Ampliaron a $21 mil millones un embargo por desmontes ilegales

Fecha de Publicación: 09/06/2026
Fuente: Página12
Provincia/Región: Salta


El desmonte ilegal fue detectado por la AFIP en 2014 junto a una situación de trata laboral. El Ministerio Público Fiscal llegó a un acuerdo de restauración que los dueños de las tierras incumplieron recurrentemente.
La administración de justicia salteña hizo lugar a un pedido del Ministerio Público Fiscal y amplió a más de 21.800 millones de pesos el embargo preventivo sobre dos catastros rurales del norte provincial, ante los reiterados incumplimientos de un acuerdo de restauración ambiental firmado en 2018 por el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo.
La jueza en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal, Viviana Yance, resolvió en tal sentido tras el pedido del procurador General de la provincia, Pedro García Castiella, y de la fiscal civil de Tartagal, Rosa Vélez Román.
La ampliación de la medida cautelar ambiental es en contra de los hermanos Juan José y Daniel Darío Karlen, por el incumplimiento de un acuerdo de recomposición ambiental firmado en 2018.
Se trata de una causa por el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo ubicadas cerca de la localidad de Dragones, en el departamento San Martín, y detectado por la ex AFIP en 2014, en un operativo a raíz de denuncias sobre personas que estaban en situación de trata laboral.
El embargo original era de 171 millones de pesos. A cambio, durante la gestión como procurador General del ahora juez de la Corte de Justicia, Pablo López Viñals, en 2018 se había acordado la reparación del monte.
Pero desde entonces fueron insistentes las denuncias sobre incumplimientos del Acuerdo Definitivo de Restauración Ambiental, y también las resoluciones judiciales que daban cuenta de la situación.
La última decisión judicial elevó el embargo preventivo original que recae sobre los catastros afectados por el desmonte ilegal -catastros 30.746 y 30.747- del departamento San Martín con el fin de garantizar fondos suficientes para una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración ambiental.
Según los informes técnicos y económicos elaborados por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), el nuevo monto representa el valor actualizado del costo de restauración ambiental.
En sus fundamentos, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que, pese al convenio homologado judicialmente, persistieron reiterados incumplimientos por parte de los demandados, detectados en distintos informes técnicos y relevamientos realizados entre 2019 y 2026.
Los informes del CIF sostienen, además, que desde 2018 no hubo evidencia concreta de restauración activa y que persisten actividades productivas dentro de los catastros afectados, pese a las restricciones judiciales.
Como vinieron denunciando comunidades indígenas de la zona y hasta la asociación ambientalista Greenpeace en estos últimos años, e el Ministerio Público Fiscal confirmó ahora que “entre las irregularidades señaladas figuran actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en la reforestación y ausencia de avances en la restauración del bosque nativo”.
El Juzgado consideró acreditado el peligro en la demora, al advertir que el paso del tiempo y las actividades incompatibles con el plan ambiental agravan los daños y dificultan la recomposición del ecosistema afectado.

Uso judicial para dilatar
En su presentación, ella con asistencia de la Relatoría Ambiental, a cargo de Juan Sebastián Lloret, el procurador García Castiella señaló también que los demandados habrían utilizado recursos judiciales con fines dilatorios, y aseguró que en efecto, esto demoró el avance del expediente y la ejecución efectiva de la sentencia ambiental. Asimismo, advirtió que el paso del tiempo agrava el daño ambiental y dificulta la recomposición del bosque nativo, por lo que se considera necesario asegurar fondos suficientes para afrontar una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración.
El 20 de septiembre de 2017, los demandados asumieron voluntariamente el compromiso de llevar a cabo un plan de recomposición ambiental que debía abarcar toda la finca y que debía extenderse por 30 años, integrando en la solución a los puesteros y a las comunidades indígenas de la zona.
“En ese acuerdo, que se firmó con la Procuración General de la Provincia, se buscaba una salida concertada de justicia restaurativa que permitiera la recomposición de un paisaje de bosque nativo con trabajo local e indígena, y la regularización de los ocupantes”, explicó Lloret.
Asimismo, indicó que la intención, a partir de allí, era “paulatinamente pasar a actividades agropecuarias bajo un monte protegido por el color amarillo del Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), con beneficios económicos, ambientales y climáticos para la sociedad del departamento San Martín”.
Ante la posterior reticencia a cumplir, la fiscal de Tartagal requirió la imposición de una multa por incumplimiento procesal, este pedido fue concedido por la jueza Viviana Yance, que intimó a los hermanos Karlen a cumplir desde el 19 de mayo de 2020.
Contra ello, los Karlen interpusieron un planteo de nulidad que fue rechazado, tanto en primera instancia como en segunda instancia, por la Sala Segunda de la Cámara Civil, con el voto de los jueces Alejandro Lávaque y Leonardo Aranibar.
El coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, destacó la actualización de la multa, pero advirtió en la penalización de los desmontes ilegales.
“Si bien es muy importante que se actualice la multa a uno de los mayores desmontes ilegales de la historia, la nula restauración del bosque y la demora en el pago de las sanción económica, demuestran que es necesario avanzar con la penalización de la destrucción de bosques”, aseguró. 
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Montañas de residuos del fracking contaminan el ambiente en Argentina

Fecha de Publicación: 08/06/2026
Fuente: Portal Chequeado
Provincia/Región: Neuquén


La ciudad de Neuquén está dividida en dos realidades por un gran barranco que la atraviesa. Las calles suburbanas del valle son muy parecidas a las de cualquier otra ciudad argentina. Pero en la meseta, la industrialización cubre en absoluto el paisaje. Es un páramo con tendido eléctrico que espera nuevos residentes en una de las regiones de más rápido crecimiento del país.
El motor de estos cambios es Vaca Muerta, uno de los yacimientos de shale gas más grandes del mundo y una formación aclamada por todo el espectro político argentino como la salvación económica del país.
Según datos del Ministerio de Energía de Neuquén, más del 97% del petróleo de la provincia y más del 90% de su gas se extraen mediante fracking, una técnica que consiste en inyectar agua, arena y productos químicos a alta presión para fracturar la roca y liberar hidrocarburos. A finales de 2025 se batió el récord histórico de producción.
Se trata de una técnica controvertida que se ha relacionado con un aumento de los sismos. Pero los residentes señalan otra cara oculta del auge: los residuos. Los expertos sostienen que los residuos del fracking no se están tratando adecuadamente en Argentina, lo que provoca contaminación ambiental y riesgos potenciales para la salud pública.
La normativa local exige que se procesen adecuadamente. Pero allí hay montañas de residuos que demuestran lo contrario.

La vida bajo las montañas de residuos
La calidad de vida en Neuquén depende de la dirección del viento. “Cuando pega para este lado, sube mucho olor. También te agarra irritación en los ojos y estornudás constantemente”, dice Julio Polo. Es guardia de seguridad en el desarrollo urbano que rodea el Parque Industrial Neuquino Oeste (PINO).
El olor es similar al del azufre, aunque hay muchas más sustancias químicas en el aire y el suelo. El fracking genera dos tipos de residuos. El agua contaminada vuelve a la superficie tras la fractura, junto con salmuera natural, y se inyecta en pozos subterráneos.
Esta práctica se ha relacionado con la sismicidad inducida, ya que la presión puede reactivar fallas inactivas. En algunos países de América del Norte, hasta el 70% de estas aguas residuales se reutiliza para el fracking y otros fines industriales, pero en Argentina, más del 95% se deposita bajo tierra, según explicó a Vaca Muerta News Pedro Brisio, miembro de la comisión directiva del Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén.
Los residuos semisólidos del fracking, por su parte, son una pasta del color de la tierra húmeda y compuesta por roca perforada, denominada cuttings, mezclada con residuos procesados y arena. Dentro del procesamiento de estos lodos, industrias tercerizadas los acumulan formando montañas visibles. Algunas de estas plantas lo han hecho muy cerca de poblaciones.
La normativa provincial exige que estos lodos se traten mediante métodos autorizados, entre ellos hornos de alta temperatura que queman los componentes tóxicos y los reducen a cenizas en un ambiente controlado. Sin embargo, en la práctica, la capacidad de tratamiento ha sido sistemáticamente insuficiente para los volúmenes que se producen. Los residuos se acumulan. En 2023, los volúmenes aumentaron en más de un tercio con respecto al año anterior, según datos a los que ha tenido acceso Chequeado.
Los inversores internacionales tienen una participación significativa en el auge que genera estos residuos. Las empresas chinas han invertido aproximadamente US$ 6.000 millones en el sector de los combustibles fósiles de Argentina, incluida Vaca Muerta, según un análisis de Perfil. Esto representa alrededor de una cuarta parte de todas las inversiones chinas en el país.
Pan American Energy, el cuarto mayor productor de petróleo de Vaca Muerta, es propiedad conjunta de Bridas Corporation y BP. Bridas es una empresa conjunta entre la familia argentina Bulgheroni y el gigante energético marítimo estatal chino CNOOC, cuya participación en Bridas supuso la mitad de la inversión total de China en combustibles fósiles en Argentina.
Mientras Argentina se apresura a convertirse en un importante exportador de gas natural licuado (GNL), China figura entre los principales compradores potenciales a los que apunta la empresa energética estatal argentina YPF, junto con Brasil, India, Japón y Europa.
El fracking y sus residuos constituyen importantes fuentes de contaminación para las zonas circundantes. Según un estudio de 2019 realizado por la iniciativa Concerned Health Professionals of New York, se detectaron más de 200 contaminantes en el aire cerca de las operaciones de fracking en Estados Unidos, y se encontraron más de 1000 sustancias químicas en los fluidos de fracking. El estudio también describe la presencia de radiactividad en las aguas residuales.
En la provincia de Neuquén actualmente hay 5 vertederos y 5 plantas de tratamiento en funcionamiento, según Leticia Esteves, ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales provincial. También hay tres plantas de tratamiento que han estado o están actualmente involucradas en disputas legales relacionadas con casos de contaminación: E.ET., HP&V y Comarsa.
Esteves afirmó que no se autorizarán nuevos vertederos. “Las empresas deben invertir en métodos alternativos de tratamiento de residuos, no solo por razones medioambientales, sino también por razones logísticas”, añade a Dialogue Earth.
Destaca que los emplazamientos existentes son seguros y cuentan con las licencias pertinentes, pero reconoció que son “zonas de sacrificio”: “No podrán utilizarse para nada más”.

El caso Comarsa
Una de las empresas acusadas de contaminar la zona es la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales (Comarsa), que opera dentro del PINO desde 2009.
La fiscalía del caso, acompañada de una querella compuesta por organizaciones ambientales y vecinales, le imputa haber aceptado una cantidad de material muy superior a la que podía tratar en sus cuatro hornos.
El resultado, según explica la querella a Dialogue Earth, fue que se acumularon alrededor de 350.000 metros cúbicos de residuos al aire libre sobre terreno sin impermeabilizar, desbordando los muros de contención de hormigón de las instalaciones.
En 2024, Comarsa perdió su licencia estatal para procesar residuos de perforación, incluidos los recortes. Sus hornos fueron desmantelados y se ordenó a la empresa que transportara los residuos a un emplazamiento designado a unos 115 kilómetros de distancia, en una zona alejada de entornos urbanos, según coinciden tanto Esteves como la fiscalía.
Rafael Colombo, un abogado que forma parte de la querella contra Comarsa y es miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), alega que la acumulación de residuos ha causado contaminación del suelo y del aire, incluyendo elementos que pueden ser perjudiciales para la salud humana como el benceno, el plomo y el arsénico.
En la última audiencia judicial celebrada en marzo, los abogados que representan a Comarsa intentaron restar importancia al daño ambiental, según documentos a los que ha tenido acceso Dialogue Earth. Afirmaron que la empresa ya estaba retirando los residuos del emplazamiento de Neuquén y que esta tarea concluiría en breve; el acuerdo con el gobierno provincial puso como fecha límite octubre. También señalaron que el suelo que rodea la planta no estaba contaminado.
Los hornos originales, que ahora están cerrados, han pasado factura a los residentes de la zona. Varias personas que conversaron con Dialogue Earth describen experiencias similares: olores fuertes que causan irritación en la boca, la nariz y los ojos, dificultad para respirar y dolores de cabeza. Todos lo atribuyen a la planta de Comarsa. Varios vecinos afirman que estos síntomas reaparecen cuando hace calor o después de llover.
Carlos, que prefirió no revelar su apellido, ha vivido allí toda su vida y recuerda que, cuando los hornos estaban en funcionamiento, los síntomas eran mucho más graves. “Los hornos quemaban mal. Se emitía un humo negro. A la noche se ve menos el humo y por eso muchas veces quemaban más a la noche”, afirma, haciéndose eco de las opiniones de otros cuatro residentes.
Daniel, un profesor que protestó contra la planta en 2016, dijo que el humo provocó problemas de salud. “Fue entonces cuando los bebés y los niños comenzaron a sufrir los efectos de la contaminación”, afirma. “Imagínense, las personas que viven en estos asentamientos informales son familias jóvenes. El grupo vulnerable son principalmente los niños”, añade.
El equipo jurídico de Comarsa no respondió a la solicitud de comentarios de Dialogue Earth. El caso está a la espera de juicio.
En la apertura de la sesión legislativa de este año, un discurso anual en el que los líderes políticos exponen sus logros y prioridades, el gobernador Rolando Figueroa anunció que ya se habían retirado 139 mil toneladas de residuos de la planta de Comarsa en Neuquén.

Los vertederos de Añelo
Neuquén no es la única localidad transformada por el fracking. Añelo se encuentra a poco más de 100 kilómetros de distancia, junto a una ruta que ofrece acceso directo al yacimiento de Vaca Muerta. Un flujo constante de camionetas blancas y camiones pesados satura el camino.
Pero Añelo no siempre fue así. “Tenía más o menos mil habitantes. Arrancó como una posta de correo que después se convirtió en un pueblo de crianceros, sobre todo de chivos. Eso cambió hace poco más de 15 años”, cuenta Cecilia Romero, profesora y vecina del lugar. “De estar en asados de chivos y en fiestas criollas con todos usando alpargatas, boina y a caballo pasamos a una hilera de camiones todo el día”, añade. Calcula que ahora pasan por Añelo unas 50 mil personas al día.
Al igual que en la capital provincial, Añelo cuenta con una meseta donde se asienta la población que llega para trabajar en la industria. A pesar de estar situados junto a uno de los yacimientos de gas más grandes del mundo, estos barrios solo tuvieron gas instalado hace unos meses, según contaron algunos residentes a Dialogue Earth. Se encuentran a menos de dos kilómetros de uno de los vertederos donde se procesan los residuos sólidos del fracking en Vaca Muerta.
En estas instalaciones se encuentra una planta operada por Indarsa, una empresa controlada por el Grupo Urcera, uno de los grupos empresariales más importantes de la provincia. Este grupo controla 2 de los 5 vertederos de la zona, según registros del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) a los que tuvo acceso Dialogue Earth.
En una recorrida por la zona para este artículo, se pudo observar que es el relleno más grande: una montaña de cenizas con una altura similar a la de un edificio de cinco plantas. Los lodos se procesan hasta convertirse en cenizas que luego se depositan allí. Por el fuerte viento patagónico, las empresas riegan con agua la cresta de esos montículos para evitar que el polvo vuele, aunque no siempre lo logran.
Los lodos transportados desde Comarsa, en Neuquén, también terminan en este emplazamiento.
Algunos residentes están preocupados por el impacto de estos residuos en el suministro de agua. “Nosotros tomamos agua embotellada porque sabemos que la del río no es buena. Puede venir con químicos del petróleo”, afirma un vecino.
Indarsa no ha respondido a una solicitud de comentarios.
Sin embargo, los residuos no son la principal preocupación para la mayoría de los residentes de Añelo. No ven que Vaca Muerta les aporte desarrollo ni puestos de trabajo. “Estamos peleando contra gente de afuera, formada para la actividad petrolera. Nosotros somos neuquinos que crecimos en el valle con crianceros y chivos”, reflexiona un residente. “Entonces te tenés que adaptar a una situación que te impusieron”.
Esteves reconoce que existe presión para resolver el problema de los residuos sólidos del fracking lo antes posible. Pronto se exigirá a las petroleras que traten sus residuos con métodos más modernos, afirma. La intención es que esto se haga en el propio lugar de extracción. La petrolera estatal YPF ya está desarrollando una planta de tratamiento de residuos a 17 kilómetros de Añelo.
Para Esteves, Estados Unidos es un ejemplo de las oportunidades que se están perdiendo en Argentina. “Allá se está discutiendo usar las cenizas en la construcción de caminos y rutas”, dijo.
Mientras tanto, en Argentina, la producción crece y las montañas de residuos siguen acumulándose.
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Caza de nutrias: ONG rechazó la autorización para matar 100 mil ejemplares

Fecha de Publicación: 08/06/2026
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos


La caza de nutrias volvió a generar polémica en Entre Ríos luego de que organizaciones ambientalistas cuestionaran la autorización provincial para la extracción de hasta 100 mil ejemplares de coipo. Gabriel Bonomi, integrante de una ONG dedicada al estudio de las aves y el ambiente, manifestó su rechazo a la medida durante una entrevista en el programa “GPS”, que se emite por Elonce.
El referente explicó que existe una confusión habitual sobre la especie involucrada. “Lo que se autoriza es la matanza de coipos. En Entre Ríos se conoce casi indistintamente dos especies diferentes de nutrias, que en realidad no es una nutria, sino algo similar. Son familias totalmente diferentes. Los coipos son animales acuáticos muy importante para los ecosistemas acuáticos de la provincia”.
Según indicó, la preocupación principal radica en la ausencia de estudios científicos que permitan determinar el impacto que podría tener una extracción de semejante magnitud sobre las poblaciones silvestres de la especie. 

Falta de estudios y controles
Bonomi cuestionó los fundamentos utilizados para habilitar la actividad y sostuvo que los argumentos expuestos tienen un fin económico: “El gobierno provincial autorizó la matanza de 100 mil ejemplares de esta especie. Los argumentos son comerciales, pero lo que entendemos es que no hay estudios realizados por la provincia para determinar si las poblaciones de esta especie están en condiciones de hacer semejante extracción porque estamos hablando de un número sideral”.
Asimismo, remarcó que la falta de controles constituye otro de los aspectos que genera preocupación entre las organizaciones ambientalistas. “Además, considerando la absoluta falta de control que hay en cuanto a la matanza. El Estado provincial no tiene ningún tipo de capacidad para controlar la matanza”.
Las declaraciones se suman al debate que desde hace tiempo mantienen distintos sectores respecto de la conservación de la fauna silvestre en la provincia y el equilibrio entre las actividades económicas y la protección ambiental.

El papel del coipo en los humedales
El integrante de la ONG también hizo referencia a la función ecológica que cumplen estos animales dentro de los ecosistemas acuáticos entrerrianos. En ese sentido, destacó que su importancia excede ampliamente el valor comercial que pueda atribuirse a la especie.
“Estas especies además de formar parte de la cadena trófica –son presas de yacarés, de gatos montés, de lobitos de río-, son grandes dispersores de huevos y semillas de plantas acuáticas que se pegan en su pelaje y lo van trasladando a lo largo de los humedales de la provincia de Entre Ríos. Esto no se está teniendo en cuenta por parte del gobierno provincial”, sostuvo.
Para los ambientalistas, cualquier decisión vinculada con la extracción de fauna silvestre debería contemplar estudios técnicos actualizados y mecanismos de monitoreo que permitan evaluar las consecuencias sobre los ecosistemas. 

Pedido de información y posibles acciones
En relación con los pasos a seguir, Bonomi adelantó que solicitarán documentación oficial para conocer los fundamentos de la medida y los estudios que respaldan la autorización.
“Vamos a pedir información pública al gobierno provincial, algo que debió haberse hecho sin necesidad de que se la solicite. Esto debió ser una decisión participativa para honrar acuerdos internacionales que hablan de la protección del ambiente”, afirmó.
Además, dejó abierta la posibilidad de avanzar por la vía judicial si no obtienen respuestas satisfactorias. “Consideramos la posibilidad de accionar nuevamente contra el gobierno provincial por esta cuestión, más allá de la demanda que existe por la caza de aves”, resaltó.
De esta manera, la autorización para la extracción de coipos volvió a instalar el debate sobre la gestión de la fauna silvestre en Entre Ríos, mientras organizaciones ambientalistas reclaman mayor información, estudios científicos y participación ciudadana en las decisiones vinculadas a los recursos naturales. 
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San Nicolás: ordenan la indagatoria de directivos de una agroquímica y de funcionarios provinciales por su presunta responsabilidad en la contaminación del Río Paraná

Fecha de Publicación: 06/06/2026
Fuente: Portal fiscales.gob.ar
Provincia/Región: Buenos Aires


La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dispuso que el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo cite a declaración indagatoria a seis directivos de la empresa agroquímica ATANOR S.A., cinco funcionarios del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y tres presidentes de la Autoridad del Agua por su presunta responsabilidad en la contaminación del Río Paraná y el suelo de la zona.
De este modo, los camaristas hicieron lugar a los recursos de apelación presentados por el fiscal federal Matías Di Lello, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás de los Arroyos, y la querella que representa a un grupo de vecinos de la ciudad.

La investigación
La causa comenzó el 3 de junio de 2014 cuando un grupo de habitantes de la localidad ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires solicitó que se investigara a la empresa química por la posible comisión de delitos contra la salud pública –-previstos en los artículos 200 a 207 del Código Penal de la Nación-– e infracciones a las leyes N°24.051 de Residuos Peligrosos y N°22.421 de Conservación de Fauna Silvestre.
En su presentación, señalaron que, desde hacía varios años, la planta local de ATANOR S.A. generaba escapes de gas, vertía efluentes líquidos contaminantes al Río Paraná, tendía caños clandestinos, enterraba residuos tóxicos en las barrancas del río y las regaba con líquidos contaminados. También denunciaron que la firma abría las compuertas de la laguna de afinamiento de la planta para su lavado y que eran evidentes las deficiencias edilicias y tecnológicas.
Por otra parte, los denunciantes señalaron que sufrían daños en su salud y que diversos habitantes del Barrio Química habrían fallecido por causas relacionadas a la actividad contaminante de la planta.
La investigación fue delegada en la fiscalía a cargo de Di Lello, que solicitó una serie de medidas de prueba y recibió el testimonio de distintos vecinos y exempleados del predio. De los informes químicos solicitados surgió la presencia de atrazina en las muestras de agua obtenidas del río, y de cipermetrina y trifuralina en los muestreos del suelo.

Pedidos de indagatoria
El 11 de octubre de 2022, la querella pidió que se convocara a declaración indagatoria a las autoridades de la empresa, pero el juez Villafuerte Ruzo rechazó el pedido por considerarlo prematuro. La querella recurrió la decisión.
El 2 de mayo de 2023, el fiscal federal Di Lello le solicitó al juez que indagara a los directivos de Atanor, del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y a los presidentes de la Autoridad del Agua.
A los seis responsables de la firma química, en su calidad de directivos y encargados de la planta, les endilgó haber contaminado —por lo menos— hasta el 16 de julio de 2020, el curso del río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire, mediante “el esparcimiento de partículas en el ambiente y el vuelco de efluentes al río, los que contenían residuos peligrosos categorizados como desechos Y4 del Anexo I de la ley 24.051 [de Residuos Peligrosos]”, lo cual -sostuvo- puso en riesgo la salud pública y la de la población de los barrios Química y Ponce de León de aquella ciudad del noreste bonaerense.
En relación a los cinco directores ejecutivos del organismo provincial de control, consideró que habían “incumplido con la misión y función impuesta a los funcionarios de dicho organismo”, por cuanto habrían omitido fiscalizar, ejecutar la política ambiental, preservar los recursos naturales, y desarrollar acciones de control sobre los elementos que pudieran causar la contaminación del aire, agua, suelo y, en general, todo lo que pudiere afectar el ambiente.
Finalmente, a los tres presidentes del organismo de supervisión provincial les imputó haber omitido cumplir con las disposiciones de la Ley provincial N°12.257 -Código de Aguas-, específicamente en lo relacionado con la reglamentación, supervisión y vigilancia de actividades y obras relativas al estudio, captación, uso, conservación y evacuación del agua. En tal sentido, el fiscal consideró que “se abstuvieron de actuar con el objeto de procurar la preservación del agua y para la protección del medio ambiente y de los bienes públicos y privados del impacto dañoso del agua”, y que tampoco supervisaron ni vigilaron las actividades y obras correspondientes.
El 13 de junio de 2023, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones rechazó la apelación de la querella contra la resolución del 18 de noviembre de 2022 y ordenó remitir la causa al juez para que, en base a nuevos elementos incorporados a la investigación, se expidiera sobre las solicitudes de las partes acusadoras.
Tras varias idas y vueltas, el 2 de octubre de aquel año, el juez entendió que hasta que el tribunal de Alzada no resolviera las impugnaciones pendientes, no correspondía dar curso a las citaciones solicitadas por la fiscalía y la querella. La decisión fue recurrida por el fiscal Di Lello, al entender que el  magistrado había efectuado una errónea interpretación de la decisión de la Cámara rosarina y había propuesto una nueva diligencia que no tenía correlato con la plataforma fáctica y las pruebas consideradas al solicitar las indagatorias.
Además, el representante del MPF postuló: “el cúmulo probatorio que acredita la materialidad de los hechos y las eventuales responsabilidades de los imputados, sin fundamento e invocando condiciones inválidas, no es más que un rechazo tácito a lo peticionado y constituye un sobreseimiento ficto de los imputados de autos, en los términos del artículo 336 del CPPN, que frustra irremediablemente los fines de este proceso”.

La decisión de la Sala B
Al resolver la cuestión, la jueza Silvina María Andalaf Casiello consideró que correspondía hacer lugar a las apelaciones y citar a las personas imputadas a prestar declaración indagatoria.
En su voto, al que adhirió su colega Aníbal Pineda, la camarista sostuvo: “las pruebas en producción pendientes o por producirse, serán valoradas oportunamente para el caso del dictado de la situación de mérito de los encausados”.
Además, destacó que “la instrucción se encuentra delegada, hace once años, no habiéndola reasumido el magistrado” y que, en atención a ello, el juez debería haber considerado la postura de la fiscalía respecto a que “corresponde tachar la supeditada decisión a la realización de una medida probatoria que se encuentra pendiente…y que no resulta determinante, más si se contrapone con el caudal probatorio que existe hasta el momento”.
“Por todo lo analizado y dado los diversos y retirados pedidos de llamados a indagatoria, los que han sido diferidos de decidir, o rechazados por el magistrado, en base a distintas argumentaciones, siendo denegado ello una vez más en la providencia del 2 de octubre de 2025, consistiendo el motivo de tal denegatoria en la pericia del 30 de noviembre de 2020, atento el tiempo transcurrido y estando delegada la instrucción como referí, y no habiéndola reasumido a lo largo de estos años, considero corresponde hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos, y disponer el llamado a recibir declaración indagatoria de las personas individualizadas por la fiscalía y la querella en sus respectivos escritos”, concluyó la jueza.
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Denuncias y sospechas de contrabando de fauna ponen bajo la lupa a un inspector

Fecha de Publicación: 06/06/2026
Fuente: El Once
Provincia/Región: Corrientes


Una investigación periodística reveló denuncias, causas judiciales y presuntas irregularidades vinculadas a la actividad cinegética en Corrientes. También se analizan posibles maniobras para exportar trofeos de caza.
La actividad vinculada al turismo cinegético en Corrientes quedó bajo observación tras una investigación que expuso sospechas de contrabando de fauna, presuntas irregularidades en la emisión de permisos de caza y el rol de un inspector provincial señalado por distintos actores del sector.
Según se informó, la organización internacional Freeland International, dedicada a investigar redes de tráfico de fauna silvestre, recibió en enero una alerta relacionada con viajes de caza deportiva organizados por influencers y cazadores extranjeros hacia la localidad correntina de Sauce, uno de los principales centros de turismo cinegético de la provincia, publicó La Nación. 
La información recopilada indicaba que estos operadores promocionaban excursiones para cazadores internacionales y afirmaban contar con la colaboración de un inspector local de vida silvestre para facilitar la exportación de animales cazados como trofeos hacia distintos países.

La investigación y las sospechas
A partir de esos datos, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco) abrió una carpeta de investigación luego de un informe elaborado por la Policía Federal Argentina. El objetivo fue determinar si existían maniobras de contrabando vinculadas a la actividad cinegética (caza deportiva) y si había funcionarios involucrados.
Uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores fue que Sauce no cuenta con habilitaciones para exportar trofeos de caza al exterior, un requisito indispensable para concretar ese tipo de operaciones. 
En ese contexto apareció mencionado Diego Miguel Ruiz Díaz, inspector ad honorem de flora y fauna de la Dirección Provincial de Recursos Naturales. Diversas fuentes vinculadas al turismo cinegético y organismos estatales lo señalaron como una figura clave dentro del presunto esquema investigado.

Acusaciones y causas judiciales
Ruiz Díaz rechazó las acusaciones y sostuvo que muchas de las denuncias responden a conflictos con sectores vinculados a la caza furtiva.
De acuerdo con información judicial citada en la investigación, entre 2022 y 2025 acumuló nueve causas que incluyen denuncias por abuso de autoridad, detenciones injustificadas, incumplimiento de deberes, hurto, lesiones leves, depositario infiel y asociación ilícita. Varias de ellas continúan en trámite.
Desde la Dirección de Recursos Naturales minimizaron las denuncias y aseguraron que forman parte de cuestionamientos impulsados por personas afectadas por controles y procedimientos realizados en la zona.
 
Permisos, trofeos y conflictos en el sector
La investigación también puso bajo análisis el funcionamiento del sistema de permisos para la actividad cinegética y el manejo de productos derivados de la fauna silvestre.
Uno de los expedientes más relevantes estuvo relacionado con el secuestro de más de 580 kilogramos de astas de ciervo axis ocurrido en 2021, que tenían como destino final China y que, según fuentes del sector, estarían valuadas en alrededor de US$ 5000.
Según declaraciones incorporadas a la causa, parte del material decomisado habría sido posteriormente comercializado, aunque el inspector fue absuelto por falta de pruebas.
Asimismo, empresarios y operadores del sector denunciaron presuntos pedidos de beneficios económicos para facilitar autorizaciones o actividades vinculadas a la caza deportiva. Ruiz Díaz negó esas acusaciones y afirmó que las críticas son consecuencia de su tarea de control.

Bajo análisis judicial
Mientras continúan las actuaciones judiciales y administrativas, la investigación abrió interrogantes sobre el funcionamiento de los controles vinculados a la fauna silvestre, la actividad de los cotos de caza y la eventual existencia de circuitos destinados a la exportación irregular de trofeos.
Las autoridades provinciales defendieron el accionar de sus inspectores y remarcaron que los procedimientos se desarrollan dentro del marco legal vigente. Sin embargo, las denuncias y las causas en trámite mantienen la atención sobre un sector que mueve importantes recursos económicos y que ahora también enfrenta cuestionamientos vinculados a la protección de la fauna y el cumplimiento de la normativa ambiental.
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Exceso de uranio en napas y riesgo de migración de radionucleidos: puntos críticos en el predio El Chichón

Fecha de Publicación: 05/06/2026
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


La Autoridad Regulatoria Nuclear advierte sobre la falta de un plan para el destino final de los residuos de Dioxitek y exige estudios de impacto en la población vecina tras detectar valores fuera de norma en los controles ambientales.
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) hizo observaciones críticas sobre la seguridad radiológica en el predio denominado El Chichón, ubicado en barrio Alta Córdoba, en la ciudad de Córdoba.
Esta información se conoce por una respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por Cristian Basualdo en la que el organismo regulador confirmó que el proceso de licenciamiento de cierre de la instalación se encuentra demorado por la falta de documentación esencial y por la detección de parámetros ambientales que superan los límites establecidos.
El pasivo ambiental de El Chichón y su remediación son el otro gran tema de discusión en torno a la prórroga que negocia Dioxitek para seguir operando en Córdoba, un trámite que está en el Juzgado federal 2 demorado por la falta de presentación de la habilitación de Bomberos de la empresa que produce el dióxido de uranio que utilizan las centrales nucleares del país.
Actualmente, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) conserva la responsabilidad sobre la seguridad radiológica del sitio mientras se tramita la licencia definitiva, la cual establecerá las condiciones regulatorias finales .

Los aspectos señalados por la ARN
Uno de los puntos de mayor preocupación técnica detallados en el Acta de Inspección IM N° 33 se refiere a la contaminación del agua subterránea. La comisión inspectora dejó constancia de que "hay un piezómetro que excede el valor de uranio de los niveles de referencia o de las restricciones de la legislación y normativa aplicable".
Ante esta anomalía, la ARN dictaminó que la CNEA debe realizar una "evaluación particular para analizar con mayor detalle su situación".
Como medida complementaria, se exigió un análisis estadístico de los monitoreos de los últimos 10 años para identificar variaciones estacionales y tendencias en la presencia de uranio y radio en el acuífero.
La integridad del suelo es otro de los aspectos críticos señalados por la supervisión. El organismo de control ha impuesto como requerimiento pendiente la necesidad de "evaluar la posible migración de radionucleidos a través de los distintos horizontes de suelo".
Este estudio es determinante para establecer si los pasivos ambientales presentes en el sitio están contenidos de forma efectiva o si existe un desplazamiento de material radiactivo hacia capas inferiores o laterales del terreno. 
La CNEA se había comprometido a enviar estos informes a fines del año 2022, pero los registros de la ARN los sitúan todavía como tareas "en proceso" de cumplimiento.
La situación se torna más compleja debido a la ubicación geográfica de El Chichón, que se encuentra "lindante a un barrio, en una zona urbana", señala el informe. Las fotografías adjuntas en el acta de inspección muestran viviendas situadas a escasos metros del cerco perimetral. 
Durante las mediciones de tasa de dosis ambiental, si bien los valores en el paredón lindante se registraron en 0,2 µSv/h, se detectó una "medición máxima sobre el chichón" de 13 µSv/h, lo cual supera significativamente el fondo natural de radiación de la zona, estimado en 0,12 µSv/h.
Debido a estos valores, la inspección concluyó que, aunque los resultados son aceptables bajo ciertos factores de ocupación, resulta "conveniente aplicar un plan de mejora" inmediato.

Demoras administrativas y otros incumplimientos
En el plano administrativo y de planificación, la ARN detectó un vacío estructural en la estrategia de remediación. En el año 2017, la CNEA presentó un proyecto de cierre que fue calificado como "parcial" debido a que "no incluía la información sobre el destino final de los residuos de minería de uranio presentes en El Chichón".
A raíz de esta omisión, el regulador ha solicitado formalmente que la CNEA aclare si dicho proyecto sigue vigente o si presentará una modificación que resuelva la disposición final de los materiales.
Sin un plan concreto para los residuos, el trámite de la Licencia de Cierre no puede avanzar hacia su etapa resolutiva.
Para subsanar las deficiencias en la evaluación del impacto hacia la comunidad, la ARN ha reiterado la exigencia de presentar el "cálculo actualizado de evaluación de dosis a público". Este documento es considerado la "base para el futuro Análisis de Seguridad" y es indispensable para verificar si se cumple con la restricción de dosis hacia los habitantes de los barrios circundantes. 
Asimismo, se ha solicitado un Plan de Monitoreo Radiológico Ambiental actualizado específicamente para la etapa de cierre, ya que las condiciones del sitio difieren de las fases operativas previas.
El control sobre el personal que realice tareas en el predio también presenta requerimientos pendientes. La ARN exige la entrega de un "Plan de Monitoreo Radiológico Ocupacional" que deba aplicarse durante cualquier actividad que implique el movimiento de materiales.
Esto busca garantizar que los operarios no se vean expuestos a niveles de radiación por encima de lo permitido durante las tareas de mantenimiento o eventual remediación.
Además, se ha solicitado la definición de las previsiones de plantel operativo para asegurar que el sitio cuente con la supervisión humana necesaria de forma permanente.
La resolución de estos puntos críticos es una condición previa para que la ARN otorgue la licencia solicitada. El organismo regulador ha enfatizado que la CNEA debe notificar formalmente "cuáles son las intenciones/perspectivas futuras para el sitio".
Esta definición es necesaria para que la autoridad pueda establecer "el marco de licenciamiento que mejor se adecúe respecto a la situación actual de la instalación y a las proyecciones futuras de ésta".
Mientras estos informes técnicos y planes de contingencia no sean entregados y aprobados, el predio de El Chichón continuará operando bajo un esquema de vigilancia provisoria, con pasivos ambientales cuya estabilidad a largo plazo sigue siendo objeto de revisión por parte del Estado.
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El ambicioso proyecto que busca devolver a la Argentina un ave extinta en estado silvestre

Fecha de Publicación: 05/06/2026
Fuente: Diario La Gaceta
Provincia/Región: Nacional - Misiones


La iniciativa de Aves Argentinas busca devolver el Maracaná Lomo Rojo a la Selva misionera tras 20 años de desaparición. 
El maracaná lomo rojo era un ave de la abundante Selva Misionera que hasta la década del 50 sobrevolaba los suelos de tierra colorada, palos rosas y araucarias. Sin embargo, en las últimas décadas, su ausencia se hizo insoslayable y no se registraron avistamientos, de manera que en el país está considerada En Peligro Crítico y extinta en estado silvestre en el territorio nacional. No obstante, un proyecto ambicioso busca restaurar por completo a la población de este grupo.
Aves Argentinas, la organización centenaria en conservación de aves y vida silvestre del país, junto al Ministerio de Ecología de Misiones y una red de instituciones y centros de manejo de fauna anunció en 2024 uno de sus proyectos más osados y auspiciosos: rescatar a la especie críticamente amenazada y posiblemente extinta por completo en toda la provincia de Misiones.

El símbolo de un regreso esperado
El proyecto que ya registró algunas victorias se enmarca en una intención más grande, resaltando la carga simbólica que supone devolver a su hábitat a esta especie. Esto lo afirmó Andrés Bosso, coordinador de Aves Argentinas que gestiona la reserva Puente Verde, ubicada en la Península de Andresito, en Misiones, en la que advierte que reincorporar a esta especie a nuestra geografía es “algo casi comparable a cantar el Himno Nacional o celebrar un gol de la Selección argentina”.
Algunas victorias incipientes ya se celebraron en el tiempo en que inició el proyecto. A finales del 2025, después de 20 años sin registros y en el marco de la iniciativa, nació el primer pichón de este guacamayo, algo que desde la organización denominaron “un símbolo del esfuerzo colectivo” por el enriquecimiento ambiental, alimentación con frutos nativos del Bosque Atlántico y entrenamiento de vuelo. Además, a principios de este año, el Parque de la Biodiversidad de la Municipalidad de Córdoba, en conjunto con la Policía Ambiental y Aves Argentinas trasladó un ejemplar a la reserva. Se trataba de un individuo adulto que fue incorporado tras un decomiso efectuado por las fuerzas ambientales.

Los motivos posibles de su desaparición
La iniciativa continúa con una especie virtualmente extinta en Argentina y que por 20 años no se registró en libertad en el país. Este guacamayo de 40 centímetros, al igual que la mayoría de los loros, era considerado una plaga agrícola de larga vida y baja tasa reproductiva, diferente de otras amenazas. Sin embargo, el maracaná lomo rojo ha desaparecido de nuestras tierras y, aunque la retracción ambiental de su hábitat fue señalada como la principal causa de su desaparición, no logra explicarla satisfactoriamente. De acuerdo con un trabajo de campo exhaustivo de 779 días, un estudio publicado en la Revista de Ornitología Neotropical pudo definir que una de las causas fundamentales de su desaparición en Argentina podría haber sido el control letal por parte de productores.
Para los especialistas, la pérdida de este animal cala hondo en el ecosistema y en la cultura local. En ese sentido, Bosso refuerza la urgencia de la iniciativa citando al poeta John Donne: "La muerte de un hombre me disminuye, porque formo parte de la humanidad. Lo mismo sucede cuando una especie se extingue: una parte del universo se pierde con ella". Por este motivo, el posible regreso del maracaná lomo rojo se convirtió en la bandera de un cambio de paradigma en la conservación, transformándola en una tarea concreta, urgente y profundamente vinculada con la identidad natural de nuestro país.

Puente Verde: el escenario de la hazaña
El escenario principal de esta hazaña es la reserva Puente Verde, un enclave de 183 hectares de selva en excelente estado de conservación, ubicado en la Península de Andresito, a unos 70 kilómetros de las Cataratas del Iguazú. Este santuario, donde conviven enormes palos rosas, palmitos y una fauna diversa que incluye 240 especies de aves y mamíferos como el aguará popé, la corzuela colorada e incluso el yaguareté, funciona como una pieza clave para la conectividad del Bosque Atlántico. El objetivo de Aves Argentinas es tender puentes entre los grandes bloques de selva para que la biodiversidad continúe conectándose y frenar el deterioro ambiental antes de que sea tarde.
Este enorme desafío, que genera "un compromiso mayor y un orgullo infinito" en el equipo científico, no se quedará solo en el territorio misionero. La historia de la lucha por el regreso del maracaná lomo rojo llegará próximamente a la provincia de Buenos Aires, según anunció Página 12, en un encuentro especial que reunirá cine, conferencias y experiencias interactivas vinculadas con la naturaleza, buscando contagiar a la sociedad la urgencia de salvar este patrimonio natural.
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Arrasó con un bosque patagónico de arrayanes y deberá pagar casi 67 millones de pesos

Fecha de Publicación: 04/06/2026
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Neuquén


Un brutal desmonte clandestino frente al lago Correntoso, en la localidad de Villa La Angostura, derivó en una sanción económica sin precedentes. La Justicia comprobó la destrucción de especies protegidas por el avance de topadoras y ordenó a los dueños del lote un estricto plan de remediación para intentar salvar el ecosistema patagónico.
La intervención de la maquinaria pesada y las motosierras sobre un terreno ubicado en la zona costera derivó en una de las penalidades económicas más duras de los últimos años en la región cordillerana. Tras una exhaustiva inspección en el lugar, las autoridades confirmaron la destrucción de flora protegida y el avance de obras sin ningún tipo de aval oficial.
Desde el Juzgado de Faltas de Villa La Angostura ratificaron la firmeza de la sanción y explicaron que los informes técnicos incorporados al expediente resultaron lapidarios. Según detallaron los voceros del tribunal, los especialistas calificaron el hecho como un "daño ambiental puntual permanente" debido a la enorme gravedad de las alteraciones provocadas sobre el frágil equilibrio del bosque andino.

El costo de arrasar con la naturaleza
El descubrimiento del desmonte encendió todas las alarmas en el municipio local. Los inspectores que recorrieron la propiedad verificaron la apertura de un camino interno y movimientos de suelo que afectaron una superficie superior a los 1300 metros cuadrados. Todo este despliegue se ejecutó en la clandestinidad más absoluta y sin presentar la documentación correspondiente en las oficinas públicas.
El saldo de esta incursión furtiva fue devastador para la vegetación de la zona. Las actas labradas documentaron la extracción ilegal de quince arrayanes adultos y cuatro coihues jóvenes. Al describir el escenario, las fuentes judiciales indicaron que "muchos otros árboles nativos quedaron con sus raíces totalmente expuestas" y advirtieron sobre el altísimo riesgo de muerte que enfrenta la flora tras las profundas excavaciones realizadas en el predio.

Castigo económico y reparación obligada
Frente a la magnitud del daño, el Tribunal Municipal de Faltas decidió aplicar todo el rigor de la normativa vigente declarando a los propietarios como responsables solidarios de múltiples infracciones. La sumatoria de las faltas por daño ambiental, tala de especies protegidas, desobediencia a las intimaciones previas e irregularidades urbanísticas derivó en una sanción exacta de 66.950.000 pesos.
El fallo judicial obliga a los infractores a ir mucho más allá del simple pago de la multa económica. Desde el juzgado fueron categóricos al sostener que los dueños del lote "deberán cumplir con todas las tareas de remediación y recomposición que determine la Dirección de Ambiente", una directiva que busca garantizar que el terreno intervenido recupere al menos una parte de su fisonomía y vitalidad original.
Para asegurar el cumplimiento de esta restauración integral, la sentencia impone exigencias innegociables. Los responsables tendrán que adquirir y plantar veinte nuevos ejemplares de especies autóctonas bajo la estricta supervisión de los equipos técnicos. Las autoridades adelantaron que mantendrán un monitoreo constante sobre la propiedad y exigirán el ingreso irrestricto de los inspectores hasta verificar que se respete cada punto de la medida impuesta para mitigar el impacto ecológico.
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ACUMAR en debate: recortes presupuestarios y el futuro del saneamiento del Riachuelo

Fecha de Publicación: 04/06/2026
Fuente: Portal El Auditor
Provincia/Región: Riachuelo


Mientras ex funcionarios critican los ajustes en el organismo encargado de sanear la cuenca Matanza Riachuelo y exponen los riesgos que eso conlleva, los actuales funcionarios destacan que lograron reducir la carga orgánica contaminante, entre otros logros mencionados.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) es el ente público interjurisdiccional creado en 2006 por la Ley 26.168 para sanear, recomponer y mejorar el medio ambiente de la cuenca en Buenos Aires. En ese sentido, coordina acciones entre Nación, Provincia y Ciudad para beneficiar a millones de habitantes.
ARTE.tv publicó un documental sobre los recortes presupuestarios que se realizaron en materia de protección ambiental y advierte que pone en peligro el plan de restauración del Riachuelo. El proyecto puesto en marcha desde 2008 para limpiar el agua y las riberas del río había logrado avances, según las fuentes consultadas. El Auditor.Info entrevistó a funcionarios de las gestiones actual y pasada para conocer sus consideraciones respecto de los avances y retrocesos en las políticas públicas de dicho organismo y en la situación del Riachuelo.
Para Fabio Márquez, ex director de la Comisión de Participación Social de ACUMAR desde 2020 hasta 2023, la situación actual del Riachuelo empieza a evidenciar el abandono de políticas sostenidas en el tiempo: “Se detuvo el proceso de saneamiento, se retrocedió en muchas acciones cotidianas que tienen que ver con limpieza, control y procesos participativos con los actores sociales para ir regulando cuestiones de salud y de reurbanización o relocalización de población de riesgo”, plantea.
Y agrega: "También han abandonado políticas con respecto a las reservas naturales, a la creación de parques, a ir agregando valor positivo y sostenido en el tiempo para que pueda ir alcanzando nuevos umbrales de calidad que, hoy, o están detenidos o están en regresión”.
Según Márquez, “los recortes presupuestarios no solo han sido en los salarios de tantos trabajadores, sino también en las acciones proactivas por las cuales había que seguir intentando recuperar el río como cuerpo de agua. También se han recortado las reurbanizaciones del área, la parquización de sus márgenes, el mejoramiento de los residuos sólidos urbanos y la articulación con otras áreas de Nación para ir conectando el sistema de agua potable y cloacal con las redes nuevas que se terminaron de construir en el gobierno anterior, a través de AYSA”.
Para el ex funcionario, el hecho de que la Corte Suprema se desligara de la causa Mendoza "de un modo arbitrario, caprichoso y claramente discrecional", le quita el paraguas jurídico que obligaba a las jurisdicciones a actuar sobre el saneamiento ambiental de la cuenca Matanza Riachuelo.
Sin embargo, las autoridades actuales de ACUMAR plantean que “se viene trabajando en una racionalización y optimización de los recursos, lo que permitió sostener las tareas fundamentales de la Autoridad de Cuenca y avanzar en resultados concretos. En ese sentido, no corresponde hablar de recortes, sino de una asignación responsable y eficiente del gasto”, afirman.
“Los monitoreos y el trabajo en territorio muestran una mejora sostenida en las condiciones del río y su entorno. Los resultados alcanzados son medibles y consistentes en el tiempo. Se continúa con la reducción significativa de la carga orgánica contaminante, pasando de valores históricos cercanos a 6.500 kilogramos por día (2010) a aproximadamente 1.400 kilogramos por día (2026), con proyección a niveles cercanos a 1.200 kilogramos diarios, lo que implicaría una reducción superior al 80%”, explican desde ACUMAR.
“Este mes comenzó la cuarta edición del Curso para Operadores de Plantas de Tratamiento de Efluentes Líquidos Industriales, un espacio de capacitación brindado por el organismo para alcanzar, junto a la sinergia y el compromiso de las empresas y los gobiernos locales, una producción industrial que se adecue a los estándares ambientales exigidos por ACUMAR, que a lo largo de sus diferentes ediciones (2022, 2024, 2025 y 2026) ha ido adaptando sus contenidos y niveles de complejidad acorde con las necesidades específicas de los distintos perfiles vinculados a la gestión de residuos líquidos”, indican desde el organismo.
Y señalan que “en 2022 las capacitaciones fueron financiadas por ACUMAR, en tanto que en los años subsiguientes los costos fueron absorbidos por el sector privado industrial, que fue asumiendo un proceso de maduración entendiendo la necesidad de contar con personal altamente capacitado para una correcta gestión de las plantas de tratamiento, lo que permitió reducir costos presupuestarios y fortalecer una alianza de cooperación entre el sector público y privado”.
Sobre esto, Antolín Magallanes, ex director General de Gestión Política y Social de ACUMAR, hace una analogía: “Un río contaminado es como un adicto en recuperación. Todos los días hay que trabajar para recuperarlo porque el nivel de contaminación que ha sufrido es muy grande. Es muy difícil que el río vuelva a ser prístino, pero se puede lograr recuperarlo en su máximo grado para que la gente pueda volver a nadar en él”.
“Me parece preocupante que el Gobierno baje un discurso antiambiental. No reconoce el problema ambiental como un tema prioritario de la agenda mundial. Trabajando en la Cuenca hemos aprendido que las condiciones políticas y económicas inciden en la situación de los ríos, por eso considero que esta mirada del Gobierno afecta a las condiciones del Riachuelo hoy”, expresa Magallanes.
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Ley de Glaciares: la Justicia dejó sin efecto la sentencia que frenaba la reforma en Santa Cruz

Fecha de Publicación: 03/06/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional - Santa Cruz


La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia tras considerar que no se evidencia un daño ambiental inminente.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en Santa Cruz, tras considerar que no se evidencia un daño ambiental inminente.
La acción de amparo colectivo había sido impulsada por el intendente de El Calafate y legisladores provinciales, quienes reclamaban la suspensión de la reforma por presuntos riesgos ambientales.
La Cámara, integrada por Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, reconoció la legitimación de los accionantes en su carácter de “parte afectada”, al entender que el derecho a un ambiente sano ampara a todos los ciudadanos por igual, más allá de los cargos que ocupen. Sin embargo, rechazó que pudieran autoerigirse como representantes del pueblo de toda la provincia.
“Ni el Intendente de El Calafate, ni la Presidenta de su Concejo Deliberante o los legisladores que suscribieron el escrito de inicio, poseen legitimación para auto arrogarse la representación del pueblo de toda una Provincia en el sentido que aquí han pretendido”.
La sentencia criticó que el juez de primera instancia no examinó las novedades sustanciales introducidas por la Ley 27.804, sancionada por el Congreso semas atrás, que no habilita una desprotección “arbitraria” de los glaciares, sino que exige estudios técnico-científicos, audiencias públicas e intervención del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) antes de cualquier modificación.
“El Juez Federal de Río Gallegos ni siquiera explicó los motivos por los que la nueva norma importaría un retroceso en materia ambiental, omitiendo referirse a la opinión técnica vertida por la Subsecretaría de Ambiente y las consultas cursadas por la OIT”, dijeron los camaristas en el fallo, al que tuvo acceso TN. 
Un argumento central del fallo fue la existencia de “capas de protección” superpuestas en Santa Cruz. Al respecto, los jueces recordaron que gran parte de las zonas potencialmente afectadas tienen estatus de Parque Nacional, donde toda explotación económica ya se encuentra prohibida por leyes específicas.
Los camaristas también remarcaron la vigencia de la Ley Provincial 3.123, cuyos estándares de protección resultan “prácticamente idénticos” a la redacción original de la norma nacional. Según los jueces, este marco normativo local impide que la reforma federal habilite de forma inminente actividades contaminantes en la provincia.
El tribunal concluyó que el “peligro en la demora” invocado por los amparistas es “meramente conjetural y remoto”, ya que al no existir un “caso actual” de daño concreto, la validez de la ley debe debatirse en el marco del proceso principal, sin suspender anticipadamente sus efectos.

Las principales claves de los cambios en la ley de Glaciares
La reforma de la ley de Glaciares redefine el objeto protegido, limitando la protección a aquellos glaciares y al ambiente periglaciar que cumplan “funciones hídricas específicas”.
Cada provincia puede determinar qué glaciares protege y en cuáles se pueden habilitar actividades extractivas, como la minería. Aunque establece que las actividades proyectadas en glaciares y ambiente periglaciar deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental.
La reforma modifica, además, el Inventario Nacional de Glaciares, que identifica y registra todos los glaciares y geoformas periglaciares.
Este seguirá a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que deberá actualizarlo cada cinco años con datos sobre ubicación, superficie y estado de conservación.
En cuanto a las actividades prohibidas, se encuentran aquellas que puedan “alterar de modo relevante” la condición natural o las funciones hídricas de glaciares y ambientes periglaciales.
Esto incluye acciones que impliquen su destrucción, traslado o que afecten su avance, como la explotación de hidrocarburos, la instalación de industrias o la construcción de obras.
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Un nuevo sistema permitirá monitorear en tiempo real la salud de los ecosistemas marino-costeros en la Costa Atlántica

Fecha de Publicación: 03/06/2026
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Buenos Aires


La provincia de Buenos Aires avanzará en la implementación de un sistema de observación marino-costero destinado a mejorar el conocimiento y la protección de los ecosistemas del litoral atlántico. La iniciativa quedó formalizada mediante un acuerdo entre el Ministerio de Ambiente bonaerense y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), consolidando una estrategia de monitoreo ambiental basada en información científica.
El proyecto se desarrollará junto a la Red de Investigación de Estresores Marino-Costeros en Latinoamérica y el Caribe (Remarco), una plataforma internacional integrada por especialistas de cerca de 20 países. Gracias a esta articulación, se fortalecerá la capacidad de análisis sobre los cambios que afectan a los ambientes costeros y oceánicos.
Además, la propuesta se enmarca dentro de una visión regional que busca mejorar la gestión de los recursos naturales y generar herramientas para anticipar riesgos ambientales cada vez más frecuentes en el contexto del cambio climático.

Estaciones estratégicas a lo largo de la costa bonaerense
Como parte de la iniciativa, se instalarán estaciones de monitoreo continuo en Santa Teresita, Villa Gesell, Mar Chiquita y Mar del Plata. Estos puntos fueron seleccionados por su relevancia ecológica y por representar distintos ambientes costeros de la provincia.
A través de tecnología especializada, las estaciones recopilarán datos en tiempo real sobre variables ambientales fundamentales para comprender la dinámica de los ecosistemas marinos. La información obtenida permitirá construir series históricas y detectar alteraciones de manera temprana.
Asimismo, el sistema incluirá el monitoreo de áreas de transición entre ecosistemas terrestres y oceánicos, sectores particularmente sensibles frente a las presiones humanas y los cambios ambientales globales.

Monitorear amenazas para proteger la biodiversidad
Uno de los principales objetivos será estudiar los llamados estresores marino-costeros, es decir, factores que alteran el equilibrio natural de los ecosistemas debido a actividades humanas o procesos ambientales.
Entre las variables que serán observadas se encuentran la acidificación oceánica, las floraciones de algas nocivas, la presencia de microplásticos y otros contaminantes emergentes que generan preocupación en la comunidad científica internacional.
Por otra parte, el monitoreo permanente permitirá evaluar tendencias a largo plazo y mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos que puedan afectar tanto a la biodiversidad como a las actividades económicas vinculadas al mar.

Una iniciativa con ventajas ambientales
La creación de una red de observación permanente representa una herramienta clave para la conservación de los ecosistemas costeros. Contar con información continua facilita la detección temprana de problemas ambientales antes de que alcancen niveles críticos.
Además, los datos obtenidos permitirán diseñar políticas públicas más eficientes para la protección de especies marinas, humedales costeros y hábitats fundamentales para el funcionamiento de la biodiversidad regional.
Asimismo, el proyecto favorecerá la toma de decisiones basadas en evidencia científica, mejorando la planificación territorial y promoviendo acciones orientadas a reducir la contaminación, preservar los recursos naturales y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático.

Ciencia y cooperación para un desarrollo sostenible
La iniciativa también busca consolidar una agenda de gestión ambiental sustentada en la cooperación entre organismos públicos, instituciones científicas y redes internacionales de investigación.
En este sentido, la información generada contribuirá al seguimiento de compromisos ambientales globales vinculados a la conservación de los océanos y al uso sostenible de los recursos marinos.
Finalmente, el fortalecimiento de la observación científica en la Costa Atlántica bonaerense representa un paso importante para comprender mejor los desafíos ambientales actuales y garantizar la protección de un patrimonio natural esencial para las generaciones presentes y futuras.
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El glaciar Perito Moreno lanzó una señal de alarma: detectan más de 1200 desprendimientos de hielo en apenas 45 días

Fecha de Publicación: 02/06/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Santa Cruz


Un estudio internacional utilizó sensores sísmicos para escuchar cómo se rompe el hielo en uno de los glaciares más emblemáticos del planeta, el Perito Moreno. Los resultados revelan una actividad mucho más intensa de lo que puede verse a simple vista.
Durante décadas, el glaciar Perito Moreno fue presentado como una excepción dentro de un mundo que se calentaba. Mientras cientos de glaciares retrocedían en distintas regiones del planeta, esta gigantesca masa de hielo ubicada en el Parque Nacional Los Glaciares parecía resistir. Sin embargo, una nueva investigación acaba de revelar una dinámica mucho más compleja y preocupante: más de 1200 desprendimientos de hielo fueron detectados en apenas un mes y medio gracias a una red de sensores sísmicos capaces de registrar fracturas invisibles para el ojo humano.
Más de 1200 desprendimientos de hielo fueron detectados en solo 45 días en el glaciar Perito Moreno mediante sensores sísmicos capaces de registrar fracturas invisibles y revelar cambios clave en una de las mayores reservas de agua dulce del planeta.
El trabajo fue publicado en la revista científica Journal of Geophysical Research: Earth Surface y estuvo liderado por investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Magallanes. La investigación analizó el comportamiento del frente del glaciar entre noviembre y diciembre de 2018 mediante la combinación de registros sísmicos continuos, imágenes obtenidas con cámaras time lapse y observaciones satelitales. Los resultados fueron difundidos por medios como Ahora Calafate y La Tercera.
Lo más llamativo es que los científicos no observaron un comportamiento aleatorio. Las fracturas y desprendimientos se concentraron en sectores específicos donde el hielo presenta mayores velocidades de desplazamiento y deformación. Esto permitió construir uno de los catálogos más detallados de desprendimientos registrados hasta ahora en un glaciar patagónico y comprender con una precisión inédita cómo pierde masa una de las mayores reservas de agua dulce del hemisferio sur.

Escuchar el hielo para entender el cambio climático
Los glaciares generan vibraciones cada vez que se fracturan, colapsan o liberan grandes bloques de hielo. Esas señales sísmicas viajan a través del terreno y pueden ser detectadas por instrumentos extremadamente sensibles. En el caso del Perito Moreno, los investigadores identificaron inicialmente decenas de eventos confirmados visualmente y luego utilizaron esas firmas sísmicas para rastrear automáticamente miles de procesos similares ocultos dentro de enormes volúmenes de datos.
La ventaja de este método es enorme. Mientras las imágenes satelitales dependen de la luz, de las condiciones meteorológicas y de la frecuencia de paso de los satélites, los sismómetros funcionan de manera continua. Pueden registrar actividad durante la noche, bajo tormentas o en zonas extremadamente remotas donde otros sistemas tienen dificultades para operar. Por eso muchos especialistas consideran que la criosismología será una de las herramientas más importantes para estudiar la evolución futura de los glaciares.
Los investigadores explican que esta capacidad permite observar procesos que ocurren prácticamente en tiempo real. En algunos casos, la información puede obtenerse cada pocos segundos, algo impensado hace apenas unos años. Esa resolución temporal abre una nueva ventana para comprender cómo responden los glaciares a cambios de temperatura, precipitaciones, circulación atmosférica y variaciones en los lagos que los rodean.

El gigante patagónico que ya no parece tan inmune
El hallazgo llega en un momento especialmente sensible para el Perito Moreno. Durante mucho tiempo fue considerado uno de los pocos grandes glaciares relativamente estables de la Patagonia. Sin embargo, diversos estudios recientes muestran señales de adelgazamiento, pérdida de masa y cambios en su comportamiento dinámico sobre lo que ya escribimos en Meteored.
Uno de los indicadores más observados es la ausencia del famoso puente de hielo que históricamente se formaba cuando el glaciar avanzaba hasta bloquear el Brazo Rico del Lago Argentino. Ese fenómeno, que atraía a miles de turistas y generaba espectaculares rupturas naturales, no vuelve a producirse desde 2018. Para numerosos especialistas, esto podría estar reflejando un cambio profundo en el equilibrio del glaciar.
La importancia de entender estos procesos va mucho más allá del paisaje. El Campo de Hielo Patagónico Sur, donde se encuentra el Perito Moreno, constituye la tercera reserva de agua dulce más grande del planeta fuera de Groenlandia y la Antártida. Cada cambio en estos gigantes de hielo tiene consecuencias potenciales sobre los recursos hídricos, los ecosistemas y la disponibilidad futura de agua en una región cada vez más expuesta a extremos climáticos. Por eso, escuchar cómo se rompe el hielo podría convertirse en una de las herramientas más valiosas para anticipar el futuro de la Patagonia.
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Fumigaciones a juicio: "En Pergamino hubo un modelo sistemático de contaminación"

Fecha de Publicación: 02/06/2026
Fuente: Diario La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


En el tramo final del debate de la causa Pergamino, los abogados de las víctimas reclamaron penas de hasta cinco años de prisión para los principales acusados
El juicio por delitos ambientales en Pergamino entró en su etapa decisiva con el alegato de la querella, que condensó años de denuncias, estudios científicos y testimonios de vecinos afectados por fumigaciones en zonas periurbanas. En la sala del Juzgado Federal de Rosario —donde se sustancia el proceso por tratarse de una causa federal vinculada a la contaminación de recursos interjurisdiccionales— los abogados de las víctimas sostuvieron que quedó probado un esquema persistente de contaminación con agroquímicos y pidieron condenas de prisión efectiva.
Durante una exposición extensa, los letrados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro afirmaron que los hechos investigados entre 2011 y 2019 no constituyen episodios aislados, sino la expresión de una práctica sostenida en el tiempo. Según señalaron, las fumigaciones se realizaron en campos lindantes con barrios como Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, donde las viviendas se encuentran a muy corta distancia de las áreas cultivadas y los pobladores estuvieron expuestos de manera permanente.

Pruebas científicas
Uno de los ejes centrales del alegato estuvo puesto en la prueba científica. Pericias realizadas en suelos de los campos investigados y en terrenos de viviendas cercanas detectaron múltiples moléculas de agroquímicos, algunas coincidentes. Para la querella, ese cruce constituye un elemento clave para vincular la actividad productiva con la contaminación ambiental en los barrios.
A esa evidencia se sumaron testimonios que describieron fumigaciones nocturnas, sin receta fitosanitaria y a escasos metros de las viviendas. Las declaraciones coincidieron en señalar aplicaciones realizadas en horarios irregulares, en algunos casos durante la madrugada y bajo condiciones climáticas inadecuadas. “Se trató de una actividad sistemática y violatoria de todas las normas”, sostuvieron.

Fumigaciones y consecuencias sanitarias
El alegato profundizó además en las consecuencias sanitarias. La querella incorporó historias clínicas, informes médicos y peritajes que, según sostuvo, permiten establecer una relación entre la exposición a agroquímicos y diversas patologías. Entre los cuadros mencionados se incluyeron afecciones respiratorias, trastornos inmunológicos y la presencia de glifosato en organismos, especialmente en niños.
 “La contaminación no fue abstracta: se tradujo en enfermedad”, señalaron los abogados, al tiempo que remarcaron que en el expediente se documentaron sustancias en muestras biológicas de personas afectadas.
En paralelo, la querella cuestionó el rol del Estado municipal. Según expuso, hubo fallas en los controles y deficiencias en la aplicación de las ordenanzas que regulaban las fumigaciones, e incluso situaciones en las que los mecanismos de control quedaron desdibujados o resultaron insuficientes frente a prácticas reiteradas.

Cinco años de prisión
En el tramo dedicado a las responsabilidades, los abogados solicitaron cinco años de prisión efectiva para los principales acusados: los productores Fernando Cortese, Mario Roses y José Luis Gratone, a quienes atribuyeron dominio de la actividad y continuidad de las prácticas pese a advertencias y sanciones.
Para Víctor Hugo Tirivo, en función de un menor grado de intervención, pidieron cuatro años de prisión. Para los hermanos Sabatini, acusados por un único hecho, reclamaron el mínimo de tres años. En todos los casos solicitaron además la inhabilitación para actividades agrícolas.
En relación con Christian Taboada, aplicador de agroquímicos, la querella propuso considerarlo partícipe secundario, al entender que no tenía control sobre las decisiones productivas. También pidió el decomiso de maquinaria y elementos utilizados. 

“Distancia de rescate”
Otro punto central del alegato fue el pedido de mantener la restricción de 1.095 metros para fumigaciones. Cabaleiro sostuvo que reducir ese límite implicaría un retroceso en la protección ambiental y remarcó que responde al “mejor estado de la ciencia disponible”. En ese marco, introdujo el concepto de “distancia de rescate” para explicar que esa distancia constituye el mínimo necesario para alejar a la población del foco contaminante y reducir el riesgo sanitario, y planteó extender esa protección a escuelas rurales y otras localidades del partido de Pergamino.
El alegato también puso en valor el rol de los vecinos que impulsaron la causa, en particular madres que comenzaron a advertir problemas de salud en sus hijos y lograron visibilizar la situación. Para la querella, ese recorrido permitió que el caso llegara a juicio y expusiera una problemática que excede el conflicto puntual.
El cierre combinó esa dimensión jurídica con una apelación simbólica. Quintana citó al pergaminense Atahualpa Yupanqui para sintetizar el planteo de la acusación: “Hay una cosa en la tierra más importante que Dios. Y es que nadie ocupe sangre para que otro viva mejor”.
El jueves, el fiscal federal Federico Reynares Solari, solicitó la misma cuantía de penas que la querella, antes del turno de las defensas.
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Las pepitas son ajenas

Fecha de Publicación: 01/06/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Multinacionales de Australia, Canadá, China, Suiza y fondos globales se llevan la parte del león del boom minero. La transición energética mundial demanda recursos que el país tiene en abundancia, pero el gobierno de Milei favorece negocios de enclave. Qué pasa con el empleo.
El empleo en la minería lleva diez meses consecutivos en baja, a pesar de que el sector atraviesa un boom exportador como no ve vio nunca antes. Las ganancias de la fabulosa expansión que está teniendo la actividad se concentran en un puñado de multinacionales, principalmente de Australia y Canadá, con participación creciente de empresas chinas y, un poco más atrás, de Suiza y fondos globales.
Cinco provincias concentraron en 2025 el 98,6 por ciento de las exportaciones mineras: Salta, con una población de 1,5 millones de personas, San Juan (850 mil), Jujuy (825 mil), Catamarca (440 mil) y Santa Cruz (340 mil). En total son 4 millones de ciudadanos, menos del 10 por ciento del total nacional.
Sin embargo, de ese universo la minería da trabajo de manera directa a solo 39.698 personas. Como se indicó al comienzo, en el último año la ocupación registró bajas constantes, acumulando un descenso del 5,3 por ciento en la comparación interanual.
Esto se debe a que los proyectos mineros van perdiendo incidencia en materia de ocupación luego de la primera etapa de construcción de las infraestructuras básicas para la explotación, que es intensiva en mano de obra. Pero sin intervención desde el Estado para generar encadenamientos con industrias y proveedores de servicios nacionales, ese impulso inicial va cediendo y se consolidan negocios de enclave con escasos ganadores.
Desde que gobierna Javier Milei, la industria perdió 104 mil puestos de trabajo, muchos más que los 40 mil que emplea la minería en su conjunto. La actividad manufacturera todavía da trabajo a 1,1 millones de personas en forma directa y a más del doble si se contabilizan los empleos indirectos, por lo cual la minería no está en condiciones de compensar ni siquiera marginalmente el retroceso del sector fabril.
En Chile, por ejemplo, la minería emplea actualmente a 211 mil personas, con explotaciones mucho más desarrolladas.

El boom
El cambio en las condiciones internacionales es el gran disparador del boom minero en la Argentina. “La transición energética convirtió al litio y al cobre en el petróleo del siglo XXI”, describe, por ejemplo, un documento del Grupo Atenas, que conducen Silvina Batakis y Martín Pollera, que aporta planes de desarrollo para un eventual gobierno peronista.
“Argentina tiene los recursos que el mundo necesita con urgencia: litio y cobre en cantidades extraordinarias, en un momento en que Estados Unidos, Europa y China compiten por asegurar suministro. Eso le da al Gobierno una palanca de negociación como no existió en ningún otro momento histórico. Pero Milei la dilapidó: firmó contratos con el RIGI con estabilidad fiscal por 30 años, sin contenido local exigible, exactamente cuando más poder de negociación tenía el país. El resultado es predecible: exportaciones récord con empleo cayendo”, describe Pollera.
Las exportaciones totalizaron 4.633 millones de dólares en 2024, subieron a 6.037 millones en 2025 y en lo que va del 2026 aumentan al 81 por ciento (ya van 2.409 millones en el primer trimestre), por lo que se estima que el total anual alcanzará a 9.000 millones de dólares. De acuerdo a proyecciones privadas y de la Secretaría de Energía, para 2030 se esperan exportaciones por 18.600 millones y para 2033, entre 23.800 y 25.000 millones.
“La minería ofrece una oportunidad para diversificar la matriz exportadora. Petróleo, gas y minería habilitan desarrollos en la región cordillerana, que históricamente no ha tenido las ventajas comparativas del agro para insertarse en el comercio internacional”, explica Víctor Delbuono, especialista de Fundar.
“En términos macro, esos sectores generan una inyección de divisas muy importante, que puede ayudar a resolver la restricción externa, la cual ha dificultado una y otra vez la estabilidad en la Argentina”, agrega. Un factor clave es que esos sectores tienen menos estacionalidad que el agro y dependen mucho menos de factores climáticos. Además, pueden aportan divisas en el último cuatrimestre del año, cuando disminuyen las liquidaciones del complejo agrícola.

RIGI
El modelo para la minería del gobierno libertario se expresa con claridad en las condiciones del RIGI, que ofrece beneficios notables para las multinacionales en materia impositiva, de aranceles, de importaciones y de disponibilidad de divisas, sin pedir nada a cambio para favorecer el desarrollo local.
“Argentina está transfiriendo renta extraordinaria al exterior de manera innecesaria”, protesta Pollera. En Chile, por ejemplo, la tributación efectiva sobre el margen de explotación es del 13 por ciento, mientras que en Argentina las multinacionales pagan regalías por el 3,5 por ciento en boca de pozo, con volúmenes de producción que las empresas informan por declaración jurada, y tributan a partir de sus propias mediciones.
“En Argentina se sigue la lógica liberal clásica. En pocas palabras, baja intervención estatal, régimen de regalías acotado, sin condicionalidades de contenido local ni industrialización aguas abajo. El RIGI de Milei fortalece esa lógica”, señala el experto del Grupo Atenas.
“Para comprenderlo fácilmente -agrega-, la Argentina participa en el primer eslabón de la cadena de valor, la extracción, y resigna todo el valor agregado que se genera en el procesamiento, fabricación de componentes y baterías, que se hace en Asia principalmente”, advierte.
Por ejemplo, en la cadena de valor de las baterías de litio, la extracción representa menos del 7 por ciento del valor final del producto. El 93 por ciento restante se queda afuera.

Proyectos y propuestas
Las exportaciones mineras de 2025 estuvieron concentradas en oro, con el 68 por ciento, seguidas por litio y plata, con 16 y 15 por ciento de participación, respectivamente.
En el RIGI hay aprobados hasta ahora 16 proyectos, de los cuales 9 son mineros, con inversiones comprometidas por 30 mil millones de dólares. Tres son de litio en Salta, Catamarca y Jujuy, dos son de oro y plata en Salta y San Juan, uno es de oro en esta última provincia, lo mismo que dos grandes proyectos para la explotación de cobre, y finalmente hay uno de cobre en Mendoza.
Las empresas involucradas son gigantes como Rio Tinto (conglomerado inglés y australiano), McEwen Mining (de Canadá), Lundin/BHP (de Canadá y Australia), Galan Lithium (Australia), AISA Group (capitales españoles), Barrick Gold (Canadá), Shandong Gold (China), AbraSilver Resource Corp (Canadá), Zonda Metals GmbH (Suiza), Lithium Americas (Canadá) y Ganfeng Lithium (China).
“No proponemos estatizar ni cerrar la minería, ni tampoco revertir lo que ya está firmado. Los contratos RIGI vigentes tienen estabilidad jurídica por 30 años y avanzar sobre ellos unilateralmente implicaría arbitrajes internacionales que Argentina históricamente pierde”, analiza Pollera.
Pero explica cómo empezar a revertir la política libertaria en caso de que el peronismo vuelva al poder.
“Lo que sí es posible —y urgente— son cinco instrumentos concretos aplicables desde el día uno, orientados a los proyectos que todavía no se firmaron. Y los más grandes todavía no firmaron: los proyectos de cobre, con más de 25.000 millones de dólares inversión agregada, todavía no están operativos. No se exporta cobre desde 2018. Hay una ventana de oportunidad, pero se cierra pronto", analiza.
Los puntos que propone el Grupo Atenas para una minería con agregado de valor pasan por la firma de un Pacto Federal Minero, por el cual las provincias cedan pisos comunes de condicionalidades a cambio de infraestructura nacional, que solas no pueden conseguir. Los recursos, desde la reforma constitucional de 1994, pertenecen a las provincias, aclara Pollera.
También plantea un esquema de condicionalidades para las empresas que escalan con el tiempo, para lograr industrialización local, así como mayores controles sobre los volúmenes de producción y montos de tributación progresivos.
El gobierno de Milei, en cambio, sigue con el programa que más favorece a las multinacionales del sector.
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