Derrame en Lomas de Olmedo: el daño ambiental era previsible y sigue sin solución

Fecha de Publicación: 18/12/2025
Fuente: Portal AgendaSalta
Provincia/Región: Salta


Especialistas alertan que el impacto del pozo petrolero abandonado en Pichanal no es un hecho aislado.
El reciente derrame registrado en el pozo petrolero de Lomas de Olmedo, en Pichanal, volvió a encender la alarma sobre los riesgos ambientales que arrastra la actividad hidrocarburífera en Salta. Según especialistas en ecología, se trata de un problema conocido desde hace décadas, que no sorprende por su magnitud ni por su recurrencia, y que refleja la falta de control y de acciones efectivas por parte de las autoridades provinciales.
El doctor en Ciencias Biológicas Enrique Derlindati, docente e investigador en conservación ecológica, cuestionó duramente el abordaje oficial del incidente. Aseguró que el derrame no fue un hecho imprevisto, sino la consecuencia directa de un abandono negligente de pozos petroleros antiguos. Además, advirtió que Lomas de Olmedo no sería un caso aislado: existen otros pozos en condiciones similares que estarían generando un impacto ambiental intenso en distintas áreas de Pichanal y alrededores.
“La situación se podía prever. El daño que se observa ahora en la vegetación y la fauna local no apareció de un día para el otro. Son años de descuido y falta de fiscalización”, señaló Derlindati. Según el investigador, las imágenes satelitales y aéreas muestran la muerte de amplias superficies de vegetación y bosques cercanos, mientras que se reporta la mortandad de ganado en la zona, aunque todavía no hay estudios públicos que confirmen la relación exacta con el pozo.
El especialista recordó que estos pozos se remontan a la década del 80, cuando YPF llevó adelante tareas de prospección en la región. Con el tiempo, varios fueron concesionados a empresas privadas y, en algunos casos, abandonados por falta de rentabilidad. En Lomas de Olmedo, el pozo actualmente emite principalmente gases como metano y dióxido de carbono, además de agua salada con trazas de hidrocarburos, lo que agrava la contaminación del suelo y los cursos de agua cercanos.
Derlindati subrayó que, aunque cerrar un pozo petrolero es un proceso técnico complejo, la mayor preocupación sigue siendo el impacto ambiental acumulado. “No hay información clara sobre el estado real del área afectada ni se han asumido responsabilidades concretas. Mientras el pozo continúe abierto, la degradación del ecosistema seguirá aumentando”, advirtió.
La falta de acción estatal frente a esta problemática fue otro punto crítico de la denuncia del especialista. Según explicó, la situación ya había sido señalada por ciudadanos y ONG locales hace al menos dos años, sin que se registraran intervenciones efectivas. Si bien existen equipos técnicos vinculados a recursos hídricos e hidrocarburos trabajando en la zona, Derlindati cuestiona la ausencia de medidas de control ambiental concretas, como mediciones del impacto o estrategias de mitigación. “Perimetrar la zona y restringir el acceso no resuelve el problema”, puntualizó.
El caso de Lomas de Olmedo adquirió relevancia pública tras una denuncia internacional de una ONG, pero el investigador advirtió que esta no es una excepción en Salta. Contaminación de ríos, vertidos industriales sin control y falta de supervisión en actividades extractivas son problemas recurrentes que se repiten en distintos puntos de la provincia. “Estos problemas están diagnosticados desde hace décadas, pero siguen postergándose. Las consecuencias las pagarán las próximas generaciones”, concluyó.
Además del impacto ecológico, la situación genera preocupación en comunidades rurales y productores locales, quienes ven afectada la salud de sus animales y la calidad de los suelos donde desarrollan sus actividades. Según Derlindati, la remediación de estas áreas demandará años de trabajo y una inversión significativa, por lo que resulta urgente establecer un plan de intervención integral que contemple la restauración ambiental, la vigilancia constante y la rendición de cuentas de los responsables.
El caso de Lomas de Olmedo también pone en evidencia un vacío en la legislación provincial y nacional respecto al seguimiento de pozos hidrocarburíferos antiguos. Sin controles claros, muchos de estos sitios corren riesgo de convertirse en focos de contaminación silenciosa, con repercusiones directas sobre el agua, el suelo y la biodiversidad local.
En el contexto de Salta, la situación de Pichanal no es aislada. Regiones como Tartagal y General Mosconi también presentan vestigios de explotaciones petroleras abandonadas que siguen generando problemas ambientales similares. La ausencia de datos públicos y de estudios oficiales dificulta dimensionar la magnitud real del daño, aunque las imágenes satelitales y testimonios locales reflejan un patrón preocupante.
Expertos en ecología advierten que, sin un plan de control efectivo, el riesgo de que la contaminación se extienda a otras cuencas hídricas y áreas rurales de la provincia es alto. La combinación de gases tóxicos, agua salada con hidrocarburos y deforestación progresiva representa un desafío ambiental que requiere atención inmediata y políticas de conservación sostenibles.
En resumen, el derrame en Lomas de Olmedo no debería considerarse un accidente aislado. Es, según especialistas, el resultado de décadas de abandono y falta de regulación, un problema que refleja la necesidad urgente de una estrategia ambiental integral en Salta, capaz de prevenir daños futuros y proteger los recursos naturales de la provincia para las generaciones venideras.
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Realizaron la primera liberación de pacú para el refuerzo de especies nativas en el Paraná Medio

Fecha de Publicación: 18/12/2025
Fuente: El Heraldo
Provincia/Región: Entre Ríos 


En una acción estratégica de conservación y repoblamiento, el gobierno provincial liberó ejemplares juveniles de pacú (Piaractus mesopotamicus) en la reserva de usos múltiples Paraná Medio, en el departamento La Paz. Esta iniciativa busca fortalecer las poblaciones nativas que se encuentran en estado crítico debido a diversos factores ambientales.
La liberación se llevó adelante en el marco de un proyecto de recomposición de fauna íctica del Ministerio de Desarrollo Económico, que articula esfuerzos de distintas áreas provinciales para la protección de la biodiversidad. El mismo surge atendiendo a la situación crítica de varias especies ícticas, impulsando una propuesta que no solo busca conservar la fauna típica, sino fundamentalmente fortalecer su repoblamiento y reforzamiento poblacional.
Cabe destacar que la suelta de los 300 ejemplares de pacú se realizó como medida de compensación ambiental requerida a una empresa responsable de un daño ecológico, garantizando así que la remediación se oriente a la recuperación de la fauna local, con un impacto territorial concreto. 
El pacú, especie nativa de la cuenca del Paraná, presenta actualmente un tamaño poblacional muy bajo en la provincia: por ello, este tipo de acciones constituye un aporte significativo a su recuperación progresiva en ambientes adecuados.
Un aspecto clave de esta acción es el monitoreo poblacional. Según explicaron, los peces fueron debidamente etiquetados: En caso de re-captura, la gente debe comunicarse con el número que figura en la marca para brindar información sobre su tamaño, talla y ubicación. Esto nos permitirá tener datos sobre migraciones y crecimiento, información inexistente al momento y fundamental para el seguimiento de la especie.
Este proyecto colaborativo incluye el trabajo articulado con la Dirección de Recursos Naturales y la Dirección de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos (PER). 
Participaron de la actividad el director de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Ambiente, Pablo Aceñolaza, junto a su equipo técnico, Germán Rivero y Joaquín Sallevane; representantes de la Dirección de Recursos Naturales; Francisco Fernández y personal de la Policía de Abigeato, encabezados por el Comisario General César Primo, y el presidente municipal de Piedras Blancas, Fabricio Mesquida.
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Aprobaron la polémica ley que habilita las salmoneras en Tierra del Fuego

Fecha de Publicación: 17/12/2025
Fuente: Radio Fueguina
Provincia/Región: Tierra del Fuego


La modificación de la Ley 1355 fue sancionada en Ushuaia por 8 votos a favor y 7 en contra. El gobierno celebró el resultado.
En una sesión cargada de tensión política y cuestionamientos ambientales, la Legislatura de Tierra del Fuego, reunida en Ushuaia, aprobó este jueves la modificación de la Ley Provincial N° 1355, que habilita el desarrollo de la salmonicultura en la provincia. La norma fue sancionada por un margen mínimo: 8 votos afirmativos contra 7 negativos.
Acompañaron el proyecto los legisladores Juan Carlos Pino y Virgilio García (PJ); Federico Greve (FORJA); Myriam Martínez (FORJA); Luciano Selzer y Natalia Graciania (LLA); Gisela Dos Santos (ST) y Matías Lapadula (PG), conformando la mayoría necesaria para su aprobación.
En tanto, votaron en contra Raúl Von der Thusen y Jorge Lechman (SF); Pablo Villegas y Damián Löffler (MPF); Federico Sciurano (PG); Victoria Vuoto (PJ) y Laura Colazo (PV), quienes alertaron sobre los riesgos ambientales y cuestionaron la falta de consenso social para avanzar con la actividad.
La sanción de la ley reavivó un fuerte debate público. Organizaciones ambientales, sectores científicos y referentes del turismo vienen advirtiendo desde hace años sobre el impacto negativo que la salmonicultura podría generar en ecosistemas frágiles como el Canal Beagle, considerado un patrimonio natural clave para la provincia.
Tras la votación, el gobernador Gustavo Melella celebró la aprobación y la calificó como “un momento importante para el futuro productivo de Tierra del Fuego”. A través de sus redes sociales, agradeció a los legisladores que acompañaron la iniciativa y afirmó que la norma “actualiza y fortalece el marco normativo para el desarrollo acuícola”.
El mandatario sostuvo que la ley permitirá ampliar la matriz productiva de la provincia, al posicionar a la acuicultura como una actividad estratégica para la generación de empleo y la inversión privada. Además, aseguró que incorpora “los más altos estándares de control ambiental”, promueve la investigación científica y fomenta el consumo local, destacando el trabajo de la Secretaría de Pesca y Acuicultura.
Con la ley ya sancionada, se abre ahora un escenario de alta conflictividad social y política, con posibles movilizaciones y acciones judiciales impulsadas por sectores que rechazan la instalación de salmoneras en aguas fueguinas.
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Milei envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Glaciares: qué dice

Fecha de Publicación: 17/12/2025
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno busca modificar la norma sancionada en 2010 para transferir competencias a las provincias. Apunta a desbloquear proyectos en la cordillera y cumplir compromisos con Estados Unidos.
El presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares Nº 26.639, según informó este domingo la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial. La iniciativa busca “ordenar de manera urgente” el marco normativo ambiental y “consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.
El comunicado, difundido el 15 de diciembre, plantea una crítica frontal a la normativa vigente desde hace 15 años. “La mal llamada Ley de Glaciares ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”, señala el texto oficial.

Glaciares: una ley cuestionada desde su origen
Según el Gobierno, la Ley 26.639 presenta problemas estructurales que justifican su reforma. “Esta norma propone reglas claras: protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstruyó el desarrollo económico del país”, sostiene el comunicado.
El proyecto oficial apunta directamente a redefinir conceptos clave de la legislación actual, especialmente el controvertido término de “ambiente periglacial”, que ha sido objeto de disputas judiciales desde la sanción de la ley original.
El documento presidencial enfatiza dos pilares constitucionales para respaldar la reforma. En primer lugar, destaca el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece la obligación de “proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano”. Este argumento apunta a rebatir las acusaciones de que el proyecto debilita la protección ambiental.
El segundo punto se centra en el artículo 124, que reconoce a las provincias como “dominio originario de sus recursos naturales”. Según el texto oficial, la reforma busca “fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica, y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares”.
Este enfoque representa el núcleo de lo que el Gobierno denomina “federalismo ambiental”: transferir a las provincias la potestad de determinar qué zonas califican como ambientes periglaciares y, por lo tanto, quedan o no bajo protección legal.

La posición de la Cámara Argentina de Empresas Mineras
Desde el sector empresario minero, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) expresó su respaldo a una eventual revisión de la Ley de Glaciares, aunque remarcó la necesidad de preservar el espíritu original de la norma sancionada en 2010. En un comunicado difundido hoy, la entidad sostuvo que existe un “consenso unánime” respecto de la obligación de proteger “los glaciares y el ambiente periglacial que constituyan reservas estratégicas de recursos hídricos”, tal como lo establece el artículo 1° de la Ley 26.639.
No obstante, CAEM afirmó que la legislación vigente requiere aclaraciones, al considerar que “no todos los glaciares y el ambiente periglacial constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos”. En ese sentido, planteó que la identificación de las áreas que deben quedar bajo protección debe realizarse “caso por caso”, con base en estudios específicos y en la opinión de expertos técnicos y científicos.
La entidad también puso el foco en el rol de las provincias, al recordar que la Constitución Nacional reconoce a los distritos como titulares del dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios. Según CAEM, la determinación y delimitación de los glaciares y ambientes periglaciares protegidos debe contemplar esa competencia provincial, en línea con un esquema de coordinación entre los distintos niveles del Estado.
En su pronunciamiento, la cámara empresaria señaló que una redacción más precisa de la ley permitiría reducir la incertidumbre jurídica y facilitar el desarrollo de actividades productivas y de infraestructura “en un marco de total respeto por el cuidado ambiental y del recurso hídrico”. En ese punto, vinculó la discusión normativa con la generación de empleo y el desarrollo económico, al afirmar que una mayor previsibilidad contribuiría a mejorar las condiciones para la inversión.
Finalmente, CAEM citó antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que al analizar la Ley de Glaciares sostuvo que sus controversias debían resolverse “por el diálogo federal antes que por la intervención de los jueces”. Para la entidad, ese camino exige una actuación conjunta y coordinada entre la Nación y las provincias, con el objetivo de proteger los glaciares estratégicos sin que ello resulte incompatible con un esquema de desarrollo sostenible.
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Metano: un problema que impacta en el ambiente y la salud, pero sin lugar en la agenda política del país

Fecha de Publicación: 16/12/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Es el segundo gas de efecto invernadero más contaminante. En Argentina, más del 60% de las emisiones originadas por las actividades humanas provienen de la ganadería y la agricultura.
Desde que la diputada bonaerense Lucía Klug, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) con el fin de gravar las emisiones de la ganadería, el sector agropecuario se unió en un rotundo rechazo (como ocurre ante cualquier propuesta normativa con impacto en su rentabilidad) argumentando que tiene “claramente fines más recaudatorios que de conciencia ambiental” y que se trata de “ocurrencias desconectadas de la realidad del campo y de la ciencia”, hasta llegar al extremo de ridiculizar por completo el tema:  “es un impuesto al pedo”; “¿también hay que pagar por respirar?”; “lo próximo es gravar el estornudo de las gallinas”.  Productores y ruralistas no se enteraron, convenientemente, que, en las últimas décadas, la comunidad internacional se dedicó a tejer acuerdos y protocolos para mitigar las emisiones de metano por tratarse, después del dióxido de carbono, del segundo Gas de Efecto Invernadero (GEI) con más presencia en la atmósfera.
“Reducir estas emisiones es fundamental para mejorar la calidad del aire en el corto y mediano plazo”, advierte Giselle Munno Dithurbide, abogada y responsable del área de Legales de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y que estuvo en la curaduría del informe «Metano en todas partes, todo el tiempo», en donde especialistas, investigadoras, trabajadores recicladores e integrantes de organizaciones sociales y de comunidades indígenas dan cuenta del alcance y sus efectos en distintas partes del país.
“El metano –continúa Munno Dithurbide– es responsable de un tercio del calentamiento global actual y, en este sentido, de las inundaciones, sequías, derretimiento de glaciares, aumento de temperatura entre otros impactos producto del cambio climático. Asimismo, es responsable de aproximadamente el 50% del ozono troposférico presente en la atmósfera, siendo este último responsable de un millón de muertes prematuras por causas respiratorias anualmente a nivel global. Por lo expuesto, queda claro que, por su impacto en el ambiente, el clima y la salud, es necesario que el metano ocupe un lugar relevante en la agenda”.

Deuda
En Argentina, más del 60% de las emisiones de metano originadas por las actividades humanas provienen de la ganadería y la agricultura; un 29% del sector energético —fundamentalmente de fugas en la producción y transporte de petróleo y gas— y el resto (aproximadamente un 7%) de una gestión inadecuada de los residuos y de los más de 5000 basurales a cielo abierto que existen a lo largo de todo el país.
Este año, la Provincia de Buenos Aires presentó el Inventario Provincial de Gases de Efecto Invernadero (IPGEI) tomando como año de base el 2018. Los resultados mostraron que Buenos Aires emite el 34% de los GEI del país siendo los principales sectores emisores energía; ganadería; Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU por sus siglas en inglés); Procesos Industriales y de Uso Productivo (IPPU); y residuos.
Para Munno Dithurbide con estos datos “queda claro que existe una deuda a nivel provincial en términos de legislación climática y, además, que es necesario colocar el foco en las emisiones aportadas por la provincia, ya que representan más de un tercio de las emisiones que se generan en Argentina, de las cuales el sector agro es uno de los principales contribuyentes”.
Sobre el comentado proyecto de ley de la legisladora Klug, la especialista cree que “es absolutamente válido poner la temática en el foco de la agenda pública”.
“En Argentina –explica– es urgente mejorar la especificidad de los objetivos de metano en los NDC (en referencia a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, que son los planes climáticos que cada país presenta bajo el Acuerdo de París), incorporando metas cuantificadas, con plazos definidos y medidas sectoriales detalladas. Es muy difícil evaluar la efectividad de políticas sectoriales, como puede ser este proyecto, si a nivel nacional no contamos con objetivos de reducción por sector y por GEI”.
En ese sentido, la abogada remarca que la propuesta de cobrar una tasa a las emisiones de metano generadas en el sector agro encuentra un antecedente directo en la legislación de Dinamarca, donde se aprobó en 2024 un impuesto progresivo para que los productores paguen por las emisiones que superen un nivel de referencia.
“El proyecto –insiste–contribuye sin dudas a poner el tema en agenda y abrir un debate necesario y por demás complejo, dadas las características de la matriz productiva en nuestro país y la preponderancia de la actividad del sector”.  «

El rol silencioso en Vaca Muerta
En noviembre de 2021, la Argentina adhirió al Compromiso Global del Metano durante la COP26 realizada en Glasgow, Escocia, comprometiéndose a reducir un 30% de sus emisiones para 2030. Sin embargo, el país todavía no planteó metas sectoriales, no desarrolló un monitoreo sistemático de estas emisiones ni una regulación nacional específica destinada a su reducción.
Por el contrario, profundiza un modelo basado en los combustibles fósiles, que no está alineado con los compromisos climáticos del país.
En simultáneo, el avance de las emisiones en Vaca Muerta, captadas por Earthworks —una ONG ambiental estadounidense— y denunciadas desde la Confederación Mapuche de Neuquén, expone el rol silencioso del metano en las zonas de explotación de hidrocarburos mediante la técnica del fracking.
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En Mendoza se lucha contra la megaminería

Fecha de Publicación: 16/12/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Mendoza


Referentes provinciales en la defensa del agua contra el Proyecto San Jorge de minería dan sus puntos de vista sobre lo ocurrido los últimos días.
A pocos días de la aprobación del Proyecto San Jorge, que promociona la megaminería metalífera en Mendoza y que amenaza con dañar el agua en la provincia -y la salud de la población-- persisten las críticas contra la medida sancionada y afloran las reflexiones sobre la repercusión que tendrá esta decisión. El proyecto que apuesta a favorecer a la Minera San Jorge en contra de los intereses de la sociedad local, reunió una marcha nutrida desde varias regiones mendocinas que se encontraron ante el congreso provincial en Mendoza capital.
Sin embargo, los legisladores hicieron oídos sordos al reclamo y dieron su visto bueno con 29 votos a favor, cinco en contra del kirchnerismo y una abstención. Además, el proceso fue acompañado por el gobernador radical aliado a Javier Milei, Alfredo Cornejo, y por la represión de las fuerzas de seguridad contra las miles de personas que se manifestaron pacíficamente para sostener su calidad de vida.

Los testimonios de la semana
Ante este panorama, algunos referentes mendocinos se animaron a reflexionar sobre lo ocurrido durante la última semana. Es el caso de María Teresa “Guni” Cañas, referenta de la lucha por el agua en asambleas a nivel provincial y local en Luján de Cuyo, que dialogó con Página/12. Tras la votación de los legisladores, Guni señaló que la vieron “con mucha rabia, mucha tristeza y mucha organización. El gobierno nos ha observado y ha aprendido cosas del 2019, pero no tiene licencia social. Hay mucha bronca en la gente. Vayas a donde vayas el tema del agua está, no es una cuestión de indiferencia. Los legisladores podían hacer otra cosa, pero forman parte de la estructura de poder que quiere imponer la megaminería”.
Del mismo modo calificó a Cornejo como el poseedor de “la suma del poder público en Mendoza”. “Tiene el Ejecutivo, tiene mayoría en la Legislatura, mayoría automática, su largo brazo llega a lo judicial, a los entes autárquicos, a la Universidad Nacional de Cuyo comandada por el radicalismo, (al que responden la rectora y el vicerrector), al Tribunal de Cuentas. Tiene a los entes autárquicos de Mendoza como irrigación que son muy importantes, porque son los que manejan el agua de Mendoza”, expresó Guni. Y destacó que en los últimos gobiernos radicales de la provincia se gestó Impulsa Mendoza, una empresa estatal de megaminería sostenida con los impuestos de sus coprovincianos que rechazan estas medidas.

La violencia presente
La referenta de las asambleas por el agua criticó el accionar policial represivo de las últimas jornadas. “La criminalización de la protesta es intrínseca del extractivismo, los proyectos extractivos entran con imposición. En Mendoza hemos tenido una escalada este año, empezamos en Uspallata con compañeros que fueron judicializados injustamente y la persona que los golpeó, de la patota de la UOCRA, nunca ha sido investigada. En 2019 también hubo represión y todavía es algo que no ha tenido justicia. Las personas en el poder, y esta ultraderecha que nos está gobernando, se sienten impunes. Tiene también un sentido de desanimar a la gente que participa en lo que está sucediendo en Mendoza”.
Guni reveló que a quienes se pronuncian en favor del agua pura, algunos medios locales los llaman despectivamente “antimineros” y los tildan de violentos para desanimarlos. “Pero no lo están logrando -advierte la referenta-, si no que enfervorizan al pueblo”. Sin embargo, expuso sus argumentos en contra de la minería, basándose en casos como los derrames de Jáchal en la vecina San Juan. Así mencionó las explosiones de arsénico liberadas al viento y al agua, que pueden terminar con casos de arsenicosis (cuyos síntomas incluyen problemas gastrointestinales, respiratorios y daños hepáticos y renales), el hipoclorito de sodio presente en el agua y la liberación de metales pesados.
En contraposición a un desprolijo informe de impacto ambiental que era parte del proyecto, Guni valoró el aporte de los científicos de la UNCuyo que“reafirmaron que efectivamente este proyecto está en la Cuenca del Río Mendoza", afectando “las cuestiones sociales, las cuestiones arqueológicas y paleontológicas. Han destacado un cúmulo de cosas que no han podido ser respondidas”. “Después fue muy importante lo del CONICET. La noche anterior a la votación de diputados, el CONICET en su página oficial hizo un resumen contando todos los impactos sobre lo hídrico, sobre los ecosistemas, sobre lo social. Largaron un comunicado y a la mañana siguiente lo bajaron. Se sabe que fue (orden de) la vicegobernadora”, dijo apuntando a Hebe Silvina Casado.
Guni recordó que en 2011 hubo un freno social que sí repercutió en el congreso mendocino para rechazar una avanzada política con proyectos mineros. En la comparación, consideró que “en estos 14 años siguió andando el neoliberalismo, más en la época actual que Milei directamente es un negacionista de las cuestiones climáticas y lo único que lo guía es el signo pesos. En ese momento sí había una escucha de la clase política”.

Problema local, antecedentes mundiales
Otro referente que dio su punto de vista a Página/12 fue Marcelo Giraud. El integrante de la Asamblea Popular por el Agua consideró que el principal riesgo “tiene que ver con la posibilidad de contaminar el acuífero de Uspallata y por lo tanto el agua del río Mendoza, el más importante desde el punto de vista de consumo de agua potable para el Oásis norte, el mayor agroindustrial de la provincia. Se contaminaría el agua del acuífero y por lo tanto del río Mendoza con metales pesados, con toda la enorme gama de consecuencias que distintos metales pesados pueden traer este sobre la salud”. Giraud también aseguró que los peligros mayores serán sobre el agua de toda la provincia, pero que en el Valle de Uspallata la contaminación también fluirá por el aire.
Entre los antecedentes de minería nociva para el ambiente y la salud, el referente popular remarcó el del “yacimiento de Sierra Pintada en San Rafael. Fue durante el gobierno de Carlos Menem que se ordenó el fin de la explotación del uranio. Se dejó de explotar, pero sin realizar los trabajos de remediación que al día de hoy están pendientes. Es decir, hay una enorme cantidad de pasivos ambientales de esa explotación que afecta al ambiente del sur mendocino”. Algo similar ocurrió en Mina Huemul, una mina de uranio en Malargüe en la década del 70, “donde se hizo una remediación no del todo confiable de las colas de uranio que habían quedado depositadas allí, a escasa distancia de la localidad urbana”. Sin embargo, Giraud enfatizó que la negativa mendocina no tiene que ver con el historial provincial, si no con los desastres recientes a nivel global como en Mount Polley, Canadá (2014), Brumadinho, Brasil (2015) y San Marco, Brasil (2019).
Giraud señaló que aún hay marchas “en Uspallata, en Tunuyán, en San Carlos, en San Rafael, en General Alvear” y coincidió con Guni en que en 2011 “el rechazo legislativo ocurrió porque la legislatura en ese momento sí interpretó mucho más cabalmente la voluntad de una mayoría amplia de la sociedad mendocina”. Sin embargo, considero que tanto ese justicialismo provincial como el radicalismo hoy y en aquel entonces, cambiaron sus posturas por la cercanía con los comicios electorales de la última década y media y por su rol oficialista u opositor.
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La importancia de contar en Misiones con 17 Áreas Claves para la Biodiversidad

Fecha de Publicación: 15/12/2025
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


Aves Argentinas destaca el logro, por ser la primera provincia en conseguir este reconocimiento con aval internacional y brindar servicios ecosistémicos vitales. Se trabaja ahora, en Corrientes y Chaco. 
Desde Aves Argentinas explican cómo Misiones logró contar con 17 Áreas Claves para la Biodiversidad y cómo se determinaron estas superficies y el trabajo realizado, hasta su concreción. “Tras un exhaustivo trabajo, el Programa Áreas Claves para la Biodiversidad (Key Biodiversity Areas o KBA) aprobó 17 de las 19 propuestas de sitios establecidos para la Provincia de Misiones. Este logro permitirá orientar las iniciativas de conservación y ampliar así los criterios para proteger lugares de importancia global”, destacaron desde Aves Argentinas como encargada de la coordinación. 
Explican que “las 17 áreas aprobadas fueron validadas después de un riguroso análisis que incluyó la presentación de información asociada a todos los vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos) y también plantas”.
Destacaron desde Aves Argentinas que estos sitios abarcan diversos puntos estratégicos que garantizan la conectividad y la supervivencia de especies únicas, como el Carpintero cara canela (Celeus galeatus), el Tirica (Leopardus guttulus), la Ranita llorona (Physalaemus carrizorum) o plantas como la Mentita (Hedeoma teyucuarensis), una especie en peligro crítico del Teyú Cuaré y alrededores, con una población de solo 13 individuos para ese sitio.

La primera provincia 
“Son territorios diferenciados de la geografía del Estado provincial de Misiones, en donde nosotros invertimos esfuerzo de conservación. Vamos a intentar conservar la mayor parte de la biodiversidad amenazada o endémica o de distribución restringida que hay en la provincia”, explicó Andres Bosso coordinador del Programa NEA Aves Argentinas y miembro de Honor de BirdLife International.
En diálogo con El Territorio, Bosso explicó: “Una de las cosas interesantes de este ejercicio que hemos hecho, es que Misiones es la primera provincia en hacer este trabajo y que al tiempo fue seguida por Corrientes y en este momento, estamos trabajando en hacer lo propio con varias provincias de la región chaqueña. Así que el nordeste argentino, nuevamente picando en punta, y básicamente lo que hace este esfuerzo es alumbrar grandes porciones del territorio de la provincia de Misiones que tenemos que conservar o fortalecer los ya conservados”, añadió.
Ponderó lo realizado en la tierra colorada, en temas de conservación de la biodiversidad y resaltó el número de áreas naturales protegidas que hay en el territorio provincial ya sean públicas en sus distintas variantes, como nacionales, provinciales y municipales, pero también privadas. “Es realmente un número que no deja de maravillarnos. O sea que en estos territorios que ya fueron alumbrados hay mucho que está protegido, pero te diría que hay un 50% de esos territorios que nosotros consideramos valiosos que aún tenemos que esforzarnos para protegerlos mejor”, añadió. Luego recordó que Misiones tiene el 50% de estos sitios protegidos.

Cómo se hizo 
El coordinador del Programa NEA Aves Argentinas explicó cómo se hizo el trabajo para lograr esta validación internacional. “Nosotros coordinamos un equipo de investigadores naturalistas, guardaparques, provinciales, nacionales y demás, donde estuvieron representadas unas 15 a 20 organizaciones que proveyeron información sobre especies. No solamente de aves, como se hacía en su momento con las áreas importantes para la conservación de las aves, sino de todos los vertebrados y también de flora”. 
Añadió que representantes de las diversas organizaciones que hace décadas vienen estudiando la biodiversidad de Misiones, “aportaron la información de estas especies que lógicamente enriqueció el trabajo y nos da una cifra estimada en cerca de un millón y poquito más de hectáreas que conforman estas áreas claves para la biodiversidad”.
Al recordar que las áreas claves para la biodiversidad del norte provincial son las que están más protegidas, indicó “hay muchas áreas claves para la biodiversidad en el sur de Misiones que no están protegidas y estamos haciendo un esfuerzo potente, con los intendentes municipales de muchas localidades tratando de crear reservas municipales, que, aunque sean pequeñas, de 10, 15, 20 hectáreas, son las que contagian a los vecinos con el mensaje de la conservación y nos ayudan a después llevar esa conciencia ambiental al resto de esas geografías más extensas”.
La identificación y aprobación de estas KBA se basa en criterios científicos rigurosos, asegurando la protección de sitios esenciales para la persistencia global de la biodiversidad. Esta iniciativa es el resultado de un esfuerzo coordinado entre diversos investigadores, instituciones y el Programa Key Biodiversity Areas.
“Estos espacios representan los últimos refugios de especies y ecosistemas únicos que tenemos en Misiones. Al proteger estas Áreas Claves, no solo resguardamos nuestra fauna y flora, sino que aseguramos servicios ecosistémicos vitales para todos” manifestó Damián Lozano de la Asociación Civil Aves Argentinas.
A partir de ahora, las KBA serán un faro para invertir de manera más efectiva los esfuerzos de conservación y desarrollo sostenible en la provincia, asegurando que las decisiones de manejo territorial se tomen con el más alto estándar de información biológica disponible, destacaron.
El trabajo, como se indicó, fue coordinado por Aves Argentinas y contó con la participación de numerosos expertos que trabajan en institutos de investigación, universidades, agencias de conservación nacional y provincial y organizaciones de la sociedad civil. 

Las Áreas
Las Áreas Claves para la Biodiversidad de Misiones son Iguazú y alrededores, Urugua-í y alrededores. Parque Provincial Guardaparque Horacio Foerster y Corredor con Urugua-í, Cuenca del Piray Miní, Cuenca del Piray Guazú. Parque Provincial Piñalito y Forestal Belga, Montecarlo, San Pedro, Reserva de la Biósfera Yabotí, Parque Provincial Salto Encantado del Valle de Cuñá Pirú y alrededores, Corpus, Cuencas del Tabay y Ñacanguazú. Campo Viera y Campo Grande, Teyú Cuaré, Oberá, Cuenca del Garupá y Campo San Juan, y Cerro Mártires y Barra Santa María.

Sobre Aves Argentinas
Aves Argentinas es la organización nacional que, compuesta por más de 3000 socios y con más de 100 años de vida protege las aves silvestres y la naturaleza de Argentina. Son miembros de BirdLife International, la red de organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza más grande del mundo.
“En Aves Argentinas trabajamos en favor de las más de 1.000 especies de aves silvestres y sus ambientes, con proyectos y acciones de conservación, investigación, educación y divulgación junto a investigadores, técnicos y una amplia red de voluntarios y más de 100 Clubes de Observadores de Aves”, detallan.
Como presentación de la labor desarrollada añaden que contribuyen a la conservación de hábitats; identificando, monitoreando y restaurando áreas importantes para la conservación de las aves. “Protegemos sitios y promovemos el cuidado de estas áreas claves para la biodiversidad, impulsando políticas públicas y generando reservas urbanas y Parques Nacionales. Llevamos adelante proyectos de conservación de ambientes en la Patagonia, el bosque atlántico y las pampas”.
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Dieron curso a un amparo ambiental colectivo contra fumigaciones cerca de zonas urbanas 

Fecha de Publicación: 15/12/2025
Fuente: Portal Despertar Entrerriano 
Provincia/Región: Entre Ríos


La Cámara Civil y Comercial de Paraná, Sala II, dio por iniciada una acción de amparo ambiental colectivo caratulada «Rosso Janet Ximena C/ Haberkon Mauro Ariel y otro s/ acción de amparo «, Expte nº: 13805.
La acción tiende a suspender toda fumigación en un radio de 1095 metros para aplicaciones terrestres y 3000 metros para aplicaciones aéreas, todo contados desde los limites de urbanización de Tierra Alta I, II, Y III; y que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 2, 63 y 66 de la Ley 11.178, por violación a la cosa juzgada ambiental establecida en un fallo: «Rosso Ximena C/Haberkorn César Gabriel, Roskopf Sonia, Superior Gobierno de la provincia de Entre Rios S/Acción de Amparo Ambiental» Expte. 18691; porque reduce arbitrariamente la protección mínima ambiental, contradice el principio de objetivación; el principio de no regresión y desconocimiento del principio precautorio.
La demanda se dirige contra el gobierno de Entre Ríos; Mauro Ariel y César Gabriel Haberkorn; Sonia Roskopf y la Comuna de Colonia Ensayo.
El Tribunal, entre otras medidas, ordenó correr traslado de la acción a la Provincia mediante mandamiento electrónico dirigido a la Fiscalía de Estado, y librar mandamiento en soporte papel al codemandado Mauro Ariel Haberkorn, otorgando a cada uno un plazo de siete días corridos para informar sobre los hechos denunciados.
En relación con la medida cautelar solicitada, se ordenó correr traslado a las partes demandadas por el término de cinco días, conforme a la Ley 8369.
En cumplimiento de los requisitos de publicidad y registración, la Cámara dispuso la inscripción del caso en el Registro de Procesos Colectivos y en el Registro de Amigos del Tribunal del Superior Tribunal de Justicia.
Además, se ordenó la notificación a todas las personas que pudieran tener interés en el resultado del litigio, quienes contarán con siete días corridos para comparecer desde su primera publicación en el SIC, (desde el día de hoy)
La resolución también exige que la actora y las demandadas incluyan un banner informativo en sus sitios web y redes sociales, comunicando la existencia del proceso, su objeto y los integrantes del colectivo.
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Luego de más de un siglo de ausencia, el guanaco regresa a El Impenetrable

Fecha de Publicación: 13/12/2025
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Un grupo de guanacos fue liberado en el Parque Nacional El Impenetrable, donde la especie se extinguió hace unos 110 años. Los individuos provienen del Parque Patagonia (Santa Cruz) y su translocación de 3200 km fue la más larga por vía terrestre que se haya hecho en el mundo con fines de conservación. El regreso de este gran herbívoro al Chaco Seco contribuirá a recuperar el ecosistema y suma un atractivo para el turismo de naturaleza basado en el avistaje de fauna.
El Impenetrable es el escenario de un proyecto único que busca recuperar sus especies nativas y restaurar el funcionamiento del ecosistema. A los proyectos de recuperación de tortuga yabotí, yaguareté y nutria gigante, se suma ahora la reintroducción del guanaco: gracias al trabajo conjunto de Rewilding Argentina, la Administración de Parques Nacionales y las Provincias de Chaco y Santa Cruz, un grupo de estos grandes camélidos sudamericanos fue liberado por primera vez en el Parque Nacional El Impenetrable.
Llamado Nawananga por los qom, Lu’hüt por los wichis y Guasukaka por los guaraníes, el guanaco solía habitar los pastizales abiertos con isletas de monte y ambientes de tipo sabana de la región del Chaco Seco. En palabras del destacado informante Qom Montiel Romero, "nawananga es como le decimos en Kom Lattaka (lengua Toba) al guanaco. En tiempo antiguo y tiempo que conocieron los Tobas más viejos, había nawananga por todo el Chaco. Desde que entraron los blancos se han terminado en el Chaco".
Efectivamente, debido a la caza, a la pérdida de los pastizales, al avance de la ganadería y al mal uso del fuego, hoy el guanaco está prácticamente extinto en el Chaco Seco, que abarca 1.000.000 km². En esta inmensa área, equivalente casi al tamaño de Bolivia o Tierra del Fuego, solo sobreviven unos 100 individuos en la frontera entre Paraguay y Bolivia, mientras que en el Chaco Seco argentino la especie ha desaparecido por completo. En la zona del Impenetrable, se extinguió hace 110 años.
Los guanacos liberados hace unos días en el Parque Nacional El Impenetrable provienen del Parque Patagonia, en Santa Cruz. En ese parque, desde hace varios años, Rewilding Argentina, con el apoyo de Fundación Freyja, realiza estudios poblacionales de abundancia y de sanidad, a la vez que tiene en cuenta aspectos genéticos que permitieron identificar a los individuos de Parque Patagonia como una buena población fuente para hacer reintroducciones en otras regiones. En este sentido, hace unos años también se translocaron varios guanacos hacia el Parque Provincial Luro en la Provincia de La Pampa. El trabajo para preparar el traslado incluyó el desarrollo de técnicas de arreo, captura y transporte y el diseño y la construcción de corrales de presuelta y de un tráiler especial que pueda transportar grupos de varios individuos. 
El traslado desde el Parque Patagonia hasta El Impenetrable, un viaje de 3200 km, representó la translocación de fauna con fines de conservación por vía terrestre más larga que se haya hecho en el mundo. Para garantizar su adaptación al nuevo ambiente, una vez llegados, los guanacos permanecieron en corrales de presuelta. Allí nacieron los primeros chulengos y también comenzaron a incorporar plantas nativas a su dieta. 
La defaunación en El Impenetrable provocó la desaparición del guanaco y otros grandes herbívoros en pastizales y humedales, como el venado de las pampas y el ciervo de los pantanos, que cumplen funciones ecológicas esenciales: modelan los paisajes mediante el pastoreo, favorecen la diversidad de plantas, reducen incendios al consumir vegetación seca y redistribuyen nutrientes, semillas y carbono a través de sus movimientos. También sostiene redes tróficas al servir de presa para depredadores y alimento para carroñeros. Sus funciones ecológicas no pueden ser reemplazadas por herbívoros más pequeños, por lo que la ausencia de estas especies ha degradado los ecosistemas de El Impenetrable. 
El regreso del guanaco al Chaco Seco favorecerá la recuperación del ecosistema, por lo que la Administración de Parques Nacionales, la Provincia del Chaco y Rewilding Argentina con el apoyo de las comunidades locales prevén la liberación de más individuos en el Parque Nacional El Impenetrable para reconstituir poblaciones saludables. Además, la posibilidad de observar a este gran mamífero se suma como un atractivo para el turismo de naturaleza, una actividad en crecimiento en El Impenetrable que ya ofrece nuevas oportunidades de desarrollo para numerosas familias de la región.
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Protecciones que se derriten: por qué la Ley de Glaciares es amenazada por el bum del cobre en Argentina

Fecha de Publicación: 13/12/2025
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


Presentándola como una actividad aliada de la transición energética y bajo el pretexto de que la legislatura interfiere el desarrollo de nuevos proyectos mineros de cobre, el lobby de la industria minera argentina busca, una vez más, flexibilizar la Ley de Glaciares, una norma que durante 15 años ha buscado proteger los glaciares nacionales de actividades de alto impacto como la minería.
Todo esto ocurre en medio de una creciente demanda mundial de los minerales críticos que, como su nombre sugiere, son minerales considerados fundamentales para el desarrollo de diferentes tecnologías relacionadas con la defensa, la salud, la electrónica y las energías renovables.
Para cumplir con la meta del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C, los países necesitan descarbonizarse —dejar de alimentar uno de los mayores motores del cambio climático, la industria fósil— y desarrollar energías «limpias» que permitan obtener electricidad a partir de recursos renovables como la energía eólica, solar o hidráulica.
Entre los diversos minerales necesarios para este desarrollo, el cobre ocupa un lugar clave. Este metal rojizo, segundo mejor conductor después de la plata, es indispensable para la transmisión eficiente de electricidad. De hecho, alrededor del70 % del cobre utilizado a nivel mundial se destina a aplicaciones eléctricas, gracias a su excelente conductividad térmica y resistencia a la corrosión.
Para algunas industrias, el cobre se ha convertido en el caballo de batalla capaz de justificar nuevos proyectos extractivos «verdes». Sin embargo, la minería del cobre puede generar distintos efectos, presiones y amenazas para el ambiente y las comunidades.
Si el mundo buscara cubrir la creciente demanda de solo cinco de los minerales esenciales para la transición energética, se estima que sería necesario desarrollar entre 145 y 245 minas adicionales para 2030.
Y la distribución geográfica de estos recursos dista de ser neutral: los minerales críticos están concentrados en pocas regiones, siendo América Latina especialmente relevante, con la producción de cobre liderada por Chile, seguida por Perú.
En este escenario donde la demanda del mineral rojo superaría a la oferta en menos de una década, Argentina aspira con ansias posicionarse como proveedor.
Con más de 90,43 millones de toneladas del recurso disponibles, la industria minera nacional procura desarrollar la extracción de cobre entre limitaciones infraestructurales, económicas y, según su propia evaluación, ambientales.
Para Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem), el cobre ya no es “un potencial polo en Argentina, sino una realidad que está por decidirse si se desarrolla o no”.
Y con las mayores concentraciones de cobre del país ubicadas en las provincias adyacentes a la cordillera de los Andes, donde las reservas de agua nacen, Cacciola afirma que 75 % de los proyectos de cobre propuestos necesitan que “el tema de los glaciares se resuelva”.
Este «tema» al que se refiere Cacciola es la propia Ley de Glaciares.
Si bien este intento de alterar la reglamentación lleva una década en curso, lo que observamos hoy es mayoritariamente la disputa por el artículo 2 de la ley, que establece la protección del área periglacial —suelos congelados o parcialmente congelados que actúan como reguladores hídricos y sostén de glaciares— sin lineamientos claros sobre su delimitación.
Esta ambigüedad, según expresó la industria minera, genera inseguridad jurídica e impide que los capitales inviertan en nuevos emprendimientos.
Sin embargo, a diferencia de otras instancias históricas de lobby contra la ley (2008 y 2016), esta vez el encuadre discursivo es la propia transición energética.
La lógica de la industria, entonces, es modificar la ley, generando no solo un retroceso ambiental, sino también violando el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú, el tratado ambiental de América Latina, ambos elementos necesarios para contribuir a las metas de descarbonización mundial.
Justificar el retroceso de esta forma comparte una estructura discursiva similar a lo que la periodista Amy Westervelt identificó como parte del término «petroganda», cuando el marco narrativo de una industria contaminante posiciona a la propia industria como parte de la solución a la crisis ambiental, sin reconocer su rol en ella.
La minería, asegura Cacciola, beneficia y es «aliada al ambiente».
Pero aún frente a declaraciones tan contundentes y la decisión formal del gobierno de incluir la “adecuación” de la Ley en las sesiones extraordinarias convocadas en diciembre mediante el Decreto 865/2025, especialistas aclaran que semejante cambio legislativo no sería ni fácil ni inmediato.
«Desde que existe la Ley de Glaciares ha habido presión constante para modificarla, pero hasta ahora no hubo cambios significativos a nivel nacional», señala Marcelo Giraud, profesor de geografía de la Universidad Nacional de Cuyo y miembro de Asambleas Mendocinas por el Agua Pura.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, coincide: «Este año se habló mucho desde Caem y los gobiernos provinciales sobre cambiar la ley. Pero si vamos a discutir eso, que muestren un proyecto. Ya intentaron modificarla en 2024 y fracasaron. Si van a intentarlo de nuevo, que presenten algo formal y entonces se debatirá como corresponde».
Para Giraud, más que una modificación inminente, lo que está en marcha es una operación discursiva que busca erosionar el consenso social en torno a la ley. «Instalan la idea de que es incompatible con el desarrollo, con la transición energética. Pero lo que quieren, en realidad, es abrir zonas protegidas a la minería», afirma.
Quizás el mayor riesgo no provenga del legislativo Congreso Nacional, sino de las provincias. San Juan y Mendoza, ambas con proyectos avanzados en zonas periglaciares, ya operan al filo o en abierta contradicción con la ley. «San Juan se las ha arreglado bastante bien para no cumplir con las leyes glaciales», ironiza Nápoli, «y ahora vemos lo mismo en Mendoza, en Malargüe».

Donde el agua nace
Aunque la nieve acumulada en la cordillera de los Andes constituye actualmente la principal fuente hídrica para los ríos del oeste argentino, en épocas secas o de baja precipitación nival, el deshielo de los glaciares contribuye enormemente al caudal de los ríos andinos.
De hecho, un estudio liderado por Sebastián Crespo, investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), encontró que durante la temporada de deshielo de 2013-2014, 51 % del caudal de la cuenca alta del río Mendoza provino de los glaciares. Un hallazgo significativo considerando que el Inventario Nacional de Glaciares identificó más de 16 000 glaciares en los Andes argentinos.
Además de remover tierra y desestabilizar glaciares, la industria minera libera carbono negro, un residuo de la combustión incompleta de combustibles fósiles o biomasa que forma pequeñas partículas suspendidas en el aire.
Este residuo, conocido como material particulado, se deposita sobre la nieve y hielo, cubriéndolos de una capa oscura de hollín.
Dichas partículas reducen notoriamente la capacidad de los glaciares de reflejar la luz solar, un fenómeno llamado disminución del albedo, lo que eleva su temperatura y en consecuencia acelera su derretimiento.
Frente a estos impactos, Argentina cuenta con la Ley de Glaciares como recurso para preservar estas reservas estratégicas de agua, restringiendo todas aquellas actividades que puedan afectar su condición natural. Entre ellas, la minería.

Defender los glaciares en tiempos de cobre
“Nos vienen a decir que para transicionar necesitan sacar el cobre, que el futuro de la humanidad está en el cobre que hay acá… pero los cerros que rompen y los ríos que contaminan nuevamente son nuestros cerros, nuestros ríos”, comenta Gabriel Jofré, vocero de Malalweche, una de las 25 comunidades mapuches de Malargüe, sobre el discurso pro transición de la industria.
Actualmente, Mendoza atraviesa la aprobación acelerada de proyectos mineros de cobre, tanto para exploración como explotación, en zonas donde se hallan glaciares y ambientes periglaciares, y donde a las comunidades indígenas han manifestado dificultades para acceder a documentos clave como Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), según sostiene Jofré.
Uno de los casos que más ha generado preocupación en las comunidades es el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) que, según su sitio web, es «una herramienta desarrollada por el Gobierno de la Provincia de Mendoza a través de Impulsa Mendoza SA para dar una respuesta al desafío que representa la transición energética para el mundo».
La iniciativa abarca más de 20 000 kilómetros cuadrados y 1,9 millones de hectáreas en el sector cordillerano y centro-sur del departamento de Malargüe, al sur de la provincia.
Solo a finales de 2024, 34 DIA fueron aprobadas mediante la Ley 9588 mendocina, con la admisión del propio gobierno sobre la presencia de glaciares en la zonas propuestas.
Consultado sobre el contenido de estos documentos, Giraud expresó que «el texto de las 34 es idéntico, exactamente el mismo, excepto en el nombre del proyecto minero».
«El articulado sobre las condiciones de otorgamiento de la DIA y las obligaciones impuestas a las mineras son exactamente las mismas, sin importar si la concesión minera está a 4000 metros de altura o a menos de 1.000 metros, son los mismos artículos sobre glaciares», añadió.
Incluso antes de que esta primera tanda de proyectos fuera aprobada por el cuerpo legislativo mendocino, el Ianigla emitió un dictamen técnico señalando que «en el área delimitada correspondiente al MDMO se han identificado glaciares de escombros a partir de los 2629 msnm (…) el ambiente periglacial también puede extenderse a zonas más bajas (…) en las zonas más altas se encuentra permafrost con temperaturas del suelo por debajo de 0 °C todo el año».
Además, añadió que no queda claro en los informes «cómo se evaluarán los posibles impactos sobre los elementos protegidos por la Ley 26.639». El organismo científico también identificó en los documentos la descripción de una «zona de cautela» de 500 metros alrededor de los glaciares, respecto de la cual señaló que no queda claro de dónde proviene ese límite, ni a qué criterios responde.
«Nosotros dejamos que corriera el tiempo y lo utilizamos para hacer la impugnación», compartió Jofre. «Pero nos respondieron cinco meses después diciendo que ya había sido tratada por la Legislatura y era ley, que nuestra impugnación era intempore (de hace tiempo)«, añadió.
Consultada sobre la protección de glaciares, Jimena Latorre, ministra de Ambiente de la provincia, afirmó: «Yo quiero saber dónde están, cómo están y cómo tengo que cuidar ese ambiente periglacial. No me alcanza con que me digan ‘a partir de tal altura es todo ambiente periglacial’. No me parece un criterio científico suficiente».
Pero la ciencia es más que solo datos.
Laura Zalazar, directora del Inventario Nacional de Glaciares realizado por Ianigla, explica que apenas cuatro personas conforman el equipo que registra glaciares para el inventario.
«Como que todo se responsabiliza en el Ianigla. Sí coincido en que faltan datos, pero tampoco es toda la responsabilidad del instituto. Hay que avanzar entre todos, buscar datos. Trabajar en la montaña no es fácil, es necesario contar con recursos, movilizar gente, capacitar, hay mucho por hacer», expresó.
Más allá de depositar el grueso de la responsabilidad en una institución, la ley tiene otros aspectos que allanan el camino para que el gobierno y las empresas mineras la incumplan, sin necesidad de modificar ninguno de sus artículos.
Si bien la Ley 26.639 es conocida popularmente como Ley de Glaciares, su nombre formal es Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial.
Como otras leyes ambientales de presupuestos mínimos, rige en todo el territorio nacional y no requiere adhesión provincial para entrar en vigencia. Sin embargo, dado que las provincias tienen dominio sobre sus recursos naturales, su aplicación suele volverse política y jurídicamente conflictiva.
«No existe ningún mecanismo institucional del gobierno nacional para obligar a una provincia a cumplir. Estas leyes se aplican de forma directa, pero si una provincia no las hace cumplir, el gobierno no la puede forzar, se tiene que judicializar cada causa. Yo lo único que sé es que los únicos beneficiarios de las regalías mineras son las provincias», explicó Nápoli.

No todo lo que brilla es…cobre
Un aspecto de interés es que existe otra forma de obtener cobre. De hecho, según la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), actualmente 20 % del cobre refinado en la región proviene del reciclaje, un proceso que consume hasta 80 % menos de energía que la extracción directa desde la roca.
No obstante, aunque el reciclaje es una posible estrategia para reducir la dependencia de la expansión extractiva, persiste la resistencia a abandonar el desarrollo de nuevos proyectos mineros.
La ministra Latorre sostuvo que “es muy hipócrita el pensamiento de los que se radicalizan en el ambientalismo, de ‘no queremos que se haga minería’. No queremos que se haga minería, ¿dónde? En ningún lado, en ninguna parte, porque el ambiente es uno».
«Y si no se hace minería en ninguna parte del mundo, entonces, te pregunto a vos, en tu profesión, al agricultor, en su oficio y en su negocio, hasta el músico que necesita de esas barras de sonido que están llenas de metales. Entonces, llegamos a una discusión muy reducida donde vos querés que la afectación la sufra otro”, añadió.
Sin embargo, en lugar de pensar en ampliar la frontera extractivista, un desafío podría ser expandir la frontera del reciclaje.
El propio Informe Cobre 2025 del Ministerio de Economía argentino reconoce dos escenarios posibles y muy distintos para la producción de cobre refinado.
Uno donde el país desarrolla políticas de reciclaje del mineral y obtiene para 2040 un superávit en su oferta; y un segundo escenario, menos optimista, donde las tasas de recuperación se mantienen constantes y para mediados de siglo la presión por nuevos proyectos mineros vuelve a manifestarse.
La Secretaría de Minería no respondió sobre si el país planea desarrollar un programa de reciclaje de cobre en el marco de la transición energética.
Con el tercio de los votos necesarios para sostener los vetos presidenciales en el Congreso, y con la primera minoría en ambas cámaras obtenidas luego de su triunfo en las elecciones legislativas de octubre, el oficialismo apuesta a que la reforma de la Ley avance en un muy corto plazo.
Aun así, mientras las presiones del sector minero se intensifican, crece también la demanda social y científica para garantizar su plena implementación.
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Un estudio del Conicet detectó residuos de Viagra y analgésicos en ríos y arroyos del AMBA

Fecha de Publicación: 12/12/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Buenos Aires


La investigación registró la presencia de varios medicamentos en cursos de agua y mostró diferencias entre las zonas rurales y urbanas.
Un estudio realizado por especialistas del Conicet y publicado en la revista Environmental Toxicology and Chemistry reveló qué medicamentos se encuentran en los ríos y arroyos del Área Metropolitana de Buenos Aires, a partir de muestras tomadas por investigadores del Centro de Investigaciones del Medioambiente de la UNLP.
El material fue recolectado durante un monitoreo estacional, con el objetivo de evaluar cómo los asentamientos humanos y los servicios cloacales influyen en la contaminación del agua.
El relevamiento detectó paracetamol, ibuprofeno, atenolol y otros residuos en los ríos Luján, Reconquista y Matanza-Riachuelo, además de los arroyos Del Gato, Maldonado, El Pescado y Espinillo. Según explicó la investigadora Daniela Pérez, la carbamazepina fue el compuesto más frecuente, seguida por analgésicos y betabloqueantes.
El dato más llamativo fue la presencia estacional de sildenafil, conocido como Viagra, que mostró picos en verano. Los registros invernales, en cambio, reflejaron un aumento de medicamentos asociados a enfermedades respiratorias, como el salbutamol. Las lluvias provocaron una mayor dilución, reduciendo la concentración de algunos compuestos.

Contaminación, hábitos de consumo y zonas críticas
El estudio comparó zonas agroganaderas, urbanos densos y áreas con distinta infraestructura sanitaria. En los sectores rurales se hallaron solo dos o tres compuestos, mientras que en los tramos urbanos aparecieron prácticamente los 16 fármacos investigados.
El investigador Pedro Carriquiriborde sostuvo que la hipótesis central vinculó la contaminación con la cercanía de asentamientos humanos y la disponibilidad de servicios cloacales. Allí donde la densidad poblacional aumenta, también lo hacen la cantidad y concentración de medicamentos en el agua.
Los cursos que reciben descargas de plantas de tratamiento mostraron los niveles más elevados, aunque también hubo valores altos en lugares sin red cloacal, posiblemente asociados a descargas clandestinas, pozos ciegos y rellenos sanitarios mal impermeabilizados.
El trabajo comparó los datos locales con mediciones internacionales y detectó patrones propios de la región. Los residuos de paracetamol fueron sensiblemente más altos que los valores globales, lo que coincide con su elevado consumo en Argentina. También se observaron diferencias en medicamentos vinculados a la salud mental, respecto de los países del hemisferio norte.
Pérez subrayó que lo que ingerimos y descartamos no termina su ciclo en el inodoro o el tacho de basura, una advertencia que resume el impacto de los hábitos de consumo en los cursos de agua del AMBA.
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Santa Cruz rastrea a los pingüinos de Magallanes para conocer sus rutas en el mar

Fecha de Publicación: 12/12/2025
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz


El Consejo Agrario Provincial informa que, entre los días 10 y 15 de diciembre, se llevarán adelante trabajos de marcado con dispositivos GPS en pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) dentro de la Reserva Provincial Cabo Vírgenes. 
El objetivo de esta iniciativa es obtener información precisa sobre los desplazamientos de los pingüinos en el mar, sus rutas de alimentación, comportamientos asociados al periodo reproductivo y su interacción con los bosques de macroalgas presentes en la costa santacruceña. Estos datos permitirán mejorar las estrategias de conservación y fortalecer el manejo sustentable de los ecosistemas marinos.
Las tareas serán realizadas por un equipo interdisciplinario de seis profesionales, en un trabajo conjunto entre, el Consejo Agrario Provincial, la Fundación Por El Mar y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), a través del Centro de Investigación Puerto Deseado, un trabajo que refuerza la cooperación entre instituciones científicas, organismos provinciales y organizaciones dedicadas a la protección de la fauna marina.
Los equipos ingresarán a la reserva el 10 de diciembre a las 15:00 h y permanecerán allí durante los cinco días previstos para el operativo de marcado y seguimiento.
El presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, destacó la importancia del trabajo articulado para la conservación:
“Este tipo de acciones nos permiten conocer más y cuidar mejor nuestra fauna. El esfuerzo conjunto entre instituciones demuestra que cuando hay compromiso y vocación de servicio, podemos proteger nuestros ecosistemas y garantizar información valiosa para toda la provincia”.
El Consejo Agrario Provincial reafirma su compromiso con la conservación de la biodiversidad, el fortalecimiento del desarrollo científico en Santa Cruz y la gestión responsable del territorio.
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Aprobaron proyecto minero en Mendoza y se disparan las alertas por el agua

Fecha de Publicación: 11/12/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Mendoza


El Senado habilitó el avance de San Jorge en Uspallata. Organizaciones sociales alertan que la iniciativa podría profundizar la crisis hídrica de Mendoza.
La Legislatura de Mendoza dio este martes un paso que complica la relación entre minería y ambiente en la provincia. Tras un extenso (e intenso) debate, el Senado aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge, un emprendimiento de explotación de cobre. Con mayoría oficialista y un fuerte operativo de seguridad en las calles, el gobierno de Alfredo Cornejo logró avanzar con un proyecto cuestionado por sus riesgos sobre los recursos hídricos.
La iniciativa prevé extraer cobre en Uspallata con una inversión estimada en 560 millones de dólares. Para las organizaciones sociales y ambientales, la decisión refleja una priorización de los intereses empresariales por sobre la protección de la cuenca del Río Mendoza, en medio de una crisis hídrica que afecta a toda la provincia.

El agua, eje del conflicto
El debate legislativo, que comenzó pasadas las 10 de la mañana, mostró profundas divisiones. Los senadores de Cornejo defendieron el proyecto, presentándolo como un “hito productivo” y una oportunidad para posicionar a Mendoza en el mapa minero. En esa línea, cuestionaron los informes emitidos por la Universidad Nacional de Cuyo y el Departamento General de Irrigación.
Por su parte, Félix González (PJ) advirtió que la decisión, cuya aprobación se daba por adelantada, “se va a judicializar”. Desde el Partido Verde, Dugar Chappel remarcó que la experiencia de otras provincias mineras demuestra que la explotación no garantiza desarrollo local: “Salta y Jujuy son mineras y su pobreza no bajó. ¿Qué queda para Mendoza?”.
Aunque el gobierno asegura que el 90% del agua se recirculará en circuito cerrado, las organizaciones socioambientales sostienen que los controles son insuficientes y que el proyecto podría afectar de manera irreversible la cuenca del Río Mendoza.

Protestas y tensión social
Mientras los senadores debatían, miles de personas se movilizaron desde Uspallata y el Valle de Uco hasta Plaza Independencia.
Con pancartas y cánticos que advertían “El agua no se negocia”, los manifestantes denunciaron la aprobación de un emprendimiento que consideran un riesgo ambiental y social. La policía mantuvo bloqueos y un fuerte operativo para controlar el tránsito y evitar incidentes.

Qué sigue
Con la ratificación legislativa, solo resta la promulgación del Ejecutivo para iniciar la ingeniería de detalle y, más adelante, la construcción de la mina, que podría extenderse hasta 2027.
Mientras el gobierno celebra un logro político, las asambleas ambientales ya anuncian nuevas movilizaciones. Mendoza enfrenta nuevamente el choque entre los intereses empresariales y la protección de sus recursos naturales, sin que se vislumbre una solución que priorice el cuidado del agua.

Más Información:

Portal SinMordaza. Mendoza aprobó proyectos mineros de cobre a costa de reservas de agua
La marcha, que recorrió más de 100 kilómetros desde Uspallata hasta la capital de Mendoza, llegó al Senado provincial con el objetivo de frenar el proyecto de promoción de la minería metalífera que impulsa el gobernador radical Alfredo Cornejo, uno de los aliados a Javier Milei. También lo hicieron columnas desde el Valle de Uco, San Rafael y Lavalle. Sin embargo, y a pesar del descontento social y la fuerte movilización no lograron, como hace 14 años, impedir la sanción de la norma.

Agencia Farco. Mendoza: el Senado aprobó el proyecto minero San Jorge pese a la masiva movilización en contra
Con 29 votos a favor y 6 en contra, fueron aprobadas entre otras las Declaraciones Ambientales de Cobre Mendocino conocida como San Jorge. La caravana de gente que partió de Uspallata llegó a la Legislatura de Mendoza el día de ayer, confluyendo con otras que venían desde el sur, norte y este de la provincia.
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Prohíben hacer fuego en parques nacionales, ¿es suficiente para prevenir incendios?

Fecha de Publicación: 11/12/2025
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Patagonia


La Administración de Parques Nacionales (APN) implementó una medida esencial, pero limitada, al prohibir el uso de fuego en cinco áreas protegidas clave de la PatagoniaNorte: los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces. Esta resolución, extendida hasta abril de 2026, es la respuesta directa a las condiciones meteorológicas que intensifican el riesgo de incendios forestales. 
Si bien se busca proteger la biodiversidad y los irrecuperables bosques andino-patagónicos, la medida parece ser reactiva y se concentra en la mitigación del riesgo turístico. Solo se permite el fuego en "Áreas de Fuego Seguro" dentro de campamentos organizados y gestionados por prestadores autorizados.

La peor
Este endurecimiento normativo se inserta en un contexto de devastación récord. La temporada entre octubre de 2024 y marzo de 2025 fue catalogada como la peor de las últimas tres décadas en la región andino-patagónica. La superficie total arrasada alcanzó las 31.722 hectáreas en Neuquén, Río Negro y Chubut, una cifra que cuadruplica las 7.747 hectáreas afectadas en el período anterior.
Esta destrucción masiva impactó directamente en áreas protegidas como los Parques Nacionales Nahuel Huapi, Lanín y Los Alerces.
La raíz del problema es abrumadoramente antropogénica. Datos oficiales confirman que el 95% de los incendios se origina por acción humana, principalmente por negligencia (fogatas mal apagadas o colillas de cigarrillos).
Este factor se ve potenciado por la crisis climática y la peligrosa proliferación de especies exóticas altamente combustibles como el pino, cuyo rápido crecimiento y colonización agravan la severidad del fuego y obstaculizan la regeneración natural del bosque nativo.

El colapso en el frente de fuego
Ante la magnitud e intensidad de estos siniestros, el desempeño del factor humano —los brigadistas y bomberos— pasa de ser crítico a estructural.
La Brigada Forestal de la Policía Federal Argentina (PFA) desarrolló una investigación para optimizar el rendimiento de los combatientes.
La conclusión del estudio fue contundente: la mejora más significativa en el rendimiento se logra con entrenamiento focalizado en potencia (fuerza ejecutada con velocidad), que capacita al combatiente para tolerar estos valores extremos de lactato y sostener el rendimiento operativo.
Adicionalmente, la investigación subraya la deshidratación como una constante operativa crítica, con los bomberos permaneciendo entre 8 y 12 horas corridas en la línea de fuego sin posibilidad de pausas fisiológicas.

Una visión a 30 años
El daño causado por los grandes incendios, como el que arrasó más de 20.500 hectáreas en la Comarca Andina de Chubut en 2021, exige una planificación de restauración activa que trascienda la urgencia inmediata. El plan integral desarrollado para esta zona establece una visión estratégica de 30 años para la recuperación del paisaje.
Los relevamientos post-mortem confirmaron una alta severidad general. Los bosques más afectados fueron aquellos con especies que no rebrotan fácilmente, como lenga, coihue y ciprés de la cordillera.
El análisis identificó cerca de 2.500 hectáreas con máxima prioridad para la plantación de estas especies clave, sumando un total de 4.478 hectáreas consideradas factibles de reforestar en el corto a mediano plazo.
El financiamiento inicial para la implementación del plan durante los primeros 10 años se estima en $1.300 millones de pesos (aproximadamente $10.9 millones de dólares). La estrategia no solo incluye reforestación, sino también el manejo adaptativo de especies exóticas invasoras (pino y rosa mosqueta) para evitar su dominancia post-incendio.
Las casi 1.000 hectáreas de plantaciones de coníferas exóticas quemadas se presentan, paradójicamente, como una oportunidad crucial para la reconversión a bosque nativo, menos inflamable y más resiliente.

Hacia una gobernanza integral del fuego
La prohibición de hacer fuego en Parques Nacionales es la base de la defensa administrativa, pero constituye apenas una fracción de la estrategia necesaria. La verdadera resiliencia socio-ambiental en la Patagonia se alcanzará a través de un enfoque integral que debe priorizar:
- Educación y mitigación de la negligencia humana: Abordar el 95% de la causa mediante campañas de concientización sostenidas y legislación punitiva estricta.
- Inversión en la fisiología del combate: Financiar y profesionalizar las brigadas especializadas, garantizando equipamiento, protocolos y entrenamiento de potencia que permita a los combatientes sostener el esfuerzo físico extremo sin incurrir en colapso ni riesgo de vida.
- Restauración activa y estratégica: Sostener los programas de restauración a largo plazo (30 años), reconvirtiendo activamente las áreas de exóticas a especies nativas resilientes al fuego.
La lucha contra el fuego en la Patagonia no se gana con una firma administrativa, sino con ciencia, financiamiento sostenido y un reconocimiento explícito del esfuerzo físico que excede los límites humanos.
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Neuquén: Provincia incorporó un sistema de cámaras inteligentes para monitorear en tiempo real y proteger a la fauna

Fecha de Publicación: 10/12/2025
Fuente: Portal Patagonia24
Provincia/Región: Neuquén


La dirección provincial de Fauna incorporó nuevo equipamiento tecnológico para proteger la biodiversidad provincial. Incorporaron cámaras inteligentes, conectividad satelital y un nuevo sistema de digitalización de infracciones. 
El ministro de Seguridad, Matías Nicolini consideró que se podrá monitorear en tiempo real la preservación de la fauna en todo el territorio. Se instalaron 55 antenas satelitales Starlink en móviles operativos y 19 antenas para mantener comunicación con la Brigada Rural de la policía provincial.
La dirección provincial de Fauna puso en marcha también un sistema digital de actas de infracción, con georreferenciación automática y funcionamiento sin conexión. Ahora podría realizar monitoreo con 52 cámaras activas. La implementación de una Plataforma de Monitoreo de Fauna Silvestre funcionará con Inteligencia Artificial para identificar especies a partir de imágenes enviadas por agentes o ciudadanos.
También se incorporaron drones equipados con cámaras térmicas y tecnología de georreferenciación para operativos en terreno.  Una Estación Tecnológica Móvil de Drones realizará una vigilancia automatizada y responderá ante emergencias y controles rurales.
Neuquén busca preservar la fauna autóctona, como el cauquén, el choique, la mara y el cóndor andino. Actualizaron el Registro de Investigadores y avanzaron en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Villa El Chocón. También desarrollaron un mapa de zonas de restauración ecológica. En forma paralela realizaron capacitaciones al personal, talleres sobre conflictos socioambientales y charlas informativas para empresas del sector energético.
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Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna: en qué áreas se registran más casos

Fecha de Publicación: 10/12/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional


El dato se desprende del monitoreo de una red especializada que, desde hace unos meses, sumó a equipos del gobierno provincial para tener un detalle pormenorizado de la situación. Cuáles son las zonas más comprometidas en la provincia y qué acciones se están tomando
El aguará guazú es uno de los monumentos naturales de Santa Fe, estatus que le otorga el máximo nivel de protección que puede tener una especie en la provincia. A pesar de ello, el 90 % de los ejemplares que mueren en la provincia son por atropellamientos en rutas, una de las grandes amenazas tanto para la especie como para el resto de los animales. Un mapa detalla que Santa Fe es la segunda provincia que más casos registra de fauna atropellada, aunque cuenta con varios programas que apuntan a mitigar este fenómeno.
Diego Varela es biólogo del Conicet, se desempeña en el Instituto de Biología Subtropical en Puerto Iguazú, Misiones, y coordina la Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada (Ramfa). Se trata de un proyecto de ciencia ciudadana que reúne, en diversos mapas interactivos, todos los casos posibles de atropellamientos de animales a lo largo del país a partir de la colaboración de las personas que se cruzan con uno de estos episodios.
La iniciativa es abierta a la comunidad aunque, principalmente, participan personas que tienen un especial interés en el tema y personal especializado, como guardaparques, naturalistas y miembros de organismos públicos y ONG. El proyecto nace como una forma de graficar un fenómeno creciente a nivel mundial y que tiene a América Latina como referencia de las complicaciones derivadas del cruce entre la biodiversidad y la expansión de la red vial. Desde la red, resaltan que hay una "marcada carencia de estudios sobre el impacto de la infraestructura vial sobre la biodiversidad, en particular a nivel de poblaciones y con especies amenazadas de extinción".

Los mapas de la fauna atropellada en Argentina
“El problema del atropellamiento de fauna es grande, tanto en Argentina como en el mundo. Y nosotros podemos registrar una pequeña porción de los incidentes que ocurren”, explicó Varela a La Capital. A nivel nacional, el mapa registra 11.559 animales vertebrados atropellados en las rutas argentinas.
Dentro de los 1.008 casos reportados en Santa Fe, provincia que se ubica segunda en el ránking superada por Misiones (5.166), los departamentos que más casos registran de atropellamientos son Las Colonias (160), La Capital (148) y 9 de Julio (102).
Actualmente, Santa Fe tiene una problemática especial en torno al aguará guazú. Datos del Ministerio de Ambiente provincial indican que 9 de cada 10 muertes registradas de este animal en suelo santafesino se dan por atropellamientos.
El aguará guazú fue declarado monumento natural provincial por la ley Nº 12.182, sancionada en 2003, el máximo nivel de protección para una especie en la provincia. A pesar de ello, está catalogado como “amenazado” (y dentro de ese grupo, enmarcado como “vulnerable”) según la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (Sarem).
Es de hábitos crepusculares, por lo que suele tener mayor actividad cuando cae el sol. Por eso, se debe tener más precaución al circular de noche por las rutas santafesinas.
Otras especies que también sufren la pérdida de ejemplares por el mismo problema son serpientes, zorros, zorrinos, peludos, pumas, gatos monteses, hurones y aguará popes.

Áreas de mitigación de atropellamientos
Actualmente, el Ministerio de Ambiente provincial lleva adelante un programa denominado Áreas de Mitigación de Atropellamiento de Fauna (Amaf) para identificar zonas sensibles a la problemática y actuar en consecuencia. Además, se incorporaron pasafaunas en licitaciones de rutas provinciales y puentes que atraviesan estas trazas.
Cinco de los once corredores contemplados en las Amaf involucran a los tres departamentos con más casos registrados. La distribución es mayoritaria para La Capital, que está dentro de tres corredores (Estación Matilde-San Agustín, en un periplo conformado por un camino comunal y las rutas provinciales 50-S y 36-S; autopista Rosario-Santa Fe y ruta provincial Nº 1, en el segmento San José del Rincón-San Javier), mientras que Las Colonias y 9 de Julio tienen uno cada una (ruta provincial Nº4 en el segmento La Pelada-San Cristóbal y ruta provincial Nº 2 en el tramo Logroño-Tostado, respectivamente).
Los registros en la provincia se incrementaron desde que personal del Ministerio de Ambiente empezó a colaborar con la Ramfa en el aporte de información y datos para el mapa, explicó a La Capital la directora de Bosques Nativos y Áreas Protegidas de Santa Fe, Luciana Manelli: “Les aportamos todos nuestros datos, que nos dan fuentes como la Agencia Provincial de Seguridad Vial y Vialidad Nacional, para robustecer el mapa”.
Además de las Amaf, desde el gobierno intensifican su campaña sobre la colocación de cartelería y un punto aún más importante: sumar a todas las nuevas licitaciones de rutas provinciales la necesidad de incorporar pasafaunas en las obras que se realicen y en los lugares que sean necesarios.
Estas dos acciones conforman la primera etapa de una estrategia para intentar bajar los atropellamientos de animales y surgen tras varias reuniones de agentes del ministerio con diversos especialistas en la materia del país. Una de esas jornadas de consulta fue, justamente, con la Ramfa, con la que Santa Fe colabora desde entonces.
Las medidas estructurales de mitigación ya están en camino. Los pasafaunas fueron incorporados en las licitaciones de puentes en la ruta provincial 32, que unirá Villa Ocampo con Puerto Ocampo, y en el nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé. A eso, van a sumar cámaras trampa para observar cómo es el comportamiento de los animales.

Registro exhaustivo
Los registros del mapa son revisados, procesados y estandarizados por el equipo de la Ramfa, que cuenta con tres mapas interactivos: uno con cada atropellamiento, que indica dónde y cuándo ocurrió, además de qué especie se trata; otro que lleva un conteo por provincias; y un tercero que muestra los totales provinciales divididos en cada departamento. El chequeo de los aportes es exhaustivo para que no haya errores de identificación de especies ni de ubicaciones, contó Varela. “Todo es a pulmón. La idea es actualizar la base de datos en diciembre”, anticipó.
“Mapeamos los atropellamientos en una página para visualizar el problema a nivel nacional y para poder identificar cuáles son las áreas más sensibles y las especies más afectadas. Los patrones que se observan dependen de la cantidad de datos y, con más datos, podemos definir políticas y recomendaciones para mitigar el impacto", explicó.
Varela indicó que los atropellamientos de animales se dan en casi todas las rutas del país. Donde más se registran casos es sobre las trazas que atraviesan áreas naturales o protegidas y las situaciones que se dan en zonas donde hay animales en peligro de extinción son más críticas que el resto: la muerte de un sólo ejemplar puede significar una pérdida enorme en términos poblacionales.
De todos modos, el biólogo explicó: “Hay zonas registradas con una mayor cantidad de atropellamientos no sólo porque hay más riesgo para la fauna sino porque allí se concentran más voluntarios y colaboradores”. El caso de ejemplo es Misiones, la provincia donde nació la iniciativa: está primera en el ranking con más de 5.000 casos, seguida por Santa Fe.
A poco de que lleguen las vacaciones y los viajes por las rutas, Manelli remarcó el llamado a una conducción responsable para preservar tanto a otras personas como a la fauna.
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