Incendios en Córdoba: la contracara del desarrollismo de Juan Schiaretti que quema a Martín Llaryora

Fecha de Publicación: 11/09/2024
Fuente: Portal Letra P
Provincia/Región: Córdoba


El fuego aviva las sospechas políticas y económicas. Culpas cruzadas entre el gobierno provincial y municipios. El uso de la tierra, en el centro del debate.
La sucesión de incendios forestales, que podrían recrearse esta semana con la continuidad de condiciones climáticas, ha vuelto a poner a Córdoba en el centro de la cobertura periodística. Las mismas llamas reavivaron cuestionamientos sobre las políticas ambientales de los 25 años de gobiernos cordobesistas y tienen a Martín Llaryora como heredero.
Buena parte de las críticas se concentra en las últimas gestiones deJuan Schiaretti, el gobernador que intentó dar proyección nacional a un modelo cordobesista caracterizado como desarrollista, con grandes obras públicas y expansión de la producción agrícola ganadera como sellos distintivos.
Al modelo le llueven cuestionamientos que advierten sobre las consecuencias del avance de la frontera urbana, con megaproyectos inmobiliarios, sobre menguantes reservas de bosque autóctono. Valga como referencia que, de 12 millones de hectáreas de superficie cubierta con vegetación nativa que poseía la provincia a principios del siglo XX, hoy sólo quedan unas 500 mil hectáreas.
Sobre crecientes extensiones deforestadas, donde ahora crecen pasturas y vegetaciones bajas, alternan sequías, incendios y hasta inundaciones por la pérdida de capacidad de absorción de los suelos.

Los años de Juan Schiaretti
Aunque los trazos gruesos del cordobesismo hayan sido definidos por José Manuel de la Sota, a fines del siglo pasado, las críticas por el manejo de la cuestión ambiental señalan una marcada tendencia al uso de la tierra para fines económicos, antagónicos con la preservación ambiental, en años de gestión Schiaretti.
“Desde 2014 el sector agropecuario se consolidó como la actividad de mayor peso en la economía provincial, superando a la industria manufacturera y al comercio”, reza el informe Ambiente, Economía y Presupuesto en Córdoba, elaborado por el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) en julio de 2022.
Buena parte de las críticas se concentra en las últimas gestiones de Juan Schiaretti, el gobernador que intentó dar proyección nacional a un modelo cordobesista caracterizado como desarrollista, con grandes obras públicas y expansión de la producción agrícola ganadera como sellos distintivos.
Al modelo le llueven cuestionamientos que advierten sobre las consecuencias del avance de la frontera urbana, con megaproyectos inmobiliarios, sobre menguantes reservas de bosque autóctono. Valga como referencia que, de 12 millones de hectáreas de superficie cubierta con vegetación nativa que poseía la provincia a principios del siglo XX, hoy sólo quedan unas 500 mil hectáreas.
Sobre crecientes extensiones deforestadas, donde ahora crecen pasturas y vegetaciones bajas, alternan sequías, incendios y hasta inundaciones por la pérdida de capacidad de absorción de los suelos.

Los años de Juan Schiaretti
Aunque los trazos gruesos del cordobesismo hayan sido definidos por José Manuel de la Sota, a fines del siglo pasado, las críticas por el manejo de la cuestión ambiental señalan una marcada tendencia al uso de la tierra para fines económicos, antagónicos con la preservación ambiental, en años de gestión Schiaretti.
“Desde 2014 el sector agropecuario se consolidó como la actividad de mayor peso en la economía provincial, superando a la industria manufacturera y al comercio”, reza el informe Ambiente, Economía y Presupuesto en Córdoba, elaborado por el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) en julio de 2022.
Especial indignación despiertan aquellos que emergen en áreas protegidas. Según las sospechas, las llamas logran eliminar vegetaciones como primer paso para el cambio de un restrictivo uso de suelo.
Tales denuncias apuntan a un aspecto medular: el ordenamiento territorial de la provincia. En especial el correspondiente al bosque nativo, hoy tutelado por la ley 9814.
Sancionada en 2010, dividió a la provincia en zonas de alta, media y baja restricción. Su promulgación no dejó conformes a la referencias ambientalistas. La posibilidad de desmontes para minería y rolado sigue recibiendo críticas. La falta de actualización de sus mapas, prevista cada cinco años, alienta suspicacias. El mapa vigente, admiten funcionarios, no se corresponde con la foto actual. La vegetación típica ha perdido número. El cambio de especies de altura por arbustos y pasturas favorece la recurrencia de incendios.

Herencia para Martín Llaryora
Tal actualización es uno de los compromisos que recae ahora en Llaryora. Congruente con su mirada “verde”, el gobernador ratificó su compromiso con la cuestión: por primera vez la provincia cuenta con un Ministerio de Ambiente. Su titular, Victoria Flores, manifestó su decisión de poner a la cuestión en el centro de la agenda.
Desde esta cartera bajan el tono a las suspicacias. “No hay cambio de uso del suelo, aunque haya incendios. Si una zona de alta protección es incendiada, eso no significa que automáticamente se cambie su categoría de conservación”, dicen.
Las mismas fuentes apuntan a las administraciones municipales por incumplimientos en la normativa. Particularmente por aprobaciones de urbanizaciones en zonas prohibidas, en uso de sus autonomías para ordenar usos de suelos.
La acusación transparenta otras ausencias en la política provincial. Por un lado, la falta de planificación en el área metropolitana, con acciones conjuntas para evitar diversidad de criterios entre localidades vecinas que absorben migraciones. Cada proyecto inmobiliario de gran escala supone ingentes fondos frescos para intendencias poco restrictivas.
Por otra parte, la falta de regularización de ejidos en zonas del Gran Córdoba. Esas zonas grises, atravesadas por pujas entre municipios y entre privados, suelen escenificar focos de rápida propagación en secos inviernos.
“La ley 9.814 se ha violado en muchos lugares. Muchos incendios han tenido intencionalidad sobre ese uso del suelo. Pero el mapa no cambia. La decisión política es no dar viabilidad a ningún proyecto que esté en zona roja o amarilla. Desde diciembre del 2023 no se ha habilitado nada”, afirma una fuente oficial.

Más fuego
Los incendios de los primeros días de septiembre consumieron casi 25 mil hectáreas. La cifra equivale a la mitad de lo que las llamas devoraron en 2023, lejos aún de los registros del 2020, año en que el fuego devoró 340 mil hectáreas.
El principal foco de este invierno tuvo lugar en Yacanto de Calamuchita, una región que ha recibido a miles de nuevos vecinos y que concentra buena parte de la actividad turística.
Según la Agencia Córdoba Turismo, en la temporada de verano 2023/2024 más de cinco millones de personas visitaron la provincia. Los valles de Punilla, Calamuchita y Traslasierra nuclearon aproximadamente un 75% de la actividad turística. En todos ellos, con la conectividad como argumento, se han desarrollado obras viales de gran impacto ambiental.
Otros dos focos de magnitud ocurrieron en el Gran Córdoba. Uno a la vera de la ruta 20, que conecta la capital con Villa Carlos Paz. El otro en la Reserva Natural de la Defensa, en zonas pertenecientes al Tercer Cuerpo de Ejército. Desde allí se dirigieron a La Calera, ciudad serrana que triplicó habitantes gracias a la proliferación de barrios cerrados.
Sobre esa misma región sobrevuelan especulaciones. Proyectos aún informales esperan guiños para sumarse a un circuito de urbanizaciones “de montaña”, con habitantes de elevado perfil económico.

Las críticas de la oposición
En esas zonas permanecen guardias de bomberos que, por años, han esperado reconocimientos que trasciendan lo simbólico. La oposición pide explicaciones por ellos. Legisladores de Juntos por el Cambio apuntan a la ausencia de personal específico, hoy destinado a las denominadas guardias urbanas, y al manejo de fondos.
Desde el Gobierno responden con fastidio. Según explican desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil, los 120 efectivos del Equipo Técnico de Ayuda ante Catástrofes que se han sumado, en pase, a tareas de seguridad urbana representan un 10% del total y mantienen facultades para intervenir en siniestros. Además, remarcan que el gobierno ha elevado de 1500 a 5000 millones de pesos el Fondo Permanente para Situaciones de Desastre.
Por lo bajo, voces calificadas admiten que, como tantas administraciones, no parece suficiente la preparación para afrontar las consecuencias del cambio climático. Tampoco para desandar el camino emprendido desde 1999. “La crisis económica los frenó, pero no hay aún replanteo para dejar de lado obras públicas de gran impacto ambiental. Tampoco para reforestar zonas hoy destinadas al agro, donde los propios productores se involucran en la materia”, fustigan.
"En menos de 20 años, los focos arrasaron una superficie equivalente a 12 ciudades de la provincia. Eso no se recupera", lamentan foros ambientales.
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Crisis Ambiental en Mendoza: Derrame de Petróleo en Lunlunta Despierta Alarmas y Temores en la Comunidad

Fecha de Publicación: 11/09/2024
Fuente: Portal  La Política Ambiental
Provincia/Región: Mendoza


Un reciente hallazgo de agua y tierra empetrolada en Maipú genera preocupación por el impacto ambiental y la posible expansión de la contaminación. La diputada Gabriela Lizana exige respuestas y la justicia investiga el origen de este pasivo ambiental.
La tranquilidad de Lunlunta, en Maipú, Mendoza, se ha visto sacudida por un descubrimiento inesperado y preocupante. Mientras los productores locales realizaban una zanja para drenar el exceso de agua de las napas saturadas, encontraron una sustancia negra, viscosa y con un fuerte olor a combustible. El hallazgo reveló la presencia de petróleo en el agua y la tierra, desatando una alarma ambiental en la región.

Un Hallazgo Preocupante: ¿Qué Está Pasando en Lunlunta?
La maniobra que buscaba aliviar la saturación de las napas subterráneas terminó mostrando un panorama inesperado. La sustancia encontrada es petróleo, probablemente proveniente de pasivos ambientales mal gestionados en el pasado. Esto no solo genera preocupación por el impacto en el medio ambiente, sino que también afecta a los viñedos y olivos que rodean la zona. La presencia de estos contaminantes podría tener consecuencias graves para la salud de los residentes y la producción agrícola local.

Acciones en Marcha: Diputada y Justicia Tomando Cartas en el Asunto
La diputada Gabriela Lizana, del Frente Renovador, no tardó en reaccionar. El 6 de septiembre presentó un pedido de informes al Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, exigiendo detalles sobre la contaminación encontrada y las acciones a tomar. “Queremos saber qué está pasando y qué medidas se van a implementar para solucionar este problema”, expresó Lizana.
Mientras tanto, la justicia ha comenzado una investigación para rastrear el origen de la contaminación y determinar responsabilidades. El Departamento General de Irrigación (DGI), encargado de realizar la zanja, descubrió las manchas de petróleo y documentó el hallazgo. Los productores locales han presentado muestras de agua, tierra y vegetación para respaldar su denuncia.

Un Problema Recurrente: Casos de Derrames en Argentina
Este no es el primer incidente de contaminación por petróleo en Argentina. Aquí algunos ejemplos de derrames que han marcado el país:
- Las Heras, Santa Cruz (2011): Un derrame masivo afectó el suelo y las aguas subterráneas debido a una falla en una tubería. Este evento requirió una operación de limpieza extensa y mostró las fallas en la gestión de los residuos petroleros.
- Río Colorado, Buenos Aires (2016): Una ruptura en una tubería de YPF contaminó el río Colorado. El incidente subrayó la necesidad urgente de una mejor regulación y control de la industria petrolera.
- Vaca Muerta, Neuquén (2017): Un derrame en la formación de Vaca Muerta reveló la vulnerabilidad de las operaciones de extracción de hidrocarburos. Este evento destacó la necesidad de mejoras en la regulación y supervisión.

Impacto en la Comunidad: ¿Qué Pasa en Lunlunta?
En Lunlunta, la situación es crítica. El petróleo encontrado podría haber estado oculto en el subsuelo durante años. La preocupación es que, si se realizan más excavaciones, podrían aparecer más restos de pasivos ambientales. Esto afectaría no solo la salud de los residentes, sino también el entorno productivo y turístico de la zona.
La calle Franklin Villanueva, un corredor clave para la economía local, está cerca del área afectada. Este corredor incluye bodegas, plantaciones y estructuras petroleras, lo que aumenta la preocupación sobre los efectos de la contaminación en la industria y el turismo.

Qué Se Está Haciendo: Medidas y Recomendaciones
Para enfrentar esta crisis, se proponen varias medidas:
Revisión de Normativas: Es fundamental fortalecer las regulaciones ambientales y garantizar que los pasivos ambientales sean gestionados y remediados adecuadamente.
Tecnología de Monitoreo: Invertir en tecnologías avanzadas para detectar y controlar la contaminación de manera temprana.
Participación Comunitaria: Involucrar a la comunidad en la vigilancia ambiental y en la toma de decisiones, asegurando una mayor transparencia y colaboración.

Conclusión
El hallazgo de petróleo en Lunlunta es un llamado de atención sobre la necesidad de una mejor gestión ambiental en Mendoza y en Argentina en general. La situación actual destaca la urgencia de tomar medidas para proteger la salud pública y el medio ambiente, y para evitar que incidentes como este se repitan en el futuro.
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El humo llegó al AMBA y hay alerta en 15 provincias

Fecha de Publicación: 10/09/2024
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional


El Servicio Meteorológico Nacional sostuvo que el fenómeno persistirá hasta el miércoles.
La cortina de humo proveniente de los incendios que se desarrollan en el Amazonas y algunas regiones de Bolivia y Paraguay llegó hoy al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), al tiempo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para 15 provincias por visibilidad reducida.
“Se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social”, explicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa.
Las provincias bajo advertencia, situadas todas en la zona norte son Misiones, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero y Chaco, así como partes de Jujuy, Salta, Catamarca, Santa Fe y Tucumán.
Según el SMN, por el humo “se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social”.
En diálogo con Marcelo Longobardi y equipo en Esta mañana, el programa que se emite por Radio Rivadavia, la vocera del organismo, Cindy Fernández, señaló que el fenómeno “persistirá hasta el miércoles en la zona central de la Argentina”.
En este sentido, resaltó que Chaco, Formosa y Corrientes tuvieron presencia de humo entre el jueves y el viernes pasado, mientras que advirtió: “Se incrementará en Córdoba, Santa Fe y la zona norte de la provincia de Buenos Aires que incluye a toda el Área Metropolitana”.
Por otra parte, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia declaró la “emergencia nacional” debido a los incendios forestales que han afectado más de 3,8 millones de hectáreas de bosques y pastizales en el país vecino.

Las recomendaciones del SMN
La autoridad aconseja a la población evitar actividades al aire libre, proteger las vías respiratorias y oculares, no circular en la vía pública, pero, en caso de hacerlo, se deben tomar las precauciones necesarias en las rutas con baja visibilidad por humo.
Además, piden que los conductores manejen despacio, mantengan la distancia y que usen las luces bajas.
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Cayó una red de venta ilegal de fauna marina en CABA

Fecha de Publicación: 10/09/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Capital Federal


Cinco locales fueron clausurados en la Ciudad de Buenos Aires por dedicarse a la cría y comercialización ilegal de especies marinas. Las inspecciones a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), revelaron la existencia de más de mil corales, cuyo valor en el mercado negro asciende a $400 millones. Los responsables enfrentan cargos por infringir la Ley de fauna silvestre y operar sin habilitación.
El caso surgió a partir de una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), que descubrió que los locales simulaban ser acuarios legítimos, cuando en realidad operaban fuera del marco legal.
Las especies secuestradas, protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), no contaban con la documentación legal requerida.
Los responsables de los comercios fueron imputados por infracción a la Ley Nacional de Fauna Silvestre (22.421) y por ejercer actividades comerciales sin habilitación. Para tener una referencia, en acuarios bonaerense se consiguen corales desde 5.000 hasta 550.000 pesos. Los más vendidos, por caso, se cotizan de 50.000 a $400 mil.
Durante las inspecciones, realizadas en conjunto con la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA) y otros organismos del Gobierno de la Ciudad, se procedió a la clausura inmediata de los establecimientos.
A su vez, secuestraron más de 1200 corales de diversas especies. Se estima que su valor en el mercado negro ronda los 400 millones de pesos.
Además se encontraron otros animales, como estrellas de mar y peces cartilaginosos protegidos como las rayas. Cabe señalar que la cría de estas especies está expresamente prohibida en la Ciudad. Por estos motivos, posteriormente, se labraron actas y se procedió a clausurar los cinco locales implicados.
Finalmente, el fiscal Carlos Rolero Santurián, quien está a cargo de la UFEMA, imputó a los cinco responsables de los negocios por infracción a la Ley de fauna silvestre y por ejercicio de actividad sin habilitación.
Este tipo de comercio ilegal representa un grave peligro para la biodiversidad marina, ya que las especies son utilizadas no solo para acuarios ornamentales, sino también en la elaboración de medicinas y otros productos.
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Vuelos aéreos revelan el impacto de los residuos plásticos en las costas de Chubut

Fecha de Publicación: 10/09/2024
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut


El Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, realizó el primer relevamiento aéreo de las costas de Chubut con el fin de dimensionar el impacto de la contaminación plástica de origen pesquero en sitios claves para la conservación de la biodiversidad marina.
Para dimensionar el impacto de la contaminación plástica de origen pesquero en sitios clave para la conservación de la biodiversidad marina, el Gobierno de la Provincia realizó el primer relevamiento aéreo de las costas chubutenses, cubriendo una zona que supera los 1.300 kilómetros de recorrido.
Se trató de dos vuelos enmarcados en el Proyecto MaRes, que fueron coordinados por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, la Secretaría de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Pesca y la Administración de Parques Nacionales.
Los relevamientos aéreos, autorizados por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut y la Administración de Parques Nacionales, se realizaron en dos etapas: en una primera instancia se cubrió el Área Natural Protegida Península Valdés y en la segunda se sobrevoló el territorio que comprende el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral y parte de la costa provincial; registrando así una cobertura total de 1.329 kilómetros, entre los dos vuelos.

Protección y conservación
Respecto a los vuelos, la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo, aseguró que “son un recurso muy valioso para la toma de decisiones. Nos permiten identificar, a lo largo de toda nuestra costa y especialmente en nuestras Áreas protegidas, los puntos más afectados y críticos”.
Cabe resaltar que también participaron de la actividad los equipos técnicos del Instituto de Conservación de Ballenas y el CCT CONICET - CENPAT, quienes comparten la necesidad de evaluar en forma integral la dinámica de los residuos plásticos de origen pesquero e identificar los sitios de acumulación y sus grados de impacto, a lo largo de toda la costa chubutense.

Optimizar acciones de limpieza
Por último, desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas se remarcó que la información se complementará con el análisis de las corrientes oceánicas, imágenes satelitales e incluirá el mapa de catastro de los campos costeros, lo cual permitirá a las autoridades organizar y optimizar acciones de limpieza y remediación de playas como así también evaluar la accesibilidad a diferentes sitios con grados de impacto variables.
Además, el análisis de resultados permitirá conocer la efectividad e identificar posibles mejoras sobre la gestión de los residuos en embarcaciones y puertos.
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Por qué hay 95 proyectos de medio ambiente cajoneados en el Congreso: “Es un escenario inédito”

Fecha de Publicación: 09/09/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


Los que habitan los montes y los bosques. Los que viven frente al mar. En lo alto de las montañas o al pie de los glaciares, experimentan una sensación de olvido. Es una idea que se potencia en el seno de las organizaciones que trabajan sobre temas de naturaleza. “Nadie firma nada, no hay gestión. El Gobierno no toma decisiones ambientales. Todo es una parálisis, mientras los ríos del norte se secan y se extinguen y los animales mueren de sed. Volvieron los incendios. Cuál es el plan para el verano. Lo mismo pasa en los mares o donde sea. Avanzan proyectos industriales pero nadie repara en el cuidado del ambiente. Es un escenario inédito”, dice la titular de una ONG dedicada a la restauración de ecosistemas.
Los ambientalistas están desconcertados. Están que trinan. Pero no saben bien a quién dirigirse. La información que surge, por indagaciones de Clarín, es que la secretaria de Ambiente, Ana Lamas, estaría sin margen para conducir nada, sin poder para tomar decisiones y hasta cerca de abandonar su cargo, jaqueada por internas cruzadas en el ex ministerio. Pasaron nueve meses del gobierno de Javier Milei y no hay interlocutores válidos para tratar las urgencias ambientales que abundan en la Argentina.
“El cuidado del medioambiente nos corresponde a todos y tiene un gran valor para nuestro país, ya que nos permitirá generar riqueza, a la vez nos permitirá vivir más y mejor”, escribió el diputado Carlos D’alessandro a días de su nombramiento como presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente Humano. Sin embargo, desde ese nombramiento en abril, D’alessandro jamás convocó a una reunión y ya son 95 los proyectos que se apilan en la comisión permanente desde diciembre del 2023.
Las presentaciones incluyen leyes, pedidos de informes, resoluciones y declaraciones de toda índole. Algunos con más urgencia que otros, como el pedido para extender la emergencia por incendios, la creación de un fondo contra desastres climáticos o garantizar un presupuesto mínimo para la restauración de los humedales.
La agenda ambiental en la era Milei esté postergada y no es una novedad. El presidente fue categórico en el Pacto de Mayo y poco margen queda para pensar a corto o mediano plazo. El abandono de la comisión no solo preocupa a ambientalistas sino también a sectores exportadores que necesitan posicionarse en mercados internacionales cada vez más exigentes con la trazabilidad ambiental de los productos que demandan. Uno de los hitos de este años fue la aparición de un regulación sobre deforestación para productos que se exportan a la Unión Europea.
Algunos diputados que integran la comisión están desconcertados y preocupados por la situación. Por la bajo, no son pocos los que aseguran que la expresión “cambio climático” ha pasado a estar prácticamente prohibida y si se encuentra en algún proyecto se sabe que dormirá el sueño de los justos”. La comisión, encabezada por D’Alessandro, está integrada por 30 diputados entre los que se encuentra Máximo Kirchner, Martín Yeza, Maximiliano Ferraro y Margarita Stolbizer, quien está como vicepresidenta segunda.
El diputado de la UCR Fabio Quetglas, integrante de la comisión, ensayó a pedido de Clarín, las posibles razones de la demora. La pregunta fue única: por qué se demora la puesta en marcha de la discusión medioambiental en la Argentina, a contramano de lo que ocurre en el mundo. Dijo Quetglas: “Se combinan varias cosas: por un lado, el Gobierno parece considerar a la totalidad de la legislación ambiental como un obstáculo al desarrollo económico. A lo que añade una evaluación exagerada, al considerar la legislación existente como estéril para alcanzar objetivos de sostenibilidad. El cuidado del ambiente y el rol federal en los presupuestos mínimos son obligaciones constitucionales. No son optativos Una cuestión es discutir alcance y eficacia de las medidas que se legislan y otra caer en el negacionismo ambiental. Un razonable sentido contemporáneo nos obliga a una acción legislativa no voluntarista ni negadora de la enorme agenda ambiental que tenemos pendiente”.
El freno de mano a la agenda ambiental parece ir en contra de las declaraciones que hizo el mismo D’Alessandro, en artículos de prensa publicados días atrás: “Los esfuerzos por cuidar nuestro entorno, generan beneficios en la economía de nuestro país. (...) la correcta conservación de nuestros paisajes permitirá que sigamos teniendo destinos atractivos para el turismo interno y extranjero, incrementando los ingresos de nuestro país. También, podemos pensar en los frutos que podría tener el desarrollo de una economía circular, en la generación de nuevos empleos y la valorización de aquello que solíamos desechar. Finalmente, si logramos posicionarnos como referentes en el uso responsable de nuestros recursos naturales, podemos convertirnos en una fuente de inversiones destinadas a este propósito”.
A juzgar por la inercia reinante, parecería haber cambiado de postura. Existen algunos proyectos, por ejemplo, de creación de Áreas Marinas Protegidas, que podrían traducirse en un impulso concreto para el turismo ecológico. Sin reuniones de la comisión, se ve demorada la creación de empleo vinculado al turismo.
Desde su aparición, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano dictamina “sobre todo asunto o proyecto vinculado con el aprovechamiento racional e integral de los recursos naturales y con la conservación o la contaminación ambiental”. ¿Acaso no sería importante al menos que haya debate sobre crear o no un fondo para catástrofes climáticas? ¿No es necesario restaurar los humedales que sufrieron incendios de cientos y cientos de hectáreas? Nada en el mundo -ni en política local ni en la alta política y mucho menos en la macroeconomía- se mueve dejando de lado la “cuestión ambiental”. Como dice el mismo D’Alessandro: “Debemos tomar con seriedad nuestro proceder en esta comisión y trabajar codo a codo para abordar esta temática, ya que el deterioro de nuestro planeta nos afectaría a todos, sin distinción política”. Palabras sobran.
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Ambientalistas piden que se declare la inconstitucionalidad del decreto que regula la actividad minera en Jujuy - Política

Fecha de Publicación: 09/09/2024
Fuente: Jujuy Dice
Provincia/Región: Jujuy


Organizaciones ambientales, de derechos humanos piden la insconstitucionalidad del decreto 7751/23, además de una serie de incumplimiento de la provincia que hacen a derechos indígenas y ambientales .
Organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc presentaron una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de Jujuy para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto N° 7751/2023, el cual regula los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de las actividades mineras en la provincia.
Además en la Corte Suprema de Nación, hay un expediente que iniciaron las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc que demandan al estado provincial de Jujuy y Salta, demanda que marca un precedente para evitar que los recursos naturales y las comunidades sufran daños irreparables.
El Decreto 7751/2023, que deroga al Decreto 5772/2010, establece las etapas, requisitos exigibles, contenido e instancias de relacionamiento con los superficiarios en el contexto de actividades de prospección, exploración y explotación minera en la provincia.
La provincia no garantiza  un abordaje integral de la cuenca, la ausencia de información y  la necesidad de protección y conservación del ambiente y del agua ante los potenciales efectos adversos de la minería de litio, los derechos ambientales y humanos de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, para que sus territorios y modos de vida no se conviertan en una nueva zona de sacrificio en la disputa geopolítica por el litio.
El decreto cuestionado vulnera los derechos colectivos de las comunidades y pueblos indígenas como al consentimiento libre, previo e informado, ya que permite a las empresas obtener sus permisos mineros tras reunirse con una o más comunidades identificadas unilateralmente como afectadas -sobre la base del área de influencia definida sólo por la empresa en total contravención de los mandatos del Convenio 169 de la OIT-, o con el aval de un gobierno que aún no ha reconocido los territorios comunitarios.
Excluye del proceso a comunidades que también habitan en la misma cuenca hídrica y pueden verse afectadas por posibles impactos de los proyectos.
Bajo este mecanismo, el Gobierno de Jujuy aprobó la exploración de Mina Agonic (operada por la empresa minera Lition Energy, subsidiaria de la empresa Pan American Energy, propiedad de la británica BP y la argentina BC Energy Investment, perteneciente a su vez a China National Offshore Oil Corporation y a Bridas Corporation, de la familia Bulgheroni) en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, lo que despertó graves conflictos en el territorio.
La situación derivó en la judicialización de la autorización por comunidades afectadas por el proyecto; por no haber sido admitidas en el proceso de aprobación, pese a sus reiterados reclamos en ese sentido.
Además de estas irregularidades, se pudo constatar con especialistas, el uso de GPS y en presencia de escribana, la empresa instaló un campamento en territorio de la comunidad aborigen El Angosto Distrito Moreno, una de las comunidades que se opone al avance de la minería y a la que se prohibió participar del proceso de discusión de evaluación del proyecto. La Dirección Provincial de Minería y la Secretaria de Pueblos Indígenas de la provincia negaron que el territorio de la comunidad esté en la zona de concesión, a pesar de que la constatación en campo demuestra lo contrario.
A su vez, el decreto avasalla los derechos de acceso a la información y a la participación en asuntos ambientales garantizados en instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú, y en la Constitución Nacional y provincial. Por lo tanto, se cercena la posibilidad del desarrollo de un debate público y que las observaciones presentadas sean debidamente tenidas en cuenta en el proceso de toma de decisiones, lo que implica un claro retroceso a los derechos adquiridos.
El decreto tampoco incorpora herramientas clave para la protección del ambiente, como la realización de estudios de impacto ambiental acumulativo, fundamental para medir los daños reales que puede ocasionar la minería del litio en ecosistemas como los humedales andinos, en los que la interconexión del agua hace necesario analizar el impacto de todos los proyectos que existen y/o se proyectan en la cuenca, en conjunción con los usos de agua pre-existentes de las comunidades. La Corte de Justicia de Catamarca, en el fallo “Guitian”, reconoció la necesidad de realizar este tipo de estudios para prevenir el daño en los salares al constatar daños irreversibles provocados por la minería del litio, y suspendió el otorgamiento de nuevos permisos.
La adecuada reglamentación de la protección ambiental en la actividad minera y respeto de los derechos humanos resulta trascendental, máxime ante los elevados impactos ambientales que puede provocar. Los daños serán irreversibles en los territorios, en el acceso al agua principalmente afectando las formas de vida de comunidades indígenas que mantienen un vínculo armónico con el entorno desde tiempos ancestrales.
La provincia de Jujuy adhirió de manera parcial y reciente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el cual da privilegios por 30 años a grandes empresas inversoras, beneficio adicional a los otorgados por la Ley 24.196 a las empresas mineras que les permitiría ampliar la estabilidad fiscal ya concedida, y prioriza a sus proyectos antes que a los argentinos y argentinas en el uso de bienes como el agua. Esto nos debe poner en especial alerta en la defensa y protección de los recursos naturales.
La presentación, realizada tiene fecha de 26 de agosto de 2024, cuenta con las firmas de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), y las comunidades indígenas Santuario de Tres Pozos, El Angosto Distrito Moreno, San Francisco de Alfarcito, Aguas Blancas, Cianzo, Cochagaste, Casabindo, Tambillos y Tusaquillas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.
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Nuevo Portal de Datos de Biodiversidad de Argentina

Fecha de Publicación: 07/09/2024
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Nacional


La plataforma digital, que ya cuenta con más de 17 millones de datos, fue desarrollada en el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" por especialistas del CONICET e integrantes del Nodo Argentino de la Infraestructura Mundial de Información sobre Biodiversidad en conjunto con publicadores de datos del país.
Se presentó el Portal de Datos de Biodiversidad de Argentina desarrollado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACNBR, CONICET) por el Nodo Argentino de la Infraestructura Mundial de Información sobre Biodiversidad (GBIF, por sus siglas en inglés) en conjunto con las instituciones publicadoras de datos del país. El proyecto contó con la participación de institutos e investigadores del CONICET.
Esta nueva plataforma aloja datos abiertos de la biodiversidad de Argentina como cifras, imágenes, herramientas audiovisuales y de publicación de datos, georreferencias y bibliografía asociada a los registros provenientes de instituciones argentinas y extranjeras. Entre ellas museos de ciencias naturales, institutos de investigación, diferentes organizaciones gubernamentales (municipales, provinciales, nacionales) hasta organizaciones no gubernamentales. Además, genera un red de curaduría y colaboración entre especialistas e interesados en biodiversidad.
Durante la presentación el Director del MACNBR, Luis Cappozzo dio la bienvenida a la comunidad científica presente y destacó: “Nos reunimos para conmemorar el relanzamiento de una plataforma de biodiversidad de relevancia internacional. Esta nueva herramienta subraya la importancia de nuestra colaboración global y nacional y sus numerosas aplicaciones prácticas, desde la conservación ambiental hasta la biomedicina y la industria aeroespacial. Este esfuerzo refleja el compromiso del Museo de servir a la sociedad con los resultados de nuestra investigación”.
Por su parte, el investigador del CONICET en el MACNBR y jefe de la delegación del Nodo Argentino de GBIF, Martín Ramírez, agradeció a los investigadores, curadores, instituciones científicas y organizaciones internacionales por el aporte y acompañamiento durante la creación del portal e invitó a nuevas generaciones y publicadores a continuar con el legado.”Este tipo de recursos pone en valor no solo el resultado final de esta iniciativa, sino también que cada uno de los grupos que trabajó detrás tenga el debido crédito y atribución, lo cual, de una manera tecnológica e institucional, estamos garantizando”.
También estuvo presente por parte de la Red Nacional de Colecciones Biológicas y pionero de los inicios de Argentina en GBIF Edgardo Romero quien hizo un recuento de los grandes hitos históricos y de larga trayectoria de investigadores detrás de la creación y desarrollo de bases de datos de biodiversidad destacando la labor de canalizar las instituciones y colaboraciones y agradeció a las instituciones que apoyaron en su momento y las actuales aportantes tanto de información como al desarrollo tecnológico.
El objetivo del portal es poner a disposición los datos primarios abiertos de Argentina generados por instituciones de nuestro país y del mundo, a partir de sus colecciones de historia natural, estudios ecológicos y monitoreos, así como los datos provenientes de iniciativas de ciencia ciudadana. El Portal de Datos de Biodiversidad de Argentina está basado en la tecnología desarrollada por GBIF con su programa de Portales Alojados y está distribuido estratégicamente en las secciones: datos, conjunto de datos, publicadores, bibliografía y noticias.
En este marco, durante la presentación técnica del Portal la profesional de apoyo del Consejo y administradora del Nodo Argentino de GBIF, Anabela Plos destacó que la plataforma es dinámica y permitió la centralización de datos a nivel nacional y la repatriación de datos fuera de Argentina . Además comentó: “Los datos que están presentes en el portal, y que son mediados a través de GBIF, cumplen con los principios FAIR y CARE. Lo que significa que los datos son hallables, accesibles, interoperables y reusables. Y por otro lado, los principios CARE refieren a las atribuciones de forma justa con datos provenientes de grupos originarios.
La plataforma cuenta con información disponible correspondiente a 17.016.066 datos generales de los cuales 15.944.311 cuentan con georreferencia y 1.125.608 con imágenes, agrupados en 316 conjuntos de datos de 60 publicadores. Además tienen Licencia Creative Commons asignadas por los publicadores y tanto los datos, como las consultas de datos tienen un DOI asociado para facilitar su correcta citación.

Jornada Técnica
Previo al lanzamiento, se realizó una Jornada Técnica, con una serie de ponencias cortas donde se abordaron diferentes temáticas en relación con los datos primarios de biodiversidad entre ellos: Primeros pasos en la construcción de un Herbario Virtual: Los tipos del Herbario CORD, a cargo de la Lic. Jimena Ponce y el Téc. Marcelo Gritti del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV, CONICET, UNC). Specify: experiencia de aplicación en el Museo de La Plata, a cargo de la Dra. Cristina Damborenea del Museo de La Plata, (FCNYM, UNLP). Ciencia comunitaria como fuente de datos biológicos: de ArgentiNat al Portal de Datos de Biodiversidad de Argentina, a cargo de la Dra. Agustina Yáñez y del Dr. Iván Magalhaes del MACNBR. Documenta Florae Australis, a cargo del Dr. Manuel Belgrano del Instituto de Botánica Darwinion (IBODA, CONICET). Integración de datos geográficos sobre triatominos: aportes desde la ciencia y la participación comunitaria, a cargo de la Dra. Soledad Ceccarelli del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE, CONICET, UNLP) y Portal de Datos de Biodiversidad de Argentina, a cargo de la Dra. Anabela Plos del MACNBR.
Este portal representa un paso significativo en la producción y difusión del conocimiento sobre la biodiversidad de Argentina, y pone de relieve la generación de datos científicamente validados por parte las instituciones nacionales, así como facilita su aplicación para resolver problemas científicos y de gestión.
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AGN: otro programa con menos del 1% de ejecución

Fecha de Publicación: 07/09/2024
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Riachuelo


Se trata de un informe sobre el Programa Integral del Hábitat que fue aprobado por el organismo de Control. También se debatieron los estados financieros vinculados con el programa de Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior y el financiamiento adicional para el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Volvió a sesionar el Colegio de Auditores Generales de la Nación. Durante la jornada se aprobaron diferentes informes, entre ellos, una auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al Programa Integral del Hábitat del Ministerio de Economía, por el ejercicio Nº 4 comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.
El auditor general, Javier Fernández, presentó el informe y remarcó la subejecución de los fondos asignados al programa. “La ejecución fue casi nula, menor al 1%. Eso es una muestra clara de la poca gestión del área responsable”, agregó.
Además de la subejecución financiera del proyecto, el trabajo de los auditores también observó que el programa continuó “sin obras adjudicadas y con demoras en los desembolsos del dinero enviado por parte de la Corporación Andina de Fomento”.
Fernández también presentó un examen especial referido al impacto de la Ley de Reparación Histórica de Jubilados y Pensionados en la gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), por el periodo comprendido entre el 01/07/2016 y el 31/12/2019.
La particularidad fue que el trabajo solo fue tratado, pero sin aprobación y derivado al área de auditoría interna de la AGN.
“Este proyecto tuvo demoras desde su inicio hasta su finalización. En junio de 2020 se aprobó la planificación y luego pasaron cuatro años sin avances en las tareas de ejecución”, criticó Fernández y analizó que la situación es “un momento oportuno para llamar la atención sobre la manera de trabajar”.
“Si se llega cuatro años más tarde, el trabajo perdió oportunidad, más teniendo en cuenta que ya existen otros informes aprobados sobre la misma materia”, concluyó el auditor general.
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Denuncian desmonte ilegal en Chaco

Fecha de Publicación: 06/09/2024
Fuente: TN24
Provincia/Región: Chaco


En el marco de la megacausa por la mafia del desmonte, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó una denuncia ante la Justicia Federal, alertando sobre el avance descontrolado de estas acciones en el Chaco.
«A pesar de la vigencia de una medida cautelar que prohíbe cualquier tipo de desmonte en la región, grupos de poder vinculados a empresarios y funcionarios continúan arrasando con los bosques nativos, con la complicidad de sectores del Gobierno provincial», expresaron desde la organización.
Estos desmontes no solo violan la ley, sino que también destruyen el hábitat de especies endémicas de la región que se encuentran en peligro de extinción, como el tatú carreta. A su vez, afectan enormemente a las comunidades locales, que dependen del bosque nativo y de los servicios ecosistémicos que éste aporta para su subsistencia y vida digna. «Lo que está en juego no es solo la biodiversidad del Chaco, sino la justicia social y ambiental para los pueblos que habitan esta región», señalaron.
La medida cautelar emitida por la Justicia Federal estableció la suspensión de todos los desmontes autorizados o no ejecutados y prohíbe el otorgamiento de nuevos permisos en la provincia del Chaco. Esto incluye tanto las actividades de cambio de uso de suelo, que implican la conversión de áreas forestales en terrenos agrícolas, ganaderos o urbanizados, como cualquier intervención que cause la pérdida irreversible del carácter de bosque nativo.

Violación de las medidas cautelares
A pesar de la medida judicial, el 25 de agosto, investigadores que se encontraban realizando trabajos de campo, documentaron un desmonte ilegal en las cercanías del Parque Provincial Loro Hablador y del Parque Nacional Copo.
«En un área de aproximadamente 600 hectáreas, maquinaria pesada arrasó con imponentes quebrachos centenarios, destruyendo el hábitat de especies amenazadas como el tatú carreta. Las imágenes y videos capturados por los investigadores son prueba inequívoca del incumplimiento de la medida cautelar», indicaron.
«Días después, el 27 de agosto, otro desmonte ilegal tuvo lugar en la localidad de Maipú, Chaco. En este caso, se estima que más de 1.000 hectáreas fueron afectadas, muchas de ellas taladas recientemente , como lo evidencian las imágenes satelitales y el testimonio de vecinos. Se detectaron incluso hornos de carbón en la zona, lo que sugiere un uso irregular del territorio», enfatizaron.
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Crece el malestar y el desconcierto por la norma europea que pretende cambiar para siempre el principal negocio de exportación argentino

Fecha de Publicación: 06/09/2024
Fuente: Bichos de Campo
Provincia/Región: Nacional


Faltan apenas cuatro meses para el inicio de la regulación “antideforestación” de la Unión Europea –que pretende transformar por completo a nivel mundial la manera de comercializar productos agroindustriales– y en el ámbito agrícola argentino crece el malestar y la incertidumbre.
Esa sensación persistente –como una basurita en el ojo– la definió muy bien el presidente de Maizar, Federico Zerboni, durante una charla ofrecida en el Congreso Internacional del Maíz. “Está faltando una definición del sector productivo argentino por sí o por no. ¿Nos conviene abrir la puerta a esto o tenemos que pedir más dialogo?”, desafió.
Los dirigentes de Confederaciones Rurales (CRA) indicaron que están evaluando si seguirán validando su adhesión al sistema georreferenciado de monitoreo, reporte y verificación, denominado Visec, que es administrado por la Bolsa de Comercio de Rosario y cuenta con el apoyo financiero de Land Innovation Fund (ONG fundada por Cargill) y el programa Al Invest Green de la Comisión Europea.
Pero la dirigencia de la Sociedad Rural (SRA) cree que, si bien conceptualmente es impropia la exigencia de la UE-27, lo mejor que puede hacer la Argentina es intentar cumplir con la misma para garantizar la continuidad del negocio.
Este martes los representantes de la sociedades rurales del norte bonaerense emitieron un comunicado indicando su rechazo a la regulación de la UE-27 y también el hecho de que, si un productor está de acuerdo, la AFIP pueda habilitar la posibilidad de que la Bolsa de Comercio de Rosario acceda a sus datos fiscales con el propósito de completar los registros necesarios para garantizar la trazabilidad de mercadería.
En los últimos días aparecieron ofertas de “Soja Visec” con el propósito de intentar incrementar las adhesiones de productores a la nueva plataforma, dado que, si los productores no se dan de alta, no es factible realizar la trazabilidad de la operación de compra y exportación de soja.
Los agroexportadores avisaron que a partir de 2025 todos los contratos de compraventa de soja tendrán la cláusula “apto Visec”, lo que implica, en los hechos, que si alguien no acepta tales condiciones sólo podría vender el poroto a fábricas de alimentos balanceados o elaboradoras de expeller de soja para consumo interno.
Otro interrogante es qué sucederá con la industria aceitera, que necesita de la soja paraguaya para poder contar con un nivel de actividad adecuado. ¿Y si el vecino país no llega a implementar un sistema de trazabilidad que permita enviar soja a la Argentina? El impacto en el mercado regional de algo así sería mayúsculo.
A fines de julio pasado Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay solicitaron a la Unión Europea que postergue la norma “antideforestación” porque constituye una barrera comercial. Pasó más de un mes de ese evento y la UE-27 no respondió. ¿Desidia o desinterés?
Para un país como la Argentina, cuya principal fuente de ingresos depende de las exportaciones de productos del complejo sojero, la cuestión debería estar en el tope de la agenda pública con el presidente hablando del tema diariamente. No parece ser el caso.
A nivel regional abundan las especulaciones sobre qué sucederá a partir del 1 de enero de 2025 ¿La UE-27 dará marcha atrás? ¿Insistirá con la medida a costa de asumir el riesgo de un desabastecimiento de harina de soja (entre otros productos)? ¿La situación se irá acomodando de a poco y finalmente Europa logrará cambiar las reglas de juego? Son demasiadas preguntas y muy pocas las precisiones.
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El 40% de los barrios populares en la Argentina están expuestos a inundaciones y próximos a microbasurales

Fecha de Publicación: 05/09/2024
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional


Un estudio territorial de Techo y Jóvenes x el Clima revela que 4 de cada 10 barrios populares enfrenta riesgos ambientales graves. La falta de infraestructura empeora la situación, especialmente en el Gran Buenos Aires, el NOA y la región pampeana, poniendo en peligro a miles de familias ante cada tormenta.
Un informe de las organizaciones Techo y Jóvenes x el Clima alerta que 4 de cada 10 barrios populares en Argentina se encuentran expuestos a al menos un factor de riesgo ambiental, como la proximidad a cursos y cuerpos de agua, la presencia de residuos y la alta vulnerabilidad a inundaciones por precipitaciones.
Estos factores, sumados a la falta de recursos e infraestructura adecuada, hacen que cada tormenta o lluvia intensa genere problemas gravísimos para las familias afectadas, incluyendo riesgos de muerte.
El estudio destaca que el 50% de los barrios populares están situados en zonas inundables, mientras que el 30% presenta microbasurales, una combinación que potencia el impacto de los fenómenos climáticos adversos.
La concentración de estos factores de riesgo es particularmente alta en el Gran Buenos Aires, donde se encuentra la mayor cantidad de barrios populares. Sin embargo, el mayor porcentaje de barrios en situación de riesgo se registra en el NOA, la región pampeana y el Gran Buenos Aires, según el análisis territorial realizado.
Este informe subraya la urgente necesidad de políticas públicas que atiendan la exposición a riesgos ambientales en los barrios populares, protegiendo a las familias que viven en condiciones de alta vulnerabilidad.
Techo es una organización no gubernamental (ONG) sin fines de lucro presente en varios países de América Latina. Su misión es trabajar para superar la situación de pobreza en la que viven millones de personas en asentamientos precarios y barrios populares a través de la acción conjunta de voluntarios y los habitantes de esas comunidades.
A su vez, Jóvenes por el Clima (Jóvenes x el Clima) es un movimiento juvenil argentino que forma parte de la iniciativa global por la justicia climática. Fundado en 2019 por un grupo de jóvenes activistas, este movimiento busca sensibilizar, movilizar y presionar a los gobiernos y a la sociedad en general para que tomen acciones urgentes frente a la crisis climática.
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Irrigación, el IANIGLA y Malargüe condicionan el plan minero y piden mejoras en el informe ambiental

Fecha de Publicación: 05/09/2024
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


El Departamento General de Irrigación, el IANIGLA y la Municipalidad de Malargüe cuestionaron el informe de impacto ambiental del Distrito Minero Malargüe. Piden condicionar el avance.
El Gobierno de Mendoza busca impulsar la minería porque entiende que hay una “ventana de oportunidad” por la “fiebre del cobre”. Hay, también, un objetivo político de parte de Alfredo Cornejo: convertirse en el gobernador que implementó una política minera en una provincia que era hostil a esa actividad. La estrategia para avanzar tiene un territorio, Malargüe, un plan de ejecución con el Estado y sus empresas como base y un camino político y administrativo, donde se actualizaron y reglamentaron normas para hacer más ágiles los proceso. También tiene un método osado: quieren implementar un shock de exploración para comenzar el largo camino que puede llevar a que haya una mina de cobre.
Esta semana comienza un período clave para el plan porque se incorporan al mega expediente del Distrito Minero Malargüe Occidental los informes sectoriales del sector científico. En paralelo, el Gobierno debe terminar de definir la estrategia antes de la audiencia pública y de emitir las autorizaciones. En ese camino aparecieron advertencias profundas. El Departamento General de Irrigación, el IANIGLA y hasta la Municipalidad de Malargüe condicionaron el avance del plan oficial a que se profundicen los estudios ambientales, pues consideran insuficiente la información aportada. Incluso sugieren que no podría aprobarse la exploración, sino solo la etapa de prospección.
Los informes son altamente críticos, pues cuestionan la metodología elegida para hacer el informe de impacto ambiental. Es que se trata de estudios “bibliográficos”, sin que se hayan ejecutado análisis específicos. La Consultora contratada por Impulsa Mendoza tomó de base la información de los informes de impacto ambiental de El Azufre, Potasio Río Colorado y el plan de Pata Mora. Por eso no se hicieron estudios hidrológicos profundos, ni se analizó el ambiente periglacial. Otro cuestionamiento profundo tiene que ver con las prácticas a realizar. En todos los casos se cuestiona que no haya un detalle preciso en cada proyecto sobre qué y dónde se va a realizar. Es decir, la zonificación, la infraestructura, las técnicas, la logística y los recursos a usar en cada plan. En todos los casos, los organismos consultados advierten que para avanzar en el plan es imprescindible que se cumplan las exigencias detalladas en los informes sectoriales, que son muchas.
El Gobierno busca aprobar 34 proyectos de exploración juntos en una primera etapa, y luego serán cientos más en una superficie enorme, de casi 20 mil kilómetros cuadrados. Además, buscan que en un mismo trámite que se habilite la prospección y la exploración. Para ello se tomó un “modelo” de exploración que fue replicado, pero no tiene detalles específicos. La empresa Impulsa Mendoza es la que presentó el plan, pero agrupa a proyectos y permisos mineros de otras empresas que solo tuvieron que adherir con la firma. Impulsa financió todo y es la responsable legal. Ahora esa empresa es la que debe responder los cuestionamientos, aunque los organismos científicos y técnicos advirtieron que los dueños de los otros proyectos también deben ser responsables.
Desde el Gobierno aseguran que la empresa debe responder y que el proceso seguirá.. “Los informes no implican un rechazo, sino un aporte. La DIA se puede emitir rechazando, admitiendo o admitiendo con condicionantes los proyectos. Siempre tuvimos en cuenta que la aprobación iba a ser condicionada a muchos factores y así va a ser”, explicaron desde la Dirección de Minería. Como había adelantado MDZ, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (de la UNCuyo) ya había puesto reparos al plan.

Los cuestionamientos
El impulso de la minería genera alguna expectativa porque Mendoza tiene una base potente: un sistema científico y técnico con mucho volumen, una sociedad civil activa, participativa y con experiencia, un sector gremial empresario inquieto y una red industrial extensa ligada a las actividades extractivas. Por eso los informes sectoriales son relevantes, así como la forma de ejecutar cada paso.
El Departamento General de Irrigación es quien cuestiona con términos más duros el informe de impacto ambiental. En primer lugar explican que la información es muy general e incompleta. Incluso cuestionan que no se haya utilizado la documentación disponible por parte del propio Gobierno y las empresas petroleras. Es que no hay en todo el informe un estudio hidrológico propio o ajeno.
“La información técnica que sustenta el Informe de Impacto Ambiental, entendiendo como tal la descripción de las acciones y tareas a ejecutar en cada uno de los proyectos, así como la informaciõn relacionada a hidrología superficial tanto a nivel descriptivo como cualitativo, y la informaciõn relativa a la hidrogeología del área bajo estudio, resulta insuficiente, debiendo ser ampliada y presentada por el proponente como condición size qua non en forma previa al inicio de cualquier acción o actividad”, advierten desde Irrigación.
Desde el ese organismo condicionan el avance. “En la presente propuesta, se han unificado instancias prospectivas y exploratorias, requiriendo estas últimas un nivel de detalle superior. La autoridad ambiental provincial, debe considerar especialmente esta observación, y definir con claridad el alcance de esta propuesta, entendiendo este organismo en forma coincidente con las consideraciones vertidas en el Dictamen técnico, que solo se dan las condiciones básicas para avanzar hacia una instancia de prospección ,con un nivel mínimo de intervención directa sobre el territorio”, explican. “El avance hacia etapas subsiguientes, como la exploración, debe quedar claramente supeditado a la recopilación, sistematización, evaluación y presentación ante los organismos pertinentes”, agregan.  
En Irrigación condicionan el avance a una extensa cantidad de requisitos y piden que cada autorización sea solicitada por los titulares de las propiedades mineras, no por el proponente, es decir Impulsa Mendoza. Si avanzan “pese   a   los   reparos   señalados”, como menciona el informe, deberán cumplirse esos requisitos.
En la zona hay más de 600 glaciares inventariados. Por eso el informe del IANIGLA es clave. Ese organismo científico también pone reparos y considera insuficiente la información. “De acuerdo a las consideraciones previas se solicita, antes de avanzar con las siguientes etapas, realizar una línea de base ambiental de detalle, a una escala de análisis que permita una adecuada caracterización de los diferentes proyectos”, dice el informe de manera general. No se observa que los informes específicos tengan en cuenta las particularidades del lugar en el que se localizan los emprendimientos, en donde se pueda visualizar, describir y representar la gran variabilidad climática y ambiental… el informe muestra falencias en la evaluación de las sensibilidades y vulnerabilidades de cada una de las áreas que componen al MDMO”, dice el informe en sus conclusiones, donde advierten la “vulnerabilidad” de los ambientes glaciares ante el cambio climático y también las actividades humanas.
El Plan del Distrito Minero excluye a los glaciares como zona a explorar y determina que no se pueden hacer tareas en un radio de hasta 500 metros de cualquier glaciar. Desde el IANIGLA advierten que el informe no es preciso con un área fundamental: el ambiente periglacial. En el Distrito minero Malargüe hay 635 glaciares inventariados, según figura en el Informe Impacto Ambiental. De ese total 51 son glaciares descubiertos. Pero no está detallado la zona periglacial.
La Municipalidad de Malargüe, que encabeza Celso Jaque, apoya el plan. Pero también pone reparos por la metodología empleada la falta de información. Entre otras cosas reclaman que se sume información sobre la afectación hacia la actividad de los puesteros. Y hasta sugieren que debe imponerse un canon especial a las empresas. Esa comuna apoya el plan “siempre y cuando, antes de continuar con los trámites jurídicos-administrativos del informe de impacto ambiental, se dé cumplimiento a cada una de las observaciones y recomendaciones que se han realizado en este sectorial”.
La ambición del Gobierno es que la Legislatura apruebe al menos un paquete de proyectos para que el próximo verano haya actividad en la cordillera. El próximo 14 de septiembre es la audiencia pública y luego debe emitirse la DIA para enviar el pedido de autorización a la Legislatura.
En el Ejecutivo defienden el plan y remarcan que los estudios presentados son solo para la etapa exploratoria, con tareas de bajo impacto. Por eso se exigió un Informe de Impacto Ambiental y no una Manifestación General de Impacto Ambiental. Incluso la realización de la audiencia pública no era un requisito del “camino corto” elegido por el Gobierno. Ese sendero está basado en el artículo 25 del Decreto 820/06, que reglamenta la ley de Ambiente para la actividad minera. “Para las etapas de prospección y exploración minera.. y cuando sus actividades, por lo escaso de su impacto o magnitud no puedan afectar el equilibrio ecológico.., emitirá la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) bastando para ello el cumplimiento de los pasos y trámites previstos por los Artículos 8°, 9° y 10° del presente decreto”, dice ese Decreto, que es previo a la ley 7722. Justamente a pesar del bajo impacto alegado, es necesario que haya ratificación legislativa como indica esa ley.
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El nivel del mar aumenta en el mundo: qué regiones de Argentina están en riesgo

Fecha de Publicación: 04/09/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Advirtieron que los océanos están subiendo más rápido y más alto que nunca. Qué zonas están amenazadas según los grados que puede aumentar la temperatura global, de acuerdo con proyecciones hechas por expertos
El nivel global del mar alcanzó un nuevo máximo el año pasado, desde el inicio de la medición altimétrica por satélite en 1993, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
La Argentina se encuentra entre los países que con territorios costeros que podrían sufrir consecuencias por la subida del nivel del mar. Una de esas zonas pertenece a la Ciudad de Buenos Aires y también al Conurbano (con 40 municipios involucrados) que forman el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Se estima que 1 de cada 10 habitantes del planeta viven cerca del mar. “Los habitantes de las zonas costeras de países densamente poblados como Bangladesh, China, India, Países Bajos y Pakistán estarán en peligro y podrían sufrir inundaciones catastróficas. También corren peligro las grandes ciudades costeras de todos los continentes, como Bangkok, Buenos Aires, Lagos, Londres, Bombay, Nueva York y Shanghai”, señaló la ONU.
Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano (con 40 municipios) forman el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y ya están dentro del ranking de los 20 grandes centros urbanos del mundo con riesgo de sufrir inundaciones por si ocurriera un calentamiento de 3 grados en la temperatura promedio del planeta Tierra en el futuro, según un estudio de científicos de Climate Central de los Estados Unidos. En ese ranking, también figuran las ciudades de Nueva York, Estados Unidos, y Tokio, Japón.
Aun cuando la temperatura global aumente 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, alrededor de 1,1 millón de habitantes de Buenos Aires (apoximadmanete el 9% de la población del AMBA, según datos de población de 2010) vive en tierras que se prevé quedarán por debajo del nivel del mar, según había informado a Infobae, Benjamin Strauss, director general y científico jefe de Climate Central, que publicó une estudio en 2021 en la revista Environmental Research Letters y elaboró visualizaciones con probables escenarios futuros.
Si se cumpliera esa proyección, el agua del Río de la Plata podría avanzar sobre zonas costeras de Capital Federal (partes de Palermo, Belgrano, Núñez, Puerto Madero y la Reserva Ecológica Costanera Sur) y zonas que van desde el partido de Berazategui hasta Avellaneda podrían inundarse.
En cambio, “si las temperaturas aumentaran 3 grados, el nivel del mar se elevaría por encima de las tierras que ahora albergan a 2,4 millones de residentes”, agregó.
En tanto, otras zonas del país serían afectadas. Si la temperatura global aumenta 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, el agua podría subir en el este de la provincia de Santa Fe y en el oeste de la provincia de Entre Ríos (desde la capital Santa Fe y la ciudad de Paraná hacia el sur). Alcanzaría a islas situadas en el Río Paraná.
Por el lado del Río Uruguay, algunas ciudades son más vulnerables, como Colón, Concepción del Uruguay, y la zona de islas de la desembocadura, especialmente si la temperatura alcanza los 4 grados.
También podrían inundarse zonas en el sector que va desde el partido de Magdalena hacia el sur, y alcanzaría a Mar de las Pampas y Mar Chiquita, en la provincia de Buenos Aires. Ese avance incluiría a localidades como Castelli y Dolores, entre otras, si la temperatura aumentara hasta 4 grados.
En tanto, si la temperatura se incrementa solo 1,5 grados, islas que están frente a Bahía Blanca, en Buenos Aires, podrían ser afectadas. En cambio, si llegara 4 grados, zonas que van desde la ciudad de Necochea hasta bien al sur de la provincia de Buenos Aires, en Carmen de Patagones, podrían inundarse.
La provincia de Río Negro podría enfrentar inundaciones en zonas como Bahía Creek y San Antonio Oeste, que están en la costa atlántica, si la temperatura alcanzara los 4 grados.
Consultada por Infobae, la climatóloga Inés Camilloni, investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, que depende de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet en Argentina, aclaró que los resultados son proyecciones de un estudio publicado en 2021.
“No se lo puede considerar un pronóstico, sino una proyección. Es por esto que será tan importante el reporte especial sobre Cambio Climático y Ciudades que está preparando el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), ya que tendrá información actualizada”, dijo. Camilloni, quien fue elegida vicepresidenta del Grupo de Trabajo I del IPCC el año pasado.

Por qué preocupa la suba del nivel del mar
Recientemente, el Secretario General de la ONU, António Guterres, visitó las naciones del Océano Pacífico, Tonga y Samoa, donde se ha reunido con las comunidades locales a intercambiar datos acerca del aumento del nivel del mar.
El 25 de septiembre próximo, líderes mundiales y expertos se encontrará en la sede de la ONU en Nueva York para debatir la mejor manera de hacer frente a esta amenaza.
Se calcula que los océanos han subido entre 20 y 23 centímetros desde 1880 hasta ahora. Y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que en 2023 el nivel medio del mar en todo el mundo alcanzó un máximo histórico.
Lo más preocupante es que la tasa de incremento de los últimos diez años es más del doble de la tasa durante la primera década del registro por satélite, de 1993 a 2002.

¿Cuáles son las causas del aumento del nivel del mar?
El incremento del nivel del mar es el resultado del calentamiento de los océanos y del deshielo de glaciares y capas de hielo. Esos fenómenos son resultados directos del cambio climático, que es inducido por actividades humanas.
Se sabe, según Naciones Unidas, que si el calentamiento global se limita a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales para fin de siglo, el objetivo que se fijaron los países de todo el mundo como parte del Acuerdo de París de 2015, el planeta experimentará un aumento considerable del nivel del mar.
Las inundaciones de agua salada pueden dañar los hábitats costeros, incluidos los arrecifes de coral y las poblaciones de peces, las tierras agrícolas, así como las infraestructuras, incluidas las viviendas, y pueden afectar la capacidad de las comunidades costeras para mantener sus medios de vida.
Además, pueden contaminar los suministros de agua dulce, fomentar enfermedades transmitidas por el agua que amenazan la salud de las personas y provocar estrés y problemas de salud mental.
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Diputados retomará la discusión sobre el proyecto que busca regular el uso de agroquímicos

Fecha de Publicación: 04/09/2024
Fuente: APF Digital
Provincia/Región: Entre Ríos


La Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, presidida por el diputado provincial Juan Manuel Rossi, se reunirá este miércoles para continuar con el tratamiento de la iniciativa que regula el uso de agroquímicos y fitosanitarios en Entre Ríos.
El encuentro tendrá lugar este miércoles a las 13 en la Sala de Comisiones y la última vez que se trató fue el 7 de mayo de este año. Además el presidente de la Comisión confirmó a esta Agencia que en esta reunión estarán presentes las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia, que será la autoridad de aplicación de esta ley.  
Cabe destacar que en las últimas reuniones de comisión estuvieron presentes organizaciones ambientales que plantearon fuertes críticas al proyecto y coincidieron en que la iniciativa debería modificarse, cuestionaron el nivel de contaminación de los agroquímicos y sostuvieron que “no funciona el modelo del agronegocio”. En otra oportunidad fueron convocados representantes del sector rural.
Teniendo en cuenta las problemáticas que hubo por las escuelas rurales fumigadas, tiempo atrás también se llamó a que los gremios docentes y las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) den su postura en encuentros anteriores.

Sobre el proyecto
El borrador base es el mismo que presentó el Ejecutivo en noviembre de 2022, cuando el gobernador era Gustavo Bordet, confirmaron fuentes legislativas. Se trata de un cuerpo normativo que fuera impulsado por el ex ministro de la Producción y actual diputado, Juan José Bahillo (MpER-PJ).
En ese bosquejo, las distancias mínimas para las pulverizaciones con agrotóxicos donde haya personas es de 100 metros para las realizadas de forma terrestre y 200 metros para las aéreas, publicó Era Verde.
En el caso de instituciones educativas rurales se establece un régimen especial, donde se considera “una distancia de 150 metros medidos desde el perímetro de la escuela para delimitar la zona de exclusión, siendo para aplicaciones aéreas la distancia de 500 mts, medidas desde el perímetro del establecimiento educativo.
A partir de esta distancia se considera una zona de amortiguamiento que va desde el límite de la zona de exclusión (150 mts del perímetro) a 500 mts para equipos terrestre; desde el límite de la zona de exclusión para equipos aéreos (500 mts del perímetro de la escuela) hasta los 3000 mts”.
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