El Impenetrable bajo agua: siembra desmonte, cosecharás inundación

Fecha de Publicación: 12/05/2026
Fuente: Indimedia
Provincia/Región: Chaco


Las lluvias extraordinarias en El Impenetrable chaqueño evidencian la crisis climática y la necesidad de preservar los bosques como servicios ecosistémicos. Productores locales denuncian la pérdida de la producción de alimentos y materias primas, mientras que las organizaciones denuncian la deforestación por el avance del agronegocio. Un caso testigo frente a la embestida del Gobierno contra la Ley de Protección de Bosques Nativos.
“Nunca en esta parte del Chaco se vio este tipo de inundación. En esta época no suele llover.” Roberto Benítez vive en la localidad de Juan José Castelli, en el portal de El Impenetrable chaqueño. En 15 hectáreas, junto a su padre Epifanio, cultiva alfalfa, sandías, melones y zapallos. Pero los zapallos, que ahora estaría cultivando, quedaron sumergidos en el agua por la lluvia extraordinaria de 240 milímetros que se registró el 20 de abril pasado. Las precipitaciones afectaron a unas 500 familias que se dedican a la horticultura, estima el productor. Menciona como una de las causas el desmonte. Organizaciones socioambientales cuestionan la intención del gobierno nacional y de las provincias de modificar la Ley de Bosques.
El 70 por ciento de Castelli, una ciudad de 50.000 habitantes situada a 260 kilómetros al norte de Resistencia, quedó bajo agua. El agricultor menciona que, en el último año, vivieron con crudeza los efectos de la desertificación y que el avance de la siembra con agrotóxicos pone en riesgo su producción. “Cada vez estamos yendo más al norte, donde todavía no hay pooles de siembra”, relata. La zona donde vive se caracteriza por la producción hortícola y abastece a ciudades como Resistencia. Pero advierte que no sabe hasta cuándo podrán seguir produciendo. Destaca también que trabajan gran parte de la producción en forma agroecológica.
Setenta kilómetros al norte, en el límite con Formosa, se sitúa El Espinillo; otra localidad de El Impenetrable. El 20 de abril cayeron allí 320 milímetros de lluvia. En ese pueblo vive la comunidad qom Pozo Los Ranchos. Son aproximadamente 20 familias, que se dedican a la cría de chivos y gallinas para el autoconsumo, a la apicultura y a la cestería con hojas de palma. “Nos afectó muchísimo el tema de las lluvias”, asegura Alcira Pérez, joven artesana de la comunidad. Recuerda que, en enero 2018, vivieron otra situación similar: parajes como El Espinillo, Campo de Mayo, Las Hacheras, La Armonía y Pozo La Gringa se anegaron en pocas horas por lluvias de 300 milímetros. Y apunta a la deforestación como la causa de estos desastres.
Tiene 30 años y a lo largo de su vida vio como se perdieron algarrobos y quebrachos blancos: especies autóctonas del monte chaqueño. Cuenta que deforestan para el aprovechamiento de la madera “pero no hacen un manejo sostenible, queda todo ralo y por eso queda mucho el agua”. A la vuelta de su casa, en su lote, aún perviven las especies devoradas por el desmonte. Por eso, explica, ella no se inundó, pero sus vecinos sí.
Desde niña aprendió el oficio de la cestería, que para el Pueblo Qom tiene un sentido económico, espiritual y ancestral. La técnica de tejer canastos y otros objetos con hojas de palma secas se transmite de generación en generación. Pero la crisis climática también afecta ese trabajo, en particular los procesos de recolección y de secado de las hojas. “Necesitamos varios días de sol para el secado pero eso se dificulta en estos meses”, comenta.
La palma que usan para la cestería también sirve como abono natural. “El cambio climático nos afecta en lo económico, tratamos de paliar la situación porque no tenemos ayuda”, señala. “Nuestro trabajo es y ha sido un camino de dignidad y sanación y, a pesar de la situación de la economía argentina, la gente sigue eligiendo nuestro arte”, agrega.

Inundaciones, cambio climático y alimentos en peligro
El Impenetrable abarca cerca de 4.000.000 de hectáreas de bosque nativo de la región chaqueña semiárida. Se ubica principalmente en el noroeste de Chaco, pero incluye también el este de Salta, el oeste de Formosa y el noreste de Santiago del Estero.
Las familias que habitan esa región viven de lo que da la tierra. “Hay zonas donde las veredas de las rutas tienen puestos, se mueven las microeconomías, hay mano de obra, gente trabajando”, describe Benítez y marca que son unas 500 familias que se dedican a la horticultura en la zona y fueron afectadas por la inundación. El productor explica que las parcelas que se trabajan se fueron achicando en los últimos años. Antes, la producción era mayor, pero el clima, la caída del consumo y la inflación repercutieron en las posibilidades de producción y generaron la necesidad de buscar otros territorios, más al norte de la provincia.
En el caso de El Espinillo, peligra la miel del monte chaqueño. Por la deforestación, las abejas se van del lugar en busca de alimento. La comunidad Pozo Los Ranchos también trabaja agroecológicamente, cuidando la tierra, y reivindicando la economía pluripopular, que tiene tres componentes: trabajo, sustentabilidad y reforestación. Pero la deforestación, cuenta Pérez, no incluye mantenimiento sostenible ni capacitaciones para reforestar. “Eso produce el cambio climático”, indica.
Consultado sobre si hubo previsiones acerca de las lluvias, Benítez asegura que no. Y explica: “Confiamos en los pronósticos, pero eso cambió. De la noche a la mañana aparecimos con 30 o 40 centímetros de agua adentro de la casa, en un lugar donde nunca había pasado”. Entre las razones de la inundación, Benítez enumera tres: el desmonte, la falta de previsión al hacer obras públicas y el cambio climático.
Lo ocurrido coincide con la intención manifiesta del gobierno nacional y de las provincias que conforman el Consejo de Mayo de modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de Bosques Nativos (26.331). El proyecto propone exceptuar del pedido de autorización para el desmonte en las zonas clasificadas como “Verde” (de alto índice de conservación del bosque nativo), permite los desmontes en las zonas “Amarillas” (índice medio de conservación) y solo los prohíbe en las zonas “Rojas” (bajo nivel de conservación).
En 2025, Greenpeace denunció 167.684 hectáreas deforestadas en Chaco entre noviembre de 2020, cuando el Poder Judicial chaqueño suspendió los desmontes, y julio de 2025. Los datos fueron obtenidos a partir de datos oficiales y de un relevamiento satelital de la organización.
Desde la agrupación Somos Monte señalan, en un documento al que accedió Tierra Viva: “En el Chaco el monte nativo ha estado siempre sujeto a valoraciones materiales. Esta visión de apropiación, explotación y usufructo muchas veces está divorciada de toda jurisprudencia y sentido humanitario”. Agregan que la crisis climática se profundiza por el cambio de uso de los suelos, el desmonte y el avance de la frontera agrícola-ganadera.
“La depredación de la naturaleza para el negocio de un puñado de ricos no nos va a sacar de la pobreza y tenemos ejemplos de sobra. Ya lo vimos en los 90 con la soja transgénica y el glifosato. Son promesas de desarrollo vacías que solo nos dejan más pobres, contaminados y otra vez endeudados”, expresan.

“Sin bosques, perdemos todos”
“El desmonte le duele a la sociedad ahora porque ve por la tele que a la gente también le afecta”, asegura Somos Monte. La organización se refiere a las imágenes que llegaron a las ciudades a través de la televisión y las que la sufrieron en el propio centro de Castelli.
“Ahora también se inundaron ‘los del centro’ y no sólo los de los ‘barrios bajos’, como siempre. La gente afectada por la inundación ahora debe sentir lo que sienten los animales, vegetales y hongos del monte cuando llega la topadora. Angustia, miedo, pérdida de biodiversidad. Corridos, cercados, desplazados”, afirman.
La organización socioambiental va directo a las causas. Las calles llenas de agua, los campos anegados, los caminos intransitables tienen un origen: la tala indiscriminada de especies nativas y el cambio del uso del suelo para actividades extractivas. “Sistemas hidrológicos enteros se ven afectados reduciendo la disponibilidad y la calidad del agua, los eventos meteorológicos severos incrementan su intensidad y/o duración, afectando cultivos e innumerables economías familiares, comunidades enteras son desplazadas o forzadas a la marginación o vulnerabilidad socioambiental. A la larga, sin bosques, perdemos todos”.
Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), citan desde Somos Monte, una hectárea de bosque chaqueño absorbe 300 milímetros de agua por hora, mientras que una con pasturas 100 milímetros y una con soja hasta 30 milímetros.
El Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) emitió, el 29 de abril, la Resolución 573/26, en la que rechaza la modificación a la Ley de Bosques. Diecisiete provincias se manifestaron en contra de la reforma; dos (Catamarca y Entre Ríos) se abstuvieron y cinco no se presentaron. Entre las ausentes, figura Chaco. El dictamen del Cofema señala también que realizó un proceso de consulta entre ONGs, universidades, institutos científicos, cámaras y profesionales. Recibieron 60 ponencias: el 90 por ciento en contra del desguace de la ley.
De aprobarse la reforma impulsada por el Gobierno, solo el 10 por ciento de las superficies de los ordenamientos territoriales de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero quedarán protegidas bajo la Categoría I de la Ley de Bosques. La iniciativa contradice el compromiso de Argentina sobre Deforestación Cero para el año 2030, firmado en 2021 durante la COP 26 de las Naciones Unidas en Glasgow. Greenpeace denunció el riesgo que esta reforma implicaría ante la Corte Suprema de la Nación.
“Una modificación que flexibilice los criterios o habilite recategorizaciones de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) no solo socava el principio de no regresión ambiental, sino que también convierte al OTBN en un instrumento político negociable, y abre puertas a la aparición de fronteras extractivas legalizadas como tal, como ser la ganadería, la agricultura y la minería”, indica Somos Monte.
Y menciona que la ley actual no solo protege los bosques en términos cuantitativos, sino que regula indirectamente muchos de los servicios ecosistémicos que emergen de la existencia de estos bosques. Por ejemplo, la retención de humedad y estructura de los suelos, la existencia misma de agua en regiones semiáridas debido a la formación de vapor de agua, la regulación de la temperatura, la captura de carbono y la generación de oxígeno, entre otros.

“Los desastres climáticos pasan por un mal manejo del ser humano”
“Así como tenemos inundación, también tenemos fríos extremos, cosa que era inusual. A veces pasamos de la inundación a la plena sequía. No tenemos nunca un clima estable”, señala Benítez sobre el impacto climático y asegura que el problema comenzó a notarse hace diez años en El Impenetrable.
Tras las lluvias, queda la ayuda entre los propios horticultores y la escasa respuesta estatal. Los productores elevaron un petitorio ciudadano al municipio de Castelli para que atienda a los pequeños productores. También hubo colectas solidarias de vecinos y vecinas autoconvocados.
Benítez, que perdió el 80 por ciento de su producción, asegura: “Vamos a pelearla como podemos, ya vivimos una situación similar, pero con la extrema sequía. Es doloroso, esto nos excede a todos, el desastre climático es enorme”, lamenta. Y pide conciencia porque “la naturaleza está cambiando, los climas son otros y los desastres climáticos pasan por un mal manejo del ser humano”.
Somos Monte se expresa en el mismo sentido: “La forma de pensar a la naturaleza como recurso proviene de una mirada puramente colonial y extractivista. Lo que tenemos como resultado es una tendencia casi irrefrenable al desmonte, más cuando se lo plantea como negocio, restándole toda importancia de servicio ambiental y cultural, sin preocupación por conservar áreas estipuladas por ley”.
.

La justicia argentina revoca freno a la aplicación de la reforma de la ley de glaciares

Fecha de Publicación: 11/05/2026
Fuente: Agencia EFE Verde
Provincia/Región: La Pampa  - Nacional


La Justicia argentina revocó este viernes un fallo que había suspendido la aplicación, en la austral provincia de Santa Cruz, de la reforma a la ley de protección de glaciares aprobada recientemente por el Parlamento argentino a impulso del Gobierno de Javier Milei.
«En el día de la fecha, la Justicia ha revocado un amparo presentado en Santa Cruz que frenaba la implementación de la reforma», informó el jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, en una comparecencia ante la prensa.
El pasado 24 de abril, Claudio Vázquez, juez federal de la ciudad de Río Gallegos (Santa Cruz), había ordenado frenar de modo temporal en la provincia la aplicación de la reforma en respuesta a una acción de amparo ambiental presentada por el Gobierno municipal y el Concejo Deliberante (Poder Legislativo local) de la ciudad santacruceña de El Calafate, puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares, donde está, entre otros, el monumental glaciar Perito Moreno.
Aprobada por el Parlamento el pasado 9 de abril, la reforma otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se pueden permitir las actividades mineras.
La norma modifica la ley de glaciares aprobada en 2010 en Argentina, pionera en Latinoamérica y que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.
El Gobierno de Milei alega que esta modificación a la ley de glaciares era necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que ahora mismo registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro.
Las empresas mineras sostienen que no todos los ambientes periglaciales constituyen «reservas estratégicas de recursos hídricos» a ser protegidas y que una evaluación, caso por caso, por parte de las provincias podría habilitar proyectos productivos en áreas cercanas a los glaciares «sin función hídrica relevante».
«La redacción de la ley original era de tan ambigua interpretación que provocó la prohibición de actividades mineras en zonas donde no había nada que proteger», afirmó este viernes Adorni.

Otros amparos contra la reforma
Además del amparo presentado en Santa Cruz, el Gobierno de la provincia de La Pampa (centro) presentó el 9 de abril un amparo colectivo contra la reforma en el que plantea la «inconstitucionalidad» de la norma impulsada por el Ejecutivo de Milei.
Por su parte, el pasado martes organizaciones ambientalistas presentaron otro amparo colectivo, al que adhirieron 850.000 personas, en contra de la reforma.
«No vamos a dejar que organizaciones internacionales ambientalistas de intereses espurios pasen por encima de los derechos de todos los argentinos», afirmó Adorni.
La nueva batalla judicial tiene un antecedente de peso: en 2019 la Corte Suprema argentina ratificó la constitucionalidad de la ley de 2010 al fallar en una demanda contra aquella norma iniciada en 2011 por la minera canadiense Barrick Gold y la provincia de San Juan (oeste).
En aquella sentencia, el Supremo reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de carácter público y que, en contextos de conflicto, los derechos colectivos como el acceso al agua prevalecen por sobre intereses individuales.
.

Aceptan tratar amparo por la Ley de Bosques 

Fecha de Publicación: 11/05/2026
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: La Pampa  - Nacional


La Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente en la demanda por inconstitucionalidad y medida cautelar de no innovar contra el Decreto 888/24 que eliminó el Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), que el gobierno de La Pampa le hizo a Nación.
La provincia reclamó en 2024 unos mil millones de pesos para las operatorias de los años 2023 y 2024 y denunció una “desviación de fondos” por parte de Casa Rosada al Tesoro Nacional.
En ese momento, el gobernador Ziliotto instruyó a la fiscal de Estado, Romina Schmidt, para que en nombre y representación de La Pampa, inicie las acciones extrajudiciales y judiciales pertinentes contra el Estado Nacional, en salvaguardo de los intereses provinciales que se encuentran afectados en virtud del Decreto N° 888/2024, teniendo en cuenta que el 7 de octubre de 2024, el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto 888/2024 elimino el Fobosque, creado por el Articulo 53 de la Ley N° 27.431, constituyendolo como un fideicomiso de administración y fnanciero, con el objeto de administrar el Fondo nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos creado por la ley 26.331.
“Recién ahora se declaran competentes y dan el primer traslado”, señalaron fuentes de la Fiscalía de Estado provincial, sobre la resolución que la CSJ emitió el 30 de abril pasado.

Afectación
La demanda de la provincia a Nación, llegó al verse directamente afectada por la eliminación del Fobosque, por dejar desprotegidos los bosques nativos ante situaciones de inseguridad, poniendo en riesgo el control de los desmontes ilegales e incendios forestales y a los productores involucrados en virtud de no poder continuar con las compensaciones implementadas para la gestión del bosque que realizan.
Teniendo en cuenta que los recursos del Fondo se aplicaban un 70% para compensar a los titulares de las tierras donde se conservan los bosques nativos y el 30% a la Autoridad de Aplicación de cada Jurisdicción, que lo destinará al desarrollo y mantenimiento de la red de monitoreo, los programas de asistencia técnica y financiera, para la sustentabilidad de actividades no sostenibles desarrolladas por pequeños productores ylo comunidades indígenas y/o campesinas. El gobierno provincial destacó que la disolución del fideicomiso no sólo es contraria a nuestra Constitución Nacional y a todas las convenciones suscritas y ratificadas por nuestro país, sino que denota una vez más el avasallamiento a las provincias atentando contra la forma Federal de Gobierno.

Desvío
El Estado Nacional resolvió mediante el Decreto desviar los fondos al Tesoro Nacional de manera discrecional, generando una incertidumbre respecto a la forma de distribuir los recursos que le corresponden a la provincia, que cumplimentó en tiempo y forma, a través de su Autoridad de Aplicación, con todos los recaudos legales concernientes para obtener la compensación del Fobosque. Además, durante el año 2024 el Estado Nacional tampoco distribuyó el total del dinero que le correspondía a la provincia.
.

Comunidad indígena denuncia a una multinacional por arrasar con más de 300 hectáreas de su territorio 

Fecha de Publicación: 09/05/2026
Fuente: Portal iProfesional
Provincia/Región: Misiones


El 5 de mayo fue detenido por la policía local el mburuvicha —cacique— Santiago Ramos de la comunidad Mbya Guaraní Tekoa Puente Quemado II, acusado por usurpación del territorio que habitan. El traslado se efectuó hasta la comisaría de Garuhapé y más tarde, con despliegue de diez patrulleros, también fueron llevados ocho miembros de la misma comunidad, más un grupo de mujeres y niños, con la intención de interrogarlos y tomar sus datos. La ONG EMIPA (Equipo Misiones de Pastoral Aborigen) calificó el hecho como "desalojo encubierto" y llamó a movilizarse en contra de la medida.
Según consignó la periodista Karina Ocampo para el sitio EconmíaSustentable.com, en horas de la tarde y después de la importante presión social ejercida por parte de organizaciones y miembros de la sociedad civil, los detenidos fueron liberados. La ONG XR (Rebelión o Extinción) Misiones reveló que se les habían tomado las huellas dactilares, que a los hombres se les secuestró sus celulares, les generaron causas judiciales, y fueron apartados de las mujeres y los niños.
Por su parte, Francisco Rodriguez, el Responsable de Asuntos Guaraníes, en comunicación con el jefe de la comisaría afirmó que no hubo orden de desalojo, y que "solo fueron demorados". El caso quedó en manos del Dr. Leonardo Manuel Balanda Gómez, Juez de Instrucción N° 1, de la Cuarta Circunscripción Judicial, Puerto Rico, Misiones. Un comunicado emitido por el Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección de Asuntos Guaraníes habla de una denuncia por "una supuesta intrusión" y proponen la creación de una mesa de diálogo.
Las tierras de ese lote y varias más fueron hechas sin el relevamiento territorial —afirmó Rodriguez—, entiendo que no se avanzó en la compra de esos territorios lastimosamente. La presunta intrusión la denunció el señor Ruff.
El cacique Santiago Ramos había acusado al empresario forestal Alfredo Ruff, dueño de un aserradero en el departamento de Cainguás, municipio de Aristóbulo del Valle, por el desmonte de áreas prohibidas, sin tener en cuenta el relevamiento territorial y el derecho a la consulta previa, libre e informada, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
En febrero pasado el cacique Ramos también había realizado un video en el que denunciaba a la empresa de recursos forestales Arauco por su responsabilidad en el incendio y plantación de pinos; monocultivo que desde 2022 invadió las 333 hectáreas que rodean a la comunidad, a quienes les corresponden 659 hectáreas, según relevamiento territorial. Llevado el caso a juicio, el propósito del cacique era talar los pinos para volver a plantar árboles nativos y comestibles con el objetivo de asegurar su alimento, tal como consigna EconomíaSustentable.com.
La ONG Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA) responsabiliza además al Gobierno de Misiones y al organismo de Asuntos Guaraníes por complicidad. "El hecho —a días de haber llevado el caso de esta Comunidad Mbya ante la ONU por su lucha territorial contra la multinacional Arauco—, resulta tan absurdo como ilegítimo, porque nadie es usurpador en su propio territorio. El lote en cuestión se encuentra dentro del relevamiento territorial en el marco de la Ley 26.160, que reconoce la ocupación ancestral de la Comunidad".
Desde la organización socioambiental XR de Misiones cuentan que la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II se encuentra a 22 km hacia dentro de la ruta nacional N°12, que no tienen luz ni agua, y que hace más de ocho años que piden agua potable, pero que "les niegan el derecho porque los presionan para irse de ahí". También aseguran que hay más comunidades afectadas pero que son pocas las denuncias porque Arauco tiene prácticas directas de amedrentamiento: "entra con la camioneta y te prende fuego la casa".

Otra geografía, similar accionar
Según EconomíaSustentable.com, en Puerto Iguazú, la comunidad Mbya Guaraní Fortín MBororé enfrenta presiones similares, pero en este caso, vinculadas al desarrollo turístico e inmobiliario, al encontrarse en una región de alto valor comercial por su cercanía a las Cataratas del Iguazú. Las 270 hectáreas que tenían unas 300 familias se redujeron, entre el desmonte y la ocupación. Antonio Moreira, miembro de la comunidad, cuenta que se separaron en cinco partes y los líderes quedaron enemistados. Frente a la colocación de un cerco, los damnificados no tuvieron a quién recurrir.
—A nosotros no nos dijeron nada, solo entraron, pusieron los alambrados, y ahora ya llegaron hasta cerca de la casa de mi mamá. Pero tampoco sé cómo se manejan los líderes de la comunidad con el municipio, porque nadie vino a intervenir, esperamos que hicieran algo pero hasta ahora, nada. A ellos los están manipulando para que se peleen entre sí, y así mantenerlos ocupados en pavadas, mientras ellos hacen sus trabajos sucios.
En los últimos años hubo un avance de proyectos privados, cuenta Moreira. Según su testimonio, quienes fueron a alambrar dijeron que eran de la Municipalidad y colocaron cámaras de seguridad en el predio. Tampoco les respondieron desde la Dirección de Asuntos Guaraníes de Puerto Iguazú.
La comunidad que alguna vez fue cazadora y recolectora abandonó la caza, se adaptó a cierta modernidad y también modificó sus hábitos alimentarios cuando ingresaron los ultraprocesados. Con esfuerzo sostienen sus costumbres, encontraron una opción de desarrollo en el turismo comunitario al recibir personas que quieren acercarse a la comunidad y conocer la forma en que viven. Antonio Moreira los guía en paseos en bicicleta a través de la selva y les cuenta acerca de sus costumbres. Dice que todavía se dedican al cultivo de alimentos, con una huerta redonda, pero también tienen problemas de agua.
—Ya no tenemos nuestra vertiente de donde sacábamos el agua. Ahora estamos haciendo un pozo de agua en la casa de mi mamá. Perdimos un buen pedazo de monte y ahora ya limpiaron todo, están construyendo. Pero la tierra de mis padres no me la van a poder sacar tan fácil —asegura.
.

Alertan sobre la sequía y contaminación en Laguna de Pozuelos

Fecha de Publicación: 09/05/2026
Fuente: Jujuy Al Momento
Provincia/Región: Jujuy


En el marco del Día de la Minería, comunidades indígenas realizaron un "contrafestejo" para visibilizar la degradación de sus ecosistemas y la falta de agua, recurso que consideran está siendo agotado por los proyectos extractivos.
Este jueves 7 de mayo se recordó el Día de la Minería. En la Puna jujeña, lejos de haber celebración, comunidades originarias realizaron un "contrafestejo" para visibilizar la degradación de sus ecosistemas y la falta de agua. 
 Kuntur Vargas, docente y comunicador indígena, conversó con Radio 2 e hizo referencia a la problemática poniendo especial foco en la Laguna de Pozuelos (Rinconada).
Enfatizó en que presenta niveles de sequía inéditos para esta época del año.
“ En pleno mayo, la laguna muestra un aspecto seco que habitualmente solo se veía en los meses de sequía extrema, de septiembre a noviembre ”, señaló.
Dijo que se ha observado un comportamiento inusual en aves como la parina o la guayata, que están abandonando la laguna para buscar agua en otras regiones, lo que indica una ruptura en su ciclo natural.
Desde la perspectiva de los pueblos originarios, el uso intensivo de agua por parte de la minería (Mina Chinchillas, Aguilar y, especialmente, el litio en Susques) afecta a toda la región. “En comunidades como El Cóndor, donde antes bastaba con recoger agua de superficie, ahora los pobladores deben excavar hasta un metro para encontrarla, y en los meses secos el recurso desaparece por completo”, alertó.
Vargas sostiene que las consultoras presentan estudios genéricos que minimizan el daño real y aseguran que no habrá modificaciones en el ecosistema, algo que la realidad contradice.
.

Extractivismo recargado: el Gobierno busca desmontar la Ley de Bosques

Fecha de Publicación: 08/05/2026
Fuente: Agencia TierraViva
Provincia/Región: Nacional


Luego de desguazar la Ley de Glaciares, Javier Milei y gobernadores aliados pusieron en la mira a la Ley de Bosques. En Argentina ya se arrasaron siete millones de hectáreas y es un país de referencia en la destrucción de monte nativo. Monocultivos, ganadería y especulación inmobiliaria son los sectores beneficiados. Un llamado socioambiental a unirse y defender el territorio.
A pesar del amplio rechazo popular, Javier Milei y legisladores cómplices flexibilizaron la Ley de Glaciares. Ahora, mientras casi un millón de argentinos ya se sumaron a la mayor demanda judicial de la historia para recuperar la protección de nuestras principales reservas de agua dulce, el gobierno nacional avanza, sigiloso, con reuniones con el propósito de modificar la Ley de Bosques y habilitar más deforestación.
Los bosques y selvas concentran muchísima biodiversidad y nos brindan bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia, como alimentos, maderas y medicinas. Son el territorio y el sustento de comunidades indígenas y campesinas. Y cumplen un rol fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, y la conservación de los suelos.
Sin embargo, Argentina se encuentra en emergencia forestal. Según datos oficiales, entre 1998 y 2024 la pérdida de bosques nativos en el país fue de más de siete millones de hectáreas, una superficie similar a la de Formosa, lo que coloca a Argentina entre los 15 países con más deforestación del mundo.
Las principales causas de la pérdida de bosques son el avance de la frontera agropecuaria (mayormente para ganadería y soja transgénica que en gran medida se exportan a Asia y Europa) y los incendios forestales.
El 75 por ciento de los desmontes se concentran en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Sobre todo en los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica y una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo, con 3.400 especies de plantas, 500 aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios.
Tras años de lucha, la sanción a fines de 2007 de la Ley de Bosques (26.331) fue un logro sin precedentes y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, que presionó al Congreso Nacional mediante un millón y medio de firmas.
Pasaron más de 18 años de implementación de la normativa, y todas las provincias realizaron el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), los cuales prohíben la autorización de desmontes en casi el 80 por ciento de las zonas forestales.
Es importante destacar que desde el 2014 se evidencia una disminución de la deforestación, cercana al 40 por ciento respecto al promedio de pérdida de bosques que hubo durante la década previa a la sanción de la Ley de Bosques.
Sin embargo, los ordenamientos de Formosa, Corrientes y Buenos Aires fueron muy cuestionados por organizaciones sociales por dejar amplias zonas donde se permite solicitar permisos de desmonte. Por otra parte, algunos ordenamientos (Salta, Chaco) fueron ilegalmente modificados por los gobiernos provinciales mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas donde estaba prohibido el desmonte.
Cabe advertir que muy pocas provincias realizaron la actualización de su OTBN, los cuales según la reglamentación de la norma deben hacerse cada cinco años, de manera participativa y sin retroceder respecto a las zonas donde no se permite deforestar. A pesar de ello, las actualizaciones de los ordenamientos de Salta y Chaco aumentaron las áreas donde estará permitido acceder a un permiso de desmonte, violando lo establecido por la Ley de Bosques.
Más de la mitad de la deforestación se produce donde no está permitido (con permisos de desmontes irregulares para ganadería o en forma ilegal), y en los últimos años se incrementaron los incendios forestales, sobre todo en Córdoba y en la Patagonia, región que este verano sufrió los peores incendios de los últimos 60 años.
El relevamiento satelital realizado por Greenpeace estima que durante 2025 la sumatoria de áreas desmontadas e incendiadas en el norte del país fue de 210.702 hectáreas, un 40 por ciento superior a la del año anterior.
La Ley de Bosques, aunque insuficiente, es una herramienta fundamental para salvar nuestros bosques. Es claro que Argentina aún está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para el año 2030, firmado en 2021 en la Cumbre Climática de Glasgow (COP26), posteriormente incorporado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Frente a esta situación, resulta grave e inconstitucional que desde el gobierno nacional y algunas provincias se proponga la modificación de la Ley de Bosques con el objetivo de permitir aún más desmontes.
De aprobarse esta iniciativa, aumentará significativamente la deforestación, ya que sólo estarán prohibidos los desmontes en las zonas forestales clasificadas en la Categoría I, rojo, que abarcan en promedio apenas el 20 por ciento de la superficie de bosques nativos.
Por el contrario, Argentina debe prohibir y penalizar tanto los desmontes como los incendios forestales.
Es tiempo de unirnos para resistir a este ataque contra nuestros ecosistemas y las leyes que los protegen. Por el planeta, por nosotros y por las futuras generaciones.
.

Advierten por falta de información pública sobre la sismicidad asociada al fracking

Fecha de Publicación: 08/05/2026
Fuente: Portal Antena Libre FM 89.1 
Provincia/Región: Neuquén


Javier Grosso, geógrafo del Observatorio de Sismicidad Inducida, señaló que en Neuquén ya se registraron 15 sismos en lo que va del año vinculados a la actividad de fracking. El último ocurrió el sábado en Sausal Bonito, donde vecinos reportaron vibraciones en techos y vidrios antes de la confirmación oficial del evento.
Durante la entrevista en Antena Libre, Grosso remarcó además la preocupación por el vencimiento de un convenio entre la Subsecretaría de Hidrocarburos de Neuquén y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (IMPRES), vigente durante cinco años. Según explicó, ese acuerdo impidió el acceso a datos de sismos de menor magnitud bajo cláusulas de confidencialidad, por lo que ahora reclaman saber si la información será abierta a la población.
El geógrafo también sostuvo que no existen soluciones de fondo para las familias afectadas. En Sausal Bonito, recordó, solo se entregaron 12 de las 50 viviendas antisísmicas anunciadas en 2023. A la vez, advirtió que el avance del complejo Vaca Muerta sigue sumando pozos y extendiéndose hacia nuevos territorios, incluso en Río Negro.
.

Buscan prohibir definitivamente los cotos de caza en Río Negro

Fecha de Publicación: 07/05/2026
Fuente: Legislatura de Río Negro 
Provincia/Región: Río Negro 


La legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) presentó un proyecto de ley que busca prohibir de manera definitiva la instalación, habilitación y funcionamiento de los cotos de caza en todo el territorio provincial.
La iniciativa propone un profundo cambio de paradigma jurídico, pasando de una visión “antropocéntrica” a una “ecocéntrica”, donde se respete a los animales como individuos valiosos y “seres sintientes”, en lugar de considerarlos meros objetos económicos o de entretenimiento.
“La tortura no es arte ni cultura”, subraya el documento en sus fundamentos, destacando que los cotos de caza promueven la mercantilización de la vida silvestre y se apartan de los principios del nuevo derecho animal.
En la actualidad, Río Negro cuenta con 14 establecimientos habilitados para la caza deportiva, los cuales conforman un exclusivo circuito de turismo cinegético a nivel internacional.
Odarda resalta que “en estos recintos privados, la matanza de fauna silvestre para obtener ´trofeos’ mueve cifras exorbitantes, llegándose a abonar sumas de hasta 3.500 euros por pieza cazada”.
Uno de los puntos más críticos que señala el proyecto es “la grave desproporción entre la magnitud de este lucrativo negocio y la limitada capacidad de control del Estado”.
Según información oficial remitida por la Subsecretaría de Fauna –que menciona Odarda- la provincia “dispone de tan solo cinco guardafaunas y tres vehículos para fiscalizar no solo estos 14 cotos, sino también el conjunto de las áreas naturales protegidas. Esta falta de fiscalización incrementa significativamente el riesgo de maltrato animal y pone en peligro a especies protegidas que habitan la región, como el Huemul, el Pudú y el Puma”.
El texto legislativo cuestiona directamente la legalidad del aprovechamiento privado de la fauna silvestre, recordando que “esta constituye un bien natural común que pertenece a toda la sociedad”. Además, remarca que “habilitar actividades que implican un sufrimiento innecesario contradice los avances en materia de protección animal”.
En sus conclusiones, la autora del proyecto sostiene que prohibir estos establecimientos “es una medida razonable y necesaria para garantizar la protección integral de la biodiversidad y fomentar una cultura de paz, argumentando que matar por diversión y premiar con la cabeza de un animal no humano fomenta un patrón de violencia incompatible con la sociedad actual”.
.

Refuerzan controles en la cuenca Salí-Dulce con monitoreos conjuntos entre Tucumán y Córdoba

Fecha de Publicación: 07/05/2026
Fuente: Portal TedenciaNoticias
Provincia/Región: Tucumán - Córdoba 


Las tareas forman parte de un esquema permanente de evaluación de la calidad del agua. Se analizaron parámetros físicos, químicos y organolépticos. 
La Subsecretaría de Medio Ambiente de Tucumán avanzó con nuevas tareas de monitoreo en la cuenca Salí-Dulce, en el marco de un esquema de control sostenido sobre la calidad del agua. Las acciones se desarrollaron en coordinación con organismos de Córdoba y forman parte de una estrategia interjurisdiccional que busca fortalecer la vigilancia ambiental en uno de los sistemas hídricos más relevantes del norte argentino.
En esta oportunidad, los trabajos se concentraron en distintos puntos estratégicos del Río Dulce, donde equipos técnicos realizaron mediciones y tomaron muestras para su posterior análisis. La actividad se llevó a cabo de manera conjunta con el equipo de monitoreo de calidad de agua de la Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba, en línea con lo establecido por el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Salí-Dulce.
Durante la campaña, los especialistas evaluaron parámetros físicos, químicos y organolépticos directamente en el terreno, utilizando sondas uni y multiparamétricas. Estas herramientas permiten obtener datos precisos en tiempo real, fundamentales para detectar posibles alteraciones en el estado del recurso hídrico.
Además, se recolectaron muestras que serán analizadas en laboratorios especializados de ambas provincias. En Tucumán, los estudios quedaron a cargo del Laboratorio Ambiental de la Subdirección de Monitoreo y Laboratorio Ambiental, junto con los laboratorios de efluentes, metales pesados y microbiología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres.
Por su parte, en Córdoba intervinieron los laboratorios de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, consolidando un esquema de trabajo articulado entre jurisdicciones que permite un abordaje más integral del monitoreo ambiental en la cuenca.
Desde el área ambiental destacaron que estos controles se realizan de manera permanente y sistemática durante todo el año. Las tareas son coordinadas por la Subdirección de Monitoreo y Laboratorio Ambiental, en conjunto con el Departamento de Calidad de Agua de la Dirección de Recursos Hídricos.
.

Presentaron un amparo contra la reforma de la Ley de Glaciares

Fecha de Publicación: 06/05/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Con records de participación para una acción colectiva, organizaciones ambientalistas argentinas señalaron la inconstitucionalidad de la reforma y pidieron que un tribunal federal en La Pampa frene su aplicación.
Organizaciones ambientalistas presentaron, en el Juzgado Federal de La Pampa, un amparo colectivo para frenar la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada hace un mes en el Senado. Con la adhesión de más de 850 mil personas, denuncian la inconstitucionalidad de la reforma y solicitan una medida cautelar para proteger el agua.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace Argentina pidieron que se suspenda en todo el territorio nacional la aplicación e implementación de la ley que debilita la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar. “Hasta que se resuelva la cuestión de fondo, debe seguir vigente la Ley 26.639/2010”, aseguraron.

Una reforma regresiva
La reforma permite que las provincias definan qué áreas tienen un valor hídrico relevante y modifiquen el inventario del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Iangla), realizado por científicos, según dispongan, sin necesidad de justificar su decisión con una mirada técnica. En este punto, las organizaciones marcan una falacia en la ley: “está comprobado que todos los glaciares y ambientes periglaciales tienen un valor hídrico por ser reservas estratégicas de agua dulce al estar conformados por ella".
Con la flexibilización de la protección, se podrían habilitar más emprendimientos extractivos en zonas que, con una mirada técnica, no estaban habilitadas para la explotación. “Actividades como la minería implican riesgos de contaminación y alteración física que pueden afectar de forma irreversible estas reservas. En regiones donde el agua es escasa, estos riesgos son incompatibles con la seguridad hídrica", agregaron. Los glaciares abastecen a más de siete millones de argentinos de forma directa y sostienen actividades productivas provinciales. “Debilitar su protección compromete no solo el ambiente, sino también el desarrollo del país a mediano y largo plazo”, alegaron.

Reclamar para no retroceder
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la FARN, aclaró: “Esta reforma viola el piso mínimo de protección ambiental que debe fijar el Congreso según lo que establece la Constitución Nacional. Si bien hoy las provincias son las titulares de los recursos naturales, no pueden disponer de ellos a cualquier costo porque el Congreso tiene la facultad de dictar el piso mínimo de protección". Además, sostuvo que aparte de los impactos ambientales, “la reforma compromete seriamente la credibilidad internacional del país, porque contradice compromisos asumidos por la Argentina, como el Acuerdo de Escazú, que consagra el principio de no regresión en materia ambiental, y el acuerdo con la Unión Europea, que prohíbe bajar estándares para atraer inversiones extranjeras".
Para la presentación, las organizaciones se enmarcaron en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a un ambiente sano y a la defensa colectiva de los derechos ambientales. “Una acción colectiva permite que las organizaciones actúen en representación de un conjunto amplio de personas afectadas, sin que cada una tenga que iniciar un juicio individual. Esto no sólo hace viable el reclamo, sino que aumenta su fuerza frente a las autoridades competentes", explicaron.
Las organizaciones rememoraron: “La acción judicial surge luego de un proceso legislativo profundamente viciado, en el cual se les negó la participación a más de cien mil personas inscriptas en una audiencia pública convocada por comisiones de la Cámara de Diputados, incumpliendo así con la participación amplia, integral e inclusiva que exige el Acuerdo de Escazú. Ni siquiera el 0,2% de las personas anotadas pudo participar oralmente". Subrayaron que el reglamento de las audiencias fue cambiado una vez abierta la inscripción y con “criterios arbitrarios”.
“La vía judicial es necesaria para frenar un retroceso ambiental y defender derechos constitucionales”, aseguraron. Demandaron en un tribunal federal, ya que la reforma “genera un perjuicio a la seguridad hídrica a nivel nacional”. A su vez, “La Pampa es una de las provincias que se encuentran directamente afectadas por la modificación, ya que recibe agua de cuencas que nacen en las provincias de San Juan y Mendoza, donde proyectos mineros se disputan áreas glaciares y periglaciares para desarrollar su actividad".
En primera instancia, esperan que la Justicia evalúe la aplicación del principio precautorio --ante un posible daño grave o irreversible al ambiente o la salud humana, se debe detener la implementación-- y, con esto, priorice la protección del ambiente y el acceso al agua frente a posibles riesgos irreversibles. A su vez, recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ratificó por unanimidad en 2019 que la Ley de Glaciares es constitucional y que el dominio provincial sobre los recursos no permite perforar el piso de protección federal. De todas formas, destacaron: “la defensa del agua y de los glaciares es una causa estructural que trasciende una instancia judicial”.

Participación histórica
Diego Salas, director de Programas de GreenPeace Argentina, señaló: “Esta demanda representa un hito de participación ciudadana: más de 850 mil personas de todo el país se han unido en esta defensa histórica de los glaciares. Es un mensaje fuerte y claro: la sociedad no permitirá una reforma que ponga en riesgo las reservas de agua dulce de Argentina".
Además de las adhesiones a título personal --entre las que figura Marta Maffei, autora de la ley original de glaciares--, también accionarán legalmente asambleas ambientalistas locales --como Jáchal no se toca; Santa Cruz por el Agua; el Paraná no se toca-- y asociaciones civiles de derechos humanos --como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Círculo de Políticas Ambientales. “Esta demanda abre una nueva etapa en la lucha por nuestras fuentes y reservas estratégicas de agua”, exclamaron los demandantes.
.

Liberaron en La Pampa cinco ejemplares de una emblemática ave en peligro de extinción

Fecha de Publicación: 06/05/2026
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: La Pampa


Fueron reintroducidos en una reserva natural tras un trabajo conjunto entre organismos públicos y ONGs. 
La provincia de La Pampa avanzó con la liberación de cinco cardenales amarillos, una de las aves más emblemáticas del país y que hoy está en peligro de extinción. La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático junto al Ministerio de la Producción provincial, en un contexto donde el tráfico ilegal y el deterioro del hábitat siguen poniendo en jaque a la especie.
El cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) habita únicamente en algunas regiones del sur de Brasil, Uruguay y Argentina, con mayor presencia en territorio argentino. Su canto y su plumaje llamativo lo convirtieron durante años en un blanco frecuente de captura, sobre todo los machos, para su venta como ave de jaula.

Un trabajo conjunto clave
La liberación, que se concretó en abril de 2025, fue posible gracias a la articulación entre el Ecoparque de Buenos Aires, Aves Argentinas, Fundación Temaikén, el Colaboratorio de Biodiversidad, Ecología y Conservación (ColBEC) y autoridades pampeanas.
Este tipo de iniciativas refleja la importancia del trabajo coordinado entre el Estado y organizaciones especializadas, que aportan conocimiento técnico y recursos para avanzar en la recuperación de especies amenazadas.

Cómo fue el proceso de reinserción
Los ejemplares fueron criados en el Ecoparque porteño, donde atravesaron un proceso de preparación intensivo para asegurar su adaptación al medio silvestre. Antes de la liberación definitiva, se evaluó su estado de salud y comportamiento.
Para la reinserción se aplicó la técnica de “liberación blanda”, que permite que las aves pasen un período en un entorno controlado dentro del hábitat natural. De esta manera, se facilita una adaptación gradual y se incrementan las chances de supervivencia.
La elección de una reserva natural en La Pampa respondió a la necesidad de contar con un ambiente protegido, con condiciones adecuadas para que la especie pueda desarrollarse y fortalecer su población.

Amenazas que persisten
El cardenal amarillo está catalogado como especie en peligro de extinción tanto a nivel internacional como nacional. La principal amenaza sigue siendo la captura ilegal, a la que se suma la pérdida de hábitat por el avance de actividades humanas.
En Argentina, además, la especie cuenta con protección legal, lo que busca desalentar su comercialización y preservar los ejemplares que aún quedan en estado silvestre.

Cómo es el cardenal amarillo
Se trata de un ave de plumaje amarillo con tonos oliváceos, copete marcado y garganta negra. Presenta dimorfismo sexual: los machos tienen colores más intensos, mientras que las hembras muestran tonalidades más apagadas, con zonas grisáceas.
Son aves territoriales, especialmente los machos, que pueden mostrarse agresivos frente a otros individuos. En cuanto a su alimentación, son principalmente granívoras, aunque también consumen insectos y larvas.

Un desafío a largo plazo
La liberación de estos ejemplares representa un paso importante, pero los especialistas advierten que la recuperación del cardenal amarillo requiere políticas sostenidas en el tiempo.
La continuidad de estos programas, junto con el control del tráfico ilegal y la preservación del hábitat, será clave para garantizar la supervivencia de una especie que forma parte del patrimonio natural argentino.
.

El regreso de las ballenas jorobadas, el "gigante del sur argentino" entusiasma a los científicos: el motivo

Fecha de Publicación: 05/05/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Nacional


El aumento de ballenas jorobadas en Tierra del Fuego sorprende a científicos. Nuevos datos revelan patrones de migración, alimentación y el rol clave del Canal Beagle como hábitat.
En el extremo más austral del continente americano, donde el viento es rey y el mar marca el pulso de la vida, una silenciosa y fascinante historia comienza a consolidarse temporada tras temporada. 
El Canal Beagle, en Tierra del Fuego, vuelve a ser escenario de una noticia que entusiasma a científicos y amantes de la naturaleza: cada más ballenas jorobadas regresan a estas aguas.
De acuerdo a un estudio conjunto del CADIC-CONICET y de las fundaciones WCS Argentina y Compromiso Onashaga, solo en el último año se registraron 22 individuos in situ, de los cuales 17 fueron identificados por primera vez, consolidando una tendencia que no deja de crecer. Desde 2013 hasta 2025, el número total asciende a 208 ballenas identificadas, un indicador clave del aumento sostenido de la especie en la región.
Pero detrás de estos números hay algo aún más revelador: historias individuales. Como la de Buddha, una ballena que no era vista desde 2021 y que volvió a aparecer en el Beagle, o la de Shima, que con ocho años consecutivos de visitas se convirtió en la jorobada más fiel a estas aguas.

Las ballenas jorobadas vienen marchando
La presencia de la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) en el Canal Beagle no es nueva, pero sí cada vez más frecuente. Si bien existen registros desde 1979, fue a partir de la década de 1990 cuando comenzaron a observarse con mayor regularidad. 
Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 2013, cuando un grupo de ejemplares permaneció durante semanas en la zona, lo que impulsó el inicio de un ambicioso proyecto de monitoreo.
Hoy, las áreas con mayor concentración incluyen sitios como Isla Martillo, el sector entre Baliza Escarpados y Río Encajonado, y el Archipiélago Les Eclaireurs, además de puntos clave como Bahía Lapataia y la zona entre Punta Paraná y Puerto Almanza.

El aporte ciudadano, clave en el hallazgo
Uno de los aspectos más innovadores de este fenómeno es que no depende exclusivamente de científicos. Porque el proyecto se basa en un modelo de ciencia ciudadana.
¿Qué significa esto? Que más de 500 fueguinos y turistas han aportado fotografías y videos que permiten identificar a cada ballena. Gracias a estas imágenes, los investigadores utilizan la técnica de fotoidentificación, basada en los patrones únicos de la aleta caudal, comparables a una huella digital. 
Este enfoque no solo multiplica la cantidad de datos disponibles, sino que también genera una conexión directa entre la comunidad y la conservación del ecosistema.

Por qué están regresando las ballenas jorobadas a Tierra del Fuego
Las ballenas jorobadas realizan largas migraciones entre sus áreas de alimentación en aguas frías del sur y sus zonas de reproducción en mares tropicales. En este contexto, el Canal Beagle parece estar consolidándose como un sitio clave de alimentación estival. 
Su dieta, basada en krill y pequeños peces, encuentra en estas aguas condiciones favorables. Además, el monitoreo a largo plazo permite evaluar otros factores, como cambios en la disponibilidad de alimento o variaciones ambientales que podrían estar favoreciendo su presencia.
Sin embargo, no todo es positivo en este fenómeno. Porque las jorobadas enfrentan amenazas como el cambio climático, la contaminación, el ruido submarino, las colisiones con embarcaciones y los enmalles en redes pesqueras.

Mucho más que un espectáculo visual
Más allá del espectáculo natural que representan -con saltos, soplidos y colas emergiendo del agua incluidos-, el aumento de las ballenas jorobadas es también un indicador ambiental.
Cuando una especie de gran tamaño y alta movilidad como esta comienza a regresar de forma sostenida, los científicos lo interpretan como una señal de que el ecosistema está ofreciendo condiciones adecuadas. Es decir, el Beagle no solo atrae ballenas, sino que está funcionando como un hábitat relevante dentro de su ruta migratoria.

La importancia del avistaje responsable
El crecimiento del número de ballenas conlleva una gran responsabilidad: protegerlas. En Ushuaia y alrededores rigen normativas específicas que regulan el acercamiento a mamíferos marinos, promoviendo un avistaje responsable.
Entre las recomendaciones clave se destacan mantener distancias prudentes, evitar ruidos innecesarios y no interferir en el comportamiento natural de los animales.
.

Sauce exótico y especies invasoras: cómo los drones revolucionan el cuidado de los ríos en Neuquén

Fecha de Publicación: 05/05/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


Científicos de Neuquén utilizan drones para frenar el avance del sauce exótico y monitorear el ingreso de salmones en los ríos patagónicos. Esta tecnología permite relevamientos de alta precisión que optimizan meses de trabajo de campo y abren una nueva etapa en la protección de los ecosistemas acuáticos. 
Los drones, además de captar imponentes imágenes de los paisajes, sirven como una potente herramienta para el estudio de los ecosistemas acuáticos. «Nosotros tenemos un proyecto bastante grande de control de sauce exótico y, en ese caso, lo usamos todo el tiempo», indicó el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén (Cean). Señaló que, además, sus colegas lo utilizan «para mapear salmones, una especie exótica que está ingresando a los ríos».
El Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente (Inibioma) coordinó la charla, junto con la Universidad Nacional del Comahue y el Cean en San Martín de los Andes, para difundir los usos del dispositivo dentro de la ciencia. Cada dos semanas se reúnen para socializar saberes, pensar proyectos e identificar nuevas preguntas y conexiones sobre los desafíos ambientales de la provincia.
Pascual remarcó que la integración de drones dentro de las investigaciones marca una nueva era en el análisis de los recursos naturales de la región. Su capacidad para obtener datos locales precisos supera la visión de los satélites tradicionales y optimiza los tiempos de las patrullas terrestres.

Casos de estudio: la versatilidad del dron en el estudio de los ecosistemas en Neuquén
El investigador indicó que la utilidad de estas aeronaves se divide en diversos niveles de complejidad técnica. El escalafón inicial consiste en la exploración visual y la documentación de actividades. «Podemos tener una resolución de dos centímetros dentro del detalle del suelo», detalló Pascual. Los científicos observan el avance de las plantas invasoras con una claridad asombrosa, casi como si estuvieran parados allí mismo, pero con la ventaja de una vista aérea completa que abarca toda la costa.
En el caso del sauce exótico, el dron recorre el río y graba todo el trayecto. Como el dispositivo posee referencias geográficas, el equipo toma notas y observaciones directamente desde la pantalla. «Es una herramienta que permite relevar muchísimo territorio que, si tuviéramos que recorrer a pie, nos llevaría demasiado tiempo», resaltó el experto. Así, lo que antes era una tarea de semanas de caminata, ahora se resuelve con vuelos programados que cubren grandes extensiones en minutos.
También se utilizó para medir cuánta basura entra en el vertedero de Junín de los Andes. Pascual explicó que el software crea un mapa en tres dimensiones que calcula el tamaño de las montañas de residuos de forma automática.
Lo mismo sucede con los restos de madera tras una limpieza en el bosque: el dron ayuda a saber cuántos camiones harán falta para retirar el material. Esta capacidad de cálculo ahorra recursos y mejora la organización del trabajo en el campo.
A pesar de estas ventajas, Pascual advirtió que la tecnología exige un compromiso serio tras el regreso del campo. «El vuelo es un 20% del trabajo», remarcó. La mayor parte de la carga horaria se concentra en el procesamiento de las imágenes y en el aprendizaje de software especializado. 
En ciertos casos, ante la falta de herramientas comerciales accesibles, los científicos desarrollan sus propios códigos de programación para registrar eventos biológicos complejos que desde el suelo pasan desapercibidos.

Proyectos a la vista: el uso del dron para estudiar los peces del Chimehuin
El próximo paso tiene como objetivo a los peces bajo el agua. Durante la próxima temporada, el equipo planea sobrevuelos en el río Chimehuín para detectar sitios de desove. «Si las truchas se vieran bien, el dron sería una herramienta genial para registrar esos sitios de baja profundidad», afirmó el investigador.
Esta iniciativa busca aprovechar la claridad del agua en otoño e invierno para proteger los ciclos reproductivos de las especies de interés ecológico y deportivo.
.

Área por área, los números de la solapada extinción de las políticas ambientales en la era Milei

Fecha de Publicación: 04/05/2026
Fuente: Portal SumaPolitica
Provincia/Región: Nacional


“Lo del Gobierno de Milei no es ajuste, es gasto reprimido”. La definición es tan concisa como precisa y su autor es Pablo Gerchunoff, destacadísimo historiador y economista argentino. La frase de Gerchunoff aplica a todas las áreas de gestión del gobierno libertario, incluida por supuesto la ambiental, que desde el primer momento fue denigrada en términos institucionales y presupuestarios al punto de llegar a la casi inexistencia de instancias estatales nacionales que se ocupen del tema. Desfinanciar o subejecutar partidas ya de por sí muy exiguas es la manera más efectiva de hacer desaparecer políticas públicas: esto está pasando de manera cada vez más acentuada con el presupuesto ambiental de la Argentina, cuyo mayor órgano de acción —la Subsecretaría de Ambiente de la Nación— tuvo en 2025 el presupuesto más bajo de la última década. Este año todo será peor, ya que se espera una caída presupuestaria en términos reales de casi el 80 % para esa dependencia del Estado. 
Parques Nacionales, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el Plan de Protección y Conservación de Áreas Marinas, las partidas para la Ley de Bosques, los programas de energías renovables y eficiencia energética, el plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y el Servicio Meteorológico Nacional: absolutamente todas las partidas de dinero público que atienden a cuestiones relacionadas con la conservación, el cuidado de la naturaleza o la adaptación frente al cambio climático han sido y seguirán siendo duramente recortadas, según un informe reciente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Recortes que están a tono con la doctrina de Milei, que piensa y sostiene que “el Creador no nos dio este planeta sólo para contemplarlo”. 

Un territorio abandonado
Según se detalla en el documento de trabajo de la FARN, una de las áreas abandonadas a su suert e es el sistema de Parques Nacionales, una joya de prestigio internacional que no solo está siendo desfinanciada sino que además está siendo subejecutada: esto significa que las partidas asignadas para su buen funcionamiento ni siquiera se gastan en su totalidad. Así se desprende del documento “Presupuesto ambiental en Argentina: resultados del 2025 y proyecciones para el 2026”, que puntualiza que la Administración de Parques Nacionales (APN) subejecutó su presupuesto en 2025, con 13.720 millones de pesos sin utilizar. “De esta manera, la APN presentó una caída real del 39,3 % de sus fondos en 2025 en comparación con 2023, mientras que para 2026 se espera una caída real del 32,3 % con respecto a 2023”. 
Algo parecido ocurre con el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN), que el año pasado ejecutó 2.383 millones de pesos, 155 veces menos que los 368.633 millones que debería haber ejecutado para cumplir con la Ley 26.331. Para el corriente año, FNECBN cuenta con apenas 17.468 millones de pesos, según la FARN. Un área particularmente sensible que tampoco escapó a la motosierra es el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que en 2025 ejecutó apenas el 75,7 % de sus fondos, dejando sin utilizar 19.300 millones. “El 38 % de sus fondos se ejecutaron en el mes de diciembre, lo que permite inferir una falta de planificación preventiva para la gestión integral del fuego. En el presupuesto de 2026, el SNMF vuelve a presentar una fuerte caída real: 69,2 % en comparación con 2023”, explica el trabajo. 
Finalmente el Sistema de Áreas Marinas Protegidas (SAMP), que cubre unas 13 millones de hectáreas, ejecutó 666 millones durante 2025, un gasto de 61 pesos por hectárea protegida a precios constantes de 2026. 

El desguace del Servicio Meteorológico
El SMN arrancó el año pasado con un presupuesto de 25.541 millones, luego ampliado hasta 32.083 millones. Si bien fue ejecutado casi en su totalidad, en términos reales perdió el 37,9 % respecto de 2023. Para este año, las partidas suman 37.651 millones, lo que significa una caída real del 37,2 %, en lo que ya es el presupuesto más bajo de la última década. 
Además de pérdidas presupuestarias importantes, el Servicio —uno de los más antiguos del mundo— también atraviesa un fuerte recorte de personal: ya en diciembre de 2025 la plantilla se redujo a 992 empleados, un 5,7 % menos que un año antes cuando había 1.053 trabajadores. Según un informe del portal Chequeado, a principios de este año el organismo tenía 987 empleados, 175 menos que en diciembre de 2023. En la actualidad, ese organismo mantiene una fuerte disputa con el gobierno nacional, que sigue usando la tijera y acaba de despedir a 140 trabajadores más, bajo el argumento de la modernización del servicio.

Más combustibles fósiles, menos energías renovables
Otra área donde aparece de manera muy visible la faceta anti naturaleza del actual gobierno argentino es la energética, donde todas las fichas están puestas en el desarrollo de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) en detrimento de las energías renovables. Desde la FARN pusieron también la lupa en estos rubros, con resultados elocuentes: el año pasado, las partidas destinadas al fomento de energías renovables y eficiencia energética tuvieron 9.190 millones de pesos a disposición, una caída real del 64 % en comparación con lo ejecutado en 2023. Un dato interesante del informe de la Fundación es el de los subsidios a algunos sectores, algo que en lo discursivo estaba vedado para la doctrina libertaria: “además de los cambios estructurales generados a favor del sector hidrocarburífero a través de la modificación de la Ley de Hidrocarburos y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, los subsidios destinados a empresas hidrocarburíferas (377.824 millones de pesos) representaron 41,5 veces más que lo destinado al fomento de energías renovables y eficiencia energética”.
Este año, el monto de los subsidios para la producción de combustibles fósiles será de 651.600 millones. El año pasado, la plata que se usó para subsidiar a estas empresas representó más de 6 veces la plata que usó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y 158 veces el monto destinado al Fondo de Bosques. Otro dato clave: 2025 fue el año con mayor cantidad de fracturas hidráulicas (23.896) para extraer gas y petróleo no convencional en Vaca Muerta, así como el año con mayores registros de sismos en Neuquén (120). Al mismo tiempo, el Programa de Prevención Sísmica registró su presupuesto histórico más bajo desde 2017.

La plata que sí hay
No todas las áreas gubernamentales son víctimas de los recortes, ni todas las políticas públicas son desfinanciadas de la misma manera. Desde la FARN recordaron, en ese sentido, que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) contó con 105.197 millones de pesos en 2025, el mayor presupuesto en 7 años. Este monto es 2,6 veces el presupuesto de la Subsecretaría de Ambiente y 1,3 veces el de la Administración de Parques Nacionales. Esto demuestra que el ajuste brutal de las partidas ambientales no obedece a restricciones técnicas o económicas, “sino que refleja decisiones políticas que subestiman e incluso niegan la magnitud de la crisis climática, ambiental y de biodiversidad actual”. “Cuando se debilitan políticas ambientales a través del ajuste fiscal, el Estado deja de cumplir plenamente su función como garante del derecho a un ambiente sano, establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y contribuye a generar condiciones que facilitan su vulneración”, concluye el trabajo de los expertos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
.

Catamarca: imputan a un hombre por matar a un puma y crece la indignación por crueldad animal

Fecha de Publicación: 04/05/2026
Fuente: Portal LaPoliticaAmbiental
Provincia/Región: Catamarca


Un nuevo caso de violencia contra la fauna silvestre sacude a la provincia de Catamarca. La Justicia imputó a un hombre acusado de capturar y matar a un puma en el departamento Ambato, un hecho que generó fuerte rechazo social y volvió a poner en agenda la protección de especies nativas.
El hecho: un caso brutal en la zona serrana
El episodio ocurrió en una zona serrana del departamento Ambato, a unos 50 a 60 kilómetros al norte de la capital catamarqueña. Allí, el animal fue perseguido, capturado y finalmente muerto, en un contexto que generó conmoción por el nivel de violencia.
El caso tomó relevancia no solo por lo ocurrido, sino también por la difusión de imágenes y testimonios que evidenciaron el accionar.

El imputado y la causa judicial
La Fiscalía de Instrucción N°6 del Distrito Oeste, a cargo del fiscal Facundo Barros Jorrat, imputó e indagó a Diego Antonio Carrizo por el delito de crueldad animal.
La causa se inició a partir de una denuncia y su posterior ampliación, y se fue consolidando con distintos elementos: declaraciones testimoniales, una infracción a la normativa de Fauna Silvestre, actuaciones remitidas por el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, un acta de inspección judicial y otras pruebas incorporadas al expediente.
Con estos elementos, la Justicia avanzó formalmente contra el acusado.

Una especie protegida
El puma es una especie protegida en Argentina y cumple un rol clave en el ecosistema. Como depredador tope, regula poblaciones de otras especies y contribuye al equilibrio ambiental.
Su caza o eliminación no solo implica la pérdida de un ejemplar, sino que impacta en todo el entorno natural.

Un problema que se repite
El caso de Ambato vuelve a poner en evidencia una problemática recurrente en distintas regiones del país: el conflicto entre actividades humanas y fauna silvestre.
Sin embargo, especialistas advierten que la eliminación de estos animales no resuelve el problema, sino que agrava el desequilibrio ecológico.

Rechazo y debate
La imputación generó repercusión y volvió a instalar el debate sobre la protección de la fauna en Argentina. Organizaciones ambientalistas y sectores de la sociedad reclaman mayor control, sanciones efectivas y políticas que promuevan la convivencia con especies nativas.
Mientras la causa avanza, el caso deja una pregunta abierta:
hasta qué punto se está protegiendo realmente a los animales silvestres en el país.
.

Respirar en Vaca Muerta: la contaminación del aire en el corazón del petróleo y el gas

Fecha de Publicación: 02/05/2026
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Neuquén


Vaca Muerta es el yacimiento de hidrocarburos no convencionales más importante de Argentina. Sin embargo, la quema de gas pone en riesgo la salud de las comunidades aledañas. Un informe del Ministerio de Salud y la OPS señala que el cumplimiento de los compromisos climáticos es determinante para reducir muertes evitables y proteger el PBI. Climate Tracker consultó a expertos y a la comunidad mapuche sobre los efectos de la contaminación y el aire que allí se respira.
En el valle del río Neuquén, en los alrededores de las localidades petroleras, el aire se puede “ver”. Lejos de toda metáfora, durante la madrugada es posible divisar una nube gris en el horizonte. No es un efecto óptico, sino la acumulación de gases emitidos a la atmósfera por la industria hidrocarburífera. Así, la población aledaña convive con una serie de contaminantes que ponen en riesgo su salud, mientras los Gobiernos Nacional y Provincial promueven con ahínco una actividad que, por sus impactos, busca erradicarse en todo el mundo. 
Esto es parte de lo que se vive en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, el epicentro de la industria fósil en la Argentina donde ciudades como Añelo crecen año a año por la llegada de familias que buscan mejores oportunidades, aumentando así la población expuesta a la contaminación. 
En los yacimientos no convencionales, como Vaca Muerta, la extracción de petróleo y gas mediante fractura hidráulica libera metano, un gas 80 veces más potente que el dióxido de carbono, aunque permanezca menos tiempo en la atmósfera. Cuando ese gas no puede captarse por falta de infraestructura, se puede recurrir a dos prácticas: el venteo (liberación directa) o la quema en antorchas (flaring). Ésta última práctica se considera “preferible”, ya que al combustionar el metano se transforma en dióxido de carbono, reduciendo su potencial de calentamiento inmediato. En la provincia Neuquén, el venteo directo está restringido por la Ley provincial N° 2175, salvo excepciones técnicas.
Gran parte de las emisiones, como el metano y los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), son incoloras e inodoras, lo que dificulta su detección sin tecnología específica. Patricia Rodríguez es analista de Imágenes Ópticas de Gas (OGI en inglés) en la ONG estadounidense Earthworks y viajó a la Cuenca Neuquina en 2023 para documentar las emisiones de gas. Las imágenes se capturan con una cámara que tiene un filtro espectral y sensores que, al bajar a temperaturas criogénicas (menos 200°C o 300 C°), permiten visibilizar ciertos gases, incluyendo metano y otros 19 gases más como benceno y tolueno. “En muchos lugares donde se apunta la cámara no se ve nada a simple vista y de repente se ve (en la cámara) que se está quemando”, explica la analista a Climate Tracker.
De esa manera, Rodríguez detalló los hallazgos durante aquel viaje: “Vimos contaminación en toda la cadena de valor del petróleo y el gas: desde el proceso de upstream (exploración y producción), de midstream (transporte y procesamiento), y también visitamos algunas refinerías, es decir, el downstream (refinación y comercialización), que es el proceso donde se hace algo con el petróleo y el gas”. 
Además de ser difícil de percibir para cualquier ciudadano, en Neuquén son las mismas empresas las que declaran sus niveles de quema o fuga ante el Estado. Este modelo de autodeclaración empresarial también está vigente en Estados Unidos. Según un estudio, las emisiones de metano por venteo o quema son hasta cinco veces superiores a lo esperado en el país norteamericano, por lo que advierte que los reportes de emisiones a través de este tipo de mecanismos tienden a subestimarse. La dificultad de cuantificar las emisiones, según el análisis, se debe a la intermitencia de estas actividades y a la falta de un monitoreo y reporte adecuados. Según la investigación publicada en la revista GeoHealth, “el uso exclusivo de los volúmenes de gas declarados por los propios productores podría conducir a una subestimación de las emisiones procedentes de la quema y la ventilación”.
El procedimiento de la quema tampoco garantiza una combustión completa. “Con la cámara podemos ver que esa quema muchas veces no está completa. Si la quema fuera eficiente, no veríamos los humos de gases subiendo a la atmósfera que deberían estar siendo quemados. Y eso nos dice que, posiblemente, todavía haya metano junto con los otros gases que vemos en las imágenes”, sostiene Rodríguez. 
Luego del último viaje, en el que además de analizar imágenes en Vaca Muerta midieron en refinerías y otros puntos de Dock Sud y Bahía Blanca, Earthworks reportó sus hallazgos: “Los estudios de imágenes ópticas de gases mostraron niveles de emisiones de medios a altos en tres lugares de fracturación hidráulica, seis instalaciones de compresión o almacenamiento, ocho plantas de procesamiento, cuatro centrales termoeléctricas y tres refinerías, muchas de las cuales estaban muy cerca de viviendas”. 

El impacto en la salud, un hecho
Los efectos en la salud de la contaminación del aire por uso de combustibles fósiles están documentados en numerosos estudios científicos. Una investigación de 2023 publicada en la revista científica BMJ estimó que “5,13 millones de muertes adicionales anuales a nivel mundial son atribuibles a la contaminación del aire ambiente derivada del uso de combustibles fósiles y, por lo tanto, podrían evitarse eliminando gradualmente los combustibles fósiles. Esta cifra corresponde al 82% del número máximo de muertes por contaminación del aire que podrían evitarse controlando todas las emisiones antropogénicas”.
Una estimación similar reporta la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando reconoce a la contaminación atmosférica como uno de los principales riesgos para la salud, responsable en 2019 de 6,7 millones de muertes prematuras, más de 380.000 ocurridas en América.
Por otro lado, un estudio de 2020 realizado en los yacimientos del sur de Texas asoció la exposición frecuente a eventos de quema nocturna con el aumento en un 50% de las probabilidades de partos prematuros, en comparación con poblaciones no expuestas.
Finalmente, otro estudio publicado en 2022 estableció el “vínculo causal” entre la quema de gas natural y la salud respiratoria en Dakota del Norte, también en Estados Unidos, entre 2007 y 2015. En él se demostró que un aumento del 1% en la quema de gas aumenta la tasa de hospitalización por problemas respiratorios en un 0,73% y que los efectos negativos en la salud se detectan hasta 60 millas (aproximadamente 96,5 km) de distancia de la fuente de quema. El estudio también revela que la quema de gases perjudica la salud de bebés lactantes y mayores de 65 años. 
En la Cuenca Neuquina, la Confederación Mapuche y el Observatorio Petrolero Sur vienen alertando sobre la prevalencia de afecciones respiratorias en niños y adultos. El escenario se complejiza en zonas donde el crecimiento demográfico se acelera por la actividad industrial y aumenta la cantidad de habitantes expuestos a la contaminación. Un ejemplo de esto es la localidad de Añelo que tuvo un aumento poblacional del 140% entre 2010 y 2022, pasando de 2.600 habitantes a 6.400, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 
Lefxaru Nawel es integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén, que viene planteando la problemática en distintos espacios de debate colectivo. En diálogo con Climate Tracker sostuvo que la contaminación del aire y sus efectos en la salud son una realidad que viven muchas familias de la comunidad en la meseta neuquina. “Lo que se ve en la zona es una gran afectación de la calidad del aire a partir de la explotación petrolera. La contaminación de ahí no es solamente por la infraestructura hidrocarburífera sino también por la presencia de las plantas de arena y por el gran tránsito que hay y la falta de los caminos”, afirma. 
Respecto a la contaminación, Nawel explica cuándo se puede percibir: “Los mecheros por lo general queman más de noche. Es una estrategia que ellos tienen para invisibilizar más ese tipo de contaminación, que a la vista siempre es difícil de percibir. Entre Fortín de Piedra, Loma de la Lata, Tratayén, además del olor, en la madrugada, cuando amanece, se ve una nube de contaminación. Pese a que hay viento de manera persistente, acá en la zona se puede ver y, más que nada, se puede sentir el olor como a combustible”. 
La Dra. Marisa Cogliati, directora del laboratorio de climatología y calidad del aire de la Universidad Nacional del Comahue, explica el fenómeno: “Estamos en un ambiente árido con viento intenso en algunas épocas del año, con lo cual lo que emiten se dispersa rápidamente y no tenemos tantos problemas. Pero en invierno durante las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde, la atmósfera se aquieta y todo lo que se emite queda desde los 2.000 metros hacia abajo. Entonces, eso genera una zona con mucha contaminación y todo eso se va a quedar hasta que la atmósfera se ponga en movimiento. Para eso se necesita calor, o sea, que hasta que no salga el sol o corra viento no va a ocurrir y el viento de la noche es mucho más bajo”.
En ese sentido, Martín Álvarez Mullally, investigador del Observatorio Petrolero Sur, aporta otra problemática derivada de la quema: las dioxinas, compuestos químicos que se liberan durante la combustión incompleta de hidrocarburos y que, al ser contaminantes orgánicos persistentes, no se degradan fácilmente. Sobre su comportamiento en el territorio, explica: “Toda la quema libera dioxinas que el viento transporta. Por ejemplo, nosotros tenemos una zona de mucho viento y de cambio de dirección del mismo. En el valle entra todo eso y queda ahí, por debajo de las nubes. Ese traslado de las dioxinas tiene el agravante de que se fijan en los cuerpos de agua”. 
Para las comunidades que conviven con los pozos, los efectos de la contaminación en la salud se viven en carne propia. Las afecciones respiratorias, según Nawel, son una constante que se agudizó en los últimos años. “Hay problemas respiratorios de todo tipo, de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), sobre todo en la infancia. Y hay una situación donde el Estado no provee la información, donde no se realizan tampoco informes epidemiológicos ni estadísticos relacionados al impacto acumulativo de la contaminación”.  
Nawel destaca, como un posible indicador a observar, la merma en la asistencia de los estudiantes en las escuelas y el aumento de demanda en las salitas de salud durante los meses más fríos: “Basta con ver las salitas de la meseta, la enorme cantidad de afecciones respiratorias a partir del otoño. En la escuela misma te dicen: ‘Hay un gran porcentaje de ausentismo a partir del descenso de la temperatura por la estación del año por las afectaciones respiratorias’, pero el Estado, los gobiernos, impiden que haya un informe estadístico, epidemiológico”.
Una característica de esta contaminación es el impacto acumulativo que tiene la salud. “Es estar de manera permanente recibiendo contaminación, no es que vos si el día de mañana venís acá y pasás al lado de un basurero, te vas a desmayar porque hay olor feo, sino que el estar de manera constante sometido a la contaminación es un impacto que termina horadando la capacidad vital con hipertensión pulmonar, por ejemplo, o la afectación al sistema nervioso y al sistema inmunológico y además del respiratorio y todo lo que tiene que ver con con la depuración de las toxinas como es el sistema urinario, hepático”, sostuvo Nawel.
“La perversidad de los gobiernos dice que (las afecciones a la salud) son porque se calefaccionan quemando cualquier cosa que pueden, cosa que no deja de ser cierta y que muestra también la desigualdad social. Mientras por un lado está la riqueza y la opulencia que en ciertos sectores se detenta en Neuquén, por otro lado, la población no tiene gas, no tiene luz y no tiene agua. Pero no es solamente esa situación, sino que también es la contaminación del aire que es permanente: hoy contrasta con que esa misma gente a la noche en el horizonte ve todo el gas que se ventea para que no explote el gasoducto”, dijo el integrante de la comunidad Mapuche de Neuquén.
Climate Tracker se contactó con tres empresas hidrocarburíferas que operan en Vaca Muerta. Se les consultó por sus protocolos de medición de emisiones, estudios de calidad de aire y salud, y porcentajes de captura de gas. Desde Tecpetrol, del grupo Techint, respondieron no tener información al respecto. Shell alegó no poder responder por temas de corresponsalías. Por su parte, YPF se limitó a enviar el enlace a su reporte de sustentabilidad de 2024. 

Compromisos climáticos de Argentina y estimación de beneficios
Argentina adhirió al Acuerdo de París en 2016 a través de la Ley nº. 27270. Y en diciembre de 2020, bajo la presidencia de Alberto Fernández, se firmó la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de la República Argentina en la que el país se comprometió a una meta aplicable a todos los sectores de la economía de no exceder la emisión neta de 359 MtCO2e (millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente) en el año 2030, representando una reducción del 19% respecto al máximo histórico de 2007. 
Sin embargo, el camino para alcanzar el objetivo se estancó. A diferencia de lo que se pretendía en la COP30 de 2025, Argentina, bajo la gestión de Javier Milei, no actualizó su NDC, manteniendo una política climática que Climate Action Tracker calificó como “críticamente insuficiente”. En su último reporte, la ONG dimensiona los efectos de la falta de compromiso de Argentina con la reducción de emisiones: “En 2022, las emisiones en Argentina repuntaron por encima de los niveles de 2019 tras una fuerte caída en 2020 debido a la COVID-19. Esto sitúa las proyecciones de emisiones de Argentina para 2030, bajo las políticas actuales, aproximadamente un 15 % por encima de su ya poco ambicioso objetivo para ese año”.
Un informe del Ministerio de Salud de Argentina y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), obtenido por Fundación Ambiente y Recursos Naturales mediante un pedido de información pública de 2025, estimó los beneficios sanitarios de cumplir la NDC. Los resultados son contundentes: una ganancia de casi 36.000 años de vida por prevención de muertes prematuras. También se evitarían 2.350.000 días de actividad restringida (en todas las edades) y 600.000 días de trabajo perdidos (población en edad económicamente activa) anuales. Además, el número de asma en niños se reduciría en 280.000 casos anuales. El informe concluye: “Estas y otras ganancias en salud también resaltadas por la herramienta brindan un co-beneficio económico que implicaría un ahorro de US$ 1.860.000.000 anuales”. 
 Nawel coincide con que la contaminación tiene efectos en la sobrecarga al sistema de salud pública: “Si uno habla en términos presupuestarios, que son los que le gustan al Gobierno, la afectación también va a ser por ese lado y la salud pública es la que se resiente a partir de recibir cada vez más gente enferma por esta situación. Esto tiene un correlato directo, por ejemplo, con situaciones que se viven en el país hoy como el sistema de salud o el (hospital) Garrahan, que hay muchos niños y niñas de las comunidades mapuches que se han ido a atender ahí a partir de la contaminación que han padecido y las enfermedades que muchas veces son raras, como casos de malformación. El sistema de salud pública es el que recibe esa carga y es el que, justamente, estos gobiernos que son pro extractivismo están desmantelando”.
La comunidad mapuche organizada llevó adelante distintas medidas para visibilizar el daño a la salud por contaminación a lo largo de los años. “Hicimos numerosas gestiones para que eso se atienda, pero lo que hay es ese abandono de la obligación que tienen de cuidar la salud pública, como el caso del basurero petrolero que tiene ese impacto en la población. Pero, lamentablemente, los sucesivos gobiernos no lo toman como una prioridad, solamente lo mencionan como si fuera algo al pasar y no como la huella que está dejando Vaca Muerta y que va a dejar en las futuras generaciones”, afirma Nawel.

Un marco regulatorio fragmentado
La regulación de las emisiones en Argentina está fragmentada entre las normativas nacionales y las facultades de las provincias sobre sus recursos naturales. La Ley Nacional Nro. 20284 de contaminación atmosférica es el marco vigente y data del año 1973. En ella se establecen las normas de calidad del aire y concentración de contaminantes y fija los deberes de las empresas, como asegurar que los parámetros de emisión no excedan los establecidos.
En 2023 se presentó la Resolución de la Secretaría de Energía nro. 970/23 que buscaba implementar el Programa Nacional de Medición y Reducción de las Emisiones Fugitivas Derivadas de las Actividades de Exploración y Producción de Hidrocarburos. Sin embargo, la resolución nunca se reglamentó.
Entre las propuestas de reducción de emisiones de metano figura el proyecto de Ley de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Gestión de Emisiones de Metano en el Sector de Hidrocarburos”, impulsado por el diputado Martín Maquieyra en 2024 con apoyo de otros bloques. A pesar de la urgencia sanitaria y ambiental, el proyecto, que busca proteger la salud humana, reduciendo emisiones en el sector hidrocarburífero, corre el riesgo de quedar en la nada. De perder estado parlamentario este año por falta de tratamiento, el Congreso renunciaría a establecer un marco regulatorio nacional que guíe a las provincias y proteja a las comunidades.
En Neuquén conviven leyes de 30 años de antigüedad con algunas más actuales. La Ley Nro. 2175 de 1996 prohíbe el venteo directo y fija una tasa ante la superación de las emisiones permitidas mientras que en 2024 se sancionó el “Régimen Provincial de acción climática” bajo la Ley Nro. 3454. Esta última dispone la creación de un Inventario Provincial de Gases de Efecto Invernadero. Entre sus objetivos figura “establecer estrategias, políticas y medidas de mitigación del cambio climático, incluyendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el incremento de sumideros de carbono, así como la mejora de su capacidad de absorción”. 
A partir de la última ley, y bajo la Resolución 258/2025 se creó el “Programa de Monitoreo en el Sector Hidrocarburífero”, de la Secretaría de Ambiente, que reglamenta estas acciones específicas para la industria del petróleo y gas. El último avance en ese sentido fue el pasado 10 de abril, cuando se publicó en el boletín oficial provincial el “Procedimiento de Reporte de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero correspondiente al sector Upstream”. 
 Climate Tracker consultó a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén si existían mecanismos de auditoría externa a las empresas para validar las declaraciones juradas de las operadoras. Asimismo, se le consultó si había estadísticas sobre la afectación de la salud por contaminación del aire. Al momento del cierre de esta nota, no hubo respuesta por parte del organismo.

La postal de la contaminación invisible
La expansión de Vaca Muerta se proyecta sobre un territorio que ya evidencia efectos sobre la salud pública. Nawel pone el foco en la falta de estadísticas: “Como decimos, es la contaminación más difícil de percibir y la que menos se ha controlado, porque el gobierno provincial nunca ha invertido en controlar ese tipo de contaminación, pero la vez que hemos podido acceder a esa tecnología (las imágenes de Earthworks) ha sido concretamente muy impactante. Es una contaminación que, como decimos, no se ve, pero que está ahí de manera permanente”. 
.