Polémico proyecto de granjas de cerdos chinas
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Polémica con China: lanzan una campaña para detener la instalación de granjas industriales de cerdos
Fecha de Publicación: 23/07/2020
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
En menos de cuatro horas, ya hubo miles y miles de adhesiones al documento ''No queremos transformarnos en una factoría de cerdos para China, ni en una fábrica de nuevas pandemias'', convocado por artistas, activistas, periodistas y red de abogados ambientalistas. Lo que busca el documento es frenar un acuerdo entre la *Argentina *y *China *para producir nueve millones de toneladas de carne porcina de alta calidad, lo que implicaría para pasar de producir 6/7 millones de cerdos por año a 100 millones.
Esto se debe a la crisis de la *Peste Porcina Africana *(PPA) en /China/, que, de acuerdo a un documento publicado en el blog "Pacto Socual y Económico" , “ya *generó la matanza de 180 a 250 millones de cerdos chinos para evitar la propagación del virus y estiman que erradicar la enfermedad les podría demandar más de 10 años*. La matanza fue de modo sumamente crueles como quemarlos o enterrarlos vivos, y eso disminuyó la producción entre un 20 y un 50 por ciento”.
*Información oficial*. El 6 de julio pasado, la cancillería argentina difundió una comunicación entre el *Ministro de Relaciones Exteriores y Culto*,*Felipe Solá*, y el ministro de *Comercio de la República Popular China*, *ZhongShan*, donde se anuncia una “asociación estratégica” entre ambos países, referida a la producción de carne porcina y se anuncia una “inversión mixta entre las empresas chinas y las argentinas” para “producir 9 millones de toneladas de carne porcina de alta calidad”, lo que “le daría a China absoluta seguridad de abastecimiento durante muchos años”.
PERFIL se comunicó con Cancilleria y el vocero oficial le anunció a este medio que ''aún no hay acuerdo y que se tendrán en cuenta las prevenciones planteadas y que aún no hay fecha estimada para el lanzamiento''.
La periodista Soledad Barruti advierte que ''aún estamos a tiempo de dejar de entregarnos a un *agronegocio suicida*'', que ella compara con el Programa Pura Soja de 1996, "donde a raíz de un acuerdo de Felipe Solá, nos convertimos en los grandes alimentadores de cerdos de China a raíz del monocultivo de soja''.
''Pero ahora en vez de alimentar con nuestra soja a los cerdos chinos, Vamos a pasar a entregarles a los animales directamente. Con todo lo que implica la *cría industrial*, *zoonosis *de todo tipo, y la *resistencia bacteriana*. *800 mil personas mueren por año por eso*. Además de la *contaminación *del aire, agua, y profundización de un modelo agroindustrial que venimos denunciando'', le explica a PERFIL, *Marcos Ezequiel Filardi *(abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria).
Según fuentes oficiales, la Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP) y la Asociación China para la Promoción y el Desarrollo Industrial de China (CAPID) impulsaría inversiones por USD 27.000 mil millones en los próximos 4 a 8 años.
*Maltrato animal*. Según Barrutti, los cerdos al ser hacinados en cubículos, luchan por escaparse mordiendo y golpeando los barrotes metálicos, lesionándose y provocándoles problemas mentales y físicos. Por eso se les arrancan los colmillos y la cola que por el estrés es lo primero que se lesionan. Su sufrimiento es constante y muchos padecerán problemas respiratorios.
Por su parte, el abogado Enrique Viale, agrega a PERFIL "Pasamos de "Vaca Muerta" a "Cerdo Muerto".
Las primeras firmas del documento son Soledad Barruti (periodista y escritora), Maristella Svampa (socióloga y escritora), Guillermo Folguera (CONICET-UBA/Biologo-Filosofo), Marcos Ezequiel Filardi (abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria), Enrique Viale (abogado ambientalista), Elizabeth Jacobo (FAUBA), Miryam Kurganoff de Gorban (nutricionista y doctora honoris causa UBA y UNR), Gabriela Cabezón Cámara (escritora), Pablo Alabarces (Sociólogo/Investigador del Conicet), Beatriz Sarlo (ensayista y escritora), Patricia Pintos (Geógrafa/UNLP), Rafael Colombo (abogado ambientalista), Gabriela Massuh (escritora), Carlos Gamerro (escritor), Alejandra García, (Fundación Franz Weber), Jesusa Rodríguez (Senadora de la República Mexicana), Liliana Felipe (compositora), Erica Rivas (actriz), Leonor Manso (actriz), Patricia Zangaro (dramaturga).
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Fecha de Publicación: 23/07/2020
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
En menos de cuatro horas, ya hubo miles y miles de adhesiones al documento ''No queremos transformarnos en una factoría de cerdos para China, ni en una fábrica de nuevas pandemias'', convocado por artistas, activistas, periodistas y red de abogados ambientalistas. Lo que busca el documento es frenar un acuerdo entre la *Argentina *y *China *para producir nueve millones de toneladas de carne porcina de alta calidad, lo que implicaría para pasar de producir 6/7 millones de cerdos por año a 100 millones.
Esto se debe a la crisis de la *Peste Porcina Africana *(PPA) en /China/, que, de acuerdo a un documento publicado en el blog "Pacto Socual y Económico" , “ya *generó la matanza de 180 a 250 millones de cerdos chinos para evitar la propagación del virus y estiman que erradicar la enfermedad les podría demandar más de 10 años*. La matanza fue de modo sumamente crueles como quemarlos o enterrarlos vivos, y eso disminuyó la producción entre un 20 y un 50 por ciento”.
*Información oficial*. El 6 de julio pasado, la cancillería argentina difundió una comunicación entre el *Ministro de Relaciones Exteriores y Culto*,*Felipe Solá*, y el ministro de *Comercio de la República Popular China*, *ZhongShan*, donde se anuncia una “asociación estratégica” entre ambos países, referida a la producción de carne porcina y se anuncia una “inversión mixta entre las empresas chinas y las argentinas” para “producir 9 millones de toneladas de carne porcina de alta calidad”, lo que “le daría a China absoluta seguridad de abastecimiento durante muchos años”.
PERFIL se comunicó con Cancilleria y el vocero oficial le anunció a este medio que ''aún no hay acuerdo y que se tendrán en cuenta las prevenciones planteadas y que aún no hay fecha estimada para el lanzamiento''.
La periodista Soledad Barruti advierte que ''aún estamos a tiempo de dejar de entregarnos a un *agronegocio suicida*'', que ella compara con el Programa Pura Soja de 1996, "donde a raíz de un acuerdo de Felipe Solá, nos convertimos en los grandes alimentadores de cerdos de China a raíz del monocultivo de soja''.
''Pero ahora en vez de alimentar con nuestra soja a los cerdos chinos, Vamos a pasar a entregarles a los animales directamente. Con todo lo que implica la *cría industrial*, *zoonosis *de todo tipo, y la *resistencia bacteriana*. *800 mil personas mueren por año por eso*. Además de la *contaminación *del aire, agua, y profundización de un modelo agroindustrial que venimos denunciando'', le explica a PERFIL, *Marcos Ezequiel Filardi *(abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria).
Según fuentes oficiales, la Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP) y la Asociación China para la Promoción y el Desarrollo Industrial de China (CAPID) impulsaría inversiones por USD 27.000 mil millones en los próximos 4 a 8 años.
*Maltrato animal*. Según Barrutti, los cerdos al ser hacinados en cubículos, luchan por escaparse mordiendo y golpeando los barrotes metálicos, lesionándose y provocándoles problemas mentales y físicos. Por eso se les arrancan los colmillos y la cola que por el estrés es lo primero que se lesionan. Su sufrimiento es constante y muchos padecerán problemas respiratorios.
Por su parte, el abogado Enrique Viale, agrega a PERFIL "Pasamos de "Vaca Muerta" a "Cerdo Muerto".
Las primeras firmas del documento son Soledad Barruti (periodista y escritora), Maristella Svampa (socióloga y escritora), Guillermo Folguera (CONICET-UBA/Biologo-Filosofo), Marcos Ezequiel Filardi (abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria), Enrique Viale (abogado ambientalista), Elizabeth Jacobo (FAUBA), Miryam Kurganoff de Gorban (nutricionista y doctora honoris causa UBA y UNR), Gabriela Cabezón Cámara (escritora), Pablo Alabarces (Sociólogo/Investigador del Conicet), Beatriz Sarlo (ensayista y escritora), Patricia Pintos (Geógrafa/UNLP), Rafael Colombo (abogado ambientalista), Gabriela Massuh (escritora), Carlos Gamerro (escritor), Alejandra García, (Fundación Franz Weber), Jesusa Rodríguez (Senadora de la República Mexicana), Liliana Felipe (compositora), Erica Rivas (actriz), Leonor Manso (actriz), Patricia Zangaro (dramaturga).
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Corrientes: ante avistamiento de yacarés piden protegerlos
Advierten que una ley protege a los yacarés y se penaliza su agresión
Fecha de Publicación: 23/07/2020
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
En los últimos días volvió a salir a la playa un lagarto de gran tamaño llamando la atención de los transeúntes. Desde la Comuna solicitaron que no dañen al ejemplar . Ambientalistas dijeron que son animales inofensivos.
La semana pasada volvió a aparecer en las arenas de la avenida costanera general San Martín un yacaré de casi dos metros de largo y ante la curiosidad que desató en los transeúntes y las personas que se encontraban en la zona ribereña, desde la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes reiteraron el pedido para que no lastimen al animal ni tampoco se acerquen a molestarlo. Autoridades recordaron que los lagartos, de la especie de caimanes, se encuentran protegidos y cualquier tipo de agresión se encuentra penalizado a través de la Ley N° 22.421 de Con servación de la Fauna Silvestre.
Por otra parte, los yacarés de gran tamaño que periódicamente aparecen sobre la costanera capitalina son inofensivos. Habitualmente los lagartos de gran porte suelen mostrarse sobre las arenas capitalinas.
En los últimos días volvió a aparecer el yacaré negro de casi 2 metros de largo sobre las playas de la costanera General San Martín, siendo ya un huésped periódico de la zona ribereña y ofreciendo una postal llamativa para los transeúntes. Ante la visita del animal, a través de sus redes sociales el secretario de Coordinación de Gobierno de la Municipalidad de a Ciudad de Corrientes, Hugo Calvano, reiteró oficialmente a los vecinos que no se acerquen a los animales silvestres que periódicamente salen a la superficie en la costa de la ciudad.
Además, el funcionario comunal solicitó que en el caso de que haya personas o embarcaciones que se aproximen a los ejemplares de yacaré silvestres, los mismos deben ser reportados al 0-800-5555-6864 o dar aviso a la Prefectura Naval Argentina para evitar cualquier tipo de maltrato.
Los yacarés se encuentran protegidos por la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.
Anteriormente, especialistas y ambientalistas remarcaron que en los últimos meses, tanto por la pronunciada bajante del caudal del río Paraná como por el menor movimiento de personas por la cuarentena obligatoria, los yacarés de gran tamaño comenzaron a aparecer sobre las playas de la costanera norte para tomar sol. Asimismo, proteccionistas estimaron que los animales deben contar con sus nidos en las inmediaciones, por lo que es necesario protegerlos y cuidar para evitar su cacería y depredación.
Por otra parte, desde la Municipalidad recordaron que las playas de la ciudad se encuentran inhabilitadas, por lo que está prohibido el ingreso y la permanencia en las inmediaciones del río Paraná. Además, por la actual cuarentena vigente por la pandemia de covid-19 no se encuentra permitido la aglomeración de personas en espacios públicos sin el debido distanciamiento social obligatorio y las medidas de seguridad correspondientes.
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Fecha de Publicación: 23/07/2020
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
En los últimos días volvió a salir a la playa un lagarto de gran tamaño llamando la atención de los transeúntes. Desde la Comuna solicitaron que no dañen al ejemplar . Ambientalistas dijeron que son animales inofensivos.
La semana pasada volvió a aparecer en las arenas de la avenida costanera general San Martín un yacaré de casi dos metros de largo y ante la curiosidad que desató en los transeúntes y las personas que se encontraban en la zona ribereña, desde la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes reiteraron el pedido para que no lastimen al animal ni tampoco se acerquen a molestarlo. Autoridades recordaron que los lagartos, de la especie de caimanes, se encuentran protegidos y cualquier tipo de agresión se encuentra penalizado a través de la Ley N° 22.421 de Con servación de la Fauna Silvestre.
Por otra parte, los yacarés de gran tamaño que periódicamente aparecen sobre la costanera capitalina son inofensivos. Habitualmente los lagartos de gran porte suelen mostrarse sobre las arenas capitalinas.
En los últimos días volvió a aparecer el yacaré negro de casi 2 metros de largo sobre las playas de la costanera General San Martín, siendo ya un huésped periódico de la zona ribereña y ofreciendo una postal llamativa para los transeúntes. Ante la visita del animal, a través de sus redes sociales el secretario de Coordinación de Gobierno de la Municipalidad de a Ciudad de Corrientes, Hugo Calvano, reiteró oficialmente a los vecinos que no se acerquen a los animales silvestres que periódicamente salen a la superficie en la costa de la ciudad.
Además, el funcionario comunal solicitó que en el caso de que haya personas o embarcaciones que se aproximen a los ejemplares de yacaré silvestres, los mismos deben ser reportados al 0-800-5555-6864 o dar aviso a la Prefectura Naval Argentina para evitar cualquier tipo de maltrato.
Los yacarés se encuentran protegidos por la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.
Anteriormente, especialistas y ambientalistas remarcaron que en los últimos meses, tanto por la pronunciada bajante del caudal del río Paraná como por el menor movimiento de personas por la cuarentena obligatoria, los yacarés de gran tamaño comenzaron a aparecer sobre las playas de la costanera norte para tomar sol. Asimismo, proteccionistas estimaron que los animales deben contar con sus nidos en las inmediaciones, por lo que es necesario protegerlos y cuidar para evitar su cacería y depredación.
Por otra parte, desde la Municipalidad recordaron que las playas de la ciudad se encuentran inhabilitadas, por lo que está prohibido el ingreso y la permanencia en las inmediaciones del río Paraná. Además, por la actual cuarentena vigente por la pandemia de covid-19 no se encuentra permitido la aglomeración de personas en espacios públicos sin el debido distanciamiento social obligatorio y las medidas de seguridad correspondientes.
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Un proyecto para reforestar las yungas
Reforestaron las yungas australes argentinas con 100 mil árboles
Fecha de Publicación: 23/07/2020
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: NOA
Se trata de un proyecto de la plataforma Tree-Nation que apunta a la reforestación como parte de una estrategia ambiental y social.
Con una amplia biodiversidad, las yungas australes son una de las formaciones forestales más ricas de la Argentina. Además,son uno de los sistemas naturales más susceptibles a la intervención humana. Tal es así que, según el Foro Mundial de Naturaleza (WWF), su preservación “es una prioridad internacional”.
Al este de los Andes, atraviesan Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, en la región del NOA. Se trata de 3 millones de hectáreas que, en menos del 1% del territorio nacional, contienen la mayor biodiversidad del país.
Lamentablemente, la intervención del hombre ha puesto en jaque su existencia. El avance de la frontera agrícola y la expansión de las áreas urbanizadas sin el debido control, son algunas de las principales causas que hoy afectan esta zona.
Proyecto y objetivos
Por ello, la plataforma Tree-Nation comenzó con un proyecto de reforestación como parte de una estrategia ambiental y social. El objetivo principal se centra en conservar y restaurar el bosque para recuperar la riqueza del ecosistema. De hecho, ya llevan plantados cerca de unos 100 mil árboles.
“Nuestro gran objetivo es tratar de recuperar la capa superior del bosque, mejorando la calidad de los servicios del ecosistema, mejorar el valor del bosque nativo, Identificar la riqueza de la biodiversidad actual, en particular de especies endémicas y en peligro de extinción e involucrar a la comunidad local promoviendo el desarrollo social”, .
Desde su página web, la entidad ofrece a las personas la posibilidad de plantar especies de crecimiento rápido, árboles fuertes y de fácil crecimiento en territorio argentino. Los árboles óptimos dentro de esta clase son la cedrela angustifolia y la cedrela balansae, que captan un promedio de entre 36 y 48 kilos de dióxido de carbono a lo largo de su vida.
Recuperar el estrato superior es un trabajo a largo plazo que están dispuestos a enfrentar. “Hemos identificado algunos lugares en el área donde trabajamos, donde el estrato superior está conservado. Los árboles parecen tener más de 150 años y miden unos 35 metros aproximadamente. Lograr ese resultado no será algo que podremos ver quienes hoy estamos trabajando, pero disfrutaremos el proceso y crearemos un equipo sólido y comprometido que continúe con la tarea en las próximas décadas”, agrega Renaudín.
Sobre el porqué de su proyecto, Renaudín reconoce que el ecosistema de yungas es un bosque nublado muy rico en biodiversidad: “durante los siglos XIX y XX, sufrió una explotación forestal selectiva debido al enorme valor de las maderas nobles que hay en el bosque. Esto resultó en la pérdida del estrato superior, donde se encuentra gran parte de la riqueza del ecosistema. Trabajar regenerando este ecosistema es un gran desafío y muy gratificante a la vez debido a su enorme riqueza y al desarrollo social que genera en la zona. Estamos conservando y restaurando el hábitat de miles de especies junto a los pobladores locales. Además, hemos trabajado durante 12 años (entre 1998 y 2010) en el ecosistema de Gran Chaco”, explica.
Según el especialista, la zona donde están plantando los árboles es un área donde ha existido una tala selectiva, perdiéndose de esta manera los árboles más altos y gran diversidad de especies. “Nuestro trabajo es revertir este proceso. Intervenimos el área plantando árboles que se convertirán en los más altos del lugar. Cada plantín es producido en nuestro vivero, y luego de plantado, lo cuidamos durante los primeros 5 años hasta que pueda cuidarse por sí solo y darse paso a crecer y regenerar el estrato superior”, concluye.
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Fecha de Publicación: 23/07/2020
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: NOA
Se trata de un proyecto de la plataforma Tree-Nation que apunta a la reforestación como parte de una estrategia ambiental y social.
Con una amplia biodiversidad, las yungas australes son una de las formaciones forestales más ricas de la Argentina. Además,son uno de los sistemas naturales más susceptibles a la intervención humana. Tal es así que, según el Foro Mundial de Naturaleza (WWF), su preservación “es una prioridad internacional”.
Al este de los Andes, atraviesan Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, en la región del NOA. Se trata de 3 millones de hectáreas que, en menos del 1% del territorio nacional, contienen la mayor biodiversidad del país.
Lamentablemente, la intervención del hombre ha puesto en jaque su existencia. El avance de la frontera agrícola y la expansión de las áreas urbanizadas sin el debido control, son algunas de las principales causas que hoy afectan esta zona.
Proyecto y objetivos
Por ello, la plataforma Tree-Nation comenzó con un proyecto de reforestación como parte de una estrategia ambiental y social. El objetivo principal se centra en conservar y restaurar el bosque para recuperar la riqueza del ecosistema. De hecho, ya llevan plantados cerca de unos 100 mil árboles.
“Nuestro gran objetivo es tratar de recuperar la capa superior del bosque, mejorando la calidad de los servicios del ecosistema, mejorar el valor del bosque nativo, Identificar la riqueza de la biodiversidad actual, en particular de especies endémicas y en peligro de extinción e involucrar a la comunidad local promoviendo el desarrollo social”, .
Desde su página web, la entidad ofrece a las personas la posibilidad de plantar especies de crecimiento rápido, árboles fuertes y de fácil crecimiento en territorio argentino. Los árboles óptimos dentro de esta clase son la cedrela angustifolia y la cedrela balansae, que captan un promedio de entre 36 y 48 kilos de dióxido de carbono a lo largo de su vida.
Recuperar el estrato superior es un trabajo a largo plazo que están dispuestos a enfrentar. “Hemos identificado algunos lugares en el área donde trabajamos, donde el estrato superior está conservado. Los árboles parecen tener más de 150 años y miden unos 35 metros aproximadamente. Lograr ese resultado no será algo que podremos ver quienes hoy estamos trabajando, pero disfrutaremos el proceso y crearemos un equipo sólido y comprometido que continúe con la tarea en las próximas décadas”, agrega Renaudín.
Sobre el porqué de su proyecto, Renaudín reconoce que el ecosistema de yungas es un bosque nublado muy rico en biodiversidad: “durante los siglos XIX y XX, sufrió una explotación forestal selectiva debido al enorme valor de las maderas nobles que hay en el bosque. Esto resultó en la pérdida del estrato superior, donde se encuentra gran parte de la riqueza del ecosistema. Trabajar regenerando este ecosistema es un gran desafío y muy gratificante a la vez debido a su enorme riqueza y al desarrollo social que genera en la zona. Estamos conservando y restaurando el hábitat de miles de especies junto a los pobladores locales. Además, hemos trabajado durante 12 años (entre 1998 y 2010) en el ecosistema de Gran Chaco”, explica.
Según el especialista, la zona donde están plantando los árboles es un área donde ha existido una tala selectiva, perdiéndose de esta manera los árboles más altos y gran diversidad de especies. “Nuestro trabajo es revertir este proceso. Intervenimos el área plantando árboles que se convertirán en los más altos del lugar. Cada plantín es producido en nuestro vivero, y luego de plantado, lo cuidamos durante los primeros 5 años hasta que pueda cuidarse por sí solo y darse paso a crecer y regenerar el estrato superior”, concluye.
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Ingenios tucumanos: piden explicaciones de funcionarios
Por la contaminación de los ingenios, piden explicaciones al secretario de Medio Ambiente
Fecha de Publicación: 22/07/2020
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
A raíz de la denuncia de los vecinos de Monteros, el legislador Raúl Pellegrini (UCR) solicitó que Alfredo Montalván comparezca ante la Legislatura y brinde detalles sobre el plan de acción que lleva adelante su cartera para que los industriales se adecúen a la ley.
Las denuncias que realizaron un grupo de vecinos de Monteros contra el ingenio Ñuñorco por contaminación ambiental, derivaron en un pedido de informes al secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Alfredo Montalván. Este lunes, el legislador Raúl Pellegrini (UCR) solicitó a la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura que convoque al funcionario para que brinde detalles sobre el plan de acción que lleva adelante esa cartera para que los ingenios azucareros de Tucumán cumplan con la ley que los obliga a instalar dispositivos para evitar que las emanaciones de las fábricas afecten la salud de la población.
"La Ley N°7460 sancionada el 25 de noviembre del 2004 establecía que los ingenios azucareros tucumanos debían -en un plazo no mayor a un año- realizar todas las modificaciones necesarias para evitar la contaminación", destacó Pellegrini luego de realizar la presentación.
"A posteriori, el 11 de mayo del 2007, por decreto N°1610 del Ejecutivo provincial, se dispuso que la Dirección de Medio Ambiente sea el órgano que regule y norme el funcionamiento de estas industrias. En este marco, ante la solicitud de la Dirección, los ingenios deberán presentar información y someterse a los exámenes y controles necesarios que aseguren el cumplimiento de las disposiciones vigentes a fin de evitar la contaminación", precisó sobre la normativa vigente.
Pellegrini alegó que "ante la grave situación que padecemos todos los años los tucumanos al momento de inicio de la zafra, -y que hoy nuevamente la estamos sufriendo y nos genera grandes problemas de salud-, solicitamos un informe del accionar de la Secretaría de Medio Ambiente para este año 2020".
Reuniones, inspección y 5 días de plazo
Las denuncias de los vecinos de Monteros nucleados en el "Movimiento Civil por el Aire Limpio" se materializaron la semana pasada en sendas cartas documentos que la Fundación Ave Fénix envió tanto al intendente, Francisco 'Pancho' Serra, como al secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Alfredo Montalván. La organización ambientalista solicitó una pronta solución al conflicto advirtiendo que, de no obtener respuesta, los damnificados concurrirían a la Justicia para realizar una denuncia penal por los daños ocasionados a la salud de la población en plena pandemia de Coronavirus.
A raíz de la intimación, Montalván respondió que la Provincia está "permanentemente controlando los efluentes gaseosos emanados por los ingenios, como así también el funcionamiento de los filtros de partículas" e invitó a los representantes de los vecinos a una reunión que se celebró el miércoles de la semana pasada en la Capital, de la que participaron el titular de Medio Ambiente, el subsecretario de Protección Ambiental Luis Marcelo Lizárraga, la directora de Fiscalización Ambiental, Gladys Susana B. Meoni; el titular de Ave Fénix, Gustavo Masmud y María Yossen, en calidad de abogada y vecina de Monteros.
El jueves, en tanto, hubo otra reunión en Medio Ambiente, esta vez entre los funcionarios de esa cartera y el intendente Serra para analizar los pasos a seguir. En paralelo, la intendencia solicitó al ingenio Ñuñorco, a través de su propietario Juan Carlos Crovella, que realice las tareas de monitoreo y medición de material particulado de efluentes por chimeneas. El estudio, según se aclaró mediante un comunicado, estará a cargo de la Estación Experimental Obispo Colombres, "siendo esta la instancia preliminar para determinar la naturaleza y alcance del conjunto de medidas destinadas a preservar el medio ambiente y la
salubridad en general".
El viernes, en tanto, un equipo técnico de la Dirección de Fiscalización Ambiental de la Provincia, junto a funcionarios municipales de Monteros, visitaron la planta del Ñuñorco para realizar una inspección y supervisar las condiciones en las que se está moliendo.
La comitiva de profesionales estuvo integrada por la ingeniera Sofía Torkar y los licenciados Facundo Reynoso Posse, Nadia Obrist y Noemí Santillan, quienes fueron acompañados por el asesor de la Municipalidad de Monteros, ingeniero Juan Alberto Ruiz y los funcionarios Pablo Racedo y Alejandro Ale. El ingeniero Walter Soria, en tanto, representó a la fábrica.
Tras la visita, la Provincia exigió a la fábrica, entre otras medidas, (1) instalar sensores de temperatura en la caldera número 9, (2) implementar un software auditable con registro histórico de temperatura de gases emitidos por las chimeneas y caudales de agua suministrados a los sistemas lavadores de gases; (3) garantizar el correcto funcionamiento del sistema de filtros, mediante un plan de mantenimiento auditable, (4) la puesta en funcionamiento y mantenimiento permanente de las plataformas para muestreo de emisiones gaseosas y (5) la presentación de documentación correspondiente al circuito de agua con
cenizas y agua de retorno a lavadores de gases. Asimismo, se impuso un plazo de cinco días para cumplir con los requerimientos del plan ambiental.
La protesta persiste
El último sábado, bajo la consigna "no dejes que nuestro futuro se vuelva humo", los vecinos de Monteros marcharon por las calles de esa localidad para exigir a las autoridades municipales y provinciales medidas tendientes a controlar la actividad del ingenio Ñuñorco.
Con barbijos, carteles, cacerolas para hacer ruido y bolsas llenas de hollín recolectado en patios, terrazas y veredas de la localidad ubicada a 53 kilómetros de la Capital provincial, los damnificados se dirigieron a la intendencia y luego hasta las puertas de la fábrica de donde, según denunciaron, emana humo negro y cenizas que ocasiona problemas de salud a la población, siendo las patologías más frecuentes las respiratorias y oftalmológicas. A esto se suma, según explicaron, la contaminación sonora de la fábrica que en ocasiones les impide conciliar el sueño debido a que, en esta época del año, la producción no se detiene.
"La marcha se hizo igual porque los políticos son muy buenos para reunirse y hablar, pero muy pocas veces dan las soluciones. Entonces, hasta que no veamos que hay menos cenizas y hollín cayendo del aire, no vamos a dejar las protestas", dijo a eltucumano.com Peter Násztor, uno de los integrantes del Movimiento Civil que busca que en Tucumán se cumpla con el artículo 41 de la Constitución Nacional y con leyes provinciales vigentes desde hace más de una década.
"Los políticos ya no representan a los ciudadanos sino los intereses de las grandes empresas, lo único que importa es la ganancia", reflexionó Násztor y remarcó que "este no es un problema que empezó ayer". "Nuestro reclamo está respaldado por la Constitución Nacional, por la Ley Provincial 7.460 y por ordenanza de la Municipalidad de Monteros 485/1993. La gente está cansada de que sus derechos se vean avasallados. Estamos exigiendo una reunión lo antes posible con los funcionarios y los dueños del ingenio para ver cuál es el costo de poner en condiciones al ingenio y cuánto tiempo necesitan para hacer esta inversión. Si
necesitan diez años, entonces decimos 'no', porque están jugando con nuestra salud. No estamos pidiendo una solución de hoy a mañana, ¿cuántos años tuvieron para hacerlo?".
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Fecha de Publicación: 22/07/2020
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
A raíz de la denuncia de los vecinos de Monteros, el legislador Raúl Pellegrini (UCR) solicitó que Alfredo Montalván comparezca ante la Legislatura y brinde detalles sobre el plan de acción que lleva adelante su cartera para que los industriales se adecúen a la ley.
Las denuncias que realizaron un grupo de vecinos de Monteros contra el ingenio Ñuñorco por contaminación ambiental, derivaron en un pedido de informes al secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Alfredo Montalván. Este lunes, el legislador Raúl Pellegrini (UCR) solicitó a la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura que convoque al funcionario para que brinde detalles sobre el plan de acción que lleva adelante esa cartera para que los ingenios azucareros de Tucumán cumplan con la ley que los obliga a instalar dispositivos para evitar que las emanaciones de las fábricas afecten la salud de la población.
"La Ley N°7460 sancionada el 25 de noviembre del 2004 establecía que los ingenios azucareros tucumanos debían -en un plazo no mayor a un año- realizar todas las modificaciones necesarias para evitar la contaminación", destacó Pellegrini luego de realizar la presentación.
"A posteriori, el 11 de mayo del 2007, por decreto N°1610 del Ejecutivo provincial, se dispuso que la Dirección de Medio Ambiente sea el órgano que regule y norme el funcionamiento de estas industrias. En este marco, ante la solicitud de la Dirección, los ingenios deberán presentar información y someterse a los exámenes y controles necesarios que aseguren el cumplimiento de las disposiciones vigentes a fin de evitar la contaminación", precisó sobre la normativa vigente.
Pellegrini alegó que "ante la grave situación que padecemos todos los años los tucumanos al momento de inicio de la zafra, -y que hoy nuevamente la estamos sufriendo y nos genera grandes problemas de salud-, solicitamos un informe del accionar de la Secretaría de Medio Ambiente para este año 2020".
Reuniones, inspección y 5 días de plazo
Las denuncias de los vecinos de Monteros nucleados en el "Movimiento Civil por el Aire Limpio" se materializaron la semana pasada en sendas cartas documentos que la Fundación Ave Fénix envió tanto al intendente, Francisco 'Pancho' Serra, como al secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Alfredo Montalván. La organización ambientalista solicitó una pronta solución al conflicto advirtiendo que, de no obtener respuesta, los damnificados concurrirían a la Justicia para realizar una denuncia penal por los daños ocasionados a la salud de la población en plena pandemia de Coronavirus.
A raíz de la intimación, Montalván respondió que la Provincia está "permanentemente controlando los efluentes gaseosos emanados por los ingenios, como así también el funcionamiento de los filtros de partículas" e invitó a los representantes de los vecinos a una reunión que se celebró el miércoles de la semana pasada en la Capital, de la que participaron el titular de Medio Ambiente, el subsecretario de Protección Ambiental Luis Marcelo Lizárraga, la directora de Fiscalización Ambiental, Gladys Susana B. Meoni; el titular de Ave Fénix, Gustavo Masmud y María Yossen, en calidad de abogada y vecina de Monteros.
El jueves, en tanto, hubo otra reunión en Medio Ambiente, esta vez entre los funcionarios de esa cartera y el intendente Serra para analizar los pasos a seguir. En paralelo, la intendencia solicitó al ingenio Ñuñorco, a través de su propietario Juan Carlos Crovella, que realice las tareas de monitoreo y medición de material particulado de efluentes por chimeneas. El estudio, según se aclaró mediante un comunicado, estará a cargo de la Estación Experimental Obispo Colombres, "siendo esta la instancia preliminar para determinar la naturaleza y alcance del conjunto de medidas destinadas a preservar el medio ambiente y la
salubridad en general".
El viernes, en tanto, un equipo técnico de la Dirección de Fiscalización Ambiental de la Provincia, junto a funcionarios municipales de Monteros, visitaron la planta del Ñuñorco para realizar una inspección y supervisar las condiciones en las que se está moliendo.
La comitiva de profesionales estuvo integrada por la ingeniera Sofía Torkar y los licenciados Facundo Reynoso Posse, Nadia Obrist y Noemí Santillan, quienes fueron acompañados por el asesor de la Municipalidad de Monteros, ingeniero Juan Alberto Ruiz y los funcionarios Pablo Racedo y Alejandro Ale. El ingeniero Walter Soria, en tanto, representó a la fábrica.
Tras la visita, la Provincia exigió a la fábrica, entre otras medidas, (1) instalar sensores de temperatura en la caldera número 9, (2) implementar un software auditable con registro histórico de temperatura de gases emitidos por las chimeneas y caudales de agua suministrados a los sistemas lavadores de gases; (3) garantizar el correcto funcionamiento del sistema de filtros, mediante un plan de mantenimiento auditable, (4) la puesta en funcionamiento y mantenimiento permanente de las plataformas para muestreo de emisiones gaseosas y (5) la presentación de documentación correspondiente al circuito de agua con
cenizas y agua de retorno a lavadores de gases. Asimismo, se impuso un plazo de cinco días para cumplir con los requerimientos del plan ambiental.
La protesta persiste
El último sábado, bajo la consigna "no dejes que nuestro futuro se vuelva humo", los vecinos de Monteros marcharon por las calles de esa localidad para exigir a las autoridades municipales y provinciales medidas tendientes a controlar la actividad del ingenio Ñuñorco.
Con barbijos, carteles, cacerolas para hacer ruido y bolsas llenas de hollín recolectado en patios, terrazas y veredas de la localidad ubicada a 53 kilómetros de la Capital provincial, los damnificados se dirigieron a la intendencia y luego hasta las puertas de la fábrica de donde, según denunciaron, emana humo negro y cenizas que ocasiona problemas de salud a la población, siendo las patologías más frecuentes las respiratorias y oftalmológicas. A esto se suma, según explicaron, la contaminación sonora de la fábrica que en ocasiones les impide conciliar el sueño debido a que, en esta época del año, la producción no se detiene.
"La marcha se hizo igual porque los políticos son muy buenos para reunirse y hablar, pero muy pocas veces dan las soluciones. Entonces, hasta que no veamos que hay menos cenizas y hollín cayendo del aire, no vamos a dejar las protestas", dijo a eltucumano.com Peter Násztor, uno de los integrantes del Movimiento Civil que busca que en Tucumán se cumpla con el artículo 41 de la Constitución Nacional y con leyes provinciales vigentes desde hace más de una década.
"Los políticos ya no representan a los ciudadanos sino los intereses de las grandes empresas, lo único que importa es la ganancia", reflexionó Násztor y remarcó que "este no es un problema que empezó ayer". "Nuestro reclamo está respaldado por la Constitución Nacional, por la Ley Provincial 7.460 y por ordenanza de la Municipalidad de Monteros 485/1993. La gente está cansada de que sus derechos se vean avasallados. Estamos exigiendo una reunión lo antes posible con los funcionarios y los dueños del ingenio para ver cuál es el costo de poner en condiciones al ingenio y cuánto tiempo necesitan para hacer esta inversión. Si
necesitan diez años, entonces decimos 'no', porque están jugando con nuestra salud. No estamos pidiendo una solución de hoy a mañana, ¿cuántos años tuvieron para hacerlo?".
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Biodiesel: a días de parar todas las productoras
Jáuregui: "Las productoras de biodiesel están a días de la paralización total"
Fecha de Publicación: 22/07/2020
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Las empresas reclaman que se actualice el precio de comercialización que está congelado desde diciembre. Además, piden la prórroga de la Ley 26.093, que regula la industria de biocombustibles, para despejar la incertidumbre en el mediano plazo.
El efecto de la pandemia se hizo sentir fuere al inicio de la cuarentena en la industria de los biocombustibles, con un caída de la demanda del 50%. Con el precio congelado desde diciembre de 2019 y costos dolarizados las pymes dedicadas a abastecer al mercado interno de biodiesel para cumplir con el cupo de corte en los combustibles están en un escenario crítico. “El sector está a días de paralizarse. Los precios no dan. En el contexto que estamos viviendo, el precio no se corrige desde diciembre del año pasado”, explicó Francisco Jáuregui, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB) en diálogo con Ámbito de la Energía.
El precio para la venta del biodiesel a las petroleras se calcula con una fórmula que tiene en cuenta los costos de producción y asegura una rentabilidad para que las pymes con presencia en todo el país y motor de las economías regionales puedan seguir con la actividad. En marzo de 2019 el por entonces secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, había modificado la fórmula de cálculo de forma inconsulta dando como resultado un valor que las empresas rechazaron porque no llegaba a cubrir siquiera los costos, y desde diciembre, ya con la nueva administración, el precio está congelado.
A la pérdida de rentabilidad del sector se suma que en mayo del año que viene caduca la vigencia de la Ley 26.093 que dio el marco normativo para el desarrollo de la industria de biocombustibles, lo que también es una alarma para las 30 empresas productoras abocadas al mercado interno, que emplean a más de 3.500 trabajadores en forma directa e indirecta.
Periodista: ¿Cuál es el panorama actual de la industria de biocombustibles?
Francisco Jáuregui: Los productores pequeños y medianos que destinan al mercado local, son pymes no integradas, esa es la gran diferencia con las grandes productoras que destinan al mercado internacional. La realidad del productor pyme local no es ajena a la realidad de lo que se está viviendo. En particular nuestro segmento está golpeado porque se basa en la fórmula que determina el precio de venta y ese precio está congelado desde diciembre del año pasado y nuestros costos están principalmente dolarizados. El 80% del costo de producción del biodiesel es el aceite de soja, que es un commodity que fluctúa conforme a la variaciones del dólar, y en las últimas semanas ha sufrido un aumento importante y en esta instancia estamos en un punto en donde si no logramos que desde la autoridad de aplicación que es la Secretaría de Energía se corrija de manera inmediata el precio, las plantas van a un parate total.
P.: ¿Cómo fueron las últimas actualizaciones de la fórmula?
F.J.: En 2018, después de un año de trabajo, logramos una fórmula que, a pesar de tener importantes recortes, era aceptada por los dos sectores, el Estado y las empresas. Esa fórmula quedó vigente hasta marzo de 2019 y después se dejó de aplicar. Es decir, el sector tiene un año y cuatro meses de no tener estabilidad en la determinación de los precios.
P.: ¿Qué necesitan para operar con normalidad?
F.J.: Tenemos distintos tipos de reclamos. De corto y de urgente plazo, está la corrección de la fórmula, la vuelta a la fórmula de marzo donde se le permitía al productor trabajar con cierta previsibilidad. Y de mediano plazo tenemos la prórroga de la Ley 26.093 que dio lugar a la industria del biodiesel y la creación de las pymes productoras, que finaliza su vigencia en mayo del año que viene. También es urgente para poder actuar con previsibilidad la prórroga de esa ley. El Ejecutivo tiene facultades para prorrogarla.
P.: ¿También quieren discutir el aumento del porcentaje de corte en los combustibles?
F.J.: No se puede pensar en un aumento de corte si no están dadas estas condiciones. O sea, es como decir “te aumento el corte pero no te garantizo el precio, nadie te va a vender”. Obviamente que una vez que estos dos aspectos estén corregidos, sí podremos trabajar en aumentar el corte. Para aumentar el corte necesitás mayor capacidad de producción, para eso necesitás inversión, y para eso necesitás seguridad jurídica. Nadie va a invertir un centavo si nadie tiene la garantía de que el régimen va a continuar.
P.: ¿Qué pasa si no se prorroga la Ley 26.093?
F.J.: El Gobierno está promoviendo el principio de federalización y descentralización de la producción industrial, el segmento pyme lo cumple a la perfección. Son 30 empresas radicadas a lo largo y ancho del país en donde nunca antes hubo industria, generando valor agregado en la cadena sojera, y empleo calificado. Si esta ley deja de existir o el precio no se corrige de manera urgente, las pymes no pueden sobrevivir. Se crearon en un contexto de mercado regulado, y si el mercado regulado desaparece, las pymes dejan de existir y le terminás dejando todo el mercado a las grandes corporaciones que no necesariamente son de capitales argentinos.
P.: ¿La fórmula es correcta o hay que corregirla?
F.J.: La fórmula se aplica en función a un principio establecido en la ley que es a partir de una estructura de costos determinar una rentabilidad razonable. Entiendo que el concepto de rentabilidad razonable es etéreo pero lo ideal es que las dos partes, organismo de competencia y sector privado, y definamos en forma conjunta una fórmula.
P.: ¿La situación afecta a la cadena hacia abajo?
F.J.: Totalmente, toda la cadena de pequeñas aceiteras regionales, las industrias indirectas como la metalmecánicas, y esto impacta de lleno en las economías regionales. Lo mismo en otros tipos de biocombustibles como el etanol de caña de azúcar que emplea unas 80 mil personas en Tucumán. Ellos están reclamando lo mismo que nosotros, la prórroga de ley y el precio.
P: ¿Cómo está el sector en términos de competitividad productiva?
F.J.: La calidad de biocombustible que se aplica acá es de una normativa de estándares internacionales. Somos pymes absolutamente eficientes con altísimas inversiones en laboratorios por casi 1 millón de dólares o inversión en tecnología por 10 millones de dólares por pyme. No confundamos pymes con ineficiencia. La ineficiencia está dada fundamentalmente en la cadena logística, porque obviamente que lo más sustantivo para un productor es radicarse en el puerto de Rosario, pero obviamente ahí no estás cumpliendo el objetivo político de descentralización. La descentralización conlleva una ineficiencia logística, y esa ineficiencia está cubierta por el mercado regulado que garantiza la rentabilidad.
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Fecha de Publicación: 22/07/2020
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Las empresas reclaman que se actualice el precio de comercialización que está congelado desde diciembre. Además, piden la prórroga de la Ley 26.093, que regula la industria de biocombustibles, para despejar la incertidumbre en el mediano plazo.
El efecto de la pandemia se hizo sentir fuere al inicio de la cuarentena en la industria de los biocombustibles, con un caída de la demanda del 50%. Con el precio congelado desde diciembre de 2019 y costos dolarizados las pymes dedicadas a abastecer al mercado interno de biodiesel para cumplir con el cupo de corte en los combustibles están en un escenario crítico. “El sector está a días de paralizarse. Los precios no dan. En el contexto que estamos viviendo, el precio no se corrige desde diciembre del año pasado”, explicó Francisco Jáuregui, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB) en diálogo con Ámbito de la Energía.
El precio para la venta del biodiesel a las petroleras se calcula con una fórmula que tiene en cuenta los costos de producción y asegura una rentabilidad para que las pymes con presencia en todo el país y motor de las economías regionales puedan seguir con la actividad. En marzo de 2019 el por entonces secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, había modificado la fórmula de cálculo de forma inconsulta dando como resultado un valor que las empresas rechazaron porque no llegaba a cubrir siquiera los costos, y desde diciembre, ya con la nueva administración, el precio está congelado.
A la pérdida de rentabilidad del sector se suma que en mayo del año que viene caduca la vigencia de la Ley 26.093 que dio el marco normativo para el desarrollo de la industria de biocombustibles, lo que también es una alarma para las 30 empresas productoras abocadas al mercado interno, que emplean a más de 3.500 trabajadores en forma directa e indirecta.
Periodista: ¿Cuál es el panorama actual de la industria de biocombustibles?
Francisco Jáuregui: Los productores pequeños y medianos que destinan al mercado local, son pymes no integradas, esa es la gran diferencia con las grandes productoras que destinan al mercado internacional. La realidad del productor pyme local no es ajena a la realidad de lo que se está viviendo. En particular nuestro segmento está golpeado porque se basa en la fórmula que determina el precio de venta y ese precio está congelado desde diciembre del año pasado y nuestros costos están principalmente dolarizados. El 80% del costo de producción del biodiesel es el aceite de soja, que es un commodity que fluctúa conforme a la variaciones del dólar, y en las últimas semanas ha sufrido un aumento importante y en esta instancia estamos en un punto en donde si no logramos que desde la autoridad de aplicación que es la Secretaría de Energía se corrija de manera inmediata el precio, las plantas van a un parate total.
P.: ¿Cómo fueron las últimas actualizaciones de la fórmula?
F.J.: En 2018, después de un año de trabajo, logramos una fórmula que, a pesar de tener importantes recortes, era aceptada por los dos sectores, el Estado y las empresas. Esa fórmula quedó vigente hasta marzo de 2019 y después se dejó de aplicar. Es decir, el sector tiene un año y cuatro meses de no tener estabilidad en la determinación de los precios.
P.: ¿Qué necesitan para operar con normalidad?
F.J.: Tenemos distintos tipos de reclamos. De corto y de urgente plazo, está la corrección de la fórmula, la vuelta a la fórmula de marzo donde se le permitía al productor trabajar con cierta previsibilidad. Y de mediano plazo tenemos la prórroga de la Ley 26.093 que dio lugar a la industria del biodiesel y la creación de las pymes productoras, que finaliza su vigencia en mayo del año que viene. También es urgente para poder actuar con previsibilidad la prórroga de esa ley. El Ejecutivo tiene facultades para prorrogarla.
P.: ¿También quieren discutir el aumento del porcentaje de corte en los combustibles?
F.J.: No se puede pensar en un aumento de corte si no están dadas estas condiciones. O sea, es como decir “te aumento el corte pero no te garantizo el precio, nadie te va a vender”. Obviamente que una vez que estos dos aspectos estén corregidos, sí podremos trabajar en aumentar el corte. Para aumentar el corte necesitás mayor capacidad de producción, para eso necesitás inversión, y para eso necesitás seguridad jurídica. Nadie va a invertir un centavo si nadie tiene la garantía de que el régimen va a continuar.
P.: ¿Qué pasa si no se prorroga la Ley 26.093?
F.J.: El Gobierno está promoviendo el principio de federalización y descentralización de la producción industrial, el segmento pyme lo cumple a la perfección. Son 30 empresas radicadas a lo largo y ancho del país en donde nunca antes hubo industria, generando valor agregado en la cadena sojera, y empleo calificado. Si esta ley deja de existir o el precio no se corrige de manera urgente, las pymes no pueden sobrevivir. Se crearon en un contexto de mercado regulado, y si el mercado regulado desaparece, las pymes dejan de existir y le terminás dejando todo el mercado a las grandes corporaciones que no necesariamente son de capitales argentinos.
P.: ¿La fórmula es correcta o hay que corregirla?
F.J.: La fórmula se aplica en función a un principio establecido en la ley que es a partir de una estructura de costos determinar una rentabilidad razonable. Entiendo que el concepto de rentabilidad razonable es etéreo pero lo ideal es que las dos partes, organismo de competencia y sector privado, y definamos en forma conjunta una fórmula.
P.: ¿La situación afecta a la cadena hacia abajo?
F.J.: Totalmente, toda la cadena de pequeñas aceiteras regionales, las industrias indirectas como la metalmecánicas, y esto impacta de lleno en las economías regionales. Lo mismo en otros tipos de biocombustibles como el etanol de caña de azúcar que emplea unas 80 mil personas en Tucumán. Ellos están reclamando lo mismo que nosotros, la prórroga de ley y el precio.
P: ¿Cómo está el sector en términos de competitividad productiva?
F.J.: La calidad de biocombustible que se aplica acá es de una normativa de estándares internacionales. Somos pymes absolutamente eficientes con altísimas inversiones en laboratorios por casi 1 millón de dólares o inversión en tecnología por 10 millones de dólares por pyme. No confundamos pymes con ineficiencia. La ineficiencia está dada fundamentalmente en la cadena logística, porque obviamente que lo más sustantivo para un productor es radicarse en el puerto de Rosario, pero obviamente ahí no estás cumpliendo el objetivo político de descentralización. La descentralización conlleva una ineficiencia logística, y esa ineficiencia está cubierta por el mercado regulado que garantiza la rentabilidad.
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Buenos Aires: recomendaciones ante aparición de fauna
Después de los carpinchos, advierten sobre la presencia de jabalíes y pumas y otra fauna en campos bonaerenses
Fecha de Publicación: 22/07/2020
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
El ministerio de Agroindustria bonaerense realiza encuentros por Zoom con municipios y productores para dar información y despejar dudas sobre cómo actuar ante la aparición de fauna que puede ser dañina para cultivos o para otras especies
El gobierno bonaerense tomó nota de la preocupación que generó en la provincia la aparición de especies como pumas y jabalíes en sectores de alta producción agropecuaria, y que alarmó por la posibilidad de que complique la actividad económica, ya lesionada por la pandemia de coronavirus.
Desde el Ministerio de Agroindustria bonaerense, comenzaron a realizar reuniones informativas, para recabar las preocupaciones y dar recomendaciones a través de Zoom en la que pueden participar los referentes municipales y también los productores. El próximo encuentro será el 30 de agosto para intercambiar información y analizar las complejidades que se dan en torno a la especie.
Además en esas reuniones brindan recomendaciones de cómo actuar ante la aparición de estos felinos y concientizan a los productores sobre la importancia que para la naturaleza tiene la preservación de los mismos.
La Directora Provincial de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de los Recursos Naturales dependiente del Ministerio bonaerense de Desarrollo Agrario, Viviana Di Marzio, detalló cómo es la mecánica ante los alertas.
Qué hacer ante la aparición de un puma
“Al recibir el llamado de un productor, le preguntamos dónde y cuantas veces vio a los pumas. En primera instancia, le damos recaudos técnicos para poder alejarlos, como colocar iluminaciones en los lugares que frecuentan para así ahuyentarlos, cercar el ganado de determinada manera, y alejar a los animales enfermos", señaló Di Marzio en declaraciones al sitio La Tranquera.
Agregó que "siempre es importante mantener sano al ganado, porque de lo contrario son más proclives a trasformarse en una presa e incentivan a los pumas a tener una actitud de caza. También recomendamos contar con perros pastores que avisen ante una situación anómala. Por otro lado, hay personas que han podido adoptar a pumas como mascotas, aunque parezca increíble”.
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires elaboró un mapa en el que, entre otros temas, se puede observar la situación vinculada con la fauna, clickeando aquí.
De todos modos, agregó que no hay "un aumento exponencial de avistamientos de pumas"
“No hay un aumento exponencial de avistamientos de pumas que permita, recordó que la caza está prohibida por el Código Rural a diferencia de los jabalíes que hicieron su aparición en los últimos tiempos. Esta situación, si bien no es nueva, volvió a estar en evidencia a partir de las imágenes que mostraron la aparición de ejemplares y el choque de un patrullero contra uno de estos animales.
Propietarios de campos y trabajadores rurales señalaron que las piaras -como se denomina al conjunto de jabalíes- son voraces y causan numerosos daños no solo por lo que comen sino también por aplastamiento debido al pisoteo de los que marchan a través de los campos.
Y en este marco, denuncian la existencia de grandes plagas en zonas como La Chiquita, Villarino, Monte Hermoso, Chascomús, Lezama, Guerrero, Castelli, Monte y Gorchs, entre otras. “Se van expandiendo cada vez más dentro de la Provincia -afirman- y su explosión demográfica ya está empezando a tomar el sector norte, como Areco. Es impresionante ver cómo se han reproducido en tan poco tiempo” como reflejó el sitio la nueva radio suárez.
Claro que los jabalíes no son patrimonio de la provincia de Buenos Aires y el sur de Entre Ríos sufre también de este problema.
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Fecha de Publicación: 22/07/2020
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
El ministerio de Agroindustria bonaerense realiza encuentros por Zoom con municipios y productores para dar información y despejar dudas sobre cómo actuar ante la aparición de fauna que puede ser dañina para cultivos o para otras especies
El gobierno bonaerense tomó nota de la preocupación que generó en la provincia la aparición de especies como pumas y jabalíes en sectores de alta producción agropecuaria, y que alarmó por la posibilidad de que complique la actividad económica, ya lesionada por la pandemia de coronavirus.
Desde el Ministerio de Agroindustria bonaerense, comenzaron a realizar reuniones informativas, para recabar las preocupaciones y dar recomendaciones a través de Zoom en la que pueden participar los referentes municipales y también los productores. El próximo encuentro será el 30 de agosto para intercambiar información y analizar las complejidades que se dan en torno a la especie.
Además en esas reuniones brindan recomendaciones de cómo actuar ante la aparición de estos felinos y concientizan a los productores sobre la importancia que para la naturaleza tiene la preservación de los mismos.
La Directora Provincial de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de los Recursos Naturales dependiente del Ministerio bonaerense de Desarrollo Agrario, Viviana Di Marzio, detalló cómo es la mecánica ante los alertas.
Qué hacer ante la aparición de un puma
“Al recibir el llamado de un productor, le preguntamos dónde y cuantas veces vio a los pumas. En primera instancia, le damos recaudos técnicos para poder alejarlos, como colocar iluminaciones en los lugares que frecuentan para así ahuyentarlos, cercar el ganado de determinada manera, y alejar a los animales enfermos", señaló Di Marzio en declaraciones al sitio La Tranquera.
Agregó que "siempre es importante mantener sano al ganado, porque de lo contrario son más proclives a trasformarse en una presa e incentivan a los pumas a tener una actitud de caza. También recomendamos contar con perros pastores que avisen ante una situación anómala. Por otro lado, hay personas que han podido adoptar a pumas como mascotas, aunque parezca increíble”.
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires elaboró un mapa en el que, entre otros temas, se puede observar la situación vinculada con la fauna, clickeando aquí.
De todos modos, agregó que no hay "un aumento exponencial de avistamientos de pumas"
“No hay un aumento exponencial de avistamientos de pumas que permita, recordó que la caza está prohibida por el Código Rural a diferencia de los jabalíes que hicieron su aparición en los últimos tiempos. Esta situación, si bien no es nueva, volvió a estar en evidencia a partir de las imágenes que mostraron la aparición de ejemplares y el choque de un patrullero contra uno de estos animales.
Propietarios de campos y trabajadores rurales señalaron que las piaras -como se denomina al conjunto de jabalíes- son voraces y causan numerosos daños no solo por lo que comen sino también por aplastamiento debido al pisoteo de los que marchan a través de los campos.
Y en este marco, denuncian la existencia de grandes plagas en zonas como La Chiquita, Villarino, Monte Hermoso, Chascomús, Lezama, Guerrero, Castelli, Monte y Gorchs, entre otras. “Se van expandiendo cada vez más dentro de la Provincia -afirman- y su explosión demográfica ya está empezando a tomar el sector norte, como Areco. Es impresionante ver cómo se han reproducido en tan poco tiempo” como reflejó el sitio la nueva radio suárez.
Claro que los jabalíes no son patrimonio de la provincia de Buenos Aires y el sur de Entre Ríos sufre también de este problema.
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Aumenta la generación de energías renovables en un 51,1%
El apogeo de las energías renovables
Fecha de Publicación: 21/07/2020
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Pese a la fuerte caída del consumo energético, la generación de las energías "verdes" aumentó 51,1% interanual en abril. En 12 meses acumula 105,8% de alza.
Al igual que en el resto del mundo, la crisis económica global y la pandemia afectaron la demanda de energía. Por hechos conocidos, hay una fuerte disminución del consumo energético, un freno a las exportaciones y una profunda caída en la venta de combustibles. Sin embargo, y a pesar del contexto, las energías verdes alcanzaron su punto máximo de rentabilidad.
La generación aumentó 51,1% interanual en abril, mientras que en los últimos 12 meses acumula un crecimiento del 105,8%. Biogas, biomasa, eólica y solar se incrementaron 51,8%, 14,7%, 172,1% y 241,9%, respectivamente. Un dato: por la bajada histórica del Paraná y otros ríos, la generación hidráulica cayó 5,3%.
Genneia es el principal jugador del rubro: aporta el 20% de la energía renovable del país y el 30% de la eólica. En los últimos meses finalizó el parque Vientos de Necochea y retomó las obras en Chubut Norte II, III y IV. Los últimos dos en sociedad con PAE.
Con los tres proyectos listos ingresarán al sistema unos 170 megas más. “La pandemia nos obligó a parar las obras, pero el Gobierno nos hizo una excepción para continuar y volvimos a trabajar. Teníamos hasta 1.000 personas, pero ahora hay unas 300. Estamos finalizando el izaje de los últimos aerogeneradores y ahora viene la puesta en marcha y energización. Esperamos traer técnicos del exterior para hacerlo”, comentó el director de Asuntos Corporativos de Genneia, Gustavo Castagnino. La expectativa más optimista es terminarlos en octubre.
A nivel global, según un informe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, solo el año pasado se batieron varios records: creció 19% la inversión en energía eólica marina con u$s29.900 millones, se llegó al mayor volumen de acuerdos corporativos de compra de electricidad de fuentes renovables y se registró un récord de 21 países y territorios que invirtieron más de u$s2.000 millones en energías limpias.
Dentro de este segmento la energía solar fotovoltaica y la energía eólica se convirtieron en las fuentes de electricidad más baratas en muchos mercados, y otras fuentes renovables están a punto de alcanzar la paridad de costos en pocos años como los biocombustibles.
En la Argentina también se refleja ese boom pero a un paso más lento. Según CAMMESA, en mayo, las energías verdes aportaron un 9,7% para cubrir la demanda nacional de energía. Sin embargo, parece estar lejos de alcanzarse los objetivos de la ley de energías renovables 27.191 que plantea que para 2025, un 20% de la demanda eléctrica debe ser cubierta por este tipo de fuentes.
La energía eólica es ampliamente la fuente renovable más desarrollada en el país con un 64% de la participación.
Otra industria que crece en el país es la de biodiésel, una rama que a veces poco se liga con las energías renovables. Sin embargo, según los especialistas hay un gran potencial para el mercado interno porque contribuyen a diversificar la matriz energética, colabora en la sustitución de importaciones ya que el 30% del gas oil es importado y fomenta el desarrollo de las economías regionales ya que hay 26 plantas ubicadas en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero y Buenos Aires.
Según Juan Facciano, director de la empresa Albardon Bio y presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables, “nuestro país posee una capacidad instalada de 4.5 millones de toneladas anuales y a la fecha más del 60% se encuentra ociosa”.
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Fecha de Publicación: 21/07/2020
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Pese a la fuerte caída del consumo energético, la generación de las energías "verdes" aumentó 51,1% interanual en abril. En 12 meses acumula 105,8% de alza.
Al igual que en el resto del mundo, la crisis económica global y la pandemia afectaron la demanda de energía. Por hechos conocidos, hay una fuerte disminución del consumo energético, un freno a las exportaciones y una profunda caída en la venta de combustibles. Sin embargo, y a pesar del contexto, las energías verdes alcanzaron su punto máximo de rentabilidad.
La generación aumentó 51,1% interanual en abril, mientras que en los últimos 12 meses acumula un crecimiento del 105,8%. Biogas, biomasa, eólica y solar se incrementaron 51,8%, 14,7%, 172,1% y 241,9%, respectivamente. Un dato: por la bajada histórica del Paraná y otros ríos, la generación hidráulica cayó 5,3%.
Genneia es el principal jugador del rubro: aporta el 20% de la energía renovable del país y el 30% de la eólica. En los últimos meses finalizó el parque Vientos de Necochea y retomó las obras en Chubut Norte II, III y IV. Los últimos dos en sociedad con PAE.
Con los tres proyectos listos ingresarán al sistema unos 170 megas más. “La pandemia nos obligó a parar las obras, pero el Gobierno nos hizo una excepción para continuar y volvimos a trabajar. Teníamos hasta 1.000 personas, pero ahora hay unas 300. Estamos finalizando el izaje de los últimos aerogeneradores y ahora viene la puesta en marcha y energización. Esperamos traer técnicos del exterior para hacerlo”, comentó el director de Asuntos Corporativos de Genneia, Gustavo Castagnino. La expectativa más optimista es terminarlos en octubre.
A nivel global, según un informe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, solo el año pasado se batieron varios records: creció 19% la inversión en energía eólica marina con u$s29.900 millones, se llegó al mayor volumen de acuerdos corporativos de compra de electricidad de fuentes renovables y se registró un récord de 21 países y territorios que invirtieron más de u$s2.000 millones en energías limpias.
Dentro de este segmento la energía solar fotovoltaica y la energía eólica se convirtieron en las fuentes de electricidad más baratas en muchos mercados, y otras fuentes renovables están a punto de alcanzar la paridad de costos en pocos años como los biocombustibles.
En la Argentina también se refleja ese boom pero a un paso más lento. Según CAMMESA, en mayo, las energías verdes aportaron un 9,7% para cubrir la demanda nacional de energía. Sin embargo, parece estar lejos de alcanzarse los objetivos de la ley de energías renovables 27.191 que plantea que para 2025, un 20% de la demanda eléctrica debe ser cubierta por este tipo de fuentes.
La energía eólica es ampliamente la fuente renovable más desarrollada en el país con un 64% de la participación.
Otra industria que crece en el país es la de biodiésel, una rama que a veces poco se liga con las energías renovables. Sin embargo, según los especialistas hay un gran potencial para el mercado interno porque contribuyen a diversificar la matriz energética, colabora en la sustitución de importaciones ya que el 30% del gas oil es importado y fomenta el desarrollo de las economías regionales ya que hay 26 plantas ubicadas en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero y Buenos Aires.
Según Juan Facciano, director de la empresa Albardon Bio y presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables, “nuestro país posee una capacidad instalada de 4.5 millones de toneladas anuales y a la fecha más del 60% se encuentra ociosa”.
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Actualizarán el Plan Urbano Ambiental porteño
Cambio climático, género y digitalización: los ejes de la reforma del Plan Urbano Ambiental porteño
Fecha de Publicación: 21/07/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
La norma establece los lineamientos de organización territorial del distrito. El proceso de debate, abierto y participativo, demandará alrededor de un año y medio
El gobierno porteño comenzó con el proceso de actualización del Plan Urbano Ambiental (PUA) de la ciudad de Buenos Aires. Los ejes sobre los cuales se trabajará para elaborar el proyecto incluirán los efectos del cambio climático, la equidad y el género, la gobernanza y la digitalización. Todos estos aspectos estarán atravesados por la visión de la antropología urbana así como también por el carácter metropolitano que tiene la capital de la Argentina.
La norma, que fue sancionada en 2008, establece los lineamientos de organización territorial del distrito y de ella deben desprenderse los códigos urbanísticos y de planeamiento. El proceso de debate, abierto y participativo, demandará un año y medio aproximadamente, según las autoridades porteñas, y se dará en medio del cambio de paradigma ante la pandemia de Covid-19 que tiene confinado a medio planeta.
“El proceso de actualización empezó formalmente hace un mes cuando hicimos la presentación en la Legislatura. Afortunadamente muchas cosas de las que establece el PUA se han ido cumpliendo y hay discusiones que ya están saldadas. La idea, además de que el propio mandato exige una actualización, es mirar hacia un horizonte cercano y hacia el futuro”, explicó a Infobae Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano porteño.
Un ejemplo es la movilidad. En el PUA, figura la intención de contar con boleto único metropolitano o el desarrollo de ciclovías o líneas de colectivos por carriles exclusivos, como el Metrobus. Hoy sería necesario pensar en la eventual electrificación vehicular, la posibilidad de los autos autónomos, la potencialidad que pueden generar nuevas centralidades para que los vecinos accedan a servicios en un cuarto de hora.
El funcionario aseguró que las actualizaciones que se proyecten deben tener carácter metropolitano, es decir que comprendan el contexto de lo que hoy se denomina Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), que comprende a la Capital y a unos 40 municipios cercanos de la provincia de Buenos Aires, en su mayoría de lo que se conoce como conurbano. “El llamado va a ser mucho más enriquecedor, tenemos que incluir a todos los sectores a la mesa. La descentralización y lo metropolitano se van a discutir para ver qué ciudad nos da, y no al revés que es llevar la idea y tratar de concretarla. Tenemos que evitar que se cuelen las discusiones partidarias”, advirtió.
Según la legislación, el PUA debería actualizarse cada cinco años. Sin embargo, tuvieron que pasar 12 para poder poner en marcha el debate. “Tenemos que actualizarlo porque, por ejemplo, en 2008 no existía en la normativa como sucede hoy la perspectiva de género o el cambio climático para definir necesidades y objetivos. Conseguir una ciudad más equitativa con integración socio urbana debe ser un objetivo incluido en el plan urbano ambiental”, explicó Gabriel Lanfranchi, coordinador del PUA, a Infobae.
El plan tendrá debates en dos dimensiones: en las 15 comunas y el área metropolitana. “Trabajaremos con comuneros, juntas vecinales y comisiones. Habrá también encuestas y la idea es que el plan y la acción en el mismo tiempo, es decir, poner a trabajar a los vecinos en proyectos concretos que permitan que se genera cierta sinergia porque van a estar trabajando alrededor de un tema que les cambia la vida cotidiana. La idea es llegar para fines del año que viene con las propuestas y el diagnóstico para las comunas”, explicó Lanfranchi.
“En el aspecto metropolitano la idea es trabajar en conjunto con la Legislatura para que no llegue el proyecto y el debate se prolongue por años. Trabajaremos con la Comisión de planeamiento y de asuntos interjurisdiccionales para convocar a las legislaturas y áreas de poderes ejecutivos de los municipios bonaerense. Entre los temas en agenda previstos para debatir este año se encuentran transporte, residuos y cuencas hídricas. Es una oportunidad única. El desafío es trabajar en un proyecto muy ambicioso en el marco de una pandemia. Todos los mecanismos de participación pueden marcar una forma de trabajo que no se vio. Nos desafía como gobierno pero también a los vecinos y a la oposición a ver cómo se construye entre todos”, agregó el funcionario.
Polémica por la conformación de un organismo
Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, celebró que se abra el debate, aunque con algunas críticas: “Necesitamos que la ciudad empiece a estar planificada para el interés general y no como actualmente que está planificada desde y por la especulación inmobiliaria. Actualmente no hay un sentido común, un sentido popular ni un sentido de interés general en cómo se planifica la ciudad, sino que prepondera el extractivismo urbano. Para eso un verdadero PUA es clave y que el Consejo esté integrado de forma proporcional a todas las fuerzas políticas, que sea transparente”.
Viale se refiere a la conformación del Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA), un organismo integrado por 21 representantes, entre los cuales hay miembros del Poder Ejecutivo local, técnicos y representantes de la Legislatura. La función de este órgano es coordinar y asesorar sobre los lineamientos del PUA y también opinar y decidir sobre la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sobre las eventuales excepciones.
Aunque es el Poder Ejecutivo local el que termina definiendo sobre las excepciones al código, necesita un dictamen de mayoría del COPUA y es por eso que la conformación de ese órgano no es un detalle menor.
Desde que se sancionó el nuevo código de planeamiento, hace poco más de un año, se aprobaron un millar de excepciones; sólo durante la pandemia se habilitaron 700 obras. Entre los pedidos más reiterados está la ampliación constructiva.
En la última sesión la Legislatura aprobó la nueva conformación de ese organismo y el Frente de Todos denunció que, entre los representantes legislativos, no se respetó la proporcionalidad de los bloques y no incorporaron a ningún representante de esa fuerza. La diputada María Rosa Muiños (FdT) insistió: “No estamos solicitando que Larreta nombre a un ministro de nuestra fuerza, sino que se cambie una evidente decisión política. Sabemos que la proporcionalidad no está mencionada [en la ley que establece la conformación del COPUA] pero nuestro planteo es que el espíritu de la norma busca una representación proporcional. Claramente nos sentimos excluidos y vamos a proponer que se modifique la normativa para que no pueda ser sujeto a interpretaciones de cada composición de la Legislatura. Sería mucho más democrático y saludable que así fuera y más, teniendo en cuenta la cantidad de miembros de la que estamos hablando”.
Jonatan Baldiviezo, del Observatorio el Derecho a la Ciudad, dijo en un artículo publicado en El Cohete a la Luna: “La ley de PUA no es una ley más, es la norma más importante de la Ciudad luego de la Constitución. Toda normativa urbanística y las obras públicas deben ajustarse a esta ley marco. Hasta ahora no hay atisbos de autocrítica gubernamental por estos doce años de gestión que constituyen el peor gobierno de la Ciudad en su historia democrática. La emergencia habitacional, ambiental, de los servicios públicos y alimentaria es real. Para empezar, sería conveniente finalizar con la postura negacionista”.
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Fecha de Publicación: 21/07/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA
La norma establece los lineamientos de organización territorial del distrito. El proceso de debate, abierto y participativo, demandará alrededor de un año y medio
El gobierno porteño comenzó con el proceso de actualización del Plan Urbano Ambiental (PUA) de la ciudad de Buenos Aires. Los ejes sobre los cuales se trabajará para elaborar el proyecto incluirán los efectos del cambio climático, la equidad y el género, la gobernanza y la digitalización. Todos estos aspectos estarán atravesados por la visión de la antropología urbana así como también por el carácter metropolitano que tiene la capital de la Argentina.
La norma, que fue sancionada en 2008, establece los lineamientos de organización territorial del distrito y de ella deben desprenderse los códigos urbanísticos y de planeamiento. El proceso de debate, abierto y participativo, demandará un año y medio aproximadamente, según las autoridades porteñas, y se dará en medio del cambio de paradigma ante la pandemia de Covid-19 que tiene confinado a medio planeta.
“El proceso de actualización empezó formalmente hace un mes cuando hicimos la presentación en la Legislatura. Afortunadamente muchas cosas de las que establece el PUA se han ido cumpliendo y hay discusiones que ya están saldadas. La idea, además de que el propio mandato exige una actualización, es mirar hacia un horizonte cercano y hacia el futuro”, explicó a Infobae Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano porteño.
Un ejemplo es la movilidad. En el PUA, figura la intención de contar con boleto único metropolitano o el desarrollo de ciclovías o líneas de colectivos por carriles exclusivos, como el Metrobus. Hoy sería necesario pensar en la eventual electrificación vehicular, la posibilidad de los autos autónomos, la potencialidad que pueden generar nuevas centralidades para que los vecinos accedan a servicios en un cuarto de hora.
El funcionario aseguró que las actualizaciones que se proyecten deben tener carácter metropolitano, es decir que comprendan el contexto de lo que hoy se denomina Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), que comprende a la Capital y a unos 40 municipios cercanos de la provincia de Buenos Aires, en su mayoría de lo que se conoce como conurbano. “El llamado va a ser mucho más enriquecedor, tenemos que incluir a todos los sectores a la mesa. La descentralización y lo metropolitano se van a discutir para ver qué ciudad nos da, y no al revés que es llevar la idea y tratar de concretarla. Tenemos que evitar que se cuelen las discusiones partidarias”, advirtió.
Según la legislación, el PUA debería actualizarse cada cinco años. Sin embargo, tuvieron que pasar 12 para poder poner en marcha el debate. “Tenemos que actualizarlo porque, por ejemplo, en 2008 no existía en la normativa como sucede hoy la perspectiva de género o el cambio climático para definir necesidades y objetivos. Conseguir una ciudad más equitativa con integración socio urbana debe ser un objetivo incluido en el plan urbano ambiental”, explicó Gabriel Lanfranchi, coordinador del PUA, a Infobae.
El plan tendrá debates en dos dimensiones: en las 15 comunas y el área metropolitana. “Trabajaremos con comuneros, juntas vecinales y comisiones. Habrá también encuestas y la idea es que el plan y la acción en el mismo tiempo, es decir, poner a trabajar a los vecinos en proyectos concretos que permitan que se genera cierta sinergia porque van a estar trabajando alrededor de un tema que les cambia la vida cotidiana. La idea es llegar para fines del año que viene con las propuestas y el diagnóstico para las comunas”, explicó Lanfranchi.
“En el aspecto metropolitano la idea es trabajar en conjunto con la Legislatura para que no llegue el proyecto y el debate se prolongue por años. Trabajaremos con la Comisión de planeamiento y de asuntos interjurisdiccionales para convocar a las legislaturas y áreas de poderes ejecutivos de los municipios bonaerense. Entre los temas en agenda previstos para debatir este año se encuentran transporte, residuos y cuencas hídricas. Es una oportunidad única. El desafío es trabajar en un proyecto muy ambicioso en el marco de una pandemia. Todos los mecanismos de participación pueden marcar una forma de trabajo que no se vio. Nos desafía como gobierno pero también a los vecinos y a la oposición a ver cómo se construye entre todos”, agregó el funcionario.
Polémica por la conformación de un organismo
Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, celebró que se abra el debate, aunque con algunas críticas: “Necesitamos que la ciudad empiece a estar planificada para el interés general y no como actualmente que está planificada desde y por la especulación inmobiliaria. Actualmente no hay un sentido común, un sentido popular ni un sentido de interés general en cómo se planifica la ciudad, sino que prepondera el extractivismo urbano. Para eso un verdadero PUA es clave y que el Consejo esté integrado de forma proporcional a todas las fuerzas políticas, que sea transparente”.
Viale se refiere a la conformación del Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA), un organismo integrado por 21 representantes, entre los cuales hay miembros del Poder Ejecutivo local, técnicos y representantes de la Legislatura. La función de este órgano es coordinar y asesorar sobre los lineamientos del PUA y también opinar y decidir sobre la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sobre las eventuales excepciones.
Aunque es el Poder Ejecutivo local el que termina definiendo sobre las excepciones al código, necesita un dictamen de mayoría del COPUA y es por eso que la conformación de ese órgano no es un detalle menor.
Desde que se sancionó el nuevo código de planeamiento, hace poco más de un año, se aprobaron un millar de excepciones; sólo durante la pandemia se habilitaron 700 obras. Entre los pedidos más reiterados está la ampliación constructiva.
En la última sesión la Legislatura aprobó la nueva conformación de ese organismo y el Frente de Todos denunció que, entre los representantes legislativos, no se respetó la proporcionalidad de los bloques y no incorporaron a ningún representante de esa fuerza. La diputada María Rosa Muiños (FdT) insistió: “No estamos solicitando que Larreta nombre a un ministro de nuestra fuerza, sino que se cambie una evidente decisión política. Sabemos que la proporcionalidad no está mencionada [en la ley que establece la conformación del COPUA] pero nuestro planteo es que el espíritu de la norma busca una representación proporcional. Claramente nos sentimos excluidos y vamos a proponer que se modifique la normativa para que no pueda ser sujeto a interpretaciones de cada composición de la Legislatura. Sería mucho más democrático y saludable que así fuera y más, teniendo en cuenta la cantidad de miembros de la que estamos hablando”.
Jonatan Baldiviezo, del Observatorio el Derecho a la Ciudad, dijo en un artículo publicado en El Cohete a la Luna: “La ley de PUA no es una ley más, es la norma más importante de la Ciudad luego de la Constitución. Toda normativa urbanística y las obras públicas deben ajustarse a esta ley marco. Hasta ahora no hay atisbos de autocrítica gubernamental por estos doce años de gestión que constituyen el peor gobierno de la Ciudad en su historia democrática. La emergencia habitacional, ambiental, de los servicios públicos y alimentaria es real. Para empezar, sería conveniente finalizar con la postura negacionista”.
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Hay más aves si hay menos agroquímicos
Investigadores del Conicet encontraron mayor presencia de aves en plantaciones libres de agroquímicos
Fecha de Publicación: 21/07/2020
Fuente: Periodismo.com
Provincia/Región: Nacional
Un grupo de investigadores del Conicet encontró una mayor cantidad y diversidad de pájaros en un arrozal que se maneja sin uso de agroquímicos versus otra plantación de arroz convencional, donde se aplican ese tipo de insumos.
En estos ensayos, además, los investigadores definieron que esos pájaros cumplen funciones claves de servicios ecológicos benéficos para el cultivo. La novedad académica fue publicada en el portal de la Agencia de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTyS) de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM).
“Encontramos que hay una mayor cantidad de funciones que las aves pueden cumplir cuando se realiza un manejo agroecológico, y eso se relaciona con que hay una gran diversidad de especies que, además, tienen características diferentes”, explicó Rodrigo Lorenzón, investigador del Instituto Nacional de Limnología (INALI-CONICET-UNL) y autor principal del trabajo, a la Agencia CTyS-UNLaM.
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Fecha de Publicación: 21/07/2020
Fuente: Periodismo.com
Provincia/Región: Nacional
Un grupo de investigadores del Conicet encontró una mayor cantidad y diversidad de pájaros en un arrozal que se maneja sin uso de agroquímicos versus otra plantación de arroz convencional, donde se aplican ese tipo de insumos.
En estos ensayos, además, los investigadores definieron que esos pájaros cumplen funciones claves de servicios ecológicos benéficos para el cultivo. La novedad académica fue publicada en el portal de la Agencia de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTyS) de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM).
“Encontramos que hay una mayor cantidad de funciones que las aves pueden cumplir cuando se realiza un manejo agroecológico, y eso se relaciona con que hay una gran diversidad de especies que, además, tienen características diferentes”, explicó Rodrigo Lorenzón, investigador del Instituto Nacional de Limnología (INALI-CONICET-UNL) y autor principal del trabajo, a la Agencia CTyS-UNLaM.
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La CSJ falló sobre el caso Atuel: 73 años de disputas
Conflicto río Atuel: una pelea de 73 años entre Mendoza y La Pampa
Fecha de Publicación: 20/07/2020
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
La Corte Suprema falló ayer en torno a la histórica pelea entre Mendoza y La Pampa, que tiene sus orígenes en 1947, con la construcción de la represa El Nihuil, que dejó sin agua a los pampeanos.
La Corte Suprema falló ayer en torno a un conflicto que data de 1947: la histórica pelea entre Mendoza y La Pampa. ¿El origen? La construcción de la represa El Nihuil en la tierra de los vinos, que afectó a las especies autóctonas y a pobladores del oeste pampeano, que se vieron obligados a migrar por el impacto ecológico.
La pelea interprovincial se remonta a 1918, con la puesta en marcha de una serie de obras de infraestructura que, ya en aquel entonces, acotaron el volumen de agua que ingresaba al suelo pampeano desde los brazos del río Atuel. Fue en ese entonces que desapareció el cause principal, denominado Atuel Viejo.
Pese a ese antecedente, que perjudicó a la provincia pampeana, en 1947, concluyó la construcción de la represa El Nihuil, lo que agravó más aún la situación, aldejar sin agua a La Pampa.
Dos años más tarde, el entonces presidente Juan Domingo Perón, tras recibir los reclamos pampeanos de las consecuencias que ocasionó esta obra, estableció, resolución mediante, que tres veces por semana, pasara el equivalente del 2% del caudal del río a La Pampa.
Pero la justicia mendocina anuló la resolución nacional -que no apeló esta decisión-, con lo que el paso de agua jamás se puso en práctica.
Años más tarde, en 1973, tras nuevos reclamos por parte de la provincia afectada, se dictó un nuevo decreto que estableció que la mitad de las regalías del complejo eléctrico quedaran en manos de los pampeanos. Pero, tal como había ocurrido décadas atrás, la provincia de Mendoza se opuso yLa Pampa jamás recibió un centavo.
Más de una década después, en 1987, la disputa llegó a la Corte Suprema de Justicia, que declaró al río Atuel como “interprovincial”.
Sumado a eso, el máximo tribunal obligó a ambas partes a que llegaran a un acuerdo, lo que recién se plasmó en 1989, bajo un protocolo de entendimiento.
En 1992, ambas partes consensuaron la construcción de un acueducto que para que la provincia de La Pampa reciba agua proveniente del manantial Punta de Agua. Esta obra fue financiada por el Estado nacional y que palío parte de la problemática.
Pero los conflictos entre ambas provincias siguieron en pie.
En 2008, se firmó el Convenio Macro, en que se estableció una distribución de las aguas, pero la Legislatura pampeana -a diferencia de la mendocina que lo aprobó enseguida- se tomó seis años para tratarlo y rechazarlo.
Esoderivó en un nuevo reclamo ante la Corte Suprema por parte de La Pampa, para que se fijara un caudal negociado entre ambas provincias.
En diciembre de 2017, la Corte había ordenado a las administraciones de La Pampa y Mendoza que establecieran en 30 días un“caudal hídrico apto” en el río Atuel para moderar los efectos ambientales y económicos que sufre La Pampa por la escasez de agua en esa cuenca.
A lo largo de 2018, ambas provincias hicieron sus ofertas, pero proponiendo caudales muy lejanos entre sí: mientras La Pampa reclamaba 4,5 metros cúbicos por segundo, Mendoza ofrecía 1,3. Ante esa falta de solución consensuada, la Corte zanjó este jueves que debe pasar 3,2.
El argumento del máximo tribunal fue que ese caudal de 3,2 metros cúbicos “constituye un valor medio diario de referencia, el cual deberá ser debidamente monitoreado a fin de evaluar si cumple con los requerimientos mínimos del hábitat en la zona afectada de la provincia de La Pampa, tanto en lo relativo al mantenimiento de la biota y salinidad, como a los niveles freáticos”.
El fallo
En el fallo que se conoció ayer, además, la Corte aclaró que “el caudal mínimo permanente que se fija en este pronunciamiento debe entenderse como una meta interina en el camino destinado a la determinación definitiva del caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema afectado en el noroeste de la provincia de La Pampa, que constituye la meta final perseguida”.
También dispuso el fallo que ambas provinciasdeterminen las “obras de infraestructura necesarias” para alcanzar el caudal mínimo permanente y se pongan de acuerdo en el porcentaje de costos que cada una afrontará.
Si como viene ocurriendo, la solución consensuada no se alcanza, la Corte se reservó el derecho de aplicar“el curso de acción a seguir”.
El voto del presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz planteó que “una negociación entre las partes con un mínimo de restricciones era la mejor manera de que esta Corte ejerciese sus facultades conciliatorias” y que, por el contrario, el “plan de remediación a presentar por las parte fue impuesto por esta Corte”.
No obstante su objeción a la dinámica de la mediación, el presidente estimó razonable que la Corte fije un caudal que, advirtió, deberá consolidarse como acertado en sucesivas mediciones y estudios técnicos.
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Fecha de Publicación: 20/07/2020
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
La Corte Suprema falló ayer en torno a la histórica pelea entre Mendoza y La Pampa, que tiene sus orígenes en 1947, con la construcción de la represa El Nihuil, que dejó sin agua a los pampeanos.
La Corte Suprema falló ayer en torno a un conflicto que data de 1947: la histórica pelea entre Mendoza y La Pampa. ¿El origen? La construcción de la represa El Nihuil en la tierra de los vinos, que afectó a las especies autóctonas y a pobladores del oeste pampeano, que se vieron obligados a migrar por el impacto ecológico.
La pelea interprovincial se remonta a 1918, con la puesta en marcha de una serie de obras de infraestructura que, ya en aquel entonces, acotaron el volumen de agua que ingresaba al suelo pampeano desde los brazos del río Atuel. Fue en ese entonces que desapareció el cause principal, denominado Atuel Viejo.
Pese a ese antecedente, que perjudicó a la provincia pampeana, en 1947, concluyó la construcción de la represa El Nihuil, lo que agravó más aún la situación, aldejar sin agua a La Pampa.
Dos años más tarde, el entonces presidente Juan Domingo Perón, tras recibir los reclamos pampeanos de las consecuencias que ocasionó esta obra, estableció, resolución mediante, que tres veces por semana, pasara el equivalente del 2% del caudal del río a La Pampa.
Pero la justicia mendocina anuló la resolución nacional -que no apeló esta decisión-, con lo que el paso de agua jamás se puso en práctica.
Años más tarde, en 1973, tras nuevos reclamos por parte de la provincia afectada, se dictó un nuevo decreto que estableció que la mitad de las regalías del complejo eléctrico quedaran en manos de los pampeanos. Pero, tal como había ocurrido décadas atrás, la provincia de Mendoza se opuso yLa Pampa jamás recibió un centavo.
Más de una década después, en 1987, la disputa llegó a la Corte Suprema de Justicia, que declaró al río Atuel como “interprovincial”.
Sumado a eso, el máximo tribunal obligó a ambas partes a que llegaran a un acuerdo, lo que recién se plasmó en 1989, bajo un protocolo de entendimiento.
En 1992, ambas partes consensuaron la construcción de un acueducto que para que la provincia de La Pampa reciba agua proveniente del manantial Punta de Agua. Esta obra fue financiada por el Estado nacional y que palío parte de la problemática.
Pero los conflictos entre ambas provincias siguieron en pie.
En 2008, se firmó el Convenio Macro, en que se estableció una distribución de las aguas, pero la Legislatura pampeana -a diferencia de la mendocina que lo aprobó enseguida- se tomó seis años para tratarlo y rechazarlo.
Esoderivó en un nuevo reclamo ante la Corte Suprema por parte de La Pampa, para que se fijara un caudal negociado entre ambas provincias.
En diciembre de 2017, la Corte había ordenado a las administraciones de La Pampa y Mendoza que establecieran en 30 días un“caudal hídrico apto” en el río Atuel para moderar los efectos ambientales y económicos que sufre La Pampa por la escasez de agua en esa cuenca.
A lo largo de 2018, ambas provincias hicieron sus ofertas, pero proponiendo caudales muy lejanos entre sí: mientras La Pampa reclamaba 4,5 metros cúbicos por segundo, Mendoza ofrecía 1,3. Ante esa falta de solución consensuada, la Corte zanjó este jueves que debe pasar 3,2.
El argumento del máximo tribunal fue que ese caudal de 3,2 metros cúbicos “constituye un valor medio diario de referencia, el cual deberá ser debidamente monitoreado a fin de evaluar si cumple con los requerimientos mínimos del hábitat en la zona afectada de la provincia de La Pampa, tanto en lo relativo al mantenimiento de la biota y salinidad, como a los niveles freáticos”.
El fallo
En el fallo que se conoció ayer, además, la Corte aclaró que “el caudal mínimo permanente que se fija en este pronunciamiento debe entenderse como una meta interina en el camino destinado a la determinación definitiva del caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema afectado en el noroeste de la provincia de La Pampa, que constituye la meta final perseguida”.
También dispuso el fallo que ambas provinciasdeterminen las “obras de infraestructura necesarias” para alcanzar el caudal mínimo permanente y se pongan de acuerdo en el porcentaje de costos que cada una afrontará.
Si como viene ocurriendo, la solución consensuada no se alcanza, la Corte se reservó el derecho de aplicar“el curso de acción a seguir”.
El voto del presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz planteó que “una negociación entre las partes con un mínimo de restricciones era la mejor manera de que esta Corte ejerciese sus facultades conciliatorias” y que, por el contrario, el “plan de remediación a presentar por las parte fue impuesto por esta Corte”.
No obstante su objeción a la dinámica de la mediación, el presidente estimó razonable que la Corte fije un caudal que, advirtió, deberá consolidarse como acertado en sucesivas mediciones y estudios técnicos.
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Vinaza en Tucumán: evalúan instalar una planta
Evalúan instalar una planta para tratar la vinaza
Fecha de Publicación: 20/07/2020
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
CreaLab, una consultora especializada en medio ambiente, instalaría la factoría en Monteros.
La posibilidad de que Tucumán tenga una planta de tratamiento para la vinaza está siempre latente. Y, en las actuales condiciones de pandemia de coronavirus, un emprendimiento de esta naturaleza puede contribuir al cuidado del medio ambiente y de la salud de la población. En esa orientación, CreaLab, una consultora especializada en medio ambiente, y que desarrolló una solución ambiental sustentable, integral y definitiva para la vinaza (efluente de la producción de bioetanol de caña) considera la viabilidad de la instalación de un establecimiento en Monteros que, en principio, se abastecería de lo producido por siete ingenios de la zona. La iniciativa se denomina Proyecto Nueva Tucumán, avalado por compañías líder a nivel mundial, según explicó a LA GACETA Mónica Cabariti, directora de CreaLab.
La ejecutiva explicó que el proceso para la planta de tratamiento utiliza tecnologías ampliamente conocidas y permite transformar la vinaza en energía eléctrica renovable y sulfato de potasio (fertilizante de alto valor agregado que la Argentina importa). “En la búsqueda de una solución ambiental definitiva, identificamos esta oportunidad de negocio, en el que el sulfato de potasio puede llegar a pagar la inversión. La Argentina importa unas 10.000 toneladas de ese producto y la planta de tratamiento sugerida puede llegar a generar unas 70.000 toneladas”, resaltó la ejecutiva.
Cabarati, en este sentido, considera que la industria madre tucumana puede diversificar su actividad, teniendo una perspectiva de comercialización que vaya más allá del azúcar y del alcohol. Asimismo, este emprendimiento posibilitaría reducir los costos para la generación de biocombustibles. Hace algunos años se calculó que la planta de tratamiento podría generar unos U$S 75 millones anuales.
El Proyecto propone que un porcentaje de las ganancias se destinen a un programa para 3.000 pequeños cañeros y los municipios afectados. “De esta manera el residuo que hoy contamina se transforma en fuente de ingresos para la Provincia y también para la Nación por la sustitución de importación de sulfato de potasio”, agregó la directora de CreaLab.
Según su criterio, el Proyecto Nueva Tucumán es la única solución ambiental integral y definitiva que además permite generar ingresos, pagar la inversión y distribuir parte de los beneficios, fortaleciendo la cadena de valor. “Durante los años 2012 y 2013 hicimos inversión importante para tener la viabilidad técnica solicitada por industriales y autoridades. A pesar de los reconocimientos obtenidos de parte de los funcionarios, hubo intereses y complicaciones que no nos permitieron avanzar”, recuerdó. Cabariti sostiene que, como ayer, hoy falta la decisión política de avanzar con un emprendimiento que cuenta con compañías multinacionales y nacionales interesadas en el negocio, que puede convertirse en un polo de producción de biocombustibles, asegurando la sustentabilidad de la producción de caña, además de generar energía eléctrica renovable y sulfato de potasio para exportación. “De otra manera, seguirá latente el riesgo de contaminación de la cuenca Salí-Dulce en Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba. Los problemas ambientales no están disociados de las cuestiones que tienen que ver con la salud de la población y de la generación de empleos. Creo que esta planta de tratamiento puede ser una solución para estas problemáticas en un momento especial para el mundo, con la pandemia, que requiere un escenario de menor contaminación posible que implique problemas respiratorios para los ciudadanos”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 20/07/2020
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
CreaLab, una consultora especializada en medio ambiente, instalaría la factoría en Monteros.
La posibilidad de que Tucumán tenga una planta de tratamiento para la vinaza está siempre latente. Y, en las actuales condiciones de pandemia de coronavirus, un emprendimiento de esta naturaleza puede contribuir al cuidado del medio ambiente y de la salud de la población. En esa orientación, CreaLab, una consultora especializada en medio ambiente, y que desarrolló una solución ambiental sustentable, integral y definitiva para la vinaza (efluente de la producción de bioetanol de caña) considera la viabilidad de la instalación de un establecimiento en Monteros que, en principio, se abastecería de lo producido por siete ingenios de la zona. La iniciativa se denomina Proyecto Nueva Tucumán, avalado por compañías líder a nivel mundial, según explicó a LA GACETA Mónica Cabariti, directora de CreaLab.
La ejecutiva explicó que el proceso para la planta de tratamiento utiliza tecnologías ampliamente conocidas y permite transformar la vinaza en energía eléctrica renovable y sulfato de potasio (fertilizante de alto valor agregado que la Argentina importa). “En la búsqueda de una solución ambiental definitiva, identificamos esta oportunidad de negocio, en el que el sulfato de potasio puede llegar a pagar la inversión. La Argentina importa unas 10.000 toneladas de ese producto y la planta de tratamiento sugerida puede llegar a generar unas 70.000 toneladas”, resaltó la ejecutiva.
Cabarati, en este sentido, considera que la industria madre tucumana puede diversificar su actividad, teniendo una perspectiva de comercialización que vaya más allá del azúcar y del alcohol. Asimismo, este emprendimiento posibilitaría reducir los costos para la generación de biocombustibles. Hace algunos años se calculó que la planta de tratamiento podría generar unos U$S 75 millones anuales.
El Proyecto propone que un porcentaje de las ganancias se destinen a un programa para 3.000 pequeños cañeros y los municipios afectados. “De esta manera el residuo que hoy contamina se transforma en fuente de ingresos para la Provincia y también para la Nación por la sustitución de importación de sulfato de potasio”, agregó la directora de CreaLab.
Según su criterio, el Proyecto Nueva Tucumán es la única solución ambiental integral y definitiva que además permite generar ingresos, pagar la inversión y distribuir parte de los beneficios, fortaleciendo la cadena de valor. “Durante los años 2012 y 2013 hicimos inversión importante para tener la viabilidad técnica solicitada por industriales y autoridades. A pesar de los reconocimientos obtenidos de parte de los funcionarios, hubo intereses y complicaciones que no nos permitieron avanzar”, recuerdó. Cabariti sostiene que, como ayer, hoy falta la decisión política de avanzar con un emprendimiento que cuenta con compañías multinacionales y nacionales interesadas en el negocio, que puede convertirse en un polo de producción de biocombustibles, asegurando la sustentabilidad de la producción de caña, además de generar energía eléctrica renovable y sulfato de potasio para exportación. “De otra manera, seguirá latente el riesgo de contaminación de la cuenca Salí-Dulce en Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba. Los problemas ambientales no están disociados de las cuestiones que tienen que ver con la salud de la población y de la generación de empleos. Creo que esta planta de tratamiento puede ser una solución para estas problemáticas en un momento especial para el mundo, con la pandemia, que requiere un escenario de menor contaminación posible que implique problemas respiratorios para los ciudadanos”, concluyó.
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Denuncian depredación de fauna en Corrientes
Corrientes: Cazadores depredan la fauna autóctona en Santo Tomé
Fecha de Publicación: 20/07/2020
Fuente: Corrientes Noticias
Provincia/Región: Corrientes
El jefe del Priar advirtió sobre los excesos que se cometen en esa zona de la caza furtiva en un tiempo donde los animales están teniendo cría. Detalló que las zonas más complicadas son la Quinta Sección Gómez Cué y la Séptima Sección Galarza. Los más buscados: yacaré, carpincho, tatú y venado.
El jefe del Priar Santo Tomé, comisario Néstor Ariel Sosa, lanzó una dura acusación al afirmar que en esa zona de la provincia los cazadores furtivos depredan la fauna autóctona, por lo que debieron reforzar los operativos. En tal sentido señaló como las áreas más críticas: “Quinta Sección Gómez Cué y la Séptima Sección Galarza. Se puede notar que ha habido mucha depredación de animales silvestres, y se trata de gente que ingresa por las rutas provinciales 40, 41 y 42, por lo que hemos intensificado los trabajos para evitar no solo la caza furtiva, sino también la pesca”, advirtió.
“Entre los animales más buscados por los cazadores está el carpincho, el venado, el tatú y el yacaré. El carpincho mayormente los cazadores llevan en grandes cantidades porque luego lo comercializan en la ciudad”, destacó Sosa en contacto con el portal Digital Santo Tomé.
“En nuestros operativos vemos que la gente que realiza esta actividad delictiva, se mueve en vehículos privados (automóviles y camionetas), y si en el mismo van dos o tres personas pueden llegar a traer hasta cinco carpinchos y otras especies; y por lo general utilizan armas de fuego o redes para la pesca lo que está totalmente prohibido”, aclaró.
Consultado sobre la prohibición de la caza del carpincho o del tatú respondió que “hay gente que confunde lo que es caza con lo que es depredación. En los casos que hemos observado, la gente procede a hacer prácticamente una depredación de las especies porque traen estos animales en cantidades. Además, justamente ahora llega la época de reproducción y es cuando más los tenemos que cuidar”, planteó el comisario.
Enfatizó que “nosotros podemos observar la cacería que se hace de muchos animales pequeños, sin contar que lo hacen con arma de fuego, y con distintos elementos que están prohibidos”, señaló.
En tal sentido, Sosa precisó que “agosto y septiembre es la época de reproducción de la mayoría de estas especies y es necesario cuidar de la vida silvestre porque en los últimos años se pudo notar inclusive una disminución de la cantidad de tatú mulita, por la gran depredación que se viene realizando”, puntualizó.
“Nosotros, como agentes de seguridad auxiliares procedemos a la identificación de las personas y la gente de Flora y Fauna es la que realiza las actas correspondientes y los decomisos de especies. En el caso de proceder a la demora de una persona lo hace la Policía, como así también el secuestro de armas y vehículos. Y con más razón si hay abigeato de por medio”, expresó.
Luego añadió: “Esto hace que los controles sean cada vez más estrictos y es nuestro trabajo controlar esta situación para que estas especies se puedan seguir reproduciendo y no pierdan su hábitat natural”.
Abigeato
En otro orden de cosas, con respecto al abigeato precisó que por ahora “está tranquilo” y no hay hechos relevantes. A partir de allí destacó que “la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica trabaja no solo en el tema de prevención del abigeato, sino también con la gente de Flora y Fauna de la Provincia en prevención de la caza furtiva de todo lo que sea animales silvestres y principalmente los que están en vías de extinción”.
Sobre la caza furtiva hizo hincapié al señalar que últimamente, durante todos los fines de semana, personal de esta Unidad Especial viene trabajando con la gente de la Dirección de Flora y Fauna haciendo distintos patrullajes por las zonas rurales.
“Hemos tenido buenos resultados con secuestros y decomisos de armas y especies nativas, como ser carpincho o tatú. Fueron puestos a disposición de la Justicia labrándose las actas respectivas por parte de Flora y Fauna. Las actas también fueron remitidas a la Dirección de Recursos Naturales”, puntualizó.
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Fecha de Publicación: 20/07/2020
Fuente: Corrientes Noticias
Provincia/Región: Corrientes
El jefe del Priar advirtió sobre los excesos que se cometen en esa zona de la caza furtiva en un tiempo donde los animales están teniendo cría. Detalló que las zonas más complicadas son la Quinta Sección Gómez Cué y la Séptima Sección Galarza. Los más buscados: yacaré, carpincho, tatú y venado.
El jefe del Priar Santo Tomé, comisario Néstor Ariel Sosa, lanzó una dura acusación al afirmar que en esa zona de la provincia los cazadores furtivos depredan la fauna autóctona, por lo que debieron reforzar los operativos. En tal sentido señaló como las áreas más críticas: “Quinta Sección Gómez Cué y la Séptima Sección Galarza. Se puede notar que ha habido mucha depredación de animales silvestres, y se trata de gente que ingresa por las rutas provinciales 40, 41 y 42, por lo que hemos intensificado los trabajos para evitar no solo la caza furtiva, sino también la pesca”, advirtió.
“Entre los animales más buscados por los cazadores está el carpincho, el venado, el tatú y el yacaré. El carpincho mayormente los cazadores llevan en grandes cantidades porque luego lo comercializan en la ciudad”, destacó Sosa en contacto con el portal Digital Santo Tomé.
“En nuestros operativos vemos que la gente que realiza esta actividad delictiva, se mueve en vehículos privados (automóviles y camionetas), y si en el mismo van dos o tres personas pueden llegar a traer hasta cinco carpinchos y otras especies; y por lo general utilizan armas de fuego o redes para la pesca lo que está totalmente prohibido”, aclaró.
Consultado sobre la prohibición de la caza del carpincho o del tatú respondió que “hay gente que confunde lo que es caza con lo que es depredación. En los casos que hemos observado, la gente procede a hacer prácticamente una depredación de las especies porque traen estos animales en cantidades. Además, justamente ahora llega la época de reproducción y es cuando más los tenemos que cuidar”, planteó el comisario.
Enfatizó que “nosotros podemos observar la cacería que se hace de muchos animales pequeños, sin contar que lo hacen con arma de fuego, y con distintos elementos que están prohibidos”, señaló.
En tal sentido, Sosa precisó que “agosto y septiembre es la época de reproducción de la mayoría de estas especies y es necesario cuidar de la vida silvestre porque en los últimos años se pudo notar inclusive una disminución de la cantidad de tatú mulita, por la gran depredación que se viene realizando”, puntualizó.
“Nosotros, como agentes de seguridad auxiliares procedemos a la identificación de las personas y la gente de Flora y Fauna es la que realiza las actas correspondientes y los decomisos de especies. En el caso de proceder a la demora de una persona lo hace la Policía, como así también el secuestro de armas y vehículos. Y con más razón si hay abigeato de por medio”, expresó.
Luego añadió: “Esto hace que los controles sean cada vez más estrictos y es nuestro trabajo controlar esta situación para que estas especies se puedan seguir reproduciendo y no pierdan su hábitat natural”.
Abigeato
En otro orden de cosas, con respecto al abigeato precisó que por ahora “está tranquilo” y no hay hechos relevantes. A partir de allí destacó que “la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica trabaja no solo en el tema de prevención del abigeato, sino también con la gente de Flora y Fauna de la Provincia en prevención de la caza furtiva de todo lo que sea animales silvestres y principalmente los que están en vías de extinción”.
Sobre la caza furtiva hizo hincapié al señalar que últimamente, durante todos los fines de semana, personal de esta Unidad Especial viene trabajando con la gente de la Dirección de Flora y Fauna haciendo distintos patrullajes por las zonas rurales.
“Hemos tenido buenos resultados con secuestros y decomisos de armas y especies nativas, como ser carpincho o tatú. Fueron puestos a disposición de la Justicia labrándose las actas respectivas por parte de Flora y Fauna. Las actas también fueron remitidas a la Dirección de Recursos Naturales”, puntualizó.
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Piden intervención de la Corte Suprema por quema en las islas
Quema en islas: la Defensoría del Pueblo de Santa Fe pidió que intervenga la Corte Suprema
Fecha de Publicación: 18/07/2020
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
El defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, le solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convoque a una audiencia pública “a los fines de que todos los actores sociales puedan exponer sobre las problemáticas de las islas del delta del Paraná”. De esa manera busca abordar soluciones para enfrentar las quemas de pastizales que afectan al ecosistema.
En un escrito presentado el jueves pasado, el titular de la Defensoría realizó una reseña de los incidentes vinculados con los incendios en las islas, del accionar de la institución desde 2007 hasta la fecha y de las resoluciones que se adoptaron en el Máximo Tribunal. No obstante, y ante la recurrencia del problema, el organismo santafesino pidió llamar a una audiencia pública donde se expongan “planificación y medidas adoptadas en los últimos años, garantizando la participación ciudadana, que permita la coexistencia de las diversas actividades productivas de manera sustentable y la preservación de la integridad ecológica de los humedales”, publicó el diario santafesino El Litoral.
La Defensoría pidió además que la Corte Suprema “inste a los gobiernos provinciales involucrados: Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, y al gobierno nacional a fortalecer el Piecas (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná) mediante la dotación de recursos económicos, humanos y la infraestructura necesaria para la implementación de soluciones efectivas de manejo del fuego en las islas, mediante una presencia efectiva y permanente del Estado para la prevención y en su caso mitigación del daño en el supuesto de producirse los incendios, sean o no intencionales”.
El ombudsman santafesino requirió, además, que se “ordene a los gobiernos provinciales y municipales proporcionar información catastral respecto de las tierras afectadas” que posibilite la “identificación de las personas físicas o jurídicas que hoy realizan actividades agropecuarias en el delta del Paraná”, dado que “es necesaria la participación de todos los actores del conflicto para poder arribar a una solución consensuada”.
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Fecha de Publicación: 18/07/2020
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
El defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, le solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convoque a una audiencia pública “a los fines de que todos los actores sociales puedan exponer sobre las problemáticas de las islas del delta del Paraná”. De esa manera busca abordar soluciones para enfrentar las quemas de pastizales que afectan al ecosistema.
En un escrito presentado el jueves pasado, el titular de la Defensoría realizó una reseña de los incidentes vinculados con los incendios en las islas, del accionar de la institución desde 2007 hasta la fecha y de las resoluciones que se adoptaron en el Máximo Tribunal. No obstante, y ante la recurrencia del problema, el organismo santafesino pidió llamar a una audiencia pública donde se expongan “planificación y medidas adoptadas en los últimos años, garantizando la participación ciudadana, que permita la coexistencia de las diversas actividades productivas de manera sustentable y la preservación de la integridad ecológica de los humedales”, publicó el diario santafesino El Litoral.
La Defensoría pidió además que la Corte Suprema “inste a los gobiernos provinciales involucrados: Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, y al gobierno nacional a fortalecer el Piecas (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná) mediante la dotación de recursos económicos, humanos y la infraestructura necesaria para la implementación de soluciones efectivas de manejo del fuego en las islas, mediante una presencia efectiva y permanente del Estado para la prevención y en su caso mitigación del daño en el supuesto de producirse los incendios, sean o no intencionales”.
El ombudsman santafesino requirió, además, que se “ordene a los gobiernos provinciales y municipales proporcionar información catastral respecto de las tierras afectadas” que posibilite la “identificación de las personas físicas o jurídicas que hoy realizan actividades agropecuarias en el delta del Paraná”, dado que “es necesaria la participación de todos los actores del conflicto para poder arribar a una solución consensuada”.
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El yaguareté sigue en riesgo pese al amparo judicial
A un año del amparo judicial ante la Corte Suprema, el yaguareté sigue en riesgo
Fecha de Publicación: 18/07/2020
Fuente: La Hora de Salta
Provincia/Región: Nacional
Se cumple esta semana un año del amparo presentado por Greenpeace ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nombre y representación del Yaguareté que habita en el Gran Chaco argentino, donde quedan tan sólo 20 ejemplares. A pesar de las restricciones por la cuarentena, en su territorio se desmontó más este año que en el mismo período de 2019.
Argentina es el país de América del Sur en el que quedan menos yaguaretés, cerca de 250 individuos; en la región del Gran Chaco se ha producido una importante disminución en los últimos diez años y hoy hay menos de 20. Para poder sobrevivir, cada animal necesita aproximadamente 40 mil hectáreas de bosque continuo y en buen estado de conservación, una superficie similar a dos veces la Ciudad de Buenos Aires.
“Los científicos estiman que en Argentina durante los últimos dos siglos el territorio del yaguareté quedó recluido a tan solo un 5% de la superficie original y en la región chaqueña está al borde de la extinción. A pesar de haber sido declarado Monumento Nacional no se está protegiendo su hábitat, que es continuamente arrasado por las topadoras para ampliar la frontera agropecuaria, lo que pone en serio peligro su subsistencia”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Es la primera vez en la historia jurídica de nuestro país que se realizó una presentación en nombre de una especie y de los Derechos de la Naturaleza. La demanda fue presentada contra las provincias de Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero y el Estado nacional, por no cumplir la Ley Nacional de Bosques y, por ello, no garantizar la supervivencia de la especie en la región del Gran Chaco. La procuración general de la Nación ya dictaminó que la causa es jurisdicción de la Corte.
El amparo incluye el pedido para que se garantice “Deforestación Cero” en los territorios donde vive la especie, se prohíba su degradación, fragmentación y deforestación; y se implemente un Plan de Manejo sobre el Yaguareté, como lo dispone la Ley Nacional Nº 25.463 que lo declara Monumento Natural Nacional.
El monitoreo de deforestación que realiza Greenpeace mediante imágenes satelitales reveló que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 se desmontaron 38.852 hectáreas de bosques nativos en las provincias demandadas; unas 2.000 hectáreas más que durante el primer semestre del año pasado.
“Es completamente inaceptable que a pesar de la emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos viviendo se siga desmontando. No podemos perder ni una hectárea más”, advirtió Giardini.
La organización ambientalista está reclamando a los gobernadores Gerardo Zamora, Gustavo Sáenz, Gildo Insfrán y Jorge Capitanich que decreten la emergencia forestal y prohíban los desmontes en sus provincias.
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Fecha de Publicación: 18/07/2020
Fuente: La Hora de Salta
Provincia/Región: Nacional
Se cumple esta semana un año del amparo presentado por Greenpeace ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nombre y representación del Yaguareté que habita en el Gran Chaco argentino, donde quedan tan sólo 20 ejemplares. A pesar de las restricciones por la cuarentena, en su territorio se desmontó más este año que en el mismo período de 2019.
Argentina es el país de América del Sur en el que quedan menos yaguaretés, cerca de 250 individuos; en la región del Gran Chaco se ha producido una importante disminución en los últimos diez años y hoy hay menos de 20. Para poder sobrevivir, cada animal necesita aproximadamente 40 mil hectáreas de bosque continuo y en buen estado de conservación, una superficie similar a dos veces la Ciudad de Buenos Aires.
“Los científicos estiman que en Argentina durante los últimos dos siglos el territorio del yaguareté quedó recluido a tan solo un 5% de la superficie original y en la región chaqueña está al borde de la extinción. A pesar de haber sido declarado Monumento Nacional no se está protegiendo su hábitat, que es continuamente arrasado por las topadoras para ampliar la frontera agropecuaria, lo que pone en serio peligro su subsistencia”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Es la primera vez en la historia jurídica de nuestro país que se realizó una presentación en nombre de una especie y de los Derechos de la Naturaleza. La demanda fue presentada contra las provincias de Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero y el Estado nacional, por no cumplir la Ley Nacional de Bosques y, por ello, no garantizar la supervivencia de la especie en la región del Gran Chaco. La procuración general de la Nación ya dictaminó que la causa es jurisdicción de la Corte.
El amparo incluye el pedido para que se garantice “Deforestación Cero” en los territorios donde vive la especie, se prohíba su degradación, fragmentación y deforestación; y se implemente un Plan de Manejo sobre el Yaguareté, como lo dispone la Ley Nacional Nº 25.463 que lo declara Monumento Natural Nacional.
El monitoreo de deforestación que realiza Greenpeace mediante imágenes satelitales reveló que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 se desmontaron 38.852 hectáreas de bosques nativos en las provincias demandadas; unas 2.000 hectáreas más que durante el primer semestre del año pasado.
“Es completamente inaceptable que a pesar de la emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos viviendo se siga desmontando. No podemos perder ni una hectárea más”, advirtió Giardini.
La organización ambientalista está reclamando a los gobernadores Gerardo Zamora, Gustavo Sáenz, Gildo Insfrán y Jorge Capitanich que decreten la emergencia forestal y prohíban los desmontes en sus provincias.
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Diputados analizaron la deforestación en cuarentena
Analizaron en Diputados el tema de la deforestación en el país
Fecha de Publicación: 18/07/2020
Fuente: Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
Organizada por la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, participaron de la videoconferencia organizaciones ambientalistas, sociales y científicas.
La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados realizó una reunión informativa sobre la deforestación en Argentina, con la participación de organizaciones ambientalistas, sociales y científicas.
Al comienzo del encuentro, el titular de la comisión, Leonardo Grosso (Frente de Todos), denunció el “avance del desmonte en plena cuarentena”.
“En estos tres meses, 38 mil hectáreas se han desmontado, (lo que) representa el territorio de una Capital y media. Por eso nos parecía importante contar con la palabra de personas entendidas en la materia y ver cómo el Congreso puede intervenir”, explicó Grosso.
En primer lugar Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, contextualizó la problemática de la deforestación. “Argentina está entre los diez países que más bosques ha perdido en los últimos 30 años. Hemos perdido 8 millones de hectáreas en tan sólo tres décadas”, dijo.
Giardini explicó que el 80% de la deforestación del país se concentra en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. “A pesar de la ley de bosques, sigue habiendo desmontes ilegales”, añadió, antes de recordar “el valor que tienen los bosques en términos de biodiversidad, clima, alimentario y medicinal”.
Posteriormente, tomó la palabra Silvina del Carmen Santillán, del pueblo indígena de Lule Videla e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, quien manifestó que “las comunidades campesinas e indígenas se ven amedrentadas en el peligro constante de los desmontes ilegales”.
“Las familias campesinas están en lucha en el marco de la pandemia: defendimos y sacamos las máquinas y las topadoras que han querido destruir el monte. Es el lugar de nuestra vida y nuestra producción, sana y agroecológica”, remarcó Santillán.
En tanto, Máximo Mazzocco, fundador de Ecohouse y miembro de Alianza por el Clima, hizo hincapié en que “el concepto ‘ecocidio’ da cuenta donde estamos parados”. “Hablamos de una matriz que hace a la vida de este planeta. Cuando desforestamos ilegalmente, estamos matando miles de años de evolución”, dijo Mazzocco.
Del mismo modo, Elizabeth Bergallo, integrante del Foro Gualamba, se refirió al impacto socio-cultural de la producción de soja en el Chaco. “No se entiende cómo se permitió la actividad extractiva en la cuarentena, el Chaco es la segunda provincia más afectada por el Covid”, cuestionó.
Emiliano Ezcurra, de la Organización Banco de Bosques, también alertó sobre los desmontes en cuarentena. “Ha sido un escándalo que ha tenido muy poca condena, como si los desmontes fueran una actividad esencial. Las que tienen que estar en cuarentena son las topadoras”, aseveró.
También participaron de la reunión informativa Micaela Camino, integrante de Somos Monte; Juan Manuel Esteche, coordinador de Acción de Alianza por el Clima; Octorina Zamora, del Espacio Plurinacional Indígena Kanbá; y Manuel Jaramillo, Director General de la Fundación Vida Silvestre.
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Fecha de Publicación: 18/07/2020
Fuente: Parlamentario
Provincia/Región: Nacional
Organizada por la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, participaron de la videoconferencia organizaciones ambientalistas, sociales y científicas.
La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados realizó una reunión informativa sobre la deforestación en Argentina, con la participación de organizaciones ambientalistas, sociales y científicas.
Al comienzo del encuentro, el titular de la comisión, Leonardo Grosso (Frente de Todos), denunció el “avance del desmonte en plena cuarentena”.
“En estos tres meses, 38 mil hectáreas se han desmontado, (lo que) representa el territorio de una Capital y media. Por eso nos parecía importante contar con la palabra de personas entendidas en la materia y ver cómo el Congreso puede intervenir”, explicó Grosso.
En primer lugar Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, contextualizó la problemática de la deforestación. “Argentina está entre los diez países que más bosques ha perdido en los últimos 30 años. Hemos perdido 8 millones de hectáreas en tan sólo tres décadas”, dijo.
Giardini explicó que el 80% de la deforestación del país se concentra en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. “A pesar de la ley de bosques, sigue habiendo desmontes ilegales”, añadió, antes de recordar “el valor que tienen los bosques en términos de biodiversidad, clima, alimentario y medicinal”.
Posteriormente, tomó la palabra Silvina del Carmen Santillán, del pueblo indígena de Lule Videla e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, quien manifestó que “las comunidades campesinas e indígenas se ven amedrentadas en el peligro constante de los desmontes ilegales”.
“Las familias campesinas están en lucha en el marco de la pandemia: defendimos y sacamos las máquinas y las topadoras que han querido destruir el monte. Es el lugar de nuestra vida y nuestra producción, sana y agroecológica”, remarcó Santillán.
En tanto, Máximo Mazzocco, fundador de Ecohouse y miembro de Alianza por el Clima, hizo hincapié en que “el concepto ‘ecocidio’ da cuenta donde estamos parados”. “Hablamos de una matriz que hace a la vida de este planeta. Cuando desforestamos ilegalmente, estamos matando miles de años de evolución”, dijo Mazzocco.
Del mismo modo, Elizabeth Bergallo, integrante del Foro Gualamba, se refirió al impacto socio-cultural de la producción de soja en el Chaco. “No se entiende cómo se permitió la actividad extractiva en la cuarentena, el Chaco es la segunda provincia más afectada por el Covid”, cuestionó.
Emiliano Ezcurra, de la Organización Banco de Bosques, también alertó sobre los desmontes en cuarentena. “Ha sido un escándalo que ha tenido muy poca condena, como si los desmontes fueran una actividad esencial. Las que tienen que estar en cuarentena son las topadoras”, aseveró.
También participaron de la reunión informativa Micaela Camino, integrante de Somos Monte; Juan Manuel Esteche, coordinador de Acción de Alianza por el Clima; Octorina Zamora, del Espacio Plurinacional Indígena Kanbá; y Manuel Jaramillo, Director General de la Fundación Vida Silvestre.
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