridas, confusión y disturbios que empañaron la protesta por el desalojo del bloqueo antiminero.
"Esto no va a quedar así, nosotros queremos responsables. La fiscal y el juez, con sus medidas, han violado nuestro derecho a estar en una asamblea privada", denunció el ex concejal Roberto Cecenarro, con una herida de bala de goma a unos centímetros de su ojo izquierdo. También exigió una respuesta de las autoridades provinciales: "El Gobernador de la Provincia no se puede desentender de esto".
Los asambleístas seguían ayer apostados al costado del camino que une Chaquiago con El Potrero. Ayer por la tarde, los ambientalistas volvieron a reunirse en el lugar del desalojo, con la idea de analizar todo lo ocurrido y evaluaban emitir un documento sentando postura y exigiendo a las autoridades que asumen las responsabilidades por la represión. También invitaron a una misa "por la paz".
Varias expresiones de repudio a la represión
Mientras el interbloque de la oposición presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados y varias agrupaciones se manifestaron en la Capital por la mañana, diversas organizaciones manifestaron su repudio por lo que calificaron como una "feroz represión" en contra del pueblo de Andalgalá. El interbloque promueve una declaración legislativa de "solidaridad y total y absoluto respaldo al pueblo de Andalgalá", además de repudiar "la violenta represión ordenada por el Poder Ejecutivo".
El PJ, por su parte, emitió un documento.
"Denunciamos y condenamos a Brizuela del Moral y su gestión, que articulan el despojo en beneficios de intereses foráneos e inconfesables. Nos solidarizamos con nuestros comprovincianos, con los reprimidos y su correlato, sus víctimas, y con todos aquellos que desde la memoria y de las mejores tradiciones de nuestro pueblo defienden su dignidad como lo hacen los pueblos soberanos. En la lucha de nuestro pueblo encontraremos el camino", consigna el escrito firmado por la conducción del PJ.
Agrupaciones ambientalistas realizaron una manifestación frente a la Casa de Catamarca en Buenos Aires.
Otros grupos expresaron su rechazo al accionar policial y gubernamental.
-Las diputadas por el ARI Elisa Carrió y Fernanda Reyes atacaron a los gobiernos nacional y provincial y consideraron que la Justicia actuó en Andalgalá como "guardia jurídica de las empresas mineras". Responsabilizaron al gobernador Eduardo Brizuela del Moral por la represión.
- El diputado Fernando Pino Solanas se plegó a los rechazos y convocó a apoyar a los andalgalenses.
- "El accionar fascista del gobierno ha sido la mejor propaganda de concientización de los catamarqueños. Les ha salido el tiro por la culata", expresaron la organización Tupac Amaru y la Corriente de Unidad Felipe Varela.
- También el Movimiento Libres del Sur y el MST-Nueva Izquierda manifestaron su repudio.
Municipio incendiado
El intendente de Andalgalá no ocultó su malestar por los incidentes ocurridos y responsabilizó directamente a los asambleístas. En declaraciones a Radio Ancasti culpó al ex concejal Roberto Cecenarro por el incendio del edificio municipal. También denunció el accionar, junto a ambientalistas locales, de militantes nacionales del grupo Quebracho.
"Los Autoconvocados no toleraron que la gente apoye el desarrollo de Andalgalá y, en connivencia, con el señor Pino Solanas trajeron gente y quemaron vehículos. Destrozaron sectores de la municipalidad, en lo que hace a oficinas de Hacienda, Fiscalía, Tránsito, Despacho municipal", dijo al denunciar que más del 80% del edificio municipal fue destruido por los desmanes.
Perea negó que hubiera estado ausente durante conflicto y no confió en que el plebiscito sea la salida para la división de la comunidad por la minería.
Fecha de Publicación: 17/02/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La medida será revocada cuando estén garantizadas las condiciones para desarrollar el proyecto. Disconformidad de los asambleístas.
El juez de Minas Raúl Guillermo Cerda ordenó ayer suspender toda la actividad que la empresa minera Agua Rica cumplía en Andalgalá. La medida no tiene plazo y quedará sin efecto sólo cuando estén dadas las condiciones sociales para desarrollar el proyecto minero. Según fundamentó, la resolución se adoptó por los violentos enfrentamientos ocurridos en la Perla del Oeste durante la noche del lunes y con el objetivo de recuperar la paz social.
Apenas conocida la noticia del cese temporal de la actividad de Agua Rica, los asambleístas que a esa hora se había autoconvocado en la plaza de Andalgalá festejaron, pero no se quedaron conformes. Ahora reclaman la suspensión definitiva de la actividad minera en Andalgalá.
En diálogo con El Ancasti, Cerda informó que ayer estuvo en contacto con apoderados de la empresa, quienes expresaron su conformidad con la resolución y le transmitieron que "en esas condiciones no se podía trabajar". De todos modos, la empresa tiene tres días para apelar la resolución del juez. "No creo que ello ocurra porque el letrado manifestó que coincidían y compartían el criterio", dijo. "Creo que la resolución es un punto de partida para comenzar a dialogar y para que se calmen los ánimos, después el tiempo dirá. Por ahora las posiciones son muy encontradas. Creo que hace falta mucha más información para conocer qué se pretende hacer", opinó.
En la resolución, el magistrado sugirió que la suspensión de la actividad no se traslade a los empleados que tiene la empresa Agua Rica en Andalgalá. "Será una decisión de la empresa si despide a sus empleados o no", advirtió.
Agua Rica había retomado la actividad hace pocos meses luego del stand by en el que había ingresado por el impacto de la crisis internacional del año pasado y por las demoras en la aprobación del informe de impacto ambiental.
Rechazo
En Andalgalá, el ex concejal Roberto Cecenarro rechazó, igual que la mayoría de los asambleístas, la medida transitoria del juez Cerda de ordenar el parate de las actividades en Agua Rica: "Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Nosotros lo que queremos es la prohibición de la minería a cielo abierto en Andalgalá", señaló.
Los asambleístas seguían ayer apostados al costado del camino que une Chaquiago con El Potrero. Después de toda la violencia que se desató cuando los camiones mineros quisieron pasar, los ambientalistas volvieron a agruparse y mantuvieron la vigilia a la vera de la ruta.
También ayer al mediodía un grupo de Autoconvocados de Andalgalá y antimineros de esta capital se movilizaron hasta el juzgado de Minas para pedirle al magistrado la paralización de todo proyecto minero en Andalgalá. Cerda los recibió y explicó el alcance de la resolución.
Reacción oficial
Desde el Gobierno provincial, el subsecretario de Seguridad, Luis Baracat, y el jefe de Policía Francisco Soria brindaron ayer una conferencia de prensa en la que negaron algún tipo de exceso en el operativo policial que se desplegó el lunes en Andalgalá. Informaron que para garantizar la paz social se ordenó el repliegue policial.
Por su parte, el secretario de Minería José Sinner lamentó el cariz de los acontecimientos en Andalgalá. "No entiendo cuál es la crítica a un proyecto que todavía no ha comenzado", dijo en declaraciones a Radio Ancasti.
Sinner defendió la actividad minera y los controles que se realizan desde el área que conduce.
Malestar de los comerciantes y proveedores
Los comerciantes y proveedores mineros se cuidaron al condenar los hechos de violencia que se registraron la noche del martes.
El supermercado "Los Mellizos", ubicado en una esquina frente a la plaza fue uno de los blancos de la violencia del martes por la noche. Vidrios rotos permanecían como prueba de los actos de vandalismo.
Luis Rojano, el propietario del comercio, que además regentea junto a sus hermanos una empresa de maquinarias viales que trabaja para Agua Rica, expresó su malestar por la situación y anticipó que realizaría la denuncia por los daños.
También confirmó que la empresa vial que administra junto a sus hermanos -Mafap- dejaría de trabajar para la minera. Lo mismo dijo públicamente a través de radios locales Ariel Rojano, quien además pidió disculpas a la gente por haber intentado pasar con una maquinaria propia por el bloqueo antiminero.
Daniel Brizuela, otro de los comerciantes y miembro de la cámara de proveedores mineros dijo que, tras hablar con otros empresarios acordaron "poner las barbas en remojo".
La Fiscalía inició investigación por el daño a los edificios
La fiscal de Andalgalá, Marta Graciela Nieva, dispuso ayer el inicio de una investigación de oficio para identificar a los responsables de los daños a los distintos edificios públicos y anticipó que los responsables de las distintas dependencias -intendentecia, juzgado, policía etc.- realizarían denuncias por los daños que sufrieron los edificios públicos.
Del otro lado, ayer se habían comenzado a recibir las primeras denuncias de ciudadanos por presunta agresión policial.
Las fuentes judiciales confirmaron que el martes hubo alrededor de 20 ciudadanos heridos que fueron atendidos en el hospital y que una cifra similar de heridos hubo en las filas policiales. Ayer, para descomprimir la tensión, desde la Subsecretaría de Seguridad de la Provincia se dispuso el repliegue de los refuerzos policiales que habían llegado desde la capital provincial.
Desenlace
En declaraciones a Radio Ancasti, la fiscal de Andalgalá lamentó el desenlace al que arribó la orden judicial para desalojar el bloqueo antiminero y permitir el paso de vehículos al yacimiento. Y relató la otra versión de los incidentes: "Se procedió al arresto de las personas porque se tiraban en medio del camino para impedir el paso de camiones y camionetas. Inmediatamente después de haber sido revisados por el médico y de labrarse el acta de la causa de la detención se los puso en libertad, así que sólo deben haber estado unas dos horas arrestados. Ya a la medianoche no quedaba ningún detenido", relató.
Sin embargo, comentó que los peores desmanes en la plaza de Andalgalá ocurrieron a última hora de la violenta jornada y fueron protagonizados por "encapuchados" que investiga la Policía y la Justicia.
Según relató, hasta el cura párroco que intentó mediar en el conflicto terminó agredido.
Admiten amparo
El juez de Control de Garantías de Andalgalá, Rodolfo Cecenarro declaró la admisibilidad del recurso de amparo presentado a fines de enero por los ambientalistas y pidió una serie de informes a la Secretaría de Minería de la Provincia, al Ministerio de Salud, a la Secretaría del Ambiente, al municipio y a la empresa Agua Rica para poder producir prueba y pronunciarse sobre la cuestión de fondo.
En su presentación, los ambientalistas pedían la suspensión del trabajo de instalación de Agua Rica y al mismo tiempo la cesación definitiva del emprendimiento.
Con la información que le remitan, el juez definirá sobre la cuestión de fondo.
Rechazo a la violencia
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) que preside Manuel Benítez llamó a la reflexión de los actores sociales para que la paz social pueda primar sobre las distintas posiciones planteadas respecto a la minería. "No ayudan a la sociedad los discursos disociantes y provocativos", indican.
"Da vergüenza la inacción"
El presidente de la Cámara de Diputados, Luis Barrionuevo, el diputado Alfredo Gómez y el intendente Gustavo Jalile rechazaron la estrategia que implementó la Policía de la Provincia para desalojar el bloqueo al yacimiento de Agua Rica.
"Lamentamos profundamente el padecimiento del pueblo andalgalense en manos de la represión, por parte de quienes nos deben proteger. Instamos a que urgentemente se procure una alternativa de diálogo, no se puede seguir permitiendo que continué el enfrentamiento de catamarqueños contra catamarqueños. Da vergüenza la inacción de los responsables de mediar en este conflicto, y su incapacidad de procurar un ordenamiento desde lo institucional para buscar una salida cierta donde prime la cordura", indica el documento.
"El MIRA apuesta por la minería responsable y reclama para que los recursos que genera la actividad queden en la provincia y beneficien a la población local", señalaron.
Sigue la tensión y culpan al Gobierno y al intendente
Tras la represión policial y la reacción popular del martes por la noche, que incluyó la quema casi total del edificio municipal, daños en comercios céntricos y varios heridos, la tensión y la resistencia de los sectores ambientalistas continuó ayer en la ciudad de Andalgalá. Ayer los asambleístas retornaron al corte que desde diciembre mantenían en el camino comunero de Chaquiago-El Potrero, vía de acceso al yacimiento de Agua Rica para realizar un balance de los incidentes ocurridos.
A media mañana, los manifestantes que rechazan la minería volvieron a congregarse en la Plaza 9 de Julio y desde allí marcharon hacia la sede de la Fiscalía, el edificio comunal y la comisaría para repudiar las agresiones y reclamar por la libertad de los tres últimos detenidos.
Aunque más de una treintena de andalgalenses fueron demorados en la comisaría departamental y en la de Chaquiago y liberados en la madrugada de ayer, tres permanecieron detenidos toda la noche y obtuvieron la libertad recién a mediodía. Entre ellos, un hombre de apellido Cisneros quien, visiblemente golpeado y con una fisura en el tabique nasal, denunció apremios de parte de las fuerzas policiales.
Las declaraciones del intendente José Perea condenando la quema de municipio y responsabilizando a docentes y a algunos referentes de los Vecinos por la Vida como responsables de los daños no hizo más que acrecentar el malestar de los ciudadanos que, a los gritos y mediante pancartas, reclamaban la renuncia del jefe comunal. También pedían la cabeza del juez de control de garantías, Rodolfo Cecenarro, de la fiscal Marta Graciela Nieva y hasta del mismo Gobernador de la provincia.
"Nosotros no queríamos esto, lo que pasó ayer fue un desastre para todos", decía ayer una de las asambleístas, visiblemente conmocionada por las escenas de corridas, confusión y disturbios que empañaron la protesta por el desalojo del bloqueo antiminero.
"Esto no va a quedar así, nosotros queremos responsables. La fiscal y el juez, con sus medidas, han violado nuestro derecho a estar en una asamblea privada", denunció el ex concejal Roberto Cecenarro, con una herida de bala de goma a unos centímetros de su ojo izquierdo. También exigió una respuesta de las autoridades provinciales: "El Gobernador de la Provincia no se puede desentender de esto".
Los asambleístas seguían ayer apostados al costado del camino que une Chaquiago con El Potrero. Ayer por la tarde, los ambientalistas volvieron a reunirse en el lugar del desalojo, con la idea de analizar todo lo ocurrido y evaluaban emitir un documento sentando postura y exigiendo a las autoridades que asumen las responsabilidades por la represión. También invitaron a una misa "por la paz".
Varias expresiones de repudio a la represión
Mientras el interbloque de la oposición presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados y varias agrupaciones se manifestaron en la Capital por la mañana, diversas organizaciones manifestaron su repudio por lo que calificaron como una "feroz represión" en contra del pueblo de Andalgalá. El interbloque promueve una declaración legislativa de "solidaridad y total y absoluto respaldo al pueblo de Andalgalá", además de repudiar "la violenta represión ordenada por el Poder Ejecutivo".
El PJ, por su parte, emitió un documento.
"Denunciamos y condenamos a Brizuela del Moral y su gestión, que articulan el despojo en beneficios de intereses foráneos e inconfesables. Nos solidarizamos con nuestros comprovincianos, con los reprimidos y su correlato, sus víctimas, y con todos aquellos que desde la memoria y de las mejores tradiciones de nuestro pueblo defienden su dignidad como lo hacen los pueblos soberanos. En la lucha de nuestro pueblo encontraremos el camino", consigna el escrito firmado por la conducción del PJ.
Agrupaciones ambientalistas realizaron una manifestación frente a la Casa de Catamarca en Buenos Aires.
Otros grupos expresaron su rechazo al accionar policial y gubernamental.
-Las diputadas por el ARI Elisa Carrió y Fernanda Reyes atacaron a los gobiernos nacional y provincial y consideraron que la Justicia actuó en Andalgalá como "guardia jurídica de las empresas mineras". Responsabilizaron al gobernador Eduardo Brizuela del Moral por la represión.
- El diputado Fernando Pino Solanas se plegó a los rechazos y convocó a apoyar a los andalgalenses.
- "El accionar fascista del gobierno ha sido la mejor propaganda de concientización de los catamarqueños. Les ha salido el tiro por la culata", expresaron la organización Tupac Amaru y la Corriente de Unidad Felipe Varela.
- También el Movimiento Libres del Sur y el MST-Nueva Izquierda manifestaron su repudio.
Municipio incendiado
El intendente de Andalgalá no ocultó su malestar por los incidentes ocurridos y responsabilizó directamente a los asambleístas. En declaraciones a Radio Ancasti culpó al ex concejal Roberto Cecenarro por el incendio del edificio municipal. También denunció el accionar, junto a ambientalistas locales, de militantes nacionales del grupo Quebracho.
"Los Autoconvocados no toleraron que la gente apoye el desarrollo de Andalgalá y, en connivencia, con el señor Pino Solanas trajeron gente y quemaron vehículos. Destrozaron sectores de la municipalidad, en lo que hace a oficinas de Hacienda, Fiscalía, Tránsito, Despacho municipal", dijo al denunciar que más del 80% del edificio municipal fue destruido por los desmanes.
Perea negó que hubiera estado ausente durante conflicto y no confió en que el plebiscito sea la salida para la división de la comunidad por la minería.
El Riachuelo y la política ambiental
El Riachuelo y la política ambiental
Fecha de Publicación: 17/02/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Nacional
A pesar de una orden de la Corte Suprema, el Gobierno Nacional avanza a paso lento en el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Hace un año y medio, la Corte ordenó la ejecución de un plan de saneamiento del Riachuelo, cuya diagramación y ejecución es responsabilidad del Gobierno. Pero, según una denuncia presentada por el Defensor del Pueblo de la Nación y un grupo de ONGs, entre las que figuran Greenpeace y el CELS, las obras prometidas por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, están muy atrasadas.
El informe en el que se basa la presentación reconoce el avance de algunos programas, pero considera que no sucedió lo mismo en cuestiones decisivas como la reconversión de las industrias que contaminan la Cuenca, la reducción de basurales y la atención sanitaria de la vasta población afectada por la contaminación.
Además, el programa presentado por la Autoridad de la Cuenca contempla un plazo de ejecución más largo que el establecido en el fallo de la Corte.
El atraso en el tratamiento de una contaminación tan extendida y que afecta la salud de millones de personas, pone de manifiesto la ausencia de una política ambiental oficial.
Esta actitud es, por otra parte, contradictoria con el apoyo que reciben los asambleístas de Gualeguaychú, que cortan un puente internacional en protesta por una contaminación de la que al momento no existen pruebas.
El Gobierno incumple un fallo de la Corte Suprema que ordenó el saenamiento del Riachuelo. La Defensoría del Pueblo de la Nación denunció el escaso avance de programas anunciados.
Fecha de Publicación: 17/02/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires - Nacional
A pesar de una orden de la Corte Suprema, el Gobierno Nacional avanza a paso lento en el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Hace un año y medio, la Corte ordenó la ejecución de un plan de saneamiento del Riachuelo, cuya diagramación y ejecución es responsabilidad del Gobierno. Pero, según una denuncia presentada por el Defensor del Pueblo de la Nación y un grupo de ONGs, entre las que figuran Greenpeace y el CELS, las obras prometidas por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, están muy atrasadas.
El informe en el que se basa la presentación reconoce el avance de algunos programas, pero considera que no sucedió lo mismo en cuestiones decisivas como la reconversión de las industrias que contaminan la Cuenca, la reducción de basurales y la atención sanitaria de la vasta población afectada por la contaminación.
Además, el programa presentado por la Autoridad de la Cuenca contempla un plazo de ejecución más largo que el establecido en el fallo de la Corte.
El atraso en el tratamiento de una contaminación tan extendida y que afecta la salud de millones de personas, pone de manifiesto la ausencia de una política ambiental oficial.
Esta actitud es, por otra parte, contradictoria con el apoyo que reciben los asambleístas de Gualeguaychú, que cortan un puente internacional en protesta por una contaminación de la que al momento no existen pruebas.
El Gobierno incumple un fallo de la Corte Suprema que ordenó el saenamiento del Riachuelo. La Defensoría del Pueblo de la Nación denunció el escaso avance de programas anunciados.
Preocupa el cuidado de tierras de la Quebrada
Preocupa el cuidado de tierras de la Quebrada
Fecha de Publicación: 16/02/2010
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Preocupan la venta de tierras a extranjeros y el incumplimiento de normas sobre el cuidado del patrimonio en la Quebrada de Humahuaca.
Hace muchos años atrás se instaló en el país el debate sobre los riesgos de vender tierras a extranjeros. El caso que desató la polémica fue la venta de extensiones en la Patagonia por parte de empresa Benetton durante el gobierno menemista.
A partir de allí especialistas advirtieron que el país es la tentación de inversores extranjeros que, interesados en los recursos naturales más importantes como el agua y los minerales de nuestros suelo,hacen todo lo posible por poseer zonas estratégicas.
Ante este panorama es triste decir que nuestro país cuenta con ciertas “debilidades” legales que le dan seductoras oportunidades de compra a los extranjeros.
Hace no más de 15 días atrás diario El Clarín publicó un informe en el que el gobierno nacional admite que no sabe cuántas tierras de frontera pertenecen a extranjeros. Mientras que, en el mismo articulo, los expertos calculan que el 20% del territorio ya fue vendido a personas o empresas de otros países. Y señala que entre los lugares de mayor atractivo y mayor debilidad legal en lo que refiere a la protección de tierras del Estado se encuentra la Quebrada de Humahuaca, dato que llama poderosamente la atención porque esta zona es Patrimonio de la Humanidad y por consecuencia debería tener una protección especial sobre el uso de tierras, por lo menos las parcelas que aún pertenecen al Estado provincial, aunque no sean muchas.
Considerando a la tierra como un insumo estratégico de un país, la extranjerización de tierras implicaría la perdida de la soberanía nacional y poner en riesgo nuestros recursos naturales, y mas aun si hablamos de un territorio declarado como Patrimonio de la Humanidad por su riqueza cultural y paisajística.
Ante tal interrogante El Tribuno de Jujuy quiso conocer en detalle cuál es la situación real, si existen datos que hagan suponer que estamos frente a una creciente “extranjerización del suelo” y cuáles son los marcos legales vigentes.
Desde la Dirección provincial de Inmuebles, en declaraciones a la prensa local, su director Guillermo Aguirre aseguró que existen leyes provinciales que limitan la venta de tierras fiscales a inversores extranjeros, “aunque estas representen solo un porcentaje mínimo en las zona patrimonial”. Sin embargo señaló que la regulación es ínfima en lo que refiere a tierras de propiedad privada, donde el Estado “puede hacer muy poco o casi nada” para impedir la venta de zonas estratégica.
Incidencia del precio
Al respecto, el titular de la Unidad de Gestión de la Quebrada Patrimonio de la Humanidad, Néstor José, dijo que no existen datos certeros de que en los últimos años haya crecido la venta de tierras a extranjeros, y señaló que “muchas veces el alto precio en el que se cotizan las parcelas en Quebrada de Humahuaca por ser zona turística por excelencia, implica que las personas de la misma comunidad no tengan la posibilidad de adquirirlas, sino que sean personas de la capital de la provincia o de Buenos Aires las que las compren porque ven allí una oportunidad de negocios”.
Por otro lado, Néstor José dijo que el único caso concreto que hubo sobre la intención de una empresa estadounidense de compra en la Quebrada fue hace unos meses atrás, “se supo que querían comprar Alfarcito, pero finalmente la venta no se concretó debido a problemas con la documentación de propiedad de la tierra”, situación que ocurre frecuentemente en la zona y a veces obliga a los Concejos Deliberantes o municipios , aunque no tengan competencia directa, a avalar los títulos de propiedad que tiene varios siglos y están hechos precariamente.
La leyes vigentes
Seguidamente el funcionario explicó que la Ley de protección al patrimonio no abarca la compra y venta de tierra privadas, y que el Plan de Gestión sólo abarca los referido al uso de la tierra y su ordenamiento urbano.
La Ley provincial 5206 protege el paisaje de la Quebrada de Humahuaca en toda su extensión, en los términos del artículo 122 inc. a) de la Ley N" 5063 “Ley General de Medio Ambiente”.
En tanto, el Plan de manejo de la Quebrada de Humahuaca expone un detallado informe de los bienes y valores excepcionales que han merecido la inscripción de la Quebrada de Humahuaca como patrimonio de la Humanidad.
Además describe completamente a la Quebrada con sus numerosos recursos naturales y culturales, incluyendo la incidencia humana en el paisaje.
Entre ellos indica específicamente la conservación de las características arquitectónicas de la zona, casas bajas en colores ocres y construidas con materiales de la zonas, ya sean adobes o similares.
Sin embargo esta normativa no es respetada por los inversores, que ávidos de la oportunidad de negocio montan grandes hoteles sin tener ningún respeto con el paisaje típico de nuestro pueblo.
Ante esta situación, Néstor José indicó que existen ordenanzas y leyes que reglamentan la construcción en la zona de patrimonio de la humanidad, que son ampliamente transgredidas tanto por los dueños de los nuevos edificios y también por los municipios que tienen la facultad de controlar esta situación.
Fecha de Publicación: 16/02/2010
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Preocupan la venta de tierras a extranjeros y el incumplimiento de normas sobre el cuidado del patrimonio en la Quebrada de Humahuaca.
Hace muchos años atrás se instaló en el país el debate sobre los riesgos de vender tierras a extranjeros. El caso que desató la polémica fue la venta de extensiones en la Patagonia por parte de empresa Benetton durante el gobierno menemista.
A partir de allí especialistas advirtieron que el país es la tentación de inversores extranjeros que, interesados en los recursos naturales más importantes como el agua y los minerales de nuestros suelo,hacen todo lo posible por poseer zonas estratégicas.
Ante este panorama es triste decir que nuestro país cuenta con ciertas “debilidades” legales que le dan seductoras oportunidades de compra a los extranjeros.
Hace no más de 15 días atrás diario El Clarín publicó un informe en el que el gobierno nacional admite que no sabe cuántas tierras de frontera pertenecen a extranjeros. Mientras que, en el mismo articulo, los expertos calculan que el 20% del territorio ya fue vendido a personas o empresas de otros países. Y señala que entre los lugares de mayor atractivo y mayor debilidad legal en lo que refiere a la protección de tierras del Estado se encuentra la Quebrada de Humahuaca, dato que llama poderosamente la atención porque esta zona es Patrimonio de la Humanidad y por consecuencia debería tener una protección especial sobre el uso de tierras, por lo menos las parcelas que aún pertenecen al Estado provincial, aunque no sean muchas.
Considerando a la tierra como un insumo estratégico de un país, la extranjerización de tierras implicaría la perdida de la soberanía nacional y poner en riesgo nuestros recursos naturales, y mas aun si hablamos de un territorio declarado como Patrimonio de la Humanidad por su riqueza cultural y paisajística.
Ante tal interrogante El Tribuno de Jujuy quiso conocer en detalle cuál es la situación real, si existen datos que hagan suponer que estamos frente a una creciente “extranjerización del suelo” y cuáles son los marcos legales vigentes.
Desde la Dirección provincial de Inmuebles, en declaraciones a la prensa local, su director Guillermo Aguirre aseguró que existen leyes provinciales que limitan la venta de tierras fiscales a inversores extranjeros, “aunque estas representen solo un porcentaje mínimo en las zona patrimonial”. Sin embargo señaló que la regulación es ínfima en lo que refiere a tierras de propiedad privada, donde el Estado “puede hacer muy poco o casi nada” para impedir la venta de zonas estratégica.
Incidencia del precio
Al respecto, el titular de la Unidad de Gestión de la Quebrada Patrimonio de la Humanidad, Néstor José, dijo que no existen datos certeros de que en los últimos años haya crecido la venta de tierras a extranjeros, y señaló que “muchas veces el alto precio en el que se cotizan las parcelas en Quebrada de Humahuaca por ser zona turística por excelencia, implica que las personas de la misma comunidad no tengan la posibilidad de adquirirlas, sino que sean personas de la capital de la provincia o de Buenos Aires las que las compren porque ven allí una oportunidad de negocios”.
Por otro lado, Néstor José dijo que el único caso concreto que hubo sobre la intención de una empresa estadounidense de compra en la Quebrada fue hace unos meses atrás, “se supo que querían comprar Alfarcito, pero finalmente la venta no se concretó debido a problemas con la documentación de propiedad de la tierra”, situación que ocurre frecuentemente en la zona y a veces obliga a los Concejos Deliberantes o municipios , aunque no tengan competencia directa, a avalar los títulos de propiedad que tiene varios siglos y están hechos precariamente.
La leyes vigentes
Seguidamente el funcionario explicó que la Ley de protección al patrimonio no abarca la compra y venta de tierra privadas, y que el Plan de Gestión sólo abarca los referido al uso de la tierra y su ordenamiento urbano.
La Ley provincial 5206 protege el paisaje de la Quebrada de Humahuaca en toda su extensión, en los términos del artículo 122 inc. a) de la Ley N" 5063 “Ley General de Medio Ambiente”.
En tanto, el Plan de manejo de la Quebrada de Humahuaca expone un detallado informe de los bienes y valores excepcionales que han merecido la inscripción de la Quebrada de Humahuaca como patrimonio de la Humanidad.
Además describe completamente a la Quebrada con sus numerosos recursos naturales y culturales, incluyendo la incidencia humana en el paisaje.
Entre ellos indica específicamente la conservación de las características arquitectónicas de la zona, casas bajas en colores ocres y construidas con materiales de la zonas, ya sean adobes o similares.
Sin embargo esta normativa no es respetada por los inversores, que ávidos de la oportunidad de negocio montan grandes hoteles sin tener ningún respeto con el paisaje típico de nuestro pueblo.
Ante esta situación, Néstor José indicó que existen ordenanzas y leyes que reglamentan la construcción en la zona de patrimonio de la humanidad, que son ampliamente transgredidas tanto por los dueños de los nuevos edificios y también por los municipios que tienen la facultad de controlar esta situación.
Revuelta en Andalgalá por la minería
Catamarca: detienen 30 manifestantes en Andalgalá
Fecha de Publicación: 16/02/2010
Fuente: LaVoz del Interior - Agencia Dyn
Provincia/Región: Catamarca
Protestaban contra la instalación de la minera Agua Rica. Pino Solanas repudió la represión policial.
Treinta personas que protestaban contra la puesta en marcha del emprendimiento minero Agua Rica fueron detenidas hoy en la ciudad catamarqueña de Angalgalá por agentes de la policía local y la Gendarmería Nacional.
La intervención de las fuerzas de seguridad fue repudiada por el diputado nacional (Proyecto Sur) Fernando "Pino" Solanas, que hizo "responsable" al gobernador Eduardo Brizuela del Moral "por ir contra los intereses del pueblo".
Al menos 4 mil manifestantes autoconvocados de Andalgalá, El Potrero y Chaquiago se concentraron hoy sobre la ruta que lleva al megayacimiento de Agua Rica.
Según comentaron asambleistas contrarios al emprendimiento minero, policías y gendarmes dispararon gases lacrimógenos y balas de gomas para desalojar el camino, que permanecía cortado desde diciembre pasado sólo para vehículos y maquinaria de la compañía minera.
La fiscal Martha Nieva solicitó días atrás que los manifestantes despejaran la ruta, una situación que hoy se concretó tras la acción de las fuerzas de seguridad.
Los agentes detuvieron a 30 personas, quienes fueron llevadas a la comisaría de Andalgalá.
Hasta allí se trasladaron cientos de manifestantes para reclamar la liberación de los apresados.
Cuatro asambleistas habían sido acusados por la fiscal por los delitos de amenaza simple, lesiones leves y daño en concurso real, además de entorpecimiento del funcionamiento del transporte terrestre.
"Repudiamos la represión contra los vecinos que luchan por el agua y la vida", expresó Solanas, quien el fin de semana participó del corte de ruta y dialogó con los ambientalistas.
El diputado nacional hizo "responsable al gobierno catamarqueño por ir contra los intereses" de la población, que a su criterio "demostró que no hay consenso para la instalación" de los "mega-proyectos de saqueo y contaminación".
Solanas, en un comunicado, reclamó que "todos los argentinos y la dirigencia política deben apoyar la lucha de los andalgalenses".
Los asambleistas, en tanto, insistieron en su defensa de un "ambiente libre de contaminación" frente a la explotación a cielo abierto de minerales que realizará la empresa Agua Rica en el cerro Nevado de Aconquija
Suspenden la actividad de “Agua Rica”
El juez de minas de Catamarca suspendió momentáneamente la actividad de la minera en Andalgalá por los incidentes ocurridos en la manifestación de ayer.
El juez de Minas de Catamarca resolvió hoy la suspensión "hasta nuevo aviso" de las actividades que llevaba adelante la empresa minera Agua Rica.
La medida tuvo su origen en los desmanes producidos ayer en el departamento de Andalgalá, donde está ubicado el yacimiento, que terminó con dos hombres detenidos, personal policial herido y destrozos en edificios y autos.
El juez de Minas, Guillermo Raúl Cerda, notificó hoy al mediodía al apoderado de la empresa Agua Rica, que trabaja en el departamento de Andalgalá, del "cese de actividades hasta nuevo aviso", con la intención de poner fin al conflicto social en la zona.
Cerda manifestó que "es una medida sumamente necesaria por lo sucedido ayer. Ya notifique al apoderado de la empresa y si bien ellos pueden apelar, manifestaron estar de acuerdo con la resolución para traer calma a la sociedad andalgalense".
Por su parte, el subsecretario de Seguridad de la Provincia, Luis Baracat informó hoy que personal policial tenía la misión de preservar el orden y no reprimir ante el caos producido después que se permitió pasar una máquina de la empresa de Agua Rica.
Los desmanes se produjeron durante el trayecto de los manifestantes que se trasladaron desde el corte hasta la cabecera del departamento y recién esta madrugada volvió la calma la localidad del oeste catamarqueño.
Fecha de Publicación: 16/02/2010
Fuente: LaVoz del Interior - Agencia Dyn
Provincia/Región: Catamarca
Protestaban contra la instalación de la minera Agua Rica. Pino Solanas repudió la represión policial.
Treinta personas que protestaban contra la puesta en marcha del emprendimiento minero Agua Rica fueron detenidas hoy en la ciudad catamarqueña de Angalgalá por agentes de la policía local y la Gendarmería Nacional.
La intervención de las fuerzas de seguridad fue repudiada por el diputado nacional (Proyecto Sur) Fernando "Pino" Solanas, que hizo "responsable" al gobernador Eduardo Brizuela del Moral "por ir contra los intereses del pueblo".
Al menos 4 mil manifestantes autoconvocados de Andalgalá, El Potrero y Chaquiago se concentraron hoy sobre la ruta que lleva al megayacimiento de Agua Rica.
Según comentaron asambleistas contrarios al emprendimiento minero, policías y gendarmes dispararon gases lacrimógenos y balas de gomas para desalojar el camino, que permanecía cortado desde diciembre pasado sólo para vehículos y maquinaria de la compañía minera.
La fiscal Martha Nieva solicitó días atrás que los manifestantes despejaran la ruta, una situación que hoy se concretó tras la acción de las fuerzas de seguridad.
Los agentes detuvieron a 30 personas, quienes fueron llevadas a la comisaría de Andalgalá.
Hasta allí se trasladaron cientos de manifestantes para reclamar la liberación de los apresados.
Cuatro asambleistas habían sido acusados por la fiscal por los delitos de amenaza simple, lesiones leves y daño en concurso real, además de entorpecimiento del funcionamiento del transporte terrestre.
"Repudiamos la represión contra los vecinos que luchan por el agua y la vida", expresó Solanas, quien el fin de semana participó del corte de ruta y dialogó con los ambientalistas.
El diputado nacional hizo "responsable al gobierno catamarqueño por ir contra los intereses" de la población, que a su criterio "demostró que no hay consenso para la instalación" de los "mega-proyectos de saqueo y contaminación".
Solanas, en un comunicado, reclamó que "todos los argentinos y la dirigencia política deben apoyar la lucha de los andalgalenses".
Los asambleistas, en tanto, insistieron en su defensa de un "ambiente libre de contaminación" frente a la explotación a cielo abierto de minerales que realizará la empresa Agua Rica en el cerro Nevado de Aconquija
Suspenden la actividad de “Agua Rica”
El juez de minas de Catamarca suspendió momentáneamente la actividad de la minera en Andalgalá por los incidentes ocurridos en la manifestación de ayer.
El juez de Minas de Catamarca resolvió hoy la suspensión "hasta nuevo aviso" de las actividades que llevaba adelante la empresa minera Agua Rica.
La medida tuvo su origen en los desmanes producidos ayer en el departamento de Andalgalá, donde está ubicado el yacimiento, que terminó con dos hombres detenidos, personal policial herido y destrozos en edificios y autos.
El juez de Minas, Guillermo Raúl Cerda, notificó hoy al mediodía al apoderado de la empresa Agua Rica, que trabaja en el departamento de Andalgalá, del "cese de actividades hasta nuevo aviso", con la intención de poner fin al conflicto social en la zona.
Cerda manifestó que "es una medida sumamente necesaria por lo sucedido ayer. Ya notifique al apoderado de la empresa y si bien ellos pueden apelar, manifestaron estar de acuerdo con la resolución para traer calma a la sociedad andalgalense".
Por su parte, el subsecretario de Seguridad de la Provincia, Luis Baracat informó hoy que personal policial tenía la misión de preservar el orden y no reprimir ante el caos producido después que se permitió pasar una máquina de la empresa de Agua Rica.
Los desmanes se produjeron durante el trayecto de los manifestantes que se trasladaron desde el corte hasta la cabecera del departamento y recién esta madrugada volvió la calma la localidad del oeste catamarqueño.
Ayuí: informan que tendrá un impacto negativo
Defensoría del Pueblo de la Nación dice que Ayuí tendrá un impacto negativo
Fecha de Publicación: 15/02/2010
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Mesopotamia
La Defensoría del Pueblo de la Nación advirtió a la Legislatura provincial que el emprendimiento Ayuí Grande tendrá un impacto negativo. Un informe difundido da cuenta de riesgos sociales y ambientales para la zona.
La Defensoría del Pueblo de la Nación advirtió a la Legislatura correntina sobre los riesgos sociales y ambientales que generaría el emprendimiento Ayuí Grande que se prepara en la zona de Mercedes. Según un informe, este proyecto sepultaría bajo el agua 50 kilómetros de costas, bosques nativos, pastizales y pajonales que constituyen el paisaje natural de la zona
El adjunto I de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, remitió al respecto un informe a la Legislatura provincial. En ese documento advierte "el impacto ambiental negativo" que tendrá la construcción de la mencionada represa sobre el arroyo Ayuí Grande ubicado en el departamento de Mercedes.
Como se sabe, un consorcio productivo prevé la creación de un lago artificial de 8 mil hectáreas para disponer del agua que permita el riego de unas 20 mil hectáreas de cultivos que se instalarían en esa zona.
"Esto implica sepultar bajo el agua 50 kilómetros de costas, bosques nativos, pastizales y pajonales que constituyen el paisaje natural de la zona y tienen continuidad ambiental con los esteros del Iberá", señaló Sella.
Según consigna el informe de la Defensoría nacional, pasar de una zona de pasturas y sabanas naturales, con predominio de la ganadería, a una producción arrocera "implica una serie de cambios sustantivos en la cultura social de la región, con fuerte impacto en las condiciones de vida de los pobladores locales. Decir esto es hablar de identidad cultural, esto es del conjunto de valores, tradiciones, hábitos, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionante dentro del grupo social de esa región".
Así, Sella señala que ha tenido precisamente en cuenta que los cambios propuestos implicarán una verdadera transformación en las políticas sociales, laborales, productivas y culturales de toda la región colindante al arroyo Ayuí Grande.
El envío al Legislativo es para que "al momento de aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos se tenga en cuenta la implicancia del impacto acumulado que representan, para la sociedad y los ecosistemas, el conjunto de los desmontes y cambios en el uso de la tierra potencialmente permitidos en la provincia”.
Fecha de Publicación: 15/02/2010
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Mesopotamia
La Defensoría del Pueblo de la Nación advirtió a la Legislatura provincial que el emprendimiento Ayuí Grande tendrá un impacto negativo. Un informe difundido da cuenta de riesgos sociales y ambientales para la zona.
La Defensoría del Pueblo de la Nación advirtió a la Legislatura correntina sobre los riesgos sociales y ambientales que generaría el emprendimiento Ayuí Grande que se prepara en la zona de Mercedes. Según un informe, este proyecto sepultaría bajo el agua 50 kilómetros de costas, bosques nativos, pastizales y pajonales que constituyen el paisaje natural de la zona
El adjunto I de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, remitió al respecto un informe a la Legislatura provincial. En ese documento advierte "el impacto ambiental negativo" que tendrá la construcción de la mencionada represa sobre el arroyo Ayuí Grande ubicado en el departamento de Mercedes.
Como se sabe, un consorcio productivo prevé la creación de un lago artificial de 8 mil hectáreas para disponer del agua que permita el riego de unas 20 mil hectáreas de cultivos que se instalarían en esa zona.
"Esto implica sepultar bajo el agua 50 kilómetros de costas, bosques nativos, pastizales y pajonales que constituyen el paisaje natural de la zona y tienen continuidad ambiental con los esteros del Iberá", señaló Sella.
Según consigna el informe de la Defensoría nacional, pasar de una zona de pasturas y sabanas naturales, con predominio de la ganadería, a una producción arrocera "implica una serie de cambios sustantivos en la cultura social de la región, con fuerte impacto en las condiciones de vida de los pobladores locales. Decir esto es hablar de identidad cultural, esto es del conjunto de valores, tradiciones, hábitos, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionante dentro del grupo social de esa región".
Así, Sella señala que ha tenido precisamente en cuenta que los cambios propuestos implicarán una verdadera transformación en las políticas sociales, laborales, productivas y culturales de toda la región colindante al arroyo Ayuí Grande.
El envío al Legislativo es para que "al momento de aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos se tenga en cuenta la implicancia del impacto acumulado que representan, para la sociedad y los ecosistemas, el conjunto de los desmontes y cambios en el uso de la tierra potencialmente permitidos en la provincia”.
Desmonte y usurpación de tierras jujeñas
Desmonte y usurpación de tierras jujeñas
Fecha de Publicación: 15/02/2010
Fuente: Contacto Político
Provincia/Región: Jujuy
Un emprendimiento de la empresa CRAM SA tiene permiso para desmontar alrededor de mil hectáreas para la producción de poroto y soja transgénica en tierras donde por generaciones viven familias campesinas. Horacio Antonio Macedo, el actual embajador argentino en Bolivia y su hijo son parte de la empresa que desconoce los derechos ancestrales de las familias y ya avanzó en el desmonte de 200 hectáreas. A continuación hay una nota realizada por el colectivo Caminando:
“Como trabajadores contratados precariamente por el Estado nacional y trabajadores rurales organizados en el Frente Popular Darío Santillán, tomamos conocimiento del atropello que familias campesinas de Palma Sola vienen sufriendo, frente al emprendimiento empresarial que la firma CRAM S.A. lleva a cabo en el territorio de sus posesiones. Desde ese momento venimos participando activamente del conflicto y junto a compañeros de otras organizaciones de Jujuy, estamos acompañando a las familias en la reivindicación de sus derechos, promoviendo la difusión de esta situación y el involucramiento de distintos sectores de la provincia.
Palma Sola se encuentra en el Departamento Santa Bárbara, al este de la Provincia de Jujuy. Es parte de la región de yungas transición al chaco, se encuentra atravesada por el Arroyo Santa Rita y por la ruta provincial N° 6. Se trata de una zona estratégica para la integridad del corredor biológico proyectado entre las áreas protegidas de la zona.
De 3 a 5 km antes de llegar al centro de la localidad de Palma Sola, dentro de las 10.000 has. que conforman el título de propiedad en disputa, habitan alrededor de 20 familias agricultoras y 12 familias ganaderas que tienen derecho de posesión que les otorga los años que viven y trabajan en estos predios.
Lobo suelto, cordero atado
La empresa CRAM S.A. tiene como presidente de su directorio a René Macedo, y como apoderados a Horacio Macedo, padre e hijo. Horacio Antonio Macedo es el actual embajador en el hermano país de Bolivia y tiene una amplia trayectoria como funcionario de la provincia de Jujuy, mano derecha del actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Fellner. Horacio Macedo hijo es el actual Secretario General de Gobierno de la Provincia de Jujuy.
El avance en el territorio de esta empresa está en el marco de un Proyecto financiado por el BID para la “compra de inmueble rural para desmonte y explotación”. Este emprendimiento empresarial tiene permiso para desmontar alrededor de 1090 hectáreas para la producción de poroto y soja transgénica y viene desconociendo la posesión de las familias que habitan por generaciones estas tierras. Ya tienen una avance de al menos 200 has.
El permiso de desmonte se otorga en el marco de un irregular Plan de Ordenamiento Territorial provincial: sin difusión, sin participación de instituciones ni organizaciones ni de los habitantes de cada localidad, y aprobado por decreto.
En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial de Jujuy, Palma Sola originalmente estaba asignada como zona de mediana necesidad de resguardo, donde no es posible hacer desmontes totales y donde es necesario hacer aprovechamiento sostenible con ganadería silvopastoril, turismo o investigación científica (compatible con el modo de vida de las familias campesinas del lugar). En el último tiempo esta idea original fue mágicamente modificada y Palma Sola pasó a constituirse en zona con luz verde para el desmonte total y para la agricultura a gran escala, explícitamente pasó a ser zona liberada para el monocultivo (soja, caña de azúcar, etc.) en el marco del boom de los agrocombustibles. Este no es un dato menor si se observa la relación que existe entre los funcionarios públicos a cargo de la implementación de esta ley y los intereses empresariales de CRAM S.A. Ya los cuentos infantiles advierten sobre los problemas que conllevan que el lobo cuide a las ovejas.
Historia y actualidad del barrio “Nueva Esperanza”.
En el año 2001 Palma Sola sufrió una catástrofe por la crecida del arroyo Santa Rita que cruza por medio de la localidad. El alud dejó un saldo de 6 muertos, 3 desaparecidos, 1300 familias evacuadas y 147 viviendas destruidas o inhabilitadas. El monte existente en ese año no pudo absorber la gran cantidad de agua precipitada en tan poco tiempo. Si bien este fenómeno tiene una base en las condiciones naturales del lugar, no podemos dejar de ver que la disminución de la cobertura boscosa aumenta exponencialmente los riesgos de alud en la zona donde habitan al menos 6000 personas que viven básicamente de la producción agrícola ganadera.
A partir de este alud, y como forma de subsanar las pérdidas de viviendas sufridas, el estado construyó el barrio “Nueva Esperanza” en tierras expropiadas a los títulos de las 10.000 has. en cuestión. Estas familias, hoy, como vecinas de las plantaciones de soja, vienen siendo víctima de una catástrofe más silenciosa, de exclusiva responsabilidad de la insaciable voracidad de la lógica empresarial: a sólo 10 metros de las viviendas, CRAM S.A. está fumigando con glifosato con aviones, no sólo la tierra que sembrará con soja transgénica, sino también a las familias reubicadas que habitan este barrio.
Los métodos y el estado colaboracionista
CRAM S.A. no se conforma con amedrentar, amenazar, destruir bienes, envenenar y buscar desalojar violentamente a las familias campesinas en manos de sus encargados Eladio Gómez Samoral y Eusebio Díaz. Con el consentimiento de algunos funcionarios locales, Horacio Macedo hijo, hace unos días se presentó en la zona con la intención de dividir las familias campesinas, prometiendo a algunos la “donación” de la tierra y a otros sólo desalojo y muerte.
Este conflicto particular está lejos de ser aislado y es similar a los hechos que vienen ocurriendo (por nombrar los más recientes) en Finca Las Costas, a 15 km. de la ciudad de Salta, o en la quebrada del Toro, también en la provincia de Salta. Donde los intereses empresariales, aliados a las fuerzas políticas hegemónicas, buscan desalojar a familias que viven y trabajan la tierra. Los desalojos a comunidades aborígenes e históricos campesinos trabajadores de la tierra, lejos de desaparecer, se profundizan con el aval de las fuerzas de seguridad del Estado que sistemáticamente criminalizan a los poseedores y reivindican a los empresarios y políticos usurpadores.
El caso Palma Sola, particularmente, se trata de la punta de lanza en el avance de la frontera agropecuaria y de los monocultivos en una zona jujeña históricamente dedicada a la pequeña y mediana producción de ganado a monte abierto, hortalizas, verduras y citrus, que permite a cientos de familias vivir de lo que producen y en equilibrio con la naturaleza.
Se trata del avance del capital y de un modelo de saqueo y contaminación que se viene profundizando en distintos rubros de la producción como también es el caso de la megaminería, donde los beneficios se concentran en unas pocas manos y los perjudicados actuales y futuros somos la mayoría de nosotros. El monocultivo a base de agrotóxicos es una producción altamente contaminante, expulsa a la población rural, desalojando y no generando fuentes de trabajo, y es una actividad extractiva prácticamente irreversible que se lleva consigo la riqueza y la biodiversidad de nuestra tierra.”
Fecha de Publicación: 15/02/2010
Fuente: Contacto Político
Provincia/Región: Jujuy
Un emprendimiento de la empresa CRAM SA tiene permiso para desmontar alrededor de mil hectáreas para la producción de poroto y soja transgénica en tierras donde por generaciones viven familias campesinas. Horacio Antonio Macedo, el actual embajador argentino en Bolivia y su hijo son parte de la empresa que desconoce los derechos ancestrales de las familias y ya avanzó en el desmonte de 200 hectáreas. A continuación hay una nota realizada por el colectivo Caminando:
“Como trabajadores contratados precariamente por el Estado nacional y trabajadores rurales organizados en el Frente Popular Darío Santillán, tomamos conocimiento del atropello que familias campesinas de Palma Sola vienen sufriendo, frente al emprendimiento empresarial que la firma CRAM S.A. lleva a cabo en el territorio de sus posesiones. Desde ese momento venimos participando activamente del conflicto y junto a compañeros de otras organizaciones de Jujuy, estamos acompañando a las familias en la reivindicación de sus derechos, promoviendo la difusión de esta situación y el involucramiento de distintos sectores de la provincia.
Palma Sola se encuentra en el Departamento Santa Bárbara, al este de la Provincia de Jujuy. Es parte de la región de yungas transición al chaco, se encuentra atravesada por el Arroyo Santa Rita y por la ruta provincial N° 6. Se trata de una zona estratégica para la integridad del corredor biológico proyectado entre las áreas protegidas de la zona.
De 3 a 5 km antes de llegar al centro de la localidad de Palma Sola, dentro de las 10.000 has. que conforman el título de propiedad en disputa, habitan alrededor de 20 familias agricultoras y 12 familias ganaderas que tienen derecho de posesión que les otorga los años que viven y trabajan en estos predios.
Lobo suelto, cordero atado
La empresa CRAM S.A. tiene como presidente de su directorio a René Macedo, y como apoderados a Horacio Macedo, padre e hijo. Horacio Antonio Macedo es el actual embajador en el hermano país de Bolivia y tiene una amplia trayectoria como funcionario de la provincia de Jujuy, mano derecha del actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Fellner. Horacio Macedo hijo es el actual Secretario General de Gobierno de la Provincia de Jujuy.
El avance en el territorio de esta empresa está en el marco de un Proyecto financiado por el BID para la “compra de inmueble rural para desmonte y explotación”. Este emprendimiento empresarial tiene permiso para desmontar alrededor de 1090 hectáreas para la producción de poroto y soja transgénica y viene desconociendo la posesión de las familias que habitan por generaciones estas tierras. Ya tienen una avance de al menos 200 has.
El permiso de desmonte se otorga en el marco de un irregular Plan de Ordenamiento Territorial provincial: sin difusión, sin participación de instituciones ni organizaciones ni de los habitantes de cada localidad, y aprobado por decreto.
En el marco del Plan de Ordenamiento Territorial de Jujuy, Palma Sola originalmente estaba asignada como zona de mediana necesidad de resguardo, donde no es posible hacer desmontes totales y donde es necesario hacer aprovechamiento sostenible con ganadería silvopastoril, turismo o investigación científica (compatible con el modo de vida de las familias campesinas del lugar). En el último tiempo esta idea original fue mágicamente modificada y Palma Sola pasó a constituirse en zona con luz verde para el desmonte total y para la agricultura a gran escala, explícitamente pasó a ser zona liberada para el monocultivo (soja, caña de azúcar, etc.) en el marco del boom de los agrocombustibles. Este no es un dato menor si se observa la relación que existe entre los funcionarios públicos a cargo de la implementación de esta ley y los intereses empresariales de CRAM S.A. Ya los cuentos infantiles advierten sobre los problemas que conllevan que el lobo cuide a las ovejas.
Historia y actualidad del barrio “Nueva Esperanza”.
En el año 2001 Palma Sola sufrió una catástrofe por la crecida del arroyo Santa Rita que cruza por medio de la localidad. El alud dejó un saldo de 6 muertos, 3 desaparecidos, 1300 familias evacuadas y 147 viviendas destruidas o inhabilitadas. El monte existente en ese año no pudo absorber la gran cantidad de agua precipitada en tan poco tiempo. Si bien este fenómeno tiene una base en las condiciones naturales del lugar, no podemos dejar de ver que la disminución de la cobertura boscosa aumenta exponencialmente los riesgos de alud en la zona donde habitan al menos 6000 personas que viven básicamente de la producción agrícola ganadera.
A partir de este alud, y como forma de subsanar las pérdidas de viviendas sufridas, el estado construyó el barrio “Nueva Esperanza” en tierras expropiadas a los títulos de las 10.000 has. en cuestión. Estas familias, hoy, como vecinas de las plantaciones de soja, vienen siendo víctima de una catástrofe más silenciosa, de exclusiva responsabilidad de la insaciable voracidad de la lógica empresarial: a sólo 10 metros de las viviendas, CRAM S.A. está fumigando con glifosato con aviones, no sólo la tierra que sembrará con soja transgénica, sino también a las familias reubicadas que habitan este barrio.
Los métodos y el estado colaboracionista
CRAM S.A. no se conforma con amedrentar, amenazar, destruir bienes, envenenar y buscar desalojar violentamente a las familias campesinas en manos de sus encargados Eladio Gómez Samoral y Eusebio Díaz. Con el consentimiento de algunos funcionarios locales, Horacio Macedo hijo, hace unos días se presentó en la zona con la intención de dividir las familias campesinas, prometiendo a algunos la “donación” de la tierra y a otros sólo desalojo y muerte.
Este conflicto particular está lejos de ser aislado y es similar a los hechos que vienen ocurriendo (por nombrar los más recientes) en Finca Las Costas, a 15 km. de la ciudad de Salta, o en la quebrada del Toro, también en la provincia de Salta. Donde los intereses empresariales, aliados a las fuerzas políticas hegemónicas, buscan desalojar a familias que viven y trabajan la tierra. Los desalojos a comunidades aborígenes e históricos campesinos trabajadores de la tierra, lejos de desaparecer, se profundizan con el aval de las fuerzas de seguridad del Estado que sistemáticamente criminalizan a los poseedores y reivindican a los empresarios y políticos usurpadores.
El caso Palma Sola, particularmente, se trata de la punta de lanza en el avance de la frontera agropecuaria y de los monocultivos en una zona jujeña históricamente dedicada a la pequeña y mediana producción de ganado a monte abierto, hortalizas, verduras y citrus, que permite a cientos de familias vivir de lo que producen y en equilibrio con la naturaleza.
Se trata del avance del capital y de un modelo de saqueo y contaminación que se viene profundizando en distintos rubros de la producción como también es el caso de la megaminería, donde los beneficios se concentran en unas pocas manos y los perjudicados actuales y futuros somos la mayoría de nosotros. El monocultivo a base de agrotóxicos es una producción altamente contaminante, expulsa a la población rural, desalojando y no generando fuentes de trabajo, y es una actividad extractiva prácticamente irreversible que se lleva consigo la riqueza y la biodiversidad de nuestra tierra.”
Agroquímicos en canales de Río Colorado
Envases de agroquímicos en canales de Río Colorado
Fecha de Publicación: 15/02/2010
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
Productores chacareros de Colonia Juliá y Echarren, la zona rural de Río Colorado, parecen no haber tomado conciencia aún del peligro que implican los envases de agroquímicos tirados y desparramados en canales de riegos o en el río Colorado, así como en los caminos alternativos de la colonia donde transitan de manera permanente vecinos.
En las últimos días, en una recorrida realizada por esa colonia se pudieron ver cientos de envases de agroquímicos ya utilizados dispersos por distintos sectores, con el peligro latente para el ser humano, animales o al medio ambiente. Los recipientes encontrados aun tenían restos en su interior con un alto contenido tóxico. De este modo pueden producirse distintos tipos de afecciones para los humanos o animales que pueden incluso llegar a costarles la vida.
El método utilizado por algunos de los productores frutícolas está contaminando las agua de los canales y del río, perjudicando directamente a las personas que están utilizando esos lugares para bañarse en estos tiempos de sofocantes calores, sin descartarse un mal mayor como es que se estarían contaminando las napas.
Marina Carrera, jefa del área de Medio Ambiente del municipio local, informó que se designará en los próximos días a varias personas en las colonias de Río Colorado, para recorrer y tratar de encontrar a los responsables.
"No se entiende el grado de irresponsabilidad de algunos chacareros, ya que se cuenta con lugares precisos para retirar los bolsones donde acumular los recipientes ya utilizados y su posterior retiro, que es totalmente gratuito, trabajo que se viene realizando hace varios años junto con el Codema" sostuvo Carrera.
Más adelante agregó que "los envases encontrados son de los químicos más tóxicos y peligrosos; son los que están identificados con la etiqueta roja, que marca su grado mayor de peligrosidad. Están desparramados, en los caminos o en los canales de riego, donde se pueden encontrar normalmente a personas y chicos bañándose, como también a los animales de la zona consumiendo esa agua."
"A la contaminación que producen los contenidos de los envases de agroquímicos, también debe sumarse que existen chacareros que cargan sus equipos de fumigación y también lavan esos equipos en los canales, produciendo un inminente contaminación de los cursos de aguas de todo el sector" indicó.
Fecha de Publicación: 15/02/2010
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
Productores chacareros de Colonia Juliá y Echarren, la zona rural de Río Colorado, parecen no haber tomado conciencia aún del peligro que implican los envases de agroquímicos tirados y desparramados en canales de riegos o en el río Colorado, así como en los caminos alternativos de la colonia donde transitan de manera permanente vecinos.
En las últimos días, en una recorrida realizada por esa colonia se pudieron ver cientos de envases de agroquímicos ya utilizados dispersos por distintos sectores, con el peligro latente para el ser humano, animales o al medio ambiente. Los recipientes encontrados aun tenían restos en su interior con un alto contenido tóxico. De este modo pueden producirse distintos tipos de afecciones para los humanos o animales que pueden incluso llegar a costarles la vida.
El método utilizado por algunos de los productores frutícolas está contaminando las agua de los canales y del río, perjudicando directamente a las personas que están utilizando esos lugares para bañarse en estos tiempos de sofocantes calores, sin descartarse un mal mayor como es que se estarían contaminando las napas.
Marina Carrera, jefa del área de Medio Ambiente del municipio local, informó que se designará en los próximos días a varias personas en las colonias de Río Colorado, para recorrer y tratar de encontrar a los responsables.
"No se entiende el grado de irresponsabilidad de algunos chacareros, ya que se cuenta con lugares precisos para retirar los bolsones donde acumular los recipientes ya utilizados y su posterior retiro, que es totalmente gratuito, trabajo que se viene realizando hace varios años junto con el Codema" sostuvo Carrera.
Más adelante agregó que "los envases encontrados son de los químicos más tóxicos y peligrosos; son los que están identificados con la etiqueta roja, que marca su grado mayor de peligrosidad. Están desparramados, en los caminos o en los canales de riego, donde se pueden encontrar normalmente a personas y chicos bañándose, como también a los animales de la zona consumiendo esa agua."
"A la contaminación que producen los contenidos de los envases de agroquímicos, también debe sumarse que existen chacareros que cargan sus equipos de fumigación y también lavan esos equipos en los canales, produciendo un inminente contaminación de los cursos de aguas de todo el sector" indicó.
Entre Ríos: ya no controlan los desmontes
Denuncian desmontes por unas 5 mil hectáreas sin autorización
Fecha de Publicación: 14/02/2010
Fuente: El Diario (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Por decisión del Secretario de la Producción, la Dirección de Recursos Naturales ya no controla las denuncias que se realizan por acciones de desmonte, especialmente en el norte de provincia. Se decidió que el trabajo lo hiciera la Dirección de Fiscalización de Recursos Naturales, pero no está autorizada para hacerlo.
“Hay unas 80 denuncias que se realizaron en el último año acerca de desmontes no autorizados en la provincia y la Dirección de Recursos Naturales no sale a controlar. Incluso algunos ambientalistas solicitaron una audiencia con el Gobernador para que tome medidas urgentes”. De esta forma una fuente a la que consultó EL DIARIO y que solicitó el anonimato adelantó el eje de una controversia que desde algunos meses se viene sucediendo en el área de Producción provincial.
Esto despierta una serie de interrogantes que confluyen en una decisión tomada por el secretario de la Producción, Roberto Schunk: desde hace unos 10 meses no permite que los inspectores de la Dirección de Recursos Naturales certifique que las denuncias de vecinos, policías, pilotos de aviones de fumigación que recorren la zona y otros interesados anónimos efectúan en la oficina de calle San Juan, donde funciona la dependencia que dirige el Ing. Conrado González.
En su lugar, inicialmente, Schunk envió a la Dirección de Fiscalización de Recursos Naturales –que tiene por función controlar alimentos que circulan por la provincia y la caza y pesca natural- que envió sus técnicos en varias oportunidades.
Pero esta función no le correspondería legalmente, por lo que abogados de algunos campos antepusieron presentaciones de nulidad ante lo actuado, y las actas labradas cayeron en saco roto.
Así las cosas, durante muchos meses se generaron denuncias, pero el Estado no avanzó un tranco de pollo en su comprobación, y ante la ausencia de autoridad comenzaron silenciosos desmontes en vastas zonas de la provincia que llegarían a las 6 mil hectáreas, de acuerdo a fuentes que hablaron de “más bien pequeños establecimientos pero, proporcionalmente, con mucho monte”. Entre los ambientalistas que denuncian estos arrebatos a la tierra se encuentran el Grupo de Villaguay SOS, el grupo M´Biguá y el Foro Ecologista de Paraná.
A la espera
El director de Recursos Naturales, Conrado González, implícitamente reconoce la situación al afirmar que efectivamente el tema debería pasar por Recursos Naturales, pero el Secretario “pidió que otros sectores hicieran la fiscalización”. También reconoce que hay denuncias, aunque las relativiza. “No hay tantas denuncias, aunque hay algunas que se han hecho, y yo hablé con el Secretario y me dijo que vamos a tratar de normalizar el tema a partir de la regulación de la ley 26.331 (Ley Bonasso), con nuevas normativas donde estén todas las entidades representadas, con nuevas metodologías que reglamenten el control y establezca nuevas pautas. Vamos hacia una nueva base legal para estas tareas”, consignó, augurando que esperan que a finales de este o comienzos de marzo se pongan en movimiento estas acciones.
Sin embargo, al seno de la Secretaría de la Producción, las versiones son encontradas, y mientras desde la misma oficina de Schunk aseguran que sólo se ha convocado a la Dirección de Fiscalización de Recursos Naturales –que controla Jorge Florean- para “complementar” el trabajo de la oficina de Conrado González, altas fuentes consultadas del organigrama del Secretario de la Producción coinciden en afirmar que “ni los autos le dejaron a los inspectores”.
A su turno, y si bien inspectores consultados entienden que hace 10 meses que sucede esto, González dice que sólo unos “tres o cuatro meses”, al tiempo que otros directamente dicen desconocer tal decisión.
Una alta fuente que prefirió mantener su identidad en reserva lo explicó del siguiente modo: “Roberto (Schunk) es muy desconfiado, y si bien él tomó la decisión, en este tema hay un agujero legal que colabora con este proceso. El dueño de un campo primero desmonta y luego declara lo hecho, porque prefiere pagar la multa que es inferior al trámite, del cual no tiene garantías que le saldrá favorable. Entonces, era lógico que algunos esquemas subterráneos terminen favoreciendo al desmontador. Roberto quiso arreglar esto y terminó complicándolo, porque se lo asignó a un organismo que no está autorizado, y que tampoco brinda garantías. El otro problema es la falta de estructura necesaria para llevar adelante esta tarea”.
En síntesis: denuncias de corrupción e internas palaciegas, atraviesan visceralmente un tema sensible, que no hace más que favorecer a posiciones ambientalistas rayanas con el fundamentalismo.
Posición
En la vereda del Secretario de la Producción, el director de Fiscalización de Recursos Naturales, Jorge Florean, explica la situación de un modo menos traumático. En principio dice que lo que le llegaron a Schunk –unos meses atrás- no fueron versiones acerca de un posible mal desempeño de los inspectores de Recursos Naturales, sino que “vino un grupo de guardafaunas diciendo que no se estaba trabajando y que seguían los desmontes en zona de reserva”. Entonces Florean describe los hechos cronológicos: “El Secretario sabe que si bien no tenemos atribuciones, si tenemos fiscalizadores. Contamos con uno, particularmente, que es muy profesional y está preparado: Jeremías Mancini. Es un guardaparque del Parque San Martín que nos los prestan para recorrer Federal, hablar con la gente, autoridades y ambientalistas, y él nos trae los informes que se lo elevamos a la Dirección de Recursos Naturales”, precisa.
En este contexto, describe que desde el 22 de abril, al día 15 de julio de 2009 Mancini labró 31 actas. Florean reconoce también que el organismo de contralor es la Dirección de Recursos Naturales, por eso “nosotros traemos las infracciones, hacemos un recurso técnico y se la elevamos, y hasta allí llega nuestra responsabilidad. Yo no conozco de alguien que haya recusado nuestras actas, porque no tenemos incidencia en todo lo que sucede con el descargo”.
Ante la pregunta acerca de si tiene conocimiento que en Recursos Naturales hace 10 meses que no salen a inspeccionar y no cuenta con autos, asegura que no, aunque si tiene una respuesta para los autos. “Lo que sucedió con los autos es que el Secretario hace unos meses decidió suspender el uso de autos particulares dispuestos para la función pública. Como había dependencias que no tenían autos, se había autorizado el uso particular de vehículos para funciones específicas. Como Recursos Naturales no tenía autos, usaba algunos de sus funcionarios o inspectores, pero eso no tiene nada que ven con la quita de los controles sobre deforestación”, explicó.
Las voces desde el propio seno del Gobierno provincial sobre el tema no parecen coincidir, y mientras se dice que se buscó “complementar” con nuevos inspectores el trabajo de Recursos Naturales, estos últimos estarían diciendo que no tienen funciones y no saben qué hacer, y que son los únicos autorizados para la función.
Mientras tanto, un estigma de los últimos tiempos en el monte nativo entrerriano se desliza silencioso y repta por entre los indicadores de lo que será una cosecha de soja récord.
El árbol y el norte
El Gobierno entrerriano precisa que los controles se están haciendo y hubo buenos resultados en éste y otros sectores.
“Los controles se hacen, pero en la medida de nuestras posibilidades. Recientemente hicimos una expropiación de madera que está prohibida salir la provincia y fue donada al Taller Industrial para hacer muebles para las escuelas. Todo lo nuestro es un expediente público y cualquiera lo puede consultar”, confió Jorge Florean, director de Fiscalización de Recursos Naturales.
Por otra parte, una de las fuentes consultadas afirmó que para desmontar es menester presentar un proyecto, con un croquis, y precisiones, y entonces especialistas definían si es sustentable o no, y esto no se hace desde 2008.
“El tema empezó con denuncias de guardafaunas de Federal a los medios y pidiendo audiencia al Gobernador. Ellos decían que no se hacían los controles adecuados y entonces Schunk tomó la decisión sin mayores fundamentos. Hoy existe la sospecha que se está desmontando mucho. Pequeñas extensiones pero en muchos casos”, describieron.
El caso más complejo se estaría dando en el departamento Federal, pero también indican que sucede en Feliciano, La Paz, Villaguay, Federación y hasta en algunas zonas de Tala. Y si bien la provincia habría incrementado su zona con montes en los últimos 10 años en 140 mil hectáreas, Gualeguaychú y hasta algo en el departamento Tala.
Fecha de Publicación: 14/02/2010
Fuente: El Diario (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Por decisión del Secretario de la Producción, la Dirección de Recursos Naturales ya no controla las denuncias que se realizan por acciones de desmonte, especialmente en el norte de provincia. Se decidió que el trabajo lo hiciera la Dirección de Fiscalización de Recursos Naturales, pero no está autorizada para hacerlo.
“Hay unas 80 denuncias que se realizaron en el último año acerca de desmontes no autorizados en la provincia y la Dirección de Recursos Naturales no sale a controlar. Incluso algunos ambientalistas solicitaron una audiencia con el Gobernador para que tome medidas urgentes”. De esta forma una fuente a la que consultó EL DIARIO y que solicitó el anonimato adelantó el eje de una controversia que desde algunos meses se viene sucediendo en el área de Producción provincial.
Esto despierta una serie de interrogantes que confluyen en una decisión tomada por el secretario de la Producción, Roberto Schunk: desde hace unos 10 meses no permite que los inspectores de la Dirección de Recursos Naturales certifique que las denuncias de vecinos, policías, pilotos de aviones de fumigación que recorren la zona y otros interesados anónimos efectúan en la oficina de calle San Juan, donde funciona la dependencia que dirige el Ing. Conrado González.
En su lugar, inicialmente, Schunk envió a la Dirección de Fiscalización de Recursos Naturales –que tiene por función controlar alimentos que circulan por la provincia y la caza y pesca natural- que envió sus técnicos en varias oportunidades.
Pero esta función no le correspondería legalmente, por lo que abogados de algunos campos antepusieron presentaciones de nulidad ante lo actuado, y las actas labradas cayeron en saco roto.
Así las cosas, durante muchos meses se generaron denuncias, pero el Estado no avanzó un tranco de pollo en su comprobación, y ante la ausencia de autoridad comenzaron silenciosos desmontes en vastas zonas de la provincia que llegarían a las 6 mil hectáreas, de acuerdo a fuentes que hablaron de “más bien pequeños establecimientos pero, proporcionalmente, con mucho monte”. Entre los ambientalistas que denuncian estos arrebatos a la tierra se encuentran el Grupo de Villaguay SOS, el grupo M´Biguá y el Foro Ecologista de Paraná.
A la espera
El director de Recursos Naturales, Conrado González, implícitamente reconoce la situación al afirmar que efectivamente el tema debería pasar por Recursos Naturales, pero el Secretario “pidió que otros sectores hicieran la fiscalización”. También reconoce que hay denuncias, aunque las relativiza. “No hay tantas denuncias, aunque hay algunas que se han hecho, y yo hablé con el Secretario y me dijo que vamos a tratar de normalizar el tema a partir de la regulación de la ley 26.331 (Ley Bonasso), con nuevas normativas donde estén todas las entidades representadas, con nuevas metodologías que reglamenten el control y establezca nuevas pautas. Vamos hacia una nueva base legal para estas tareas”, consignó, augurando que esperan que a finales de este o comienzos de marzo se pongan en movimiento estas acciones.
Sin embargo, al seno de la Secretaría de la Producción, las versiones son encontradas, y mientras desde la misma oficina de Schunk aseguran que sólo se ha convocado a la Dirección de Fiscalización de Recursos Naturales –que controla Jorge Florean- para “complementar” el trabajo de la oficina de Conrado González, altas fuentes consultadas del organigrama del Secretario de la Producción coinciden en afirmar que “ni los autos le dejaron a los inspectores”.
A su turno, y si bien inspectores consultados entienden que hace 10 meses que sucede esto, González dice que sólo unos “tres o cuatro meses”, al tiempo que otros directamente dicen desconocer tal decisión.
Una alta fuente que prefirió mantener su identidad en reserva lo explicó del siguiente modo: “Roberto (Schunk) es muy desconfiado, y si bien él tomó la decisión, en este tema hay un agujero legal que colabora con este proceso. El dueño de un campo primero desmonta y luego declara lo hecho, porque prefiere pagar la multa que es inferior al trámite, del cual no tiene garantías que le saldrá favorable. Entonces, era lógico que algunos esquemas subterráneos terminen favoreciendo al desmontador. Roberto quiso arreglar esto y terminó complicándolo, porque se lo asignó a un organismo que no está autorizado, y que tampoco brinda garantías. El otro problema es la falta de estructura necesaria para llevar adelante esta tarea”.
En síntesis: denuncias de corrupción e internas palaciegas, atraviesan visceralmente un tema sensible, que no hace más que favorecer a posiciones ambientalistas rayanas con el fundamentalismo.
Posición
En la vereda del Secretario de la Producción, el director de Fiscalización de Recursos Naturales, Jorge Florean, explica la situación de un modo menos traumático. En principio dice que lo que le llegaron a Schunk –unos meses atrás- no fueron versiones acerca de un posible mal desempeño de los inspectores de Recursos Naturales, sino que “vino un grupo de guardafaunas diciendo que no se estaba trabajando y que seguían los desmontes en zona de reserva”. Entonces Florean describe los hechos cronológicos: “El Secretario sabe que si bien no tenemos atribuciones, si tenemos fiscalizadores. Contamos con uno, particularmente, que es muy profesional y está preparado: Jeremías Mancini. Es un guardaparque del Parque San Martín que nos los prestan para recorrer Federal, hablar con la gente, autoridades y ambientalistas, y él nos trae los informes que se lo elevamos a la Dirección de Recursos Naturales”, precisa.
En este contexto, describe que desde el 22 de abril, al día 15 de julio de 2009 Mancini labró 31 actas. Florean reconoce también que el organismo de contralor es la Dirección de Recursos Naturales, por eso “nosotros traemos las infracciones, hacemos un recurso técnico y se la elevamos, y hasta allí llega nuestra responsabilidad. Yo no conozco de alguien que haya recusado nuestras actas, porque no tenemos incidencia en todo lo que sucede con el descargo”.
Ante la pregunta acerca de si tiene conocimiento que en Recursos Naturales hace 10 meses que no salen a inspeccionar y no cuenta con autos, asegura que no, aunque si tiene una respuesta para los autos. “Lo que sucedió con los autos es que el Secretario hace unos meses decidió suspender el uso de autos particulares dispuestos para la función pública. Como había dependencias que no tenían autos, se había autorizado el uso particular de vehículos para funciones específicas. Como Recursos Naturales no tenía autos, usaba algunos de sus funcionarios o inspectores, pero eso no tiene nada que ven con la quita de los controles sobre deforestación”, explicó.
Las voces desde el propio seno del Gobierno provincial sobre el tema no parecen coincidir, y mientras se dice que se buscó “complementar” con nuevos inspectores el trabajo de Recursos Naturales, estos últimos estarían diciendo que no tienen funciones y no saben qué hacer, y que son los únicos autorizados para la función.
Mientras tanto, un estigma de los últimos tiempos en el monte nativo entrerriano se desliza silencioso y repta por entre los indicadores de lo que será una cosecha de soja récord.
El árbol y el norte
El Gobierno entrerriano precisa que los controles se están haciendo y hubo buenos resultados en éste y otros sectores.
“Los controles se hacen, pero en la medida de nuestras posibilidades. Recientemente hicimos una expropiación de madera que está prohibida salir la provincia y fue donada al Taller Industrial para hacer muebles para las escuelas. Todo lo nuestro es un expediente público y cualquiera lo puede consultar”, confió Jorge Florean, director de Fiscalización de Recursos Naturales.
Por otra parte, una de las fuentes consultadas afirmó que para desmontar es menester presentar un proyecto, con un croquis, y precisiones, y entonces especialistas definían si es sustentable o no, y esto no se hace desde 2008.
“El tema empezó con denuncias de guardafaunas de Federal a los medios y pidiendo audiencia al Gobernador. Ellos decían que no se hacían los controles adecuados y entonces Schunk tomó la decisión sin mayores fundamentos. Hoy existe la sospecha que se está desmontando mucho. Pequeñas extensiones pero en muchos casos”, describieron.
El caso más complejo se estaría dando en el departamento Federal, pero también indican que sucede en Feliciano, La Paz, Villaguay, Federación y hasta en algunas zonas de Tala. Y si bien la provincia habría incrementado su zona con montes en los últimos 10 años en 140 mil hectáreas, Gualeguaychú y hasta algo en el departamento Tala.
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