Nueva central nuclear en Atucha: Meitner Energy promete invertir USD 1.200 millones

Fecha de Publicación: 06/07/2026
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno confirmó un proyecto público-privado de USD 1.200 millones para un reactor SMR en Buenos Aires. Apuntan a ingresar al beneficio del Súper RIGI.
El Gobierno nacional confirmó una iniciativa privada de USD 1.200 millones para la construcción de una nueva central nuclear en el país. La propuesta proviene de Meitner Energy, firma integrada por capitales estadounidenses del Ansari Group y la empresa argentina Invap, que posee el 40% de las acciones. El proyecto contempla la instalación de un reactor modular pequeño (SMR) en el sitio Atucha, ubicado en Lima, provincia de Buenos Aires.
Dada la magnitud de la inversión, el plan aspira a ingresar al Súper RIGI, el nuevo régimen de incentivo a grandes inversiones en trámite legislativo. Este esquema aplica a actividades sin antecedentes en el país con un piso mínimo de USD 1.000 millones. Aunque Argentina cuenta con centrales nucleares, el Gobierno considera que los reactores SMR constituyen una nueva actividad económica.
¿Cómo es el ACR-300? El reactor representa una unidad de Generación III+ con tecnología de agua presurizada (PWR) y una potencia neta aproximada de 300 MWe. Este diseño, basado en ingeniería argentina, constituye un proyecto First of a Kind (FOAK) a nivel comercial global. Según Teófilo Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam, la fortaleza del diseño radica en la innovación estratégica. "El 11% de los componentes de un reactor generan el 67% de los costos, es ahí donde enfocamos", explicó el directivo en un evento del sector.
La configuración horizontal del ACR-300 permite que los componentes y la construcción resulten un 40% más pequeños que otros diseños SMR de la competencia. Actualmente, la firma ya concluyó la ingeniería conceptual y trabaja en la ingeniería básica del diseño, tras superar con éxito dos revisiones críticas internacionales.

Impacto económico
El modelo de gestión otorga a Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) el derecho de asumir la operación y el mantenimiento de la planta bajo condiciones de mercado. Por su parte, Meitner Energy abonará un canon por el derecho real de superficie sobre los terrenos estatales donde funcionará la central. La ejecución total del plan generará aproximadamente 2.000 puestos de trabajo directos durante las fases de desarrollo, obra, puesta en marcha y operación.
Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares, destacó la relevancia de este marco de colaboración público-privada: "El Estado genera las condiciones y garantiza la previsibilidad, y el sector privado invierte el capital asumiendo el riesgo". El plazo de construcción estimado alcanza los cinco años, condicionado a la aprobación del Ministerio de Economía y al licenciamiento de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).
Las centrales nucleares aportan alrededor del 7% de la electricidad que consume el país.

Contexto del sector
El anuncio coincide con una situación compleja en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que recientemente oficializó la desvinculación de 61 empleados. El organismo enfrentó críticas por la aparente desarticulación del proyecto Carem, un prototipo de reactor pequeño de gestión estatal.
Fuentes oficiales diferencian ambos proyectos; mientras el Carem requiere aún trabajos de ingeniería complejos y costos de capital elevados, la propuesta de Meitner apunta a la construcción directa de un reactor comercial.
La fuga de talentos también afecta al sector público. Especialistas indican que más de 200 expertos abandonaron la CNEA recientemente, atraídos por mejores remuneraciones en el ámbito privado, tanto en el exterior como en empresas locales. En este sentido, Meitner Energy ya emplea a un equipo de 120 profesionales, principalmente en Bariloche, muchos de los cuales integraron previamente el proyecto Carem o se formaron en el Instituto Balseiro.

Más Información:

Diario Mendoza Today. Crece la polémica por el nuevo reactor nuclear en Atucha: la oposición cuestiona a Meitner Energy y el RIGI
Unión por la Patria pidió informes al Gobierno nacional por la iniciativa de la empresa Meitner Energy para construir el reactor modular ACR-300 en Atucha. El bloque opositor advirtió sobre el impacto del esquema societario, la propiedad intelectual del proyecto y el rol del régimen de incentivos RIGI en el financiamiento de la inversión.
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Hay plantas paradas: una industria que demandó millonarias inversiones no puede aprovechar un negocio que es estratégico en el mundo

Fecha de Publicación: 04/07/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Empresas del sector del biodiésel alertaron que el país resigna competitividad frente a Brasil, Estados Unidos, Indonesia y Paraguay por el bajo desarrollo del mercado interno; sostienen que la capacidad instalada permanece ociosa y que el nuevo escenario mundial del aceite exige cambios para recuperar terreno
Con plantas prácticamente paralizadas, inversiones millonarias sin aprovechar y una capacidad instalada para producir unas 4,4 millones de toneladas de biodiésel por año que permanece mayormente ociosa, la industria aceitera volvió a advertir que la Argentina está perdiendo terreno en un negocio que el resto del mundo convirtió en estratégico. Mientras Brasil, Estados Unidos, Indonesia e incluso Paraguay expanden el uso de biocombustibles mediante mayores porcentajes de mezcla obligatoria con la nafta y el gasoil e incentivos para impulsar la demanda interna, empresarios del sector sostienen que el país resigna competitividad, mercados y agregado de valor por no desarrollar ese mercado.
Ese fue uno de los principales mensajes que dejaron directivos de Aceitera General Deheza (AGD), Louis Dreyfus Company (LDC) y COFCO Internacional durante el panel sobre agregado de valor del Seminario Acsoja 2026 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Aunque destacaron que el contexto macroeconómico mejoró y reconocieron señales positivas para invertir, coincidieron en que los biocombustibles siguen siendo una de las grandes cuentas pendientes para recuperar competitividad. Recientemente, en un video en sus redes, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), que preside Gustavo Idígoras, alertó sobre plantas paralizadas.
Luis Fontán, Head of Trading at Aceitera General Deheza SA, sostuvo que el problema no pasa por la falta de capacidad industrial sino por las reglas bajo las que funciona hoy el mercado. “Tenemos unas plantas con un nivel tecnológico, de escala y de eficiencia fantástico que están paradas o parcialmente paradas”, afirmó. También cuestionó el esquema vigente: “La Argentina hoy tiene una ley de biocombustibles, tiene precios regulados, tiene cuotas y tiene un mandato pequeño que no se cumple”.
Actualmente, el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil es del 7,5%, mientras que el bioetanol representa el 12% de las naftas. Para la industria, ese mandato resulta insuficiente para generar una demanda que permita aprovechar toda la capacidad instalada. En el Congreso existen distintas iniciativas para modificar ese esquema. Entre ellas figura un proyecto presentado por la senadora Patricia Bullrich que propone elevar el corte de biodiésel al 10% y el de bioetanol al 15%, además de habilitar mayores porcentajes de mezcla y la comercialización de vehículos flex fuel.
Para Fontán, la diferencia con los países vecinos refleja el atraso argentino. “Brasil tiene 15% y va a 16%. Paraguay acaba de sacar una normativa para ir a 20%. En la Argentina estamos en 7,5%”, remarcó.
Fernando Correa Urquiza, director de la plataforma de Oleaginosas para la región Latinoamérica Sur y Oeste en LDC, sostuvo que esa diferencia ya está modificando el mapa mundial de la industria aceitera. “Tenemos industria norteamericana y brasileña expandiéndose hace dos o tres años, con una cantidad de inversiones que realmente asustan, alentadas por mandatos alrededor de los biocombustibles y con un mercado doméstico inmenso. La Argentina tiene que salir a luchar esa batalla”, afirmó. Y advirtió: “Si no lo hacemos, vamos a ver cómo el resto del mundo sigue creciendo y la Argentina sigue quedándose estancada”.
Ese cambio, explicó Fontán, ya transformó la lógica del negocio mundial de la soja. Consultado sobre el crecimiento del HVO (aceite vegetal hidrotratado) en Estados Unidos, sostuvo que el fenómeno ya impactó de lleno en la industria. “Eso ya impactó, eso ya está”, afirmó. Explicó que la expansión de la capacidad de molienda en Estados Unidos y Brasil respondió principalmente a la mayor demanda de aceite para biocombustibles, lo que incrementó la oferta global de harina y modificó la relación histórica entre ambos productos. “Hoy en el mundo se muele soja por el aceite”, resumió.
Para Correa Urquiza, ese proceso también modificó la economía de toda la cadena sojera. Hace quince años el aceite representaba entre el 30% y el 35% del valor del poroto. Hoy supera el 50%, impulsado por la creciente demanda de aceites vegetales para producir energía.
En países como Brasil y Estados Unidos buena parte del aceite encuentra un comprador asegurado dentro del propio mercado para transformarse en biodiésel. Esa demanda permanente sostiene su precio y fortalece toda la cadena. En la Argentina, en cambio, el mercado interno es mucho más reducido y una mayor proporción de la producción debe exportarse sin ese diferencial. El país es el principal exportador mundial tanto de harina como de aceite.
“Cuando uno mira el valor al cual el aceite argentino tiene que salir a paridad respecto de lo que el aceite brasileño o el americano consiguen por sus demandas domésticas, es realmente un diferencial enorme. Y eso se traduce, obviamente, en la capacidad de pagar al productor”, explicó Correa Urquiza. Como ejemplo de esa pérdida de valor agregó: “Hoy el aceite argentino se exporta a Canadá, se transforma en biocombustible y desciende a Estados Unidos y es competitivo contra el biodiésel americano. Imagínense el costo logístico que implica ese movimiento. Todo ese valor que queda en el camino no va al productor”.
Alfonso Romero, CEO de COFCO International Argentina, coincidió en que desarrollar un mercado interno dejó de ser una discusión exclusivamente energética para convertirse en una herramienta de competitividad. Recordó que el mercado internacional del biodiésel se fue cerrando progresivamente para la Argentina —primero en Estados Unidos y ahora con crecientes incertidumbres en Europa— y sostuvo que los principales competidores compensaron esa situación fortaleciendo el consumo interno.
“Estados Unidos tiene el suyo, Europa tiene el suyo, Brasil tiene el suyo, Indonesia tiene el suyo”, enumeró. “Es como estar con un motor aspirado compitiendo con motores turbo como tienen Brasil y Estados Unidos. Es muy difícil correr a la misma velocidad”, agregó.
Luis Fontán, de AGD
Los empresarios coincidieron, además, en que esa tendencia empieza a abrir nuevas oportunidades para otros cultivos oleaginosos, como el girasol, la camelina y la canola, y remarcaron que la Argentina cuenta con condiciones industriales, logísticas y de infraestructura para aprovechar ese escenario. Sin embargo, insistieron en que el desafío inmediato pasa por recuperar competitividad y evitar que la brecha con los principales competidores continúe ampliándose.
Recientemente, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario señaló que el país cuenta con instalaciones capaces de producir alrededor de 3,8 millones de toneladas anuales de biodiésel. Frente a esa capacidad, la actividad efectiva tiene nivel ocioso muy alto. “Los volúmenes producidos dejan una capacidad ociosa anual en torno al 75%”, destacó la entidad rosarina.
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El “Chernobyl Salteño”: vecinos de la zona y Greenpeace exponen el estado actual de la contaminación 

Fecha de Publicación: 04/07/2026
Fuente: Portal PrensaMercosur
Provincia/Región: Salta


En diciembre, la provincia de Salta recuperó formalmente la concesión del pozo abandonado en Pozo Guardián, Lomas de Olmedo (Pichanal) y  traspasó las competencias sobre su manejo a una empresa de energía local con participación estatal (REMSa), mientras se abre una nueva licitación. Sin embargo, Greenpeace denuncia que, a la fecha, los vecinos de la zona siguen sufriendo el daño ambiental en la zona. La gravedad de la situación obligó a pobladores de comunidades locales a abandonar sus hogares y los ha convertido en refugiados ambientales de una crisis provocada por la desidia corporativa y estatal.
Greenpeace cataloga a este desastre ambiental como el “Chernobyl Salteño” y denuncia que la provincia aún no ha puesto a disposición de la ciudadanía información sobre los estudios realizados en el lugar ni ha anunciado un plan de remediación.
Durante una inspección realizada hace unos meses, el equipo de Greenpeace constató y documentó un escenario devastador: un bosque severamente dañado, más de 20 hectáreas de suelo y agua contaminadas, mortandad de fauna local y la propagación de sustancias peligrosas líquidas y gaseosas. Al día de hoy, la situación sigue siendo crítica ante el riesgo inminente de explosiones e incendios en el área. 
“El bosque característico de la región se convirtió en un campo de muerte donde respirar se vuelve imposible, la biodiversidad local desaparece o muere. Sin embargo, lo más peligroso es el manto de olvido que cubre este desastre. Las empresas se retiraron dejando contaminación y las autoridades que recuperaron la concesión aún no han dado respuestas mientras el desastre avanza día a día“, señala Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace. “No podemos permitir que este ecocidio quede impune”.
Ante la falta de respuestas efectivas en estos meses, la organización ambientalista hace un llamado urgente a toda la ciudadanía a convertirse en defensores activos del bosque. “No podemos ser espectadores mientras se destruye el patrimonio natural del país. Necesitamos ser miles rompiendo el silencio, compartiendo las pruebas del desastre y exigiendo acciones urgentes para la recomposición del bosque”, agrega Cruz.
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Las infracciones ambientales tendrán nuevas consecuencias en Misiones

Fecha de Publicación: 03/07/2026
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


Crearon el Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), que centralizará todas las infracciones en materia ambiental de la provincia y restringirá el acceso a habilitaciones, subsidios, créditos y otros beneficios para quienes incumplan la normativa.
El Ministerio de Ecología de Misiones creó el Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), una herramienta que permitirá centralizar toda la información vinculada a infracciones ambientales cometidas en la provincia, identificar reincidencias y fortalecer los mecanismos de control. También incorpora la emisión del Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales (CAIA), que será obligatorio para realizar trámites ante la cartera.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 182, con fecha del 5 de junio de 2026 y publicada este martes en el Boletín Digital de Misiones.
La resolución fundamenta la creación del RePIA en la necesidad de contar con una herramienta administrativa que permita mejorar la trazabilidad de las infracciones, unificar criterios sancionatorios y reforzar el control sobre quienes reinciden en conductas que afectan al ambiente.
El registro funcionará bajo la órbita de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Ecología y trabajará de manera coordinada con el Registro Nacional de Infractores previsto por la Ley Nacional Nº 26.331 de Bosques Nativos.
Entre sus principales objetivos se encuentran registrar las sanciones ambientales, contabilizar reincidencias, unificar los registros existentes dentro del Ministerio, facilitar el intercambio de información con otros organismos y emitir el Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales (CAIA).

Qué infracciones serán incorporadas
El RePIA reunirá información sobre todos los expedientes administrativos vinculados a incumplimientos de la legislación ambiental nacional y provincial, sin importar la gravedad de la infracción.
Entre las materias alcanzadas se incluyen infracciones relacionadas con:
    actividad acuícola y pesca;
    áreas naturales protegidas;
    bosques nativos y tierras forestales;
    evaluaciones de impacto ambiental;
    manejo del fuego y quemas;
    monumentos naturales;
    protección de la fauna silvestre;
    recursos hídricos y humedales;
    residuos;
    conservación de suelos;
    productos fitosanitarios y domisanitarios.
También quedarán registradas las sanciones impuestas, su estado de cumplimiento y los antecedentes por reincidencia.
Cada inscripción deberá incluir datos del expediente administrativo, la autoridad competente, la identificación del infractor —persona física o jurídica—, domicilio, normativa vulnerada, descripción de la infracción, resolución sancionatoria, tipo de sanción, monto de las multas, medidas de remediación ambiental impuestas, estado de cumplimiento y antecedentes de reincidencia.
La información deberá incorporarse dentro de los quince días posteriores al dictado del acto administrativo correspondiente.

Restricciones para los infractores
Uno de los aspectos centrales de la reglamentación es que la inscripción en el RePIA generará consecuencias administrativas mientras permanezca vigente.
Quienes figuren en el registro no podrán: obtener nuevas autorizaciones, permisos, habilitaciones o concesiones emitidas por el Ministerio de Ecología; acceder a programas de asistencia, subsidios o beneficios administrados por el organismo; gestionar líneas de crédito de organismos públicos provinciales vinculadas a cuestiones ambientales; mantener vigentes determinadas autorizaciones ambientales, que podrán ser suspendidas; acceder a incentivos fiscales vinculados al área ambiental; integrar comisiones o mesas de consulta ambiental; obtener autorizaciones para investigaciones, actividades turísticas, recreativas o culturales dentro de áreas naturales protegidas; inscribirse o permanecer en el Registro Provincial de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental. No obstante, la autoridad de aplicación podrá disponer excepciones cuando existan razones de interés público debidamente fundamentadas.
La permanencia en el RePIA dependerá del cumplimiento de las sanciones. La resolución establece que: las sanciones cumplidas permanecerán registradas durante tres años; quienes cancelen una multa mediante convenio de pago permanecerán registrados tres años desde la cancelación total; las sanciones incumplidas seguirán registradas hasta que sean efectivamente cumplidas; en caso de reincidencia, la permanencia en el registro será de cuatro años.
Una vez acreditado el cumplimiento de todas las sanciones y de las medidas de remediación ambiental impuestas, el infractor podrá solicitar la suspensión de los efectos de la inscripción, aunque el antecedente continuará registrado hasta el vencimiento del plazo establecido.

El certificado será obligatorio para realizar trámites
La reglamentación también crea el Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales (CAIA), documento oficial que informará la situación de personas y empresas frente al RePIA. Su presentación será un requisito obligatorio para iniciar cualquier trámite, expediente, permiso o autorización ante el Ministerio de Ecología.
El certificado tendrá una vigencia de seis meses y será considerado un documento público, por lo que cualquier adulteración dará lugar a las acciones legales correspondientes.
El Ministerio estableció que el RePIA tendrá carácter público, en línea con las leyes nacionales de acceso a la información pública y acceso a la información ambiental. No obstante, la difusión de los datos deberá respetar la normativa vigente en materia de protección de datos personales y sensibles.
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Estudian pequeños organismos para detectar contaminación en lagunas en Corrientes

Fecha de Publicación: 03/07/2026
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


Desarrollan una herramienta capaz de detectar los principales contaminantes y evaluar la salud de los humedales de manera rápida y económica.
Cesar Obregón, becario de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Unne, estudia los pequeños animales que viven entre las plantas acuáticas de las lagunas correntinas para determinar si su presencia, ausencia o composición permite identificar el deterioro producido por efluentes domésticos, industriales y el avance urbano sobre los humedales. Bajo la dirección de la doctora Luciana Gallardo, una investigadora del Cecoal-Unne trabaja con muestras de seis lagunas de la provincia para desarrollar indicadores biológicos que permitan evaluar la integridad biológica de los humedales de la región.
Una comunidad de organismos, que no son visibles a simple vista, pero son un registro del estado en el que se encuentran las aguas de las lagunas de la provincia de Corrientes. Se trata de invertebrados acuáticos de tamaño mayor a un milímetro: larvas de insectos, gusanos, caracoles y otros animales sin columna vertebral que viven asociados a la vegetación acuática presente en las lagunas de nuestra región.
Gracias a una Beca de Estímulo a la Investigación de Tipo I de la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Unne, un becario estudia estos invertebrados con el objetivo de desarrollar herramientas que permitan saber, con rapidez y bajo costo, si una laguna está contaminada o se encuentra en buen estado.
El licenciado en Ciencias Biológicas Cesar Obregón lleva adelante esta investigación bajo la dirección de la doctora Luciana Irene Gallardo, del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (Cecoal), el trabajo apunta a generar información que hoy no existe en la región: una forma de medir la salud de las lagunas de Corrientes a partir de los organismos que viven asociados a las plantas acuáticas.
Hasta el momento, los procedimientos disponibles para determinar si un cuerpo de agua está contaminado consisten principalmente en medir la presencia de ciertas sustancias en el agua. Pero ese tipo de análisis solo da una fotografía del momento. Los animales pequeños que viven en el agua, en cambio, acumulan en su composición y en su comportamiento la historia de las condiciones del lugar durante semanas o meses. Por eso, desde los años noventa, organismos internacionales de referencia en calidad del agua comenzaron a incorporar procedimientos basados en estos seres vivos como parte de sus estándares de evaluación.
Lo que el licenciado Obregón busca construir es un conjunto de medidas concretas, basadas en la cantidad, variedad y tipos de alimentación de estos animales, que permitan comparar lagunas en buen estado con lagunas afectadas por la presencia humana, y así detectar deterioro o recuperación ambiental.
El trabajo incluye también el análisis de las propiedades físicas y químicas del agua —como la transparencia, el nivel de oxígeno, la acidez y la cantidad de sustancias como el nitrógeno y el fósforo— en cada una de las lagunas estudiadas.

Medidas y cambios de propiedades
La investigación tiene cuatro objetivos centrales. El primero es calcular distintas medidas de la comunidad de invertebrados acuáticos que viven asociados a las plantas acuáticas con diferentes formas de vida —flotantes libres, sumergidas o arraigadas de hojas flotantes— tanto en lagunas naturales como en lagunas afectadas por la urbanización.
El segundo objetivo es analizar de qué manera los cambios en las propiedades físicas y químicas del agua —como su temperatura, transparencia, acidez o el nivel de nutrientes— afectan a esas comunidades de animales. El tercero objetivo, es determinar qué tipo de planta acuática alberga mayor variedad y cantidad de estos organismos. Finalmente el becario identificará los hábitos de alimentación de los animales más frecuentes y para clasificarlos según lo que comen: si se alimentan de algas, de restos vegetales, de otros animales, etcétera.
Proposiciones a confirmar o descartar. Para orientar el trabajo, Obregón parte de cuatro proposiciones que la investigación deberá confirmar o descartar.
La primera sostiene que en las lagunas más afectadas por la actividad urbana, los invertebrados acuáticos que son sensibles a la contaminación disminuyen en cantidad y variedad, mientras que aquellos que toleran condiciones deterioradas —como ciertos tipos de larvas de mosquito— aumentan.
La segunda afirma que esos cambios en la composición de la comunidad animal se deben a que las especies más exigentes en cuanto a calidad del agua desaparecen, y las más resistentes proliferan en su lugar.
La tercera propone que determinadas alteraciones en las propiedades del agua —como el aumento de la cantidad de nutrientes o la disminución del oxígeno disuelto— generan una reducción tanto en la cantidad total de organismos como en la diversidad de grupos.
La cuarta hipótesis que deberá ser confirmada,  establece que la proporción entre los distintos grupos de animales según su forma de alimentarse difiere entre las lagunas naturales y las afectadas por la urbanización. Es decir, que la contaminación no solo afecta a la cantidad de invertebrados, sino también los grupos que predominan según lo que comen.

Escenario del trabajo
El área de estudio abarca el noroeste y el centro-oeste de la provincia de Corrientes, donde se concentra un sistema de humedales de escala regional. Los ambientes seleccionados pertenecen a dos grandes sistemas: uno de aproximadamente 8.600 kilómetros cuadrados y otro de más de 35.000 kilómetros cuadrados.
El investigador trabaja con seis lagunas en total. Cuatro de ellas están bajo la influencia de actividades urbanas: una recibe los desechos de una industria textil sin ningún tratamiento previo; otra tiene barrios privados y un balneario en sus márgenes; una tercera recibió durante años los efluentes domésticos de barrios cercanos; y la cuarta forma parte de una cuenca donde las lagunas están parcialmente conectadas entre sí. Las dos lagunas restantes, ubicadas en la Reserva Natural Iberá, sirven como punto de referencia por encontrarse en condiciones naturales con escasa influencia antrópica.
Para el estudio se utilizan muestras de invertebrados que ya fueron recolectadas entre 2022 y 2025 durante períodos de menor lluvia, en distintas épocas del año. Estas muestras se obtuvieron con una red de recolección de malla fina y se conservan en el laboratorio del Cecoal. Además, se realizarán nuevas recolecciones durante períodos con más lluvia, para comparar ambas situaciones.
El trabajo incluye también el análisis de las propiedades físicas y químicas del agua —como la transparencia, el nivel de oxígeno, la acidez y la cantidad de sustancias como el nitrógeno y el fósforo— en cada una de las lagunas estudiadas.

Herramienta de diagnóstico
Los resultados de esta investigación apuntan a tener impacto en varios planos. En el científico, se prevé la publicación de trabajos que amplíen el conocimiento sobre cómo los cuerpos de agua de la región responden a la contaminación, con información que puede resultar de utilidad para investigadores de otras zonas con características similares.
En el plano de la gestión pública y el monitoreo ambiental, el trabajo busca construir una herramienta de diagnóstico que permita evaluar el estado de una laguna de forma rápida y con menores recursos que los métodos convencionales. Esta herramienta podría aplicarse en distintos ambientes acuáticos de la región y de otras zonas con condiciones parecidas.
En el plano educativo y comunitario, se planea producir materiales de difusión para distintos ámbitos —escolares y no escolares— y organizar charlas y talleres en los que se muestren, con ejemplos concretos, las diferencias entre los organismos de una laguna limpia y los de una laguna contaminada. También está prevista la elaboración de una guía de estos animales acuáticos como indicadores del estado de los humedales urbanos de la región.
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Asumió en 2025: renunció el subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom

Fecha de Publicación: 02/07/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Brom estuvo poco más de un año en el cargo; desde el Gobierno reconocieron que no querían que permaneciera por comentarios públicos y descuidos en la administración
Fernando Brom dejó de ser subsecretario de Ambiente de la Nación. La presentación de su renuncia había sido ofrecida por el propio exfuncionario el viernes pasado. El documento circuló todo el fin de semana, aunque no se sabía si sería firmado, en medio de la crisis que vivía la cúpula de gobierno.
De acuerdo con fuentes cercanas a la cartera, desde fines del año pasado se había planteado la salida de Brom, aunque el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidió no ejecutar la orden. Hoy se confirmó su salida en el Boletín Oficial.
Todavía no se sabe quién será nombrado para encabezar la cartera ambiental. Tampoco se sabe si la dirección de la política climática seguirá caminando hacia una marginación cada vez más grande en la agenda pública nacional. Desde Jefatura de Gabinete dijeron no tener todavía candidatos en la mesa.
Brom fue el segundo en encabezar la cartera de Ambiente. Los vínculos que lo posicionaron en el cargo forman parte del ala moderada del Gobierno. Llegó de la mano de Guillermo Francos tras la renuncia de la exsubsecretaria Ana Vidal de Lamas, que dijo sufrir agotamiento. Ella mantenía la misma política de reducción estatal y ajuste que después continuó su sucesor.
Impulsó una gran cantidad de ajustes dentro de la estructura estatal, además de apoyar polémicas reformas en la legislación ambiental vigente. Una de las medidas más recientes fue la disolución de la Dirección de Cambio Climático. Una dependencia sostenida en su mayoría por fondos internacionales que fue eliminada del organigrama hace unos meses, algo que fue comunicado a través del Boletín Oficial el 22 de abril pasado. Hoy en día quedan dos direcciones activas dentro de la subsecretaría.
Desde el inicio de la administración libertaria la subsecretaría funciona despojada de su estatus ministerial anterior y de más del 70% de su presupuesto, proveniente del Tesoro, en un terreno federal con intereses variopintos y como parte de uno de los gobiernos más negacionistas del cambio climático a nivel mundial.
En ese contexto, la gestión de Brom enfrentó la difícil tarea de mostrar resultados sin avivar el escozor libertario sobre esta agenda. Poco después de asumir, él afirmó en entrevista con LA NACION que estaban trabajando “más que nunca”. También planteó que estaba en contra de “ideologizar al ambiente”, refiriéndose a vincular los problemas ambientales con pobreza y cuestiones de género.
En el marco de las recientes reformas ambientales, Brom se mostró alineado completamente con el oficialismo durante la reforma a la Ley de Glaciares, en la que manifestó su apoyo público durante las sesiones informativas previas a su tratamiento. A pesar de esto, dentro del Gobierno, Brom había sido criticado por sus escasas apariciones públicas en medios de comunicación.

Incumplimiento de compromisos climáticos
A pesar de haberla elaborado, durante la administración de Brom no se publicó la actualización de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) el año pasado. Este es un documento que todos los países miembros de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático debían entregar este año y que expresa sus ambiciones de acción frente a la crisis climática.
La actualización de las NDC había sido elaborada durante estos dos años por técnicos de la Subsecretaría de Ambiente y financiada con fondos internacionales. Aunque el documento está terminado, el Gobierno aún no lo presentó ante Naciones Unidas. Según informaron dos funcionarios vinculados al proceso, “permanece en Cancillería” para su revisión final.
Brom planeaba entregar este documento acompañado de una presentación pública en Brasil el año pasado; sin embargo, nada de eso ocurrió. Uno de los principales esfuerzos de su gestión fue precisamente acompañar la elaboración y aprobación de las nuevas NDC, pese a la reducción del personal y al rol cada vez más marginal que ocupa la política ambiental en la actual administración.
Adelante hay dos conferencias de Naciones Unidas con gran relevancia internacional: La COP 31 sobre cambio climático y la COP 17 de Diversidad Biológica. Hasta el momento no se sabe si desde Ambiente enviarán técnicos, y si desde Cancillería habrá representación política.
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Condenan a un senador nacional por desmonte ilegal: deberá pagar más de 100 millones

Fecha de Publicación: 02/07/2026
Fuente: Portal LaTecla
Provincia/Región: Formosa


Se trata de Francisco Paoltroni, enemistado con Villarruel. La Cámara formoseña confirmó un fallo que lo obliga a pagar una voluminosa multa por daños ambientales. Había intentado no pagar por ser legislador.
El senador nacional Francisco Paoltroni, de extracción libertaria pero distanciado de la vicepresidenta Victoria Villarruel, fue condenado y deberá pagar una multa de más de 100 millones de pesos por daños ambientales en la provincia de Formosa, de donde es oriundo.
Paoltroni había recurrido el fallo de primera instancia que le imponía ese castigo económico y presentó varios argumentos para no pagar, entre ellos la inmunidad parlamentaria. Pero la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial formoseña ratificó la decisión de primera instancia y arguyó que el hecho de ser legislador nacional no es obstáculo para la ejecución de la multa.
La sanción le fue impuesta al senador por el Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia norteña, por operaciones de desmonte ilegal en establecimientos rurales de su propiedad.
Paoltroni enfrenta además otros reclamos judiciales, vinculados a cheques rechazados, y fue objeto de una investigación tras un allanamiento de la Gendarmería Nacional que detectó un camión cargado de cigarrillos por un valor millonario.
El gobierno formoseño quedó así habilitado para continuar con el procedimiento de ejecución para cobrar la multa impuesta al senador nacional.
El legislador y empresario mantuvo un fuerte cruce con la vicepresidenta Villarruel, al mismo tiempo titular del Senado, cuando presentó un proyecto para intervenir la Provincia, que naufragó por falta de consenso en el propio oficialismo para su tratamiento sobre tablas.
“Las caretas se van cayendo”, dijo entonces Paoltroni, acusando a la vice de actuar en connivencia con el gobierno de Gildo Insfrán en Formosa. El senador dijo más de una vez que Insfrán lo somete a una persecución.
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Bahía San Antonio: los residuos de una mina cerrada hace 40 años siguen filtrándose en el mar patagónico

Fecha de Publicación: 01/07/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Río Negro


Un análisis que cruzó 25 años de datos científicos confirmó que el plomo, el cobre y el zinc de la vieja fundición se mantienen activos en el ecosistema. Qué descubrieron sobre el impacto en la fauna local.
La minería dejó de operar en Bahía San Antonio hace más de cuatro décadas, pero el impacto de sus desechos todavía se siente. Las escorias de fundición y los residuos químicos que quedaron abandonados a la intemperie continúan liberando metales pesados hacia las marismas y el agua de mar, afectando a las especies locales.
La Bahía de San Antonio es un Área Natural Protegida ubicada en el Golfo San Matías (Patagonia, Argentina). Famosa por sus extensas playas, aguas cristalinas y un ecosistema marino único, abarca localidades como San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto San Antonio Este.
Esta es una de las conclusiones centrales de una revisión científica realizada por investigadoras del CONICET, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. El equipo analizó 33 estudios de campo publicados entre 2000 y 2025 para armar el primer panorama integral sobre la contaminación metálica en la costa atlántica patagónica. Los resultados se publicaron en la revista especializada Environmental Research.

El circuito de la contaminación en la bahía
El estudio determinó que Bahía San Antonio es el único punto de toda la costa patagónica con una presencia crítica de metales de origen puramente industrial. Cada vez que llueve, el agua arrastra los componentes de los residuos mineros (es decir, el drenaje ácido) hacia las zonas bajas del ecosistema marino.
Como estos contaminantes (plomo, cobre y zinc) están en formas químicas inestables, los organismos de la zona los absorben con mucha facilidad. Las mediciones en la fauna costera muestran datos concretos:
- Cangrejos: registraron concentraciones de plomo de entre 10 y 13,2 microgramos por gramo de tejido, niveles vinculados de forma directa a la vieja fundición.
- Mejillones y vegetación: también muestran acumulación de estos metales. Si bien las plantas de las marismas retienen parte del plomo en sus raíces ayudando a frenar su avance, las autoras aclaran que este proceso natural no soluciona el problema de fondo ni reemplaza la necesidad de una remediación ambiental efectiva.

Desmitificando el daño de los metales
El trabajo también sirvió para separar los factores humanos de los naturales y derribar una creencia común en la biología costera: la idea de que a mayor cantidad de metal acumulado en un organismo, mayor es el daño biológico inmediato.
El trabajo, realizado por investigadoras del CONICET, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Universidad de Buenos Aires, analizó 33 estudios publicados entre 2000 y 2025 para construir el primer panorama integral sobre la presencia de metales en organismos marinos que habitan desde el Golfo San Matías hasta el Canal Beagle.
Al analizar los biomarcadores de estrés oxidativo -los indicadores bioquímicos que alertan sobre el daño en las células-, las investigadoras descubrieron que estos niveles no siempre subían ante concentraciones más altas de metal. Esto demuestra que la toxicidad real depende de múltiples factores ambientales y biológicos, y no solo de la dosis acumulada.
Por otra parte, el estudio identificó otros metales en la Patagonia que no tienen que ver con la mina:
- Cadmio: aparece en toda la cadena alimentaria, pero su origen es natural. Las corrientes provenientes de la Antártida transportan este metal disuelto, que luego es absorbido por el fitoplancton y transferido a organismos ubicados en niveles superiores de la red alimentaria.
- Mercurio: se detectó en niveles elevados en el hígado de mamíferos marinos como delfines y ballenas, un fenómeno ligado a su edad, dieta y posición al tope de la cadena alimentaria.

Unificar los datos para poder actuar
El mayor obstáculo que encontraron las científicas al revisar estos 25 años de evidencia es la falta de un criterio unificado. Los laboratorios utilizaron metodologías y formas de muestreo muy distintas a lo largo de las décadas, lo que vuelve muy difícil comparar con precisión cómo evoluciona la contaminación en el tiempo.
Hoy faltan análisis continuos en el agua de mar y un seguimiento de cómo se transfieren los metales entre especies. Por eso, el estudio concluye con una recomendación clave: instalar estaciones permanentes de monitoreo en Bahía San Antonio y unificar los protocolos de medición. Solo con datos estables y continuos se podrá gestionar el pasivo ambiental de una de las regiones costeras más importantes del país.
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Liberaron por primera vez un yaguarundí con collar de rastreo satelital en Córdoba

Fecha de Publicación: 01/07/2026
Fuente: Portal InfoMerlo
Provincia/Región: Córdoba


El felino fue rescatado cuando tenía apenas un mes y medio de vida y, tras un año de rehabilitación en el Parque de la Biodiversidad, regresó a su hábitat natural en Altos de Chipión. El collar permitirá monitorear sus movimientos y obtener información clave para la conservación de la especie. 
La provincia de Córdoba marcó un hito en materia de conservación de fauna silvestre con la liberación de un yaguarundí equipado con un collar de rastreo satelital, una experiencia inédita que permitirá estudiar el comportamiento de esta especie en libertad y fortalecer futuras estrategias de protección.
El ejemplar había sido rescatado en agosto de 2025 por la Policía Ambiental, cuando tenía apenas un mes y medio de vida y fue encontrado sin su madre en la localidad de Villa Concepción del Tío. Desde entonces, permaneció bajo cuidado del equipo técnico del Parque de la Biodiversidad, donde atravesó un proceso de rehabilitación diseñado para minimizar el contacto con las personas y favorecer el desarrollo de conductas propias de la vida silvestre.
Tras recibir el alta, el felino fue liberado en un sector de Altos de Chipión, en el departamento San Justo, considerado apto para su reinserción. Antes de regresar a su hábitat natural, se le colocó un collar de rastreo satelital que permitirá seguir sus desplazamientos, conocer cómo utiliza el territorio y obtener información científica sobre la especie.
El monitoreo estará a cargo de especialistas del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA-CONICET) y de la Universidad Nacional de Córdoba, quienes analizarán los datos obtenidos para contribuir al diseño de nuevas acciones de conservación.
Durante la misma jornada también fue liberado un carpincho que había completado exitosamente su proceso de recuperación, en el marco del trabajo que lleva adelante la provincia para rescatar, rehabilitar y reinsertar ejemplares de fauna silvestre en sus ambientes naturales.
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Más de 10 toneladas de basura en playas de Chubut: el estudio que expone el verdadero origen del plástico marino

Fecha de Publicación: 30/06/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Chubut


Un estudio relevó campañas de limpieza en las costas de Chubut: en menos de un año se removieron más de diez toneladas de residuos plásticos, en su mayoría de origen pesquero. Pero la investigación advierte que, sin una gestión integral a bordo y en los puertos, limpiar la playa no ataca la raíz del problema.
Caminar por algunas playas de Chubut significa pisar arena mezclada con microplásticos y esquivar botellas, guantes y restos de redes de pesca. Más de diez toneladas de residuos fueron retiradas de las costas chubutenses en menos de un año, un dato que refleja la magnitud de un problema que dejó de ser una postal aislada para convertirse en un desafío estructural, asociado al crecimiento de las ciudades y, sobre todo, a una industria pesquera que mueve grandes volúmenes de merluza y langostino.
Un estudio realizado en las costas de Chubut retiró más de diez toneladas de residuos plásticos y concluyó que las limpiezas son indispensables, pero insuficientes si no se reduce la contaminación generada por la actividad pesquera y la gestión de residuos.
El plástico marino no es solo un asunto estético. Estos materiales se acumulan durante décadas, afectan a la fauna y a los ecosistemas, e impactan en el turismo, la navegación y la propia pesca. Cuando se fragmentan, además, ingresan en la cadena trófica en forma de microplásticos y terminan representando un riesgo para la salud humana. Es un problema global que en la Patagonia tiene una firma local muy clara.
Frente a ese panorama, un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) y el Proyecto MaRes analizó campañas de limpieza en playas contaminadas del litoral chubutense. El trabajo, con el que Maile Taboada se graduó en la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA, fue dirigido por Diego González Zeballos, investigador del CONICET, y María Semmartin, docente de esa facultad. Su conclusión central es tan valiosa como incómoda: limpiar es necesario, pero no suficiente.

El plástico que llega del mar y de los barcos
Buena parte del estudio, publicado por la divulgación científica de la FAUBA (Sobre la Tierra), consistió en medir qué se acumula y qué se logra retirar en dos playas muy distintas entre sí. En La Galesa, cercana al puerto y a la ciudad de Rawson, dos jornadas con 48 voluntarios permitieron recolectar 70 kilos de residuos en 500 metros y 75 kilos en un kilómetro de costa. Lo que más aparecía eran botellas PET y los guantes amarillos de uso diario en la actividad pesquera, que por su composición hoy no se reciclan.
El contraste con la otra playa relevada es revelador. En Cormoranes, dentro del Área Natural Protegida Península Valdés y lejos de los centros urbanos, dos campañas con 42 participantes retiraron 10.000 kilos en diez kilómetros de costa y, más tarde, otros 1.800. Allí dominaban los cajones de barcos pesqueros, las sogas y las botellas. Que una playa alejada de toda ciudad concentre semejante volumen confirma que gran parte de esos residuos no se generan en la costa: llegan desde el mar.
Esa distinción es clave para entender el origen del problema. Según la investigación, los residuos plásticos terminan en el agua y en las playas por la escasa prevención, regulación y gestión de los desechos, tanto a bordo de los barcos como en los puertos. La cita que sintetiza la magnitud pertenece a la propia autora: "Se estima que cerca del 85% de los residuos que encontramos en el mar y en las costas corresponde a materiales plásticos", afirmó Taboada. Limpiar la arena, entonces, es atacar el final de una cadena que empieza mucho antes.

De limpiar playas a evitar que el plástico llegue al mar
Las campañas de limpieza siguen siendo una herramienta indispensable porque recuperan ambientes costeros, protegen la biodiversidad y generan información útil para conocer la magnitud del problema. Sin embargo, el estudio concluye que por sí solas no alcanzan: la solución pasa por prevenir que los residuos lleguen al mar mediante una mejor gestión en los barcos, los puertos y las ciudades.
En las últimas décadas, la Patagonia avanzó hacia una mayor coordinación entre científicos, organismos públicos, ONG y empresas vinculadas a la pesca. Hoy más de veinte instituciones trabajan de manera conjunta para mejorar la gestión de los plásticos, mientras que iniciativas como el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y las mesas multisectoriales impulsan estrategias de economía circular y reciclaje.
La investigación propone consolidar ese camino con medidas concretas: fortalecer la infraestructura portuaria, mejorar la trazabilidad y el reciclado de los materiales utilizados por la flota pesquera y unificar protocolos para medir la contaminación. El mensaje final es claro: el verdadero desafío ya no es solo limpiar las playas, sino impedir que el plástico llegue a ellas.
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Prohibieron los loteos en las zonas incendiadas de Cafayate

Fecha de Publicación: 30/06/2026
Fuente: Portal QuePasaSalta
Provincia/Región: Salta


Luego del incendio forestal que puso en alerta a toda la provincia y arrasó importantes sectores de bosque nativo en Cafayate, la intendenta Rita Guevara firmó una resolución para impedir loteos, urbanizaciones y cambios en el uso del suelo de las zonas afectadas.
El incendio forestal registrado durante las últimas semanas en Cafayate no solo movilizó a brigadistas, bomberos y organismos de emergencia de toda la provincia, sino que también abrió un fuerte debate sobre el futuro de las tierras alcanzadas por el fuego.
En ese contexto, la intendenta Rita Guevara tomó una decisión que busca proteger los sectores afectados y evitar cualquier aprovechamiento económico de los terrenos incendiados.
A través de la Resolución Municipal Nº 179/26, el municipio prohibió autorizar loteos, urbanizaciones, emprendimientos inmobiliarios y modificaciones en el uso del suelo dentro de las áreas alcanzadas por el incendio.

Buscan evitar negocios sobre terrenos incendiados
La medida fue adoptada mientras la Justicia continúa investigando el origen del fuego y analiza si los incendios pudieron haber sido provocados de manera intencional.
El objetivo es impedir que un eventual delito ambiental termine beneficiando a quienes pretendan desarrollar proyectos inmobiliarios sobre superficies degradadas por las llamas.
La resolución también ordena a todas las áreas municipales vinculadas al planeamiento urbano, catastro, ambiente, obras públicas y habilitaciones abstenerse de otorgar permisos que contradigan las restricciones establecidas por la legislación nacional.

Crearán un registro especial
Otro de los puntos importantes de la normativa es la creación de un Registro Municipal de Áreas Afectadas por Incendios Forestales.
Este registro permitirá identificar, delimitar y proteger cada uno de los sectores dañados, además de solicitar a organismos provinciales y nacionales la georreferenciación técnica de las superficies alcanzadas por el fuego.

Proteger los bosques nativos
En los fundamentos de la resolución, la intendenta remarcó que la preservación de los bosques nativos constituye una política pública prioritaria por su importancia ambiental, turística, paisajística y económica para Cafayate.
También recordó que la Constitución Nacional establece el derecho de toda la población a vivir en un ambiente sano y obliga al Estado a preservar el patrimonio natural.

La investigación sigue abierta
Mientras avanza la causa judicial para determinar qué provocó el incendio, la decisión del municipio busca garantizar que las tierras afectadas sean recuperadas ambientalmente y no puedan destinarse a desarrollos inmobiliarios mientras continúen vigentes las restricciones previstas por la Ley Nacional de Manejo del Fuego.
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Mendoza avanza con Sierra Pintada para volver a producir minería de uranio en el país

Fecha de Publicación: 29/06/2026
Fuente: Portal LetraP
Provincia/Región: Mendoza


El saneamiento ambiental se activa con apoyo de la Nación y la provincia. La meta es recuperar el abastecimiento del ciclo nuclear y atraer inversiones.
Mendoza dio un nuevo paso para reactivar la producción de uranio en Argentina con el avance de la remediación ambiental del complejo Sierra Pintada. El proyecto apunta a recuperar un recurso estratégico para el ciclo nuclear y volver a poner en marcha una actividad paralizada desde hace más de tres décadas.
El plan, que involucra a organismos nacionales, la provincia, la Comisión Nacional de Energía Atónica (CNEA), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y universidades, busca completar el saneamiento del histórico yacimiento de San Rafael como condición para una futura reapertura. El renovado interés mundial por la energía nuclear vuelve a colocar al uranio argentino en el radar de las inversiones y de la política energética.
Una muestra de la relevancia que adquirió el proyecto fue la recorrida oficial encabezada por el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, junto a la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre; la subsecretaria de Políticas Nucleares, Ayelén Giomi; autoridades de la CNEA y de la ARN, representantes académicos y directivos del sector.
"El mundo vuelve a mirar a la energía nuclear y Argentina tiene todo para aprovechar ese momento", afirmó Ramos Napoli durante la visita. Según el funcionario, la recuperación de Sierra Pintada forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la autonomía del país en la provisión de insumos críticos para el desarrollo nuclear.

Sierra Pintada, un activo estratégico
Considerado el mayor yacimiento de uranio conocido de la Argentina, Sierra Pintada produjo alrededor de 1600 toneladas entre 1975 y 1997, volumen equivalente a cerca del 20% de los recursos estimados del complejo. La actividad se interrumpió en la década de 1990 por la caída de los precios internacionales del mineral, que volvió inviable su explotación.
El escenario actual es distinto. El aumento de la demanda energética, la búsqueda de fuentes de bajas emisiones y la expansión de los programas nucleares en distintos países devolvieron protagonismo al uranio como recurso estratégico.
En ese contexto, recuperar la producción local adquiere una dimensión económica y geopolítica. Además de reducir la dependencia de importaciones, permitiría fortalecer la cadena de valor de la industria nuclear y abrir oportunidades para nuevas inversiones en exploración, procesamiento y provisión de insumos.
"La minería de uranio puede impulsar cadenas de valor estratégicas para la Argentina", sostuvo Ramos Napoli, quien remarcó la necesidad de construir consensos sociales que acompañen el desarrollo de la actividad.

Avanza la remediación ambiental
La prioridad del proyecto continúa siendo la remediación integral de los pasivos ambientales acumulados durante décadas de explotación. Las tareas incluyen el tratamiento de aguas de cantera, la gestión de residuos sólidos y la adecuación de infraestructura crítica bajo estrictos estándares regulatorios.
Giomi destacó que la obtención de la licencia de parada prolongada otorgada por la ARN representó un hito para garantizar la continuidad de las tareas de saneamiento.
"Para nosotros, el sistema de gestión y el cumplimiento regulatorio son aspectos fundamentales para garantizar la seguridad y la transparencia de todo el proceso", señaló la funcionaria.
Desde el plano operativo, la subgerenta del complejo, Vanesa García, explicó que el esquema contempla un tratamiento escalonado del agua proveniente de las canteras. Primero se procesa en la Planta de Uranio para reducir la concentración de contaminantes y luego pasa por la Planta de Radio y Arsénico, donde completa su depuración antes de su disposición final o reutilización controlada.
El proyecto también cuenta con auditorías externas permanentes realizadas por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo. Laura Lucero, integrante del equipo auditor, afirmó que los monitoreos periódicos muestran resultados dentro de los parámetros establecidos por la normativa vigente.

El desafío de la licencia social
Para las autoridades mendocinas, el proceso representa además una oportunidad para demostrar que el desarrollo de recursos estratégicos puede avanzar bajo estándares ambientales rigurosos y con una mayor articulación entre organismos públicos.
La ministra Latorre destacó que las tareas de remediación continúan ejecutándose de manera sostenida y subrayó la coordinación alcanzada entre la Nación y provincia. "Actualmente existe la coordinación que debería haber existido desde siempre", afirmó.
La construcción de la licencia social aparece como uno de los principales desafíos de la próxima etapa. Tanto la provincia como la CNEA trabajan en programas de comunicación y vinculación comunitaria para fortalecer la transparencia y la confianza pública en torno al proyecto.
Más allá del saneamiento ambiental, Sierra Pintada representa para el Gobierno una oportunidad para recuperar capacidades estratégicas en toda la cadena nuclear. Una eventual reactivación del complejo permitiría volver a producir uranio en el país, fortalecer el abastecimiento interno y ampliar la participación argentina en los mercados internacionales vinculados al sector.
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Multa por incendiar un humedal: sancionan a propietarios rurales por una quema ilegal en Entre Ríos

Fecha de Publicación: 29/06/2026
Fuente: Portal EconomíaSustentable
Provincia/Región: Entre Ríos


La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos aplicó una multa de $496.140 a los propietarios de un campo del departamento Victoria por realizar una quema no autorizada sobre tres hectáreas de humedales. La infracción volvió a poner el foco en el impacto ambiental del uso ilegal del fuego sobre uno de los ecosistemas más frágiles del país. 
La utilización ilegal del fuego en los humedales volvió a quedar bajo la lupa. La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos sancionó a los propietarios de un establecimiento rural del departamento Victoria con una multa de $496.140 por haber realizado una quema no autorizada sobre tres hectáreas de vegetación seca en un ambiente de humedal.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 339/2026, luego de un procedimiento iniciado a partir de una inspección realizada por personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego el 4 de diciembre de 2022.
Durante el patrullaje, los inspectores constataron que el incendio se desarrollaba sin autorización de la autoridad competente y sin personas encargadas de controlar el avance de las llamas o realizar tareas de extinción.
Las actuaciones incluyeron un relevamiento fotográfico y un informe técnico que confirmó que, si bien el fuego no provocó daños a viviendas ni puso en riesgo a personas, sí ocasionó un impacto ambiental significativo al afectar un ecosistema de humedales.

Quema ilegal en humedales: cómo se determinó la multa
Para establecer el monto de la sanción, la Secretaría de Ambiente aplicó los criterios previstos por la legislación vigente en materia de manejo del fuego.
Entre los factores considerados se incluyeron la ausencia de control sobre el incendio, el riesgo potencial generado por la quema, la inexistencia de daños a personas y bienes, el elevado impacto ambiental por tratarse de un humedal y la falta de antecedentes de los propietarios.
Con esos parámetros, el organismo fijó una multa de $496.140 contra los titulares del establecimiento rural donde se detectó la infracción.

Humedales en riesgo: la ley prohíbe quemas sin autorización
La resolución recuerda que tanto la Ley Provincial Nº 9.868 como las Leyes Nacionales Nº 26.562 y Nº 26.815 prohíben realizar quemas en áreas rurales y forestales sin autorización expresa de la autoridad ambiental.
Además, el expediente señala que los propietarios fueron debidamente notificados para ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, una vez vencidos los plazos legales, no presentaron ningún descargo, por lo que el procedimiento administrativo continuó hasta el dictado de la sanción.
La normativa establece que los infractores deberán abonar la multa dentro de los diez días posteriores a la notificación. No obstante, también podrán solicitar un plan de facilidades de pago, siempre que lo hagan dentro de los cinco días hábiles siguientes.
El caso vuelve a poner en evidencia el impacto que las quemas ilegales tienen sobre los humedales, ecosistemas fundamentales para la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y la mitigación de los efectos del cambio climático, cuya protección continúa siendo uno de los principales desafíos ambientales del país.
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Contaminación ambiental: habrá un nuevo juicio contra Conarpesa

Fecha de Publicación: 27/06/2026
Fuente: Radio Cadena 3 Patagonia
Provincia/Región: Chubut 


Por unanimidad, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut hizo lugar a la impugnación presentada por la Fiscalía y ordenó la realización de un nuevo juicio en la causa por contaminación ambiental vinculada al vertido de efluentes industriales sin tratar al Golfo Nuevo.
La resolución deja sin efecto la absolución que había sido dictada en agosto de 2025 por la jueza Patricia Reyes y dispone que otro tribunal vuelva a analizar la prueba producida durante el proceso judicial.
La causa tiene como imputados a Nadine Parry, responsable ambiental de la Conarpesa, y a Yosef Vargas, jefe de la planta de efluentes de la pesquera. Ambos habían sido absueltos en el juicio oral, una decisión que fue cuestionada por el Ministerio Público Fiscal.
Tras conocerse el veredicto absolutorio, la Fiscalía anunció que recurriría la sentencia ante el Superior Tribunal de Justicia, al considerar que existían elementos suficientes para una revisión de la resolución.
Durante el debate oral, los fiscales habían solicitado penas de prisión de cumplimiento efectivo de 3 años y 6 meses para Parry y de 3 años y 3 meses para Vargas, al atribuirles responsabilidad en la contaminación ambiental ocasionada por el vertido de líquidos contaminantes al mar.
Por su parte, las defensas particulares sostuvieron que no existían pruebas concluyentes para una condena y reclamaron la absolución de los acusados bajo el principio del beneficio de la duda.
Con la decisión adoptada por el máximo tribunal provincial, la causa deberá ser nuevamente juzgada por un tribunal diferente, que tendrá la tarea de evaluar las pruebas y determinar si corresponde o no la responsabilidad penal de los imputados.
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A Tribunales por la contaminación

Fecha de Publicación: 27/06/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


Junto a vecinos y organizaciones sociales, el concejal pidió que se investigue el vertido de efluentes en el arroyo Ludueña.
Junto a organizaciones sociales, ambientales, vecinas y vecinos de Fisherton, el concejal Julián Ferrero presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación por contaminación en el Arroyo Ludueña. La misma llega luego de “reiterados episodios de contaminación documentados en la zona noroeste”, y -según se indicó- apunta a que se investigue el origen de posibles descargas contaminantes detectadas en un sector crítico de la cuenca.
La presentación del edil que preside la comisión de Ecología del Concejo llega luego de varios reclamos de vecinos que vienen advirtiendo cambios en el color del agua, espuma y olores nauseabundos. El planteo se apoya además en un “exhaustivo relevamiento” del concejal junto a la ciudadanía, en relación a “imágenes aéreas y un informe técnico que detectó indicadores compatibles con vertidos de efluentes, además de los antecedentes que dan cuenta de un deterioro sostenido de la calidad del agua”.
Ferrero indicó que “la información disponible muestra que no estamos frente a un episodio aislado. Estamos frente a un patrón de contaminación que se repite: todos los días, en el mismo lugar y a la misma hora. Hay antecedentes, denuncias vecinales, monitoreos previos y ahora evidencia técnica que justifica una investigación para saber qué está pasando y quiénes son los responsables”, señaló Ferrero.
El edil agregó que la presentación judicial se da luego de reclamos ante organismos provinciales y municipales. Según indicó, “en marzo le exigimos a la Municipalidad, a través del Decreto N° 69.043, que inspeccione el sector en cuestión y controle el vertido de efluentes de esos barrios para identificar a los responsables. Aún no recibimos ninguna respuesta”.
Según el informe, la situación no muestra señales de mejora sostenida, en relación a contaminación orgánica, presencia de bacterias y otros indicadores de deterioro ambiental.
En ese sentido, el edil sostuvo que se va a la Justicia “para investigar los hechos, para que sea la justicia la que pueda impulsar un proceso de investigación que dé con los responsables”.
La presentación, apunta a que se investiguen “actos de contaminación ambiental con residuos peligrosos en el Arroyo Ludueña, más precisamente en el tramo de la cuenca comprendido entre Autopista Ruta Nacional 9 Rosario-Córdoba y avenida Jorge Newbery”.
El escrito sostiene que “por la naturaleza de la materia ambiental en juego y, en virtud de los principios precautorios y de prevención, deben ordenarse pruebas que en forma inmediata hagan cesar el daño que venimos a poner en conocimiento”.
Al describir los hechos, la denuncia presentada con patrocinio de las abogadas Gabriela Durruty y Jésica Pellegrini, plantea: “Hace años recibimos denuncias de vecinos y vecinas de la zona noroeste, respecto a olores nauseabundos, líquidos espumosos, aguas turbias, blanquecinas y verdosas. En 2024 éstas se originaron a partir de episodios que ocurrían en el sector del arroyo lindante con las calles Schweitzer y Bello, aparentemente contaminantes del Arroyo Ludueña. Los mismos dan cuenta de la presencia de efluentes cloacales en un conducto pluvial a cielo abierto que representa a simple vista un riesgo sanitario para la población”.
En la misma línea, indica que desde diciembre de 2025, en las intersecciones del arroyo con calle Ingeniero León Miglierini y calle República los vecinos advierten aguas residuales vertidas “sin su respectivo tratamiento”. Este episodio, según el testimonio de los denunciantes, “se presenta cotidianamente, en el mismo sector y franja horaria. Estaría vinculado a un aparente conducto pluvial que descarga en el cuerpo de agua, específicamente en las inmediaciones del barrio privado Los Pasos de Jockey, a 350 metros aproximadamente de la estación elevadora de Aguas Santafesinas”.
Al respecto, el escrito sostiene que “estas circunstancias, que resultan evidentes para el ojo humano, llevaron a vecinos y vecinas a pensar que era probable que existiera un daño ambiental mayor aún al que resulta visible”. Así, “en defensa de la salud pública, vecinos y vecinas se organizaron para investigar en la medida de lo posible las causas del daño ambiental que observaban”. Por ello, reunieron material fotográfico y archivos de video para probar la situación”. Ese material fue adjuntado en la presentación.
Además, expresa que el 14 de febrero pasado se realizó un relevamiento aéreo del sector, donde “se identifica el daño ambiental y el posible desagüe que descarga en el arroyo”.
Ante ese estado de situación, solicitaron al Centro de Ingeniería Sanitaria de la UNR, “la toma de muestras y elaboración de un análisis bacteriológico y fisicoquímico del agua superficial”, que también sumaron a la presentación judicial. “De acuerdo a la interpretación técnica de los parámetros arrojados por el análisis del agua, en la muestra se identificó: alta carga orgánica, reducida cantidad de oxígeno disuelto, elevada demanda bioquímica de oxígeno, presencia de bacterias indicadoras de contaminación fecal, y un alto nivel de conductividad eléctrica, propia de la concentración de sales”.
Edgardo Orellano, uno de los vecinos y referente de la Organización Civil Bocacha Orellano, dijo en LT8 que “hace dos, tres años que le venimos diciendo a la provincia y al municipio, llevándole fotos, videos y pruebas, no nos llevan el apunte, por lo tanto se decidió hacer una denuncia penal”.
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Pergamino: la Justicia absolvió a los productores, condenó a exfuncinarios y apuntó al municipio por los agroquímicos

Fecha de Publicación: 26/06/2026
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia pidió investigar al entorno del intendente Javier Martínez y mantuvo la cautelar que restringe las fumigaciones.
La Justicia Federal dictó sentencia en el histórico juicio por fumigaciones con agroquímicos en Pergamino y resolvió absolver a todos los productores rurales, al ingeniero agrónomo y al aplicador que llegaron acusados por contaminación ambiental. Sin embargo, condenó a dos exfuncionarios municipales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y ordenó investigar posibles responsabilidades de otros integrantes de la gestión local.
El fallo fue dictado por unanimidad por el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, que durante cinco meses analizó denuncias por aplicaciones de agroquímicos realizadas entre 2011 y 2019 en zonas cercanas a barrios de Pergamino. La causa es considerada una de las más relevantes del país en materia ambiental por haber llevado por primera vez a productores rurales al banquillo de la Justicia Federal por hechos vinculados al uso de fitosanitarios.
Los jueces absolvieron a Fernando Cortese, Mario Reinero Roces, Víctor Tiribó, Hugo y Carlos Sabatini, José Luis Grattone y Cristian Taboada. En cambio, condenaron al exdirector de Ambiente Rural del municipio, Guillermo Naranjo, y al auditor Mario Tocalini a dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Un mensaje al municipio
Más allá de las condenas, uno de los aspectos más sensibles de la sentencia fue la decisión de remitir copia del fallo y de las audiencias al Ministerio Público Fiscal de San Nicolás para que investigue la actuación del intendente de Pergamino, Javier Martínez, y de otros funcionarios que pudieron haber tenido responsabilidades en el funcionamiento de la Dirección de Ambiente Rural.
Al fundamentar la decisión, el presidente del tribunal, Román Pablo Lanzón, sostuvo que la actuación de los funcionarios condenados estuvo “en las antípodas de lo esperado para un funcionario público” y remarcó que ambos eran los máximos responsables del área encargada de controlar las aplicaciones de fitosanitarios.
“La ineficacia de los controles estatales fue lo que produjo los resultados dañosos para la salud de las personas”, concluyó el magistrado al explicar por qué el tribunal encontró responsabilidad penal en el accionar de los funcionarios municipales.

Daños probados, pero sin condenas para los productores
La sentencia dejó una particularidad que seguramente alimentará el debate sobre el alcance del fallo. Por un lado, el tribunal consideró acreditado que la exposición a agroquímicos provocó daños en la salud de vecinos de Pergamino.
“Está debidamente probado que la exposición a los agroquímicos habitualmente utilizados en la actividad agropecuaria provocó daños a Sabrina Ortiz, a su grupo familiar más cercano y a otras personas de los barrios”, sostuvo Lanzón durante la lectura de los fundamentos.
Los jueces también señalaron que la evidencia científica producida durante el juicio permitió demostrar que vivir cerca de los campos fumigados tuvo incidencia en enfermedades y otros padecimientos de la población.
Incluso sostuvieron que el término “agrotóxicos”, utilizado durante años por los vecinos que impulsaron la causa, “tiene correspondencia con la prueba que se produjo” durante el debate oral.
Sin embargo, el tribunal entendió que la fiscalía y la querella no lograron demostrar con el grado de certeza exigido por el derecho penal que los productores acusados hubieran actuado dolosamente o realizado aplicaciones ilegales en los términos previstos por la Ley de Residuos Peligrosos.
“Alegato de fiscalía estuvo plagado de generalidades, abstracciones y conclusiones que no tuvieron sustento probatorio”, sostuvo Lanzón.
Respecto de Fernando Cortese, los jueces lo absolvieron tanto por la acusación de contaminación ambiental como por el cargo de amenazas coactivas vinculado a un episodio denunciado por vecinos, aplicando el beneficio de la duda sobre este último punto (era el acusado al que pedían 4 años y tres meses de prisión efectiva, la mayor de las penas).
También fueron absueltos Mario Roces y Víctor Tiribó, para quienes la fiscalía había solicitado penas de cuatro años de prisión efectiva, además de Hugo y Carlos Sabatini, José Luis Grattone y Cristian Taboada.

La cautelar seguirá vigente
Otro punto relevante de la sentencia fue la decisión de mantener vigente la medida cautelar que desde 2019 restringe las fumigaciones en Pergamino.
Actualmente, la resolución judicial impide aplicaciones terrestres a menos de 1.095 metros y aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas urbanas y periurbanas del distrito.
Si bien la fiscalía había solicitado que esas restricciones quedaran incorporadas de manera definitiva a la sentencia y la querella pretendía incluso extenderlas a escuelas rurales, pueblos y parajes, el tribunal rechazó ambos planteos.
No obstante, resolvió mantener las medidas cautelares hasta que el fallo quede firme y se agoten las instancias de revisión previstas por la legislación procesal.
“Tal vez sea necesario revisar las distancias dispuestas municipalmente para amortiguar el impacto de los productos químicos empleados en los campos, pero no este es el ámbito para debatir y resolver esa cuestión”, sostuvo Lanzón.
Los jueces consideraron que esa discusión debe darse en otros ámbitos institucionales y sugirieron incluso la conformación de espacios de diálogo con participación de organismos públicos, asociaciones civiles y organizaciones ambientales.

Un fallo que deja abierto el debate
El tribunal buscó además despegar la sentencia de la histórica confrontación entre sectores productivos y organizaciones ambientalistas.
“No queremos que esto se vea como un desenlace entre productores agropecuarios y ambientalistas”, aclaró Lanzón.
Y agregó una reflexión que sintetizó el criterio adoptado por los jueces: “Un juez penal no es un superhéroe que está para satisfacer los deseos de la sociedad de alcanzar algo más justo. Está para hacer cumplir el derecho y la ley”.
Con las absoluciones de los productores y las condenas a funcionarios municipales, el juicio terminó dejando un escenario inesperado: la Justicia reconoció que existieron daños asociados a los agroquímicos y cuestionó duramente el rol del Estado local, pero descartó responsabilidades penales para quienes fueron acusados de realizar las fumigaciones.
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Se elimina el rol del guardafaunas en Río Negro, ¿qué son los nuevos «agentes inspectores»?

Fecha de Publicación: 26/06/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


La Ley de Gestión Integral de la Fauna Silvestre, aprobada en 2025, habría dejado sin marco operativo ni designación funcional a personal técnico con más de veinte años de trayectoria, idoneidad y formación específica, de acuerdo al PRO. 
El área de Fauna Silvestre en Río Negro fue cuestionada en relación al impacto de la Ley 5796, que establece la eliminación de la figura del guardafauna en reemplazo de los agentes inspectores y su capacidad operativa en términos de integrantes, distribución y equipos.
El reclamo surge a partir del pedido de información 423/2026, impulsado por la legisladora María Frei, del bloque Pro Unión Republicana, quien percibió un desmantelamiento del área de Fauna a partir de 2021 y con énfasis en 2025.
«Se habían caído funciones que los guardafaunas cumplían desde hace años: el rescate y rehabilitación de animales, la investigación de tráfico de fauna y el asesoramiento a la comunidad sobre enfermedades zoonóticas», manifestó Frei.

Agentes de conservación: inspectores y guarda ambiental
El debate surge a partir de la Ley 5502, sancionada en 2021, que crea el concepto de «Agente de Conservación», englobando a todos aquellos que desempeñan trabajos en el Servicio Provincial de Áreas Naturales Protegidas y de la Dirección de Fauna Silvestre.
En este sentido, los impulsores del proyecto cuestionan la falta de claridad con respecto al nuevo concepto que engloba tanto a los guardas ambientales dependientes de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, como a los anteriormente reconocidos «guardafaunas» a cargo de la Subsecretaría de Fauna Silvestre, que ahora pasarían a denominarse «agentes inspectores».
A partir de ello, Frei también manifestó que la Ley 5796, sancionada en 2025, no solo reemplazó la denominación del guardafauna, sino también su rol operativo, permitiendo que personal no capacitado se encargue de las funciones ambientales.
En respuesta a las facultades de los agentes inspectores, el subsecretario de Fauna Silvestre, Roberto Espósito, reconoció que no existe una norma específica que establezca requisitos técnicos especiales, o capacitaciones obligatorias para labrar actas en materia de fauna silvestre.
Además, mencionó que tampoco existen disposiciones que aclaren que las mismas deben ser realizadas por agentes de conservación . En este sentido, la Ley de Gestión Integral de la Fauna Silvestre, indica que el personal policial de Río Negro tiene la facultad para actuar como auxiliar. 

Debates y ambigüedades
De acuerdo a la respuesta enviada por Espósito, no hubo una reducción de los «Agentes de Conservación» desde la entrada en vigencia de la Ley 5796 sancionada en 2025, sin embargo, no precisa la cantidad actual, su distribución territorial ni la cantidad que corresponde a «Agentes de Inspección» abocados a fauna o guarda ambiental.
Además, el subsecretario indicó que desde marzo de 2024 ingresaron 331 actas de infracción vinculadas a fauna silvestre y que en términos de capacidad operativa, el estado actual de los vehículos «resulta adecuado y permite asegurar el cumplimiento de las funciones indispensables». Añadiendo que actualmente se encuentra en trámite la adquisición de una camioneta 4×4, cuya tramitación data de 2025.
«Tienen una camioneta en trámite de compra para cubrir toda la provincia. Para Río Negro, que es enorme, con áreas protegidas, con problemas de tráfico ilegal de fauna y con más responsabilidades asignadas por la ley, eso es quedarse muy cortos», planteó Frei al respecto. 
Además, Frei comentó que la preocupación del bloque surgió ante una carta enviada en noviembre de 2025 por Fabián Llanos a la legislatura titulada «Devuélvannos lo que nos pertenece», donde el guardafauna y técnico agropecuario «cuenta que, pese a ser solo dos, seguían laburando con ayuda de voluntarios de la Fundación Guardafaunas Honorarios: rehabilitando aves, dando charlas en escuelas, capacitando a la policía e inspeccionando cotos de caza.»
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