El costo oculto de la IA: alertan por el impacto de los datacenters en Argentina

Fecha de Publicación: 15/04/2026
Fuente: Portal MendozaPost
Provincia/Región: Nacional


En medio del crecimiento acelerado de la inteligencia artificial (IA), una preocupación empieza a ganar espacio fuera del ámbito tecnológico. Según explicó la investigadora del CONICET Erica Correa Cantalube en una entrevista con Radio Post FM 92.1, el desarrollo de grandes centros de datos ya está generando efectos concretos sobre el ambiente, en especial en lo que se conoce como isla de calor urbana.
El fenómeno no es nuevo. Desde hace décadas se sabe que las ciudades modifican su propio clima por la acumulación de materiales, el transporte y la forma en que se expanden. Sin embargo, ahora aparece un factor adicional: los datacenters que sostienen la IA. Estos complejos, lejos de ubicarse en zonas urbanas, suelen instalarse en áreas rurales o periurbanas debido a su enorme demanda de recursos.
Erica Correa Cantalube explicó que estos centros pueden alterar la temperatura del entorno de manera significativa. Un estudio reciente de la Universidad de Cambridge, que analizó unos 6.000 datacenters en el mundo, detectó aumentos de entre uno y nueve grados en la temperatura superficial. La magnitud del dato no es menor: equivale a variaciones que al planeta le llevaron décadas en el marco del cambio climático.
El impacto no se limita al calor. La especialista señaló que estas instalaciones incrementan la demanda energética, generan estrés térmico en la población y presionan sobre servicios básicos como el agua. Además, el calor producido por los servidores -que transforman casi toda la energía que consumen en temperatura- obliga a implementar sistemas de enfriamiento que también requieren grandes volúmenes de recursos.
En ese sentido, uno de los puntos más sensibles es el consumo hídrico. Un datacenter promedio puede utilizar hasta 60 millones de litros de agua, mientras que su consumo energético puede equipararse al de una ciudad de 250 mil habitantes. En Argentina, donde ya existen 42 centros de este tipo, el crecimiento del sector plantea interrogantes sobre la disponibilidad futura de estos recursos.
La investigadora advirtió que el país se vuelve atractivo para estas inversiones por sus condiciones climáticas, beneficios fiscales y regulaciones ambientales más débiles que en otras regiones. Esto genera un escenario en el que empresas internacionales buscan instalarse para reducir costos, mientras trasladan los impactos ambientales a territorios con menor control.
El caso de la Patagonia aparece como un ejemplo concreto. Su clima frío y la disponibilidad de agua la posicionan como un polo ideal para este tipo de desarrollos. Pero al mismo tiempo, se trata de una región clave para el equilibrio hídrico nacional y la generación de energías renovables, lo que abre un debate sobre el uso estratégico de esos recursos.
Para Erica Correa Cantalube, el problema no es el avance tecnológico en sí, sino la falta de planificación. "Se pueden hacer muchas cosas", aseguró, aunque remarcó la necesidad de regulaciones claras, estudios de impacto ambiental rigurosos y exigencias concretas a las empresas. Entre las alternativas, mencionó sistemas de enfriamiento cerrados que reduzcan el consumo de agua y estrategias de mitigación del calor.
También puso el foco en el rol del Estado. Sin controles adecuados, sostuvo, el interés económico tiende a imponerse sobre el ambiental. Esto, a largo plazo, puede derivar en mayores costos para la sociedad, como subas en tarifas energéticas, agotamiento de acuíferos o deterioro de las condiciones de vida.
Otro punto que genera debate es el destino de la capacidad de estos centros. Según indicó, gran parte de la infraestructura funciona de manera permanente y no necesariamente para resolver problemas críticos, sino en muchos casos vinculada al consumo y la publicidad digital.
La entrevista, realizada en el programa "Victoria de 8 a 11" de Radio Post, también reflejó la preocupación por la falta de articulación entre el sistema científico y quienes toman decisiones. Si bien existen estudios y alertas, la especialista planteó que muchas veces no se traducen en políticas concretas.
A nivel internacional, ya hay antecedentes de comunidades que frenaron proyectos de este tipo. En países como Chile y Brasil, acciones judiciales impulsadas por poblaciones locales lograron detener instalaciones por su impacto ambiental, especialmente en contextos de escasez de agua.
El desafío, según la investigadora, pasa por anticiparse. Analizar los efectos antes de que se multipliquen y definir qué tipo de desarrollo se busca. En un contexto donde la inteligencia artificial avanza sin pausa, la discusión sobre sus costos reales empieza a instalarse también en Argentina.
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Traerán monos carayá rojos de Brasil para repoblar Parque Cruce Caballero

Fecha de Publicación: 14/04/2026
Fuente: Primer Edición
Provincia/Región: Misiones


Buscan evitar la extinción de la especie en el país. La iniciativa de repoblación es impulsada por Neotropical Primate Conservation Argentina y están involucrados ambos gobiernos nacionales y la provincia de Misiones.
El último brote de fiebre amarilla, en 2008, silenció la selva misionera: el virus mató a los monos carayá rojos o aulladores y recién en 2014 se volvió a avistar ejemplares en el Parque Piñalito.
Ahora, la ONG Neotropical Primate Conservation Argentina (NPC), junto al Plan Nacional de Conservación de Primates, el Ministerio de Ecología de Misiones y el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) anunciaron un proceso de reintroducción planificado para recuperar a largo plazo las poblaciones de esta especie para evitar su extinción en el país.
La doctora en Ciencias Biológicas Luciana Oklander, presidenta de Neotropical Primate Conservation Argentina (NPC), brindó detalles sobre los avances y las acciones en marcha. Detalló que, se estima que solo quedan 30 individuos adultos del mono carayá rojo en el país y remarcó que la especie se encuentra restringida exclusivamente a la selva misionera, particularmente en el área del Parque Yabotí, lo que agrava aún más su vulnerabilidad.

Un plan que inició en 2023
Según precisó, los actores involucrados decidieron definir acciones a concretar en el marco de un taller realizado en 2023. “Debido a la situación crítica de esta especie, que incluso fue considerada entre los 25 primates más amenazados del mundo, decidimos avanzar en un plan de restauración poblacional porque todos los pronósticos indicaban que podía extinguirse en el país”, explicó.
“Este plan entre los dos países es ideal, porque los animales que están en cautiverio allá no tienen suficiente ambiente donde ser liberados, mientras que en Argentina contamos con bosque disponible para su reintroducción”, detalló.
Como parte del protocolo sanitario, los ejemplares que serán trasladados desde Brasil llegarán vacunados contra la fiebre amarilla y atravesarán estrictos controles.
“Van a cumplir una cuarentena de un mes en Brasil y otro mes en Argentina, antes de iniciar el proceso de adaptación en el área de reintroducción”, detalló.

Repoblar un parque provincial
El primer sitio elegido para este proceso es el Parque Provincial Cruce Caballero, un área donde la especie habitaba: “Ese lugar tenía monos y hoy está vacío, justamente por los brotes de fiebre amarilla. Incluso existe un sendero llamado Sendero de los Monos, que hoy no tiene ejemplares”, indicó la investigadora.
Allí se implementará una “suelta blanda”, un mecanismo de adaptación progresiva. “En un recinto de presuelta, los animales comienzan a familiarizarse con el ambiente, alimentándose de las especies vegetales del lugar, mientras se realiza un seguimiento constante hasta su liberación definitiva”, explicó Oklander. Este proceso contará con la participación de guardaparques, técnicos y voluntarios.
El proyecto también incorpora una fuerte estrategia de educación ambiental en las comunidades cercanas. “Vamos a continuar trabajando con talleres en escuelas para dar a conocer la vuelta del carayá rojo en Argentina. Esto ya lo venimos haciendo y la respuesta fue impresionante, incluso de personas mayores que recuerdan cuando estos monos estaban presentes en la zona”, relató.

Muy vulnerables a la fiebre amarilla
En Misiones hay dos especies de monos aulladores: los negros y dorados o carayá (Alouatta caraya), también presentes en Corrientes, Chaco y Formosa; y los carayá rojos, que solo habitan en Misiones y están en riesgo de extinguirse.
Entre las principales causas de la drástica disminución de la especie se encuentran la caza y los brotes de fiebre amarilla. “Son animales muy sensibles a este virus, por eso se los considera centinelas o guardianes de la salud. Cuando mueren, alertan a la población sobre la presencia del virus, que se transmite por mosquitos”, indicó la doctora en Ciencias Biológicas, Luciana Oklander.
Los monos no contagian a las personas ni representan un riesgo directo.
En el marco del operativo de repoblación, no obstante, los primates serán inmunizados contra la fiebre amarilla para reducir el riesgo de que mueran en caso que se contagien. Vale recordar que este virus, endémico en Brasil, avanza por la selva antes de llegar a las personas en las zonas pobladas.
Más allá de su valor para la biodiversidad, el mono carayá rojo cumple un rol ecológico fundamental. “Son jardineros del bosque. Al alimentarse de frutos, dispersan semillas que luego germinan, ayudando a regenerar el monte de manera natural”, destacó. Este servicio ecosistémico resulta clave para la salud de la selva y tendría un alto costo si debiera ser reemplazado por intervención humana.
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Fallo ejemplificador en defensa de la fauna silvestre en Jujuy

Fecha de Publicación: 14/04/2026
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy


El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático acompañó el proceso judicial y anticipa que avanzará como querellante en causas que afecten a la fauna silvestre.
El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy informó que continuará con las acciones legales correspondientes para hacer efectivas las multas por daño ambiental a los responsables condenados por el Juzgado Ambiental a dos años de prisión de ejecución condicional por el delito de caza furtiva de animales de la fauna silvestre. La sentencia fue homologada el 7 de abril de 2026 por la jueza Laura Flores, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado.
Durante el proceso, el Ministerio realizó un seguimiento permanente del caso y participó activamente en las audiencias, en su carácter de autoridad de aplicación de la normativa vigente y gracias al trabajo articulado entre el Ministerio, el juzgado ambiental y el MPA. En representación del organismo estuvieron presentes la secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodríguz; la directora de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Malvina Quintana, y el asesor legal Héctor Núñez, reafirmando el compromiso institucional con la protección de la fauna silvestre y el cumplimiento de la ley.
Como parte de la condena, además de la pena impuesta, se establecieron medidas de reparación que incluyen la donación de insumos médicos a los puestos sanitarios de Santa Catalina y Cieneguillas, así como aportes económicos destinados a acciones de comunicación para la concientización sobre la protección de las vicuñas, que serán implementadas por el Ministerio.

Protección con sustento legal
La protección de la vicuña se encuentra respaldada por un sólido marco normativo a nivel internacional, nacional y provincial. Instrumentos como el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña y la Convención CITES establecen su resguardo y regulan estrictamente su aprovechamiento. A nivel nacional, la Ley N° 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre y la Ley General del Ambiente N° 25.675 prohíben la caza ilegal y establecen principios de prevención y responsabilidad ambiental. En la provincia, las leyes N° 3014 y N° 5634 consolidan la protección de la especie, permitiendo únicamente su aprovechamiento sustentable mediante esquila en vivo (chakus) y prohibiendo de manera expresa la caza furtiva. 
En este sentido, desde el Ministerio destacaron que la vicuña no solo es una especie protegida, sino también un componente clave de los ecosistemas altoandinos y de las economías comunitarias que, a través de prácticas ancestrales y sostenibles, desarrollan su aprovechamiento sin poner en riesgo su conservación. Finalmente, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy adelantó que participará como querellante en causas vinculadas a delitos ambientales que afecten la biodiversidad. Esta decisión busca fortalecer el rol del Estado en la defensa del patrimonio natural de todos los jujeños y garantizar que este tipo de delitos no queden impunes.
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El Gobierno se muestra confiado frente a una judicialización de la Ley de Glaciares y define su estrategia contra la oposición

Fecha de Publicación: 13/04/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional


La reforma de la Ley de Glaciares tuvo su sanción definitiva el miércoles, en la Cámara de Diputados. Al día siguiente, el gobernador de La Pampa presentó un amparo y una medida cautelar ante la Justicia Federal para impedir la aplicación de la ley. Ante esta situación, el Ejecutivo aseguró que ya tiene una estrategia para sostener la normativa. 
El oficialismo tuvo su gran victoria esta semana cuando la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares pese al intento de la oposición por frenarla. Debido a que es una normativa de carácter sensible, el Gobierno prevé que pueda surgir una posible judicialización para revertir la sanción y si bien se muestra confiado, ya se prepara para hacerle frente. 

La estrategia del Gobierno para hacer frente a una posible judicialización
En la Casa Rosada ya está definiendo su estrategia para enfrentarse a la posible judicialización de la reforma. Desde el Ejecutivo trascendió que en la tarea trabaja el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, que está armando el plan bajo estricto hermetismo, con intención de darle pelea a los amparos y cautelares presentados por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto y las ONGs ambientalistas. 
Una fuente cercana a la estrategia libertaria indicó que no brindaron detalles del plan ya que consideran que «no tiene sentido mostrar las cartas de manera anticipada».
El oficialismo, el miércoles, dio lugar a un pedido levantado por un puñado de gobernadores y avanzó con la modificación de la Ley 26.639 que regula la preservación de los cuerpos de hielo. La reforma había logrado la media sanción del Senado en extraordinarias, y finalmente logró la sanción definitiva tras obtener 137 votos a favor en Diputados. 
Uno de los cambios principales aprobados, le otorga un mayor margen a las provincias para definir sus propios criterios de protección, en respuesta a los reclamos de distritos con desarrollo minero, lo que implica que solo las áreas que sean consideradas estratégicas para el recurso hídrico quedarían bajo resguardo estricto.
Pero hay quienes están en contra de esta normativa y uno de ellos es el mandatario de La Pampa que al día siguiente presentó un amparo y una medida cautelar ante la Justicia Federal para impedir la aplicación de la ley. «Si la ley entra en vigencia nos puede o contaminar o afectar el nivel del agua del Río Colorado lo que implica que al menos al 40% de la población se quede sin agua para tomar. Vemos peligrar el agua que los pampeanos consumimos», precisaron desde el gobierno de La Pampa a Infobae. 
Sin embardo, en Nación desmienten las acusaciones de la oposición y destacan el proceso que atravesó el proyecto desde su redacción hasta su sanción definitiva. También aseguran que la justicia se expedirá en sintonía con el Ejecutivo: “El proceso estuvo bien hecho, estamos confiados en que vamos a poder defender la ley sin problemas que además fue sancionada por amplia mayoría sin problemas».
Un integrante de la mesa política de Javier Milei argumentó: «Sabíamos que podían judicializar, pero no nos preocupa porque está, sobre todo, el interés de casi todos los gobernadores cordilleranos». Al mismo tiempo apuntó contra el pampeano al que acusó de tener «un quilombo histórico» por el uso del agua.

Punto por punto, los cambios que establece la reforma a la Ley de Glaciares
Entre los puntos principales de la normativa sancionada esta madrugada, destacan:
- Alcance de la protección: la reforma redefine el sitio protegido. Limita la protección a aquellos glaciares y ambientes periglaciales que cumplan «funciones hídricas» específicas. La verificación queda en manos de cada provincia.
- Desplazamiento del control científico nacional: el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), pasa a un rol registral. «El Inventario será de ‘ineludible consulta y consideración’ por parte de las provincias sin que ello implique disminución de las atribuciones provinciales». También habilita intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo al registro del inventario.
- Fragmentación y discrecionalidad: la reforma permite que cada provincia aplique criterios propios para determinar qué proteger.
- Principio precautorio: mientras se aplica el principio precautorio, todos los glaciares y las formaciones periglaciares que aparecen en el Inventario Nacional de Glaciares van a estar protegidos por esta ley. Esto se mantendrá hasta que la autoridad ambiental compruebe que alguno de ellos no cumple con las funciones indicadas en el primer párrafo del artículo 3°. En el momento en que la autoridad confirme que un glaciar o una geoforma periglacial del inventario no cumple con esas funciones, ese sitio dejará de estar protegido aunque seguirá bajo la protección general de la Ley General del Ambiente y otras leyes vigentes.
- Cambio del sistema de prohibiciones: se pasa de un régimen de prohibiciones generales a un sistema donde la evaluación de impacto ambiental, caso por caso y en manos provinciales, definirá qué actividades se pueden autorizar.
- Enfoque preventivo: la reforma transforma la protección estructural y preventiva de los glaciares y su ambiente en una protección condicional y revisable.
- Evaluación de impacto ambiental: todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.

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Gobierno no autorizó el proyecto Sofía Gold

Fecha de Publicación: 13/04/2026
Fuente: El Esquiú
Provincia/Región: Catamarca


El Gobierno de Catamarca resolvió no autorizar el desarrollo del proyecto minero Sofía Gold, ubicado en el departamento Santa María, a pesar de que la iniciativa cuenta con una concesión vigente.
La decisión fue confirmada por el Ministerio de Minería provincial, a través de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera, organismo que depende del área de Desarrollo Minero y comunicado al gobernador Raúl Jalil durante una reunión en Casa de Gobierno. La medida se adoptó luego de evaluar las características del área y considerar los planteos expresados por la comunidad local.
Según informaron, la zona presenta una alta sensibilidad social, además de albergar recursos naturales de particular valor y evidencias de intervenciones antrópicas previas, factores que fueron determinantes en el análisis.
En este sentido, las autoridades recordaron que la posesión de una concesión minera no implica una habilitación automática para iniciar actividades. Para ello, las empresas deben presentar los correspondientes informes de impacto ambiental y atravesar los procesos de evaluación establecidos por la normativa vigente.
No obstante, en este caso específico, se resolvió no autorizar ningún tipo de intervención, ni siquiera aquellas de carácter prospectivo y no invasivo.
De este modo, el proyecto queda sin posibilidad de ejecución en las condiciones actuales, priorizando la protección ambiental y las demandas sociales por sobre el desarrollo de la actividad minera en la zona. Asimismo, el concesionario ha desistido de realizar actividades ya que no es viable la región.
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Pinos, sauce exótico y rosa mosqueta: el desafío del Parque Lanín para restaurar el bosque nativo

Fecha de Publicación: 13/04/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


El Departamento de Conservación y Manejo impulsa un plan estratégico para mitigar el impacto de la flora invasora. El foco está en el control de las especies, pero también en intentar revertir las decisiones humanas que alteraron la biodiversidad en la Patagonia. 
Todo comienza con una decisión humana imprudente, sin medir consecuencias, y después llega “una reacción en cadena”. Las especies foráneas se adaptan, se expanden, modifican el paisaje y avanzan contra la biodiversidad. “La magnitud de la invasión de flora exótica a nivel de todo el Parque Lanín es inmensa”, enfatizó el referente del Departamento de Conservación y Manejo, Hernán Attis Beltrán. Ante este escenario, se puso en marcha un proyecto para erradicar las coníferas, el sauce exótico y la rosa mosqueta dentro de las áreas protegidas.
El ingeniero forestal y doctor en Biología lidera el plan de “Prevención, Control y Monitoreo de Flora Exótica Leñosa Invasora en el Parque Nacional Lanín”, ya aprobado por la Dirección Regional Patagonia Norte. “Eso le da formalidad al proyecto, cierto grado de presupuesto y un marco que permite ir vinculándose con otras instituciones”, afirmó.
La iniciativa propone desarrollar una capacidad institucional estable para prevenir, detectar, priorizar, intervenir y evaluar resultados en uno de los procesos de degradación más complejos en Neuquén.

Optimizan recursos para detener el avance de la flora leñosa invasora en Neuquén
Attis Beltrán explicó que, como se trata de una problemática que también afecta al Parque Nacional Nahuel Huapi, trabajarán en conjunto. “Las plantas invasoras no tienen en cuenta los límites jurisdiccionales”, advirtió. El plan incluye a técnicos de distintos departamentos, guardaparques, equipos de educación ambiental y comunicación, además de investigadores, ONG e instituciones científicas externas.
Como “los recursos son muy finitos y las posibilidades de intervenir son muy limitadas”, para ejecutar el proyecto se apoyan en una matriz de casos. Ese esquema permite decidir dónde actuar primero, sobre qué focos y con qué objetivos.
“Necesitamos, por un lado, disminuir la posibilidad de nuevas invasiones y, por otro, ser lo más eficientes y eficaces posibles a la hora de intervenir”, señaló el ingeniero. La prioridad apunta hacia sitios de alto valor de conservación y a invasiones en etapas iniciales, donde el control conserva mayor viabilidad y menor costo.

Cuáles son las especies invasoras bajo la lupa en el Parque Lanín
Attis Beltrán indicó que las coníferas exóticas, sobre todo los pinos, son de las especies no nativas que más se han expandido a lo largo del parque. Pese a que se camuflan entre la flora autóctona, han generado cambios en el paisaje y contribuido a la pérdida de biodiversidad. Además, incrementan el riesgo de incendios forestales.
Para mitigar su propagación, a través del Proyecto Pewen, se propuso utilizar la leña de pino como herramienta de manejo: secarla y aprovecharla de forma planificada permite retirar biomasa exótica y, al mismo tiempo, liberar espacio para que el bosque nativo se recupere. A partir de ensayos previos, descubrieron que cada extracción abre la posibilidad de un proceso de sucesión y restauración para devolver a esos sitios condiciones ambientales parecidas a las originales.
Otro gran invasor es el sauce exótico. “Es el que vemos en casi todos los ríos de nuestras cuencas”, mencionó el ingeniero. Indicó que su erradicación resulta “muy difícil” por su enorme capacidad de rebrote. “Si pudiésemos detectar aquellos lugares en donde la invasión es incipiente, ese es un lugar para actuar e intervenir”, resaltó.
La rosa mosqueta, que se ve tan simpática e inofensiva, altera los ecosistemas en campos abiertos. “Se va expandiendo cada vez más y saca al ganado de su lugar de pastoreo. Hace que se tengan que dirigir hacia otras zonas, por ejemplo, al bosque y comienzan a comer el sotobosque”, explicó Attis Beltrán.
Junto con la retama y el lupino, son plantas muy bonitas, pero exóticas y muy invasoras. Indicó que, como la dificultad para sacar la rosa mosqueta es muy grande, por su capacidad de rebrote, las acciones se focalizan en “lugares de alto valor de conservación donde realmente están generando problemas”.
Pese a que el proyecto abarca a estos tres tipos de flora exótica, el referente del Departamento de Conservación y Manejo del Parque Lanín insistió en que «no hay especies buenas y malas, aunque sí hay especies que tienen más estrategias para crecer, para desarrollarse y para avanzar en el ambiente”.
Apuntó contra los seres humanos: “Que una especie hoy sea un problema tiene que ver con la decisión de un grupo de personas que, en algún momento, tomaron la determinación de implantar una especie y no contemplaron su manejo posterior”. Si el foco se coloca solo en el pino, el sauce exótico o la rosa mosqueta, se corre el riesgo de volver a cometer las mismas omisiones.

Turistas aliados y una red de instituciones para frenar invasiones en el Parque Lanín
El nuevo plan del Parque Nacional Lanín no se sostiene solo en equipos técnicos. Aspira a sumar ojos, manos y conocimiento en múltiples frentes. Incorpora a guardaparques, el Departamento de Educación Ambiental, el área de Comunicación, el ICE y la Dirección Regional Patagonia Norte. Además, se articula con el Parque Nacional Nahuel Huapi, el INTA, universidades y ONG.
El ingeniero forestal y doctor en Biología, Hernán Attis Beltrán, destacó que esa integración permite combinar ciencia, capacidad operativa y presencia territorial para trabajar en la construcción social del problema. Cada institución aporta una pieza distinta, desde la investigación sobre dinámica de especies exóticas hasta la organización de campañas de control y restauración en terreno.
El proyecto también reserva un lugar clave para la gente que recorre el parque. Turistas que hacen trekking, observadores de aves, pescadores, estudiantes y pobladores pueden funcionar como sistema de alerta temprana y como recurso para jornadas de manejo. “La idea es que visitantes y voluntarios se sumen avisando sobre la observación de una especie exótica y también en campañas de control y erradicación”, explicó el ingeniero.
Aún no se habilitaron canales de contacto para inscribirse como voluntarios, pero los interesados pueden comunicarse con Attis Beltrán a su correo electrónico: hbeltran@apn.gob.ar. Prevén desarrollar capacitaciones y actividades de cuidado activo del bosque nativo.
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El ciervo de los pantanos ya no está en peligro de extinción en Argentina: cómo logró recuperarse

Fecha de Publicación: 11/04/2026
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


El más grande de Sudamérica dejó atrás la categoría de especie vulnerable tras años de trabajo en los Esteros del Iberá y otras regiones clave
Durante décadas, su silueta parecía destinada a desvanecerse en los bañados del litoral argentino. Pero todo cambió. Hoy, el ciervo de los pantanos deja atrás la lista de especies amenazas de extinción en Argentina y se convierte en símbolo de esperanza para la fauna nativa. El mayor de Sudamérica, que supo habitar los humedales desde tiempos inmemoriales, logró salir de la categoría “Vulnerable” para ubicarse en el rango de “Casi amenazada”, tras una recuperación visible en lugares emblemáticos como los Esteros del Iberá, en Corrientes.
Este avance marca un punto de inflexión en los esfuerzos por restaurar la biodiversidad, fruto de años de trabajo constante en la protección de hábitats y la eliminación de amenazas. Organizaciones como la Fundación Rewilding Argentina, junto a comunidades y autoridades locales, tejieron una red de acciones que hoy permite repensar no solo el futuro del ciervo, sino también las estrategias de restauración ecológica y el vínculo del ser humano con el entorno natural.

Recuperación de la especie y su nuevo estatus
El ciervo de los pantanos experimentó un cambio en su clasificación y este ajuste no implica la ausencia total de riesgos, pero sí señala que las poblaciones crecieron lo suficiente como para salir del grupo de especies con peligro inminente de desaparecer en Argentina. El núcleo de esta recuperación se encuentra en los Esteros del Iberá, donde la cantidad de ejemplares se multiplicó en los últimos años.
La Fundación Rewilding Argentina y el Parque Nacional Iberá encabezaron acciones para proteger tanto a los ciervos como a su entorno natural. La clave fue reducir amenazas como la caza y la invasión de ganado, lo que permitió que la especie comenzara a recuperarse de forma natural.
Sebastián Di Martino, director de conservación de Rewilding Argentina, destacó: “Es la especie de ciervo más grande de Sudamérica. Es una especie muy adaptada a zonas húmedas... resiste procesos de sequía, prefiere esos ambientes sin duda”.
En los años 70, el panorama era muy distinto. Según relató Di Martino, el biólogo George Schaller sobrevoló Iberá en esa época y casi no encontró ciervos de los pantanos. Tampoco carpinchos ni yaguaretés. “Pasó de estar prácticamente extinto a haber miles, sin ningún lugar a dudas, la mejor población que queda en Argentina además de la de Iberá y del Delta. Hay otra en la zona este de Chaco y Formosa. Esa es seguramente la que está más amenazada de todas”, explicó.
El ciervo de los pantanos es una especie originaria de ambientes húmedos, pero su capacidad de adaptación le permite sobrevivir a períodos de sequía. No obstante, su preferencia son los bañados y zonas anegadas, donde encuentra refugio y alimento. Históricamente, fue objetivo de la caza deportiva, en parte por su gran cornamenta, lo que contribuyó a la reducción drástica de sus poblaciones.

Ley para la translocación de especies y restauración de ecosistemas
La provincia de Corrientes sancionó una ley que habilita la translocación de especies nativas. Esta normativa permite trasladar individuos de especies recuperadas -como el ciervo de los pantanos- a otras regiones del país donde sus poblaciones siguen siendo críticas o han desaparecido.
“Corrientes aprobó una ley que permite trasladar ejemplares de especies recuperadas, como el ciervo de los pantanos, hacia otras regiones del país donde la especie estuvo presente y hoy está ausente. Esto abre la posibilidad de donar animales para intentar restaurar poblaciones en sitios donde desaparecieron”, señaló Di Martino.
De este modo, Corrientes pasó de tener una especie casi extinguida a poder ofrecer ejemplares para intentar recuperar poblaciones en zonas donde permanece ausente.

Principales amenazas históricas y su eliminación
La baja cantidad de ciervos de los pantanos en el pasado se debió a múltiples factores. Se lo cazó intensivamente por su cornamenta, buscada como trofeo, y fue desplazado por el avance del ganado doméstico. Además, resultó afectado por enfermedades transmitidas por el ganado.
El primer gran paso para revertir esta tendencia fue la creación, en 1983, de una reserva provincial de 1,3 millones de hectáreas en Iberá. “Tuvo que ver más que nada con la eliminación de amenazas, que empezó a hacerla Corrientes estableciendo una reserva de 1.3 millones de hectáreas, gigantesca”, recordó Di Martino.
Otro factor clave fue la transformación de antiguos cazadores los “mariscadores” en guardaparques, lo que permitió controlar la caza furtiva y disminuir la presión sobre la especie.
En el caso del Iberá, el control de la invasión ganadera y la erradicación de la caza fueron determinantes. Ya sin estas amenazas, la recuperación de la especie se dio de manera natural. Más adelante, la creación del Parque Nacional Iberá y la conversión de parte de la reserva original en área protegida reforzaron este proceso.
“De las 1,3 millones de hectáreas que tenía la reserva, que es una categoría de conservación más flexible, 756.000 hectáreas pasaron a ser parque nacional, con un nivel de protección mucho mayor”, agregó el director de conservación.
Aunque el ciervo de los pantanos logró recuperarse en áreas como Iberá y el delta del Paraná, existen otras poblaciones que continúan en estado crítico. Las áreas más afectadas son el este de Chaco y Formosa, donde la especie estuvo presente históricamente pero hoy está prácticamente extinta.
“Esa población llegaba mucho más al oeste, especialmente a lo largo de grandes ríos como el Pilcomayo y el Bermejo, y alcanzaba provincias como Salta y Jujuy. Hoy, en esas zonas, está completamente extinta”, concluyó Di Martino.
Actualmente, se trabaja en proyectos de reintroducción en zonas como el interfluvio Bermejo-Bermejito, en Chaco. La provincia aprobó un proyecto específico y está pendiente de ejecución. La experiencia de Iberá demuestra que, si se eliminan las amenazas principales, el ciervo de los pantanos tiene capacidad de recuperarse por sí mismo.
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El decálogo ambiental del gobierno lo posiciona como el peor de la historia argentina

Fecha de Publicación: 11/04/2026
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


La primera pregunta o verdad incómoda, luego de más de dos años de gestión es: ¿cuál es la política ambiental del gobierno actual? Y no encuentro una respuesta, positiva al menos.
Sucede que la gestión ambiental del gobierno de LLA y asociados se viene caracterizando por acciones que, concatenadas, conforman un meditado decálogo para debilitar nuestra Casa Común. Seguramente especialistas en otras áreas de gobierno podrán descubrir paralelos.
El derrotero de decisiones planificadas vinculadas al ambiente puede presentarse así: 

- Desjerarquizar las instituciones en el organigrama estatal y demorar excesivamente la designación de sus cúpulas de administración.
- Reducir personal sin análisis previo ni estudios de plantillas óptimas (hasta el gobierno de Macri hizo ese análisis).
 - Congelar salarios del personal con el consiguiente desgano y éxodo.
- Abandonar espacios de relevancia mundial con sus correspondientes compromisos internacionales y metas globales.
- Desfinanciar fondos públicos y debilitar programas actuales relevantes. 
- Congelar fondos de agencias de cooperación multilateral y promover reestructuraciones periódicas que ralentan y desalientan.
- Batallar culturalmente, sosteniendo desde las principales esferas del poder un innecesario negacionismo de las amenazas al ambiente.
- Flexibilizar en el sentido de avasallar normativa clave para la sostenibilidad de los ecosistemas, con fuerte impacto negativo socio ambiental (glaciares y bosque nativos por citar dos ejemplos).
- Decidir deliberadamente no impulsar ninguna iniciativa innovadora o proyectos originales. Cero ideas; mantenimiento básico, mínimo y pobre.
- Escatimar apoyos a temáticas emergentes y decidir no acompañar casos de emergencias hídricas o incendios forestales.
- Un informe denunció que el gobierno de Javier Milei impulsa "el mayor retroceso ambiental" desde el regreso de la democracia

El plato que resulta de combinar estos ingredientes es una agenda ambiental nacional vacía. Eso nos obliga a que, en lugar de avanzar en consignas comunes y programáticas de desarrollo sostenible, nos aboquemos principalmente a defender con uñas y dientes las conquistas conseguidas con esfuerzo durante décadas y que pueden extinguirse de un plumazo. Como lo propuso la ley bases y ahora las leyes específicas recargadas.
Ese vaciamiento de agenda también genera una merma de interacción gobiernos-sociedad civil, que es clave para impulsar iniciativas territoriales, porque en las gestiones diarias no hay interlocutores autorizados para comprometer acciones públicas y ello desalienta el diálogo con los organismos, que están atados de pies y manos.

Áreas protegidas nacionales
Un ejemplo en números sobre una temática particular, que muestra a las claras el parate que implica el decálogo presentado.
Hace algo más de dos años publicamos en este medio que la creación de áreas protegidas nacionales puede aportar un indicador federal del interés de los gobiernos nacionales en la conservación de la biodiversidad.
El listado de áreas protegidas nacionales asociado al carrusel de gobiernos elegidos y dictaduras muestra a las claras que siempre validamos la creación de áreas protegidas. 
Veamos la sucesión de presidentes y el número de áreas creadas en sus gestiones: Agustín P. Justo (7), Roberto Ortíz (1), Juan D. Perón (4), Arturo Frondizi (1), Arturo Illia (1), Juan C. Onganía (1), Alejandro Lanusse (1), Juan D. Perón (1), Jorge R. Videla (3), Carlos S. Menem (8), Fernando De la Rúa (1), Eduardo Duhalde (2), Néstor Kirchner (2), Cristina Fernández (9), Mauricio Macri (7) y Alberto Fernández (6). Y Milei (0).
Ni los periodos más oscuros de nuestra historia se animaron a tanto. Luego de 27 meses de gestión del actual gobierno, el panorama actual confirma nuestro pronóstico. Cero.
Sin dudas hay procesos de creación que fueron iniciados en periodos anteriores a la sanción de leyes y/o decretos. Y que la voluntad política de sus sucesores contribuyó a concluir las gestiones iniciadas.
En el caso del peor gobierno de la historia, ni eso. De hecho, áreas creadas en gobiernos anteriores no tienen apertura programática ni estructura oficial. Un mero trámite que impulsaría mayor conservación, turismo y economía en lugares recónditos. Cero.
Estos recortes de la realidad no son arbitrarios. Lo serían si hubiera iniciativas nacionales novedosas, originales, renovadoras, potentes, federales y superadoras y yo no las estuviera reconociendo. Pero no las hay. Cero.
El presidente de la Nación en distintos foros se ha expresado en contra del ambientalismo. Con una dialéctica enrevesada y en su habitual tono despectivo, mezclando teorías conspirativas, capitalismo puro y duro, valor estrictamente económico de los recursos naturales y culpando a quienes defienden los bienes comunes que toda la sociedad disfrutamos, incluyéndolo. Evidentemente no son temas que domine. Tampoco sus funcionarios subalternos en cabeza de la mayoría de las reparticiones enfocadas.

Futuro ambiental más incierto
Las decisiones erradas que involucran al ambiente afectan a todo el país mucho más rápido de lo que pensamos, con consecuencias sociales y económicas agudas y muchas veces irreversibles.
Lógicamente, si queremos aspirar a tener una política ambiental, para empezarhabría que hacer justamente lo opuesto al decálogo del comienzo. Asumiendo que no va a ocurrir, intento pensar al menos un quinteto posible.
- Que los agentes de conservación e investigadores nacionales, las fuerzas vivas del Estado enfocadas a temas ambientales, resistan con la pujanza de siempre, soñando un planeta mejor para todos y viendo el bosque más allá de los árboles que nos plantaron para tapar las geografías que nos apasionan y nos sostienen. Más trabajo directo con las provincias y municipios.
- Que todas las provincias, aun en sus limitaciones y ataduras por las asignaciones presupuestarias del tesoro nacional, no se contagiende esa indiferencia y desafíen ese decálogo desolador. Más trabajo directo con las provincias y municipios.
- Que el sector privado impulse ideas creativas que desde el poder central no están apareciendo o que estas cúpulas no dejan que aparezcan. Más trabajo directo con las provincias y municipios.
- Que desde la sociedad civil sigamos exigiendo poner al ambiente en las agendas públicas y no bajemos las banderas de nuestras convicciones ante al paredón de la indiferencia gubernamental nacional, que esperamos sea transitoria.Más trabajo directo con las provincias y municipios.
- Que el artículo 41 de la Constitución Nacional y leyes vinculadas, guíen al Poder Judicial en la ristra de causas que se irán generando por la modificación peligrosa de normas claves para el ambiente de nuestro país.+
Hago votos para que en los últimos 21 meses de gestión se produzca un milagro que alumbre a quienes nos gobiernan; los diagnósticos del colapso ambiental no han sido suficientes. Así, quizás, puedan ser menos peores.

Por Mónica Martin
Escritor y conservacionista
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Por la urbanización y el desmonte de las zonas altas de Yerba Buena el agua cada vez baja más rápido y colapsa canales y calles en el Gran Tucumán

Fecha de Publicación: 11/04/2026
Fuente: Contexto
Provincia/Región: Tucumán


Especialistas advierten que el avance de countries, loteos y barrios sobre el pedemonte y otras áreas de absorción cambió el comportamiento del agua. Lo que antes infiltraba, hoy baja con más velocidad y termina colapsando canales y calles aguas abajo.
En Tucumán, cada vez que una tormenta fuerte deja calles anegadas, canales desbordados y barrios bajo agua, la discusión pública suele enfocarse en lo que se ve: una avenida colapsada, una alcantarilla tapada o un canal que no dio abasto. Pero el problema, en muchos casos, empieza mucho antes de que el agua llegue a esos lugares. El problema no siempre está donde se ve, sino donde se genera.
La clave está en las zonas altas del oeste metropolitano, especialmente en el corredor que va desde Tafí Viejo hasta Yerba Buena, Villa Carmela, San José y sectores próximos a San Pablo. Allí, en las últimas décadas, el crecimiento urbano transformó de manera profunda superficies que antes absorbían, demoraban o distribuían naturalmente el agua de lluvia. Ese cambio silencioso es el que hoy explica gran parte de las inundaciones.
El urbanista Gerardo Isas lo sintetizó con una frase que resume el fenómeno: “La ciudad hoy recibe el agua que la tierra absorbía”.
La definición no es retórica. Es casi una descripción física de lo que ocurrió en el territorio.
El especialista pone el acento en la transformación de las zonas altas, donde en los últimos años avanzaron desarrollos urbanos sobre terrenos que antes cumplían una función ambiental esencial. “Cada desarrollo implica desmonte y superficies impermeables. Antes había suelo absorbente; hoy el agua escurre directamente. Eso aumenta el volumen que llega a los canales”, explica.

El agua ya no encuentra el mismo suelo
En las zonas altas y de pedemonte, el cambio de uso del suelo alteró el funcionamiento natural del escurrimiento. Donde antes había vegetación, suelo permeable, monte, cultivos o superficies abiertas, hoy hay cada vez más calles pavimentadas, plateas, cocheras, veredas duras, techos y urbanizaciones cerradas.
Cada una de esas intervenciones reduce la capacidad del terreno para infiltrar agua. Y cuando eso ocurre a escala masiva, el impacto deja de ser local: el agua empieza a bajar con más rapidez, en mayor volumen y con menos posibilidad de amortiguación.
Eso significa que una lluvia intensa ya no se reparte igual que antes. Se concentra más rápido y golpea con más fuerza sobre los desagües, canales y zonas bajas de la ciudad. Más agua, más rápido y en menos tiempo.
Los estudios sobre expansión urbana en el área metropolitana tucumana ya habían advertido este proceso. En el caso de Yerba Buena, una investigación académica identificó 49 urbanizaciones cerradas, entre barrios privados, countries y condominios, que ocupaban unas 727 hectáreas, equivalentes a casi el 19% de la superficie del municipio. No es un crecimiento menor: es un cambio estructural del territorio.
Ese dato es clave porque muestra que no se trata de un crecimiento menor o aislado. Se trata de una transformación territorial muy fuerte, concentrada precisamente en una de las zonas que históricamente funcionaban como área de transición y absorción entre la sierra y la ciudad.
Tucumán tiene, además, una condición geográfica muy particular. Buena parte de la expansión residencial más intensa de las últimas décadas se produjo sobre el pedemonte de San Javier, una franja que conecta la sierra con la llanura y que históricamente cumplió una función ambiental decisiva. Era una zona que funcionaba como regulador natural del agua.
Ese territorio no es neutro. Es una zona donde el agua de lluvia baja, se dispersa, infiltra o encuentra sus caminos naturales antes de alcanzar la ciudad más consolidada.
Cuando ese espacio se ocupa sin una mirada integral de cuenca, la lógica cambia por completo. Lo que antes se absorbía o demoraba, ahora se canaliza y se acelera. Se pierde la capacidad natural de amortiguar las lluvias.
En términos concretos, eso se traduce en una consecuencia conocida por miles de tucumanos cada vez que llueve fuerte: calles convertidas en cauces, barrios que se anegan en minutos y desagües que no alcanzan. La ciudad se transforma en un sistema de escurrimiento forzado.
Si hay un lugar donde este proceso se ve con claridad es Yerba Buena. No solo por su crecimiento urbano, sino porque allí se consolidó una de las transformaciones territoriales más fuertes del área metropolitana. La expansión de urbanizaciones cerradas, especialmente desde los años 90 y 2000, ocupó superficies que antes tenían mayor capacidad de absorción, modificando el comportamiento del agua a escala regional.
El problema no es únicamente cuántos barrios se construyeron, sino dónde se construyeron, con qué infraestructura y bajo qué lógica hidráulica regional. Ahí está el núcleo del problema.

No alcanza con limpiar canales
Uno de los puntos más sensibles del debate es la explicación simplificada que suele aparecer después de cada temporal: que el problema es la basura o la falta de limpieza.
Eso puede agravar situaciones puntuales, pero no explica por qué colapsan simultáneamente distintos puntos del sistema. No alcanza para explicar inundaciones generalizadas.
El fondo del problema es otro: muchos canales y obras pluviales fueron pensados para una ciudad mucho más chica, con menos impermeabilización y con otra ocupación del suelo. Hoy reciben más agua de la que pueden soportar.
Es decir, la infraestructura muchas veces sigue respondiendo a un mapa urbano viejo, mientras la realidad del territorio cambió de forma drástica. La ciudad cambió, pero el sistema no se adaptó.
Por eso, cuando Isas advierte que “se apunta al canal, pero no al origen del problema”, en realidad está señalando algo más profundo: el sistema está recibiendo un volumen y una velocidad de agua para los que no fue concebido.
“No se puede atribuir el problema a la basura, por ejemplo. El volumen de agua no tiene relación con eso. Hay causas estructurales que no se están analizando”, advierte. 
Para Isas, el eje del problema no está en lo visible o inmediato, sino en decisiones de fondo vinculadas al uso del suelo. Y esa lógica también alcanza a la discusión sobre infraestructura. “Muchos canales responden a diseños de los años 60 y hoy deben manejar un volumen de agua mucho mayor, en un contexto completamente distinto”, señala.

Hay además una dimensión social que no se puede soslayar.
Buena parte de las nuevas urbanizaciones se desarrollaron en sectores altos, valorizados y con fuerte atractivo inmobiliario. Pero el agua que ya no infiltra allí no se queda en esos lugares: baja. Siempre baja.
Y muchas veces termina impactando sobre sectores más bajos, más densos y con menor capacidad de respuesta. Es decir, el costo de ciertas decisiones urbanas no siempre lo paga quien las toma ni quien las aprovecha. Lo terminan pagando otros barrios.
No se trata solo de cuánto llueve, sino de qué se autorizó, dónde se permitió construir, qué exigencias hidráulicas se impusieron —o no— y quién controló que el crecimiento urbano no agravara el riesgo para el resto de la ciudad. Esa es la discusión de fondo.
En Tucumán, la expansión urbana del oeste no fue un fenómeno espontáneo. Fue el resultado de decisiones acumuladas durante años. Decisiones que hoy muestran sus consecuencias.
Por eso la discusión de fondo ya no puede quedar reducida a la obra puntual que falta o al canal que debe ensancharse. La pregunta central es otra: si se sigue urbanizando suelo que debería absorber agua, ¿cuánto más puede resistir la ciudad baja?
Esa es la discusión que empieza a aparecer cada vez que una tormenta deja calles colapsadas y barrios afectados.
La diferencia es que ahora el problema empieza a verse con más claridad: muchas de las inundaciones que hoy golpean a Tucumán no nacen donde se ven, sino donde durante años se decidió crecer sin mirar el agua. Ahí está el verdadero origen del problema.
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La Nación quiere habilitar desmontes sin control en zonas verdes y crece el rechazo

Fecha de Publicación: 10/04/2026
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional


El punto más cuestionado permitiría desmontar sin evaluación ambiental en áreas de menor protección. Funcionarios, técnicos y entidades advierten que sería un retroceso en un país que ya perdió 3,8 millones de hectáreas de bosque nativo.
La discusión todavía está en etapa de propuesta, pero en Misiones ya se lee como una señal de alarma. Los cambios promovidos por el Gobierno nacional a través del Consejo de Mayo sobre dos normas centrales -la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Manejo del Fuego- abrieron un nuevo frente de preocupación en una provincia donde la conservación dejó de ser un discurso aislado para convertirse en parte de una estrategia territorial, productiva e identitaria.
El punto que más inquietud genera es la posibilidad de habilitar el desmonte total en la categoría III, conocida como zona verde, sin pasar por una evaluación de impacto ambiental. Actualmente, aun en esos sectores de menor valor de conservación, el cambio de uso del suelo requiere autorización previa.
Según el monitoreo oficial de la Dirección Nacional de Bosques, desde la sanción de la Ley 26.331, en 2007, Argentina perdió 3,8 millones de hectáreas de bosque nativo. Solo en 2023 se registraron 173 mil hectáreas afectadas y más de la mitad del desmonte ocurrió en zonas donde la ley vigente no permite cambiar el uso del suelo: 47% en categoría amarilla y 6% en roja.
El dato expone una contradicción de base en la discusión actual: si con la norma vigente el Estado no logra frenar de manera eficaz la deforestación ilegal, reducir controles y filtros previos aparece para muchos sectores como una decisión de riesgo antes que una solución.
En esa línea, una de las objeciones más firmes es que el problema no está en la existencia de la ley sino en su cumplimiento. La Red Agroforestal Chaco Argentina sostuvo que la norma es una herramienta estratégica de ordenamiento territorial y que sus principales déficits pasan por el financiamiento insuficiente, las debilidades de monitoreo y las limitaciones institucionales para controlar desmontes y asegurar gobernanza.
Para REDAF, flexibilizar el régimen actual implicaría aumentar la vulnerabilidad frente a incendios, inundaciones y sequías, además de generar costos sociales, productivos y fiscales que superan cualquier ventaja inmediata derivada del avance sobre el monte.
En Misiones, el rechazo a una marcha atrás fue explícito. El ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Martín Recamán, advirtió que “no se puede ir hacia atrás en el proceso de conservación” y sostuvo que los cambios impulsados desde la Nación representan un riesgo “ambiental, productivo y social”, especialmente para provincias que sostuvieron una política continuada de protección de sus recursos naturales.
El funcionario remarcó además que “los misioneros demostraron que se puede conservar, producir y seguir creciendo” y resumió la posición provincial en una frase con fuerte contenido político y estratégico: “El desarrollo es con el ambiente”.
Recamán también planteó que el debate no puede ser reducido a una lógica de rentabilidad inmediata. “Cuando no se conserva el ambiente, eso afecta la salud, también afecta la economía y compromete un recurso vital como el agua, que está directamente vinculada a la producción”, señaló. Y fue más allá al vincular la defensa del bosque con la propia identidad misionera: “La conservación del bosque y de los componentes del ambiente es fundamental para la economía de un pueblo y, en el caso de Misiones, está estrechamente vinculada a nuestro patrimonio y a nuestra identidad”.
En una provincia donde el monte nativo incide sobre el régimen hídrico, la biodiversidad, el turismo y la sustentabilidad de varias cadenas productivas, ese argumento encuentra una base concreta.
La otra modificación que genera rechazo es la vinculada a la Ley de Manejo del Fuego. La propuesta busca eliminar restricciones incorporadas en 2020 que impiden durante 60 años, en el caso de bosques nativos o implantados, y durante 30 años en otras superficies, cambiar el uso del suelo en predios incendiados.
Ese blindaje legal fue pensado para evitar que el fuego se utilice de manera intencional como paso previo a desarrollos agropecuarios o inmobiliarios. Su eventual derogación es interpretada por organizaciones ambientales como una señal regresiva en un contexto donde los incendios ya son una amenaza creciente.
La Agrupación Forestal Peronista (AFOPE) habló de un “grave retroceso institucional y ambiental” y planteó que cualquier reducción de estándares debe analizarse bajo el principio de no regresión ambiental. Incluso desde sectores vinculados a la actividad forestal aparecieron advertencias. La Asociación Forestal Argentina señaló que un debilitamiento de la ley también puede afectar la competitividad internacional del país, comprometer el acceso a financiamiento climático y generar ruido en mercados que hoy exigen trazabilidad y productos libres de deforestación, como ocurre con la regulación europea EUDR y las discusiones asociadas al acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Ese punto agrega una dimensión política y económica de fondo. Ya no se trata solo de una discusión ambiental clásica entre conservación y producción. Lo que se debate es si Argentina quiere mostrar previsibilidad normativa y estándares consistentes o abrir una etapa de mayor permisividad en un tema cada vez más sensible para el comercio internacional, la inversión y los mercados de carbono. AFoA, por ejemplo, advirtió que cualquier debilitamiento de la ley podría afectar acuerdos, certificaciones y oportunidades de financiamiento verde, un aspecto que para provincias forestales como Misiones no es menor.
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Proyecto Yaguareté desplegará más de 250 cámaras trampa en el Corredor Verde para monitorear a la Panthera onca

Fecha de Publicación: 10/04/2026
Fuente: Canal 12 de Misiones
Provincia/Región: Misiones


La ONG Proyecto Yaguareté inició un monitoreo binacional con más de 250 cámaras trampa en el Corredor Verde, que abarca más de 500 mil hectáreas entre argentinas en Misiones y el sur de Brasil. 
La investigadora asistente del Conicet en el Instituto de Biología Subtropical Nodo Iguazú, Paula Cruz, brindó detalles sobre el monitoreo binacional con más de 250 cámaras trampa a lo largo del Corredor Verde, iniciado por la ONG Proyecto Yaguareté. Se trata de un área protegida que conecta selvas de Argentina y Brasil. Según la profesional, el objetivo es preservar al gran felino y fortalecer la conservación de la biodiversidad en uno de los refugios más importantes del Bosque Atlántico.
Cruz detalló a LT17 Radio Provincia de Misiones que este año la propuesta es diferente a las anteriores. “Buscamos realizar un monitoreo a lo largo de todo el año, es un trabajo más concentrado, unos tres meses, que lo vamos a iniciar a partir de la segunda mitad del año”, precisó. El censo se realiza cada dos años y se convirtió en uno de los seguimientos de grandes felinos más prolongados del mundo, con más de dos décadas de historia.

El área cubierta y la evolución de la población
La investigadora explicó que el monitoreo abarca una superficie muy extensa. “Estamos hablando de más de 500 mil hectáreas, todo el norte de Misiones y el Parque Nacional brasileño”, señaló. El Corredor Verde, protegido por la Ley Provincial XVI – Nº 60, cuenta con aproximadamente 1,1 millones de hectáreas y alberga la población silvestre más importante del país, con entre 90 y 100 ejemplares circulando libremente.
Sobre el objetivo del relevamiento, Cruz fue clara. “Queremos entender cómo está la población de yaguaretés de nuestra región”, afirmó. Gracias a las cámaras trampa, los científicos pueden estimar la cantidad de individuos y analizar la tendencia de la población, si aumenta, disminuye o se mantiene estable.
En los últimos años, según la investigadora, la población mostró cierta estabilidad. “Hay una leve tendencia a la baja, aunque esos no son resultados significativos”, aclaró. En el último relevamiento de 2024, las estimaciones arrojaron una media de 84 individuos, con un rango que va desde 64 a 110 ejemplares.

Un panorama mejor que hace 20 años, pero aún crítico
Cruz comparó la situación actual con los inicios del monitoreo. “Cuando iniciamos estos relevamientos, por el 2003-2004, había la mitad de los individuos. La población se estimaba en unos 40 individuos y esa población se fue recuperando y fue levemente aumentando a lo largo del tiempo”, recordó, lo cual pone en valor también la fuerte política de protección ambiental implementada por el Gobierno de Misiones.
A pesar de la mejora, la investigadora advirtió que la situación sigue siendo delicada. “Estamos mejor que hace 20 años, pero sigue siendo una población crítica”, afirmó. Para que la población esté bien y no necesite acciones de conservación adicionales, se estima que debería haber unos 250 individuos.
Gracias a las manchas de cada animal, las cámaras trampa permiten identificar a los ejemplares de manera individual. Esa información, combinada con modelos matemáticos, posibilita a los científicos estimar cuántos yaguaretés hay en total y cuántos están registrando en cada monitoreo.
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Glaciares: el Gobierno y sus aliados aprobaron la reforma pedida por las mineras

Fecha de Publicación: 09/04/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Por amplia mayoría, el oficialismo se impuso esta madrugada en Diputados y logró modificar la Ley 26.639 que protege las zonas periglaciares como reservorio estratégico de agua. La oposición apuesta a judicializar la norma.
Tras casi 11 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la modificación a la ley de Glaciares, que redefine el alcance de las zonas periglaciares a fin de permitir el avance de proyectos mineros. Con el acompañamiento de sus principales aliados y de los gobernadores de las provincias mineras la Libertad Avanza cedió al lobby de las principales mineras, que denunció la oposición, y avanzó con una iniciativa que rechazaron fuertemente las agrupaciones ambientalistas y los expertos. Frente al Congreso hubo incidentes por el fuerte operativo de seguridad desplegado para frenar la marcha convocada bajo la consigna: “La Ley de Glaciares No Se Toca”.
La iniciativa que flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos se sancionó con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones.
La reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial establece un cambio fundamental; deja de proteger a todos los glaciares y a las zonas periglaciales como “reservas estratégicas”, para pasar solo a proteger a aquellos que acrediten un “aporte hídrico relevante y comprobable” a las cuencas. De esta forma, muchas formaciones de hielo menores quedarían fuera de la tutela legal, permitiéndose así el avance de proyectos mineros. Por esta razón, los bloques de la oposición y organizaciones ambientalistas rechazaron la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos, que son vitales para el consumo humano, para la biodiversidad y para el equilibrio climático.
La aposición aprovechó el debate para plantear apartamientos de reglamento sobre cuestiones sensibles para el gobierno con la intención de mostrar que están a poco de conseguir los números necesarios para avanzar en una moción de censura contra el jefe de Gabinete y emplazar comisiones para el tratamiento de proyectos que complicarían al Gobierno de Javier Milei. El caso LIBRA, y los pedidos de interpelación a Adorni por sus pomposos viajes y propiedades recientemente adquiridas protagonizaron los planteos.
Quienes habilitaron la sesión fueron los diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Independencia (Tucumán), algunos monobloques e incluso varios diputados de Provincias Unidas (Alejandra Torres, Jorge Rizzotti, Ignacio García Aresca, Gabriela Scaglia, José Nuñez, y Sergio Cappozzi), quienes también se espera que acompañen la iniciativa oficialista. La secretaria general de la presidencia, Karina Milei se acercó al Palacio Legislativo pasadas las 22.15 para asistir a la sanción de la norma.

El debate
Las primeras palabras fueron las del miembro informante y presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente José Paluc, que contrariamente a lo que planteó la oposición festejó la audiencia pública por Glaciares al catalogarla de “histórica”. Para el diputado libertario fue un logro que de los 106.407 inscriptos. 90 hayan podido subir videos al canal de YouTube de la Camara de Diputados, que 2990 se pronunciaran de manera escrita, que 113 expusieran de manera presencial y que solo 98 pudieran dar su opinión de manera virtual. Paluc, hizo una corta intervención sin hacer prácticamente referencias al detalle del proyecto que pretende reducir el cuidado del agua y los glaciares.
Por el contrario, la diputada de Unión por la Patria, Sabrina Selva definió como “farsa” la audiencia pública y denunció el lobby de las empresas mineras al resaltar que la modificación que se le pretende hacer a la ley “no es aclaratoria porque la ley actualmente no tiene vacíos legales”. En este sentido, la massista recordó que la norma actual fue ratificada en su constitucionalidad por la Corte Suprema. Asimismo, cuestionó la interpretación que se intenta hacer del art 41 de la Constitución Nacional, y resaltó que el máximo tribunal saldó esa discusión respecto a quien tiene potestad sobre los recursos naturales. Y denunció que no corresponde que los gobiernos provinciales decidan sobre la capacidad hídrica en desmedro del Conicet. “Para tomar decisiones se basarán más en criterios políticos que en criterios científicos”, cuestionó. Finalmente, apuntó contra las criticas que se le hacen a la norma vigente. “Tampoco es cierto que la ley actual es antiminera. La Cámara Argentina de Minería reconoce el crecimiento exponencial”, cerró.
Desde la izquierda, también salieron a cruzar las intenciones del Gobierno de reformar la Ley de Glaciares. Myriam Bregman afirmó que el oficialismo busca aprobar la iniciativa para lograr “un saqueo rápido”. Además, aprovechó para recordarle a Luis Petri, que presidía ese tramo de la sesión, que tiempo atrás defendía la norma. “Desde el Frente de Izquierda tenemos memoria, los pueblos tienen memoria y se van a acordar de la entrega infame de este modelo”, aseguró, al tiempo que expresó que “Milei tiene claro que fue elegido por las corporaciones para un saqueo rápido”.
A su turno, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, aseguró que están a favor de la protección de los glaciares y las áreas periglaciares, y recordó que “la ley de 2010 permitió del desarrollo minero”. De esta forma, llamó a “salir de falsas antinomias, el peronismo hizo más que nadie para el desarrollo productivo vaya de la mano con la protección ambiental”. También criticó las audiencias públicas, a las que calificó de “amañadas”. Finalmente, recordó al Papa Francisco por su defensa del agua para la vida humana y el mensaje de Juan Domingo Perón de 1972 en defensa del medio ambiente.
En el mismo sentido, se expresó la diputada Lucia Cámpora, que arrancó caracterizando de “bochornosa” la audiencia pública que llevó adelante el oficialismo con la intención de evitarse futuras judializaciones, y donde pudo participar “menos del 2 por ciento de los inscriptos”. Por otra parte, señaló que se debería estar discutiendo “agua dulce si o agua dulce no”, al hablar sobre “el plan de saqueo” que se intenta llevar adelante a pedido del Fondo Monetario Internacional que plantea “una triple flexibilización” laboral, ambiental y económica.
Para el diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto “esta ley es un retroceso, es un hecho negativo” y marcó que “no hay ningún elemento nuevo” a la que se trató en el 2010. A su vez, estimó que “se abre un camino peligroso para el pueblo argentino”, por lo cual manifestó estar en contra " del proyecto del oficialismo.
Para el santacruceño, Juan Carlos Molina la ley debería de llamarse “ley de entrega del agua” y “ley de las megaminerías”. Además, para el sacerdote la norma promoverá una competencia entre las provincias para ver “quién entrega primero sus glaciares”, en busca de recursos económicos.

Más Información:

Perfil - Se aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con una mayoría fortalecida por aliados de LLA
La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este jueves 9 de abril la reforma de la Ley de Glaciares en una sesión que combinó el tema ambiental con una fuerte ofensiva opositora centrada en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El oficialismo logró la aprobación de su proyecto a las 2.30 de la mañana, gracias a un fuerte apoyo de los bloques aliados. Con tres abstenciones, la votación resultó en 137 a favor y 111 en contra. 

Agencia EFE - La minería se acerca al hielo en Argentina: claves de la reforma de la ley de glaciares
Los glaciares argentinos han dejado de estar protegidos automáticamente por ley. Tras casi 12 horas de debate, la Cámara de Diputados ha aprobado con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones la reforma de la Ley de Glaciares que ha impulsado el Gobierno de Javier Milei.

Ambito -  Industria minera celebra la reforma de la ley de Glaciares: "Remueve ambigüedades que generaban incertidumbre" 
Diputados aprobó la adecuación de la ley de Glaciares con el impulso del Gobierno y el respaldo clave de las provincias. Mientras el sector minero celebra la medida, ambientalistas anticipan una avanzada judicial.

La Nación - El Gobierno celebró la reforma de la ley de glaciares y cargó contra los ambientalistas
El gobierno de Javier Milei celebró este jueves la reforma de la ley de glaciares, aprobada en la Cámara de Diputados. A través de un comunicado, la Oficina del Presidente aseguró que, con estos cambios, se cuida “genuinamente el ambiente” y apuntó contra los ambientalistas, a quienes acusó de “intentos de interferencia” para “impedir el progreso”. 
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Informe de la UNRC advierte que el uso de agroquímicos creció un 2.000% y ya impacta en acuíferos

Fecha de Publicación: 09/04/2026
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


La investigadora del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Verónica Lutri, presentó un trabajo audiovisual sobre el impacto del modelo agropecuario "químico-dependiente" y apunta a “la contaminación que no se ve”.
En 1991, en Argentina se aplicaban 30 millones de litros de agroquímicos por año. Hoy, esa cifra trepó a los 600 millones de litros. El dato, contundente, forma parte de un documental realizado por la doctora en Geología e investigadora del Conicet, Verónica Lutri.
La docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) fue seleccionada para este proyecto por el International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC), organismo vinculado a la Unesco. Tras realizar el material sobre la problemática del agua subterránea, Lutri fue nombrada embajadora del World Water Film Festival, que este año tendrá su edición en Argentina.
“Argentina es el tercer país productor mundial de soja y el tercero en consumo de pesticidas para este cultivo”, explica Lutri.
Su trabajo insta a reflexionar sobre una amenaza invisible: la contaminación de los acuíferos en la llanura chaco-pampeana.
Durante dos años, la investigadora reunió testimonios sobre el impacto del modelo agropecuario extractivista para dar visibilidad local a una problemática global. Según recordó, la superficie cultivada de soja en el país pasó de apenas 960 hectáreas en 1960 a más de 13 millones en 2024.
“Existen toneladas de evidencia científica sobre el efecto nocivo de los herbicidas y diversas especies y de su presencia casi total en todas las matrices ambientales. Se han detectado plaguicidas en sangre, orina y polvo ambiental, pero muchos de estos estudios fueron censurados”, sostuvo Lutri. 
También marcó la importancia de la investigación y su divulgación porque “sin agua no podemos vivir y no se cuida lo que no se conoce”.

Agroquímicos, “un problema silencioso”
La especialista detalló que la contaminación se produce con mayor facilidad cuando los acuíferos están a pocos metros de profundidad y el suelo es de materiales gruesos, como arena o grava. “Allí el agua de descarga de lluvia infiltra con mayor velocidad. Hemos detectado atrazina en acuíferos a 20 metros de profundidad. Es decir, el lixiviado está ocurriendo”, sostuvo.
Señaló que la atrazina es un herbicida de amplio espectro utilizado desde la década de 1960. Mientras que en la Unión Europea está prohibido desde 2004 por su impacto en la salud humana y el ambiente, en Argentina su uso continúa. “Hay reglamentaciones según el tipo de herbicida y suelo, pero las malezas se han hecho resistentes y se está usando mucha más cantidad, más dosis”, advirtió Lutri.
La investigadora riocuartense destacó que la expansión de la frontera agrícola conlleva la pérdida de humedales y de bosques nativos.
Además, alertó que el riesgo no se limita al consumo de agua: “Existen estudios que fueron ‘censurados’ a nivel nacional —como el Proyecto Sprint— que analizaban herbicidas en sangre y orina. El impacto no es solo a través del agua; en el polvo ambiental y en los sedimentos que vuelan en el campo hay herbicidas y la gente los respira”, apuntó.
Para el documental, Lutri consultó, entre otros, al especialista en Agroecología de la UNRC, Claudio Sarmiento. Resumió que se aboga por una producción que no sea tan “químico-dependiente”. “El sistema está saturado y es necesario buscar alternativas naturales como la agroecología, alternativas naturales, como el uso de insectos benefactores”, dijo.
 Su trabajo audiovisual plantea que así como una persona enferma tiene medicamentos en su mesita de luz, la gran cantidad de envases de agroquímicos que pueden observarse tirados, en medio de la naturaleza, son indicadores de lo que está en el suelo y en los acuíferos “Cuando el campo te muestra esto, hay algo que no está bien (…). ¿Ojos que no ven, corazón que no siente?”, se preguntó.
El video documental para divulgar el asunto fue presentado recientemente en las Jornadas sobre el uso de agroquímicos en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNRC y está disponible en este link de Youtube.
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Alerta ambiental y sanitaria en Chubut: manchas de aceite y agua contaminada en una playa de Camarones

Fecha de Publicación: 09/04/2026
Fuente: Portal PrensaMercosur
Provincia/Región: Chubut


La localidad de Camarones (Chubut) enfrenta una situación crítica tras la aparición de manchas de aceite en el mar, justo en la playa pública contigua al muelle pesquero. Vecinos registraron videos que muestran hidrocarburos flotando en el agua, lo que transformó un debate técnico sobre la expansión portuaria en una alerta sanitaria tangible.
Organizaciones ambientales y especialistas advierten que la intensidad de la actividad pesquera industrial es incompatible con el uso recreativo de la playa. La falta de infraestructura para contener derrames y el manejo deficiente de residuos peligrosos agravan el problema.

Riesgos para la salud comunitaria
El impacto no se limita a la contaminación visible:
- Investigadores del CENPAT confirmaron la presencia de pinturas antiincrustantes en los cascos de barcos, que liberan estaño.
- Este compuesto provoca imposex, una alteración reproductiva severa en moluscos.
- Un informe técnico reveló que un alto porcentaje de moluscos en el puerto de Camarones presenta anomalías físicas por exposición a estos químicos.
Aunque aún no se ha demostrado riesgo directo para la salud humana por contacto con el agua, el peligro real está en la ingesta de caracoles o bivalvos contaminados, lo que podría afectar la seguridad alimentaria local.

Impacto social y económico
La posibilidad de clausurar la playa pública genera incertidumbre en la comunidad, ya que es el espacio más concurrido durante el verano y un atractivo turístico clave.
Sin embargo, las imágenes de derrames y los informes técnicos obligan a replantear prioridades, poniendo la seguridad de la población por encima de los intereses comerciales de la pesca industrial.

Crisis en el agua potable
El problema ambiental se extiende más allá de la costa: un estudio oficial del Ministerio de Salud de Chubut (febrero de 2026) reveló que el agua de la red municipal supera los límites de sodio, arsénico y fluoruro establecidos por la OMS.
- En la cisterna de La Lochiel, los niveles de arsénico superan hasta ocho veces la norma permitida.
- En la red del pueblo, triplican el máximo tolerable.
- El cloro residual es insuficiente, ya que se pierde en los 35 km de acueducto, comprometiendo la potabilidad.
El exceso de cloruros y el sabor salobre del agua elevan el riesgo de complicaciones graves para la salud con el consumo prolongado.

Alerta sanitaria en Camarones
Camarones enfrenta una doble crisis ambiental y sanitaria: contaminación marina por hidrocarburos y químicos tóxicos, junto con un suministro de agua potable de baja calidad.
La situación exige medidas urgentes de control portuario, monitoreo ambiental y mejoras en la infraestructura de abastecimiento. La comunidad se encuentra en un punto de inflexión donde debe decidir entre sostener la actividad pesquera industrial o garantizar la salud y seguridad de sus habitantes.
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