La Corte de Justicia rechazó un pedido para frenar los desmontes

Fecha de Publicación: 23/03/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


En el marco de una acción de inconstitucionalidad presentada por distintas organizaciones, ambientalistas independientes y abogadxs contra dos resoluciones de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
La Corte de Justicia de Salta falló contra el pedido de una cautelar para frenar los desmontes en la provincia que fue solicitada por un colectivo de organizaciones sociales, ambientalistas agrupados e independientes, y abogadxs mediante una acción popular de inconstitucionalidad contra dos resoluciones firmadas por el secretario de Medio Ambiente y de Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazabal.
El abogado Oscar Gillen sostuvo que ante el rechazo a la cautelar solicitada, evalúan presentar un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En Ciudad Judicial se realizó una movilización por la mañana y hubo inconvenientes con la policía que impedía la realización de actividades, entre ellas que varios músicos pudieran cantar, lo que luego se vio imposibilitado por la lluvia.
Lxs referentes ambientalistas, además de la cautelar, pidieron la inconstitucionalidad, inaplicabilidad e ineficacia de las resoluciones 333/20, publicada en el Boletín Oficial el 19 de octubre del 2.020 y la 411/20, publicada en el Boletín Oficial N° 20873, el 24 de noviembre del 2.020.
La primera resolución establecía que no se hagan más audiencias públicas en los pedidos de las empresas para desmontar y eliminaba la exigencia de que se realice el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) en desmontes de hasta 1500 hectáreas. La resolución 411 la modificó estableciendo que “para los Planes de Cambio de Uso de Suelo (PCUS) los proponentes deberán presentar Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAyS) y celebrar la correspondiente audiencia pública”.
Para Guillen la última resolución es un "maquillaje" porque continúa con el espíritu de la anterior resolución 333 cuyos artículos 2 y 3 siguen vigentes.
La Corte rechazó la cautelar para frenar desmontes fundamentando que no resultan "procedentes respecto de actos administrativos o legislativos" y que "al coincidir la medida peticionada con el objeto del juicio, su otorgamiento, en los hechos traduciría un adelanto sustancial del resultado del proceso, lo que se encuentra vedado puesto que excede el reducido marco de conocimiento que es propio de las cautelares".
El secretario de ambiente de la provincia viene siendo cuestionado en las últimas audiencias públicas por vecinos, ambientalistas y referentxs políticxs, quienes señalaron que el funcionario había participado antes de asumir como profesional de los equipos técnicos que realizaron los estudios de impacto ambiental y social de varias empresas como Cresud o Agrone SA y manifestaron que no podía decidir él justamente sobre la autorización de esos desmontes.
Aldazabal se inhibió de esos expedientes, y en esos casos, informaron desde el programa de audiencias públicas a Salta/12 que el ministro de producción y desarrollo sustentable, Martín de los Ríos, debía intervenir.
Ahora, en el fallo de la corte, el juez Horacio Aguilar es quien se excusó porque los "socios del estudio jurídico del que formó parte hasta el 1 de junio del año pasado intervinieron en trámites administrativos vinculados al cambio de uso de suelo que aún no fueron resueltos y que podrían verse alcanzados por la normativa cuestionada en la presente acción".
Guillen afirmó que en el caso de Aldazabal pusieron a un "lobo a cuidar de las gallinas" porque "se autodefine como abiertamente partidario de los desmontes". Además consideró que las resoluciones que emitió son contrarias a la función que debería cumplir en una secretaria de ambiente. El letrado cuestionó que en la Corte no haya jueces o juezas con formación en medioambiente.
La ambientalista Verónica Ardanaz sostuvo que "los índices de desmonte en Salta son alarmantes". Decieron recurrir a la Justicia cuando se anoticiaron por un comunicado de  Greenpeace, y luego por un llamado de atención del Ministerio de Ambiente de Nación de los alcances de la resolución 333 que sacó Aldazabal. Ardanaz consideró que "no se está cumpliendo como corresponde con la ley de bosques" en Salta. Apuntó a la necesidad de que la sociedad se involucre porque las consecuencias del desmonte son irreversibles.
Ardanaz dijo que los árboles que dan belleza, productos medicinales, oxígeno y vida no son considerados "seres". "Sin ellos no habría nada, nuestro reino (animal) es absolutamente frágil y dependiente del reino vegetal, entonces (desmontar) es un suicidio colectivo, una falta de sensibilidad muy grande", manifestó.
En el mismo sentido se pronunció el abogado Guillen quien señaló que Salta es uno de los lugares en el mundo con mayor deforestación y que ésta implica la desaparición de especies vegetales y animales,  y que afecta también el hábitat de las comunidades originarias. Algo que se viene señalando a menudo es como pueblos originarios y el campesinado se ven expulsados de los territorios que habitan.
Ardanaz consideró que "los desmontes implican también muerte y enfermedades, en este sentido malformaciones y cánceres vienen siendo problemas asociados por algunos profesionales con la pulverización de agroquímicos en los campos de monocultivos".
"Los pueblos originarios sí consideran a los árboles sujetos de derecho, lo consideran un ser. Por eso Bolivia y Ecuador consideran a la madre tierra sujeto derecho", expresó Ardanaz.
En un documento que aportaron las organizaciones, se explica que en el artículo 2 "se habilita la explotación y conversión de los bosques nativos cualquiera sea su superficie mediante un procedimiento abreviado consistente en la presentación de documentación sintética, evadiendo la obligatoriedad de realizar consultas o audiencias públicas, lo cual significa, la eliminación de la participación ciudadana, fuertemente protegida por los mandatos constitucionales y por la legislación nacional"
Señalan que el aprovechamiento forestal se refiere a la extracción de productos de un bosque y que la disposición bajo análisis permite una actividad extractiva de forma indiscriminada, habilitando la destrucción de los bosques, de la biodiversidad y de los recursos naturales de la provincia. Advierten que la implicancia real de la vigencia de esta norma será el avance incontrolable e ilegal sobre los bosques nativos, incluso de proyectos “pendientes” de aprobación, lo que anuncia la gravedad e intensidad de las habilitaciones que pretenden concederse.
"La supervivencia y vigencia de este artículo, niega el derecho de toda persona a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, impide el cumplimiento estricto de las consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente, y rechaza la normativa nacional que exige asegurar la participación ciudadana en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental", manifiesta el documento. Además indican que esto se agrava porque  no se establecen límites a la superficie en la que se producirán los desmontes.
El artículo 3 "acentúa la regresividad y el desmejoramiento de los estándares ambientales nacionales, fijando menores exigencias, ya que en este caso facilita el aprovechamiento de los bosques nativos inferiores a 1.500 hectáreas, requiriendo al igual que en el artículo 2, solo una declaración jurada y un estudio sintético de impacto ambiental, lo que prescinde –nuevamente- de la realización de audiencias públicas, violando metodológicamente los principios y normas jurídicas individualizados en el apartado precedente", explican.
Se cuestiona el hecho de que se exceptúe al proponente de la realización de una evaluación de impacto ambiental "en tanto presenten los proyectos con modalidad silvopastoril y/o cualquier modalidad de ganadería integrada, inferior a 1500 hectáreas".
El artículo  22 de la ley 26.331 ordena que: “Para el otorgamiento de la autorización de desmonte o de aprovechamiento sostenible, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción deberá someter el pedido de autorización a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental será obligatoria para el desmonte”.
Se señala como peligroso el hecho de que podría ocurrir que una empresa presente de forma sucesiva planes de cambio de uso de suelo que afecten superficies menores a 1.500 hectáreas, "eludiendo de esta forma la obligación de realizar de audiencias públicas y el sometimiento al Estudio de Impacto Ambiental y Social".
"De esta forma se posibilita el desarrollo de macro emprendimientos con la única exigencia de la presentación de documentación sintética requerida por el art. 45 de la ley 7.070", detallaron.
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Argentina participó del Comité de Revisión de la Implementación de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación

Fecha de Publicación: 23/03/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


La comitiva nacional estuvo integrada por las carteras de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que lidera Juan Cabandié, formó parte del 19.° período de sesiones del Comité de Revisión de la Implementación de la Convención (CRIC 19, por su sigla en inglés) —en el marco de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD)—, que comenzó el lunes y culminó hoy. Realizado de forma virtual, durante el evento se abordaron los avances y desafíos a nivel nacional, regional y global en materia de iniciativas y mecanismos para combatir la desertificación, degradación de tierras y sequía.
Abelardo Llosa, director nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio del organismo de Ambiente nacional, quien participó de la iniciativa, expresó: “Argentina ha expuesto la necesidad de contar con un Fondo para la Neutralidad de la Degradación de Tierras orientado y en directa relación con las estrategias propias de los países parte de la Convención”. Asimismo, agregó que “el apoyo financiero para la neutralidad de la degradación de la tierra no debería estar condicionado a indicadores de rentabilidad financiera, sino vinculado a los objetivos de sostenibilidad ambiental y social”.
Por otro lado, el funcionario remarcó que “el abordaje integral de género es indispensable para la efectividad de la lucha contra la desertificación y mitigación de las sequías”, dado que “principalmente, se ha detectado que la carga del aumento de la higiene familiar y del hogar como medida para evitar los contagios ha recaído significativamente más sobre las mujeres”, añadió. Ello en concordancia con lo relevado en un informe que realizó el Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD) sobre el impacto de la pandemia por COVID-19 en el marco de las dimensiones ambientales, humanas, productivas y sociales.
Durante las sesiones se abordaron temáticas como el progreso a nivel país de la implementación de las metas voluntarias de neutralidad de la degradación de la tierra (NDT); y los flujos financieros para la puesta en práctica de la convención, que incluyó el estado de situación del Fondo NDT y su Mecanismo de Asistencia Técnica afiliado. También se trató la ejecución de la Iniciativa de Sequía de la CNULD, junto con una revisión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de dicho órgano sobre políticas efectivas y medidas de implementación para abordar la sequía.
Cabe destacar que, previa realización de la jornada, Argentina participó activamente en la conformación de posiciones regionales que fueron consensuadas para cada tema de agenda. En particular, nuestro país coordinó y presentó la declaración regional del Grupo de países América Latina y el Caribe ante las Naciones Unidas (GRULAC), en lo relativo a la implementación de las metas voluntarias de la NDT. Asimismo, intervino en cada uno de los temas puestos en debate, destacando la importancia de atender las dificultades de los estados en desarrollar propuestas financiables para proyectos y programas de NDT transformadores, para lo cual se hizo hincapié en que ello requiere un apoyo sostenido de financiamiento a la implementación y creación de capacidades nacionales.
La delegación argentina estuvo conformada por la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, que depende de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales, a cargo de Florencia Gómez, de la cartera de Ambiente nacional; y por la Dirección de Medio Ambiente, a través de su titular, Reina Sotillo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Algunos números sobre tierra y sequías en el marco de la CNULD
Actualmente, 128 países tienen la intención de establecer objetivos nacionales voluntarios de neutralidad de la degradación de la tierra.
Las metas para 90 de estos países suman más de 450 millones de hectáreas de tierra para restauración, lo que representa más de la mitad de la rehabilitación potencial de tierras prometida globalmente.
A nivel mundial, el costo anual de las sequías se estima cercano a los 80 mil millones de dólares.
Al momento, 66 países han establecido planes nacionales para luchar contra la sequía.
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Desbarataron un criadero ilegal y rescataron a 300 aves de especies exóticas

Fecha de Publicación: 23/03/2021
Fuente: Telam
Provincia/Región: Capital Federal


Los ejemplares fueron trasladados a la Reserva Ecológica Costanera Sur y a la ONG Pájaros Caídos para su recuperación. El dueño del inmueble quedó detenido.
Unas 300 aves, en su mayoría exóticas y en peligro de extinción, fueron rescatadas tras desbaratar un criadero ilegal en el barrio porteño de Villa Luro, en un operativo en en el que se detuvo al propietario del inmueble, que fue clausurado, informaron fuentes policiales.
El valor de todo lo incautado ronda los dos millones de pesos en el mercado, según se indicó.
La localización del criadero ilegal, situado en San Blas 5400, de Villa Luro, que funcionaba con el nombre de "El Mundo de las Aves", se logró con tareas de investigación bajo la modalidad de ciberpatrullaje.
Tras recabar la información, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema), a cargo del fiscal Carlos Rolero Santurián, dio intervención a la Dirección General de Control Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental y a la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC) del Gobierno porteño.
Así, se realizó la inspección con personal de la División Operaciones Especiales de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, médicos veterinarios, la División Canes y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ).
Al ingresar al inmueble, los oficiales corroboraron su deplorable estado sanitario y la falta de condiciones legales para la tenencia y cría de animales, algunos de los cuales estaban lastimados.
En el lugar se hallaron especies nativas y exóticas, como cardenales amarillos, una pareja de cabecita negra y una hembra más de esa especie, una pareja de jilgueros y un Cardenal de la Sierra.
Además, se rescataron animales domésticos como canarios, y se procedió a clausurar el criadero.
Las 300 aves rescatadas fueron trasladadas a la Reserva Ecológica Costanera Sur y a la ONG Pájaros Caídos para que su recuperación.
Un hombre de 46 años, propietario del inmueble, fue detenido, y también se secuestraron jaulas, un teléfono celular, una computadora y documentación importante para la causa.
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Día de los Bosques: cumplir la Ley para celebrar la naturaleza

Fecha de Publicación: 22/03/2021
Fuente: Ámbito Financiero
Provincia/Región: Nacional


El mejor reconocimiento para los bosques argentinos en su día, sería que las autoridades correspondientes se comprometan a cumplir la Ley de Bosques: el desafío es lograr la implementación plena.
Día de los Bosques: cumplir la Ley para celebrar la naturaleza Aunque a veces no dimensionemos su importancia, los bosques nativos son proveedores de servicios ecosistémicos esenciales para la vida humana y de otras especies. Contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, la regulación hídrica, dan sustento a la vida de las comunidades locales y contribuyen a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Son proveedores de materias primas, alimentos, agua potable, medicinas y sirven como reguladores de eventos extremos como inundaciones, la erosión y la calidad del aire.
Pero, además, los bosques sanos funcionan como “amortiguadores” de agentes patógenos -como virus y bacterias- que pueden afectar al ser humano. Pese a esto, la deforestación en Argentina ha avanzado en los últimos 20 años al ritmo del precio internacional de los granos (como soja y maíz) y con un promedio de 300.000 hectáreas de bosques perdidos anualmente -el equivalente a la superficie de CABA por mes-.
En Argentina contamos desde el año 2007 con la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos – conocida como Ley de Bosques-, que constituye una herramienta imprescindible para planificar el uso de los bosques y permitir equilibrar producción y conservación de la naturaleza. Si bien su sanción fue un hito en materia ambiental y fomentó una disminución progresiva en la tasa anual de deforestación, nuestros bosques nativos siguen sufriendo debido al cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, urbanísticas y viales, lo que ocasiona graves consecuencias sociales, ambientales y económicas, muchas veces, irreversibles. Y el dato más preocupante es que aproximadamente la mitad de esa deforestación viene ocurriendo en zonas protegidas por la Ley de Bosques, lo cual está prohibido, y da cuenta que fueron deforestadas ilegalmente.
Recientes comunicaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable indican que en 2020 se perdieron 400.000 has de bosques nativos, de las cuales 300.000 se quemaron en incendios forestales. El 2021 ya nos impactó con el peor incendio de interface (forestal-urbano) de la historia de la Patagonia, con consecuencias terribles que afectan en este momento a muchísimas personas. El principal llamado a funcionarios nacionales y provinciales es al cumplimiento del artículo 40 de la Ley de bosques que obliga a que todas las superficies boscosas quemadas sean restauradas. Para que esto ocurra efectivamente necesitamos que los fondos estén disponibles y sean ejecutados de forma eficiente y transparente por las diferentes jurisdicciones.
El mejor reconocimiento para los bosques argentinos en su día, sería que las autoridades correspondientes se comprometan a cumplir la Ley de Bosques: el desafío es lograr la implementación plena, la completa adjudicación del presupuesto estipulado y la definición de normas complementarias y procedimientos que nos lleven a una efectiva protección de los bosques nativos de nuestro país. Esto además contribuiría a prevenir los incendios forestales y a restaurar las zonas quemadas, dando solución y ayuda a los damnificados.
Si bien la Ley de Bosques Nativos logró que los bosques hayan pasado a formar parte de la agenda pública argentina y se haya comenzado a fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de las autoridades provinciales y nacionales, aún resta mucho por hacer para que cumpla con sus principales objetivos. Argentina se merece y necesita más que nunca que se salde esta deuda con nuestros bosques y que la implementación de la Ley sea una ventana de oportunidad federal para todos, pero muy especialmente, para las personas que viven en y de los bosques. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias de la crisis ambiental y social mundial que estamos atravesando; contamos con los instrumentos legales, administrativos y financieros para conseguirlo.
¿Será posible articular las acciones necesarias para consolidar la conservación y uso sustentable de los bosques nativos como una real política de estado? En el Día Internacional de los Bosques reforzamos nuestra preocupación y el pedido urgente de protegerlos de manera efectiva.

Por Manuel Jaramillo
Director General de Fundación Vida Silvestre Argentina
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Cabandié recibió al buque Oca Balda, que una vez reparado será destinado a la conservación de las áreas marinas protegidas

Fecha de Publicación: 22/03/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


La nave será reacondicionada en el Astillero Río Santiago, ubicado en Ensenada, para su puesta a punto para la investigación oceanográfica. “Va a ser un hito para la historia de Parques Nacionales”, aseguró el ministro.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, recorrió este mediodía las instalaciones del buque Oca Balda, que será destinado a la conservación de áreas marinas protegidas. La acción forma parte del trabajo articulado entre el Gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires, a partir de la cual la Administración de Parques Nacionales (APN) encarará tareas en el Mar Argentino.
“El buque Oca Balda va a ser un hito para la historia de Parques Nacionales”, celebró Cabandié, al tiempo que agregó: “Nos va a acercar a la protección de las áreas marinas y colaborar también con la protección de nuestra fauna ictícola”. Asimismo, el ministro consideró que la reparación del barco “va a poner al Estado bien en alto”, lo que posibilita “un desarrollo equitativo”. Además, reflexionó sobre la necesidad de buscar coincidencias entre “todas y todos los argentinos para construir una Argentina donde exista desarrollo territorial para todas las provincias”, y “no concentrar todo en un solo puerto”.
Luego de su reparación integral, el barco se destinará a la efectiva implementación de la Ley n.º 27037 de Áreas Marinas Protegidas, para la protección y conservación de espacios marinos representativos de hábitats y ecosistemas de importancia nacional. Al respecto, el titular de la cartera de Ambiente dijo que el buque constituye “un instrumento de envergadura para custodiar las áreas marinas protegidas y para colaborar con distintos organismos en una sinergia que pone bien en alto el rol del Estado”.
El buque, remolcado desde Mar del Plata hasta Ensenada, comenzará a ser reparado y adecuado por personal del Astillero Río Santiago. La sinergia entre distintos ministerios del Gobierno nacional y provincial hace posible este proyecto fundamental para la conservación de la biodiversidad de nuestro país.
En ese sentido, la articulación comprende al Ministerio de Ambiente, que a través de la APN operará el buque; la cartera de Defensa, que aportó los tripulantes de la Armada Argentina para el traslado; el Ministerio de Agricultura, que mediante el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) sumó el barco. Para la reparación, que demandará siete meses, el mencionado astillero facilita de manera gratuita la mano de obra, mientras que Wyss Argentina colabora con los gastos mediante una donación de 100 mil dólares.
En el astillero, Cabandié le dijo a sus trabajadores que “son un orgullo para la Patria”. “Ojalá que tengamos una cantidad enorme de proyectos como este para encarar, porque va a ser un signo de la recuperación de nuestro andamiaje productivo tan necesario para el desarrollo de nuestra Argentina que padece profundas desigualdades”, concluyó.
En el puerto de Ensenada, el intendente anfitrión del acto, Mario Secco, agradeció la iniciativa al ministro Cabandié y señaló: “Nos comprometemos a hacerlo, es una decisión política que nos hace bien y da trabajo”.
Por su parte, el presidente del Astillero Río Santiago y recientemente designado embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, sostuvo: “Me ha tocado conducir los destinos del astillero más importante de la Argentina. Gestionamos sobre las ruinas en que lo sumió el Gobierno neoliberal de Macri y Vidal. Estamos convencidos que el país debe garantizar soberanía marítima a través de sus buques construidos en astilleros argentinos y que el Astillero Río Santiago debe ser la nave insignia de esa recuperación”.
Cabe destacar que la acción se enmarca en el proyecto Pampa Azul, del que forman parte las carteras de Ambiente; Ciencia, Tecnología e Innovación; Cancillería; Agricultura, Ganadería y Pesca; Turismo y Deportes; Defensa y Seguridad, como parte de una política pública interministerial para la reafirmación de la soberanía nacional en todo el Mar Argentino.
Estuvieron presentes en el acto Carolina Vera, titular de la Unidad de Gabinete de Asesores y coordinadora ejecutiva del programa Pampa Azul, y el subsecretario de Coordinación Institucional, Pablo Nuñez, ambos del Ministerio de Ciencia; el presidente de la APN, Daniel Somma; el director de Buques del INIDEP, Alejandro Latte; el prefecto nacional naval, prefecto general Mario Ruben Farinon; el futuro presidente del Astillero Río Santiago, Pedro Wasiejko; la directora para Argentina de la Fundación WYSS, Ana Liz Flores; el secretario adjunto de ATE Ensenada, Pablo Rojas, concejales y personal del mencionado astillero.

Áreas marinas protegidas
Las áreas marinas protegidas contribuyen a lograr el objetivo de protección del 10 % de los espacios marítimos argentinos, según lo previsto en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, asumido por las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Estas áreas, ubicadas en la Zona Económica Exclusiva Argentina, tienen como objetivo proteger zonas del mar con alta diversidad (desde invertebrados hasta grandes mamíferos marinos) o que albergan especies amenazadas, y zonas que constituyen sitios de importancia para la cría y desove de peces de alto valor comercial.
La Administración de Parques Nacionales se encarga de manejar y fiscalizar las áreas marinas protegidas, así como también formular acciones tendientes a la conservación y uso sostenible de los ecosistemas marinos, incentivar la investigación, desarrollar campañas de educación e información ambiental y elaborar e implementar los planes de manejo.
La presencia de la APN en estas áreas constituye un desafío, promoviendo el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación productiva en el Atlántico Sur, a fin de crear una cultura del mar en la sociedad argentina, fomentando el uso sostenible de los recursos naturales marinos y el crecimiento de la industria nacional asociada.
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Denuncian desmonte ilegal cerca de Castelli y responsabilizan a un socio del grupo sojero más grande del país

Fecha de Publicación: 22/03/2021
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


La organización ambientalista chaqueña Somos Monte denunció el desmonte ilegal de mil hectáreas de monte nativo en campos cercanos a Castelli. Apuntan contra un empresario cuyo socio es el gerente general de MSU, uno de los más grandes grupos sojeros de Argentina, con tierras en varios países de Sudamérica
“Denunciamos un desmonte ilegal de más de 1000 hectáreas cerca de Castelli”, asegura la denuncia pública de Somos Monte. “Se encuentra a solo seis kilómetros desde el Malá, paraje muy apreciado por locales y turistas para pasar el día en contacto con la naturaleza”, añadieron.
Según la organización, el desmonte empezó en 2013 y fue denunciado por Greenpeace en 2018, por encontrarse en zona amarilla. Es decir, en bosques que no pueden ser desmontados por ley. “En 3 años la Dirección de Bosques nunca intervino”, denunciaron.
Somos Monte aseguró que las autoridades provinciales no solo no frenaron las topadoras, sino que “omitieron a la Justicia el permiso irregular ya tramitado en 2011”.
¿De quién es el campo desmontado? La organización chaqueña reveló que el mismo pertenece a Nicolás Adolfo Martignone, del grupo de agrobusiness Martignone, pariente y socio de Agustín Martignone, CEO de MSU (Manuel Santos Uribelarrea). MSU es uno de los más grandes grupos sojeros de Argentina, con tierras en varios países de Sur América.
“Esta empresa ya se vio involucrada en el juicio por las recategorizaciones irregulares otorgadas por la Provincia a partir de 2013. Nuevamente queda en evidencia que la sustentabilidad para estas personas es tan sólo un eslogan para la propaganda y la complicidad de las autoridades de Bosques en emitir permisos irregulares y ocultar información”, finalizó el comunicado.
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Quieren determinar el impacto ambiental causado por los incendios en la Cordillera

Fecha de Publicación: 20/03/2021
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Chubut


El fiscal general de Lago Puelo solicitó a peritos a la Policía Federal para calcular los daños causados al medio ambiente. Los datos oficiales indican que el fuego destruyó alrededor de 1.300 hectáreas en la Comarca Andina.
El fiscal general de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, dijo este miércoles que convocará a integrantes del departamento Unidad Federal de Investigación de Delitos Ambientales de la Policía Federal para que hagan una evaluación de los daños ambientales que causaron los incendios en Lago Puelo, El Hoyo y Cholila.
Además, informó que todavía no hay ningún informe preliminar ni adelanto de las pericias solicitadas al personal de la Superintendencia de Bomberos y División Siniestros de la Policía Federal, que trabaja desde el lunes en la zona con el objetivo de descubrir las causas de los incendios.
“Todavía no hay nada de eso. No tengo ningún informe preliminar de las pericias”, explicó el fiscal a RÍO NEGRO. Dijo que los peritos habían sobrevolado las zonas arrasadas por los incendios en Lago Puelo y El Hoyo. Y tenían previsto trabajar en las próximas horas en Cholila.
Díaz Mayer informó que había pedido este miércoles al jefe de la Policía Federal que autorice a viajar hasta la zona a personal de la Unidad Federal de Investigación de Delitos Ambientales para trabajar en la estimación de los daños ambientales. “El objetivo es que puedan hacer una evaluación de los daños provocados por los incendios y el impacto en el medio ambiente”, afirmó.
El fiscal sostuvo que el objetivo es que puedan establecer no solo el impacto ambiental en la zona de la Comarca Andina sino en la región. “El daño ambiental nos impacta a todos, no solo a las personas que viven en Lago Puelo o El Hoyo”, afirmó. Y opinó que se ve muy difícil, en principio, una reparación integral del daño enorme causado por los incendios.
Mientras, los brigadistas siguen trabajando para controlar los puntos activos que quedan de los incendios, que se originaron la tarde del 9 de marzo último en Lago Puelo, El Hoyo y Cholila.
Los datos del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y Secretaría de Bosques de Chubut indican que el incendio “ya consumió cerca de 1.300 hectáreas en toda zona afectada”. Uno de los sectores donde se continúa trabajando es en El Pedregoso.
“Con el refuerzo de brigadistas llegados de todo el país alojados en cabañas cedidas solidariamente por SMATA y Aldea “Los Huemules”, continúan trabajando el SPMF de Las Golondrinas, Puerto Patriada, Lago Puelo, Esquel y Cholila; SPLIF de El Bolsón, Parques Nacionales de diferentes jurisdicciones; SNMF (Regional Patagónica, Regional Centro y Regional NOA), SPMF de Neuquén y Bomberos Voluntarios de El Hoyo y Lago Puelo”, dice el informe del SPMF que el Municipio de El Hoyo publicó este miércoles en su cuenta de Facebook.
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Un acuerdo para explorar la biodiversidad del Delta y las islas del Paraná

Fecha de Publicación: 20/03/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires


La Universidad de Buenos Aires y el municipio de Escobar firmaron un convenio de producción de conocimiento sobre esta ecorregión que implica la creación de un Centro de Investigación y Desarrollo en ese partido bonaerense.
Conocer a fondo la biodiversidad del Delta y las islas del Paraná para avanzar en políticas que protejan el medioambiente y la calidad de vida de las poblaciones locales. De eso se trata el convenio que firmaron la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el municipio de Escobar, que investigarán en conjunto esta ecorregión.
El secretario de Ciencia y Técnica de la UBA, Anibal Cofone, explicó que ya están “avanzando con proyectos interdisciplinarios que integran áreas técnicas, científicas y sociales” porque las problemáticas a trabajar son “complejas”. Para continuar con estas investigaciones, se dispuso la creación de un Centro Interinstitucional de Investigaciones Interdisciplinarias que funcionará en un punto estratégico del municipio.
El Delta e Islas del Paraná abarcan más de 17 mil kilómetros cuadrados y los habitantes de la zona necesitan que el trabajo de los equipos de investigación tengan “anclaje en la realidad y que se acerquen a los problemas reales”. En este sentido, deben encontrar las “necesidades territoriales de las comunidades que allí viven, de la producción que tienen y del cuidado del ambiente”, enfatizó Cofone.
Las principales facultades que realizan trabajos de investigación en la región son las de Agronomía, Ciencias Veterinarias, Exactas y Naturales. Con este nuevo acuerdo, el objetivo será profundizar y elaborar políticas públicas para la conservación y protección de la biodiversidad y su desarrollo sostenible; como así también analizar los efectos de su pérdida y los cambios globales que afectan a la región.
Argentina cuenta con 18 ecorregiones, 15 de ellas son continentales, dos marinas y una está ubicada en la Antártida. Desde la UBA afirman que además “las investigaciones tendrán en cuenta el impacto económico que generan las distintas actividades como la fruticultura, floricultura, apicultura, ganadería, forestaciones, pesca, turismo, entre otras”.
Al trabajo en conjunto que realizarán tanto la Universidad como el municipio de Escobar, se le sumará la participación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el CONICET y Parques Nacionales.
El Centro será establecido en la ex estancia Los Arenales que tiene acceso al Delta Inferior, a través del Puerto de Escobar, cercano al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos y a la estación Experimental INTA Delta.
Este acuerdo se plasmó en un acto de firma de convenio encabezado por el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, y el rector de la UBA, Alberto Barbieri. No es la primera vez que la Universidad y el municipio desarrollan tareas de cooperación: desde marzo de 2020 funciona el colegio preuniversitario Ramón Cereijo, es el primero en la provincia de Buenos Aires.
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Saneamiento del Riachuelo: se oficializó la Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca

Fecha de Publicación: 20/03/2021
Fuente: La ciudad de Avellaneda
Provincia/Región: Riachuelo


Se publicó la resolución que conforma de manera oficial la novedosa red territorial que se dedicará a vincular a los establecimientos productivos y de servicios que requieran mejorar y adecuar su desempeño ambiental.
Con el objetivo de complementar el rol de autoridad ambiental de ACUMAR, que implica el control industrial en la Cuenca Matanza Riachuelo, se creó por Resolución del Consejo Directivo del organismo la Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca (RAAC).
Este mes se oficializó a través de la Resolución 45/2021, publicada en el Boletín Oficial, la iniciativa que busca fomentar la mejora en el desempeño ambiental de los establecimientos del sector productivo y de servicios.
La RAAC cumplirá un rol fundamental para fortalecer un vínculo con las empresas de la Cuenca, fundamentalmente con aquellas declaradas Agentes Contaminantes que a la fecha no han presentado o implementado sus planes de adecuación, ya que permitirá un mejor flujo de la información, un mayor conocimiento de las particularidades de cada establecimiento, un acercamiento a sus problemáticas y necesidades y un acceso a mayores recursos que los que cada institución podría movilizar individualmente, favoreciendo acciones eficaces para lograr los objetivos comunes.
Con la creación de esta red se apunta a que cada establecimiento pueda cumplir e incluso superar las exigencias normativas, a través de los recursos de información, conocimiento, experiencias y asistencia técnica disponibles, y que así, un mayor número de empresas mejoren su desempeño ambiental, elaboren planes de adecuación efectivos, logren implementarlos adecuadamente y puedan sostenerlos en el tiempo.
Podrán formar parte de la Red ministerios y secretarías afines a temas ambientales y productivos, municipios de la Cuenca y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organismos de ciencia y tecnología, universidades, asociaciones gremiales empresarias y sindicatos, empresas que forman parte del sistema de producción de bienes y servicios, asociaciones civiles y organizaciones sociales vinculadas al desarrollo sostenible y el ambiente e instituciones financieras, organismos de defensa del consumidor o defensorías del pueblo, entre otras, que estén radicadas o tengan incidencia en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo.
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Crisis impacta en rezonificación minera y aletarga su tratamiento

Fecha de Publicación: 19/03/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Chubut


Por tercera vez consecutiva no se podrá llevar a cabo del debate parlamentario pese a tener dictamen favorable. Sucede tras la agresión al Presidente. La Nación le suelta la mano al gobernador.
 Los incendios en la Comarca Andina dejaron en evidencia las grandes diferencias entre el gobierno provincial y el PJ y, a la vez, ciertas discrepancias en el propio Frente de Todos a nivel nacional. La agresión sufrida por el presidente Alberto Fernández expuso, una vez más, la efervescencia social que atraviesa una provincia que vive en estado de crisis desde hace más de dos años por cuestiones políticas, económicas y sociales.
Mientras la Justicia investiga la intencionalidad o no del fuego que provocó la pérdida de más de 350 viviendas, los cruces de versiones ganan la página política en un año que definirá el futuro de una gobernación. Con el drama ambiental como marco, el proyecto por la rezonificación minera quedó fuera de la orden del día y la Legislatura no debatirá nuevamente una iniciativa que parece muy difícil de tratar en el contexto de violencia que envuelve a Chubut.
Según pudo conocer este medio, los legisladores que se mostraron a favor tanto como aquellos que se pronunciaron en contra no encuentran viable la posibilidad de que, al menos por este año, el debate pueda tener lugar en la Legislatura. Ayer mismo se conoció que un narco violó su prisión domiciliaria para vigilar y sacar fotos de la casa de un diputado que representa al bloque oficial. Los ánimos están crispados.
Incluso, una diputada del nuevo bloque “Chubut Unido” envió una carta a la presidencia del cuerpo en la que manifestó que “es momento de buscar tranquilidad y sosiego en los espíritus y ánimos de la sociedad chubutense”. Y aclaró que “después vendrán tiempos posiblemente de un verdadero debate esclarecedor y por qué no pensar en una posterior consulta popular”.
Minutos antes, el ministro de Seguridad, Federico Massoni, había dado a conocer la detención de cinco personas vinculadas a la agresión sufrida por el Presidente de parte de un grupo de manifestantes supuestamente embanderados como antimineros. Durante su exposición, el funcionario manifestó no contar con el itinerario real que tendría Fernández y arremetió contra diversos diputados, funcionarios y exfuncionarios del peronismo a quienes acusó de que “escupen hacia esta provincia sembrando dudas con un desconocimiento real”.
La respuesta no tardó en llegar. El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, sostuvo que Massoni “debería presentar la renuncia si tiene un poquito de dignidad” y, en diálogo con Ámbito, dijo que “la seguridad de un Presidente no corre por cuenta de diputados o intendentes, sino por el ministro de Seguridad. Massoni es un personaje nefasto que hoy funciona como el jefe de Arcioni. En ese contexto está enrolado en querer ser senador nacional y no le importa nada ninguna familia que haya perdido su casa”.
El exintendente Carlos Linares, otro de los apuntados, sostuvo en diálogo con este medio que “ya había pasado lo mismo con (Nicolás) Trotta. Y lo dejaron solo. El Presidente bajó con soluciones concretas y vio cómo se intentó empañar su ayuda con este mamarracho que sufrió por culpa de alguien que nunca tendría que haber estado a cargo de Seguridad”.
Quien sumó más claridad a la diferencia que existe hoy en la Provincia fue el ministro del Interior, Wado de Pedro al afirmar que “no estaba prevista la presencia del gobernador Mariano Arcioni. Sabíamos que eso iba a generar malestar y enojo, debido a la gran cantidad de problemas sin solución que acumula la Provincia”.
Más allá de la identificación de Arcioni con Sergio Massa, está claro que el gobierno nacional ya tomó una decisión en relación al gobernador de Chubut. Y es que, sin respuesta a la demanda por la rezonificación minera exigida desde arriba, y con un cuadro de situación que no hace más que demostrar las diferencias políticas internas en un marco de crisis, “lo que ya viene mal cocido es muy difícil de volver de reencausar”, aseguró una fuente local con llegada al presidente.

Incendio y después
Más allá de la situación política, la Comarca Andina atraviesa en estos momentos un drama habitacional de fuerte impacto. Son más de 400 las familias que perdieron su vivienda, 315 de las cuales son de Lago Puelo. La ayuda nacional, el trabajo local y las colectas solidarias son hoy las principales herramientas de ayuda con las que cuenta la región para reencontrar la calma.
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La costa santafesina tiene su primera reserva ecológica

Fecha de Publicación: 19/03/2021
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe


El Intendente Municipal Mario Enrique Migno presidió el acto de apertura de la reserva ecológica, en una isla municipal situada frente a la ciudad, la cual cuenta con alrededor de 644 hectáreas de paisajes típicos de las islas del Paraná Medio.
La ceremonia se desarrolló en la mencionada isla, y contó además con la presencia del concejal Silvio Florito, el secretario y la subsecretaria de la producción, turismo y medio ambiente, Pablo Porcel de Peralta y Victoria Piedrabuena, respectivamente, el Subsecretario de Planificación y Gestión de la Municipalidad de San Javier, Bugnon Marcial e invitados especiales.
En la oportunidad, el Intendente Mario Migno afirmó: “esto se consiguió hacerlo mediante decisiones políticas, el trabajo de muchas personas, y que atravesó tres mandatos municipales”. Además, destacó el trabajo realizado por Noemí Hurani y Elena Vouilloz para poder conseguir que Catastro reconozca a la Municipalidad como dueña de este espacio.
“Ahora hay que mantenerlo y la única forma de mantenerlo es procurar la apropiación y para procurar la apropiación a mí me parece un excelente medio es involucrar la educación”, concluyó el Intendente.
Por su parte la Ingeniera Ambiental, Ayelén Muchiutti, hizo una reseña histórica del proyecto, que comenzó en 2013 con el Ingeniero Agrónomo Marcial Bugnon y agradeció a todas las personas que hicieron posible que se pueda inaugurar con todos los senderos y la cartelería.
A continuación, el secretario de Producción, Turismo y Medio Ambiente, Pablo Porcel de Peralta, sostuvo que: “va a llevar su tiempo, tomar dimensión de lo que se realizó acá y que los Sanjavierinos interpretemos que tenemos una reserva natural enfrente de la ciudad, con todo lo que ello significa, con todos los ambientes que tiene, con todas las posibilidades que nos brinda, nos vamos a terminar de posicionar y consolidar como un destino ecoturístico, que es a lo que apuntamos”.
Luego fue el turno de Pablo Tabares, Vicepresidente de la Fundación Hábitat y Desarrollo, quien manifestó: “hoy el mundo tiene tres grandes desafíos y emergencias ambientales, una es la pérdida de biodiversidad y acá desde San Javier están haciendo un aporte muy concreto, que es lo que hay que hacer, ampliar nuestras áreas naturales protegidas para conservar biodiversidad y los otros temas son de contaminación y cambio climático”
“Esto tiene que ser un ejemplo para municipios y comunas que hay en el corredor de la ruta 1, porque realmente esto es algo que se podría replicar y de la manera en la que fue concebido y planteado, puede servir como ejemplo para poder seguir ampliando y sumar un rosario de áreas naturales”, finalizó Tabares.   
Seguidamente la Licenciada Alba Imhof, Coordinadora de Patrimonio Natural del Programa Ambiente y Sociedad de la UNL., dijo: “todo lo del turismo me parece fantástico, pero yo también lo veo por el lado de la educación, ya este va a ser un lugar donde las escuelas y los niños de la zona, lo va a tomar como un punto para aprender a seguir queriendo la naturaleza”.
Finalmente, la Dra. Andrea Racca, Coordinadora de Programas Especiales y Reservas Naturales de la UNL, felicitó a todos por el trabajo realizado y agregó: “desde el punto de vista de la investigación, convertir el área esta, en un laboratorio a cielo abierto, donde se puedan generar ciertos conocimientos que aporten a la biodiversidad desde el punto de vista de la investigación”.

Reserva Natural Isla La Rinconada
La reserva Isla la Rinconada fue creada por Ordenanza Municipal en diciembre del año 2017 y cuenta con una superficie de alrededor de 644 hs.
La Reserva se encuentra dentro de la ecoregión de Delta e Islas del Paraná. La misma se halla conformada por un mosaico complejo de hábitats que van desde bosques subtropicales húmedos, selvas en galería, bosques monoespecíficos, sabanas inundables y gran variedad de humedales. La ecoregión posee una dinámica fuertemente modelada por los ciclos de crecientes y bajantes, conformando un mosaico muy complejo de hábitats con influencia de la selva misionera o paranaense, de la selva amazónica y del Pantanal.
Como importante antecedente previo a la declaración de Reserva Natural, se contaba con un relevamiento ambiental de la isla realizado en el año 2014 por el Museo Provincial de Ciencias Naturales de la Provincia de Santa Fe, Florentino Ameghino.
En el año 2019, se inicia el proyecto titulado “Posicionamiento de la Reserva Natural Urbana La Rinconada, San Javier, como destino ecoturístico y educativo asociado al Rio Paraná en su tramo medio” financiado por UNL y Fundación Hábitat y Desarrollo.
Con este proyecto se esperaba organizar la reserva, generando cartelería adecuada, diseñando un sistema de senderos de interpretación del paisaje, entrenando guías locales para llevar adelante visitas guiadas para el avistaje de aves, caminatas interpretativas, safaris fotográficos, entre otros. Se esperaba también que los ciudadanos conozcan la flora y fauna de la región a través de un circuito integrado, pensado para el disfrute, el reconocimiento del paisaje y la conservación de la isla.
El proyecto tuvo como objetivo contribuir a la conservación de la ecoregión de Delta e Islas, posicionando a la Reserva Municipal Isla La Rinconada como destino ecoturístico y educativo asociado al Rio Paraná en su tramo medio, a través del empoderamiento comunitario de este espacio y la conservación consecuente de la flora y fauna, reconociendo su importancia para los pueblos originarios de la zona y la historia de la ciudad.
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El Ministerio de Ambiente promueve la segunda cohorte del diploma de posgrado de especialistas en cambio climático

Fecha de Publicación: 19/03/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Se realizará a distancia, en conjunto con las universidades nacionales de Quilmes y de Jujuy y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La preinscripción es gratuita y se aceptarán postulaciones hasta el 26 de marzo.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que conduce Juan Cabandié, junto con la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de Jujuy y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) impulsan la segunda cohorte del diploma de posgrado “Bases y Herramientas para la Gestión Integral del Cambio Climático”.
El curso se desarrollará en modalidad a distancia, entre abril y agosto del corriente año. Con esta iniciativa, el Ministerio —a través de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación— y las mencionadas casas de estudio buscan fortalecer capacidades y formar especialistas en cambio climático. La finalidad es que quienes cursan el posgrado puedan comprender, desde un abordaje interdisciplinario, los conceptos, los principios clave y las causas del cambio climático, para lograr analizar las problemáticas asociadas y las posibles acciones regionales, nacionales e internacionales para hacer frente a este fenómeno, en los diferentes sectores y escalas territoriales.
Cabe mencionar que en la primera cohorte 2020 se registraron más de 1.600 preinscripciones para un cupo de 500 estudiantes. Además, se dio prioridad a las y los postulantes con desempeño en la gestión pública, poniendo en primer lugar a quienes se desempeñan en los ámbitos nacional, provincial, municipal y en organismos descentralizados. A continuación, se incluyeron los sectores educativo, científico-académico, ONG, privado y otros. Además, fueron reservados cupos de estudiantes para las jurisdicciones participantes del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA).
El diploma tendrá 180 horas de cursada distribuidas en 5 módulos, centrados en: miradas críticas sobre el cambio climático y el desarrollo; introducción a las cuestiones ambientales y del abordaje del cambio climático; energía; mitigación frente al cambio climático; impactos del fenómeno; vulnerabilidad, adaptación y resiliencia; vinculación de la temática con la salud; planes de acción; otros aspectos sociales —migraciones, refugiados ambientales y transición justa—; cambio climático y género; aspectos económicos y regulatorios; comunicación; marco legal, político e institucional; integridad socioambiental frente al cambio climático; y un módulo a elección, según el sector de interés.
Las clases estarán a cargo de docentes especialistas en las diferentes temáticas. Habrá acceso a clases magistrales y conversatorios con referentes nacionales e internacionales, además de foros para los y las estudiantes.
Para postularse, se requerirá contar con un título universitario o acreditar estudios terciarios de al menos cuatro años. Asimismo, para completar los cupos de admisión, se tendrá en cuenta el balance de género y la distribución federal. Además, se reservarán admisiones para los y las estudiantes provenientes de América Latina y el Caribe.
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Ahora, en Mendoza admiten que La Pampa logra frenar Portezuelo del Viento

Fecha de Publicación: 18/03/2021
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza


El diario Los Andres hizo una evaluación del resultado de la reunión de la comisión, realizada el lunes pasado. Dice que la "maniobra dilatorio" se gestó en noviembre del año pasado.
Luego de haber asimilado el impacto de la votación en la "mesa de trabajo" conovocada por Nación para analizar las consecuencias de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento, y sus eventuales consecuencias sobre el río Colorado, ahora en Mendoza reconocen que La Pampa logró ponerle un freno a la obra.
Tal como se informó, cuatro de las cinco provincias que integran COIRCO (La Pampa, Río Negro, Buenos Aires y Neuquén) votaron en el ámbito de una "comisión" la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental, que analice las implicancias de la presa en toda la cuenca. Mendoza, por supuesto, se manifestó en contra.
"Los pampeanos, ahora con el apoyo del resto de las provincias que integran el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado y el visto bueno de la Nación, buscan estirar los tiempos y de esta forma retrasar el inicio de los trabajos de la megaobra hidroeléctrica que se ubicará en Malargüe", admitió el diario mendocino.
El resto de los medios mendocinos, hasta ahora, habían hecho una singular interpretación del encuentro concretado en Buenos Aires. La misma actitud toomaron las autoridades de la provincia cuyana.
Los Andes -además- remarcó que "la maniobra dilatoria se gestó en noviembre del año pasado cuando en un intento de diálogo de Pedro convocó a las provincias del Coirco a integrar una mesa de trabajo".
"Todas las provincias, menos Mendoza, decidieron conformar una Comisión de Estudio de Impacto Ambiental que estaría en el futuro encargada de llevar adelante una nueva evaluación ambiental", explicó.

Fuerte enojo
El diario Los Andes también rescató declaraciones del ministro de Gobierno mendocino, Víctor Ibáñez. “Esta mesa de trabajo que convocó el ministro Eduardo de Pedro persigue hacer una evaluación de impacto ambiental. Pero esta mesa no tiene atribuciones, hasta plantearon dictar un reglamento interno. Se está colocando a esa comisión en un lugar donde no debe estar, con atribuciones que no le corresponden”, dijo el funcionario.
“Nosotros seguimos en la postura de no salirnos del Coirco porque es el ámbito natural e institucional de debate a través del Consejo de Gobierno y del Consejo Ejecutivo. Es el órgano creado por un tratado interprovincial en 1976 y desde hace 44 años es el único habilitado para evaluar y aprobarlas obras de esta naturaleza con impacto en la cuenca”, agregó.
El funcionario de Rodolfo Suárez insistió en que ninguna comisión puede adoptar decisiones que vayan contra aquellas que ya tomó el Coirco en temas relacionados a impacto ambiental regional y normas de llenado y manejo. “En octubre llevamos al Ministerio de Interior 11 cajas con 72 biblioratos en los que está toda la información de los estudios de Portezuelo”, destacó Ibáñez.
En el mismo artículo periodístico añadieron una versión del Gobierno Nacional. “Se propuso crear una comisión interjurisdiccional de estudio de impacto ambiental. La propusieron cuatro provincias para que defina los métodos parámetros técnicos de una nueva evaluación de impacto ambiental. Esto lo votaron cuatro de las cinco provincias y Mendoza quedó en contestar”, dicen que explicaron voceros de la Casa Rosada.
“Cuando la comisión esté en funciones, una vez definidos todos los parámetros técnicos evaluados y consensuados por las cinco provincias, el encargado de hacer el estudio es muy probable que sea el Ministerio de Ambiente, el ministerio va a tener injerencia, un rol principal”, detallaron esas mismas fuentes.
"También confirmaron que no hay fecha de la próxima reunión de la mesa de trabajo y que todo está supeditado a la aceptación o rechazo de la creación de la nueva comisión por parte Mendoza", puntualizó el diario mendocino.

"Festejo pampeano"
El otro parte del artículo, bajo la denominación de "festejo pampeano", Los Andes indicó que "los medios y funcionarios pampeanos festejaron los resultados de la reunión de la mesa de trabajo que desde enero ya habían bautizado con el nombre de Comisión de Estudio de Impacto Ambiental".
Y citó declaraciones del diputado nacional Hernán Pérez Araujo: “celebramos la concreción de una mesa política que defina y concrete estas cuestiones. Esta reunión se realiza en cumplimiento de lo requerido por los gobernadores de la cuenca, y nuestro trabajo es hacer cumplir la ley, que nos conmina a la realización de los correspondientes estudios y a garantizar la participación popular de manera previa a la concreción de la obra”.
"Por otro lado, informó que La Pampa le solicitó a Mendoza que no se avance con Portezuelo del Viento hasta que se concrete el Estudio de Impacto Ambiental y su Evaluación, con garantía de participación popular", dice la nota en relación al legislador pampeano.
Acto seguido se citaron declaraciones de Ibáñez como respuesta. “Pérez Araujo dice una cosa absolutamente incorrecta. Él no tiene facultad y ni potestad para decir que no se puede seguir con la obra. No hay otra persona o ámbito que pueda decidir que no sea el Coirco, menos un representante de la mesa de trabajo de La Pampa”, disparó el ministro de Gobierno.
“Vamos a continuar en la línea de siempre. Vamos a ser parte de los lugares que promuevan acuerdos pero vamos a defender lo que el Coirco ya decidió hace años y que fue ratificado por el laudo presidencial de Mauricio Macri. El gobernador Suárez fue el único que se opuso a un nuevo estudio de impacto ambiental y eso quedó en manos de la Corte”, agregó el funcionario mendocino.

La comisión
En noviembre, el gobierno nacional resolvió que se hiciera un nuevo estudio de impacto ambiental para Portezuelo del Viento. De Pedro, que es el titular del Coirco, convocó a las provincias, al Ministerio de Ambiente nacional y a la secretaría de Políticas Hídricas a que trabajen en un nuevo análisis del impacto de la construcción de la megapresa en Malargüe, incluidas las respectivas audiencias públicas.
En la reunión se propuso la creación de una comisión interjurisdiccional para el estudio de impacto ambiental que debería dictar sus propios reglamentos internos y procedimientos específicos.
Tendrá como objetivo colaborar con el Coirco y elaborar los términos de referencia del estudio de impacto ambiental, hacer la evaluación y garantizar la participación popular a través de audiencias públicas en las cinco provincias (Mendoza, La Pampa, Río Negro, Buenos Aires y Neuquén).
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El drama de los agroquímicos: detenidos por la causa del avión que fumigaba cerca de una escuela rural

Fecha de Publicación: 18/03/2021
Fuente: El Agrario
Provincia/Región: Buenos Aires


Los productores agropecuarios de la zona investigaron para identificar a los responsables y promovieron las acciones judiciales.
El 4 de marzo, los directivos de la escuela rural 37 de Paraje Gornatti denunciaron que un avión fumigador estaba sobrevolando la escuela, poniendo en peligro al personal docente y a los estudiantes que se encontraban en la institución.
Según informó el medio Tiempo de Pergamino, el juez Carlos Villafuerte Ruzo ordenó la detención de los responsables del sobrevuelo del avión fumigador sobre el espacio aéreo de la Escuela Primaria N° 37 durante la jornada escolar del tercer día de clases de este ciclo lectivo.
"El Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás indagó al piloto y al ingeniero agrónomo", indicó el medio.
En este sentido, el medio detalló que "la Policía Federal Argentina, identificó y detuvo al piloto a cargo de la pulverización con agroquímicos en un campo de la zona del establecimiento educativo situado sobre el camino de tierra que une las localidades de Acevedo y Mariano Benítez, el pasado miércoles 3 de marzo, durante el horario escolar matutino."
En cuanto a los datos del aviador, se trata de un hombre de 38 años, domiciliado en San Nicolás, acusado de infracción a la Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos, su decreto reglamentario y normas complementarias, informaron los medios de la zona.
Pero además, cabe mencionar que según pudo indagar este medio, la Justicia analiza la posibilidad de imputarlo por presunta desobediencia a algunas reglas y artículos del Código Aduanero por vuelo temerario, que son maniobras prohibidas que ponen en riesgo la seguridad de personas o bienes porque están fuera de la reglamentación y que básicamente son vuelos fuera del eje de pista que se realizan a una altura menor a la permitida.

El malestar de los productores
Fueron los productores rurales y los aeroaplicadores de la zona, los que impulsaron la denuncia e investigación, para que se sancione a los responsables. “No queremos castigo a los justos por culpa de los pecadores”, explicaron enojados.
El malestar de los productores se hizo notar al remarcar el repudio ante esta práctica. “Hacemos público nuestro más enérgico repudio ante cualquier práctica que atente contra la normativa vigente que regula las áreas de aplicación aéreas y terrestres”, sostuvieron entonces en el comunicado.
“Quienes hemos crecido y vivimos en el campo sentimos un profundo respeto por las escuelas rurales, instituciones que son parte esencial de la comunidad de cada paraje o pueblo rural”, aclaraba el comunicado.

Las reglas sobre  las aplicaciones fitosanitarias
A nivel nacional no domina una normativa única para todo el territorio. En la provincia de Buenos Aires, tampoco se ha logrado homogeneizar las reglas sobre aplicación de fitosanitarios.
Desde febrero pasado, y hasta el 17 de mayo, rige una tercera prórroga de suspensión de la Resolución 246/18, con la cual se buscó ordenar la regulación con adhesiones municipales. Esa medida fue impulsada por el Gobierno de María Eugenia Vidal, que inmediatamente también la suspendió por un año, luego de críticas desde sectores ambientalistas. Cuando asumió Axel Kicillof la prorrogó por otro año más, hasta febrero pasado, momento en que volvió a suspenderse por tres meses.
Hoy, el ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, que conduce Javier Rodríguez, trabaja en ejes sobre reglas claras que preserven tanto la salud de personas y animales, el medioambiente y las actividades productivas. A través de la creación de  un Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA) deberá sintetizar informes técnico-académicos y también escuchará a los productores rurales, quienes en general argumentan que con protocolos de Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs), y el castigo a quienes no las cumplan, es segura su utilización.
En la localidad de Pergamino, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, determinó, "un límite restrictivo y de exclusión" para las fumigaciones áreas y terrestres con plaguicidas en la localidad. Fue en 2019 que el juez federal que investiga la contaminación por agroquímicos en esta ciudad bonaerense ordenó una  restricción para la utilización de estos productos: prohibido  pulverizar a menos de 1.095 metros de cualquier zona urbana de esta ciudad bonaerense ni a menos de 3.000 metros si la práctica es aérea.
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Ecología multará a quienes realicen quemas en Misiones

Fecha de Publicación: 18/03/2021
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


El Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones informó que “ante los registros de varias columnas de humo captado este domingo por el avión vigía, dependiente del Plan provincial de Manejo del Fuego con base en la ciudad de Apóstoles, se vuelve a recordar a la población que se encuentra en vigencia la prohibición de cualquier tipo de quema en todo el territorio provincial, dado que el índice de peligrosidad por incendios es extremo“.
En este sentido se recuerda que “se encuentran vigentes severas sanciones para él o las personas que realicen esta práctica ilegal, y que este organismo de contralor puso en marcha una serie de acciones para garantizar el cumplimiento de la prohibición del uso del fuego mientras esté vigente esta resolución ministerial, como también de ser inflexibles y llevar adelante sanciones pecuniarias elevadas y acciones legales contra las personas que no respeten esta medida”.
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