Argentina: Tierra del Fuego cierra el año con el riesgo de perder la ley que la protege de la industria salmonera

Fecha de Publicación: 04/12/2025
Fuente: Portal Mongabay
Provincia/Región: Tierra del Fuego


La provincia de Tierra del Fuego, en el sur de Argentina, se encuentra atravesada por un debate socioambiental: el Gobierno provincial impulsa un proyecto de ley para habilitar la cría industrial de salmones en jaulas, una actividad prohibida por ley en la provincia más austral del país.
La discusión ha dividido a la clase política y a un sector de la sociedad que sigue atento al proyecto, una iniciativa cargada de críticas por avanzar en el sistema legislativo de espaldas a la sociedad civil y frente al modelo chileno, que viene demostrando los impactos socioambientales de las salmoneras, mientras que esta industria sigue siendo uno de sus principales pilares económicos.
La discusión tiene antecedentes. En marzo de 2018, Argentina anunció un convenio de cooperación con Noruega, el principal productor de salmones en el mundo, para estudiar la factibilidad de desarrollar la salmonicultura en el país, específicamente en el Canal de Beagle, en Tierra del Fuego. Entonces, como ahora, sectores de la sociedad civil, entre ellos ambientalistas, científicos y habitantes, se organizaron para oponerse a un modelo de industria que aseguraban atentaría contra el ambiente, el turismo y la producción pesquera local. Además, sostenían que la implantación de la salmonicultura a nivel industrial echaría por la borda proyectos alternativos, que se encontraban en marcha, para intentar desarrollar la actividad de manera sustentable, como informó entonces Mongabay Latam.
La resistencia a la salmonicultura en la provincia activó el debate legislativo y la sanción de una ley que prohibió en 2021 la cría de salmones en jaulas en el mar y habilitó, con límites, la cría en tanques en tierra. Sin embargo, la discusión está de regreso.
Desde julio de 2025, el Poder Ejecutivo provincial busca modificar aquella ley de 2021. Plantea prohibir la producción de salmónidos únicamente en el Canal de Beagle, el estrecho austral entre Argentina y Chile que conecta parcialmente las aguas del océano Pacífico con las del océano Atlántico. Se trata de una zona de alto valor en biodiversidad marina, donde habitan lobos marinos, la centolla patagónica y diversas especies de delfines, además de aves como cormoranes, pingüinos y cóndores andinos. El canal cumple un papel como recurso de carbono azul, como corredor biológico entre océanos y tiene una ubicación estratégica como puerta de entrada a la Antártida.
Esta iniciativa del gobernador Gustavo Melella implica habilitar las salmoneras en una zona de la isla, tanto en mar como en tierra. De aprobarse el proyecto oficialista, la zona de producción industrial de salmones se concentraría en el mar del norte de la isla, ya que otra ley protege el sureste desde 2022, cuando se declaró a la Península Mitre como área natural protegida, impidiendo allí actividades industriales.

“No a las salmoneras”
El colectivo “No a las salmoneras” está compuesto por organizaciones de la sociedad civil, pueblos originarios, ambientalistas, científicos, artistas, cocineros, trabajadores, docentes, estudiantes, integrantes de partidos, vecinos y vecinas, entre otros sectores de la provincia de Tierra del Fuego.
En un documento, el colectivo detalló las razones por las cuales se opone a la cría extensiva de salmones en el mar. Los salmones, una especie carnívora e introducida por el hombre en Chile, “se escapan de a miles [de las jaulas] y devoran todo lo que encuentran a su paso: centollas, langostillas, peces más pequeños”. De esta forma, “las especies nativas disminuyen por depredación y por competencia de espacio y alimento. Estos escapes de salmones alteran gravemente el frágil equilibrio que sostiene la vida marina, desde el pequeño y esencial plancton hasta la inmensa y magnífica ballena”.
Pero no se trata solo de los otros animales que se comen los salmones cuando se escapan, aseguran. “Estos peces, que crecen hacinados de miles en jaulas flotantes, consumen harinas ultraprocesadas y están sobremedicados, tienen enfermedades propias de esas condiciones y también contagian a las otras especies marinas”, afirman.
Otra de las razones es la supuesta matanza de lobos marinos y pequeños cetáceos asociada a la salmonicultura, que se alimentan en las zonas donde se encuentran las jaulas flotantes con miles de salmones. “Estos animales son eliminados intencionalmente en los diferentes centros de cultivo”, aseguran. “Cuando no los matan, mueren atrapados en las mallas y redes antidepredadores que se colocan alrededor de las jaulas”.
La potencial destrucción del fondo marino es otra de las razones detalladas en el documento. “El alimento ultraprocesado, las fecas y los cuerpos de miles de salmones se acumulan en el lecho [marino]. Esto hace que proliferen algas que consumen el oxígeno y que entonces se generen zonas muertas, sin vida acuática”, explican. Los ejemplos, aseguran, están a la vista en el modelo chileno.
Nancy Fernández, especialista en Educación Ambiental y profesora en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es, además, presidente de la ONG Asociación Mane´kenk, que integra el colectivo “No a las salmoneras”. En diálogo con Mongabay Latam y elDiarioAR, explica que el principal cuestionamiento de su organización es la forma en la que el Gobierno de la provincia quiere cambiar la ley que actualmente prohíbe la salmonicultura extensiva.
“Desde nuestra organización, siempre tuvimos una posición conciliadora y asistimos a las mesas de diálogo y a las comisiones legislativas para participar, aportar técnicos, datos e información. Hubo muchos episodios en la provincia durante los cuales se quisieron sancionar leyes controversiales, pero, incluso entonces, se tomaron en cuenta algunos de nuestros aportes. Esta vez, se trata de un proceso oscuro”, asegura Fernández.
Las ONG y sectores de la ciudadanía y la ciencia critican que la ley haya llegado al recinto de la legislatura provincial con un dictamen cuestionado por la forma “apurada e irregular” en la que fue aprobado el pasado 8 de agosto, en una autoconvocatoria del oficialismo -FORJA, partido del gobernador Melella- y el opositor La Libertad Avanza -el partido de Javier Milei-, que apoya el proyecto de ley para legalizar la salmonicultura extensiva.
Con apenas cuatro votos -lo mínimo exigido- se autoconvocaron durante un cuarto intermedio -un receso en el debate legislativo- y aprobaron un dictamen a favor del proyecto. “Queremos que abran el debate”, exige Fernández. “Existen intereses económicos muy grandes detrás de esta industria”, asegura.
El colectivo también critica las condiciones de trabajo de las personas dedicadas a la salmonicultura. “Para cumplir con la demanda de las empresas, realizan malas prácticas de buceo, con inmersiones continuas, sin respetar los tiempos de descompresión y en profundidades para las que no están habilitados”, afirmaron en el documento. “Esto [se realiza] para arreglar las mallas y jaulas o levantar los cadáveres de miles de salmones que se acumulan en el fondo marino, entre otras tareas”.
Los opositores a las salmoneras en Tierra del Fuego también resaltan otro punto: se trata de una industria que demanda un alto nivel de fiscalización y control por parte del Estado, y cuando este no está lo suficientemente presente, los impactos de la salmonicultura se extienden, como arrojar salmones en descomposición al mar y derrame de combustible.
Los altos consumos de energía que conlleva la cría de salmones en piletones con el Sistema de Recirculación Acuícola (RAS, por sus siglas en inglés), que cría peces en tanques cerrados en tierra, también es otro punto del debate. Actualmente, la ley provincial habilita los tanques en tierra con límites de hasta 50 toneladas de reproducción anual. El proyecto del oficialismo provincial busca eliminar el límite.
También señalan “la crueldad animal que implica criar animales en escalas industriales”. “Una jaula flotante o un piletón en tierra tienen en su interior miles de salmones hacinados, adormecidos con benzocaína para enlentecer sus movimientos instintivos y vitales, que desarrollan conductas caníbales, nadan entre su excremento y los cadáveres de otros peces”, aseguran.
El legislador Matías Lapadula, del partido Provincia Grande y ex secretario de Producción del municipio de Río Grande, Tierra del Fuego, comenta que no está en contra del desarrollo de la actividad porque es importante para la provincia y tiene un potencial muy grande, pero, aclara: “Sí estoy de acuerdo con mantener la prohibición de la salmonicultura en el mar”.
Lapadula cree que será muy difícil llevar a la práctica la cría de salmones a escala industrial en la costa norte de la provincia con un sistema de jaulas, debido a las grandes amplitudes de marea. Pero el legislador resalta que el proyecto oficialista habilita la actividad en otros cuerpos de agua de la provincia, como lagos, lagunas y ríos. “Estoy a favor de la acuicultura, pero tiene que ser sí o sí de forma sostenible y siendo absolutamente celosos del cuidado ambiental porque es una actividad con impacto y mal hecha acarrea daños irreversibles”, explica.
Además, Lapadula afirma: “Como está planteado el proyecto, estamos haciendo un negocio para pocos. Es verdad que en Chile son 60 000 puestos de trabajo, pero el 90 % de estos puestos de trabajo tiene que ver con el procesamiento y envasado del salmón. Chile ha desarrollado toda una cadena de valor a lo largo de 40 años, que Tierra del Fuego no tiene. Ellos manejan prácticamente el mercado. Como está planteado este proyecto, nosotros engordaríamos y criaríamos salmones para luego vendérselos a Chile y que ellos terminen exportando el pescado como producto chileno”.
Mongabay Latam y elDiarioAR se comunicaron con dos voceros de la gobernación de Tierra del Fuego para conocer las razones del oficialismo provincial para impulsar esta industria y conocer si han realizado estudios de impacto ambiental y social de la actividad. Sin embargo, al cierre de esta nota, ninguno de ellos había respondido.
Ante la consulta de estos medios, Lapadula afirma que el oficialismo no ha presentado a los legisladores ningún tipo de estudio ambiental previo en la provincia que analice los posibles impactos de la salmonicultura en el mar argentino, así como en lagos, lagunas y ríos. Tampoco en la extensión industrial de tanques en tierra.

“Sí a las salmoneras”
Agustín Coto, legislador de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, es uno de los cuatro legisladores de la provincia que aprobó el dictamen del proyecto de ley oficialista para que sea tratado en el recinto.
Tras la aprobación del dictamen el 8 de agosto pasado, la Legislatura intentó tratar el proyecto durante noviembre, pero sorpresivamente la sesión se canceló sin que el oficialismo y sus aliados pudieran aprobarlo. Las versiones en la provincia sostienen que no tenían los votos suficientes. El partido de Melella asegura que fue por un paro de trabajadores legislativos, pero el gremio salió a negarlo con un comunicado.
Coto había presentado en un primer momento un proyecto para extender la cría de salmones en tanques en tierra, sin tocar la prohibición que pesa actualmente sobre la actividad en el mar y cuerpos de agua. Sin embargo, terminó apoyando la iniciativa del oficialismo.
En diálogo con Mongabay Latam y elDiarioAR, Coto defiende su decisión y asegura que antes de hacer cualquier estudio de impacto socioambiental debe modificarse la ley. “No se puede hacer un estudio sobre una actividad que está prohibida”, argumenta.
Al igual que el oficialismo provincial, el legislador aliado del presidente Milei sostiene que la salmonicultura tiene potencial económico y generará empleo.
El oficialismo, además, enmarca la discusión en la acuicultura. No solo en la cría de salmón, sino también trucha, erizo, mejillones, algas y centollas. Diego Marzoni, subsecretario de Pesca y Agricultura provincial, dijo al medio ADNSUR que el proyecto contempla “todas las salvaguardas ambientales necesarias” y que el Gobierno provincial proyecta que en los próximos seis u ocho años se podrían producir 100 000 toneladas de pescado, de las cuales un máximo de 80 000 toneladas serían de salmón.
El funcionario dijo, además, que la salmonicultura podría generar “entre 4000 y 4500 puestos de trabajo” y una inversión de hasta 400 millones de dólares.
“Hay discusiones que están saldadas -afirma Coto-. Por ejemplo, la discusión de si estamos de acuerdo o no con actividades de salmonicultura en el Canal de Beagle. Eso está claro: no hay un legislador de los 15 que estamos en la Legislatura que esté de acuerdo con eso. Lo que este dictamen permitiría sería la posibilidad de establecer la actividad en mar abierto, o sea en agua salada”.
Sin embargo, Coto reconoce que no hay un estudio científico oficial sobre cómo podría afectar la actividad a la zona cercana al canal, algo que preocupa a otros legisladores, como Lapadula. Mongabay Latam y elDiarioAR le preguntaron a Coto si cree que la provincia tiene las herramientas, la capacidad y los recursos para controlar o fiscalizar la actividad. El legislador respondió que sí, pero este es uno de los puntos centrales de la oposición de las ONG, científicos y ambientalistas, quienes creen que la salmonicultura en el mar sobrepasará las capacidades de fiscalización de Tierra del Fuego.
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Mendoza batió el récord de San Luis de avistamiento de cóndores andinos

Fecha de Publicación: 04/12/2025
Fuente: El Diario de la República
Provincia/Región: Mendoza


Una familia divisó y filmó más 90 ejemplares del ave, considerada vulnerable a nivel globlal. Hasta entonces, la mayor cantidad se había visto en San Luis, cuando se divisaron 80. Mirá el video.
Más de 90 ejemplares de cóndor andino fueron observados de manera simultánea en la localidad de La Carrera, en Tupungato, Mendoza, lo que constituye el mayor avistamiento documentado en Argentina hasta el momento. 
El registro fue obtenido por una familia que logró filmar y fotografiar a individuos de esta especie declarada Monumento Natural Provincial mientras se alimentaba de una vaca muerta, ya que son aves carroñeras.
“El cóndor andino cumple un rol esencial en los ambientes de altura de la Cordillera de los Andes. Su función carroñera lo convierte en un sanitario natural que contribuye a eliminar restos de animales muertos, reducir posibles focos de infección y evitar la propagación de enfermedades”, señaló Ignacio Haudet, director del Departamento de Fauna Silvestre de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente.
En un contexto en el que esta ave emblemática se encuentra categorizada como “vulnerable” a nivel global y “amenazada” en Argentina, el gobierno de Mendoza destacó que la presencia simultánea de más de noventa individuos en un mismo punto representa un indicador significativo del buen estado del ambiente andino.
Con este avistamiento Mendoza superó el récord de San Luis, que logró captar 80 aves en simultáneo durante el Censo Simultáneo de Cóndor Andino en octubre. Además, se suma al hallazgo de un nuevo nido en el Parque Provincial Tupungato a finales de octubre.
“El registro de más de 90 cóndores juntos es una imagen impactante que confirma la vitalidad de la población local de esta especie amenazada y resalta su papel fundamental como sanitario natural del ecosistema andino”, señaló Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna Silvestre. 
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San Jorge: crece la presión y el Gobierno minimiza el impacto de las movilizaciones en contra

Fecha de Publicación: 03/12/2025
Fuente: Portal MDZ
Provincia/Región: Mendoza


Diputados ya le dio sanción a la DIA de San Jorge pero falta el Senado. Hay movilizaciones en contra. El Gobierno cree que no son convocantes pero está expectante. Mientras, sube la presión sobre el PJ.
La declaración de impacto ambiental del proyecto minero San Jorge tuvo la sanción de Diputados el miércoles pasado y para el martes 9 de diciembre está prevista su tratamiento en el Senado. La semana pasada hubo protestas sin mayor repercusión. Pero las manifestaciones se trasladaron al interior de la provincia y hubo movilizaciones en contra en Valle de Uco, Uspallata y algunos puntos del Gran Mendoza. El Gobierno les quita importancia pero está expectante de cara a lo que pueda pasar el martes. Otra de las repercusiones fue el "escrache" realizado a algunos legisladores que votaron a favor del proyecto.
El proyecto, que ahora se llama PSJ Cobre Mendocino pero que tiene la misma idea que el original, prevé extraer cobre de un yacimiento ubicado en Uspallata. El Ejecutivo aprobó la DIA y ya pasó por la Cámara Baja sin sobresaltos. Allí obtuvo 32 votos contra 13. Por un lado puede leerse como un triunfo del Gobierno que impulsa la iniciativa pero por otro, una falta de apoyo por parte de la principal fuerza opositora: el peronismo.
Camino a esa instancia, hay marchas en contra en distintos puntos de Mendoza. El Ejecutivo asegura que representan una minoría y que la ciudadanía en general no está involucrada. Sin embargo, siempre está el fantasma del 2019: las marchas masivas en distintos puntos que hicieron retrotraer al exgobernador Rodolfo Suarez en su intento de modificar la 7722 que regula la minería metalífera.
Movilizaciones y escraches en Valle de Uco
Valle de Uco es el lugar donde nació la oposición a la minería a gran escala. En el año 2004 los vecinos de San Carlos comenzaron a reunirse preocupados por los primeros movimientos de actividad, como la prospección y exploración en cercanías de la reserva Laguna del Diamante. Ahí nacieron todos los movimientos antimineros.
La modalidad de las asambleas por el agua, tanto en San Carlos, como en Tupungato y en Tunuyán se han mantenido durante estas dos décadas. De hecho, en 2019, una caravana sancarlina salió caminando hasta la Casa de Gobierno para protestar.
Durante este fin de semana hubo varios hechos. Escraches en redes y cara a cara a legisladores del Valle de Uco que votaron a favor, en particular los radicales. El domingo a la mañana en el desfile de San Carlos hubo movilización. El intendente Alejandro Morillas, hoy aliado al Gobierno provincial, salió a aclarar por sus redes sociales que está a favor de la 7722 aunque habló de la licencia social.
Durante el domingo a la noche hubo movilización en Tunuyán, en la plaza principal y el lunes a la noche, en Tupungato.

Movilizaciones en General Alvear, San Rafael y una caminata desde Uspallata
En General Alvear, otro de los departamentos fuertes en contra de los proyectos mineros metalíferos- que tuvo un rol central en la aprobación de la ley 7722 el 20 de junio de 2007- ya hubo movilizaciones en los últimos días, lo mismo que en San Rafael. Malargüe, en cambio, hay un avance de la minería metalífera con licencia social.
En Uspallata, las asambleas planean una caminata desde el ese lugar hasta la ciudad de Mendoza. Frente a la Legislatura, también hay distintas convocatorias.

La mirada del Gobierno
El Gobierno considera que estos movimientos son aislados y que no representa a la ciudadanía en su conjunto. Sin embargo sigue lo que va pasando, especialmente las manifestaciones en la Legislatura
Tiene un objetivo: lograr que el peronismo revierta su postura y apoye el proyecto en el Senado, a pesar de que el oficialismo tiene los números para hacerlo. El 9 de diciembre es el gran día, porque la DIA, es decir el aval legislativo puede convertirse en ley.
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Hallazgo clave en Santa Cruz: detectaron 24 nidos de Macá Tobiano en la meseta del Lago Buenos Aires

Fecha de Publicación: 03/12/2025
Fuente: Portal ADN Sur
Provincia/Región: Santa Cruz


El registro de 24 nidos y un florecimiento inusual en la zona reactiva los esfuerzos de conservación de una especie al borde de la extinción.
La Fundación Macá Tobiano anunció un hallazgo que renueva el optimismo: detectaron 24 nidos en la meseta del Lago Buenos Aires y un extenso parche de Vinagrilla en flor en una laguna del sector este. Las imágenes fueron registradas por Lucas Hormachea desde el borde de la meseta y compartidas por la organización en sus redes.
El descubrimiento llega con una noticia extra: la Fundación se prepara para montar el primer campamento de guardianes de la temporada, algo que no sucedía tan temprano desde 2017.
Pero el panorama es crítico: la especie podría desaparecer esta década. Se calcula que quedan menos de 800 ejemplares, una caída de más del 80% en 25 años. 
Entre las amenazas aparecen especies invasoras —como el visón americano, la trucha arcoíris y la gaviota cocinera— y los efectos del cambio climático, que intensifica los vientos, reduce las lagunas y achica su hábitat.
“Durante los próximos días todos nuestros esfuerzos van a estar en proteger a la colonia y darle un seguimiento, ¡vamos a hacer todo lo posible para que esta sea una gran temporada para el Macá Tobiano!”, manifestaron desde la Fundación.
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De calamares y otros bichos usurpados en el Mar Argentino

Fecha de Publicación: 02/12/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Si las Islas Malvinas son un barómetro del dolor popular argentino, también lo es la preocupación ambiental y la creciente incertidumbre pesquera, devenidas hoy en prácticas de piratas contemporáneos que desde la apropiación británica imponen un carnaval de barcos depredando nuestros mares las 24 horas de cada día.
Como informa a esta columna el especialista e inigualable conocedor de la riqueza marítima argentina, el Dr. César Lerena, Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL), a pesar de que las capturas del calamar Loligo (Doryteuthis gahi) han disminuido sensiblemente en los últimos años en las Malvinas, ahora se sabe que 16 grandes buques congeladores provenientes de Vigo y Marín partieron a la búsqueda de este apreciado recurso que abastece a España y gran parte de la Unión Europea.
Sin embargo –subraya también Lerena, con toda autoridad– si bien la pesca ilegal suele ser realizada por los buques nacionales en cualquier zona exclusiva, “en su gran mayoría se trata de operatorias ilegales de buques que pescan a distancia fuera de sus jurisdicciones”. Y ejemplifica con que el 85% de la pesca a distancia en alta mar la realizan sólo cinco países: China, España, Taiwán, Japón y Corea. Quinteto que del total mundial de 37 millones de horas de pesca ocupan 25 millones, motivo por el cual es evidente que el mayor daño no lo ocasionan los 216 países restantes, sino solo esos cinco, según el informe “Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura” de 2020.
Es claro que también hay incertidumbre entre los armadores, no solo por los altos costos de las licencias en las islas, sino “por el costo que significa trasladarse y operar en aguas de las Malvinas, donde, de no capturarse un cierto volumen de la mencionada especie se producirá un gran quebranto empresario, agravado por el incumplimiento de los acuerdos comerciales relativos a la provisión de este producto”.
La preocupación encuentra sustento, además, porque en los últimos años las capturas de esta especie se han reducido en un 50 por ciento, como muestran las estadísticas del “Falklands Islands Government”. Por lo que el temor, entre pescadores y piratas, es creciente porque no se tienen precisiones sobre el origen de semejante reducción, y –como explica Lerena– “los biólogos y expertos trabajan sobre hipótesis que van desde atribuir la disminución de las capturas a la sobreexplotación del recurso por parte de cada vez más buques que son cada vez más grandes, hasta el aumento sostenido de la temperatura del océano en la región, y también a los efectos negativos que podrían estar provocando los bombardeos sísmicos aplicados a las exploraciones offshore de hidrocarburos”.
Frente a semejante escenario de incertidumbre, el medio especializado Seafood Media Group-FIS publicó un artículo el 8 de julio pasado en el que se hace eco de la observación de capturas erráticas de la flota pesquera española en las islas Malvinas. Y donde llamó mucho la atención un comentario surgido en los propios medios de prensa gallegos, que vinculaban la merma del calamar Loligo con las prospecciones de hidrocarburos y gas, tanto en aguas meridionales del Atlántico Sur, en Malvinas, como en aguas continentales de la República Argentina.
Con la idea de esclarecer estas afirmaciones, esta columna consultó al autor del artículo referido, a quien la gente de mar identifica como un severo y competente experto en Atlántico Sur, quien a través de la “Fundación Agustina Lerena” y el CESPEL conduce desde hace años un grupo de expertos dedicados a la investigación de todas las cuestiones relativas a los recursos naturales y el medio ambiente marítimo.
Es interesante señalar, además, que los medios periodísticos gallegos vienen relacionando la disminución del calamar Loligo con las prospecciones hidrocarburíferas y gasíferas en el Atlántico Sudoccidental.
Por eso, y teniendo en cuenta su experiencia, Lerena ilustró a esta columna respecto del impacto negativo de las exploraciones sísmicas, que dependiendo de las especies y sus distintos estadíos biológicos, son analizadas por organizaciones y expertos de todo el mundo. El Dr. Lerena tiene valiosos textos escritos respecto del efecto que sobre el ecosistema argentino ocasiona la pesca en Malvinas, así como también suele aludir a informes publicados de los que se desprende que no se han reducido las capturas de las especies en general en las aguas del archipiélago, salvo el de la especie Loligo, que es la más popular. En este caso la temporada 2024 estuvo marcada “por la particular decisión de no abrir la segunda temporada de este calamar en Malvinas debido a la baja biomasa”. Y así fue que en ese año solo se capturaron 48.888 toneladas, o sea el más bajo volumen registrado desde 2016, contrastante con las capturas de todas las otras especies.
Dice que es posible atribuir culpas a las intensas exploraciones sísmicas que se realizan, tanto en el área de Malvinas (Norte/Centro Sea Lion) como en las cuencas austral marina (son 6 subáreas de 86.000 Km2), Malvinas Oeste (18 subáreas de 14.000 Km2) y Cuenca Norte (14 subáreas de 100.000 Km2) todas en el Atlántico Suroccidental.
Allí, si bien los estudios internacionales no son concluyentes, esas exploraciones pueden estar dañando significativamente los estadíos larvales y juveniles del mencionado calamar, afectando gravemente su ciclo biológico y forzando a tomar medidas precautorias ante una hipotética depredación o dispersión grave de la especie.
Esos estudios –en términos generales– implican generar y registrar ondas sísmicas para estudiar el subsuelo en el proceso anterior a la explotación de hidrocarburos. Ello requiere de investigar impacto ambiental previamente, informes que -según Lerena- no deberían ser encomendados por las empresas beneficiarias, a la vez que los organismos técnicos competentes del Estado deberían no solo evaluar procesos teóricos, sino diseñar y dirigir las operaciones para garantizar que no se produzcan efectos negativos a las especies alcanzadas en forma directa o indirecta por las operaciones petroleras.
Lo cual en la Argentina nunca se hizo, porque nunca se destinaron medios económicos suficientes al INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero) ni jamás se le otorgó la conducción a esa Institución, sino un mero papel de asesoramiento. En consecuencia –remata Lerena– “los estudios de Impacto Ambiental en el Atlántico Suroccidental no han pasado de la fase teórica, lo que resulta insuficiente para garantizar procesos seguros y sostenibles para las especies más sensibles de la región, como es el caso –entre otros- del calamar Loligo”.
La Fundación que preside Lerena, por cierto, viene observando exploraciones sísmicas y analiza los estudios de impacto ambiental realizados en distintos países, como Noruega, Sudáfrica, Brasil, México, Namibia y, por cierto en Argentina desde 2010 cuando la Cía. Rockhopper Exploration inició la prospección en la cuenca norte de Malvinas, descubriendo el yacimiento Sea Lion. Y a partir de 2018 cuando el gobierno argentino licitó la explotación de unos 225.000 Km2 para la explotación offshore de petróleo, adjudicando áreas a las empresas ExxonMobil, Total, Shell, Equinor e YPF.
Lerena advierte: “los estudios de Impacto Ambiental realizados para las empresas Shell y Equinor y observamos que no estarían dando las suficientes garantías para asegurar que las acciones sísmicas no afecten cuestiones relativas a la supervivencia o distribución del calamar Loligo. Con esos análisis pudimos verificar que no se tuvo en cuenta el impacto sobre el total de las especies pesqueras comerciales, en especial las migratorias, así como es evidente la ausencia de evaluación in situ de áreas y especies críticas. Y eso entre otras deficiencias metodológicas como falta de rigor científico; referencias desactualizadas, información insuficiente o errónea y carencia de medidas precautorias y de prevención y mitigación.
Lo que sí se ha podido verificar en estudios analizados es el impacto en especies sensibles como el citado calamar Loligo, cuyo declive en Malvinas causa gran inquietud ante la falta de certezas científicas. La inquietud que adquiere mayor significación cuando se trata de esta especie, que según estudios científicos in vivo sufre severas alteraciones en su comportamiento y desarrollo debido a las prospecciones sísmicas.
Una pregunta inevitable a Lerena es acerca de si se está cometiendo fraude ambiental. Por acción u omisión, y en especial si no se profundizan los estudios relativos a la sostenibilidad de las especies, ya que las puede haber gravísimas consecuencias desde el punto de vista ambiental y económico.
Y refiere finalmente Lerena: “Todos los estudios hay que optimizarlos; los que se implementen en el futuro y los vigentes, en los que se requerirá actuar con urgencia, porque las pérdidas biológicas y económicas pueden ser de magnitud y en algunos casos irreversibles”.
Y tampoco los estudios deben ser exclusivamente teóricos sino practicados en vivo y continuados. Porque además de todo, la actividad petrolera offshore podría llegar a ser muy positiva para la economía del país y la región. Pero deberá armonizarse con la actividad pesquera”. Y ser políticamente muy bien controlada.
Claro que eso sólo se verificará cuando nuestro país recupere la absoluta soberanía sobre las Islas Malvinas y todo el Mar Argentino. Entretanto, sostiene esta columna, todo es teoría. Y flacas esperanzas, a la luz de la lamentable realidad política nacional.
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Santa Fe y Entre Ríos regulan la pesca: nuevo cupo máximo y suspensión temporal de la captura comercial de sábalo

Fecha de Publicación: 02/12/2025
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos 


Las provincias acordaron medidas conjuntas para ordenar la pesca, proteger la biodiversidad y garantizar la sostenibilidad de la actividad. La coordinación histórica establece reglas comunes y controles equilibrados en ambos márgenes del río.
Los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos dieron un paso histórico: por primera vez, ambas provincias publicaron resoluciones complementarias para regular la actividad pesquera del río Paraná, estableciendo un marco común que prioriza la sostenibilidad ambiental, el cuidado de la fauna ictícola y la fuente de trabajo de los pescadores artesanales.
Esta iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de Reconversión y Utilización Sustentable del Recurso Ictícola de Santa Fe y responde al trabajo de integración de la Región Litoral.

Medidas acordadas
El gobierno de Santa Fe, mediante los ministros Estévez y Puccini, emitirá una nueva resolución que reemplaza la 332/2025, estableciendo un cupo máximo de captura de 900 toneladas para el trimestre enero–marzo de 2026, en línea con lo dispuesto por Entre Ríos. Además, se suspende temporalmente la pesca comercial de sábalo entre el 20 de diciembre y el 20 de enero en ambos márgenes del río.
El cupo definitivo para el resto del año se definirá en la Audiencia Pública Anual, que se realizará el 16 de diciembre de 2025, un espacio donde pescadores, cooperativas, frigoríficos y equipos técnicos participan para garantizar reglas claras y participación informada.
Entre Ríos, por su parte, adaptó su régimen semanal de prohibiciones, equiparando los días de veda en ambos márgenes: sábados, domingos, lunes y feriados. Esta armonización evita asimetrías y fortalece la eficacia del control y la conservación.
El ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, destacó: “Contar con una resolución construida con los actores del sector y de manera conjunta con Entre Ríos es clave. Una medida coordinada siempre es más eficaz que una acción aislada y nos permite proteger la biodiversidad del Paraná con reglas comunes y sostenibles”.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, señaló que “la coordinación con Entre Ríos nos permite ordenar la actividad y darle sostenibilidad en el tiempo; cuando ambas provincias actúan con criterios comunes, fortalecemos al sector y cuidamos un recurso vital para la economía regional y los mercados internacionales”.
El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, agregó: “Desde ambas márgenes del río trabajamos juntos con un objetivo definido por los gobernadores: la defensa del recurso natural. Lo central es que estamos implementando un modelo sostenible en diálogo con todos los sectores”.

Un contexto ambiental crítico que exige coordinación
El deterioro del río Paraná dejó de ser una advertencia técnica para convertirse en un dato contundente. Desde la bajante histórica de 2020, los niveles no se han recuperado, y los indicadores confirman la persistencia del estrés ambiental. Según informes del proyecto EBIPES, solo 6 de cada 100 sábalos alcanzan la talla reproductiva, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias por debajo de lo normal, prolongando el escenario de vulnerabilidad.
Ante esta situación, Santa Fe convocó a todos los actores del sector y coincidieron en que la situación del recurso exige ordenamiento, control y criterios coordinados entre jurisdicciones. De esta forma, se consolidó el trabajo conjunto con Entre Ríos para revisar normativas, igualar esquemas y alinear medidas que, de manera aislada, pierden efectividad. Además, se conformó una mesa técnica provincial para evaluar medidas que fortalezcan el mercado interno.

Un punto de partida para una gestión conjunta y sostenida
Este acuerdo establece previsibilidad y cuidado del recurso, y representa un punto de partida para la gestión conjunta del río Paraná. A partir de ahora, las áreas provinciales evaluarán trimestralmente la evolución del recurso y coordinarán las medidas necesarias para garantizar un modelo sostenible, equilibrado y coherente con las realidades de las comunidades pesqueras del litoral.
La decisión inicial de Santa Fe abrió un proceso de revisión y articulación que hoy se traduce en una política compartida, fundamental para proteger la biodiversidad del Paraná y fortalecer la actividad pesquera en un contexto ambiental complejo.
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Histórico: comienza juicio por el daño a la salud que causan las fumigaciones

Fecha de Publicación: 01/12/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Siete empresarios y dos funcionarios del Municipio de Pergamino rendirán cuentas por las aplicaciones de agrotóxicos que provocaron enfermedades a Sabrina Ortíz y sus dos hijos.
El Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario será escenario a partir de esta semana de un debate judicial clave para la lucha en contra del agronegocio que protagonizan vecinos y diferentes colectivos ante empresarios que, con la supuesta anuencia de las autoridades locales, se enriquecen a costa de la salud de los lugareños. Siete empresarios del sector y dos funcionarios del Municipio de Pergamino rendirán cuentas por las enfermedades que contrajeron Sabrina Ortiz y sus dos hijos, aunque la cantidad de víctimas podría multiplicarse.
“Este caso se inicia en el año 2011 en Villa Alicia, un barrio periférico de Pergamino, cuando Sabrina comienza a observar problemas de salud en su familia, tanto en ella como en sus hijos”, explica a Tiempo Argentino el abogado Fernando Cabaleiro, quien junto a su colega Carlos María González Quintana y la propia Sabrina, que se recibió de abogada para poder llegar hasta las últimas consecuencias, llevan adelante la querella.
La denunciante sufrió dos ACV isquémicos y un aborto espontáneo; su hija padece steomielitis crónica que genera quistes dentro de los huesos y se detectó que su hijo tenía un nivel de glifosato en orina 120 veces más de lo tolerable. “Esto cambió mi vida. Me dejaron chaucha de soja en mi auto, balearon a mi perro, me apretaron con barras bravas. Es muy complicado salir a contar cómo nos envenenan, porque la cadena de complicidades es muy grande. Hasta los mismos médicos que te atienden son productores. Los medios locales hicieron campaña contra mí, tratándome de mentirosa, porque ellos responden a los intereses de Monsanto. El agronegocio está en todas partes”, le dijo Sabrina a este diario hace unos años atrás, cuando vivía bajo custodia policial por orden de la Justicia.
“Ella empezó con un reclamo constante -añade Cabaleiro- porque asociaba los problemas de salud con la fumigación que se realizaba calle de por medio, a menos de 10 metros de su casa donde estaba el campo de soja que se fumigaba”. La mujer lo planteó en la municipalidad y en 2014 se emitió una ordenanza que “fue a favor del agronegocio, porque se estableció una distancia de 100 metros de prohibición absoluta para las aplicaciones terrestres y de los 100 a 600 metros, solo se podían aplicar productos banda verde. Lo que pasa es que los problemas de salud siguieron y se agravaron inclusive”.
Agua contaminada
En 2018, con la asistencia del abogado, Sabrina denunció la situación ante el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, por el delito de contaminación. El INTA de Balcarce comprobó que las aguas subterráneas de Pergamino (sobre todo de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida) estaban contaminadas con agrotóxicos y no eran aptas para consumo humano: encontraron 18 principios activos y metabolitos.
La profundización de la investigación determinó que diferentes personas, entre productores y fumigadores, vinculados a tres enormes lotes linderos a la zona urbana donde vivía la familia de Sabrina tuvieron íntima relación con las actividades que le produjeron los daños genéticos a las víctimas. Por si fuera poco, se acreditó que se violó la suspensión preventiva dispuesta por la justicia de aplicar agroquímicos en los campos que rodean a estos barrios afectados. La pesquisa identificó a un total de siete sospechosos.
Además, un desprendimiento de esa causa que quedó al mando del fiscal federal de San Nicolás, Matías Felipe Di Lello, estableció los funcionarios municipales Guillermo Nicolás Naranjo y Mario Daniel Tocalini debían ser sometidos a juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Tanto el ingeniero agrónomo Naranjo, en su calidad de auditor, como el veterinario Tocalini, como titular de la Dirección de Ambiente Rural “fueron advertidos de lo que ocurría, pero no brindaron ninguna solución, se excusaban y justificaban el accionar de los propietarios de los predios, al tiempo que nunca exhibieron las autorizaciones o documentación que habilitara las fumigaciones cuestionadas”, puntualizaron desde el Ministerio Público.
Para Cabaleiro, los acusados sostienen que “estos productos son inocuos y que se puede fumigar a cero metros respetando las buenas prácticas. Pero quedó claro que ni siquiera eso cumplen. Eso está comprobado en la causa. Esos químicos tóxico terminan en las napas, en los suelos de las casas, en los cuerpos. Es incontrolable”. Al mismo tiempo, el abogado advirtió que “no respetaron ni los 100 metros de la ordenanza, fumigando de noche para que no se entere nadie, inclusive en Navidad, cuando la gente estaba toda reunida en sus casas, en familia”.

«Una financiación colectiva y popular»
“Las víctimas querellantes son tres, pero si hablamos de víctimas son muchas más. Son los vecinos de estos tres barrios y hasta de todo Pergamino porque la contaminación del agua impacta en toda la población”, resume el abogado Fernando Cabaleiro, quien aclara que el impacto en los damnificados va mermando a medida que viven más lejos de los campos en cuestión, ya que el aire es fundamental para propagar los químicos. Un dato a considerar es que en el debate oral se analizarán unas 70 historias clínicas, con lo cual la cantidad de víctimas podría crecer exponencialmente.
Desde la ONG ambientalista Naturaleza de Derechos apelaron a “la financiación colectiva y popular” para el traslado y las estadías de los testigos, pero también de los peritos, que deberán movilizarse hacia Rosario. Allí prevén que se desarrolle este “emblemático e histórico” juicio que represente para la provincia de Buenos Aires la misma experiencia de las denominadas Madres de Ituzaingó, en Córdoba, donde “por primera vez se puso en el banquillo a la trama cómplice (agronegocio local y funcionarios públicos) que en cada Pueblo Fumigado de la Argentina pone en jaque el ambiente y la salud de la gente”.

Sabrina Ortiz: “Buscamos justicia ambiental y que el caso sea un faro para todos los pueblos fumigados”
«Esta pesadilla comenzó en el 2011, cuando me instalé con mi familia para construir la casa soñada y ver crecer a mis hijos en el lugar que elegí para vivir. Ahí nomas empezamos a ver los problemas de salud y tuvimos el pálpito que los mismos estaban relacionados con los agrotóxicos que se usaban en los campos al frente de casa”, explicó a Tiempo Sabrina Ortiz, a pocos días del inicio del juicio. 
La mujer, que se recibió de abogada tras advertir que estaba siendo contaminada, describió todo el periplo que debió afrontar, luego de que las autoridades locales intentaran por diferentes medios desalentar sus denuncias. “Durante años hicimos reclamos a la municipalidad, y los funcionarios no hacían nada. Los dueños de esos campos que están pegados al barrio que vivo, se creyeron impunes, fumigaban alambrado de por medio, de noche, con viento, no les importaba nada”, insistió. 
“Después de 14 años y tras siete años de proceso penal se va a saber la verdad en un juicio oral y público sobre la complicidad del municipio, sobre la contaminación ambiental con agrotóxicos que generaron los imputados, el daño a la salud de la gente, entre ellos mis hijos, en las voces de decenas de vecinos y vecinas que fueron y son víctimas del obrar doloso de los fumigadores y las omisiones de los funcionarios municipales. Solo buscamos justicia ambiental y que el caso sea un faro para todos los pueblos fumigados de la Argentina”, concluyó la damnificada.
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Denuncian tala indiscriminada de quebrachos en el Chaco

Fecha de Publicación: 01/12/2025
Fuente: Portal SoloChaco
Provincia/Región: Chaco


Una grave denuncia encendió las alarmas ambientales: según una investigación publicada por Diario Popular, se estaría realizando un “desmesurado desmonte y deforestación” en el Chaco con el objetivo de extraer tanino del quebracho —tanino que luego abastece a la industria de curtido de cuero de lujo en Europa.
El tanino, conocido como “oro rojizo” por su valor en la curtición de cueros, proviene del interior de los troncos de quebracho colorado, especie nativa del bosque chaqueño que tarda entre 20 y 50 años en madurar.
La explotación intensiva de ese recurso, alertan desde organizaciones ambientalistas, pone en serio riesgo al ecosistema, al patrimonio forestal del gran Chaco y a las comunidades locales.
Desde los puertos del Chaco, la extracción se canaliza hacia el exterior: tanino producido en la provincia se exporta a más de 50 países, alimentando las cadenas de producción de grandes marcas internacionales, al tiempo que deja deforestación, destrucción del hábitat, jornaleros mal pagos e ilegalidades que —aseguran— las autoridades no controlan.
Organismos ambientales advierten que en las últimas décadas la destrucción del bosque chaqueño se aceleró. Aunque el bosque nativo cumple funciones clave para la regulación del agua, la biodiversidad y el clima, la presión extractiva reduce de forma irreversible su cobertura.
El problema excede una cuestión local: pone en juego la soberanía ambiental del Chaco, su responsabilidad con el clima y la calidad de vida de futuras generaciones. Ante este escenario, diversos sectores reclaman controles estrictos de la explotación forestal, el cese del desmontes indiscriminados y una revalorización del patrimonio natural chaqueño por encima de los intereses comerciales extranjeros.
Mientras tanto, la deforestación continúa, y lo que está en juego —alertan ambientalistas y comunidades rurales— no es solo un recurso destinado a la producción de cuero, sino la supervivencia de un ecosistema invaluable.
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En Argentina quedan menos de 250 yaguaretés y, pese a la protección legal, casi todas las causas por caza o tráfico ilegal se archivan

Fecha de Publicación: 29/11/2025
Fuente: Portal Chequeado
Provincia/Región: Nacional


La desaparición de Acaí, la yaguareté reintroducida en el Parque Nacional El Impenetrable (Chaco) –de la que se perdió rastro el 25 de octubre de 2025– volvió a poner en evidencia la fragilidad extrema de la especie en Argentina. Mientras sigue su búsqueda (aunque, presumen, murió por la acción de cazadores), la Administración de Parques Nacionales valuó el daño ambiental causado por la pérdida de este solo espécimen en casi $ 2.700 millones y la Justicia analiza una recompensa para avanzar con la investigación. 
El caso, en tanto, reabrió una pregunta: si matar un yaguareté es un delito, ¿por qué el sistema penal rara vez logra una condena? Una investigación periodística del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) reconstruye los expedientes del yaguareté a partir de un pedido de acceso a la información pública y de múltiples fuentes relacionadas con el tema.
La única excepción a la impunidad -y el único antecedente conocido en nuestro país- ocurrió en agosto de 2025, cuando 4 hombres fueron condenados a 2 años de prisión por cazar y carnear a un felino en un campo de Ibarreta (Formosa). Se trata de Máximo Cisneros, Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León. 
Según relataron, actuaron en represalia después de que el animal matara una vaca lechera y se acercara de forma amenazante. En el juicio admitieron el hecho y negaron ser cazadores furtivos. “Nunca supimos que el yaguareté era tan protegido. No teníamos idea. Pero tuvimos que decidir: era la vida del bicho o la nuestra”, dijo Cisneros, días antes, en un reportaje con Infobae. En Argentina, según datos de la ONG Fundación Vida Silvestre, quedan menos de 250 yaguaretés.

3 de cada 10 causas son sobre el delito de caza y casi la mitad terminó archivada
Fue un episodio aislado. Antes de este caso hubo decenas de causas similares que se perdieron en el camino: entre 2010 y 2023 la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), la fiscalía federal creada en 2006 para perseguir delitos que afectan el medio ambiente en todo el país, abrió 46 investigaciones preliminares vinculadas al yaguareté. Desde la Red Yaguareté, ONG fundada en 2001 dedicada a la conservación del felino, sin embargo, aseguran que el número real es mayor: la organización sigue más de 75 causas abiertas y sospecha que muchos otros hechos nunca llegaron a judicializarse.
Un análisis del recorrido judicial de esos expedientes muestra que la caza se concentra en el norte del país -con Salta (6 casos), Formosa (4) y Misiones (2) a la cabeza-, mientras que la comercialización de pieles aparece en provincia de Buenos Aires (8) y CABA (3), es decir, donde está el mercado. 
Otro dato relevante: 3 de cada 10 causas son sobre el delito de caza y casi la mitad terminó archivada. Los motivos: falta de pruebas; dificultad para identificar a los responsables; versiones contradictorias sobre el hecho o prescripción por el paso del tiempo. Los pocos casos donde hubo sanción -al menos 2 por tenencia de cueros- fueron de carácter administrativo y no penal, impuestas por organismos ambientales y no por la Justicia Federal.
Según el fiscal Ramiro González, titular de la UFIMA, desde la creación del organismo hace casi 2 décadas el 42% de las investigaciones preliminares que llevan adelante están vinculadas a delitos que afectan a especies autóctonas y protegidas. “Nuestro trabajo no solo busca sancionar, sino también proteger bienes colectivos”, dijo a FOPEA en esta investigación.

La trastienda judicial de los delitos ambientales
De acuerdo con González, la mayoría de las investigaciones por presuntas caza de yaguareté o tenencia de cuero del animal se inician a partir de denuncias de ciudadanos o de organizaciones ambientalistas, como Red Yaguareté, que aportan información clave. 
Si bien el auge de las redes sociales facilitó la detección de casos (muchas personas comercializan especies o suben fotos de caza a Facebook a modo de “trofeo”) no siempre es sencillo dar con los responsables. 
“Los usuarios suelen operar con nombres de fantasía y solo se puede requerir información mediante un oficio judicial firmado por un juez”, dice el fiscal. Con plataformas locales, como Mercado Libre, el panorama mejoró: tras la implementación de filtros automáticos, ya no se registran publicaciones vinculadas a fauna silvestre y, en los pocos casos detectados, la empresa colabora con la Justicia para identificar a los involucrados.
Una vez que la UFIMA logra reunir pruebas suficientes, la investigación preliminar puede derivar en una causa judicial. “No hay un tiempo estimado: intentamos judicializar los casos lo antes posible, pero para ello es necesario contar con una denuncia sólida que contenga suficientes elementos probatorios”, dice González. 
Las principales limitaciones antes de llegar a esa instancia están vinculadas a la dificultad de obtener evidencias contundentes. “Durante la investigación preliminar solo podemos realizar medidas informativas o de fiscalización. Para avanzar con allanamientos o imputaciones formales es necesario que la causa esté judicializada”, dice el fiscal.
Cuando el expediente pasa al ámbito judicial, la UFIMA deja de intervenir. “Solo realizamos el seguimiento con fines estadísticos y de análisis”, dice González.
¿En qué medida la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna responde a los estándares actuales de protección de biodiversidad y derechos ambientales? “Sería necesario incrementar las sanciones y agravar la figura de la caza cuando se trata de un yaguareté”, sostiene el titular de la UFIMA. 
Según González, una persecución más efectiva del delito ambiental requiere de una reforma integral: incorporar tipos ambientales al Código Penal; crear juzgados especializados, y fortalecer la coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y los organismos ambientales, entre otras cuestiones. “La pérdida de especies no es un daño menor: afecta directamente a los ecosistemas y a la calidad de vida de todos”, concluye.

Dónde denunciar delitos vinculados a fauna silvestre
Cualquier persona puede reportar hechos vinculados a la caza, tenencia o tráfico de fauna silvestre ante la UFIMA. Las denuncias pueden realizarse por correo electrónico a ufima@mpf.gov.ar, por teléfono al (011) 7092-6373/74/75, o personalmente en Diagonal Norte 1190, 2° piso, Ciudad de Buenos Aires. Es importante incluir la mayor cantidad de datos posibles -lugar, fecha, fotografías o nombres- y también se puede solicitar hacerlo con reserva de identidad.
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Los carpinchos ganaron en Nordelta: la Justicia ordenó que el barrio se adecue al humedal

Fecha de Publicación: 29/11/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires


El tribunal de San Martín priorizó la fauna autóctona y obligó a revisar rellenos, cercos y “controles” sobre la especie.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín dejó sin efecto el levantamiento de la cautelar que había liberado el avance urbanístico en Nordelta. Los jueces Jorge Saúlquin y Luciano Enrici advirtieron que, sin límites, el ecosistema y las especies quedaban “indefensos ante daños irreversibles”. La resolución vuelve a cuestionar el modelo de expansión sobre humedales.
La abogada Nora Nouche, una de las titulares del pedido y representante de la Asociación Vecinal Ecodefensa Nuevo Delta, celebró la decisión judicial. La describió como un freno real al maltrato, después de años de cercos electrificados, golpes, atropellos, ahogamientos y envenenamientos encubiertos. También adelantó que van por más.
En la causa apuntan contra una red completa de actores: la Asociación Vecinal Nordelta S.A., desarrolladoras inmobiliarias, el Municipio, Parques Nacionales y la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación. Para los demandantes, el problema no es un barrio sino una matriz urbanística que convirtió al humedal en un negocio.

Control y maltrato: qué hacía Nordelta con los carpinchos
La Cámara señaló que el barrio privado aplicó “métodos de control” sin sustento científico. Ordenó frenar la castración química con productos no autorizados y cualquier intervención experimental.
Solo se permitirán medidas sanitarias avaladas por la autoridad ambiental provincial, como vasectomías controladas, esterilizaciones bajo protocolo veterinario o vacunas reconocidas en expedientes oficiales. Nada de pruebas sobre fauna viva.
El fallo también prohíbe fumigaciones con agroquímicos que dañen la flora o la fauna del humedal. La única excepción es el uso sanitario por motivos de salud pública y bajo estándares estrictos. El carpincho es una especie protegida en la provincia, por lo que cualquier manejo debe priorizar su bienestar y el equilibrio ecológico.

Urbanismo versus humedal: el límite judicial
La resolución suspende toda obra que altere lagos, costas o vegetación nativa en áreas no consolidadas. Incluye rellenos de tierra, drenajes, muros de tablestacado y cualquier infraestructura diseñada para encerrar o desplazar animales.
Además, prohíbe nuevas etapas del desarrollo inmobiliario sin un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo y sin participación ciudadana. La expansión no puede continuar como si el humedal fuera un terreno vacío.
La Cámara solo habilita intervenciones menores en lotes ya consolidados y corredores biológicos previstos en los planes provinciales, siempre con supervisión técnica. Lo demás queda prohibido.
La convivencia con la fauna no puede resolverse con vallas y cercos electrificados. Los carpinchos estaban antes. Nordelta deberá ajustarse a la ley y a la naturaleza del humedal que eligió ocupar.
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Detienen una operación de desmonte ilegal y secuestran maquinaria en Nahuel Huapi

Fecha de Publicación: 29/11/2025
Fuente: Minuto Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


El operativo reveló apertura de camino, remoción de especies nativas y presencia de maquinaria pesada en la zona intervenida.
Un operativo realizado por personal de la Unidad Operativa Noroeste del Parque Nacional Nahuel Huapi y efectivos de Gendarmería Nacional confirmó un desmonte no autorizado en el paraje El Rincón, luego de una denuncia por el ingreso de maquinaria pesada y trabajos sin habilitación. La intervención permitió verificar la apertura de un camino interno y el impacto ambiental generado en un sector ubicado al oeste de la Ruta Nacional 231.
En la inspección se constató una traza de entre cuatro y seis metros de ancho y aproximadamente 150 metros de extensión. El área intervenida presentaba remoción de suelo, afectación de vegetación nativa y presencia de ejemplares de coihue cortados de raíz, además de daños sobre arbustos y caña colihue. El personal técnico elaboró un informe preliminar para su incorporación a las actuaciones administrativas que se iniciaron tras la detección de la obra.
El desmonte estaría relacionado con la presencia de maquinaria pesada compuesta por un camión volcador, una minicargadora y una retroexcavadora. Los equipos eran operados por un trabajador de una empresa de servicios y construcción de Bariloche, cuya actividad se encontraba fuera de los parámetros permitidos en jurisdicción del Parque Nacional. El procedimiento derivó en el secuestro del camión volcador, la minicargadora y una motosierra.
El Parque Nacional Nahuel Huapi dispuso la paralización inmediata de los trabajos y realizó la identificación del responsable en el sitio, quien fue notificado de su condición de infractor ante las normativas del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y el Reglamento Forestal. El organismo enfatizó la importancia de la intervención conjunta con Gendarmería Nacional en la etapa de control y verificación.
El área afectada por el desmonte se encuentra dentro de un sector que registra presencia de habitantes legítimos y ocupantes no regularizados, situación que se suma a antecedentes de ventas y subdivisiones ilegales. En este contexto, las autoridades remarcaron que se han detectado avisos inmobiliarios que ofrecen parcelas dentro de la jurisdicción del Parque Nacional sin validez legal ni posibilidad de escrituración.
Las actuaciones administrativas avanzan con la inclusión de los informes técnicos del operativo y los elementos secuestrados, que quedarán incorporados al expediente formal abierto a partir de la constatación de la intervención no autorizada.
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Los argentinos reciclan cada vez más, pero las empresas y cooperativas atraviesan una profunda crisis y trabajan al 50%

Fecha de Publicación: 28/11/2025
Fuente: Canal 26
Provincia/Región: Nacional


En Argentina, cada vez se separan y recuperan una mayor proporción de residuos reciclables. Pero el volumen total de reciclado se redujo en los últimos dos años, debido a una caída general de la producción y el consumo. Al mismo tiempo, la industria del reciclado local colapsa por falta de demanda y bajos precios.
Según el Índice de Reciclado en Argentina 2025, realizado por la empresa Ecoplas y la consultora Opinaia, el 82 % de la población en separa sus residuos reciclables al menos de manera ocasional, lo que refleja un cambio cultural en ascenso frente a los anteriores resultados: 64% en 2022 y 60% en 2019. A su vez, 9 de cada 10 argentinos cree que las marcas deberían contribuir para lograr que los materiales vuelvan al circuito productivo.
El estudio señala que el 63% de los argentinos se interesa por el destino final de los productos que consume y entiende que los plásticos cumplen funciones esenciales en ámbitos como la salud, la higiene y la seguridad alimentaria. Y también indica que el 52% pagaría más por productos hechos con plástico reciclado, superando la predisposición registrada en 2022. Este interés fortalece el valor de certificaciones, ecodiseño y trazabilidad como sellos de confianza para el consumidor. De hecho, el 45 % considera que la presencia de una etiqueta o sello ambiental es un factor importante al momento de elegir un producto.
Desde el lado de las empresas, el reciclado genera una cadena productiva con más de 190 empresas y cooperativas recicladoras en todo el país y emplea a más de 50.000 personas en forma directa e indirecta, según datos de la Cámara de Industrias Plásticas CAIP. Sin embargo, “la industria recicladora tiene una capacidad ociosa del 50% debido a la caída en la producción y el consumo en general, y a la entrada de material reciclado importado”, apuntó Sergio Hilbrecht, Gerente de CAIP.

Recicladores en jaque
Si bien la actividad de reciclado -partiendo de una base muy baja-, se multiplicó por cinco durante los últimos 20 años, actualmente atraviesa un momento crítico por la menor demanda de materiales, la caída de los precios y el repliegue del Estado.
“El reciclado de plásticos cayó 85 mil toneladas entre 2022 y 2024, y en sólo dos años pasó de 318 mil toneladas a 233 mil”, indicó José Luis Picone, director ejecutivo de la Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos (Cairplas), en el marco del Congreso y Exposición Mundial de Residuos Sólidos de ISWA (International Solid Waste Association) que se realizó a fin de octubre en Buenos Aires. “Sin demanda de material reciclado, no hay reciclado industrial; y sin reciclado industrial, no hay economía circular”, advirtió el especialista.
Picone explicó que esta crisis no es sólo local. El precio del petróleo cayó y el PET virgen se volvió más barato que el reciclado. “Cuando el plástico nuevo cuesta menos que el recuperado, la industria elige importar antes que comprar localmente”, señaló. La consecuencia directa es una contracción del mercado, con empresas que reducen operaciones y pérdida de empleos.

El impacto social del reciclado
Del otro lado de la cadena, Matías Capobianco, de la cooperativa Recicladores Unidos de La Matanza, señaló: “Los precios del cartón, del plástico y del vidrio se desplomaron. Ya no alcanza para parar la olla”, graficó. Y contó la realidad que viven muchos cartoneros: “Con la apertura de importaciones y la baja del precio del cartón, la rentabilidad cayó drásticamente. En 2023 vendíamos a 360 pesos el kilo, hoy a 100. Y en muchos barrios no llega ni a eso”.
“El reciclado genera trabajo e inclusión social en los barrios”, sostuvo Alicia Montoya, una de las fundadoras de la cooperativa El Álamo. Y advirtió: “Sin un sistema que garantice precios justos y acompañamiento estatal, se pierden no solo materiales, sino también oportunidades de inclusión y de trabajo digno”.
Por su parte, Giselle Baiguera, de la Fundación Avina, insistió en la necesidad de contar con una Ley de “reciclaje inclusivo”, que integre a las cooperativas y reconozca formalmente el rol de los recuperadores urbanos como parte del sistema público de gestión de residuos.
La entidad impulsa junto a la plataforma Latitud R y con apoyo del BID un programa de Reciclado con Inclusión social que trabaja desde hace una década fortaleciendo cooperativas en más de 30 ciudades argentinas.
Mientras tanto, un proyecto de Ley de Envases con Inclusión Social presentado en 2021 perdió estado parlamentario. La iniciativa, impulsada por distintas organizaciones sociales y cooperativas de recicladores, incluía la Responsabilidad Extendida a lo largo de toda la cadena de producción, venta y posconsumo; establecía directivas para generar menos residuos, eliminar la producción de envases no reciclables y el uso de sustancias tóxicas. También proponía una tasa o impuesto por la generación de cada nuevo envase, destinado a programas de educación, y a mejorar las condiciones de trabajo en las cooperativas de recicladores.

Una segunda oportunidad
Finalmente, Carlos Méndez, presidente de la cooperativa Reciclando Conciencia de Pinamar, mostró durante el Congreso de ISWA 2025 que el trabajo conjunto entre municipios, políticas públicas y organizaciones puede sostenerse en el tiempo.
Nacida en 2010 desde el activismo ambiental, la cooperativa se formalizó en 2014 y hoy cuenta con 46 socios. En 2025 procesará más de 2.100 toneladas de residuos, frente a las 320 que manejaba en 2016. “Logramos mantener la planta funcionando gracias a convenios con el municipio y a normativas como la resolución 317, que permite cobrar un servicio a los grandes generadores”, explicó Méndez. La cooperativa también impulsa programas de educación ambiental y visitas escolares que ya alcanzaron a más de 10.000 alumnos.
“Cuando hay apoyo institucional y reglas de juego claras, el reciclado puede ser un motor de empleo y conciencia socioambiental”, afirmó.
En este esquema son necesarias las políticas públicas. “Estamos viendo el cierre de programas clave como Argentina Recicla y la no ejecución de fondos internacionales que ya estaban aprobados”, apuntó.
El especialista insistió en que el desafío es global y no admite dilaciones. “La contaminación por plásticos, los microplásticos en el mar, los basurales a cielo abierto son temas que no se pueden seguir postergando”, advirtió.
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¿Qué queda detrás del humo en Ezeiza? Apuntes para discutir el aire que respiramos

Fecha de Publicación: 28/11/2025
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires


El sector conocido como "el Polígono de Spegazzini", ubicado en cercanías de la Autopista Ezeiza–Cañuelas (en el sur del conurbano bonaerense) fue noticia en todo el país. Una explosión, en la noche del 14 de noviembre, y el incendio posterior en el lugar donde operan unas 25 empresas de acopio y abastecimiento de materiales y productos químicos se observó en vivo por todos los canales de noticias.
Debajo de una densa columna de humo, en un predio abierto de 130 hectáreas, estaban varias de las empresas instaladas en ese polígono industrial: Logischem, Plásticos Lago, Aditivos Alimentarios "El Bahiense", Iron Mountain, Larocca Minería, Flamia, Almacén de Frío y Parnor. Otras de las compañías que funcionan dentro del predio, pero no sufrieron daños, fueron Sinteplast, Marblock, Vesprini, Bull-Vial, Distri Ahorro y Pinturerías Proxecto.
De acuerdo con las pericias iniciales, en la investigación que lleva adelante la titular de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) 1 de Ezeiza, Florencia Belloc, el fuego se inició en la empresa Logischem, dedicada al almacenamiento y distribución de productos químicos. Los trabajadores volvían del descanso cuando vieron una luz amarilla en el fondo, seguido por varias explosiones.
Según detalló Pablo Celabe, presidente y responsable de Logischem, la empresa contaba con depósitos en el predio. Dos de estos espacios destinados al almacenamiento de materiales y productos químicos como hidrosulfito de sodio, aluminio en polvo, bromuro de metilo, fósforo sólido, cianuro, tambores contenedores de 200 litros, garrafas de 200 de gas butano y productos farmacéuticos. Más de 20 dotaciones de bomberos intervinieron aquella noche y extinguir el incendio llevó varios días.
La explosión generó una onda expansiva muy amplia que dejó daños en hogares, en los que se rompieron vidrios y techos, incluso a kilómetros de distancia. Se reportaron, según el Ministerio de Salud bonaerense, 15 personas con heridas leves por situaciones domésticas producto de la onda expansiva (cortes y lesiones menores). También se ingresó en los centros de salud cercanos a una persona con un infarto y una mujer embarazada con dificultades respiratorias. En el lugar del incendio se registraron 24 heridos, de los cuales ocho debieron ser trasladados a hospitales locales.

Un antecedente en el aire y los mecanismos de prevención 
Lo ocurrido en Ezeiza no resulta un episodio menor. La contaminación del aire es un riesgo ambiental para la salud humana y una de las principales causas evitables de muerte y enfermedades en todo el mundo. El 92 por ciento de la población está expuesta a un aire con niveles peligrosos de contaminación, un problema que causa siete millones de muertes prematuras cada año. Además, es responsable de una gran cantidad de casos de discapacidad entre las personas que sufren estas enfermedades, según la Organización Mundial de Salud (OMS).  
También afecta significativamente los ecosistemas, la biodiversidad, la calidad de los suelos y los cultivos, las fuentes de provisión de agua de consumo, aumenta la corrosión de los materiales, provoca la acidificación de ecosistemas lacustres y contribuye al cambio climático.
En agosto del 2000, con una diferencia de ocho días, se produjeron dos escapes de gases altamente tóxicos (cloro y amoníaco) en el polo petroquímico de Ingeniero White (Bahía Blanca). Esto marcó un quiebre en la relación entre las personas que habitan en las proximidades del predio industrial y la convivencia con el riesgo a la salud y al ambiente, generalmente las familias de los trabajadores y comunidades de alta vulnerabilidad social y económica.
Luego de estos hechos, las autoridades gubernamentales reformaron y desarrollaron mecanismos de seguridad como la capacitación e implementación del “Proceso de Concientización y Preparación para Emergencias a Nivel Local” (Apell) del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), que tiene como objetivo crear una comunidad cohesionada y resiliente frente a riesgos tecnológicos (especialmente cuando hay involucrados productos químicos) y las emergencias ambientales, mediante la concienciación y el acuerdo coordinado entre la industria, el gobierno y la comunidad local, en caso de que eventos inesperados pongan en peligro la vida, bienes materiales y el ambiente.
Para el caso del Polígono de Spegazzini está la normativa sobre Habilitación y Funcionamiento de las Industrias, Límites de Emisiones de Sustancias Contaminantes y Calidad de Aire, cuya aplicación está coordinada por el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) dado que el lugar del incidente se ubica dentro de esa cuenca.
Las acciones de planificación para la prevención y actuación ante la emergencia que involucre Productos Químicos Peligrosos deben tomar en consideración de manera prioritaria lo siguiente:
- El Principio Precautorio establecido como “Principio 15” en la Declaración Política de la Conferencia sobre Medio Ambiente de Río 92 y adoptado por la Ley General del Ambiente (25.675) que expresa que “cuando una actividad representa una amenaza o un daño para la salud humana o el ambiente, hay que tomar medidas de precaución incluso cuando la relación causa-efecto no haya podido demostrarse científicamente de forma concluyente”.
- El Derecho a la Información de la Comunidad basado en la mejor ciencia disponible establecido en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) y el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental (Ley 25.831).
Frente a lo ocurrido en Ezeiza observamos en el debate público una disociación entre los discursos gubernamentales, de la comunidad y de la ciencia consolidada en materia de química y salud ambiental, que se aleja de la posibilidad de garantizar el cuidado y protección de la población, sobre todo si ésta es vulnerable por las condiciones socioeconómicas y la cercanía a predios industriales, y de los ecosistemas y bienes naturales, que es responsabilidad ineludible de las administraciones gubernamentales.

La respuesta oficial y las voces de la comunidad
La cartera de Salud bonaerense activó el “código rojo” en clínicas y hospitales de la región para que reciban a las personas afectadas. Además, la línea de atención a la comunidad del Centro Provincial de Toxicología recibió 45 llamados vinculados al incidente. Todos correspondieron a consultas de orientación, sin requerir derivación al sistema de salud.
En las primeras horas se recomendó a las y los vecinos de Ezeiza, y zonas aledañas, que permanezcan dentro de sus casas por la posible toxicidad del humo. “Permanecer dentro de los hogares, manteniendo puertas y ventanas cerradas, apagar aires acondicionados y ventiladores que tomen aire del exterior y evitar circular por la zona afectada y no acercarse para tomar fotos o videos”, fue el mensaje del Ministerio de Ambiente bonaerense aquella noche. 
El director de Defensa Civil de Buenos Aires, Fabián García, confirmó que "la primera empresa que hizo explosión es de logística química" e informó que las mediciones de calidad del aire realizadas en la zona no detectaron gases peligrosos: "Los valores registrados corresponden únicamente a material particulado". El "material particulado" es el indicador más representativo de la calidad del aire, debido a que es el contaminante con mayor capacidad de afectar a la salud humana, por esta razón es uno de los más usados en el mundo. Estas partículas pueden ser de diferentes tamaños, pero las más perjudiciales para el ser humano son las denominadas PM10 y PM 2,5. 
El sábado, cuando el incendio continuaba activo, el ministro de Salud de Buenos Aires , Nicolás Kreplak, explicó que la combustión del incendio estaba compuesta por “partículas grandes, por lo que no cuentan con tanta toxicidad” y compartió los resultados del estudio del Ministerio de Ambiente provincial: “Concluimos en que no es una nube tóxica, es humo por elementos que fueron quemados, sobre todo caucho (pertenecientes al depósito de Minera La Roca). Tiene la particularidad de ser poco patogénico. Hemos tenido muy pocos casos denunciados en el Centro de Toxicología. La nube se va a terminar de disipar en el transcurso del día (sábado 15), no esperamos que sea perjudicial para la salud pública ni para el ambiente”. 
De todas maneras, la recomendación oficial fue que las personas sensibles al humo —niños, adultos mayores o quienes padecen enfermedades respiratorias— eviten la exposición directa hasta que el material en suspensión se haya disipado completamente. “Debido a la explosión ocurrida en una fábrica de productos químicos en Ezeiza, recomendamos no salir de sus casas y mantener puertas y ventanas cerradas”, fue también la recomendación que emitieron los municipios del Conurbano como La Matanza, Esteban Echeverría y Ezeiza horas después del incendio. 
Entre los vecinos de los barrios afectados, que hablaron ante los medios que cubrieron en cadena el hecho, la preocupación por la salud fue el denominador común: “Se vio un hongo negro y el fuego. Se veía todo rojo y se empezó a sentir un olor feo”, relató una vecina. Entre la columna de un humo negro y el fuerte olor a plástico quemado los vecinos reportaron las horas que pasaron entre cenizas en suspensión y una neblina espesa que se extendía entre sus casas.
"Era una bomba de tiempo, cuando iban a sacar muestras se ponían toda una protección estilo buzo de la marina. Y todo eso se quemó, está todo en el aire. Y por eso no puedo creer que hayan dicho que no era tóxico, es una locura que hayan dicho eso a la población", alertó un ex empleado de Logischem.

¿Qué dice la ciencia sobre los impactos a la salud y al ambiente? 
Los procesos de combustión son la principal fuente de los contaminantes atmosféricos como ser monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), ozono (O3), contaminantes orgánicos volátiles (VOCs), hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), material particulado (PM2.5 y PM10), a lo que se suman los generados por las reacciones químicas en el ambiente y por otros compuestos químicos presentes en los materiales de combustión como cloruro de hidrógeno (ClH), sustancias cloradas aromáticas persistentes, ácido sulfúrico (SO4H2), ácido nítrico (NO3H) y ácido cianhídrico (CNH), entre otros.
Sabemos a través de los últimos trabajos científicos y de revisiones sistemáticas de datos que los contaminantes del aire son causantes importantes de enfermedades no transmisibles, como el asma, los trastornos del desarrollo neurológico, los defectos de nacimiento en los niños; y en adultos: enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y cáncer.
Entre los efectos de salud inmediatos de la exposición a la contaminación atmosférica figuran la irritación de ojos, nariz y garganta; dificultad respiratoria, tos y el empeoramiento de las enfermedades preexistentes, como los ataques de asma. La edad, las enfermedades preexistentes y otros factores de riesgo de enfermedad y las alergias a los contaminantes pueden afectar al tipo de reacción que una persona experimenta ante un agente contaminante.
Como marcamos anteriormente, el “material particulado” es el indicador más representativo de la calidad del aire, debido a que es el contaminante con mayor capacidad de afectar a la salud humana, y las partículas más perjudiciales para el ser humano son las denominadas PM10 y PM 2,5. 
Las partículas PM10 entran a las vías respiratorias y pueden llegar a instalarse en los pulmones, de forma que pueden generar graves enfermedades. Las partículas PM 2,5 se consideran las más dañinas de todas: por su tamaño pueden ingresar en el torrente sanguíneo y son capaces incluso de llegar al cerebro, de acuerdo con la investigación “Exposición a corto plazo a partículas (PM 10 y PM 2,5)”, publicada en 2020.
La exposición a la contaminación por partículas tiende a afectar en su mayoría a personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, niños, niñas y adultos mayores.
Con el fin de ayudar a los países a lograr un aire más limpio y reducir el riesgo para la salud, la OMS ha establecido una serie de valores guía para los principales contaminantes atmosféricos con las Directrices mundiales de la OMS sobre la calidad del aire, que países como Argentina han adoptado, como son niveles límites de exposición en su Normativa sobre Calidad de Aire. 
La Organización Mundial de Meteorología (OMM), el Pnuma y la OMS han desarrollado en forma conjunta Plataformas Interactivas de Calidad de Aire de Ciudades (IQAir) con los datos de mediciones reportados de Estaciones de Monitoreo Fijas y Satelitales que son de acceso público. Se basan en el Índice de Contaminación del Aire (ICA), que incorpora los valores guía de la OMS y se visualiza como una grilla de colores para permitir conocer si el aire puede afectar la salud.
En los gráficos se pueden observan los registros de datos de ICA y PM 2,5 obtenidos de la plataforma IQAir, correspondiente a la Estación de Monitoreo de La Matanza (Acumar), la más cercana al lugar del hecho, entre las 13 horas del 14 de noviembre hasta las 7 de la mañana del 15 de noviembre. Durante el horario de ocurrencia del evento y horas posteriores las barras naranjas nos indican que la calidad de aire no era saludable para los grupos mas sensibles de la población (niños, niñas, bebes y adultos mayores) y el PM 2.5 —de 141microgramos por metro cúbicos (µg/m3)— sobrepasaba ampliamente el valor de 15 µg/m3 establecidos por la OMS en 2021.

Cómo seguir después del humo
La proximidad de la población a los polos industriales es de un gran riesgo para su salud. En el caso de Ezeiza está determinada por una compleja realidad socioeconómica, que persiste desde hace décadas en región de la Cuenca Matanza Riachuelo y que fue reconocida por la Corte Suprema en el "fallo Mendoza".
La relocalización de establecimientos de alta peligrosidad debiera ser prioridad, pero en el mientras tanto, para minimizar, los impactos la población debiera participar de la planificación de los planes de emergencia y estar informada con la mejor ciencia disponible porque es su derecho.
De acuerdo con los antecedentes científicos y directrices de la OMS mencionados, la población expuesta durante el siniestro requiere tener un seguimiento de su estado de salud para verificar la posible existencia de los efectos sobre la salud descriptos, y conjuntamente un monitoreo del suelo, los ecosistemas cercanos y las fuentes de provisión de agua. En ambos casos deberán estar garantizados por el Estado provincial. En tiempos donde el negacionismo y el discurso anticientífico intentan imponerse como “verdad” debemos anteponer el conocimiento y la sensibilidad humana para proteger la vida y el hogar que habitamos.

Por Silvia Oliviero Ghietto
Magister en Química y Ambiente. Docente en UNDAV y UTN. Ex Responsable de Ambiente del Centro de Contaminantes Orgánicos INTI y Ex Profesional Especializado de la Dirección de Salud y Educación Ambiental de ACUMAR.
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Denuncian que censuraron en el Conicet un informe crítico sobre la explotación minera en Mendoza 

Fecha de Publicación: 28/11/2025
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Mendoza


Un documento expone graves fallas en el estudio ambiental del proyecto minero San Jorge, que ayer avanzó en la Legislatura provincial. Fue desactivado de la web oficial del organismo. Lanzan una campaña de firmas para defender la autonomía científica.
La publicación de un documento crítico sobre la explotación minera en Mendoza desató un conflicto interno en el Conicet, el organismo científico más importante del país. Investigadores y becarios denuncian que las autoridades censuraron un informe publicado en las últimas horas que ponía en discusión el avance del emprendimiento minero San Jorge, que avanzó este miércoles en la Legislatura local. 
El documento titulado Comunicado Institucional del CONICET Mendoza sobre el Proyecto San Jorge Cobre Mendocino llegó a publicarse en la web pocas horas hasta que su link de acceso fue desactivado. El texto reúne observaciones técnicas sobre el emprendimiento minero San Jorge y había sido consensuado por especialistas de múltiples institutos y aprobado por los equipos técnicos del centro científico.
La acusación es que se trató de un intento de censura en medio del fuerte ajuste de la gestión de Javier Milei sobre la ciencia, además de que revela la connivencia del gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, con la Nación. Ayer el mandatario provincial festejó que la Cámara de Diputados local aprobara la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, la iniciativa antes conocida como San Jorge, que busca explotar cobre en Uspallata. 

Qué dice el comunicado que quisieron frenar
El documento, finalmente publicado por vías alternativas, advierte que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa tiene deficiencias graves en todos los ejes evaluados, desde el agua hasta el patrimonio arqueológico. Entre los puntos más importantes, el Conicet Mendoza señaló en su comunicado que:
• Existe un riesgo potencial de contaminación de las aguas subterráneas que recargan basalmente al arroyo Uspallata, generando un problema que incumbe a toda la cuenca del Río Mendoza.
• En términos generales, la información utilizada en el Informe de Impacto Ambiental presentado resulta insuficiente, desactualizada y, en algunos casos, incorrecta.
• En términos económicos el proyecto no determina fehacientemente la incidencia del proyecto en las distintas etapas, sobre todo en relación con los impactos múltiples detectados.
• La explotación minera proyectada en esta área afectaría de manera directa bienes arqueológicos no renovables, incluyendo los registros más antiguos de ocupación humana en la región y segmentos del Qhapaq Ñan. El deterioro de estos valores podría comprometer incluso la integridad de un bien declarado Patrimonio Mundial, cuya protección constituye una obligación legal y ética del Estado.
• Los impactos previstos alcanzan de forma directa a las comunidades originarias Huarpe, para quienes estos territorios poseen profundo significado cultural, espiritual e identitario.
• Se identificaron importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino. La falta de datos actualizados, de líneas de base completas y de estudios adecuados impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza.
• Se considera necesario que las autoridades soliciten la revisión y ampliación del estudio antes de continuar con el proceso administrativo. Solo una evaluación completa y rigurosa permitirá resguardar el interés público y garantizar la protección del ambiente y del patrimonio de la provincia. 

La denuncia de censura
Según recogió elDiarioAR de trabajadores del Conicet Mendoza, la dirección del organismo habría ordenado bajar la publicación y así evitar conflictos con el gobierno provincial. El episodio generó malestar y una reacción inmediata dentro de la comunidad científica, que interpretó la maniobra como un intento de disciplinamiento político en un área donde la independencia técnica es un principio básico.
Para robustecer la denuncia de censura, investigadores y becarios lanzaron un formulario de adhesión pública donde reclaman:
- respeto a la autonomía técnica del Conicet,
- cese de presiones políticas sobre equipos científicos,
- garantías para que los informes críticos puedan publicarse sin interferencia,
- protección laboral y académica para quienes participan en evaluaciones ambientales.
El formulario —abierto a firmas de la comunidad científica y la ciudadanía— busca reforzar la legitimidad del comunicado y evitar que situaciones similares se repitan en próximos dictámenes vinculados al ambiente, un área especialmente sensible en Mendoza tras décadas de movilización social contra la megaminería. 
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