Minería en San Juan: grave contaminación con aluminio, cobre y arsénico en zona donde opera Barrick Gold

Fecha de Publicación: 10/07/2026
Fuente: Agencia TierraViva
Provincia/Región: San Juan


Una nueva investigación confirma la contaminación con aluminio, cobre, arsénico, cadmio y manganeso en la zona de la mina Veladero, propiedad de las multinacionales Barrick Gold y Shandong Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia la complicidad de los gobiernos municipal, provincial y nacional. Contabilizaron nueve derrames químicos contaminantes. “Se nos niega el derecho a la justicia y el derecho humano al agua”, afirman.
Cantidades alarmantes de aluminio, cobre y arsénico fueron detectados en los pejerreyes que aparecieron sin vida en las orillas del dique Cuesta del Viento, en el norte de San Juan. Un informe realizado por biólogos independientes apunta como causa la exposición prolongada de los peces a un ambiente acuático contaminado y abre la puerta a una nueva hipótesis: la fuga permanente de efluentes tóxicos desde la mina Veladero, que operan las trasnacionales Barrick Gold (Canadá) y Shandong Gold (China). Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca denuncian contaminación minera y silencio oficial.
“La evidencia disponible permite concluir que la explicación científicamente más consistente para la mortandad masiva de peces registrada en el Dique Cuesta del Viento es la exposición a los metales y metaloides biodisponibles en el sistema acuático”, sostiene el informe técnico firmado por los biólogos Rafael Lajmanovich, Ana Paula Cuzziol Boccioni, Guillermo Folguera y Paola Peltzer. Los análisis realizados sobre los peces por la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo), de Mendoza, detectaron concentraciones elevadas de aluminio en las branquias, y de aluminio, cobre y arsénico en el hígado, justamente “órganos responsables de funciones críticas como la respiración, la osmorregulación y detoxificación”, señala el informe técnico.
Así, por ejemplo, en un conjunto compuesto por los restos de 13 peces, el aluminio alcanzó una concentración de 2.464 miligramos por kilogramo en el hígado (tejido seco, es decir, deshidratado) y de 824 miligramos por kilo en las branquias (tejido seco). En el hígado (tejido seco) del mismo conjunto, el cobre alcanzó los 49 miligramos por kilo, el arsénico los 14 miligramos por kilo y el cadmio una cantidad mayor a 5,7 miligramos por kilo.
Consultado por Tierra Viva, Folguera explica que, de acuerdo con el estudio, “la mortalidad de peces (en noviembre de 2025) es compatible con un efecto notable de una diversidad de químicos con altos niveles” y que tanto las evidencias espaciales como temporales “son consistentes con un flujo de contaminación persistente en toda la cuenca”. Esto se condice con la presencia de aluminio, cobre y arsénico en los hígados de los peces, lo que sugiere “una incorporación sistémica crónica”.
En otras palabras, la evidencia sugiere que el envenenamiento de los peces se produjo de manera paulatina, por estar expuestos a un medio contaminado. La pregunta queda abierta: ¿Derrames puntuales o fuga crónica de efluentes mineros?

Un escenario tóxico
Para elaborar el informe, los biólogos examinaron datos disponibles sobre la calidad del agua en distintos periodos. En el marco del fenómeno de mortandad, compararon los análisis de agua realizados por la Uncuyo en noviembre de 2025 y febrero de 2026 y constataron que “el escenario de degradación ambiental (…) se mantuvo prácticamente inalterado”.
La presencia constante y en cantidades elevadas de aluminio, arsénico, boro y cadmio configura un escenario que lleva a los biólogos a concluir que “la persistencia de los contaminantes y parámetros críticos en el agua superficial (…) anula la hipótesis de un evento aislado o de rápida disipación”.
Más allá de la presencia constante de químicos en el agua, los análisis de noviembre de 2025 detectaron un elemento inusual: cloro. Los resultados consignan concentraciones que “superaron en hasta un 2.321 por ciento el criterio de protección para la vida acuática”, afirma el informe técnico. Este dato recuerda a los vecinos de Jáchal que la empresa minera ya utilizó hipoclorito de sodio para neutralizar cianuro, durante el derrame masivo de 2015.

Veinte años de tóxicos en el agua
La persistencia de metales y metaloides de preocupación ambiental no se restringe al evento de mortandad masiva de peces. Los investigadores ampliaron el tiempo de estudio y examinaron los análisis de agua realizados entre 2005 y 2026, tanto oficiales como encargados por la Asamblea a la Uncuyo. El equipo concluye que “la evolución temporal observada es compatible con un proceso de contaminación sostenida de larga duración y no con un evento aislado o transitorio”. Agrega que la presencia de metales y metaloides es persistente y que estos se hallan “presentes en concentraciones incompatibles con los estándares nacionales e internacionales para la protección de la vida acuática”.
El informe consigna que el arsénico “constituye el contaminante más persistente y espacialmente extendido de toda la serie histórica” y, si bien su presencia es natural en la cuenca, “las magnitudes observadas indican la participación de procesos adicionales (…), incluyendo actividades antrópicas vinculadas al aprovechamiento de recursos minerales”.
Además, en ese periodo temporal, los investigadores observaron el incremento de aluminio en cantidades exorbitantes: en el tramo inferior del río Jáchal, pasó de 0.1 miligramo por litro de agua en 2005 a 7.4 miligramos por litro en 2026. Es decir, tuvo un crecimiento de 7.400 por ciento. El boro “mostró incrementos de magnitud similar”, consigna el informe. El escenario tóxico se completa con arsénico, manganeso, cobre y, de forma más reciente, cadmio.
En otro tramo del informe se lee que “el río La Palca emerge como el principal corredor hidrológico de transferencia de elementos traza hacia el resto de la cuenca”. Con “elementos traza” hace referencia a los metales y metaloides detectados y el río mencionado es el que proviene de la mina Veladero. Pero hay un dato más: 2005 corresponde al primer año de explotación de ese yacimiento. El nexo no parece casual.

El oxígeno y una hipótesis descartada
“Este informe es, en gran medida, un intento por explicar o intentar buscar las causas de la mortalidad de estos peces”, afirma Folguera. El fenómeno encendió la alarma a inicios de noviembre de 2025 y se extendió alrededor de 20 días, cuando en las orillas del dique aparecieron pejerreyes muertos en grandes cantidades.
Ante este escenario, el gobierno de la provincia intentó calmar rápidamente las aguas y adjudicó la masiva mortandad a la falta de oxígeno. Sin embargo, “los resultados no apoyan la hipótesis del oxígeno”, desestima Folguera. El propio informe es tajante sobre esto al afirmar que “los resultados de calidad de agua descartan que la mortalidad observada pueda atribuirse a déficits de oxígeno disuelto o a procesos de hipoxia ambiental”.
Sin embargo, lo que más llamó la atención de Folguera fue “el apuro en cuanto a quienes esgrimieron la hipótesis del oxígeno de no esperar resultados y de señalar solamente cuestiones oculares al respecto, en apenas un par de días”, resalta y opina que “no parece ser el modo apropiado” para testear una hipótesis.
Por si fuera poco, en febrero de este año, la Unidad Fiscal Norte desestimó la causa judicial que había abierto de oficio para investigar la masiva mortandad de peces. “El fiscal (Sohar) Aballay cerró la causa diciendo que los peces habían muerto por falta de oxígeno en el agua, pero no tiene ni un solo análisis que lo pueda justificar”, reclama Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca.

Una sopa de químicos
Descartada la falta de oxígeno como causa de la mortalidad de los peces, el equipo de investigadores se concentró en otros factores. “Ahí aparece la presencia de metales, metaloides y otros químicos en diferentes puntos del río y del dique”, narra Folguera y resalta la consistencia de la evidencia analizada.
“En general se observa una enorme cantidad de químicos con una enorme presencia”, señala el biólogo. “Quizás el que toma mayor relevancia y visibilidad es el aluminio, con porcentajes de aumento realmente impactantes” dice y detalla: “Estamos hablando, por momento, de 171.900 por ciento, 6.800 por ciento, valores extremadamente altos, que no se pueden explicar, bajo ningún punto de vista, de manera natural”.
Los porcentajes implican un desvío con respecto al nivel guía de calidad ambiental para la protección de la vida acuática, fijado en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051.
Más allá de la toxicidad que implican las concentraciones detectadas de aluminio, cobre, cadmio, boro, arsénico y manganeso en el agua, Folguera resalta la gravedad de las mezclas y refiere que “estos tóxicos pueden generar lo que se llama efecto sinérgico: efectos de interacción que potencian el efecto de daño de cada uno de los químicos involucrados”.

Pesca sin advertencias
“Hemos visto con mucha sorpresa que los instructores de pesca de la localidad de Rodeo (departamento de Iglesia) hicieron hasta una publicación donde siguen promocionando la pesca en el dique Cuesta del Viento”, afirma Zeballos. Basta una búsqueda rápida por Internet para observar la promoción que Gobierno y privados hacen de esta y otras actividades en el dique.
No hay, en cambio, advertencias ni avisos sobre la posible contaminación de los peces que, en gran medida, se utilizan para consumo humano, según refiere el asambleísta. “Hemos visto con mucho pesar que el gobierno de la provincia de San Juan tampoco dio ninguna alerta para que no se consuman esos peces”, expresa.
En la resolución 533/1994, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) establece los límites de tolerancia de metales y metaloides para los productos de la pesca con destino al consumo humano. Aunque los valores más altos se detectaron en hígado y branquias de los pejerreyes, que no suelen destinarse al consumo humano, las proporciones de aluminio, cobre y arsénico en músculos también son elevadas.
Por ejemplo, la norma fija un máximo de 250 partes por millón para el aluminio, lo que equivale a 250 miligramos por kilogramo. Los análisis sobre músculos de dos pejerreyes, en tejido seco, revelaron 545 y 368 miligramos por kilo, respectivamente.
En el caso del cobre, el Senasa fija un límite de diez partes por millón, lo que equivale a diez miligramos por kilogramo. En los músculos de algunos peces, los análisis evidenciaron cantidades superiores a 15 miligramos por kilo. En proporciones menores, pero también por encima del límite, se detectó arsénico en músculos de algunos pejerreyes.

Una ordenanza sin cumplir, una cuenta sin rendir
“Agua Segura”, es el nombre del programa que, en Jáchal, está “destinado a realizar el control comunitario de la calidad del agua tanto superficial como subterránea predestinada al consumo humano, al de animales, para irrigación, así como para cualquier otra utilización de tipo cotidiana”, según reza la ordenanza 2694 que lo creó en octubre de 2015. La fecha de sanción no es casual: para entonces, se había cumplido un mes del derrame de más de un millón de litros de agua con cianuro desde la mina Veladero.
La misma ordenanza establece un mínimo de dos monitoreos anuales por cada una de las tres zonas en que divide el área “para un mejor control”. Sin embargo, “a esta altura del año, (el municipio) ya tendría que haber hecho, al menos, tres análisis y no ha hecho ni uno solo”, reclama Zeballos y recuerda que en 2025 fue la presión social ejercida por productores agropecuarios, la Iglesia Católica y la Asamblea la que logró que el Ejecutivo municipal ordenara el análisis del agua a raíz de la mortandad de peces en el dique. Un dato no menor es que para esos análisis “el municipio contrató a SGS, el laboratorio externo de Barrick Gold, para tapar todo”, denuncia Zeballos.
En 2024, el presupuesto destinado a los análisis rondaba los 70 millones de pesos y en 2025 superaba los 120 millones de pesos, según refiere Zeballos. No obstante, en 2024 no se hicieron análisis y en 2025 apenas se realizó uno. El asambleísta deja flotar la pregunta sobre el destino de esos fondos, pero arriesga una respuesta sobre el incumplimiento de los monitoreos: “Barrick Gold no quiere que se hagan análisis porque cada vez que se hacen, se detecta contaminación minera”, dice y agrega, en referencia a los funcionarios: “Están al servicio de la Barrick Gold”.

Del silencio a la censura oficial
Al conocer los resultados de los análisis, la Asamblea jachallera intentó difundirlos a través de la emisora que Radio Nacional, la radio pública, tiene en esa localidad sanjuanina. Sin embargo, luego de idas y vueltas, el medio de comunicación impidió esa posibilidad. “Se nos ha negado el derecho constitucional de expresarnos libremente, sin censura previa, y también se le está negando al pueblo de Jáchal el derecho de enterarse de los resultados de estos análisis”, denuncia Zeballos.
Tampoco los supuestos análisis de peces que habría encargado el gobierno de la provincia (a cargo de Marcelo Orrego), a principios de diciembre de 2025, fueron dados a conocer, según señala Zeballos. De hecho, el gobierno defendió los controles ambientales que realizan la propia empresa minera, el Ministerio de Minería y la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Para el asambleísta, el incumplimiento de los análisis, el ocultamiento de resultados y la censura en medios de comunicación oficiales van de la mano. “En este tema no hay grieta: el presidente Javier Milei, que es de un partido político (La Libertad Avanza), el gobernador Marcelo Orrego, que es de otro partido político (Juntos por el Cambio), y el intendente Matías Espejo, que es de otro partido político (Unión por la Patria), están todos de acuerdo en proteger los intereses de la Barrick Gold”, afirma y reitera: “lo único que les interesa es proteger los intereses de las corporaciones megamineras, y no proteger a los pueblos”.

Un historial de derrames
Veladero es una mina de oro y plata que entró en su fase de explotación en el año 2004. En septiembre de 2015, luego de ocultarlo, la empresa terminó reconociendo el derrame de más de un millón de litros de agua cianurada. Fue el primero conocido y afectó cinco ríos y el dique Cuesta del Viento. Dos causas contra siete funcionarios nacionales duermen aún, acunadas por la burocracia judicial. Ninguna autoridad de la empresa minera ni autoridad provincial fue imputada.
No fue el único. Análisis del agua de ríos conectados con la mina Veladero evidencian alta presencia de metales en, al menos, otras cinco ocasiones entre 2016 y 2022. La continua alteración del agua con metales llamó la atención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que, a través del Relator Oficial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos advirtió que “los derrames y la falta de acción oportuna de parte del Gobierno y de la empresa están poniendo en grave peligro a las comunidades y el medio ambiente”.
Y hay más: en 2016, una pericia realizada por el Ministerio de Ambiente de la Nación había confirmado tres derrames anteriores. Ocurrieron en julio y noviembre de 2011 y en marzo de 2012.

Impunidad y premios para la empresa
Las conclusiones del informe técnico no anulan la posibilidad de derrames puntuales a lo largo de los años. De hecho, según los datos, fueron nueve derrames en 15 años. Hasta el día de hoy, ninguna persona fue condenada por ninguno de los hechos. Mucho menos la empresa ni las corporaciones detrás de la firma Veladero. Tampoco el Estado fue responsabilizado.
Pese a que el Código de Minería de Argentina establece, en su artículo 264, inciso “E”, que “en caso de tres infracciones graves se procederá al cierre definitivo del establecimiento”, Veladero sigue operando con normalidad. No sólo eso: el gobierno nacional aprobó su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para la ampliación del proyecto. Esta obra consiste, básicamente, en la construcción, operación y mantenimiento de nuevas plataformas de lixiviación (procesamiento para separar minerales a través del uso de agua y químicos tóxicos).
“Evidentemente, a Jáchal lo quieren como zona de sacrificio”, expresa Zeballos ante este panorama. “Se nos niegan los derechos a la justicia, a expresarnos libremente, se nos niega la posibilidad de vivir en dignidad y con dignidad, se nos está negando el derecho humano al agua, al agua pura”, afirma y concluye: “Somos cada vez más habitantes y menos ciudadanos, porque no tenemos derechos”.
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Biodiversidad en Chubut: la rana de los alerces persiste tras los incendios

Fecha de Publicación: 10/07/2026
Fuente: Diario Huarpe
Provincia/Región: Chubut


En una noticia que genera alivio para la comunidad científica y los defensores del medio ambiente, se ha confirmado la permanencia de la rana de los alerces (Batrachyla fitzroya) en el Parque Nacional Los Alerces, ubicado en la provincia de Chubut. Este importante hallazgo se produce luego de los devastadores incendios forestales que afectaron gravemente la Isla Grande del Lago Menéndez, el único rincón del planeta donde habita esta especie. La detección de este anfibio representa un hito fundamental para la biodiversidad de la Patagonia argentina y un testimonio de la capacidad de supervivencia de la fauna local frente a eventos climáticos extremos.

Un hallazgo clave para la biodiversidad
El descubrimiento fue el resultado de exhaustivos operativos de monitoreo post-incendio llevados a cabo por un equipo de herpetólogos y guardaparques del área protegida. Durante estas tareas de relevamiento, cuyo objetivo central era evaluar de manera integral el impacto del fuego sobre la flora y la fauna, se logró registrar nuevamente la presencia de ejemplares de la especie, confirmando su persistencia en las zonas que fueron alcanzadas por las llamas.
La rana de los alerces se encuentra catalogada en estado de conservación Vulnerable. Su condición de especie microendémica la hace particularmente frágil, ya que su existencia depende exclusivamente de las condiciones ambientales de la Isla Grande del Lago Menéndez. Cualquier perturbación significativa en este hábitat restringido podría significar la desaparición definitiva de la especie, por lo que su hallazgo tras el incendio abre nuevas líneas de investigación científica sobre la resiliencia de las poblaciones locales y la capacidad de recuperación de su entorno.

El vínculo vital con los alerces milenarios
Este pequeño anfibio guarda una relación simbólica y biológica profunda con su entorno, al punto de que su nombre rinde homenaje al alerce o lahuán (Fitzroya cupressoides). Estos árboles milenarios, que pueden superar los 2.600 años de antigüedad y alcanzar alturas de hasta 60 metros, conforman el dosel del bosque húmedo donde la rana desarrolla su ciclo vital.
Los sitios reproductivos de la rana de los alerces se encuentran en el suelo húmedo del bosque y en las costas del lago. Esta dependencia de la humedad del suelo la vuelve extremadamente sensible a las alteraciones ambientales provocadas por el fuego, que tiende a resecar la capa orgánica del terreno y destruir los microclimas necesarios para su reproducción. El hecho de que la especie haya logrado sobrevivir a los incendios indica una capacidad adaptativa que los científicos ahora buscan comprender en mayor profundidad para reforzar las medidas de conservación.

Un refugio de vida silvestre amenazada
El Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, es mucho más que el hogar de esta rana; es un santuario biológico que protege más de 80.000 hectáreas de cuencas y lagos de agua prístina. Además de la rana de los alerces, el parque actúa como refugio para otras especies emblemáticas que enfrentan serias amenazas de extinción, como el huemul (ciervo andino en peligro crítico), el pudú (el ciervo más pequeño del mundo) y el gato huiña.
El ecosistema que protege el área, compuesto por la selva valdiviana y el bosque andino patagónico, cumple funciones ecológicas vitales que benefician incluso a comunidades lejanas. Entre estas funciones destacan la regulación hídrica, la provisión de agua de alta calidad para poblaciones locales y su rol como corredor biológico esencial para mantener la variabilidad genética de las especies de la región.

Compromiso con el futuro del ecosistema
La persistencia de la rana de los alerces es un recordatorio de que, aunque la naturaleza posee una asombrosa resiliencia, su fragilidad ante los incendios forestales es extrema. El hallazgo en la Isla Grande reafirma la importancia crítica de los monitoreos científicos constantes y de la protección activa de las áreas naturales frente a amenazas antropogénicas y climáticas.
La conservación de este parque nacional es indispensable para garantizar que especies únicas no se pierdan para siempre. El compromiso colectivo para proteger este "santuario de vida" es lo que permitirá que tanto los alerces milenarios como los pequeños habitantes de su suelo sigan formando parte del patrimonio natural del país y del mundo
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Del laboratorio a la Puna salteña: buscan validar una herramienta biotecnológica para recuperar un histórico pasivo ambiental minero

Fecha de Publicación: 09/07/2026
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Salta


Un equipo del CONICET La Plata estudia desde hace más de una década la antigua Mina Concordia, ubicada en Salta, cuyos residuos tienen un fuerte impacto sobre el ambiente. La investigación permitió desarrollar un bactericida natural para inhibir la biogeneración del llamado drenaje ácido de minas –agua ácida con bajos niveles de pH– y abrió nuevas líneas de trabajo orientadas a la restauración integral de sitios degradados y contaminados por emprendimientos mineros inactivos o abandonados
Comprender cómo se comportan los contaminantes en antiguos sitios mineros, evaluar su impacto ambiental, desarrollar herramientas biotecnológicas para mitigar sus efectos y restaurar sitios contaminados con metales pesados. Esos son los objetivos que persigue Josefina Plaza Cazón, investigadora del CONICET con lugar de trabajo en el Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI, CONICET-UNLP), quien estudia desde 2015 diferentes pasivos ambientales mineros (PAM) del Noroeste Argentino (NOA). Los PAM son instalaciones mineras abandonadas o inactivas que, por los residuos, emisiones y efluentes producto de sus operaciones, constituyen un riesgo permanente de contaminación que podría afectar la salud humana y el ambiente. En particular, el trabajo de Plaza Cazón se centra en el PAM “La Concordia”, un antiguo sitio de explotación minera ubicado en plena Puna salteña, a 4.200 metros sobre el nivel del mar y a unos 15 kilómetros de la ciudad de San Antonio de los Cobres, dentro del departamento Los Andes.
Conocido desde la época colonial, cuando se lo utilizaba artesanalmente para la obtención de plata, alrededor de 1900 el sitio comenzó a ser explotado intensivamente para la extracción de ese metal precioso y otros como cobre, plomo y zinc, hasta su cierre definitivo en 1986. Aunque la actividad extractiva finalizó, en el lugar aún permanecen acumulados los desechos mineros que no pudieron lixiviarse, o disolverse, durante el proceso de explotación. Estos residuos se almacenan en cuatro cavas o diques de cola, cuyos murallones fueron construidos con material del entorno a lo largo del arroyo Concordia, afluente del río San Antonio –que llega a su vez hasta el pueblo homónimo– y sus bases carecen de impermeabilización.
“Como el arroyo nace en el socavón de la mina, la acción del agua, sobre todo en épocas de lluvia –que van de diciembre a marzo–, disuelve los minerales acumulados y se produce un proceso que se conoce como drenaje ácido minero (DAM), es decir agua ácida, con bajo pH y alta concentración de metales pesados que escurre y se dispersa en el ambiente aguas abajo. Además, los suelos de la Puna son arenosos-limosos, por lo tanto, el DAM percola, o filtra, a través del perfil del suelo”, cuenta Plaza Cazón. La experta apunta que, en tiempos de sequía, otro responsable de la dispersión de los contaminantes es el viento: los minerales precipitan sobre unas sales presentes en ese sitio y se dispersan hasta puntos muy alejados al lugar de origen de la contaminación, incluso aguas arriba en dirección a los vientos predominantes.
Para conocer en profundidad las características del PAM, y evaluar y diagnosticar el grado de contaminación que presenta, el equipo dirigido por Plaza Cazón realizó una caracterización integral del sitio mediante diversos análisis fisicoquímicos del agua y de los suelos, determinando el pH y el nivel de concentración de los metales pesados presentes. Asimismo, los y las profesionales identificaron los microorganismos responsables de catalizar o acelerar las reacciones químicas que generan el DAM, y estudiaron especies vegetales nativas que crecían en la zona de influencia del PAM para determinar las estrategias fisiológicas y fitorremediadoras que utilizan para desarrollarse en condiciones ambientales tan extremas, sumado al estrés por la contaminación por metales pesados. En este último caso, para evaluar su potencial aplicación en planes de remediación y restauración de sitios contaminados por metales pesados producto del inadecuado manejo de desechos mineros.
Todo ese conocimiento generado a partir del análisis del PAM “La Concordia” fue el punto de partida para el desarrollo de nuevas herramientas biotecnológicas. "Las condiciones ambientales de la Puna son muy particulares, por eso entendimos desde el comienzo que no podíamos replicar tecnologías desarrolladas en otros países, sino que debíamos generar soluciones innovadoras utilizando los propios recursos del lugar, de manera que pudieran sostenerse en el tiempo", señala la investigadora, quien junto a su grupo desarrolló un bactericida natural, basado en compuestos bioactivos de una planta nativa de la zona, que es capaz de inhibir el crecimiento de los microorganismos hierro y/o azufre oxidantes presentes en los desechos mineros, que son aquellos que catalizan las reacciones químicas de generación de DAM. El próximo paso será validar el funcionamiento de esa tecnología in situ en el PAM.
Por otra parte, en colaboración con un grupo del Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE, CONICET-UNLP), el equipo de Plaza Cazón obtuvo un subsidio internacional para estudiar hongos micorrícicos –aquellos que tienen como característica establecer una relación simbiótica “mutualista”, o asociativa, con las raíces de las plantas– capaces de desarrollarse en las condiciones extremas como las de la Puna y, en particular, en suelos contaminados con metales pesados. “El objetivo es identificarlos y estudiarlos para, en un futuro, poder aplicarlos en alguna herramienta biotecnológica, ya sea como bioestimulantes o para la restauración del sitio, gracias a la capacidad que tienen de absorber contaminantes”, apunta la profesional.
El PAM se encuentra dentro del área protegida Los Andes, donde habita la Comunidad Kolla El Desierto, cuyos integrantes al igual que los pobladores de San Antonio de los Cobres, son quienes sufren directamente los efectos ambientales provocados por el antiguo emprendimiento minero. El proyecto del CINDEFI buscó involucrar a sus miembros desde el comienzo: "Las comunidades tienen derecho a conocer lo que investigamos, qué estamos haciendo con sus recursos cuando realizamos una campaña, y cuál es el estado de situación. Además, su participación y colaboración resulta fundamental para construir soluciones sostenibles en estos ambientes", afirma Plaza Cazón, quien recientemente brindó una charla ante esa comunidad a partir de la que se acordó, con el aval de su cacique, que algunos jóvenes de origen kolla que forman parte de ella y que cursan carreras universitarias vinculadas con los recursos naturales serán partícipes de las próximas campañas de muestreo a realizarse en octubre.
Nacida en Salta y graduada allí como ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente por la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Plaza Cazón fue becaria de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en el Centro Atómico Ezeiza (CAE) y hace casi dos décadas se estableció en La Plata donde desarrolló su carrera científica en el CINDEFI. Sin embargo, nunca perdió el vínculo con el territorio donde nació y que hoy constituye el eje de sus investigaciones: "Uno ama lo que conoce. La Puna es un ambiente único, con un paisaje increíble, de otro planeta, y yo veo en ese lugar una riqueza enorme de conocimiento y desarrollo. Siempre sentí que el conocimiento que generamos tenía que transformarse en soluciones concretas que tengan impacto ambiental y social en el territorio. En este caso en particular, sobre los PAM, buscando soluciones que sean aplicables y sostenibles en el tiempo", reflexiona.
Para finalizar, Plaza Cazón destaca que el caso del PAM “La Concordia” demuestra que el impacto ambiental de la actividad minera puede persistir durante décadas cuando no existe una adecuada gestión y manejo responsable en la disposición final de los residuos: “Si no se hacen las cosas bien desde el principio, los efectos sobre el paisaje son a muy largo plazo” apunta la experta, quien se entusiasma con la oportunidad de generar conocimiento y desarrollar herramientas que contribuyan tanto a mitigar o reducir el impacto ambiental de los desechos y promover la potencial restauración de los sitios degradados, como a sentar las bases para el diseño de estrategias más sostenibles para la actividad minera.
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Ecología desarticuló puestos de caza furtiva en un parque provincial que es área natural protegida

Fecha de Publicación: 09/07/2026
Fuente: Radio Cataratas
Provincia/Región: Misiones


Guardaparques del Ministerio de Ecología realizaron un operativo en el Parque Salto Encantado y otro en el río Paraná, en el marco de las acciones permanentes de control y protección de la biodiversidad.
En el Parque Provincial Salto Encantado, integrantes del Grupo de Operaciones en Selva (GOS) de la zona Sur detectaron y desmantelaron dos saleros y cuatro sobrados o esperas activos, estructuras utilizadas para la práctica de la caza furtiva. Los elementos fueron destruidos para impedir su reutilización. El procedimiento incluyó relevamientos georreferenciados con GPS y un registro de más de cinco kilómetros de patrullaje en sectores de monte nativo, zonas internas y límites del área protegida.
En paralelo, sobre el río Paraná y sus afluentes, guardaparques junto a efectivos de la Dirección de Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales realizaron un patrullaje náutico. Durante la recorrida retiraron redes y espineles, elementos prohibidos que representan una amenaza para la conservación de la fauna ictícola.
Estos operativos forman parte de la estrategia permanente del Ministerio de Ecología para prevenir infracciones ambientales, fortalecer la presencia territorial y garantizar la protección de la biodiversidad en áreas naturales y ambientes acuáticos de Misiones.
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La advertencia de un investigador de la CNEA: “Ya hubo un éxodo de unas 500 personas del sector nuclear”

Fecha de Publicación: 08/07/2026
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


En diálogo con Infobae al Regreso, Andrés Kreiner analizó el presente del sector nuclear argentino, explicó su importancia para la salud, la industria y la generación de energía, y alertó por el impacto del deterioro salarial sobre una actividad estratégica
La energía nuclear suele asociarse con la producción de electricidad, pero en Argentina también sostiene desarrollos vinculados con la medicina, la industria y la investigación científica. Sin embargo, detrás de esos avances, el sector atraviesa un escenario que, según sus propios protagonistas, pone en riesgo la continuidad de capacidades construidas durante décadas.
Ese fue el diagnóstico que planteó el investigador superior de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y del CONICET, Andrés Kreiner, durante una entrevista en Infobae al Regreso. Allí sostuvo que el principal problema hoy no pasa por la falta de conocimiento ni de infraestructura, sino por la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores y la salida de personal altamente calificado.
“El sector nuclear estatal se está asfixiando salarialmente”, resumió. Según explicó, los salarios “perdieron más del 50% de su capacidad adquisitiva frente al IPC” en los últimos dos años, una situación que ya comenzó a reflejarse en la estructura del organismo. “Ha producido un éxodo del orden de 500 personas. Algunas se jubilaron, pero la mayoría se fueron porque no pueden vivir con esos salarios”, aseguró.
Para Kreiner, la magnitud del problema se entiende mejor cuando se observan casos concretos. Mencionó el de Paula Alderete, una técnica que opera un microscopio electrónico de alta complejidad y que, según indicó, percibe entre 600.000 y 700.000 pesos mensuales. “Estos salarios son realmente salarios de hambre”, afirmó. También señaló que un ingeniero con algunos años de experiencia cobra alrededor de 1,2 millones de pesos y que incluso la remuneración más alta dentro de la Comisión, correspondiente a su categoría como investigador superior, se ubica entre 2,4 y 2,5 millones de pesos.
El investigador remarcó que el impacto no alcanza únicamente a científicos e ingenieros. “Se está echando a profesionales, técnicos y también administrativos”, sostuvo, y explicó que en una institución con el nivel de complejidad de la CNEA cada una de esas funciones resulta indispensable para sostener el funcionamiento cotidiano.
Durante la entrevista, Kreiner también buscó poner en contexto la importancia que tiene el sector para el país. Recordó que Argentina cuenta con tres centrales nucleares en operación que generan aproximadamente el 10% de la electricidad consumida a nivel nacional, aunque insistió en que esa es apenas una parte de la actividad que desarrolla el sistema nuclear.
Uno de los campos donde esa capacidad resulta más visible es la medicina. Allí, explicó, la producción de radioisótopos permite realizar diagnósticos y tratamientos de alta complejidad. Como ejemplo mencionó el tecnecio-99, “uno de los radioisótopos más utilizados”, que se administra junto con un fármaco y “se localiza preferencialmente en tejidos tumorales”, permitiendo detectar lesiones a partir de la radiación que emite.
A ese desarrollo se suma el Centro Argentino de Protonterapia, que se encuentra en construcción frente al Hospital Roffo. Según explicó Kreiner, esa tecnología representa un salto respecto de los tratamientos convencionales porque utiliza haces de protones que permiten concentrar la radiación con mucha mayor precisión sobre el tumor y reducir el daño en los tejidos sanos.
Las aplicaciones tampoco se limitan al ámbito sanitario. En el Centro Atómico Constituyentes, agregó, también se irradian celdas solares destinadas a misiones espaciales y componentes electrónicos que deben soportar niveles extremos de radiación, una tarea que forma parte del desarrollo tecnológico de distintos sectores industriales.
Consultado sobre la posibilidad de una mayor participación privada en el desarrollo nuclear, Kreiner aclaró que el sistema argentino nunca funcionó exclusivamente bajo control estatal. Como ejemplo mencionó a CONUAR, empresa dedicada a la fabricación de combustibles nucleares, donde la CNEA participa con algo más del 30% del paquete accionario mientras que el resto pertenece al grupo Pérez Companc.
Sin embargo, consideró que el deterioro salarial modifica por completo ese escenario. “Hay una mano de obra muy calificada que está regalada”, advirtió. En ese contexto, explicó, una empresa extranjera podría instalarse en el país y, ofreciendo salarios apenas dos o tres veces superiores, incorporar recursos humanos que demandaron años de formación dentro del sistema público.
Por eso, aclaró que no rechaza la llegada de inversiones privadas, aunque sostuvo que deberían orientarse hacia esquemas de cooperación. “Si hubiera una asociación en la que una empresa pone el dinero y la Comisión aporta sus recursos humanos altamente capacitados para desarrollar proyectos en conjunto, lo veríamos de otra forma”, planteó.
Sobre el final de la entrevista, Kreiner extendió esa preocupación hacia la política energética de largo plazo. Recordó que Argentina desarrolló durante décadas una línea tecnológica basada en reactores de uranio natural y agua pesada, una característica que, según señaló, le permitió construir autonomía en un área considerada estratégica.
En ese sentido, expresó su preocupación por el destino del único predio habilitado para construir una nueva central nuclear en el país. “Ese sitio se lo están ofreciendo graciosamente a una empresa”, cuestionó, antes de insistir en que preservar las capacidades acumuladas resulta clave para mantener la independencia tecnológica. “La Argentina tiene una línea tecnológica del uranio natural y agua pesada que nos independiza tecnológicamente y nos da seguridad energética”, concluyó.

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Perfil - El plan nuclear de Milei: fuga de cerebros, vaciamiento de la Comisión de Energía Atómica y privatización del...
Apenas 48 horas después de que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) despidiera a 61 trabajadores (entre ellos, quince vinculados al proyecto de pequeños reactores modulares CAREM), el gobierno de Javier Milei anunció una inversión privada de 1.200 millones de dólares para construir el primer reactor modular pequeño (SMR) en el predio de Atucha. Presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y sin cuadros técnicos presentes, el proyecto será impulsado por la empresa Meitner Energy, que utilizará tecnología desarrollada por el Estado argentino con financiamiento de capitales estadounidenses.

Portal ElResaltador - La Academia Nacional de Ciencias y diputados nacionales se expresaron contra el vaciamiento de CNEA
La Comisión Nacional de Energía Atómica está sufriendo un desmantelamiento por parte de la gestión libertaria: la construcción del reactor CAREM paralizada en su etapa final, despidos masivos y el anuncio de una inversión privada estadounidense en el predio de ATUCHA, cambiando el paradigma de financiación del desarrollo nuclear argentino.
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Cómo es el control de drones en Áreas Naturales Protegidas de Río Negro

Fecha de Publicación: 08/07/2026
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro


Se incorporan nuevas herramientas para optimizar los procesos de autorización, seguimiento y control en territorio.
La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro actualizó el reglamento para el uso de drones en las Áreas Naturales Protegidas provinciales. Incorpora herramientas que permiten optimizar la gestión de las autorizaciones, consolidar el trabajo de fiscalización y acompañar el desarrollo de actividades científicas y de difusión ambiental con criterios claros y actualizados.
La medida forma parte del proceso de modernización que impulsa la Provincia para fortalecer la gestión ambiental en territorio, garantizando la conservación de los ecosistemas y, al mismo tiempo, promoviendo el uso responsable de tecnologías que contribuyen al conocimiento, monitoreo y puesta en valor del patrimonio natural rionegrino.
La actualización remplaza una normativa vigente desde 2022 e incorpora procedimientos más ágiles para la evaluación de solicitudes, así como protocolos específicos para situaciones excepcionales que requieran registros audiovisuales o monitoreos vinculados a eventos naturales de interés ambiental. Asimismo, establece nuevas herramientas de seguimiento y control que permitirán realizar un monitoreo más preciso de cada actividad autorizada.
De esta manera, investigadores, instituciones y organizaciones que desarrollen proyectos científicos o acciones de divulgación ambiental contarán con un marco más claro y eficiente para gestionar sus solicitudes, reduciendo trámites innecesarios y brindando mayor previsibilidad a los procesos administrativos.
La entrada en vigencia de la resolución está acompañada por instancias de capacitación destinadas a los guardas ambientales de la provincia. Estas jornadas permiten transmitir los alcances de la nueva normativa, unificar criterios de aplicación, actualizar conocimientos técnicos sobre el uso de drones e incorporar nuevas herramientas para optimizar los procesos de autorización, seguimiento y control en territorio. De esta forma, se fortalece el rol estratégico de quienes llevan adelante las tareas de conservación y fiscalización en las áreas protegidas.
Al mismo tiempo, se refuerzan las medidas de protección de la fauna silvestre y los ecosistemas sensibles, incorporando criterios específicos para minimizar impactos y evaluar el comportamiento de las especies antes, durante y después de cada operación.
La Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, destacó: “Esta actualización nos permite contar con reglas más claras, procedimientos más ágiles y mejores herramientas de control. Buscamos acompañar el trabajo científico y la difusión ambiental responsable, sin perder de vista que la prioridad siempre es proteger nuestros ecosistemas y la biodiversidad de las áreas protegidas”.
Agregó que “la actualización de la normativa no se limita a un cambio administrativo. También implica fortalecer las capacidades de nuestros equipos en territorio. Por eso acompañamos esta medida con capacitaciones para los guardas ambientales, quienes son actores fundamentales en la protección, el monitoreo y la gestión de nuestras áreas naturales protegidas”.
La decisión se enmarca en la política ambiental que lleva adelante el gobierno de Río Negro para consolidar una gestión moderna, con presencia efectiva en el territorio y capacidad de respuesta frente a los desafíos que plantean las nuevas tecnologías.
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“Los que ahora compran las tierras son directamente los Estados extranjeros”

Fecha de Publicación: 07/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional - Patagonia


Mientras el Congreso se prepara para debatir la ley de tierras, crece la preocupación por el avance de los capitales foráneos en zonas de altísimo valor ecológico y estratégico.
“Como dijo el lonko, los lugares que agarran son estratégicos, son lugares de altas cumbres que no se deben vender, como las orillas de los ríos. O sea: no están respetando ni eso”. Soledad Cayunao, de la Lof Cayunao, explicó de esta manera lo que ocurre en su territorio con la llegada de capitales extranjeros. El caso es conocido. El fideicomiso Amaike, de capitales emiratíes, la llevó a juicio por usurpación de 14 mil hectáreas en la zona cordillerana de las altas cumbres rionegrinas que la comunidad utiliza en el verano. Durante el juicio, en abril de 2026, un empresario argentino, expolista y accionista de la compañía, confesó, obligado por el juramento de decir verdad, que las tierras a su nombre las compró con plata que le donó el gobierno de Emiratos Árabes Unidos.
–Lo compró a través de una donación: ¿de quién recibió esa donación? –le preguntaron.
–Del gobierno de los Emiratos Árabes –dijo el expolista Hugo Barabucci.
–¿Recuerda el monto de la operación?
–Algo de dos millones de dólares.
Ante la inminente discusión de la Ley de Extranjerización de la Tierra, el nombre que las organizaciones territoriales le dieron al proyecto oficial de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la Patagonia Árabe, en Río Negro tiene otro significado.
“Los que ahora están comprando las tierras ya no son particulares, ni empresas, ni grupos de inversión: los que compran son directamente los Estados extranjeros”, dice Magdalena Odarda, diputada provincial por el bloque Vamos con Todos, exsenadora por Río Negro y autora de un proyecto de ley que busca retrotraer las adquisiciones del Estado emiratí. Las compras se hacen a través de empresas pantalla, fideicomisos amañados o “firmas interpuestas”, un procedimiento con el que buscan burlar la Ley de Tierras con muchas empresas integradas por personas con DNI argentino, que en realidad representan a otros Estados.
La participación de Estados extranjeros está prohibida en la ley actual y la restricción se mantiene en el proyecto que está en discusión en el Congreso. Sin embargo, esos capitales se abren espacio a través de sociedades asentadas en el país. Odarda está preparando un pedido de informes a la IGJ para pedir información sobre esas composiciones. Mientras tanto, el paisaje en su provincia está cambiando con territorios que operan como enclaves de otros Estados.

¿Qué está pasando en Río Negro?
A lo largo de los últimos diez años, la provincia profundizó el proceso de reconfiguración de la propiedad de la tierra con la incorporación de capitales árabes, de Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Qatar, por un total de unas 60 a 70 mil hectáreas ubicadas en zonas de altísimo valor estratégico y ambiental, como altas cumbres de frontera, bosques nativos y ojos de agua dulce.
El Estado qatarí posee unas 10.000 hectáreas en una explotación para esquí de alta montaña ultraexclusivo, vista a la cordillera y autonomía energética debido a la construcción de tres microcentrales hidroeléctricas sobre el arroyo Baguales, autorizadas por el gobierno provincial con una concesión para 30 años, según la periodista Susana Lara, con amplia cobertura del tema.
Los qataríes están en una zona con otros vecinos. Las extensiones de tierra son linderas a los territorios de Joe Lewis y de las inversiones del Estado de Emiratos Árabes Unidos. El extenista Gastón Gaudio, amigo de Macri, hizo de nexo para la compra. El emir de Qatar, amigo de Macri, y quien le puso la capa a Lionel Messi en el Mundial de 2022, Tamim bin Hamad Al Thani, es cuñado del principal inversor en la Meseta Baguales: el jeque qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri.
Emiratos Árabes Unidos acumula, en cambio, más de 50.000 hectáreas en tres zonas estratégicas, entre la cordillera y la costa. Una parte está en el alto Chubut, con un coto de caza y el espacio de la comunidad mapuche Cayunao; otra parte está en la costa del río Foyel y 30.000 en la costa atlántica, en la Bahía Dorada, con una pista privada de las dimensiones del aeropuerto de Bariloche y otras parcelas rurales. ¿A qué se dedica? Turismo de lujo con coto de caza mayor y con alojamiento temporario.

Las personas atrás de los inversores
Alrededor de los emprendimientos existe un grupo de empresas y acciones de personas con DNI argentino que, de a poco, van siendo transferidas íntegramente a emiratíes. Odarda tiene un listado de esas compañías: Fideicomiso Amaike, Manzil S.A., Gengis Real Estate S.A., Diuna Inmobiliaria. De ellas, dice, Manzil S.A. es el caso paradigmático: la composición accionaria pasó totalmente de dos ciudadanos argentinos a los dos emiratíes detrás de esta inversión, con un documento refrendado en el Boletín Oficial en 2022.
“Manzil SA hoy tiene la mayoría accionaria en el Fideicomiso AMAIKE”, reseña el proyecto de ley de la diputada Odarda. “Las tierras en el Cerro Carreras pasaron de contar como accionistas a dos argentinos que fueron finalmente reemplazados por los ciudadanos emiratíes Matar Suhail Alyabhouni Aldhaeri y Osama Hussein Saleh Hussein Alahadaly, con el 0,3 % y 99,7 %, respectivamente. Ambos vinculados directamente con el Estado de Emiratos Árabes Unidos”.
Los dos ciudadanos emiratíes no son ciudadanos cualquiera. Matar Suhail Ali Al Yabhouni Aldhaheri es un empresario de formación militar, general retirado tras 25 años de servicio en las Fuerzas Armadas, que preside el Consejo Nacional Federal, donde participan representantes de los siete emires del país. Osama Hussein Saleh Hussein Alahadaly, el inversor más importante, es el hombre de confianza del propio emir de EAU, presidente y heredero, Mohamed bin Zayed Al Nahayan.
En febrero de 2026, el emir de Abu Dhabi y presidente de EAU, Mohamed bin Zayed, pisó suelo patagónico en un vuelo privado que aterrizó en el aeropuerto internacional de Bariloche con familia y una gran comitiva de más de 200 personas. La presencia causó revuelo en la agenda local y nacional. Fotos. Publicaciones, imágenes de dentro y fuera del avión. Misterio. El emir se instaló en Las Marías.
“Bueno, sí –confía Odarda–: a esta altura me permito pensar que hay algo más que la compra de tierras, porque la fecha en la que vino a la Argentina coincidió con el ataque que hizo Irán sobre las instalaciones estadounidenses en Emiratos Árabes”.
Y dice: “Emiratos Árabes Unidos es un aliado tanto de Israel como de Estados Unidos. Y el hecho de que este señor venga aquí, a la zona, con una comitiva de 200 personas, le hace pensar a uno que piensan en Argentina como refugio: están armando una suerte de refugio antibombardeos aéreos o antinuclear, tal vez como el que se construyó en el campo que está pegado”.

¿Por qué estas tierras?
El Observatorio de Tierras es una organización creada por científicos del Conicet y la UBA para mapear los datos de tierras transferidas a capitales extranjeros en el país. La primera versión del Mapa de Extranjerización de la Tierra salió publicada en diciembre de 2025. Según esos datos, 5 por ciento del territorio argentino está en manos de capital extranjero, un equivalente a 13,2 millones de hectáreas. El dato más relevante, sin embargo, no es ese. Según el Observatorio, lo más relevante son las zonas estratégicas transferidas.
Actualmente, la Ley N° 26.737 de 2011, en vigencia y conocida como de la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, permite vender hasta un 15 % a extranjeros. En algunos lugares, sin embargo, el límite está excedido. Esos lugares coinciden con lugares estratégicos de alto valor ambiental, como las cordilleras y las zonas de influencia de la principal ruta navegable del país en el río Paraná.
La nueva ley cambiaría ese porcentaje de participación.
Pablo Volkind, del Observatorio de Tierras, sin embargo, se pregunta por qué quieren cambiar la Ley de Tierras si todavía gran parte del país no superó el límite del 15 por ciento que exige la ley actual. Además de las 13,3 millones de hectáreas transferidas, dice, podrían extranjerizar todavía 26 millones de hectáreas más: dos provincias de Santa Fe completas.
“Entonces, ¿por qué tienen que eliminar esta ley? Como la ley regula no solo a escala nacional, sino provincial y departamental, en las zonas estratégicas sí está frenado el límite porque superan el 15 por ciento o llegan al 50. Es decir, ya no se puede vender más tierra”.
Río Negro está subrepresentada en ese mapa. Hay una enorme participación de otros capitales en otros puntos del país; en primer lugar están los Estados Unidos, pero los capitales del Golfo no están contabilizados. Aun así, ya en el año 2017 Bariloche tenía 21,53 % de tierra extranjera, por lo que la provincia dictó un decreto, el 1154/17, que restringía a 100 hectáreas el límite para comprar nuevos terrenos.

¿Cómo se llegó hasta acá?
“En las últimas décadas en la Argentina se aceleró un proceso de venta de tierras fiscales, muchos inversores de todo el mundo pusieron sus ojos en el país y la provincia de Río Negro no fue ajena a ese proceso”, explicó la diputada en su proyecto de ley.
El proceso se inició en los ’90 con la transferencia de tierras fiscales vendidas a precio vil. En aquel momento, la Provincia autorizó, apañó y hasta promovió la venta de tierra estratégica, “trampeando normas y denostando salvajemente a antiguos pobladores. Es así como empresas, organizaciones, multimillonarios o particulares compraron a precios irrisorios tierras fiscales, concentrando la tenencia en las áreas de la meseta, la costa atlántica y la cordillera”, dice ella.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el proceso se profundizó con el decreto 820/2016, clave para la zona y el desembarco de los capitales árabes porque flexibilizó el contenido, los límites y el alcance de la Ley de Tierras Rurales. Entre otros puntos, permitió elevar el porcentaje para que una sociedad sea considerada extranjera: pasó del 25 % al 51 % de las acciones.
Diez años después del decreto que le abrió las puertas a esos desembarcos, la provincia muestra cambios radicales en el paisaje, con territorios que operan como enclaves de otros Estados.

Volver
Soledad Cayunao, en aquel juicio, iba describiendo lo que sucede en el lugar a medida que respondía preguntas de sus abogados.
“La laguna para nosotros no es una simple laguna, sino que son lugares de fuerza donde solemos hacer ceremonias, son lugares fundamentales para nuestra forma de vida. Pero las cosas cambiaron”, explicó. Y dijo: “Pescar ahora está prohibido –dijo–. La gente anda armada, tienen puestos de vigilancia, quieren arrasar con todos los lugares de la cordillera”.
Orlando Carriqueo es vocero (werken), referente mapuche, integrante de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, defensor de derechos humanos. “Por todo eso es muy importante la historia”, dice. Los mapas antes no tenían los nombres de las provincias patagónicas: debajo de cierto punto se definían como territorios indígenas. Ante la discusión que se viene en el Congreso y ante lo que ocurre en su provincia, Carriqueo vuelve a subrayar esa historia larga.
“Nosotros hoy tenemos una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el despojo territorial, porque lo que está en juego es la discusión por la tierra. Justamente antes lo que no estaba era esa discusión: esa tierra era nuestra, de los pueblos indígenas. Entonces, nunca van a tener seguridad jurídica porque lo que posiblemente cambie es el derecho indígena de la tierra. Y no hay seguridad jurídica si no contemplan el derecho indígena”.
La nueva ley elimina ejes clave del control de la tierra rural para, dice el Observatorio de Tierras, profundizar la expansión extractiva y la creciente presencia de capital extranjero: “Lo que está en juego no son normas aisladas –dice–, sino las condiciones bajo las cuales se controlan y se apropian los recursos estratégicos del país”. Un listado de los cambios centrales permite verlo de cerca.

¿Qué cambia con la nueva ley?
* Elimina el tope 15% a tierras extranjeras en las tres escalas: nacional, provincial y departamental;
* Elimina el cupo por nacionalidad, hoy de 30%;
* Elimina el límite máximo de superficie por región, hoy de 1.000 ha en la zona pampeana;
* Habilita adquirir nacientes y “ojos de agua” prohibida hoy para extranjeros o “personas interpuestas”;
* Deroga la protección en zonas de frontera, que viene de un decreto-ley histórico de 1944.
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Identificaron a un hombre por redes sociales por la caza ilegal de un puma y secuestraron el cuero y el cráneo del animal

Fecha de Publicación: 07/07/2026
Fuente: Portal NoticiasNQN
Provincia/Región: Neuquén


Identificaron a un hombre por la caza ilegal de un puma y secuestraron el cuero y el cráneo del animal
Personal del Grupo Táctico Operativo de Fauna, junto a guardafaunas de Piedra del Águila y Picún Leufú, efectivos de la Dirección Seguridad Interior Limay, la Comisaría 8ª y el Destacamento Santo Tomás, identificó al presunto responsable de la caza ilegal de un puma, una especie protegida por la legislación vigente.
La intervención se llevó a cabo este domingo como resultado de una investigación iniciada a partir de una denuncia difundida a través de redes sociales, en la que se alertaba sobre el sacrificio del animal.
Tras las tareas investigativas, las autoridades lograron individualizar al infractor y procedieron a labrar el acta correspondiente por la presunta infracción a la normativa de protección de fauna silvestre.
Durante el procedimiento también se realizó el decomiso del cuero y el cráneo del ejemplar abatido, elementos que quedaron secuestrados como parte de las actuaciones.
Las autoridades recordaron que el puma es una especie protegida y que su caza está prohibida, salvo en las excepciones contempladas por la normativa vigente, por lo que reiteraron la importancia de denunciar este tipo de hechos para preservar la fauna autóctona.
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Cambio climático, pérdida de biodiversidad, retrocesos y desigualdad social: en el mundial del Ambiente, Argentina pierde por goleada

Fecha de Publicación: 06/07/2026
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Un informe de FARN indica que estos factores, sumados al desfinanciamiento del Gobierno y el avance de proyectos que perjudican los bienes comunes estratégicos "tornan necesario parar la pelota y cambiar la estrategia". Según datos oficiales, se perdieron 165.061 hectáreas de bosques en 2024.
En fútbol, la Argentina es una potencia a la que el resto de los equipos admira. Campeona, juego en equipo, calidad, solidaridad, estética, efectividad. Pero en otras áreas, nuestro país pierde por goleada. Y una de las principales es el ambiente.
Así lo alerta la Fundación Ambiente y Recursos Natutrales (FARN) que presentó el IAF 2026, un informe anual donde plasma un análisis riguroso del estado del ambiente en estas tierras. Afirman que este año, nuestro país no llega en las mejores condiciones: pérdida de biodiversidad, impactos severos del cambio climático, retrocesos normativos, desfinanciamiento estatal y el avance de proyectos que perjudican los bienes comunes estratégicos «tornan necesario parar la pelota y cambiar la estrategia«.
¿El desafío? «Jugar un partido en línea con los compromisos ambientales globales hacia el hito de 2030″. 

Argentina vs. Cambio Climático
Aunque Argentina ratificó el Acuerdo de París en 2015 y construyó una arquitectura institucional relevante, el compromiso para conseguir la victoria se muestra debilitado: Argentina no cumplió con la obligación de presentar su tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) en el  2025, lo que profundiza la incertidumbre sobre la adaptación al cambio climático y la reducción de emisiones.
Según el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), en 2022 el país emitió 401 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂e). El sector energético concentró aproximadamente el 50% de las emisiones, seguido por la agricultura y la ganadería con un 25%.
Más del 80% de la matriz energética primaria nacional continúa basada en combustibles fósiles.
«El VAR no deja lugar a dudas –indican con lenguaje mundialista–. El Emissions Gap Report 2025 ubica a la Argentina entre los países del G20 con menor probabilidad de cumplir sus compromisos climáticos para 2030«.

Argentina vs. Pérdida de Biodiversidad
Para este partido, tampoco llegamos de la mejor manera. Dentro de un contexto global marcado por las alteraciones en el uso de la tierra y una pérdida significativa de humedales —85% según la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de las Naciones Unidas (IPBES)—  nuestro país transita este año con varios resultados adversos:
Argentina no cumplió con la obligación de presentar su Reporte Nacional de Biodiversidad ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica que vencía en febrero de 2026 para contribuir a la evaluación mundial de progreso colectivo en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad a 2030.
Según el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP), las áreas protegidas terrestres representan solo el 13% del territorio continental, y las marinas apenas alcanzan el 7% de la plataforma submarina, ambas muy por debajo del 30% que exige el Marco Mundial de Biodiversidad Kunning-Montreal.
La Administración de Parques Nacionales (APN) gestiona 55 áreas protegidas nacionales (18,48 millones de hectáreas), pero la designación formal resulta insuficiente sin una adecuada gestión del fuego, financiamiento y el fortalecimiento de capacidades. El marcador sigue sumando goles en contra: para este 2026, el presupuesto destinado a la APN cae un 32,3% en términos reales con respecto al 2023.

Argentina vs. Degradación
Para el último partido del grupo, el panorama sigue siendo poco alentador para la Argentina. Los severos procesos de degradación de la tierra y desertificación están directamente vinculados al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. De forma puntual, la destrucción de bosques nativos acelera este fenómeno: a menor cubierta vegetal, mayor es la erosión del suelo por aguas y vientos, intensificando el deterioro y el desgaste de los nutrientes de la tierra.
Según Perspectiva Global de la Tierra, hasta un 40% de las tierras del planeta ya se encuentran degradadas y esto afecta directamente a más de 3200 millones de personas. Argentina juega en una cancha cada vez más difícil:
Cerca del 70% del territorio nacional corresponde a tierras secas, y más del 80% de ellas presenta algún grado de degradación debido a la sobreexplotación de bienes naturales y sequías.
Entre 2022 y 2024, la Argentina continuó registrando una pérdida significativa de bosque nativo. Según datos oficiales, la pérdida anual fue de 211.974 hectáreas en 2022, 173.816 en 2023 y 165.061 en 2024.
Los incendios explicaron el 13% de la pérdida total de bosques en el período reciente.
La sequía histórica de 2023 generó fuertes pérdidas económicas para el sector agrícola y afectó cultivos estratégicos en amplias regiones del país. A comienzos de 2026, la situación se repitió: cerca del 30% del territorio argentino se encontraba bajo condiciones de sequía.
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Nueva central nuclear en Atucha: Meitner Energy promete invertir USD 1.200 millones

Fecha de Publicación: 06/07/2026
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno confirmó un proyecto público-privado de USD 1.200 millones para un reactor SMR en Buenos Aires. Apuntan a ingresar al beneficio del Súper RIGI.
El Gobierno nacional confirmó una iniciativa privada de USD 1.200 millones para la construcción de una nueva central nuclear en el país. La propuesta proviene de Meitner Energy, firma integrada por capitales estadounidenses del Ansari Group y la empresa argentina Invap, que posee el 40% de las acciones. El proyecto contempla la instalación de un reactor modular pequeño (SMR) en el sitio Atucha, ubicado en Lima, provincia de Buenos Aires.
Dada la magnitud de la inversión, el plan aspira a ingresar al Súper RIGI, el nuevo régimen de incentivo a grandes inversiones en trámite legislativo. Este esquema aplica a actividades sin antecedentes en el país con un piso mínimo de USD 1.000 millones. Aunque Argentina cuenta con centrales nucleares, el Gobierno considera que los reactores SMR constituyen una nueva actividad económica.
¿Cómo es el ACR-300? El reactor representa una unidad de Generación III+ con tecnología de agua presurizada (PWR) y una potencia neta aproximada de 300 MWe. Este diseño, basado en ingeniería argentina, constituye un proyecto First of a Kind (FOAK) a nivel comercial global. Según Teófilo Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam, la fortaleza del diseño radica en la innovación estratégica. "El 11% de los componentes de un reactor generan el 67% de los costos, es ahí donde enfocamos", explicó el directivo en un evento del sector.
La configuración horizontal del ACR-300 permite que los componentes y la construcción resulten un 40% más pequeños que otros diseños SMR de la competencia. Actualmente, la firma ya concluyó la ingeniería conceptual y trabaja en la ingeniería básica del diseño, tras superar con éxito dos revisiones críticas internacionales.

Impacto económico
El modelo de gestión otorga a Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) el derecho de asumir la operación y el mantenimiento de la planta bajo condiciones de mercado. Por su parte, Meitner Energy abonará un canon por el derecho real de superficie sobre los terrenos estatales donde funcionará la central. La ejecución total del plan generará aproximadamente 2.000 puestos de trabajo directos durante las fases de desarrollo, obra, puesta en marcha y operación.
Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares, destacó la relevancia de este marco de colaboración público-privada: "El Estado genera las condiciones y garantiza la previsibilidad, y el sector privado invierte el capital asumiendo el riesgo". El plazo de construcción estimado alcanza los cinco años, condicionado a la aprobación del Ministerio de Economía y al licenciamiento de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).
Las centrales nucleares aportan alrededor del 7% de la electricidad que consume el país.

Contexto del sector
El anuncio coincide con una situación compleja en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que recientemente oficializó la desvinculación de 61 empleados. El organismo enfrentó críticas por la aparente desarticulación del proyecto Carem, un prototipo de reactor pequeño de gestión estatal.
Fuentes oficiales diferencian ambos proyectos; mientras el Carem requiere aún trabajos de ingeniería complejos y costos de capital elevados, la propuesta de Meitner apunta a la construcción directa de un reactor comercial.
La fuga de talentos también afecta al sector público. Especialistas indican que más de 200 expertos abandonaron la CNEA recientemente, atraídos por mejores remuneraciones en el ámbito privado, tanto en el exterior como en empresas locales. En este sentido, Meitner Energy ya emplea a un equipo de 120 profesionales, principalmente en Bariloche, muchos de los cuales integraron previamente el proyecto Carem o se formaron en el Instituto Balseiro.

Más Información:

Diario Mendoza Today. Crece la polémica por el nuevo reactor nuclear en Atucha: la oposición cuestiona a Meitner Energy y el RIGI
Unión por la Patria pidió informes al Gobierno nacional por la iniciativa de la empresa Meitner Energy para construir el reactor modular ACR-300 en Atucha. El bloque opositor advirtió sobre el impacto del esquema societario, la propiedad intelectual del proyecto y el rol del régimen de incentivos RIGI en el financiamiento de la inversión.
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Hay plantas paradas: una industria que demandó millonarias inversiones no puede aprovechar un negocio que es estratégico en el mundo

Fecha de Publicación: 04/07/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Empresas del sector del biodiésel alertaron que el país resigna competitividad frente a Brasil, Estados Unidos, Indonesia y Paraguay por el bajo desarrollo del mercado interno; sostienen que la capacidad instalada permanece ociosa y que el nuevo escenario mundial del aceite exige cambios para recuperar terreno
Con plantas prácticamente paralizadas, inversiones millonarias sin aprovechar y una capacidad instalada para producir unas 4,4 millones de toneladas de biodiésel por año que permanece mayormente ociosa, la industria aceitera volvió a advertir que la Argentina está perdiendo terreno en un negocio que el resto del mundo convirtió en estratégico. Mientras Brasil, Estados Unidos, Indonesia e incluso Paraguay expanden el uso de biocombustibles mediante mayores porcentajes de mezcla obligatoria con la nafta y el gasoil e incentivos para impulsar la demanda interna, empresarios del sector sostienen que el país resigna competitividad, mercados y agregado de valor por no desarrollar ese mercado.
Ese fue uno de los principales mensajes que dejaron directivos de Aceitera General Deheza (AGD), Louis Dreyfus Company (LDC) y COFCO Internacional durante el panel sobre agregado de valor del Seminario Acsoja 2026 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Aunque destacaron que el contexto macroeconómico mejoró y reconocieron señales positivas para invertir, coincidieron en que los biocombustibles siguen siendo una de las grandes cuentas pendientes para recuperar competitividad. Recientemente, en un video en sus redes, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), que preside Gustavo Idígoras, alertó sobre plantas paralizadas.
Luis Fontán, Head of Trading at Aceitera General Deheza SA, sostuvo que el problema no pasa por la falta de capacidad industrial sino por las reglas bajo las que funciona hoy el mercado. “Tenemos unas plantas con un nivel tecnológico, de escala y de eficiencia fantástico que están paradas o parcialmente paradas”, afirmó. También cuestionó el esquema vigente: “La Argentina hoy tiene una ley de biocombustibles, tiene precios regulados, tiene cuotas y tiene un mandato pequeño que no se cumple”.
Actualmente, el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil es del 7,5%, mientras que el bioetanol representa el 12% de las naftas. Para la industria, ese mandato resulta insuficiente para generar una demanda que permita aprovechar toda la capacidad instalada. En el Congreso existen distintas iniciativas para modificar ese esquema. Entre ellas figura un proyecto presentado por la senadora Patricia Bullrich que propone elevar el corte de biodiésel al 10% y el de bioetanol al 15%, además de habilitar mayores porcentajes de mezcla y la comercialización de vehículos flex fuel.
Para Fontán, la diferencia con los países vecinos refleja el atraso argentino. “Brasil tiene 15% y va a 16%. Paraguay acaba de sacar una normativa para ir a 20%. En la Argentina estamos en 7,5%”, remarcó.
Fernando Correa Urquiza, director de la plataforma de Oleaginosas para la región Latinoamérica Sur y Oeste en LDC, sostuvo que esa diferencia ya está modificando el mapa mundial de la industria aceitera. “Tenemos industria norteamericana y brasileña expandiéndose hace dos o tres años, con una cantidad de inversiones que realmente asustan, alentadas por mandatos alrededor de los biocombustibles y con un mercado doméstico inmenso. La Argentina tiene que salir a luchar esa batalla”, afirmó. Y advirtió: “Si no lo hacemos, vamos a ver cómo el resto del mundo sigue creciendo y la Argentina sigue quedándose estancada”.
Ese cambio, explicó Fontán, ya transformó la lógica del negocio mundial de la soja. Consultado sobre el crecimiento del HVO (aceite vegetal hidrotratado) en Estados Unidos, sostuvo que el fenómeno ya impactó de lleno en la industria. “Eso ya impactó, eso ya está”, afirmó. Explicó que la expansión de la capacidad de molienda en Estados Unidos y Brasil respondió principalmente a la mayor demanda de aceite para biocombustibles, lo que incrementó la oferta global de harina y modificó la relación histórica entre ambos productos. “Hoy en el mundo se muele soja por el aceite”, resumió.
Para Correa Urquiza, ese proceso también modificó la economía de toda la cadena sojera. Hace quince años el aceite representaba entre el 30% y el 35% del valor del poroto. Hoy supera el 50%, impulsado por la creciente demanda de aceites vegetales para producir energía.
En países como Brasil y Estados Unidos buena parte del aceite encuentra un comprador asegurado dentro del propio mercado para transformarse en biodiésel. Esa demanda permanente sostiene su precio y fortalece toda la cadena. En la Argentina, en cambio, el mercado interno es mucho más reducido y una mayor proporción de la producción debe exportarse sin ese diferencial. El país es el principal exportador mundial tanto de harina como de aceite.
“Cuando uno mira el valor al cual el aceite argentino tiene que salir a paridad respecto de lo que el aceite brasileño o el americano consiguen por sus demandas domésticas, es realmente un diferencial enorme. Y eso se traduce, obviamente, en la capacidad de pagar al productor”, explicó Correa Urquiza. Como ejemplo de esa pérdida de valor agregó: “Hoy el aceite argentino se exporta a Canadá, se transforma en biocombustible y desciende a Estados Unidos y es competitivo contra el biodiésel americano. Imagínense el costo logístico que implica ese movimiento. Todo ese valor que queda en el camino no va al productor”.
Alfonso Romero, CEO de COFCO International Argentina, coincidió en que desarrollar un mercado interno dejó de ser una discusión exclusivamente energética para convertirse en una herramienta de competitividad. Recordó que el mercado internacional del biodiésel se fue cerrando progresivamente para la Argentina —primero en Estados Unidos y ahora con crecientes incertidumbres en Europa— y sostuvo que los principales competidores compensaron esa situación fortaleciendo el consumo interno.
“Estados Unidos tiene el suyo, Europa tiene el suyo, Brasil tiene el suyo, Indonesia tiene el suyo”, enumeró. “Es como estar con un motor aspirado compitiendo con motores turbo como tienen Brasil y Estados Unidos. Es muy difícil correr a la misma velocidad”, agregó.
Luis Fontán, de AGD
Los empresarios coincidieron, además, en que esa tendencia empieza a abrir nuevas oportunidades para otros cultivos oleaginosos, como el girasol, la camelina y la canola, y remarcaron que la Argentina cuenta con condiciones industriales, logísticas y de infraestructura para aprovechar ese escenario. Sin embargo, insistieron en que el desafío inmediato pasa por recuperar competitividad y evitar que la brecha con los principales competidores continúe ampliándose.
Recientemente, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario señaló que el país cuenta con instalaciones capaces de producir alrededor de 3,8 millones de toneladas anuales de biodiésel. Frente a esa capacidad, la actividad efectiva tiene nivel ocioso muy alto. “Los volúmenes producidos dejan una capacidad ociosa anual en torno al 75%”, destacó la entidad rosarina.
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El “Chernobyl Salteño”: vecinos de la zona y Greenpeace exponen el estado actual de la contaminación 

Fecha de Publicación: 04/07/2026
Fuente: Portal PrensaMercosur
Provincia/Región: Salta


En diciembre, la provincia de Salta recuperó formalmente la concesión del pozo abandonado en Pozo Guardián, Lomas de Olmedo (Pichanal) y  traspasó las competencias sobre su manejo a una empresa de energía local con participación estatal (REMSa), mientras se abre una nueva licitación. Sin embargo, Greenpeace denuncia que, a la fecha, los vecinos de la zona siguen sufriendo el daño ambiental en la zona. La gravedad de la situación obligó a pobladores de comunidades locales a abandonar sus hogares y los ha convertido en refugiados ambientales de una crisis provocada por la desidia corporativa y estatal.
Greenpeace cataloga a este desastre ambiental como el “Chernobyl Salteño” y denuncia que la provincia aún no ha puesto a disposición de la ciudadanía información sobre los estudios realizados en el lugar ni ha anunciado un plan de remediación.
Durante una inspección realizada hace unos meses, el equipo de Greenpeace constató y documentó un escenario devastador: un bosque severamente dañado, más de 20 hectáreas de suelo y agua contaminadas, mortandad de fauna local y la propagación de sustancias peligrosas líquidas y gaseosas. Al día de hoy, la situación sigue siendo crítica ante el riesgo inminente de explosiones e incendios en el área. 
“El bosque característico de la región se convirtió en un campo de muerte donde respirar se vuelve imposible, la biodiversidad local desaparece o muere. Sin embargo, lo más peligroso es el manto de olvido que cubre este desastre. Las empresas se retiraron dejando contaminación y las autoridades que recuperaron la concesión aún no han dado respuestas mientras el desastre avanza día a día“, señala Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace. “No podemos permitir que este ecocidio quede impune”.
Ante la falta de respuestas efectivas en estos meses, la organización ambientalista hace un llamado urgente a toda la ciudadanía a convertirse en defensores activos del bosque. “No podemos ser espectadores mientras se destruye el patrimonio natural del país. Necesitamos ser miles rompiendo el silencio, compartiendo las pruebas del desastre y exigiendo acciones urgentes para la recomposición del bosque”, agrega Cruz.
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Las infracciones ambientales tendrán nuevas consecuencias en Misiones

Fecha de Publicación: 03/07/2026
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


Crearon el Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), que centralizará todas las infracciones en materia ambiental de la provincia y restringirá el acceso a habilitaciones, subsidios, créditos y otros beneficios para quienes incumplan la normativa.
El Ministerio de Ecología de Misiones creó el Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), una herramienta que permitirá centralizar toda la información vinculada a infracciones ambientales cometidas en la provincia, identificar reincidencias y fortalecer los mecanismos de control. También incorpora la emisión del Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales (CAIA), que será obligatorio para realizar trámites ante la cartera.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 182, con fecha del 5 de junio de 2026 y publicada este martes en el Boletín Digital de Misiones.
La resolución fundamenta la creación del RePIA en la necesidad de contar con una herramienta administrativa que permita mejorar la trazabilidad de las infracciones, unificar criterios sancionatorios y reforzar el control sobre quienes reinciden en conductas que afectan al ambiente.
El registro funcionará bajo la órbita de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Ecología y trabajará de manera coordinada con el Registro Nacional de Infractores previsto por la Ley Nacional Nº 26.331 de Bosques Nativos.
Entre sus principales objetivos se encuentran registrar las sanciones ambientales, contabilizar reincidencias, unificar los registros existentes dentro del Ministerio, facilitar el intercambio de información con otros organismos y emitir el Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales (CAIA).

Qué infracciones serán incorporadas
El RePIA reunirá información sobre todos los expedientes administrativos vinculados a incumplimientos de la legislación ambiental nacional y provincial, sin importar la gravedad de la infracción.
Entre las materias alcanzadas se incluyen infracciones relacionadas con:
    actividad acuícola y pesca;
    áreas naturales protegidas;
    bosques nativos y tierras forestales;
    evaluaciones de impacto ambiental;
    manejo del fuego y quemas;
    monumentos naturales;
    protección de la fauna silvestre;
    recursos hídricos y humedales;
    residuos;
    conservación de suelos;
    productos fitosanitarios y domisanitarios.
También quedarán registradas las sanciones impuestas, su estado de cumplimiento y los antecedentes por reincidencia.
Cada inscripción deberá incluir datos del expediente administrativo, la autoridad competente, la identificación del infractor —persona física o jurídica—, domicilio, normativa vulnerada, descripción de la infracción, resolución sancionatoria, tipo de sanción, monto de las multas, medidas de remediación ambiental impuestas, estado de cumplimiento y antecedentes de reincidencia.
La información deberá incorporarse dentro de los quince días posteriores al dictado del acto administrativo correspondiente.

Restricciones para los infractores
Uno de los aspectos centrales de la reglamentación es que la inscripción en el RePIA generará consecuencias administrativas mientras permanezca vigente.
Quienes figuren en el registro no podrán: obtener nuevas autorizaciones, permisos, habilitaciones o concesiones emitidas por el Ministerio de Ecología; acceder a programas de asistencia, subsidios o beneficios administrados por el organismo; gestionar líneas de crédito de organismos públicos provinciales vinculadas a cuestiones ambientales; mantener vigentes determinadas autorizaciones ambientales, que podrán ser suspendidas; acceder a incentivos fiscales vinculados al área ambiental; integrar comisiones o mesas de consulta ambiental; obtener autorizaciones para investigaciones, actividades turísticas, recreativas o culturales dentro de áreas naturales protegidas; inscribirse o permanecer en el Registro Provincial de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental. No obstante, la autoridad de aplicación podrá disponer excepciones cuando existan razones de interés público debidamente fundamentadas.
La permanencia en el RePIA dependerá del cumplimiento de las sanciones. La resolución establece que: las sanciones cumplidas permanecerán registradas durante tres años; quienes cancelen una multa mediante convenio de pago permanecerán registrados tres años desde la cancelación total; las sanciones incumplidas seguirán registradas hasta que sean efectivamente cumplidas; en caso de reincidencia, la permanencia en el registro será de cuatro años.
Una vez acreditado el cumplimiento de todas las sanciones y de las medidas de remediación ambiental impuestas, el infractor podrá solicitar la suspensión de los efectos de la inscripción, aunque el antecedente continuará registrado hasta el vencimiento del plazo establecido.

El certificado será obligatorio para realizar trámites
La reglamentación también crea el Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales (CAIA), documento oficial que informará la situación de personas y empresas frente al RePIA. Su presentación será un requisito obligatorio para iniciar cualquier trámite, expediente, permiso o autorización ante el Ministerio de Ecología.
El certificado tendrá una vigencia de seis meses y será considerado un documento público, por lo que cualquier adulteración dará lugar a las acciones legales correspondientes.
El Ministerio estableció que el RePIA tendrá carácter público, en línea con las leyes nacionales de acceso a la información pública y acceso a la información ambiental. No obstante, la difusión de los datos deberá respetar la normativa vigente en materia de protección de datos personales y sensibles.
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