Amparo por la audiencia de la Ley de Glaciares

Fecha de Publicación: 20/03/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Organizaciones sociales y ambientalistas presentaron una acción de amparo colectiva contra las restricciones impuestas por el oficialismo a la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares. Lo hicieron después de que diputados de La Libertad Avanza (LLA) confirmaran que las audiencias se realizarán en sólo dos jornadas, dejando afuera de la participación a casi todos los inscriptos para el debate. La audiencia ya suma más de 50 mil anotados, alcanzando récords de participación para una jornada de este tipo.
La presentación llegó luego de que se conociera la resolución que estableció los parámetros de participación para la audiencia a realizarse en el ámbito de la Cámara de Diputados y luego de la aprobación de las reformas en el Senado. Firmada el 12 de marzo por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, ambos diputados de LLA, la resolución estableció que la audiencia sólo se extenderá durante miércoles 25 y el jueves 26 de marzo con la participación de los primeros inscriptos de cada uno de las 24 jurisdicciones del país, lo que deja afuera a casi todos los anotados.
La resolución estableció otras restricciones, como que sólo la jornada del miércoles será con exposiciones presenciales, mientras que las presentaciones de la segunda serán virtuales, a través de Zoom, con una limitación de cinco minutos por exposición. Para el resto de las decenas de miles de inscriptos sólo se prevé la posibilidad de que hagan llegar sus presentaciones a la Cámara a través del canal de Youtube de Diputados.
La acción de amparo ambiental y colectiva fue presentada en conjunto por el Observatorio del derecho a la ciudad, el Movimiento la ciudad somos quienes la habitamos, de Naturaleza de derechos y el Instituto de pensamiento y políticas públicas. En ella piden "detener la restricción arbitraria a la participación ciudadana en el debate sobre las reservas estratégicas de agua dulce del país".
El escrito presentado reclama así, en principio, que la Justicia dicte una medida cautelar para suspender “la aplicabilidad del acto dictado el 12 de marzo” y para que el Congreso “se abstenga de celebrar la audiencia bajo este formato censurador y excluyente“. Al mismo tiempo se solicita la “inmediata readecuación del cronograma parlamentario con el fin de prever y asegurar las jornadas adicionales de audiencia pública que resulten matemáticamente necesarias para escuchar a la totalidad del padrón".
En la resolución firmada por Peluc y Mayoraz se argumenta que “la magnitud de inscripciones registradas torna materialmente imposible la exposición presencial y virtual de la totalidad de los interesados dentro de un plazo razonable, sin afectar el normal desarrollo de la actividad parlamentaria". Para las organizaciones, sin embargo, el argumento no es más que una excusa para acelerar los tiempos de una audiencia pública que el oficialismo sólo convocó para cumplir con las formalidades legales del procedimiento antes de su tratamiento en el recinto de Diputados.
De cumplirse con un cronograma dispuesto para las más de 50 mil personas inscriptas, la audiencia podría llegar a extenderse durante semanas, lo que no sólo retrasaría los tiempos de la aprobación de la norma sino que pondría en agenda una imagen de impacto sobre el rechazo de una parte importante de la ciudadanía a la reforma de la ley. El amparo señala de esta forma que “la afluencia masiva de la ciudadanía en defensa de los glaciares no es una anomalía organizativa, sino el éxito mismo de la convocatoria y la demostración de una democracia deliberativa vibrante".
“Frente a ello, la única solución fáctica y jurídica compatible con la Constitución Nacional no es purgar punitivamente a los ciudadanos inscriptos, sino que el Estado amplíe su capacidad receptiva, ensanchando la agenda pública e incorporando los días adicionales de audiencia que resulten matemáticamente necesarios para garantizar el derecho a la palabra", agregan.
El proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado propone modificar la Ley N° 26.639, sancionada en el año 2010, que establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. La norma vigente protegé estos ecosistemas al considerarlos reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades que puedan afectar su estado natural.
La modificación impulsada en el Congreso busca priorizar, por el contrario, actividades productivas como la minería y la explotación hidrocarburífera en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, además de facilitar el desarrollo de proyectos mineros internacionales. Para ello, plantea habilitar la explotación de recursos naturales en glaciares que no sean considerados “hídricamente relevantes o que no cumplan una función hídrica”.
La demanda de las organizaciones fue presentada inicialmente en los fueros federales de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, pero, al ser un amparo colectivo, busca que se incorporen a la causa otras demandas similares que puedan ser presentadas a lo largo y a lo ancho del país, en representación de los y las inscriptas de cada una de las provincias. 
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Sin precedentes: investigan a un pescador por capturar un tiburón protegido en Chubut

Fecha de Publicación: 20/03/2026
Fuente: Weekend - Perfil
Provincia/Región: Chubut


La captura y muerte de un ejemplar de tiburón gatopardo en la costa de Chubut dejó de ser un hecho aislado para convertirse en un caso judicial sin precedentes en la Argentina. A partir de una denuncia impulsada por la Fundación Sin Azul No Hay Verde, la Justicia provincial avanzó con una investigación penal contra un pescador que capturó y exhibió públicamente a esta especie, que cuenta con la máxima protección legal.
El tiburón gatopardo está declarado Monumento Natural por la legislación provincial, lo que implica la prohibición absoluta de su captura. Lejos de pasar desapercibido, el caso tomó impulso cuando el propio autor difundió imágenes del animal en redes sociales, lo que permitió acelerar la identificación del infractor.
La titular de la Unidad Fiscal Ambiental, Florencia Gómez, confirmó que se trata de la primera denuncia penal en la provincia vinculada a la pesca de una especie protegida, marcando un hito en materia ambiental.

Investigación en marcha
Gracias a un trabajo conjunto con la Brigada de Investigaciones de Rawson, el sospechoso fue identificado el mismo día del hecho, en parte porque se trata de una persona conocida dentro del ambiente de la pesca. Actualmente, la causa se encuentra en una etapa preliminar, donde se busca reunir pruebas para avanzar hacia una posible imputación. Uno de los puntos clave es determinar el lugar exacto de captura del ejemplar, un dato fundamental para definir la jurisdicción del caso, que podría incluso pasar al ámbito federal.
Desde la organización denunciante remarcaron que este caso refleja la necesidad de pasar de la indignación a la acción concreta en defensa del ambiente. “El repudio en redes sirve, pero es fundamental avanzar judicialmente para proteger la fauna”, señalaron desde la fundación.
La pérdida de un ejemplar adulto de gatopardo genera un daño biológico severo. Se trata de un depredador tope, con crecimiento lento, maduración tardía y baja reproducción, características que lo vuelven extremadamente vulnerable. Su desaparición impacta directamente en el equilibrio del ecosistema marino patagónico, afectando toda la cadena alimentaria.
Especialistas destacan que muchos pescadores deportivos comprenden la importancia de estas especies y promueven prácticas como la captura y devolución. Incluso existen programas de monitoreo como “Conservar Tiburones”, que fomentan la participación ciudadana. Sin embargo, episodios como este evidencian que aún persisten conductas que ponen en riesgo la biodiversidad marina.

Un precedente clave
El avance de esta causa abre la puerta a un cambio cultural y legal en la pesca argentina, donde las normas ambientales comienzan a tener un peso real en la Justicia. El desenlace del caso podría sentar un precedente fundamental para garantizar la protección efectiva de especies emblemáticas del Mar Argentino, y marcar un límite claro frente a la pesca ilegal.
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¿Por qué prohibieron la pesca de merluza?

Fecha de Publicación: 19/03/2026
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


La medida se llevará adelante entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026,y fue tomada por la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. 
La Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo dispuso una veda para la pesca de merluza en un sector de la Zona Común de Pesca del Río de la Plata entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026. ¿Cuál es el motivo de la medida? Mediante esta norma se busca proteger concentraciones de ejemplares juveniles de la especie.
La resolución también prohíbe el uso de artes de pesca de fondo dentro del área delimitada durante ese período.
Además, en ese mismo sector quedará restringida la utilización de redes de media agua durante la noche.
La decisión se basa en estudios e investigaciones realizadas en forma conjunta por los equipos técnicos de ambos países. Los análisis detectaron la presencia de una zona con alta concentración de juveniles de merluza (Merluccius hubbsi), un recurso clave para la actividad pesquera del Atlántico sudoccidental.
Según indicó la comisión, la protección de estas áreas contribuye a la conservación del recurso y a su explotación sostenible en el largo plazo.
La normativa establece que el incumplimiento de la medida será considerado una infracción grave. La resolución fue comunicada a las cancillerías de la Argentina y de Uruguay y será publicada en el Boletín Oficial argentino y en el Diario Oficial uruguayo.
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Inundaciones en el norte: advierten que las lluvias extremas “ya no son excepcionales” y podrían intensificarse

Fecha de Publicación: 19/03/2026
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Nacional


El geólogo Sergio Giorgeff advirtió que las lluvias intensas en el norte del país responden a un patrón cada vez más frecuente, impulsado por cambios climáticos y la intervención humana en la cuenca hídrica.
El geólogo tucumano Sergio Giorgeff, investigador del CONICET, habló con Libertad de Opinión y analizó el impacto de las intensas lluvias registradas en las últimas semanas en provincias del norte argentino y advirtió que se trata de un fenómeno cada vez más frecuente.
Según explicó, las inundaciones que afectaron a Tucumán, Santiago del Estero y otras regiones forman parte de un proceso que combina factores naturales con una fuerte intervención humana sobre la Cuenca Salí-Dulce. “Desde hace casi 30 años se registra un incremento sostenido de las precipitaciones, lo que impacta directamente en la dinámica del río”, señaló.
Giorgeff remarcó que no se trata de eventos aislados, sino de un patrón que se repite desde la década del 90, aunque con mayor frecuencia e intensidad. “Los episodios son cada vez más recurrentes y se dan sobre una cuenca ya modificada, lo que agrava las consecuencias, incluso aguas abajo”, indicó, en referencia a los desbordes que afectan a localidades santiagueñas.
En ese sentido, advirtió que la infraestructura actual resulta insuficiente. “Los diques construidos desde la década del 60 fueron pensados para otras condiciones climáticas y hoy no están respondiendo”, explicó. Como alternativa, planteó la necesidad de combinar obras tradicionales con soluciones ambientales, como la reforestación, la mejora de drenajes y una gestión más eficiente del agua.
El especialista también puso el foco en problemas estructurales que arrastra la región, como la deforestación y el avance de la frontera agrícola, que reducen la capacidad de absorción del suelo. “La recuperación de los bosques es clave para disminuir el escurrimiento superficial y evitar desbordes, aunque es una solución a mediano y largo plazo”, sostuvo.
Finalmente, Giorgeff alertó que estos fenómenos podrían intensificarse en el futuro. “Cada evento supera al anterior. Ya no podemos hablar de lluvias extraordinarias como algo aislado, sino de un nuevo patrón climático”, afirmó. En ese marco, subrayó la importancia de planificar y ejecutar obras durante los períodos secos del año para mitigar el impacto de las lluvias, que —según anticipó— continuarán y podrían ser aún más intensas.
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Audiencias por la Ley de Glaciares: con casi 70 mil inscriptos, Diputados cambió el sistema de participación

Fecha de Publicación: 18/03/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Se mantendrán dos audiencias: una presencial y una virtual pero solo podrán sumarse alrededor de 200 personas. El resto, mandará un video.
Ante los casi 70 mil inscriptos para participar de las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, la Cámara de Diputados habilitó un nuevo mecanismo de participación a través del canal oficial de YouTube del cuerpo legislativo.
Las audiencias fueron convocadas por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, para los días 25 y 26 de marzo, entre las 10 y las 19.
Según explicaron las autoridades de Diputados, el objetivo de esta modalidad es ordenar la discusión, ampliar la participación ciudadana y garantizar que todas las opiniones queden registradas durante el tratamiento parlamentario de una norma considerada clave para la política ambiental del país.
En el comunicado oficial firmado por Peluc y Mayoraz se señala que, “en uso de las facultades otorgadas por el artículo 114 bis del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”, se definió un nuevo criterio de participación para las audiencias que analizarán el proyecto de ley que modifica el régimen de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial.
El texto aclara que la iniciativa se trata del expediente 0072-S-2025, un proyecto con media sanción del Senado que actualmente se encuentra en revisión en Diputados.
Los legisladores libertarios sostuvieron que la magnitud de las inscripciones hace “materialmente imposible” que todos los interesados expongan de manera presencial o virtual durante las audiencias.
Por eso resolvieron habilitar esta modalidad complementaria. El mecanismo se sumará a las audiencias ya previstas y funcionará como una instancia previa a la firma de los dictámenes, que según el oficialismo podría concretarse entre el 7 y el 8 de abril.
La decisión, sin embargo, no fue consultada con la oposición.

Rechazo de la oposición
Desde distintos bloques opositores cuestionaron el cambio en el mecanismo de participación.
El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) acusó a los presidentes de las comisiones de modificar las reglas durante el proceso de debate.
“Mayoraz y Peluc hacen trampa y trabajan para la judicialización. Se quieren robar la pelota y jugar solos”, sostuvo.
Ferraro señaló que una audiencia pública tiene como objetivo que la ciudadanía sea escuchada y cuestionó que ahora se les pida a los participantes enviar videos o textos.
“Una audiencia pública es para que la ciudadanía sea escuchada, no para pedirle a la gente que mande un videíto o un texto que nadie va a ver ni leer”, afirmó.
Además, remarcó que el reglamento de la Cámara establece que la modalidad de participación debe definirse antes de la convocatoria y no durante el proceso.
“Las pautas de la convocatoria establecían que, si hacía falta, se podían extender los días para garantizar la participación y la deliberación”, agregó.
La semana pasada, Ferraro junto a Sabrina Selva (Unión por la Patria) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas-UCR) le enviaron una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para pedir que se amplíe la convocatoria y la duración de las audiencias.
Los legisladores argumentaron que, con el esquema actual, la mayoría de las personas inscriptas no podrá participar.

Cómo funcionará el nuevo mecanismo
Para participar bajo esta modalidad, los interesados deberán suscribirse al canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados al menos 24 horas antes de publicar su intervención.
Luego deberán subir el video con su exposición a su propio canal de YouTube, en formato listado o no listado.
Finalmente, en la pestaña “Comunidad” del canal oficial de la Cámara, los participantes deberán consignar nombre, provincia y DNI, junto con una breve descripción de la intervención y el enlace al video correspondiente.

Qué cambios propone el proyecto
El proyecto en debate propone modificar la Ley 26.639, sancionada en 2010, que establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial.
La norma vigente protege estos ecosistemas al considerarlos reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades que puedan afectar su estado natural.
La modificación impulsada en el Congreso busca priorizar actividades productivas como la minería y la explotación hidrocarburífera en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, además de facilitar el desarrollo de proyectos mineros internacionales.
Para ello, el proyecto plantea habilitar la explotación de recursos naturales en glaciares que no sean considerados hídricamente relevantes o que no cumplan una función hídrica
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Frigerio ratificó que Entre Ríos recurrirá a la Justicia internacional si avanza la refinería frente a Colón

Fecha de Publicación: 18/03/2026
Fuente: Diario Río Uruguay
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos


El gobernador advirtió que la provincia no descarta acudir a tribunales internacionales para frenar la instalación de una planta de combustibles sintéticos sobre el río Uruguay.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, reafirmó que la provincia está dispuesta a recurrir a la Justicia internacional si no logra frenar la instalación de una refinería de combustibles sintéticos proyectada frente a la ciudad de Colón, sobre el río Uruguay.
Las declaraciones fueron realizadas este lunes durante una reunión de trabajo encabezada por el mandatario provincial en Colón, junto al intendente José Luis Walser, legisladores nacionales y provinciales, y representantes de distintos sectores. El objetivo fue actualizar información y analizar las gestiones en torno al proyecto, que genera preocupación en la comunidad entrerriana. 
En ese marco, Frigerio detalló las gestiones realizadas ante autoridades del vecino país. “Tuve cuatro reuniones con el presidente de Uruguay y con los ministros más importantes involucrados en esta temática, tres en Uruguay y una en Argentina. En dos de ellas estuvimos acompañados por el canciller argentino y el embajador en Uruguay, manifestando claramente cuál es nuestra posición”, explicó. 

Un conflicto que escala a nivel internacional
El gobernador subrayó que el conflicto excede el ámbito provincial. “Las relaciones exteriores las maneja el gobierno nacional, por eso es fundamental que nos acompañe en esta lucha. Es una cuestión de Estado para Entre Ríos”, remarcó.
Asimismo, recordó que durante la apertura de sesiones de la Legislatura provincial ya había planteado la necesidad de relocalizar la planta. “Dejé claramente expuesta nuestra posición frente a la necesidad de relocalizar esta planta de combustibles sintéticos”, indicó.
Además, junto a las diputadas nacionales Alicia Fregonese y Blanca Osuna, señaló que el estudio de impacto ambiental del proyecto se encuentra en elaboración y que, a pedido de la provincia y de la Nación, ahora incluye a Colón dentro del área de análisis. Según explicó, los resultados de ese informe serán clave para definir los próximos pasos.

El reclamo local y el antecedente de Botnia
Por su parte, el intendente Walser agradeció el acompañamiento del gobernador y destacó la importancia del trabajo conjunto. “Esta es una lucha que necesita del compromiso de todos para defender nuestro desarrollo, nuestra calidad de vida, nuestro ambiente, nuestro río y nuestra salud”, sostuvo.
En ese sentido, insistió en la necesidad de que se concrete la Mesa de Cancilleres entre ambos países y reclamó una postura más firme del gobierno nacional argentino. También cuestionó que Uruguay avance con el proyecto sin consultas previas.
“Ya tenemos una historia donde Uruguay se manejó de esta manera y después terminó instalándose la pastera Botnia”, recordó, en alusión al conflicto por la planta de UPM (ex Botnia), que años atrás generó una fuerte disputa entre Argentina y Uruguay por su impacto ambiental en el río compartido.
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La Corte Suprema deja avanzar las obras hidroeléctricas del Río Santa Cruz mientras continúa el debate ambiental

Fecha de Publicación: 17/03/2026
Fuente: Portal PrensaMercosur
Provincia/Región: Santa Cruz


La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina declaró inadmisible un pedido para suspender nuevamente la construcción de dos represas hidroeléctricas sobre el Río Santa Cruz.
La decisión mantiene habilitadas las obras de las centrales Represa Presidente Néstor Kirchner y Represa Gobernador Jorge Cepernic mientras el juicio principal continúa en instancias inferiores.
El reclamo había sido presentado por la Fundación Banco de Bosques junto con organizaciones ambientalistas que cuestionan los impactos ecológicos del proyecto.
Sin embargo, el tribunal consideró que el recurso no estaba dirigido contra una sentencia definitiva, condición necesaria para habilitar una revisión extraordinaria. Por lo tanto, el expediente vuelve a los tribunales federales, que deberán analizar el fondo del conflicto ambiental.

Un conflicto ambiental que se arrastra desde 2016
La controversia judicial comenzó en 2016, cuando organizaciones ambientales lograron que se suspendiera la construcción de las represas. La medida buscaba garantizar que el Estado cumpliera con estudios de impacto ambiental y realizara audiencias públicas obligatorias.
Estas exigencias se establecen en la legislación argentina para proyectos hidroeléctricos de gran escala. Con el paso de los años, el Gobierno presentó informes técnicos y llevó adelante los procedimientos requeridos.
A partir de esa documentación, los tribunales consideraron que la condición para levantar la suspensión había sido cumplida. Posteriormente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el levantamiento de la medida cautelar.

Informes científicos incorporados al expediente
Durante el proceso judicial se incorporaron estudios elaborados por distintos organismos científicos y técnicos del país. Entre ellos se encuentran informes del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales y del Instituto Nacional de Prevención Sísmica.
También participó la Administración de Parques Nacionales con evaluaciones relacionadas con áreas protegidas cercanas. Estos estudios analizan aspectos clave como la estabilidad geológica, el impacto en glaciares y los posibles efectos sobre ecosistemas patagónicos.
Según la Corte, esta información técnica será fundamental para el análisis definitivo del caso en los tribunales inferiores. Además, los jueces indicaron que el debate ambiental sigue abierto y podrá resolverse en futuras sentencias.

Implicancias ambientales de las represas en el río Santa Cruz
Las represas hidroeléctricas representan una de las mayores obras energéticas proyectadas en la Patagonia argentina. Su construcción sobre el Río Santa Cruz genera debate debido a los posibles impactos sobre ecosistemas naturales y paisajes glaciares.
Uno de los principales cuestionamientos se vincula con la alteración del flujo natural del río, que podría modificar hábitats acuáticos y procesos ecológicos. Además, especialistas advierten que la modificación del régimen del agua puede afectar la fauna que depende de estos ambientes.
Otro punto de preocupación es la cercanía del proyecto a zonas de glaciares y ambientes protegidos de la región patagónica. Los cambios en el caudal y en la dinámica sedimentaria del río también podrían influir en el equilibrio de estos sistemas naturales.
Al mismo tiempo, los defensores del proyecto destacan que la energía hidroeléctrica produce electricidad con menores emisiones de carbono que los combustibles fósiles. Por esta razón, el desafío consiste en equilibrar la generación de energía renovable con la protección de ecosistemas sensibles.

Un proceso judicial que aún no tiene resolución final
Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, el expediente vuelve al juzgado de primera instancia que interviene en el caso. Los tribunales deberán evaluar las pruebas ambientales y resolver si la construcción cumple con la normativa vigente.
Mientras tanto, la autorización para continuar con las obras de las represas sigue vigente. El resultado final del juicio será determinante para definir el futuro del proyecto hidroeléctrico en la Patagonia.
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La arena avanza: médanos que tapan calles y el frágil equilibrio de la Costa Atlántica bonaerense

Fecha de Publicación: 17/03/2026
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Buenos Aires


En zonas del Partido de la Costa, el transporte eólico y la dinámica natural complica a ciudades y balnearios. El fenómeno se vincula con la erosión de playas y se controla con remoción de arena y restauración de dunas 
En varias localidades de la Costa Atlántica bonaerense, especialmente en el Partido de la Costa, el paisaje urbano convive desde hace décadas con un fenómeno particular: la arena de los médanos avanza sobre calles, accesos a la playa y sectores urbanos. En ciudades como San Clemente del Tuyú, esa dinámica se hace visible en la Avenida Costanera, en bajadas al mar o incluso en calles lindantes con el frente marítimo, donde montículos de arena pueden reducir el paso vehicular o cubrir parcialmente veredas y accesos.
El fenómeno no es nuevo, pero en los últimos años volvió a llamar la atención por la frecuencia con que las autoridades municipales deben intervenir para retirar arena acumulada. En algunos sectores, como en la zona norte de San Clemente, las acumulaciones se vuelven lo suficientemente grandes como para obligar a trabajos periódicos con maquinaria pesada para despejar la traza urbana.
Detrás de esas imágenes hay una dinámica costera compleja en la que interactúan procesos naturales —viento, transporte de sedimentos y oleaje— con décadas de urbanización sobre un territorio que originalmente era un sistema de médanos móviles. Comprender por qué la arena invade calles y avenidas exige observar el funcionamiento integral del litoral bonaerense.
En realidad, lo que ocurre en estas localidades no puede explicarse por una sola causa. El avance de arena hacia sectores urbanos se vincula con la erosión de playas en otras zonas del distrito, el transporte de sedimentos a lo largo de la costa y la transformación del sistema natural de dunas por la acción humana.

Una ciudad construida sobre un sistema de médanos móviles
En San Clemente del Tuyú existe un fenómeno bien documentado de invasión de médanos hacia sectores urbanos. La localidad funciona como una especie de área de depósito natural de arena dentro del sistema costero del Partido de la Costa.
Los vientos predominantes, principalmente del sector sur y sudeste, transportan grandes volúmenes de arena desde zonas ubicadas más al sur del distrito. Ese material se acumula en la zona norte del partido y, con el tiempo, termina desplazándose hacia sectores urbanizados.
En San Clemente ese proceso puede observarse en la Avenida Costanera, en las bajadas a la playa —como la del balneario Ríazor en la calle 2 Sur— y en sectores donde la arena invade calles lindantes con el frente marítimo. En casos extremos, los médanos pueden avanzar hasta cubrir accesos o reducir considerablemente el espacio disponible para peatones y vehículos.
La situación obliga a intervenciones periódicas del municipio. Equipos municipales trabajan con palas retrocargadoras para retirar grandes volúmenes de arena, realizar podas de médanos que invaden la traza de la Costanera y despejar el boulevard costero. Estas tareas suelen intensificarse fuera de la temporada turística para garantizar accesos seguros antes del verano.

El funcionamiento de las dunas y el impacto de la urbanización
Estudios científicos sobre la morfodinámica de las dunas en el Cabo San Antonio —región que abarca gran parte del Partido de la Costa— confirman que el avance de médanos hacia el continente es un proceso natural conocido como migración de dunas transgresivas.
Estas formaciones arenosas se desplazan lentamente tierra adentro impulsadas por el viento y el aporte constante de sedimentos provenientes del mar. En condiciones naturales, la vegetación costera y el propio relieve de los médanos regulan ese movimiento y mantienen un equilibrio dinámico entre playa y dunas.
Sin embargo, ese equilibrio comenzó a modificarse desde las primeras décadas del siglo XX, cuando el desarrollo turístico impulsó la urbanización masiva de la costa. A partir de la década de 1930 se arrasaron dunas para construir costaneras, loteos y avenidas frente al mar.
La forestación con especies exóticas —como el tamarisco— también alteró el comportamiento natural de los médanos. Estas plantas fijan la arena y elevan la altura de las dunas, actuando como barreras que obligan a la arena transportada por el viento a depositarse más cerca de las ciudades. Como resultado, en sectores como Playa Norte de San Clemente se observan acumulaciones que terminan invadiendo áreas urbanas.

Erosión en el sur y acumulación en el norte
Aunque el fenómeno se percibe de manera local en San Clemente, su origen está ligado a una dinámica regional del litoral bonaerense. El transporte de sedimentos a lo largo de la costa —conocido como deriva litoral— desplaza arena en dirección predominante de sur a norte.
En el norte del Partido de la Costa, donde se encuentra San Clemente, predomina un proceso de acreción: es decir, acumulación de arena. En cambio, varias localidades ubicadas más al sur sufren un proceso opuesto.
En ciudades como Mar del Tuyú, Santa Teresita o Las Toninas se registra desde hace décadas una erosión costera significativa. Investigaciones científicas documentaron retrocesos de la línea de costa de hasta 1,45 metros por año en algunos períodos, con reducción de playas y debilitamiento de los médanos.
Ese desbalance sedimentario hace que parte de la arena perdida en el sur sea transportada por corrientes y vientos hacia el norte del distrito. Allí termina acumulándose en playas y dunas que crecen progresivamente hacia sectores urbanos.

El papel del cambio climático y las tormentas costeras
La dinámica natural del litoral también se ve influida por cambios ambientales más amplios. Investigaciones sobre la costa atlántica argentina indican que el nivel del mar ha aumentado entre 15 y 20 centímetros en las últimas décadas y podría incrementarse significativamente hacia fines de siglo.
Ese proceso se combina con tormentas costeras cada vez más intensas, especialmente las sudestadas. Durante estos eventos el oleaje puede avanzar sobre sectores urbanos, erosionar la base de los médanos y modificar la distribución de arena en la playa.
Cuando la playa se reduce o pierde volumen de arena, el sistema costero se vuelve más inestable. Parte del material erosionado puede ser arrastrado por el mar durante las tormentas y luego transportado por el viento hacia el interior.
Así, el mismo proceso que provoca pérdida de playa en algunas localidades puede generar acumulaciones de arena en otras, alimentando el crecimiento de médanos en sectores donde la urbanización ya ocupa el espacio que originalmente correspondía a las dunas.

Cómo intervienen los municipios frente al avance de arena
Frente a la invasión de arena en calles y accesos, los municipios del litoral bonaerense aplican distintas estrategias de manejo. En el Partido de la Costa, la respuesta más frecuente es la remoción mecánica del material acumulado.
Las tareas incluyen el retiro de arena con maquinaria pesada, la poda de médanos que invaden calles y el despeje de bajadas a la playa. Estos trabajos se realizan de manera periódica para evitar que los accesos queden bloqueados.
Sin embargo, los especialistas advierten que intervenir de manera excesiva sobre los médanos puede debilitar su función natural de protección frente al mar. Por esa razón, en las últimas décadas comenzaron a adoptarse medidas consideradas más compatibles con el ecosistema costero.
Entre ellas se destacan los enquinchados, estructuras de madera o ramas colocadas en la playa para frenar el viento y atrapar arena. Estas barreras ayudan a reconstruir médanos y a estabilizar el frente costero.

Restaurar el sistema natural en lugar de combatirlo
En contraste con lo que a veces se propone en debates públicos, no existe evidencia de que los municipios del Partido de la Costa utilicen contenedores, muros de cemento o estructuras rígidas para retener médanos que amenacen calles o peatones.
De hecho, este tipo de soluciones suele ser criticado por especialistas en geología costera. Las estructuras duras pueden reflejar la energía de las olas y acelerar la erosión de las playas, agravando el problema en lugar de resolverlo.
El enfoque predominante en la actualidad busca restaurar el sistema natural de médanos. Además de los enquinchados, se promueve la forestación con especies nativas para fijar la arena, el aporte de sedimentos en zonas erosionadas y la protección de la franja de dunas mediante regulaciones urbanísticas.
En el Partido de la Costa, estas medidas se complementan con restricciones de construcción cerca del mar y normas que prohíben intervenir sobre médanos costeros, considerados parte esencial del equilibrio ambiental del litoral.

Un sistema costero en permanente transformación
El fenómeno de médanos que avanzan sobre calles en localidades como San Clemente del Tuyú no es simplemente una curiosidad geográfica. Es la manifestación visible de un sistema natural extremadamente dinámico que interactúa con ciudades construidas sobre un territorio que nunca fue completamente estable.
La arena que hoy invade una calle puede haber sido erosionada de una playa decenas de kilómetros al sur. Del mismo modo, la eliminación de un médano para abrir una avenida puede modificar el equilibrio costero durante décadas.
En ese contexto, los especialistas coinciden en que el desafío para las ciudades costeras no consiste en detener completamente estos procesos, algo imposible en un sistema natural en movimiento, sino en aprender a gestionarlos sin destruir las defensas naturales que protegen a la costa.
Porque, en definitiva, los médanos no son un obstáculo del paisaje urbano. Son la primera línea de defensa de las playas frente al avance del mar. Y su equilibrio, frágil y cambiante, define el futuro de toda la franja costera bonaerense.
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Bariloche: se renueva la polémica por el proyecto inmobiliario para urbanizar casi 80 hectáreas del Cerro Catedral

Fecha de Publicación: 16/03/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Río Negro


La empresa concesionaria del centro de esquí presentó el proyecto en 2018 para urbanizar la base del cerro con un hotel y residencias de uso permanente y temporario
Impulsado por Catedral Alta Patagonia (Capsa), empresa concesionaria del centro de esquí, el Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del Cerro Catedral volvió recientemente a la agenda local, con renovadas polémicas.
Se trata de un proyecto que Capsa presentó a la municipalidad de Bariloche y que se enmarca en el contrato de prórroga de la concesión que se firmó en 2018 y que tiene vigencia hasta fines de octubre de 2056. Luego de las obras que la empresa hizo para modernizar la infraestructura de servicios del centro de esquí (fabricación de nieve, diseño de pistas y medios de elevación), el plan de desarrollo busca urbanizar 79 hectáreas en el cerro Catedral.
La iniciativa de la concesionaria del cerro –delimitado en seis Áreas de Ocupación Concertada (AOC)– prevé la construcción de un hotel a los 1200 m.s.n.m., así como diversas áreas residenciales, de uso permanente y temporario. 
A mediados de 2024, el actual intendente Walter Cortés (Unión y Libertad) buscó acelerar el tratamiento del proyecto que busca otorgar “parámetros urbanísticos” a esas 79 hectáreas (representan el 4% del total del área concesionada). Según el jefe comunal, el avance del proyecto abriría la puerta a una de las mayores inversiones inmobiliarias en Bariloche. Sin embargo, por las críticas sociales, la iniciativa entró en pausa durante más de un año.
Días atrás, el Plan Director fue tratado en el Consejo de Planificación Municipal (CPM), tras una convocatoria del Ejecutivo. “Hay que darle parámetros al cerro y después tratar cada proyecto que se presente”, afirmó Cortés, además de mostrarse interesado en la modernización del centro invernal y la necesidad de sumar servicios turísticos. 

El debate está abierto
El debate forma parte del recorrido administrativo que debe cumplir el proyecto: incluye mecanismos de participación ciudadana, el análisis de instituciones y organizaciones civiles, además de equipos técnicos de empresas de servicios y de diferentes áreas municipales. Durante esa reunión en el CPM, la comisión directiva del Colegio de Arquitectos de Río Negro (CARN) elevó una serie de advertencias. Señalaron que el proyecto “nace con un vicio de nulidad constitucional insalvable”, dado que, según la Carta Orgánica Municipal, el Catedral forma parte del patrimonio inalienable de la ciudad. “Las autoridades actúan solo como administradores transitorios, careciendo de facultades para enajenar, lotear o transferir el dominio a privados”, argumenta.
Alicia Albandoz, vicepresidenta del CARN, sostuvo que “el intento de disfrazar una venta de tierras públicas bajo un canon de transferencia del 8% vulnera el espíritu de protección de los recursos naturales del municipio, dejando a los funcionarios que lo avalen expuestos a responsabilidad por mal desempeño”. En diálogo con LA NACION, la arquitecta dijo que el Ejecutivo municipal ignoró y rechazó todos los documentos presentados por el Colegio y que están “evaluando las acciones judiciales a seguir”.
En la misma línea, el concejal Leandro Costa Brutten (presidente del bloque Incluyendo Bariloche) le presentó a la secretaria de Planeamiento Territorial, María Sofía Maggi, un dictamen de rechazo al Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del Cerro Catedral en el que asegura que “intentar canalizar un ´pueblo nuevo´ de 13.000 personas como una simple reforma de planeamiento es un fraude a la ley”.
Además de subrayar que la magnitud de la urbanización (79 hectáreas, 13.389 nuevos habitantes, en un área de alto riesgo geológico) exige por ley Audiencia Pública Obligatoria y Doble Lectura en el Concejo Municipal, Costa Brutten advirtió que “el Cerro Catedral no es un negocio inmobiliario de Capsa, es el patrimonio inalienable de Bariloche”. En ese sentido, el concejal sostuvo que el esquema de urbanización propuesto “implica una división parcelaria y enajenación encubierta a favor de Capsa, vulnerando el derecho excluyente de los barilochenses”.
También se refirió a impedimentos ambientales y geológicos: “El uso de reservorios de agua para nieve artificial para abastecer a 13.000 habitantes es técnicamente inviable y ambientalmente peligroso”. Recalcó además que “el tratamiento del Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del Cerro Catedral no contó hasta el momento con la participación y los informes de factibilidad de servicios públicos correspondientes”.
Ya el ingeniero civil Ricardo Martin había advertido que el punto más crítico del Plan Director está vinculado a la factibilidad de provisión de servicios básicos en el área: “En particular, con relación al servicio de agua potable y energía eléctrica, que plantean enormes restricciones en la provisión a escala urbana. Habilitar un desarrollo inmobiliario con esta demanda potencial de energía eléctrica (en torno a los 20 MVA) equivale a condenar a la ciudad a un colapso de su infraestructura”.

El plan de Capsa
Desde Capsa afirmaron que el proyecto incluye todas las obras de infraestructura necesarias que el Estado no puede encarar, no solo en el desarrollo nuevo, sino también en la actual Villa Catedral. Fuentes de la compañía indicaron que el desarrollo inmobiliario estaba previsto desde la concesión original de 1992. Si bien la idea del desarrollo hablaba de 105 hectáreas, a partir de la ordenanza Nº2929 de 2018 (que extendió el contrato de concesión de Capsa) se redujo la superficie a casi 80 hectáreas. Suman que, en lugar de destinarse una única zona del cerro al desarrollo inmobiliario, se plantea dividir esa superficie en seis sectores de menor sensibilidad ambiental.
Desde la concesionaria del centro de esquí añadieron que “existe un déficit de servicios públicos en toda la Villa Catedral actual, que hoy tiene alrededor de 5000 camas hoteleras: hay una sola línea eléctrica aérea que alimenta al centro de esquí y la villa, hay dificultades con el agua potable y problemas de cloacas”.
Consideraron que, para seguir desarrollándose y continuar siendo un polo de atracción turística, el centro de esquí tiene que aggiornarse y ofrecer mejores servicios. Un desarrollo inmobiliario de estas características permitiría, según creen, hacer frente a la falta de recursos de inversión pública en infraestructura.
Desde Capsa agregaron que, de la venta y la urbanización de esos espacios en la montaña, saldrían también los recursos para mejorar la infraestructura de toda la Villa Catedral tal como existe hoy.
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Contaminación hídrica: tras el embargo multimillonario, Kicillof responsabiliza a Nación por no financiar las obras

Fecha de Publicación: 16/03/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires


La Provincia informó que apelará el embargo dispuesto por la Justicia Federal, y responsabilizó al gobierno de Milei por no haber financiado las obras de saneamiento
Tras el embargo multimillonario dispuesto por la Justicia Federal contra la gobernación de Buenos Aires por la “aberrante” contaminación hídrica de la cuenca del Río de la Plata, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires informó esta mañana que apelará la orden judicial.
El argumento detrás de la apelación es que el gobierno de Axel Kicillof pidió, ya hace dos años, al gobierno de Javier Milei el correspondiente financiamiento para las obras de saneamiento. La provincia enfatizó en ese entonces, ante el gobierno nacional, la necesidad de dar respuesta eficaz ante una crisis o emergencia elegible en materia de contaminación ambiental. 
En concreto, el gobierno de Kicillof advirtió que las obras eran urgentes y que beneficiarían a 933.397 habitantes de la región capital y, más concretamente, a unos 535.000 habitantes de los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada, partidos que, según el informe adjunto en la causa judicial, están sometidos a una contaminación ambiental “aberrante”.
En 2024, el Ministerio de Economía de la Provincia solicitó formalmente al Ministerio de Economía de la Nación que se priorice el financiamiento para el proyecto de tratamiento y disposición final de líquidos cloacales de las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada.
La obra implica una inversión total de US$ 270.000.000, tiene un plazo de ejecución de cinco años y requiere, según el gobierno de Kicillof, de financiamiento internacional.
El crédito ya está otorgado, pero la provincia no lo puede tomar sin los avales de Nación, destacó la Casa de Gobierno bonaerense.
Los objetivos específicos son ampliar y mejorar la capacidad operativa de tratamiento y disposición final de residuos de La Plata, Berisso y Ensenada y mejorar las condiciones de higiene, salubridad del ambiente de la franja costera del río de La Plata.
El sistema hídrico de la cuenca del Río de la Plata es “un sumidero de desechos cloacales e industriales”. Así fue descrito en uno de los informes técnicos de los que se valió la Justicia Federal de esta capital al trabar el embargo multimillonario contra la provincia de Buenos Aires por demoras en ejecutar un proyecto para el tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales de La Plata, Berisso y Ensenada.
El embargo por $157 mil millones fue dispuesto por el juez federal Alberto Recondo, hasta tanto la Provincia inicie obras de saneamiento para subsanar los vertidos en el sistema hídrico que componen el río Santiago, el arroyo El Gato y el Río de la Plata.
El magistrado quiere que se garantice un eficiente retiro, en forma mecanizada, de residuos sólidos urbanos existentes en ese estuario y en el arroyo El Gato.
Recondo sopesó “la gravedad del daño ambiental producido por el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento y residuos sólidos urbanos” en la cuenca que comprende los tres cursos de agua mencionados.
Para tal trabajo, pidió auxilio técnico a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata.
De acuerdo con el informe técnico aportado en la causa judicial, se trata de “un grado de contaminación aberrante de todo el sistema que ha sido convertido en un sumidero de aportes cloacales y desperdicios varios”.
Los peritajes revelaron que “el aporte cloacal es masivo en las descargas de La Plata en El Gato (después de la calle 1), muy marcado por el nitrógeno total abundante en la orina, pero es también significativo aguas arriba, a la altura de la calle 143, La Granja y posiblemente en Melchor Romero”. 
Además, afirmó: “Los arroyos urbanos (Saladero en Berisso, Canal Oeste y Doña Flora en Ensenada) son fuentes secundarias de contaminación urbana (Saladero y Doña Flora, en menor medida) e industrial (Canal Oeste)”.
Otro informe pericial adjuntado al expediente, basado en muestras tomadas en el Río de la Plata a la altura del club Regatas, constata la formación de un “corredor costero de aguas contaminadas, con aportes urbanos industriales sucesivos desde la Capital Federal, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, La Plata, Magdalena, Punta Indio y Punta Piedras”.
En su resolución a la demanda iniciada por Iván Vigo Mariños con el patrocinio de Aníbal Falbo, a través de la Secretaría de Extensión de la UNLP, el magistrado señaló graves omisiones estatales. Argumentó que “las carencias presupuestarias (de la provincia), aunque dignas de tener en cuenta, no pueden justificar transgresiones".
Recondo detalló que la omisión del Estado provincial para implementar una política sanitaria y ambiental adecuada lleva más de 20 años, es decir que excede largamente a la administración de Axel Kicillof.
Tras recordar que el inicio de las obras suspendidas estaba previsto para 2022 —es decir, en el primer mandato de Kicillof—, puntualizó que entonces la erogación necesaria para evitar el daño ambiental producida en toda la población asentada en la zona urbana circundante representaba el 0,67% del total del presupuesto provincial.
En 2022 fueron notificados desde la Presidencia de la Nación hasta la Fiscalía de Estado bonaerense y representantes del Congreso de la Nación sobre la urgencia de comenzar con obras para el tratamiento de los efluentes cloacales.
“Esto permite concluir que la imposibilidad de ejecutar las obras ordenadas no se sustenta en la falta de financiamiento internacional, sino en decisiones que el Estado provincial adopta hace más de 20 años a la hora de asignar recursos”, expresó el magistrado.
La obra pendiente tiene un valor estimado de US$ 270 millones, a ejecutar en cinco años, según el gobierno de la Provincia. El embargo judicial corresponde a US$ 110.679.075,49 al cambio de esta segunda semana de marzo.
Previo a esta instancia, hubo medidas cautelares incumplidas.
El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires aseguró que mejoró su perfil crediticio y avanzó en conversaciones con el Banco Mundial en tanto quedó a la espera de una respuesta formal del Estado Nacional para obtener los avales necesarios que permiten acceder al financiamiento ante organismos internacionales de crédito
La Fiscalía de Estado, que es la encargada de velar por los intereses patrimoniales de la provincia, ya trabaja en la apelación del embargo que interpondrá para ser elevado ante la Cámara Federal de La Plata.
Recondo es un juez que ya tuvo intervención en otros temas ambientales: por caso, actuó para rechazar una demanda contra un decreto presidencial (DNU 70/2023) que buscó modificar los alcances de la Ley de Tierras.
El caso fue judicializado por el Centro de ExCombatientes de Islas Malvinas (Cecim) y el magistrado rechazó la presentación. La entidad apeló y la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional la derogación.
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Récord de participación por la reforma de la Ley de Glaciares: más de 27.000 inscriptos para las audiencias públicas

Fecha de Publicación: 14/03/2026
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


La inscripción masiva para participar en las audiencias públicas sobre la reforma de la Ley de Glaciares marca un hecho inédito en el debate legislativo argentino. La magnitud de la convocatoria obliga al Congreso a reorganizar el cronograma y podría demorar el tratamiento del proyecto
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina registra un récord sin precedentes de participación, con más de 27.000 inscriptos en las audiencias públicas, lo que plantea desafíos logísticos y posterga los plazos legislativos habituales.
La demora en el tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares responde a la magnitud inédita de la inscripción ciudadana para intervenir en el proceso parlamentario. La dimensión de la convocatoria obliga a las autoridades a replantear los mecanismos organizativos y a los actores políticos a ajustar sus estrategias mientras se redefinen tiempos y formas de negociación.
El Congreso Nacional, a través de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, planificó dos jornadas de audiencias públicas, previstas para el miércoles 25 en modalidad presencial y el jueves 26 de manera virtual, según precisó en Infobae en Vivo Nacho Girón. La cifra de más de 27.000 personas anotadas para dar su opinión supera cualquier experiencia previa en procesos legislativos ambientales en Argentina.
Frente a esta magnitud, la organización enfrenta un reto concreto: administrar la intervención de tantos inscriptos en tan corto plazo. Como resultado, el oficialismo considera extender el cronograma y adaptar la estructura original de las audiencias, en un intento de permitir la participación efectiva y mantener la representatividad en el debate.
Este escenario forzará dilaciones que podrían retrasar la sanción de la ley y demanda la implementación de nuevos métodos para garantizar un desarrollo ordenado y equitativo del proceso.
El Gobierno nacional abrió las audiencias públicas para negociar con la oposición y sumar respaldo social a la iniciativa. Esta decisión alentó la inscripción de especialistas, organizaciones ambientalistas y ciudadanos de múltiples provincias.
Diversos sectores ambientalistas apelaron a una inscripción masiva para asegurar su voz en la discusión parlamentaria y defender la protección de los glaciares. De igual modo, gobernadores y fuerzas opositoras buscan incidir en los alcances de la reforma y proteger intereses regionales.
En este contexto, la administración de Javier Milei debe gestionar tanto la presión de la participación ciudadana como las demandas políticas del Congreso. La extensión de los plazos multiplica las oportunidades de renegociación sobre puntos clave de la ley.
La Ley de Glaciares, aprobada en 2010, garantiza la protección de glaciares y ambientes periglaciares en Argentina, restringiendo actividades humanas y reservando estos espacios como fuentes estratégicas de agua. El proyecto de reforma busca modificar los límites legales y permitir, bajo ciertas condiciones, la instalación de industrias —especialmente mineras— cerca de áreas protegidas.
Mientras los promotores del desarrollo económico sostienen que estas modificaciones facilitarán nuevos emprendimientos productivos en la región andina, sectores ambientalistas alertan sobre el posible impacto sobre el recurso hídrico y los sistemas ecológicos.
La inédita participación social en el debate refuerza el carácter prioritario del tema en la agenda nacional y convierte al proceso en un caso excepcional en la historia legislativa argentina.
La masiva implicancia ciudadana en el tratamiento de la Ley de Glaciares redefine los estándares de participación y obliga a los cuerpos legislativos a innovar en la gestión de debates complejos. El sistema político, frente a este hito, deberá adecuar sus procedimientos para responder a una demanda social de mayor involucramiento en decisiones ambientales clave.
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9 de cada 10 animales capturados mueren. Dramático informe sobre el tráfico ilegal de fauna en Argentina

Fecha de Publicación: 14/03/2026
Fuente: Portal EconomiaSustentable
Provincia/Región: Nacional


Aves Argentinas presentó un relevamiento que expone el negocio detrás del comercio ilegal de fauna silvestre.Cuáles son las especies más capturadas y qué hay que hacer si conocemos un caso 
Un relevamiento de la ONG Aves Argentinas muestra la magnitud del tráfico de fauna silvestre en el país, su impacto económico y cómo esta actividad ilegal afecta a la biodiversidad al poner en riesgo de desaparación a especies vulnerables. 
La captura y venta de animales silvestres está prohibida en Argentina a través de la Ley 22.421/81 de Conservación de la Fauna Silvestre, reglamentada por el Decreto 666/97.
Aún así, el comercio ilegal de estos animales es un importante negocio y constituye una de las principales amenazas de conservación para muchas especies.
Al extraer ejemplares de su ambiente natural, se agrega mayor presión a la ya grave degradación del hábitat, llevando a muchas especies al borde de la extinción, como es el caso del cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) y la tortuga terrestre (Chelonoidis chilensis), erróneamente considerada durante años como un animal doméstico. 

Cifras que espantan
El relevamiento, que se basó en el análisis de decomisos publicados en medios digitales durante los últimos 12 años, identificó un total de 15.597 individuos decomisados pertenecientes a 226 especies distintas, incluyendo tanto animales nativos como exóticos.
Más allá de los ejemplares vivos, el 11% de los decomisos registrados consistió en derivados como pieles, cueros, taxidermias, carne faenada e incluso colmillos.
Lo dramático del caso es que se estima que 9 de cada 10 animales mueren tras ser capturados, debido a las condiciones extremas de encierro y transporte.

Especies y provincias más afectadas
El informe destacó que las aves son el grupo más afectado, teniendo al Cardenal copete rojo a la cabeza de la lista de las especies más traficadas; pero también son buscadas otras especies en peligro de extinción, como el Cardenal amarillo y la Tortuga terrestre. 
Además, el tráfico no se limita a los animales; especies vegetales globalmente amenazadas como el Palo santo y el Pino del cerro también son parte del comercio ilegal.
A nivel geográfico, las provincias con mayor incidencia de registros y operativos policiales son Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

Una red criminal
Lejos de ser un delito menor, el tráfico de fauna involucra una cadena delictiva estructurada que comprende desde los captores y acopiadores hasta los transportistas, vendedores y consumidores finales.
«Es preocupante la cantidad de individuos que son extraídos de la naturaleza y cómo esta práctica representa una amenaza directa para la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas», apuntó Cecilia Maqueda, del Programa Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre de Aves Argentinas. «Visibilizar estos datos es clave para dimensionar el problema y reforzar los controles, pero también se necesita más educación y compromiso social para enfrentar este flagelo.»,
Por este motivo, la prevención y el combate del tráfico de fauna debe acompañarse con actividades de difusión y concientización buscando modificar hábitos y reducir la demanda ya que, como todo comercio, si disminuye el consumo, caerá la oferta.
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Condenan al senador Paoltroni por desmonte ilegal en Formosa 

Fecha de Publicación: 13/03/2026
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Formosa


Confirman que la Justicia de primera instancia falló a favor de la provincia y rechazó los planteos de inmunidad parlamentaria presentados por el legislador.
La fiscal de Estado de Formosa, Stella Zabala, informó que la Justicia de primera instancia dictó un fallo favorable a la provincia en una causa por desmonte ilegal que provocó daño ambiental, ordenando al responsable el pago de una multa superior a 101 millones de pesos, más intereses y costas judiciales.
Según explicó la funcionaria a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la sanción había sido impuesta originalmente por el Ministerio de la Producción y Ambiente de la provincia, pero el senador involucrado, Francisco Paoltroni, no cumplió con el pago de la multa, lo que llevó al Estado provincial a iniciar la correspondiente ejecución judicial, como ocurre en este tipo de casos.
Zabala detalló que durante el proceso el legislador que forma parte del oficialismo a nivel nacional, presentó distintos planteos para evitar el pago, entre ellos inmunidad parlamentaria, falta de legitimación e inconstitucionalidad de la norma que sustenta la sanción. Sin embargo, todos estos argumentos fueron rechazados por la Justicia.
"La inmunidad parlamentaria no corresponde en este caso", explicó la fiscal de Estado. "La inmunidad es para no ir preso por sus dichos en el recinto o en el ejercicio de su función legislativa, pero no para evitar el pago de deudas o multas como cualquier ciudadano", aclaró.
Asimismo, remarcó que el productor fue debidamente notificado de la sanción administrativa y tuvo oportunidad de cumplir con la multa antes de que el Estado iniciara la vía judicial.
"El monto de la condena en primera instancia es de 101 millones de pesos, más los intereses que correspondan y las costas del juicio", precisó Zabala.
La funcionaria aclaró que se trata de un procedimiento habitual cuando una persona sancionada no cumple con el pago de una multa administrativa, ya que el Estado tiene la atribución de reclamar su cumplimiento ante la Justicia.
Finalmente, anticipó que es probable que el fallo sea apelado por la defensa del senador. "Seguramente lo va a apelar y nosotros defenderemos la decisión también en esa instancia, porque estamos convencidos de que es lo que corresponde", sostuvo.
En ese sentido, subrayó que la provincia busca hacer valer la normativa vigente y proteger el derecho ambiental, principio consagrado en la Constitución. 
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Pozo de Pichanal: sin avances con YPF, la Provincia releva más de 1.400 pozos petroleros

Fecha de Publicación: 13/03/2026
Fuente: Portal AiresOnline
Provincia/Región: Salta


El ministro de Producción y Minería de Salta informó que el Gobierno provincial mantiene gestiones con YPF para avanzar en una solución al pozo petrolero descontrolado en Lomas de Olmedo, en el norte de la provincia.
El ministro de Producción y Minería de Salta, Ignacio Lupión, informó que el Gobierno provincial continúa trabajando para encontrar una solución al pozo petrolero descontrolado en Lomas de Olmedo, en el departamento Orán.
En diálogo con Aries, el funcionario explicó que se mantienen conversaciones con YPF para que la empresa se haga cargo de la situación.
“Estamos en conversaciones con YPF para que se termine de hacer cargo de ese pozo”, afirmó.
El ministro recordó que el caso se complejizó luego de que la empresa President Petroleum, que operaba en la zona, se declarara en quiebra.
Lupión señaló que el problema representa un antecedente negativo para el desarrollo hidrocarburífero en la provincia, aunque aseguró que se continúa trabajando en gestiones para resolverlo.
Además, indicó que el Gobierno provincial inició un relevamiento de los pozos existentes en Salta. Según precisó, se estima que hay alrededor de 1.400 pozos, de los cuales actualmente solo 54 se encuentran en producción.
“Es un tema ambiental importante y hay que abordarlo con gestión”, concluyó
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Residuos fuera de control: el trabajo de la UBA y la UNR que expone un problema ambiental crítico

Fecha de Publicación: 12/03/2026
Fuente: Portal EcoNews
Provincia/Región: Nacional


En un país donde no existen estadísticas oficiales sistematizadas sobre la generación y el tratamiento de residuos, un relevamiento impulsado por el Observatorio de Residuos Peligrosos de las universidades UBA-UNR puso números a una problemática ambiental de gran magnitud. Según el último informe anual (jul24-jun25), apenas una pequeña fracción de las casi 20 millones de toneladas generadas recibe tratamiento adecuado. Solo el 5,57% de los residuos fue gestionado correctamente, lo que equivale a 1,08 millones de toneladas tratadas anualmente.
Aunque existen más de 252.000 empresas generadoras de residuos, solo unas 31.500 contratan servicios de tratamiento, lo que representa el 12,48% del total. Esta realidad alarmante pone de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, avanzar en la reglamentación de normas vigentes y generar políticas públicas basadas en evidencia que permitan revertir una tendencia que, año tras año, deja miles de toneladas de residuos peligrosos sin gestión adecuada.

Un observatorio para concientizar
El Observatorio produce informes bimestrales y anuales que muestran que, aunque los porcentajes varían según el período, el tratamiento de residuos peligrosos rara vez supera el 8% y en algunos momentos desciende cerca del 4%. Si se toma en cuenta todo este tiempo, se estima en un 5% la cifra promedio de los residuos que reciben una gestión adecuada a nivel nacional.
Este organismo es reciente en Argentina. El convenio que formalizó su creación se firmó en mayo del 2021, por iniciativa conjunta de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y las cámaras empresarias Catries (Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales) y Caitpa (Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental).
“En el año 2016 comenzamos a hacer consultas en los distintos ministerios de las provincias, en organismos nacionales y en el Cofema, para tratar de tener datos oficiales, pero no los conseguimos. En el 2020, desde Catries y Caitpa hicimos un primer estudio con apoyo de una consultora privada, el cual arrojó que se trataba menos del 20% de los residuos en ese momento. Fue así que en el 2021 nos contactamos con Matías De Bueno, hoy secretario de Ambiente de la UNR, y decidimos hacer una alianza para crear el Observatorio”, señaló Claudia Kalinec, presidenta de Catries.
El objetivo era tener a mano una herramienta que permitiera dimensionar, con datos concretos y rigor científico, una problemática hasta entonces invisibilizada. Para eso se diseñó una metodología propia que releva y sistematiza información de manera periódica. Para sus informes, el Observatorio realiza un relevamiento mensual a empresas tratadoras asociadas a las cámaras, que incluyen 47 plantas en todo el país. A través de encuestas anónimas, se recopilan datos sobre volúmenes de residuos tratados, características de los clientes y tendencias de generación.
Los resultados se integran y analizan mediante un modelo estadístico que permite extrapolar la información a nivel nacional, generando indicadores confiables sobre la cantidad tratada y especialmente los que quedan fuera del circuito formal de gestión. De esta manera, se construye un panorama detallado y científico de la situación ambiental, indispensable para orientar políticas públicas, controles y proyectos de gestión sustentable.
Según De Bueno, quien además de abogado es referente en políticas públicas ambientales, el valor de estos datos radica en que provienen de organizaciones y universidades públicas, lo que les otorga respaldo científico y metodológico. “Están elaborados por equipos técnicos especializados y cuentan con la misma fuerza probatoria que la de peritos oficiales, según la Ley General del Ambiente. Se trata de información veraz y confiable, única en su tipo en el país, que tiene el aval de dos de las universidades más importantes de Argentina y de todo el rigor científico que ello implica”, sostuvo el especialista ambiental.

Una deuda pendiente con los residuos que no se tratan correctamente
Para De Bueno, la gran pregunta que plantea este panorama es dónde termina el 95% de residuos aproximados que no se tratan correctamente: “Está en los ríos, en el aire, en los terrenos, en las cavas y basurales. Lamentablemente, muchos residuos se desechan de forma inadecuada; son venenosos, contaminantes y afectan gravemente la salud, el ambiente, la flora, la fauna y a las personas. El problema es que estos costos ambientales no los paga quien debería, sino que los absorbe la sociedad en su conjunto”.
El último informe del Observatorio indica que la situación se agravó durante el 2025, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. Durante el primer semestre de ese año se observó una caída abrupta en la tasa de tratamiento, que descendió a niveles cercanos al 6%, desde valores superiores al 8% registrados en períodos anteriores. Este fenómeno se explica principalmente por la salida de empresas pequeñas del sistema, la cantidad de pymes contratantes cayó alrededor de un 30% en los primeros seis meses.
“El trabajo del Observatorio es fundamental porque nos da un panorama y números que indican dónde es necesario invertir, qué tecnologías utilizar para tratar distintos tipos de residuos y cuáles se están generando; incluso nos permite elaborar mapas y herramientas básicas para la gestión del sector”, explicó Solari, titular de Caitpa.
Para los referentes, contar con información actualizada marca el camino de las acciones necesarias a tomar. Estas van desde aumentar los controles y la trazabilidad, a generar más índices y analizar provincia por provincia qué residuos se producen y qué porción recibe una gestión adecuada. Además, De Bueno subrayó la urgencia de avanzar en la reglamentación de normas existentes, como la Ley 25.612 de presupuestos mínimos de protección ambiental y la Ley 13.959, que hasta ahora no ha sido reglamentada, para que las políticas públicas puedan transformarse en medidas concretas que reduzcan el impacto nocivo y protejan a la sociedad.
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Operativos de control forestal: Ecología interceptó camiones con madera no declarada en rutas de Misiones

Fecha de Publicación: 12/03/2026
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Misiones


Agentes del Ministerio de Ecología interceptaron camiones de gran porte que trasladaba madera aserrada de distintas especies sin los permisos correspondientes. 
El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones realizó en los últimos días operativos en la localidad de Apóstoles y otros puntos de la provincia, donde interceptaron camiones de gran porte que trasladaba madera aserrada de distintas especies sin los permisos correspondientes.

Operativos de control forestal
“Durante la inspección del cargamento, los agentes de la Dirección de Control Forestal constataron que parte del material correspondía a madera de especies nativas que no se encontraba declarada en la documentación de transporte, lo que motivó el inicio inmediato de las actuaciones correspondientes”, señala un comunicado oficial.
“Durante la requisa de la carga, los agentes detectaron que una parte del material correspondía a madera de especies nativas que no estaba declarada en los remitos y carecía de las guías obligatorias que acrediten su origen legal”, agrega el documento.
“Ante esta situación, el vehículo y su carga fueron trasladados a la base del Plan Provincial de Manejo del Fuego (PPMF) en Apóstoles, donde se procedió a su secuestro y retención”, precisa el texto.

Cómo sigue
“En el lugar se labraron las actas correspondientes y se realizó la medición del material forestal involucrado, como parte de las actuaciones sumariales que permitirán avanzar en la investigación para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones previstas en la normativa vigente”, señalaron desde el Ministerio de Ecología.
“Las acciones de control continuaron el jueves con un amplio despliegue sobre distintas rutas de la provincia para fiscalizar el posible tránsito de material forestal proveniente de bosques nativos. Los controles se realizaron en diversos puntos estratégicos, con especial presencia en la zona sur”, detallaron las fuentes.

Otros procedimientos
Además los inspectores detectaron un vehículo que transportaba material forestal nativo sin la correspondiente guía de traslado en el acceso de la ciudad de Posadas. En consecuencia, se dispuso la caución preventiva del rodado y el secuestro de la carga, conforme a lo establecido por la legislación forestal.
De modo simultáneo se realizaron controles vehiculares en distintos sectores de Apóstoles “con el objetivo de fiscalizar el transporte de productos forestales nativos y verificar el cumplimiento de los requisitos legales”.
Los procedimientos contaron con el acompañamiento de personal de la Dirección de Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales (DDMA y DR) de la Policía de Misiones, quienes brindaron apoyo y custodia a los inspectores forestales durante el procedimiento.
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Censura policial y el reclamo contra la megaminería volvió a marcar la agenda en Mendoza

Fecha de Publicación: 11/03/2026
Fuente: Portal LaPoliticaAmbiental
Provincia/Región: Mendoza


La Fiesta Nacional de la Vendimia volvió a quedar atravesada por un fuerte conflicto político y ambiental este fin de semana en Mendoza. Mientras miles de personas salían a las calles para defender el agua y rechazar el avance de proyectos mineros, organizaciones socioambientales denunciaron un hecho que generó fuerte polémica: la Policía provincial bloqueó la salida de una carroza con consignas contra la megaminería.
Para las asambleas por el agua, lo ocurrido no fue un episodio menor. Afirman que se trató de un acto de censura directa en uno de los eventos culturales más importantes de la provincia y en un momento de máxima visibilidad pública.

Una carroza detenida por la Policía
El episodio ocurrió antes del tradicional carrusel vendimial. Según denunciaron los organizadores del Contracarrusel, la Policía de Mendoza se apostó en la salida de un galpón donde se encontraba preparada una carroza artística con mensajes críticos hacia el avance de la minería metalífera.
El vehículo formaba parte de las intervenciones que cada año realizan organizaciones ambientales para visibilizar el conflicto por el agua. Sin embargo, el operativo policial impidió que la carroza pudiera salir a la calle.
De acuerdo con los asambleístas, no existía orden judicial ni resolución administrativa que justificara el bloqueo. Abogados que acompañan a las organizaciones señalaron que la medida podría constituir una restricción arbitraria al derecho a la libre expresión y a la protesta.
Para los colectivos socioambientales, el objetivo fue claro: evitar que una crítica al modelo extractivo se hiciera visible en medio de una fiesta que reúne a miles de personas y concentra la atención mediática nacional.

Contracarrusel masivo y defensa del agua
Pese al intento de frenar la intervención artística, la movilización se realizó igual y volvió a demostrar la magnitud del movimiento en defensa del agua en la provincia.
El Contracarrusel reunió a una multitud que recorrió el centro de la ciudad con banderas, pancartas y consignas contra el avance de la megaminería. Entre los mensajes que más se repitieron estuvieron “El agua de Mendoza no se negocia” y “Sin agua no hay vendimia”.
La protesta tuvo como eje central el rechazo al proyecto minero San Jorge, una iniciativa que busca explotar cobre en la zona de Uspallata y que desde hace años genera una fuerte oposición social en Mendoza.
Las organizaciones advierten que este tipo de emprendimientos podrían afectar las cuencas hídricas de una provincia donde el agua es un recurso escaso y estratégico para la producción agrícola, especialmente para la vitivinicultura.

El reclamo llegó al escenario mayor
La tensión ambiental también logró colarse en el espectáculo central de la Vendimia. Durante el acto en el teatro griego Frank Romero Day, artistas desplegaron un cartel con consignas contra el proyecto San Jorge, lo que provocó aplausos de parte del público.
La escena fue breve, pero significativa: incluso dentro del escenario principal de la fiesta apareció el conflicto por el agua que atraviesa a la provincia.

Un clima de creciente censura
Para las asambleas socioambientales, el bloqueo policial a la carroza se suma a un clima de creciente hostilidad hacia las voces críticas frente al modelo extractivo.
“Quieren una Vendimia sin conflicto, sin reclamos y sin cuestionamientos”, señalaron integrantes de las organizaciones que participaron de la movilización.
Sin embargo, el debate ambiental sigue abierto. Mendoza arrastra desde hace años una discusión profunda sobre el uso del agua y el avance de la minería metalífera, una actividad que genera fuertes controversias en territorios con escasez hídrica.
En ese contexto, cada Vendimia vuelve a convertirse no solo en una celebración cultural, sino también en un escenario donde se discute el futuro productivo y ambiental de la provincia.
Porque en Mendoza, repiten las asambleas cada año en las calles, la ecuación es simple: sin agua no hay vendimia, y sin agua tampoco hay futuro.
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Secuestraron 600 kilos de piñones de araucaria: intentaban sacarlos de la cordillera

Fecha de Publicación: 11/03/2026
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Neuquén


Cuando se llevan piñones del suelo, bajan las posibilidades de que el bosque se regenere naturalmente.
El personal de la Delegación de Fauna de Junín de los Andes realizó un control sobre Ruta 40, a la altura del Puente La Rinconada, en el marco de la temporada de caza mayor y la época de recolección de piñones.
Durante el operativo se controló una camioneta que transportaba aproximadamente 600 kilos de piñones sin documentación, que iban a ser comercializados de manera ilegal.
Ante esta situación, el personal de Fauna procedió al secuestro de la carga y al labrado del acta de infracción correspondiente. Los piñones serán donados a instituciones de bien público, tal como lo establece la Ley Provincial de Fauna N.º 2539 y su decreto reglamentario 1777/07.
Desde la Dirección Provincial de Fauna reafirmamos nuestro compromiso de cuidar Neuquén y proteger nuestro patrimonio natural. Porque cuando defendemos nuestros bosques, defendemos lo que es de todos.

Prohibido recolectar
Desde el Parque Nacional Lanín recordaron a los visitantes que no está permitida la recolección de piñones dentro del área protegida. La intendencia enfatizó en que se trata de una acción prohibida.
Para que las personas se informen y no tomen mal la medida, explicaron que los piñones de la Araucaria araucana son un recurso fundamental para el equilibrio del bosque andino patagónico. Es de suma importancia no recolectarlos ni llevárselos ya que se necesitan para la regeneración.
La araucaria es una especie de crecimiento lento que no todos los años produce semillas en abundancia y muchas de ellas no logran convertirse en nuevos árboles. Cuando se llevan piñones del suelo, bajan las posibilidades de que el bosque se regenere naturalmente.
Además se trata de un alimento clave para la fauna nativa, diversas especies dependen de los piñones como fuente energética esencial, especialmente durante el otoño e invierno. Aves y mamíferos cumplen además un rol ecológico al dispersar semillas, ayudando a la regeneración del bosque.
Por último, volvieron a recordar que el Parque Nacional es un área destinada a la conservación, que se rige bajo una normativa vigente. Dentro de ella la extracción de recursos naturales sin autorización afecta directamente los objetivos de protección y puede ser sancionada.
"Las araucarias son un símbolo natural y cultural de la región andina patagónica. Su protección garantiza la continuidad de un ecosistema único en el mundo. Cuidar el bosque es una responsabilidad compartida. Respetar la normativa es proteger la biodiversidad hoy y para las generaciones futuras", finalizaron.
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