Vecinos de Vaca Muerta denunciaron que viven sin agua

Fecha de Publicación: 22/12/2022
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Neuquén


En la ciudad de Añelo, provincia de Neuquén, hubo movilizaciones ante la falta de agua por más de cinco días. ¿Cuál es la situación del acceso al agua potable y saneamiento en esa región argentina?
La ciudad de Añelo, Neuquén, conocida como la “Capital de Vaca Muerta", fue epicentro de protestas, sobre todo en las rutas 7 y 17, respectivos ingresos al yacimiento de hidrocarburos. Los manifestantes denunciaron una vez más falta de agua, una problemática que afecta a la localidad desde hace ya varios años.
El reclamo fue iniciado por vecinos del barrio Balcón de esa ciudad, donde viven alrededor de 600 familias, y luego se extendió a toda la localidad que cuenta con 7.000 habitantes. Además de la vuelta del servicio, los vecinos exigían la finalización de las obras de una planta potabilizadora que garantice el suministro de agua potable.
Ante las protestas, el Estado provincial se comprometió a finalizar las obras y, en el transcurso que demoren, abastecer agua potable con camiones del ente provincial y la instalación de un “ flex” para distribuir agua.
Vaca Muerta es una reserva de gas y petróleo de esquisto de 30.000 kilómetros cuadrados. Está ubicada principalmente en la provincia de Neuquén, con presencia también en Río Negro, Mendoza y, en menor medida, La Pampa. Representa la segunda reserva mundial de gas no convencional (shale gas, en inglés) y la cuarta de petróleo no convencional (shale oil). La técnica del fracking, que se utiliza para extraer hidrocarburos en el yacimiento, demanda la misma cantidad de agua que se necesita para abastecer a 200 mil personas por día.
Acceso al agua potable
Según el último informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondiente al primer semestre de 2022, el 87,6% de las personas y el 89,6% de los hogares tiene agua corriente, aunque en detalle el 88,4% de las viviendas están abastecidas por la red pública y un 9,6% se provee a través de una bomba a motor. Mientras que hay un 1,8% que tiene que salir de su vivienda para conseguirlo.
Éforo presentó un informe Acceso al Agua Potable y Saneamiento en el que plantea que se requiere incrementar ocho veces el ritmo de acceso a la red pública de agua potable por encima del crecimiento poblacional para cubrir el acceso total. Por esta razón, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas, ajustó un cambio en las metas intermedias. Así, el objetivo para el 2023 se redujo del 100% al 88% de la población con acceso a la red de agua potable.
En lo que se refiere a Saneamiento los datos publicados por INDEC, muestran que el 70,2% de las personas que viven en el 74% de los hogares gozan de un sistema de cloacas, mientras que el 29,8% de las personas habitantes del 26% de los hogares carecen de ese servicio esencial.
Según Éforo, para garantizar servicios de saneamiento e higiene adecuados a toda la ciudadanía se requeriría incorporar a la red cloacal a 9 millones de personas adicionales en un plazo de dos años.
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Por primera vez fabricarán baterías de litio en Argentina: quién las hará y qué usos tendrán

Fecha de Publicación: 22/12/2022
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires


Llegaron 115 toneladas de equipos importados para una planta que funcionará en La Plata. Será la primera del país.
El primer engranaje para conseguir la batería de litio "made in Argentina" se puso en marcha. Más de 115 toneladas de equipamiento tecnológico se descargaron sobre una moderna construcción donde funciona el laboratorio de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la empresa Y Tec (de YPF) que montará la única planta nacional de celdas de acumuladores a base a este mineral que busca revolucionar las energías.
Las máquinas llegaron de China. Son mixers, hornos, cicladores, cutting/stack, deshumidificadores y dos imponentes prensas de 13.000 kilogramos cada una. Ya están todas listas para operar en un edificio del UniLiB, el laboratorio de la universidad platense situado en el Polo Productivo Tecnológico “Jorge Alberto Sabato”, sobre 113 entre 64 y 66, de la capital bonaerense.
En Argentina no hay empresas o emprendimientos que produzcan baterías de litio. La de la Unilib estaría entregando las primeras piezas en marzo de 2023, según confirmaron autoridades del ministerio de Ciencia y Teconología que esta semana supervisaron la llegada de las máquinas.
Por ahora la planta no se sumergirá en el mercado. Proveerá las pilas a organismos estatales que utilicen vehículos eléctricos. "En una primera etapa será mediante convenios y uno de los que tendrán estos insumos serán los vehículos que usa el Ejército", explicaron cerca del ministro de Ciencia, Daniel Filmus.
Unilib es un proyecto conjunto: el edificio tiene una superficie de 1.650 m2 y su obra civil, maquinaria y producción de materiales de electrodos requirió inversiones por 770 millones de pesos. El Ministerio de Ciencia aportó 210 millones de pesos, la UNLP 280 millones e Y-TEC (la firma de tecnología de la petrolera estatal) otros 280 millones de pesos.
Argentina tiene el 22% de los recursos de litio a nivel global y se ubica en el cuarto lugar dentro de los países productores de este mineral. "A partir de la alianza estratégica entre la UNLP e Y-TEC, el país estará en condiciones de sumar valor agregado a este recurso para fabricar celdas y baterías y desarrollar sistemas de almacenamiento de energía más eficientes, limpios y ligeros", explicó el ministro Filmus.
El predio se inauguró en agosto, con una visita del Presidente Alberto Fernández. Pero aún faltaba que llegaran los 13 contenedores con los componentes de la fábrica.
El responsable de Y-Tec, Roberto Salvarezza, explicó que "acá están volcados más de 12 años de generación de conocimiento en el sistema científico argentino, base fundamental para avanzar en nuevas etapas de desarrollo”.
Es que la UNLP viene trabajando con el litio desde hace años. En 2016, un equipo de la Facultad de Ingeniería puso en marcha el "Ecobus Universitario", el primer transporte cien por ciento ecológico de la ciudad de La Plata. El bus eléctrico fue ideado y gestado íntegramente en la UNLP, y desde entonces recorre –con dos unidades- las calles del bosque platense.
Al Ecobus le siguió el Ecoauto, el primer automóvil eléctrico desarrollado por una universidad latinoamericana, e impulsado con baterías de litio. El vehículo, un VW Gol adaptado con materiales reciclados, se enchufa a un tomacorriente estándar y consume la mitad de energía que un aire acondicionado para recargarse, en un tiempo estimado de 5 horas, según explicó el decano de Ingeniería e impulsor de estos proyectos, Marcos Actis.
Cuando funcione a pleno, la planta tendrá una capacidad de producción anual -medida en energía almacenada- de 13 MWh, equivalente a 1.000 baterías para almacenamiento estacionario de energías renovables o unas 50 para colectivos eléctricos.
Trabajará más de medio centenar de técnicos, obreros y profesionales. La Provincia otorgó un subsidio especial para la capacitación del personal. La Escuela de Oficios de la UNLP capacitó a una primera tanda de operarios para la fase inicial de puesta en marcha de la planta, quienes luego serán miembros de la carrera de personal de apoyo del Conicet.
El litio, el metal más liviano de la Tabla Periódica, fue descubierto en 1817. Más de 200 años después se posiciona como objeto clave de la revolución tecnológica por su utilidad para el desarrollo de baterías para dispositivos móviles como celulares, tablets y laptops. También promovió un empujón a la aparición de vehículos híbridos y eléctricos.
La UNLP, Y-Tec y el Conicet se proveerán de materia prima de los yacimientos de Catamarca. Hasta ahora, el negocio del litio en Argentina se limita a la exportación de dos productos: el carbonato de litio (equivale al 93% de las exportaciones) y el cloruro de litio.
Más allá del proceso de obtención del carbonato de litio a partir de la salmuera, no existe ningún producto industrializado luego de este proceso. "Es imprescindible que Argentina tenga esa capacidad de desarrollo de esa tecnología", explicó Filmus.
Según las estimaciones oficiales, la capacidad extractiva a nivel local podría alcanzar pronto casi las 200.000 toneladas anuales, o sea, cinco veces la producción actual.
La demanda es impulsada por el incremento en la fabricación de baterías para las automotrices y por su utilidad en la industria cerámica, del vidrio, en la elaboración de grasas y aceites resistentes al calor, polímeros, elaboración de medicamentos, en aleaciones livianas junto aluminio y cobre, especialmente para la industria aeronáutica.
También se utiliza como combustible nuclear en reactores de fusión nuclear (fusión de núcleos livianos), tecnología que aún está en desarrollo, dijeron en Ciencia y Tecnología.
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El offshore en Mar del Plata recibió otro fuerte apoyo: "Es política de Estado"

Fecha de Publicación: 21/12/2022
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


La audiencia pública fue convocada por el Ministerio de Ambiente y registró un récord de 1.535 inscriptos. Participaron funcionarios, empresas, científicos, consultores, sindicatos y académicos.
El Gobierno nacional realizó este lunes otra audiencia pública para conocer los proyectos de exploración de hidrocarburos offshore frente a las costas bonaerenses.
El objetivo de la audiencia fue poner en consideración de la ciudadanía la documentación presentada por YPF de la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto “Registro Sísmico Offshore 3D” del área CAN 102 de casi 9.000 km2, ubicada a unos 316 kilómetros de Mar del Plata, en la Cuenca Argentina Norte (CAN).
La consulta fue convocada por el Ministerio de Ambiente, a través de la Resolución 18/2022, y registró un récord de 1.535 inscriptos de todos los sectores: autoridades nacionales y provinciales, instituciones, cámaras empresarias, científicos, consultores, sindicatos, académicos, ONGs y miembros de la sociedad civil.
Durante las exposiciones se resaltó la experiencia argentina y de las compañías internacionales involucradas en la actividad y el cumplimiento de los estándares internacionales y locales, para realizar un offshore seguro y sustentable. Además, en el marco del pedido de autorización a la actividad sísmica para el bloque CAN 102, desde el Gobierno reiteraron que este tipo de exploración es una “política de Estado”.
La apertura estuvo a cargo la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini. “Todo proyecto que se encare en nuestro territorio deberá generar un desarrollo armónico entre las partes económicas, sociales y ambientales”, afirmó Nicolini, la convocante de las audiencias públicas y quien las preside.
La secretaria de Energía, Flavia Royón, remarcó que “los lineamientos para la transición energética trazados por el Gobierno sitúan al gas natural como vector de desarrollo y eje de la transición energética” y aseguró que “es indispensable incrementar nuestros desarrollos exploratorios y productivos para aprovechar al máximo la ventana de oportunidad que se plantea”.
El subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, subrayó que el 30% del petróleo que se consume en el mundo proviene del offshore y que actualmente más de 50 los países los producen. “Esta iniciativa nos posicionará, sin lugar a dudas, entre las grandes potencias productoras de hidrocarburos”, enfatizó.
La titular del Conicet, Ana Franchi, destacó los 90 años de esta actividad en el país y recordó que en la década del 70 ya se hizo exploración offshore frente a la provincia de Buenos Aires con técnicas similares “sin incidentes ambientales ni afección a la fauna marina”. Además, le puso cifras al proyecto de la Cuenca Norte: “Argentina puede generar más de u$s32.000 millones y unos 22.000 empleos directos e indirectos. Y si es exitoso, puede generar ingresos por u$s98.000 millones y 65.000 empleos para seguir adelante con un país más soberano e inclusivo”, resaltó.
El geólogo Juan Pablo Lovecchio, de la Asociación Argentina de Geólogos y Geofísicos Petroleros (AAGGP), propuso desmitificar lo que comúnmente se llama extractivismo. “Quieren transmitir miedo y una idea de vaciamiento a cualquier costo. Lo que se busca aquí es una explotación sustentable para el aprovechamiento de los recursos con todos los cuidados de seguridad para el medioambiente y las persona”, aclaró.
“Con los datos sísmicos los geocientistas, geólogos y geofísicos realizamos interpretación y con la interpretación de esos datos generamos modelos evolutivos tanto para las cuencas, para entender su origen y evolución y el potencial de contener recursos energéticos”, agregó Lovecchio.
Mario Lavia, secretario de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles, admitió que la prioridad es el “acceso y viabilidad” a los puestos de trabajo, aunque aclaró que no es el único porque también “se hablaba de la necesidad importante que tenemos del ingreso de divisas a nuestro país y que, claramente, (si no se avanza) estaríamos perdiendo una oportunidad en este sentido”.
Una de las palabras más esperadas fue la de Gabriela Jauri, vicepresidenta de la Administración de Parques Naturales, un organismo al que la Justicia marplatense le pidió intervención para autorizar los trabajos. “Desde Parques Nacionales hemos participado en los procedimientos realizados en los Estudios de Impacto Ambiental y nuestros equipos técnicos están en concordancia con el trabajo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable”, afirmó, y aclaró que desde la APN realizaron “consideraciones” que ya fueron tenidas en cuenta en los EIA de todos los proyectos exploratorios presentados.

Qué dijeron las empresas
El CEO de YPF, Pablo Iuliano, dijo que el offshore argentino es un proyecto estratégico para el país. “Desarrollado con responsabilidad, aporta al desarrollo económico del país y contribuye a la descarbonización de la matriz energética argentina y de otros países”, aseguró, y consideró que “sin este magnífico potencial perderíamos la oportunidad de abastecer a los países del mundo y ayudarlos a reemplazar el carbón por el gas natural con mucho menor impacto en la emisión de dióxido de carbono”.
Nidia Álvarez Crogh, de la firma noruega Equinor, destacó la experiencia de YPF en estos proyectos con los más altos estándares de la industria y aseguró los bloques CAN le permitirán a la Argentina “no solo lograr su soberanía energética, sino también ser proveedor de hidrocarburos en todo el mundo”.
Verónica Staniscia, de Shell Argentina, otra de las empresas involucradas en el offshore, dijo que “es una gran oportunidad económica y productiva única”, valoró los antecedentes en Brasil y Noruega y vaticinó un “círculo virtuoso” que brindará “la oportunidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, con mejoras indirectas en otras actividades”.
Mariano Misculicich, director de Ambiente de Serman, la consultora que elaboró un informe técnico ambiental para YPF, dijo que para esta actividad “se ha cumplido con todos los requerimientos exhaustivos” desde el 2020 y que “hubo muchas lecciones aprendidas en este proceso de tres años”, lo cual lo convierte en “un proyecto viable ambientalmente”.
Raúl Stolarza, de Dataseismic, otra consultora especializada, advirtió que “no hay registro de accidentes ni siquiera afectación de la fauna marina, la cual muchas veces es afectada por muchas razones como por ejemplo la pesca furtiva”. “YPF tiene toda la experiencia y capacidad para que esta adquisición de datos sísmicos se realice bajo todas las normas de seguridad necesarias”, exaltó.

Cómo es el proyecto de adquisición de sísmica
El informe de registro sísmico desarrollado por la consultora Serman & Asociados para YPF describe en detalle la movilización de los buques, campaña sísmica y desmovilización. Según el documento al que accedió Ámbito, el proyecto implica la adquisición sísmica 3D en un área de 2.421 km2, en aguas abiertas a profundidades de entre 1.300 y 3.700 metros. Los trabajos se realizan a una distancia superior a los 240 km de la localidad costera más cercana, que es Punta Médanos, en la provincia de Buenos Aires, y a más de 290 km del puerto de Mar del Plata.
El reporte oficial asegura que el relevamiento sísmico se realizará con un buque que remolca tres fuentes de energía y diez cables sísmicos (streamers) con una longitud de 9.000 metros y en los cuales se encuentran situados receptores de ondas (hidrófonos).
Las fuentes de energía utilizan aire comprimido, que al ser liberado rápidamente genera ondas de sonido. Dichas ondas son reflejadas en las distintas capas del subsuelo y vuelven a la superficie, donde son registradas por los hidrófonos. Este proceso se repite a lo largo de líneas de navegación que acaban cubriendo la totalidad del área de adquisición de datos sísmicos. El tiempo que tardan en propagarse las ondas de sonido desde la fuente hasta los receptores y la intensidad de éstas son procesadas para generar imágenes en tres dimensiones del subsuelo. La información obtenida de esta manera es analizada e interpretada para identificar diferentes tipos de rocas y posibles acumulaciones de petróleo y de gas.
El informe también analizó la geología, oceanografía y climatología, además de las Áreas Protegidas y los impactos en la comunidad planctónica, bentónicas, peces, cefalópodos y sus pesquerías, reptiles, aves y tortugas marinas y, por supuesto, los mamíferos marinos como lobos y leones marinos, ballenas y focas. También tuvo en cuenta la navegación, la actividad pesquera y el rol del puerto e incluyó todas las medidas de mitigación y reducción de los potenciales impactos sobre especies y la actividad en el mar argentino.
En las conclusiones, los expertos de Serman sostuvieron que se han evaluado todos los impactos potenciales de las actividades de adquisición sísmica planificadas y que el objetivo de YPF es reducir el impacto tanto como sea posible, a un nivel aceptable. “Para todos los impactos se implementarán medidas de mitigación. Estas medidas se describen en los planes de gestión pertinentes y son consideradas como obligaciones para la campaña de adquisición sísmica. El impacto residual de la adquisición sísmica se evalúa entre muy bajo y moderado”, remarcaron.
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El Tapir fue declarado Monumento Natural Provincial

Fecha de Publicación: 21/12/2022
Fuente: Gobierno de Jujuy
Provincia/Región: Jujuy


El tapir fue declarado Monumento Natural Provincial por la Legislatura de Jujuy a través de la Ley Nº 6332, en la última sesión extraordinaria.
La Legislatura de Jujuy declaró al Tapir o Anta (Tapirus Terrestris) como Monumento Natural Provincial, a través de la Ley Nº6322, a partir de un proyecto elevado por el gobernador Gerardo Morales y la Ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, en el que se expresó el interés por su protección como parte invalorable del patrimonio natural de las generaciones presentes y futuras.
El Tapir o Anta (Tapirus terrestris) es el mayor herbívoro nativo y especie emblemática de Argentina, considerado en peligro de extinción por la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM), declarado especie amenazada por Resolución N° 1030/2004 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, incluido en el Apéndice II de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), y categorizado como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
En Argentina se estima que la población del “Tapirus Terrestris” se redujo en un 46% en los últimos 100 años, teniendo características biológicas que lo hacen susceptible a la extinción, como la baja tasa reproductiva (una cría por camada, cada 3 años aproximadamente), un largo ciclo reproductivo con cuidados parentales extensos (alrededor de 13 meses de preñez y 18 meses de cuidado), constituyendo la amenaza más significativa para su supervivencia la caza, carga ganadera, fragmentación y perdida de su hábitat.
Por estos motivos y en virtud de relevamientos realizados en la región, la especie se encuentra en el Registro de Fauna Amenazada de la Provincia de Jujuy, creado mediante Resolución N° 090-SGA/2012, resultando acorde a la actual gestión de la política pública ambiental de la Provincia incorporar mecanismos de protección de esta especie.
La provincia de Jujuy tiene, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y su Secretaría de Biodiversidad, varias líneas de gestión en cuanto a esta especie, en primer lugar, está vigente un convenio de cooperación con la Fundación Rewilding, para un proyecto de reintroducción – Proyecto Iberá - y también de intercambio técnico, científico, investigativo y de experiencias entre los equipos.
Otra línea es el trabajo en conjunto con el EcoParque de la Ciudad de Buenos Aires en el mismo sentido y con un programa de Suplementación de tapires, en la zona de Las Lancitas.
La Ley Nº 6.080 creó el “Sistema Provincial de Áreas Protegidas”, que tiene por objeto planificar y ejecutar procesos y proyectos dirigidos al logro de la sustentabilidad en el manejo y conservación de los recursos naturales de la provincia; justamente establece que serán “Monumentos Naturales los sitios, especies animales o vegetales, ambientes naturales y yacimientos arqueológicos o paleontológicos de relevante y singular importancia científica, estética o cultural, y a los cuales se les acuerda protección absoluta. Los Monumentos Naturales, de acuerdo a la ley citada, “son inviolables, pudiendo realizarse sólo actividades que garanticen el principio de intangibilidad absoluta, inspecciones oficiales o investigaciones científicas debidamente autorizadas. Se deberá impedir toda realización de actividades que perturben dichos monumentos” (Art. 16).
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Cabandié en la COP15: “Es hora de que los principales responsables de esta crisis empiecen a pagar la deuda que tienen con nuestro planeta y con toda la humanidad”

Fecha de Publicación: 20/12/2022
Fuente: Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Las palabras del ministro fueron pronunciadas la semana pasada en el marco de la decimoquinta Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, expuso la Declaración Nacional en el Segmento de Alto Nivel como parte de su participación en la COP15 de Diversidad Biológica, que se llevó a cabo en Montreal, Canadá, bajo la presidencia de China. Durante su discurso puntualizó: “Somos el pulmón verde del planeta y queremos seguir siéndolo. Es necesario que se reconozcan los servicios ecosistémicos que brindan los ecosistemas de los países en desarrollo, porque sin nuestros bosques, humedales, glaciares y mares, el mundo no sería el mismo. Es hora de que los principales responsables de esta crisis empiecen a pagar la deuda que tienen con nuestro planeta y con toda la humanidad”.
En este sentido, Cabandié expresó: “No podemos exigirles a los 2.200 millones habitantes que viven en la pobreza, lo mismo que al 1 % más rico de la población. Necesitamos que esas élites se sienten a la mesa de discusión, no como filántropos, sino como los mayores responsables del flagelo ambiental y se comprometan a realizar los cambios necesarios”.
“Fueron los países centrales quienes destruyeron sus propios ecosistemas en pos de la industrialización; y luego explotaron de forma brutal los recursos naturales de América Latina, África y algunos países de Asia. Peor aún, lo hicieron presionando para el cambio de uso del suelo en nuestros territorios y para que extendamos la frontera agropecuaria con el fin de satisfacer sus intereses, y al mismo tiempo nos exigen mayor ambición”.
“Argentina, que es el octavo país en superficie del mundo, tiene más del 30 % del territorio terrestre protegido. Esto lo hicimos con mucho compromiso y sin ninguna ayuda para concretarlo. También nos comprometemos a conservar el 30 % de las áreas marinas. Esperamos entonces la reciprocidad de los países centrales porque para cumplir con esta y otras metas, los países en desarrollo necesitamos financiamiento” aseguró.
Hacia el final de su intervención, Cabandié volvió a hacer hincapié en la responsabilidad de los países centrales al decir que “como mínimo, deben financiar 100 mil millones de dólares anuales para acciones de biodiversidad en nuestros territorios”. “Insistimos con mecanismos innovadores como canje de deuda o swap de deuda por acción climática para los 70 países que pueden caer en crisis de deuda”, finalizó.
Como parte de las actividades paralelas del ministro argentino en la COP15, Cabandié mantuvo también reuniones bilaterales con el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Csaba Kőrösi; con el ministro de Ambiente y Cambio Climático canadiense, Steven Guilbeault; la ministra del Medio Ambiente de Chile, Maisa Rojas Corradi; y la ministra de Conservación de Nueva Zelanda, Hon Poto Williams.
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La contaminación que no se ve: peces y aves del río Paraná con microplásticos en sus vísceras

Fecha de Publicación: 20/12/2022
Fuente: portal eldiarioar.com
Provincia/Región: Litoral Argentio


Todos los sábalos analizados en un estudio en el Río Paraná contenían micropartículas de plástico en el tracto digestivo. La contaminación registrada en estos peces fue de 9.9 micropartículas promedio y la máxima de 27 en un solo espécimen. Así lo reveló un equipo de investigación del Conicet que encontró además restos plásticos en el excremento de aves y micropartículas en la ribera del litoral argentino.
Los animales de la región del Paraná Medio ingieren milimétricas partículas de plástico que se encuentran tan fragmentadas en su hábitat que es imposible diferenciarlas. El estudio a cargo de especialistas del Instituto Nacional de Limnología -INALI, CONICET-Universidad Nacional del Litoral- encontró micropartículas en las vísceras de peces y también en las heces de aves, como el espinero grande, una especie muy común en el litoral. Los datos dan un panorama sobre la gravedad de la contaminación ambiental por plásticos que está sufriendo el acuífero guaraní, la reserva de agua dulce más importante del mundo y el impacto sobre las especies.
El equipo de investigación comenzó a realizar las primeras mediciones en 2016, con el fin de detectar microplásticos en la arena en una de las tradicionales playas de la ciudad de Paraná, el Balneario Thompson. En ese entonces, encontraron unas 5 mil unidades por metro cuadrado, de pequeñas partículas de plástico menores a 5 milímetros. El  proyecto novedoso en el país, que luego se fue expandiendo a la zona del Paraná Medio, surgió por una pregunta básica, querían conocer la magnitud del problema de la contaminación por plástico, hasta dónde se expandía y cuáles eran las consecuencias ambientales. “Era un elefante que estaba ahí en medio de la sala, todos lo veían, pero a nivel científico no se había estudiado ni acá en Argentina, ni en Latinoamérica” explica a elDiarioAR, Martín Bletller, doctor en ciencias biológicas y uno de los investigadores del programa, para quien lo llamativo fue que ya en la primera muestra detectaron la presencia de microplásticos.  
 El estudio que lleva seis años es concluyente: la alta presencia de residuos plásticos afecta la biodiversidad y la salud humana. En la actualidad, la presencia de plásticos y derivados de los mismos, como los microplásticos, son una preocupación ambiental a nivel mundial dado que estos contaminantes están en todas partes, de manera duradera y generan el denominado estrés oxidativo que implica básicamente un desequilibrio en el sistema y afecta la salud humana.
El equipo pudo comprobar en condiciones reales, que en la región hay un promedio de 220 envases de botellas, vasos y demás plásticos cada 100 metros cuadrados en la región, mientras que en el análisis de las micropartículas registraron 5 mil micropartículas por metro cuadrado.   
“La cifra de micropartículas puede incrementarse a 15 mil o 20 mil dependiendo de la zona donde se haga el estudio entre otras variables. En la playa del Thompson en Paraná, llegamos a encontrar estas cantidades; es una playa que tiene aguas arribas de manera lindante el arroyo Las Viejas, una suerte de gran inyector de microplásticos” sostiene Blettler al referirse a varios condicionantes como cuestiones climáticas, época del año, uso del espacio público, entre otros.      

Peces y aves con microplásticos
En el caso de los peces, todos los sábalos de la zona del Paraná Medio estudiados estaban contaminados con al menos un microplástico. Si bien el promedio de micropartículas halladas en general en esta especie fue del 9.9, hubo un dato alarmante, en un solo sábalo se detectó la presencia de 27 microplásticos.
En el 90 por ciento de los microplásticos hallados en los sábalos se trató de fibras, algo que también revelaron varios estudios a nivel mundial que también han reportado mayor número de fibras ingeridas en comparación con otros tipos de microplásticos. El razonamiento detrás del predominio de las fibras es la naturaleza diversa de este tipo de microplástico, que puede tener su origen en la fragmentación o degradación de prendas de vestir. De hecho, lavar mediante lavadora eléctrica, hace que cada prenda de ropa sintética libere alrededor de 2 mil microfibras.
La gran dificultad para eliminar los microplásticos es su tamaño que impide que puedan ser separados y posibilita que puedan alcanzar la cadena alimentaria humana a partir de organismos acuáticos generando una contaminación en la red.

Todos los ríos dan al mar, la basura también
En Argentina, apenas un 9 por ciento de los residuos plásticos son reciclados, el resto va a parar a los vertederos, al río y luego al mar. “Los arroyos juegan un papel como si fueran venas por donde se trasladan los plásticos hacia el río” explica Blettler para advertir sobre la incorrecta gestión de los residuos, una responsabilidad directa de los municipios.
“Después de una lluvia o creciente vemos en los arroyos como unas plumas que se extienden en la desembocadura que da al Paraná, al igual que en cada boca de tormenta, con una colección de plásticos que salen hacia el río” dice el investigador que considera un tema prioritario la gestión de los plásticos, primero su recolección, la disposición final y el reciclaje, para evitar el proceso de fragmentación que degrada los macroplásticos hasta convertirlos en micropartículas o nanopartículas imposibles de recolectar o separar, y que se esparcen por el ambiente. Pero no es una tarea simple. Existen otras esferas de responsabilidades y es la que tienen quienes producen plásticos para el consumo masivo, es decir las grandes empresas.
Blettler marca una diferencia entre la contaminación que se da en países europeos, generalmente por un proceso de “fuga” o derrames de petróleo, mientras que la que se da en nuestros países proviene directamente de la basura.
“La mayoría de los basurales se encuentran en terrenos bajos, anegables, lindantes al río, por lo que ante la falta de disposición final, los plásticos terminan desfilando hacia el río” indicó el investigador al detallar los alcances del estudio que revela que en nuestro país el problema se origina principalmente en los basurales. Como ejemplo de esta situación, y ubicados en la vera de la zona del Paraná Medio, están los basurales a cielo abierto de la ciudad de Santa Fe, cercano a la localidad de Rincón, o el de Paraná, conocido como “El Volcadero”, que fueron incluidos en la investigación.
La inadecuada gestión de los residuos produce esta acumulación de microplásticos que invaden el ambiente tanto por aire, tierra o agua, afectando potencialmente a la salud humana al alcanzar el sistema circulatorio a través de su ingestión, inhalación o contacto directo a través de la dermis.

Yo señor, no señor
Jonathan Frazen, periodista de The New Yorker, tituló su columna de opinión publicada en septiembre de 2019, ¿Qué pasa si dejamos de fingir? Básicamente se refiere a la negación que realizamos generalmente frente al problema de la contaminación. Y dice que dada la elección entre una abstracción alarmante como es la muerte y la evidencia tranquilizadora de mis sentidos – ¡quiero desayunar!- nuestra mente prefiere concentrarse en lo último. El periodista habla sobre el mecanismo de negación que realizamos frente a situaciones catastróficas, una operación que pareciera ser generalizada frente a alarmantes llamados por parte de la comunidad científica ante el cambio climático, la contaminación ambiental, la desertificación, las inundaciones, las sequías extremas y las migraciones que se dan conjuntamente con las catástrofes. Lo cierto es que estos datos nos acercan irremediablemente hacia el apocalipsis.
Como en el juego del gran bonete, nadie quiere asumir la responsabilidad de este problema. Para Blettler hay una escala de responsabilidades, que va de menor a mayor. Desde lo personal a las grandes corporaciones que son las productoras del plástico y su uso masivo.
“Parece increíble que hoy te vendan una naranja cortada en gajos dentro de un envase de polipropileno que a su vez está envuelto con nylon”, dice un hombre frente a la góndola de un supermercado, lo que muestra a qué punto a llegado el uso de los plásticos y la falta de regulaciones para este uso indiscriminado. Por eso muchas personas conscientes de la situación han optado por reducir el uso del plástico, reutilizando envases, llevando bolsas de tela o biodegradables y recipientes para el traslado de diferentes productos y enseres. 
Blettler dice que si bien es cierto que como consumidores finales, podemos de manera individual asumir el compromiso de separar los residuos para que no vayan a parar a los vertederos y puedan ser acumulados de manera diferenciada, esto tiene un impacto relativo frente a las decisiones que pueden tomar los gobiernos, y las grandes empresas productoras de plástico, lo que requiere de acuerdos y tratados internacionales. En este sentido, hay quienes proponen trabajar en regulaciones que involucren a las empresas en lo que Tomas Lindhqvist, académico sueco y director del Instituto Internacional de Economía Ambiental Industrial, definió como la responsabilidad extendida, un concepto que busca hacer responsables financiera o físicamente a quienes producen los plásticos de aquellos productos una vez agotada su vida útil, o sea cuando se convierten en basura.
A diferencia de la contaminación por desechos industriales y la emisión de gases de efecto invernadero que se da en países del primer mundo, en los países de la región la máxima responsabilidad está en manos de las gestiones municipales, ya que el origen del problema es la disposición de los residuos, por lo cual requiere de una intervención directa del Estado, políticas ambientales centradas en la reducción, contención y mitigación del uso de plásticos.

Toxicidad en la cadena alimentaria
El hecho que se hayan detectado micropartículas de plástico en aves y peces es indicativo que también podrían estar en los músculos y órganos de cualquier especie. La toxicidad que tienen los plásticos es debido a la presencia de aditivos químicos contaminantes que generan fundamentalmente toxicidad hepática o gastrointestinal, ya que una vez que acceden al organismo, y mediante el proceso de absorción logran acceder al torrente sanguíneo para difundirse por los órganos y células del organismo humano.
“En nuestra región no hemos medido la presencia de microplásticos en los músculos de los peces, en aves o en el ser humano, porque eso requiere de una tecnología que no tenemos disponible por sus costos” dice Blettler que participa de estudios de investigación en países como Alemania, Inglaterra, Francia, entre otros, aunque la presunción es que si se ha detectado microplásticos en vísceras y en las heces, éstos pueden haber traspasado a órganos y al torrente sanguíneo, algo que en países donde se aplica la nanotecnología se ha corroborado, detectando la presencia de microplásticos y nanopartículas en órganos vitales humanos, en la sangre e incluso hay evidencias de la transmisión de estas partículas de la mujer al embrión. Es que estas milimétricas partículas de plástico aunque no las veamos también están en el aire que respiramos y en los productos que utilizamos cotidianamente, cosméticos y textiles.  
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Se agranda el litio: una minera apuesta a explorar el metal en Río Negro, Neuquén y Chubut

Fecha de Publicación: 19/12/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro - Neuquén - Chubut


La firma canadiense Green Shift Commodities anunció haber adquirido áreas para explorar el litio en depósitos de roca dura. Estudiarán 480.000 hectáreas, en su mayoría ubicadas en Río Negro.
La minera canadiense Green Shift Commodities anunció haber adquirido áreas en Río Negro, Neuquén y Chubut para explorar el litio en depósitos de roca dura. Se trata de 458.000 hectáreas divididas entre las tres provincias. Desde el gobierno de Río Negro confirmaron que ya hay solicitudes presentadas que cumplen los requisitos legales. Por su parte, referentes de Neuquén afirmaron no haber recibido peticiones para la exploración.
La firma anunció haber adquirido las acciones de otra minera canadiense, LFP Resources. Se trata de terrenos ya estudiados, en los que se confirmó la presencia de pegmatita de litio. Estas fueron «descubiertas y muestreadas en la década de 1960 por el gobierno argentino, además de decenas de kilómetros adicionales» de áreas con características geológicas y geofísicas similares, marcaron en un comunicado.
La secretaría de Energía de Río Negro confirmó este anuncio a Energía On y explicó que las empresas que operarán en representación de Green Shift son Formentera SA y Electric Metals SA.
Estas firmas son las que están haciendo las solicitudes de los derechos mineros en Río Negro. A su vez, «están haciendo las presentaciones de los cateos y de los programas mínimos«, remarcaron.
La presentación de documentación está siendo evaluada por la secretaría de Minería de Río Negro. «Las solicitudes que van cumpliendo con los requisitos legales, son ubicadas dentro del Catastro Minero«, detallaron. En particular, la firma Electric Metals «ya está haciendo algunas aproximaciones a la comunidad en conjunto con la secretaría de Minería».
Los trabajos de esta empresa se están llevando a cabo cerca de la localidad Mamuel Choique pero todavía «no son trabajos prospectivos, ni exploratorios en campo«, aclararon.
Desde la firma canadiense destacaron que las reservas en esta zona junto con «La Pintada» cuentan con «19 diques de pegmatita conocidos que arrojaron una graduación de hasta 4.76%» de óxido de litio (Li2O).
A su vez, un nuevo mapeo «ha identificado docenas de posibles diques de pegmatita no probados adicionales y ha identificado el potencial de mineralización de litio diseminado en granito en esta área», aseguraron. Green Shield destacó que la zona es de buen acceso durante todo el año y tiene «una amplia infraestructura».
Por otro lado, el director provincial de Minería de la provincia que capitaliza a Vaca Muerta como es Neuquén, Carlos Portilla, señaló a Energía On que «no tenemos ninguna información ni tampoco tenemos registrado alguna solicitud de cateo para exploración«.
A su vez, la empresa LPF Resocurces «no hacía este tipo de trabajos en Neuquén. Puede ser que se haya hecho en otra provincia», refirió.

Las expectativas de la empresa
«El paquete de terrenos a escala de distrito que estamos adquiriendo ofrece el potencial para explorar áreas conocidas de litio y, al mismo tiempo, asegura un cinturón completo que aún no se ha explorado metódicamente», subrayó el director ejecutivo de la firma, Trumbull Fisher. Buscarán aplicar «de inmediato programas de trabajo para probar el potencial del área», detalló.
El área se ubica en un cinturón intrusivo «conocido por albergar mineralización de litio. Se han cartografiado más de 800 estructuras (posibles cuerpos de pegmatitas) a través de la interpretación de imágenes de satélite», indicaron. Una visita presencial al área les permitió verificar «la existencia de muchas de las estructuras objetivo identificadas en las imágenes de satélite».
En el país, la obtención de litio se produce en los salares de la Puna, al norte. Australia, el principal productor de litio del mundo, realiza la extracción del recurso desde pegmatitas, método potencial a ser aplicado en las 480.000 hectáreas que adquirió la empresa.
Este último se caracteriza por ser un método más costoso en términos relativos pero con menor tiempo de reacción a los «shocks de demanda«, según indicaron en un informe del ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.
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Se presentaron los avances de la política climática nacional

Fecha de Publicación: 19/12/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Así fue a través de una serie de encuentros organizados por la cartera ambiental de la Nación, en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC).
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible organizó esta semana una serie de actividades en el marco del GNCC, con el objetivo de informar el estado de situación de las negociaciones llevadas a cabo en la vigésimo séptima Conferencia de las Partes (COP27) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y los avances de la política climática en el país.
Durante el desarrollo de las jornadas, la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini expresó: “El proceso de elaboración del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático involucró en su diseño más de 75 áreas de gobierno y más de 8600 participantes y un Consejo Asesor Externo, que pudimos poner en marcha en marzo. Este trabajo dio como resultado una hoja de ruta con más de 250 medidas, estructuradas en seis líneas estratégicas, que representan una brújula para alcanzar nuestros compromisos climáticos a nivel internacional, pero también para cumplir las metas nacionales y así impulsar nuestras transiciones al desarrollo sostenible”.
Además, la secretaria agregó: “Nos esperan grandes desafíos para el 2023. Uno fundamental será avanzar en la cuantificación de costos y traducir las medidas de nuestro plan en proyectos concretos para ser implementados en los territorios”, y explicó también que “se pretende seguir avanzando en la articulación con las 24 jurisdicciones para apoyarlas en el diseño de sus planes de respuesta”.
Respecto al plano de las negociaciones internacionales, la funcionaria hizo hincapié en la necesidad de “afianzar la integración regional y sumar más partes al planteo de recapitalizar los fondos y bancos multilaterales, así como poner en marcha mecanismos de financiamiento como el canje de deuda por acción climática o el pago por servicios ecosistémicos”.
En los encuentros se presentaron los avances sobre los principales instrumentos de política climática nacional que se elaboraron y presentaron durante el 2022: el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático a 2030 (PNAyMCC) y la Estrategia de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo al 2050 (ELP). También los avances en la elaboración de la Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático (ENACE).
La semana comenzó con la realización de la Mesa de Puntos Focales del GNCC, que se llevó a cabo el lunes 12 en Casa Patria Grande y contó con la participación de más de 20 representantes de las distintas áreas del gobierno nacional.
La jornada continuó con la realización de la Mesa Ampliada, el jueves 15, instancia bajo modalidad virtual que contó con más de 250 participantes de todos los sectores de la sociedad. Su transmisión pudo verse a través del canal oficial de Youtube del Ministerio.
Luego de las exposiciones, las y los participantes fueron invitados a unirse, mediante una plataforma digital, a un espacio abierto para consultas y sugerencias. También estuvo presente en el evento la directora nacional de Cambio Climático, Florencia Mitchell.
En el cierre de los encuentros se desarrolló la segunda reunión extraordinaria del Consejo Asesor Externo del GNCC. A través de este espacio, los consejeros y consejeras brindaron más de 370 aportes al mencionado plan. Durante la reunión se repasaron los avances de las negociaciones en la COP, se abordaron propuestas para la planificación de 2023 y se revisaron aspectos ligados al funcionamiento del consejo.
Participaron representantes de la comunidad científica, centros de investigación, organizaciones ambientales, universidades, entidades empresariales, partidos políticos, sindicatos y comunidades indígenas, entre otros.
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¿Puede Argentina equilibrar clima, dinero, empleo y justicia en Vaca Muerta?

Fecha de Publicación: 17/12/2022
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


Para el gobierno argentino, la extracción de petróleo y gas en Vaca Muerta, la vasta formación geológica del oeste de la provincia de Neuquén que alberga algunos de los mayores yacimientos de gas de lutita del mundo, representa una oportunidad para resolver los problemas de abastecimiento energético, aumentar las divisas y crear puestos de trabajo.
Argentina gastó más de 6000 millones de dólares en los primeros seis meses del año en importaciones de energía, 50 % más que en el mismo periodo de 2021, un aumento que se explica en parte por las interrupciones en el sector energético debidas a la guerra de Ucrania. Esto ha provocado la caída de las reservas del Banco Central, hoy en 42 000 millones de dólares y que sólo en octubre se han reducido en 100 millones.
«El proyecto puede convertirse en uno de los generadores de materias primas más importantes del país, algo que se necesita urgentemente», afirma Lara Bernstein, investigadora de la consultora Economía y Energía.
En otras palabras, la explotación de Vaca Muerta podría resolver algunos de los problemas del país. Pero la ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente en medio de la crisis climática y los compromisos del país para enfrentarla.
Argentina se comprometió a reducir 19 % de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y a alcanzar la neutralidad del carbono -un equilibrio entre las emisiones capturadas y las emitidas- para 2050. Cumplir estos objetivos requiere una transición para abandonar los combustibles fósiles: el sector energético es actualmente responsable de más de 50 % de las emisiones del país.
Para Cecilia Nicolini, secretaria de cambio climático del país, Vaca Muerta es una solución a corto y medio plazo, pero no a largo plazo. El gobierno aboga por utilizar el gas natural como combustible de transición en lugar de dar el salto a las renovables, un argumento rechazado reiteradamente por ambientalistas y expertos en cambio climático.
«Desarrollar el gas nos permitirá dejar de importar combustibles líquidos, y exportarlo a países con mezclas energéticas contaminantes, como Chile, que todavía usa carbón», dijo Nicolini en una reciente entrevista con Diálogo Chino.
Pero, aunque las actividades en Vaca Muerta pueden ofrecer oportunidades a corto plazo para impulsar la economía, el país se enfrenta a un acto de equilibrio en su transición energética a largo plazo.
Dado que los yacimientos de petróleo y gas no convencional han atraído a miles de inmigrantes de toda Argentina con la promesa de empleo, los expertos advierten de la necesidad de garantizar una «transición justa» que ofrezca oportunidades sostenibles a aquellos cuyos puestos de trabajo en el sector de los combustibles fósiles puedan desaparecer.

Vaca Muerta y sus trabajadores
Después de que el país llegó a la cifra más baja en la producción de gas y de petróleo en 2014, Vaca Muerta surgió como un sustituto de los hidrocarburos convencionales en el país, con sus depósitos de hidrocarburos también conocidos como de esquisto o shale, su nombre en inglés.
Su explotación solo es posible mediante el sistema de fractura hidráulica o fracking.
“A partir de Vaca Muerta se ha mantenido el volumen de producción, tanto de gas como de petróleo, y los no convencionales cada vez tienen más participación”, explica Bernstein.  “Nosotros calculamos que para 2025 se podrían llegar a producir un millón de barriles al día», añade.
Para alcanzar dicha producción, será necesario desarrollar más proyectos en la formación de 30 000 km2, que ya alberga cientos de pozos y está dividida en bloques que son propiedad y están operados por la empresa estatal de petróleo y gas YPF, en asociación con varias empresas internacionales.
El gobierno espera explotar los yacimientos en la medida en que sea tecnológicamente posible, y ha tratado de subvencionar a las empresas de combustibles fósiles a través de programas como el Plan GasAR, recientemente prorrogado hasta 2028.
Vaca Muerta ofrece ahora salarios que duplican la media nacional, lo que atrae a miles de personas, en su mayoría hombres, que han llegado a la ciudad de Neuquén y a otras localidades de la provincia homónima desde toda Argentina en los últimos años. Los trabajos, aunque bien pagados, son también muy riesgosos, como demuestran los numerosos accidentes de los últimos años.
En boca de pozo,  que son los trabajos menos especializados y más riesgosos,, la paga ronda entre los 2000 y 2700 dólares al mes, asegura Sebastián Cortez, gerente de la Cámara Empresarial Industria Petrolera y Afines de Neuquén (Ceipa), la cual agrupa a empresas de servicios de petróleo y gas. Cortéz cuenta que él comenzó, así, en boca de pozo, y que “si bien el trabajo es duro, la paga es incomparable”.
En 2021, el sector del petróleo y la minería en Argentina empleó directamente a más de 84 000 personas, según el informe del gobierno sobre la dinámica salarial, sin contar la industria de servicios indirectos. La mayoría de los puestos de trabajo en el sector del petróleo y el gas se concentran en la provincia de Neuquén.
Allí, el crecimiento poblacional ha doblado la media del país. En 12 años, se registró un incremento de casi 200 000 personas, algo que algunos medios nacionales han denominado como “el efecto Vaca Muerta”.
“Llegan sin un lugar dónde quedarse”, sostiene Vilma Castro, empleada de la municipalidad de Neuquén. Sobre la avenida Argentina (la calle principal en la ciudad de Neuquén) podes ver de 10 a 20 personas por día de fuera que vienen a buscar trabajo”, sostiene. “Sobre todo he visto gente de Formosa, Chaco, Salta; del norte. Generalmente vienen hombres solos, sin familia. Muchos llegan sin saber qué hacer. Nosotros los asistimos en eso”, añade.
Entre las ciudades con mayor incremento demográfico en la provincia están Rincón de los Sauces, Zapala y San Martín de los Andes. Sin embargo, según Castro, la mayoría de las personas que buscan trabajo en el proyecto se instalan en la capital provincial.
Sindicatos y organizaciones ecologistas como el Observatorio Petrolero Sur (OpSur) denuncian que las condiciones de trabajo en el proyecto son volátiles y están ligadas al precio internacional del petróleo, lo que hace a los trabajadores muy vulnerables a las fluctuaciones.
«Cuando Vaca Muerta comenzó, empleaba a 5000 trabajadores petroleros. Un año y medio después, 3500 habían sido despedidos. Esta situación de contratar y luego despedir es recurrente», dijo Martín Álvarez Mullaly, investigador de OpSur.

¿Una transición energética justa?
En la reciente cumbre del clima, la COP27, Argentina presentó su plan para cumplir su compromiso climático para 2030. Entre las más de 250 medidas enumeradas en el documento, el gobierno hace una mención explícita a la transición energética desde los combustibles fósiles, que se logrará mediante el desarrollo del sector de las energías renovables.
En su hoja de ruta, el gobierno también incorpora el concepto de «transición energética justa». Esto se refiere a la consideración de las implicaciones de la equidad y la justicia al abandonar los combustibles fósiles; por ejemplo, los efectos sobre los trabajadores del petróleo y el gas actualmente empleados, a los que habrá que formar y proporcionar apoyo para la transición a trabajos más limpios.
Una economía baja en carbono en América Latina puede generar hasta 15 millones de empleos netos y  1 % de crecimiento neto adicional, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a partir de 2020. Aunque se perderían puestos de trabajo en la ganadería y los combustibles fósiles, se calcula que se añadirían más en las energías renovables, la agricultura, la construcción y la silvicultura.
Conseguir una transición energética «no consiste en cerrar el grifo del gas y ya está», como afirma Enrique Maurtua Konstantinidis, consultor argentino en cambio climático. Aun así, confía en que la «oferta de puestos de trabajo que proporcionaría una transición justa podría ser mucho mayor que la que proporciona hoy Vaca Muerta».
«El gobierno cree que para que el país salga adelante es necesario tener dólares. Y esos dólares se generan con la venta de commodities. Esos commodities son: barriles de petróleo, gas y vacas. Son tres cosas que no forman parte de la solución climática», añadió Maurtua Konstantinidis.
Para Joaquín Etorena Hormaeche, coordinador de la Alianza para la Acción por una Economía Verde (Page), un programa de la Organización Internacional del Trabajo que apoya a los países en su transición hacia economías verdes, son muchas las variables que hay que tener en cuenta a la hora de establecer la velocidad y la dirección de una transición energética justa.
«Tenemos que saber qué tipo de puestos de trabajo pueden generar las distintas fuentes de energía renovables. Por ejemplo, la eólica y la solar requieren, sobre todo, puestos de trabajo en la fase de instalación, pero después el número de puestos de trabajo disminuye significativamente», ha señalado Etorena Hormaeche.
En 2018, había más de 8800 personas trabajando en el sector de las energías renovables en Argentina, según las últimas cifras divulgadas por el gobierno nacional, de las cuales 8329 eran empleos en la construcción -es decir, temporales- y 488 puestos fijos.
Etorena Hormaeche ha trabajado en los últimos años con diferentes actores de los sectores productivos para fomentar el diálogo mutuo sobre la transición energética de Argentina. «Trabajamos directamente con tres grupos: los trabajadores, las empresas y el Estado», dijo. Sin embargo, cada grupo tiene una idea diferente sobre cómo debe ser la transición energética
Hasta ahora, la prioridad del sector sindical ha sido la seguridad laboral, sobre todo teniendo en cuenta las arriesgadas condiciones de trabajo que suelen darse en el sector del petróleo y el gas.
Algunos sindicatos, como la Unión Obrera de la Construcción de Argentina (Uocra), han empezado a debatir lo que buscan en una transición energética justa, pero no es el caso de la mayoría de las organizaciones de trabajadores más cercanas al sector petrolero.
La Confederación Sindical de las Américas, organización regional latinoamericana de la que forma parte la Uocra, presentó un documento de posición en la COP27, en el que pide avanzar en una «transición verdaderamente justa». El documento aborda cinco áreas: transición justa en la región, mitigación, colonialismo, adaptación, pérdidas y daños, financiación y justicia social.
El párrafo final del documento da que pensar: «Solo cuando la crisis climática se aborde bajo la premisa de la justicia climática, dejará de ser un problema de contabilidad y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y podrá entonces abordarse en toda su magnitud, considerando su dimensión social e histórica».
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Desmontes en Chaco: en el Conicet denuncian que quieren deforestar un corredor biológico

Fecha de Publicación: 17/12/2022
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Chaco


Advirtieron que el gobierno de Capitanich elevó a la Legislatura provincial un proyecto de ley para eliminar la protección del Corredor Biológico del Chaco Húmedo.
En sensación térmica y materia medioambiental, Chaco arde. Greenpeace acaba de acusar al gobernador Jorge Capitanich de habilitar la deforestación de 1 millón de hectáreas de bosques nativos y de "perdonar" a quienes ya desmontaron.
Pero a esa polémica mayor por la discusión legislativa del decreto provincial 2157, que dispone un nuevo ordenamiento territorial para cumplir con la Ley de Bosques, ahora suma calor un grupo científicos del Conicet, que alertan sobre un nuevo proyecto que apunta a lo mismo: deforestar.
Es el Nº 3258 y fue presentado este martes por el diputado Juan José Bergia. Del Frente de Todos, es uno de los legisladores con más años de mandato en esa provincia.
La buena noticia para los 1.000 investigadores que en septiembre ya habían presentado una nota a Capitanich en la que expresaron la "más profunda preocupación ante la regresión ambiental de los bosques nativos" y se pusieron a disposición "para trabajar en conjunto por un avance en la conservación y el desarrollo sostenible", es que no hay fecha de tratamiento para ninguna propuesta dentro de la la llamada "Ley de OTBN". Al menos, hasta el año que viene.
¿Qué es OTBN? En el artículo 4° de la Ley 26.331 se define al Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (OTBN) como la norma que, basada en diez criterios de sustentabilidad ambiental, zonifica territorialmente los bosques nativos en cada jurisdicción de acuerdo a las diferentes categorías de conservación. Pero el alerta, para los científicos, existe si siguen presentándose planes de desmonte.
"El nuevo proyecto propone eliminar la protección de los bosques del Corredor Biológico del Chaco Húmedo. Pretende ir hacia atrás en la conservación de los bosques y eliminarlos, aún en áreas que están dentro de corredores biológicos, claves para la conservación de la biodiversidad chaqueña y, como se demostró recientemente, para algunas especies en grave peligro de extinción, como el yaguareté", explica a Clarín Micaela Camino.
Es la bióloga, investigadora y conservacionista que en abril fue distinguida en Londres con un prestigioso premio conocido como el "Oscar Verde" por su trabajo para salvaguardar el bosque del Chaco seco.
¿Cómo es esta zona y por qué es importante? Los bosques de la región chaqueña regulan lo que en la jerga ambiental se llama "sistemas ecosistémicos clave": de ellos dependemos para la regulación del clima, para garantizar la perpetuidad (fertilidad) del suelo y la perpetuación de especies animales.
"Ya estamos viendo las consecuencias en el clima", advierte la ecóloga del Conicet.
Además, ahí viven familias campesinas, indígenas y criollas. Subsisten de la naturaleza y se verán forzados a desplazarse cuando avance el desmonte. Desde lo económico, asegura que "ni siquiera es bueno para el desarollo en el corto plazo". Porque, desde la Ciencia, "ese suelo no rinde".
El "negocio", alega, no sería para el crecimiento del país sino del "sector inmobiliario" y el agronegocio exportador. "Con este tipo de iniciativas, al pasar por el legislativo y no por el Ejecutivo, se puentea la Ley de Bosques. Y lo más grave es que se está dejando afuera a la sociedad, cuando lo mejor es incluirla en las decisiones que nos afectan a todos".
Ante la pregunta de por qué es tán importante esa nueva zona en disputa en realidad, la bióloga apunta a lo más general. "Todos los bosques del chaco en este momento los necesitamos para regularnos. Para empezar, los estamos perdiendo a una de las velocidades más rápidas del mundo".
Camino, al frente de esta lucha contra la deforestación, marca una salida: "Firmar un compromiso con el sector agroproductivo industrial exportador, que dice que necesita estas zonas, aunque hay un montón ya desmontadas donde se podría sembrar, para un ordenamiento de bosques nativos, donde se pueda delimitar 'acá se puede desmontar y acá no'. En caso contrario, si ya tenés un área protegida, no se puede ir en desmedro de esa protección".

La respuesta del Gobierno chaqueño
Marta Soneira es la ministra de Estado Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible de la provincia del Chaco y dice a Clarín ?que "los científicos del Conicet tienen razón".
Es un proyecto que "carece de validez", dice, porque no cumple con los requerimientos de actualización técnicos ni la normativa vigente. Es que el Estado provincial (Ejecutivo) debe elevar la propuesta de ley.
"Desde el Ministerio de Ambiente hemos remitido a secretaria general de la provincia un proyecto progresivo en favor del ambiente que aumenta las áreas protegidas, garantiza los corredores de biodiversidad del Chaco seco y Chaco húmedo y define un área específica para la producción agrícola, además incorpora categoría amarilla con mayor monitoreo y restricción de los humedales y el impenetrable chaqueño", diferencia Soneira.
En el Chaco el órgano de aplicación de la ley de protección ambiental de bosques nativos es el Ministerio de Producción Industria y Empleo. El ministerio de ambiente no tiene poder fiscalizador.
"Estamos muy preocupados por el aumento y las tasas de desmonte actuales, pese a que en la provincia rige una medida judicial que no habilita los cambios de uso de suelo. Por eso, aunque no podamos fiscalizar, igualmente hemos creado una oficina de monitoreo permanente para la detección de desmontes ilegales", cierra.
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Las deudas ambientales de Argentina en 2022: incendios y sequía intensa, conflictos con los pueblos indígenas y creciente deforestación

Fecha de Publicación: 16/12/2022
Fuente: Mongabay
Provincia/Región: Nacional


“La agenda ambiental también debe ser productiva. En el país y la región en la que vivimos cinco de cada diez niños y niñas están bajo niveles de pobreza. La única solución para salir de ese nivel de oprobio es la producción, pero hay que entender la necesidad de modificar métodos productivos que ya no pueden ser los del siglo XX”, dice Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Argentina, quien apunta de manera directa al eje central sobre el que ha girado prácticamente todo lo ocurrido en materia ambiental en Argentina durante el 2022.
La meta productiva responde a una razón muy concreta: Argentina debe afrontar el pago de una deuda de 44 000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), obligándose a un duro ajuste del gasto fiscal y a una desesperada recaudación de divisas a través de la exportación.
El resultado puede verse detrás de varios de los sucesos que marcaron el calendario del año. Desde la proliferación de incendios a las discusiones en torno a la tan esperada actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos en áreas tan sensibles y vulnerables como el Gran Chaco; y de la nueva prórroga en el tratamiento de la ley de humedales en el Congreso a la reanudación de obras de energía hidroeléctrica de elevado impacto ambiental. También están los cada vez más frecuentes conflictos con las comunidades de pueblos originarios que reclaman la devolución de sus territorios ancestrales y los constantes incentivos a los proyectos agroindustriales, ganaderos, mineros o de extracción de hidrocarburos a costa de los daños ambientales generados a diversos ecosistemas.
Además, y por tercer año consecutivo, el fenómeno climático de La Niña ha hecho sentir su influencia, extendiendo una situación de sequía que afecta tanto a los ecosistemas como a las actividades humanas y la economía nacional. El último informe de la Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria eleva a 163 millones de hectáreas la superficie afectada por la escasez de lluvias, lo cual hace peligrar la cosecha en 3,45 millones de hectáreas de trigo. Un estudio del Movimiento CREA, organización de empresarios agropecuarios, estima en 2500 millones de dólares las pérdidas que provoca dicha situación. El déficit que produce esta falta de agua es, paradójicamente, la gota que colma el vaso de las urgencias y agita el debate entre producción (o desarrollo económico) y conservación de los espacios y recursos naturales.

Lo malo: tierra quemada y una ley que no termina de aprobarse
Entre 2021 y 2022, el fuego afectó a más 1,8 millones de hectáreas en 23 de los 24 distritos del país (solo la ciudad de Buenos Aires se mantuvo a salvo). Este año todo comenzó en enero en la provincia de Corrientes, donde los incendios arrasaron el 12 % de la superficie provincial según el informe de la Estación Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y se extendieron hasta diciembre, cuando ardieron más de 8000 hectáreas en Tierra del Fuego para casi duplicar en 2022 las áreas quemadas un año antes.
Las causas de semejante proliferación de incendios son múltiples y el incremento en un 3000 % del presupuesto asignado al Sistema Nacional del Manejo del Fuego se ha demostrado inútil para reducir los focos de calor y actuar en cuanto saltan las primeras chispas. El cambio climático, la disminución de la capa hídrica, escasa prevención y medios limitados para actuar en cuanto se esparcen las primeras llamas son solo algunas de las razones, aunque una destaca por sobre las demás: la intencionalidad relacionada con la quema de pastos para la actividad agropecuaria o los emprendimientos inmobiliarios.
Entre agosto y octubre, Rosario —segunda ciudad argentina por número de habitantes— quedó envuelta en gruesas nubes de humo como resultado de los fuegos encendidos en las islas del Delta del río Paraná, ubicadas en la orilla oriental del cauce fluvial. Durante varios días y según la dirección del viento, las cenizas invadieron el aire complicando la respiración y causando innumerables problemas de salud, en una situación que se viene repitiendo año tras año al llegar la temporada de renovación de los brotes que alimentan el cada vez más abundante ganado vacuno.
El crecimiento del número de cabezas y la disminución de la humedad derivan en fuegos que escapan al control. “Antes no pasaba nada por encender un fósforo, pero ahora se incendia todo por el cambio climático”, subraya Graciela Camaño, diputada nacional por la coalición opositora Consenso Federal, en diálogo con Mongabay Latam.
“Hay un entramado de mucho poder y complicidad con los tenedores de esos campos, de quienes entregan los permisos para tener ganado en ellos, de la Justicia y del poder económico que es necesario desarmar”, denuncia el ministro Cabandié. En 2020, su ministerio presentó una demanda contra algunos de los dueños de tierras donde se detectaron incendios, pero la causa se mantiene detenida en los tribunales de Entre Ríos, provincia a la que pertenecen las islas.
“El problema más grave es que año tras año se produce un impacto acumulado de los incendios”, explica Raúl Montenegro, biólogo, profesor en la Universidad de Córdoba y Premio Nobel Alternativo en 2004. “Así, en mi provincia las más de 10 000 hectáreas quemadas este año deben sumarse a las 50 000 de 2020 y 2021”, continúa Montenegro, quien añade al deterioro “los desmontes [deforestación] realizados en ese mismo tiempo y la destrucción de la biodiversidad por aplicación masiva de plaguicidas”.
Muchas otras áreas del país padecieron fuegos, pero lo acontecido en Iberá y el Delta reavivó la presión para sancionar o aprobar la muy postergada Ley de Humedales. La idea de promulgar una norma que otorgue un marco general para la protección de dichos ecosistemas (cubren el 21 % de la superficie argentina) lleva diez años de intentos frustrados y 2022 no fue la excepción. Pese a la presentación de una decena de proyectos, el tema fue sufriendo dilaciones en su tratamiento en las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados.
“El agronegocio, la minería y los desarrollos inmobiliarios son los lobbies que actúan detrás de los legisladores e impiden avanzar. La explotación del litio en los salares es el tema que más preocupa a las provincias del norte; y el agronegocio, a las mesopotámicas y pampeanas”, explica Nadia Boscarol, bióloga y coordinadora de Política del programa Corredor Azul en la Fundación Humedales/Wetlands International.
El 10 de noviembre se logró un consenso para que el tema pueda ser debatido en las sesiones de la Cámara, pero finalmente no fue objeto de debate en sesión abierta.

Lo preocupante: proyectos económicos polémicos
“Todos celebran la aparición de los yaguaretés como algo virtuoso pero hay representantes de sectores que no vinculan su conservación con la preservación de los bosques nativos en pie. Hay que cambiar los paradigmas de producción y aprender a tener una mirada distinta”, afirma Marta Soneira, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Chaco.
Los discursos favorables a una transformación en la manera de producir se multiplican y existen funcionarios públicos y legisladores que apoyan con decisión ese camino, pero 2022 deja demasiados ejemplos en dirección contraria que abren un panorama de preocupación. Aquí se exponen solo tres.
Primero está el proyecto de ley de fomento agroindustrial, una norma pendiente de sanción en el Congreso cuya meta declarada por el gobierno nacional en su presentación es consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos. La ley contemplaría, entre otras medidas, beneficios fiscales para la compra de semillas transgénicas y fertilizantes y ampliar la frontera agropecuaria para alcanzar los 200 millones de toneladas de granos de exportación. “Es un plan que sigue profundizando el modelo agroexportador y el lobby de las empresas monopólicas”, se queja Agustín Suárez, vocero de la Unión de Trabajadores de la Tierra, organización que agrupa a productores de la agricultura familiar.
El proyecto choca con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero comprometidos por el país. “El aumento previsto de la producción va en franca oposición con la meta de carbono neutralidad a 2050”, asegura María Marta Di Paola, magister en Relaciones Económicas Internacionales. Los diferentes usos de la tierra representan en la actualidad el 37 % de las emisiones argentinas, de acuerdo al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de 2019, último disponible, y la previsión de expandir todavía más la actividad pone en duda el cumplimiento del objetivo más allá de las promesas de la aplicación de alta tecnología para lograrlo.
Por otro lado están las polémicas prospecciones sísmicas de hidrocarburos en el Mar Argentino. Un año después de que una medida cautelar frenara el comienzo de las tareas autorizadas por el gobierno en busca de gas y petróleo a unos 300 kilómetros de las costas de Buenos Aires, la Cámara de Apelaciones dejó sin efecto esa sanción. “El fallo es una condena para el Mar Argentino porque ignora los fundamentos que demuestran la afectación directa de esa actividad sobre el clima, la biodiversidad marina y las comunidades”, sostiene Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de la organización Greenpeace. La decisión judicial habilita a la empresa noruega Equinor, encargada de las prospecciones, a iniciar las mismas más allá que la batalla judicial pueda proseguir en instancias superiores. El área prevista para las tareas es zona de paso durante las migraciones anuales de la ballena franca austral (Eubalaena australis), entre otras muchas especies habitantes de la plataforma.
La siguiente decisión controvertida del gobierno pasa por la reanudación de la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en el río Santa Cruz a partir de un reciente acuerdo entre los gobiernos de Argentina y China, país al que pertenece la principal empresa constructora. “Nunca fue una obra que tuviera urgencia energética, no es prioridad a nivel nacional y está avanzando a medias porque una de ellas —la Kirchner— se encuentra parada ya que hubo un error de cálculo al elegir el sitio de emplazamiento y deben modificarlo”, resume Sofía Nemenmann, cofundadora de la plataforma Río Santa Cruz Sin Represa.
La construcción de las represas ha sido blanco de críticas desde el primer momento, y estas se agudizaron el año pasado cuando quedó en evidencia la escasa fiabilidad de los estudios de impacto ambiental. “La Corte Suprema de Justicia le solicitó al Instituto Nacional de Prevención Sísmica que elabore un informe y este fue lapidario. Indica que no hay estudios idóneos acerca de las fallas geológicas que atraviesan el río ni información suficiente para considerar los efectos que sobre esas fallas puede producir el peso del agua del nuevo lago que surgirá con la represa”, señala Nemenmann.

Lo peor: la eterna marginación de los pueblos indígenas
El 4 de octubre las fuerzas federales desalojaron a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de tierras que reivindican como ancestrales en Villa Mascardi, a pocos kilómetros de San Carlos de Bariloche. El procedimiento incluyó la detención y traslado a dependencias policiales de mujeres (una de ellas embarazada y a punto de parir) con sus hijos y terminó motivando la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad.
Varios meses antes, en Andalgalá, Catamarca, al otro extremo de la cordillera andina, la policía local reprimía con balas de goma las protestas de los vecinos contra las tareas de factibilidad del proyecto Agua Rica-MARA, una mina de cobre, oro y plata a cielo abierto sobre las faldas del cerro Aconquija a la que se oponen desde hace una década vecinos y comunidades indígenas diaguitas que habitan la zona. A su vez, en el altiplano de Jujuy la comunidad indígena Collamboy denunció la “usurpación de tierras de pastoreo tradicional” por parte de la empresa Transnacional Minera de Litio Australes S.A. y el gobierno provincial.
Una vez más, 2022 se vio salpicado de conflictos socioambientales y malas noticias provenientes de distintos puntos del país donde viven comunidades de pueblos originarios. “De norte a sur padecemos un ‘terricidio’ que asesina todo tipo de vida”, enfatiza Evis Millán, activista del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir.
Con diferentes características según se trate de las regiones cordilleranas, el Chaco o las provincias del centro del país, las comunidades comparten un punto en común en sus demandas: “El modelo megaextractivo que quieren imponernos a cualquier costo no es compatible con nuestras formas de vida, donde el agua y los cerros son centrales para la producción y la vida y no mercancías para explotar”, dicen desde Catamarca los integrantes de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita. “Detrás de la militarización de nuestras tierras hay intereses inmobiliarios, mineros y de la industria forestal”, denuncia Millán, integrante de la comunidad mapuche Pillan Mahuiza, en la Patagonia central.
Las respuestas ante una situación que no es novedosa han sido escasas. La más llamativa fue el lanzamiento en noviembre del Frente Indígena Plurinacional, una mesa de diálogo que intenta acercar a representantes de los antiguos habitantes de la Argentina y los órganos de decisión política con el objetivo de legislar “con los pueblos originarios y no para ellos”.
La iniciativa, sin embargo, cuenta con resistencias desde su nacimiento. “Se nos hace difícil creer en un Estado que desde hace siglos sigue manejando la misma política de genocidio”, apunta Evis Millán. En 2022 la lucha de los mapuches generó escaramuzas cada vez más frecuentes y violentas. Nada hace suponer que el año próximo pueda ser diferente.

Lo reiterativo: la deforestación que no cesa
El último dato oficial conocido este año, aunque relativo a 2021, fue una vez más categórico: el 54 % de las superficies deforestadas pertenecían a zonas categorizadas como “rojas” o “amarillas” según los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) de las respectivas provincias donde sucedieron. Es decir, áreas donde está prohibido realizar algún tipo de actividad productiva o las mismas deberían realizarse sin tocar un solo árbol. En ambos casos, lugares donde deforestar está fuera de la ley.
Tal como viene sucediendo desde comienzos de este siglo la región del Chaco argentino sufre las mayores consecuencias de una práctica que ni la Ley de Bosques de 2007 ni las autoridades nacionales o locales implicadas logran detener. Este año, las mayores discusiones tuvieron lugar en la provincia del Chaco, donde después de casi una década de demora continúa sin ser actualizado el citado OTBN.
“A pesar de la sentencia judicial que ordena frenar los desmontes [deforestaciones] y solucionar los graves problemas detectados, 2022 fue el año que más deforestación registró desde 2018 y en el que más desmontes ilegales se registraron”, denunció el pasado 7 de diciembre la organización Somos Monte, luego de la presentación de una nueva propuesta de mapa de ordenamiento de bosques por parte del Estado que, en opinión de dicho colectivo, incumple con varias pautas de legitimidad.
La anterior, firmada por el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, ya había recibido una auténtica catarata de críticas. “Se reduce el valor de conservación de más de 300 000 hectáreas de bosques nativos; se permite el desmonte de hasta un 20 por ciento de las propiedades en zonas amarillas, violando la ley nacional; tampoco se sanciona a quienes deforestaron de manera ilegal ni se les obliga a restaurar el bosque; la mesa que elaboró la propuesta estaba compuesta solo por representantes industriales de los sectores agropecuario y forestal y casi no hubo consulta pública como establece la ley”, resume Matías Mastrángelo, uno de los mil científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas que en noviembre elevaron una carta al mandatario provincial para solicitar que retirara su propuesta y abriera el debate a toda la sociedad.
“Hay que ser honestos. En los últimos dos años hemos tenido 26 000 hectáreas deforestadas de forma ilegal y es algo que nos preocupa”, dice Marta Soneira, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia, quien aboga por mejorar los mecanismos de control pero acepta que en el nuevo OTBN “todavía no se plantea una política de deforestación cero, aunque se aumentan las zonas rojas (de prohibición total) y amarillas (de producción ligada a conservación del ambiente nativo).
Lo que sucede en Chaco, en todo caso, no es una excepción. En Salta tampoco se ha logrado llegar a un acuerdo para actualizar el mapa con un nuevo ordenamiento y a nivel nacional el presupuesto asignado a la Ley de Bosques para 2023 es apenas de un 10,35 % de lo que establece la propia norma legal. Una demostración cabal de que para las autoridades argentinas la conservación sigue estando muy lejos de ser una prioridad.

Lo bueno: más áreas protegidas y reintroducción de especies
Un nuevo parque nacional, la ampliación de otros dos, el dictamen favorable para la creación de una cuarta área protegida que seguramente se concretará en 2023 y la aparición simultánea de dos machos adultos de yaguareté (Panthera onca) en el Chaco se convirtieron en pequeñas perlas dentro de un año particularmente difícil para la conservación en Argentina.
“La realidad es que en los últimos 20 años se sostuvo una política de Estado respecto a la creación de nuevos parques nacionales con el apoyo de todos los bloques políticos y el respaldo en base a consensos de las provincias y sus legislaturas”, sostiene Federico Granato, presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), y en ese sentido destaca lo ocurrido con Ansenuza, el humedal salobre más grande del continente: “Su creación como parque es un ejemplo de cómo proceder para el nacimiento de un área protegida. Trabajamos junto con los Intendentes locales, las ONG que canalizaron los aportes de los donantes y las comunidades vinculadas al territorio y al entramado que compone su diversidad natural y cultural”, señala Granato.
Más de 300 especies de aves se reúnen cada verano en Ansenuza, un lago endorreico situado en la provincia de Córdoba, en el centro del país. Su acceso al grado máximo de protección ambiental está directamente ligado a la ampliación en 8000 hectáreas del Parque Nacional Aconquija, ubicado casi 800 kilómetros al norte, en Tucumán, ya que en sus cerros nacen varios de los cauces que forman la cuenca del río Salí-Dulce, principal afluente de Ansenuza.
También el Parque Nacional Pre-Delta, en la provincia de Entre Ríos, aumentó su tamaño al añadir una barranca que ayuda a conformar corredores biológicos que permiten comunicar especies de flora y fauna de diferentes regiones ecosistémicas como la chaqueña y la selva misionera. A corto plazo se espera la aprobación de la Laguna del Palmar, junto al río Paraguay en la provincia del Chaco, como nueva área protegida; y la ampliación del Parque Nacional Islas de Santa Fe, sobre el río Paraná.
Los dos yaguaretés que distintas cámaras-trampa lograron captar en el norte del Chaco fueron a su vez la gran sorpresa del año. Con una estimación de apenas unos 15 ejemplares en toda la región, la aparición de estos individuos alienta la esperanza de aumentar la presencia del tigre americano en una zona donde su papel como depredador tope resulta indispensable para el equilibrio de la biomasa.
El hallazgo del primer nido de águila viuda (Spizaetus melanoleucus) en un área protegida de Misiones; y el registro en el Parque Nacional Iguazú de un ejemplar de ala rojiza (Myiozetetes cayanensis), ave cuyo límite sur de distribución estaba hasta la fecha situado en Brasil, se suman al apartado de buenas noticias en cuanto a conservación de la biodiversidad.
Por otro lado, la presentación de la primera Estrategia Nacional sobre especies exóticas invasoras fue celebrada como un acontecimiento para quienes se dedican a combatirlas. “De norte a sur tenemos especies exóticas; empezando por el ligustro en Jujuy que empobrece la selva y le quita recursos a los pueblos indígenas hasta Tierra del Fuego, donde nos encontramos con la problemática ambiental y económica del castor y el visón americano”, señala Sergio Zalba, consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en la elaboración de la estrategia.
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