Continuará hoy la causa Riachuelo
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Causa Riachuelo: la Corte Suprema reanuda la audiencia pública
Fecha de Publicación: 25/10/2012
Fuente: Centro de Información Judicial
Provincia/Región: Riachuelo
Fue convocada a fin de evaluar el grado de avance en el cumplimiento del plan de saneamiento de la cuenca exigido por el Máximo Tribunal. Se retomará la audiencia que comenzara el pasado 11 de octubre. CIJ TV transmitirá en vivo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reanudará este jueves, a partir de las 10, una audiencia pública convocada con el objeto de evaluar el grado de avance en el cumplimiento de los mandatos impuestos en la sentencia condenatoria dictada el 8 de julio de 2008, por la cual exigió el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo (fallo “Mendoza y otros”).
El Máximo Tribunal había dispuesto que la Autoridad de Cuenca (ACUMAR), el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora presenten una breve exposición sobre cada uno de los objetivos y resultados que integran el programa de ejecución obligatoria impuesto por el referido fallo.
También convocó a las empresas Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), para que informen sobre los actos ejecutados y las contrataciones realizadas por indicación de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
La Corte citó además al Defensor del Pueblo de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, quienes deberán informar sobre las dificultades que pudieran haber existido a la hora de realizar los controles encomendados en la sentencia y sus observaciones.
Cabe recordar que ya expusieron, el pasado 11 de octubre, Juan José Mussi (en representación de la ACUMAR), José Luis Enríquez (provincia de Buenos Aires) y Julio Marcelo Conte Grand (Ciudad de Buenos Aires).
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Fecha de Publicación: 25/10/2012
Fuente: Centro de Información Judicial
Provincia/Región: Riachuelo
Fue convocada a fin de evaluar el grado de avance en el cumplimiento del plan de saneamiento de la cuenca exigido por el Máximo Tribunal. Se retomará la audiencia que comenzara el pasado 11 de octubre. CIJ TV transmitirá en vivo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reanudará este jueves, a partir de las 10, una audiencia pública convocada con el objeto de evaluar el grado de avance en el cumplimiento de los mandatos impuestos en la sentencia condenatoria dictada el 8 de julio de 2008, por la cual exigió el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo (fallo “Mendoza y otros”).
El Máximo Tribunal había dispuesto que la Autoridad de Cuenca (ACUMAR), el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora presenten una breve exposición sobre cada uno de los objetivos y resultados que integran el programa de ejecución obligatoria impuesto por el referido fallo.
También convocó a las empresas Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), para que informen sobre los actos ejecutados y las contrataciones realizadas por indicación de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
La Corte citó además al Defensor del Pueblo de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, quienes deberán informar sobre las dificultades que pudieran haber existido a la hora de realizar los controles encomendados en la sentencia y sus observaciones.
Cabe recordar que ya expusieron, el pasado 11 de octubre, Juan José Mussi (en representación de la ACUMAR), José Luis Enríquez (provincia de Buenos Aires) y Julio Marcelo Conte Grand (Ciudad de Buenos Aires).
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La UNT no debatió sobre los fondos mineros
El Consejo Superior no debatió sobre los fondos mineros
Fecha de Publicación: 24/10/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El cuerpo sólo "tomó conocimiento" de los informes sobre los casi $ 560 millones que ingresaron a la UNT de YMAD.
El Consejo Superior esquivó debatir sobre los dineros que ingresaron a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), en concepto de utilidades de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Casi la totalidad del cuerpo adhirió el dictamen de mayoría de la comisión de Hacienda, que aconsejaba "tomar conocimiento" del contenido de los documentos.
La orden del día prenunciaba el tratamiento de los informes de gestión del ex representante de la UNT ante YMAD Rodolfo Campero y de uno de los actuales directores por la Casa de Juan B. Terán ante la firma estatal socia de Minera La Alumbrera, Florencio Aceñolaza; y de los últimos tres estados contables de YMAD. Pero casi no se habló de la cuestión dineraria.
De hecho, el único que hizo referencia a los fondos que ingresaron a la UNT en el período abarcado por los informes -8 de agosto de 2006 a 23 de marzo de este año- fue el presidente de la comisión de Hacienda, Miguel Carletti. Explicó que los casi $ 560 millones que, de acuerdo al informe de Campero, habían sido depositados en cuentas de la UNT por YMAD no habían ingresado en un mismo momento, sino por goteos anuales. "Se debe hacer un desglose, porque se cita una sola cifra; y en 2008, por ejemplo, sólo se transfirieron $ 36,8 millones; en 2009, $ 63,3 millones. Esto dista de ser la cifra global que se menciona", puntualizó. Y propuso votar por el dictamen: que el cuerpo tome conocimiento.
El informe de Aceñolaza -que contempla lo actuado por este entre julio de 2010 y marzo de este año- tuvo más debate, aunque no sobre cuestiones monetarias -el documento no habla de dinero-. La discusión se centró sobre el tema medioambiental. El consejero estudiantil Facundo Arias fundamentó su dictamen de minoría con cuestionamientos a la explotación minera a cielo abierto. "Según Aceñolaza, la megaminería no trae problemas; pero eso no se condice con la realidad", afirmó. Además, dijo que las mineras transnacionales tributan al país montos irrisorios: "sugiero que la UNT inicie un debate sobre los modelos de desarrollo; hoy son mayores los costos sociales, ambientales y económicos que los beneficios".
Carletti rechazó estos argumentos. "Hay falsedades ideológicas; las empresas tributan el 50% o más, entre impuesto a las Ganancias, regalías y otros gravámenes. Los sueldos son los más altos", manifestó. Arias no se quedó callado. "Habría que comenzar a medir ciertas acusaciones; sobre todo cuando algunos integrantes del cuerpo incurren en incompatibilidades entre su actividad privada y sus funciones en el Consejo. Eso es más tendencioso que las cuestiones ideológicas", dijo, en alusión a que el estudio contable de Carletti asesora, entre otras empresas mineras, a La Alumbrera. Carletti optó por no contestarle. "No era el tema; era algo contestatario del consejero (Arias), dijo a LA GACETA.
El cuerpo le cedió la palabra a Aceñolaza. "Estas cosas se rebaten con documentos científicos y técnicos, no con discursos, no con palabras. Se hacen controles mensuales; agua arriba, agua abajo del río Vis-vis (cercano a La Alumbrera). Los invito a leer el informe del prestigioso médico Daniel Stamboulian, que concluye que la media de casos de cáncer en la zona de minas es menor a la media provincial. Y la Universidad de San Martín hizo un estudio que arrojó que la minería soporta una carga impositiva del 54%", subrayó. Al final, los consejeros votaron por el dictamen de mayoría.
Además, al Consejo se movilizaron estudiantes de la filial de Aguilares de la Facultad de Artes. Expusieron sus reclamos -sobre cuestiones académicas, principalmente-, pero no se llevaron una respuesta que los satisficiera. El cuerpo decidió avalar lo actuado por la decana de Artes, Raquel Pastor, que se había comprometido, entre otros, a acelerar los concursos para las cátedras de la sede del sur. Los alumnos piden que las cátedras se cubran con docentes regulares, y que dejen de nombrarse interinos.
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Fecha de Publicación: 24/10/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El cuerpo sólo "tomó conocimiento" de los informes sobre los casi $ 560 millones que ingresaron a la UNT de YMAD.El Consejo Superior esquivó debatir sobre los dineros que ingresaron a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), en concepto de utilidades de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Casi la totalidad del cuerpo adhirió el dictamen de mayoría de la comisión de Hacienda, que aconsejaba "tomar conocimiento" del contenido de los documentos.
La orden del día prenunciaba el tratamiento de los informes de gestión del ex representante de la UNT ante YMAD Rodolfo Campero y de uno de los actuales directores por la Casa de Juan B. Terán ante la firma estatal socia de Minera La Alumbrera, Florencio Aceñolaza; y de los últimos tres estados contables de YMAD. Pero casi no se habló de la cuestión dineraria.
De hecho, el único que hizo referencia a los fondos que ingresaron a la UNT en el período abarcado por los informes -8 de agosto de 2006 a 23 de marzo de este año- fue el presidente de la comisión de Hacienda, Miguel Carletti. Explicó que los casi $ 560 millones que, de acuerdo al informe de Campero, habían sido depositados en cuentas de la UNT por YMAD no habían ingresado en un mismo momento, sino por goteos anuales. "Se debe hacer un desglose, porque se cita una sola cifra; y en 2008, por ejemplo, sólo se transfirieron $ 36,8 millones; en 2009, $ 63,3 millones. Esto dista de ser la cifra global que se menciona", puntualizó. Y propuso votar por el dictamen: que el cuerpo tome conocimiento.
El informe de Aceñolaza -que contempla lo actuado por este entre julio de 2010 y marzo de este año- tuvo más debate, aunque no sobre cuestiones monetarias -el documento no habla de dinero-. La discusión se centró sobre el tema medioambiental. El consejero estudiantil Facundo Arias fundamentó su dictamen de minoría con cuestionamientos a la explotación minera a cielo abierto. "Según Aceñolaza, la megaminería no trae problemas; pero eso no se condice con la realidad", afirmó. Además, dijo que las mineras transnacionales tributan al país montos irrisorios: "sugiero que la UNT inicie un debate sobre los modelos de desarrollo; hoy son mayores los costos sociales, ambientales y económicos que los beneficios".
Carletti rechazó estos argumentos. "Hay falsedades ideológicas; las empresas tributan el 50% o más, entre impuesto a las Ganancias, regalías y otros gravámenes. Los sueldos son los más altos", manifestó. Arias no se quedó callado. "Habría que comenzar a medir ciertas acusaciones; sobre todo cuando algunos integrantes del cuerpo incurren en incompatibilidades entre su actividad privada y sus funciones en el Consejo. Eso es más tendencioso que las cuestiones ideológicas", dijo, en alusión a que el estudio contable de Carletti asesora, entre otras empresas mineras, a La Alumbrera. Carletti optó por no contestarle. "No era el tema; era algo contestatario del consejero (Arias), dijo a LA GACETA.
El cuerpo le cedió la palabra a Aceñolaza. "Estas cosas se rebaten con documentos científicos y técnicos, no con discursos, no con palabras. Se hacen controles mensuales; agua arriba, agua abajo del río Vis-vis (cercano a La Alumbrera). Los invito a leer el informe del prestigioso médico Daniel Stamboulian, que concluye que la media de casos de cáncer en la zona de minas es menor a la media provincial. Y la Universidad de San Martín hizo un estudio que arrojó que la minería soporta una carga impositiva del 54%", subrayó. Al final, los consejeros votaron por el dictamen de mayoría.
Además, al Consejo se movilizaron estudiantes de la filial de Aguilares de la Facultad de Artes. Expusieron sus reclamos -sobre cuestiones académicas, principalmente-, pero no se llevaron una respuesta que los satisficiera. El cuerpo decidió avalar lo actuado por la decana de Artes, Raquel Pastor, que se había comprometido, entre otros, a acelerar los concursos para las cátedras de la sede del sur. Los alumnos piden que las cátedras se cubran con docentes regulares, y que dejen de nombrarse interinos.
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Médicos deberán denunciar las intoxicaciones
La nueva Ley de Agroquímicos exigirá a los médicos que hagan la denuncia en caso de que el paciente presente síntomas de intoxicación
Fecha de Publicación: 24/10/2012
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El presidente de la Comisión de Producción del Senado, Oscar Arlettaz, adelantó que el proyecto de la ley que regulará el uso de agroquímicos incluirá “la denuncia obligatoria” por parte de profesionales médicos en caso de atender a un paciente con síntomas de intoxicación con estos productos. Además informó que tras esa presentación “se hará la investigación y se determinará la responsabilidad y se aplicará la sanción correspondiente si se demuestra que hubo intoxicación con agroquímicos”. El Legislador admitió que hoy “no hay prácticamente denuncias” al respecto y dejó ver la posibilidad de convocar al Ministerio de Salud para tratar el tema. Como se informó oportunamente, la Cámara Alta tiene en estudio un nuevo proyecto para regular el uso de agroquímicos en Entre Ríos.
Se trata de una propuesta del senador Enrique Cresto. La iniciativa, dejó atrás un proyecto de modificación de la ley de plaguicidas que tenía más de tres años de salida de Diputados con media sanción.
Tras destacar que “seguramente” se convoque al Ministerio de Salud para analizar la problemática de los agroquímicos en el marco de la futura normativa, el senador Arlettaz dijo que la cartera que hoy conduce Hugo Cettour “tiene que controlar que se haga la denuncia obligatoria cuando hay un posible caso de intoxicación”.
“Ésa es la responsabilidad: cuando llega una persona equis a un centro de salud de cualquier lugar de la provincia con un posible caso de intoxicación por agroquímicos, tiene que hacerse la denuncia obligatoria, eso está reglamentado”, señaló el Legislador a Apf.
Arlettaz admitió en ese sentido que hoy “no hay prácticamente denuncias” al respecto y afirmó que “lo que falla” en relación a la aplicación de los agroquímicos “son los controles”.
“Tenemos que entre todos ayudar a que se pueda controlar la ley”, opinó el Senador luego de expresar satisfacción por el diálogo mantenido en torno al proyecto con entidades que agrupan a productores rurales.
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Fecha de Publicación: 24/10/2012
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El presidente de la Comisión de Producción del Senado, Oscar Arlettaz, adelantó que el proyecto de la ley que regulará el uso de agroquímicos incluirá “la denuncia obligatoria” por parte de profesionales médicos en caso de atender a un paciente con síntomas de intoxicación con estos productos. Además informó que tras esa presentación “se hará la investigación y se determinará la responsabilidad y se aplicará la sanción correspondiente si se demuestra que hubo intoxicación con agroquímicos”. El Legislador admitió que hoy “no hay prácticamente denuncias” al respecto y dejó ver la posibilidad de convocar al Ministerio de Salud para tratar el tema. Como se informó oportunamente, la Cámara Alta tiene en estudio un nuevo proyecto para regular el uso de agroquímicos en Entre Ríos.
Se trata de una propuesta del senador Enrique Cresto. La iniciativa, dejó atrás un proyecto de modificación de la ley de plaguicidas que tenía más de tres años de salida de Diputados con media sanción.
Tras destacar que “seguramente” se convoque al Ministerio de Salud para analizar la problemática de los agroquímicos en el marco de la futura normativa, el senador Arlettaz dijo que la cartera que hoy conduce Hugo Cettour “tiene que controlar que se haga la denuncia obligatoria cuando hay un posible caso de intoxicación”.
“Ésa es la responsabilidad: cuando llega una persona equis a un centro de salud de cualquier lugar de la provincia con un posible caso de intoxicación por agroquímicos, tiene que hacerse la denuncia obligatoria, eso está reglamentado”, señaló el Legislador a Apf.
Arlettaz admitió en ese sentido que hoy “no hay prácticamente denuncias” al respecto y afirmó que “lo que falla” en relación a la aplicación de los agroquímicos “son los controles”.
“Tenemos que entre todos ayudar a que se pueda controlar la ley”, opinó el Senador luego de expresar satisfacción por el diálogo mantenido en torno al proyecto con entidades que agrupan a productores rurales.
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Marcha a favor de la minería justamente en Esquel
Comenzaron las marchas a favor de la minería en Esquel
Fecha de Publicación: 24/10/2012
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El sábado pasado Esquel tuvo su primera marcha a favor de la minería, que fue cuestionada por los vecinos del No a la Mina quienes dicen que “no fue espontánea” y que “es una de las estrategias de las empresas para avanzar con la explotación”.
El ministro de Gobierno, Javier Touriñan, confirmó que en “breve” y quizá antes de la próxima sesión legislativa ingresen a la Cámara de Diputados las modificaciones del marco regulatorio hidrocarburífero y minero. En ese marco indicó que se trabajan las modificaciones considerando que la Ley 5.001 no prohíbe la actividad minera, “prohíbe una modalidad pero no prohíbe la actividad minera”.
En este marco Esquel vivió el sábado una de las movilizaciones más importantes a favor de la minería en la provincia. El grupo se concentró en cercanías de la plaza San Martín, desde donde marchó por las calles promoviendo esta actividad no sólo en la meseta, sino también en la cordillera del Chubut.
Desde el No a la Mina, Humberto Kadamoto, indicó que se trataba de “un pequeño grupo, muchos empresarios”. Detalló que varias de las personas eran de Esquel y portaban pecheras y banderas que claramente demuestran que “esto es algo organizado” por los grupos a favor. La marcha de manifestantes también contó con la presencia de camiones.
Según indicaron desde el No a la Mina, participó entre otros un reconocido empleado de la empresa minera y de varias reparticiones públicas en el ámbito de la salud.
Según dijo Kadamoto “estas marchas comenzaron a pedido del gobierno provincial que le dijo a las mineras que Esquel queda afuera del marco regulatorio minero, a menos que ustedes hagan algo para que los legisladores puedan sentir que también hay gente por el ´Si a la mina´ esa es la génesis, no tiene una génesis social, sino propia de una actividad que solo busca sacar la mayor cantidad posible, a cualquier costo”.
Para Kadamoto, si en 2003, a través del plebiscito unas 2.000 personas votaron por el sí a la mina y 20 mil por el no, “por lo menos deberían mantener las 2.000 personas y nosotros vemos que hoy hay más conocimiento sobre minería que en 2003, nosotros seguimos informando al respecto, incluso sobre el marco regulatorio”, afirmó.
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Fecha de Publicación: 24/10/2012
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El sábado pasado Esquel tuvo su primera marcha a favor de la minería, que fue cuestionada por los vecinos del No a la Mina quienes dicen que “no fue espontánea” y que “es una de las estrategias de las empresas para avanzar con la explotación”.
El ministro de Gobierno, Javier Touriñan, confirmó que en “breve” y quizá antes de la próxima sesión legislativa ingresen a la Cámara de Diputados las modificaciones del marco regulatorio hidrocarburífero y minero. En ese marco indicó que se trabajan las modificaciones considerando que la Ley 5.001 no prohíbe la actividad minera, “prohíbe una modalidad pero no prohíbe la actividad minera”.
En este marco Esquel vivió el sábado una de las movilizaciones más importantes a favor de la minería en la provincia. El grupo se concentró en cercanías de la plaza San Martín, desde donde marchó por las calles promoviendo esta actividad no sólo en la meseta, sino también en la cordillera del Chubut.
Desde el No a la Mina, Humberto Kadamoto, indicó que se trataba de “un pequeño grupo, muchos empresarios”. Detalló que varias de las personas eran de Esquel y portaban pecheras y banderas que claramente demuestran que “esto es algo organizado” por los grupos a favor. La marcha de manifestantes también contó con la presencia de camiones.
Según indicaron desde el No a la Mina, participó entre otros un reconocido empleado de la empresa minera y de varias reparticiones públicas en el ámbito de la salud.
Según dijo Kadamoto “estas marchas comenzaron a pedido del gobierno provincial que le dijo a las mineras que Esquel queda afuera del marco regulatorio minero, a menos que ustedes hagan algo para que los legisladores puedan sentir que también hay gente por el ´Si a la mina´ esa es la génesis, no tiene una génesis social, sino propia de una actividad que solo busca sacar la mayor cantidad posible, a cualquier costo”.
Para Kadamoto, si en 2003, a través del plebiscito unas 2.000 personas votaron por el sí a la mina y 20 mil por el no, “por lo menos deberían mantener las 2.000 personas y nosotros vemos que hoy hay más conocimiento sobre minería que en 2003, nosotros seguimos informando al respecto, incluso sobre el marco regulatorio”, afirmó.
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Sacarán los 25.000 litros de PCB de Sierra Grande
Ponen fecha al retiro del PCB de Sierra Grande
Fecha de Publicación: 23/10/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
Si todo sale como fue anunciado en esta ciudad, el 20 de diciembre próximo serán retirados los 25.000 litros de PCB que hay almacenados en Sierra Grande.
Al menos así lo anunció el gobernador de la provincia Alberto Weretilneck, a su paso por esta ciudad el viernes último en ocasión del aniversario de la ciudad.
Desde que se construyó el yacimiento minero de Hipasam los transformadores eléctricos que allí funcionaban, utilizaban para su refrigeración PCB (bifenilos policlorados), bajo diferentes denominaciones. Su peligrosidad no se conocía hasta que en el mundo empezó a prohibirse por su altísima toxicidad y su relación con casos de cáncer.
Recién hace una década empezó la lucha para que este líquido que aún estaba en algunos artefactos, sea retirado en principio de la empresa –hoy MCC– y más tarde fuera dispuesto para su retiro y almacenado.
El fallecimiento del edil Fidel Arce, hace 10 años, que murió sospechando que el cáncer que contrajo fue producto del PCB con el que tuvo contacto mientras trabajaba en Hipasam, también despertó intrigas.
El año pasado tras un amparo de vecinos, la Justicia había ordenado al gobierno de Miguel Saiz retirar el PCB antes del 10 de diciembre pasado, pero el refrigerante sigue intacto en los "polvorines", almacenado y en tambores en condiciones de ser exportados.
Ahora el gobernador Weretilneck dio fechas: "vamos a retirar el PCB de Sierra Grande entre el 15 y el 20 de diciembre".
El grupo de vecinos "en defensa de la vida, No al PCB", se reunió el viernes con la titular de Medio Ambiente, Laura Juárez. "Nos manifestó que el 20 de diciembre empieza a trabajar la empresa que fue contratada en forma directa", señaló Gustavo Cifuentes uno de los vecinos.
"Se comprometió a venir en la segunda semana de noviembre a dar la explicaciones correspondientes al pueblo en general" acotó y un dato que arrojó a los vecinos la funcionaria es que en los últimos meses se encontraron al menos 1.000 litros más de PCB en Sierra Grande.
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Fecha de Publicación: 23/10/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
Si todo sale como fue anunciado en esta ciudad, el 20 de diciembre próximo serán retirados los 25.000 litros de PCB que hay almacenados en Sierra Grande.Al menos así lo anunció el gobernador de la provincia Alberto Weretilneck, a su paso por esta ciudad el viernes último en ocasión del aniversario de la ciudad.
Desde que se construyó el yacimiento minero de Hipasam los transformadores eléctricos que allí funcionaban, utilizaban para su refrigeración PCB (bifenilos policlorados), bajo diferentes denominaciones. Su peligrosidad no se conocía hasta que en el mundo empezó a prohibirse por su altísima toxicidad y su relación con casos de cáncer.
Recién hace una década empezó la lucha para que este líquido que aún estaba en algunos artefactos, sea retirado en principio de la empresa –hoy MCC– y más tarde fuera dispuesto para su retiro y almacenado.
El fallecimiento del edil Fidel Arce, hace 10 años, que murió sospechando que el cáncer que contrajo fue producto del PCB con el que tuvo contacto mientras trabajaba en Hipasam, también despertó intrigas.
El año pasado tras un amparo de vecinos, la Justicia había ordenado al gobierno de Miguel Saiz retirar el PCB antes del 10 de diciembre pasado, pero el refrigerante sigue intacto en los "polvorines", almacenado y en tambores en condiciones de ser exportados.
Ahora el gobernador Weretilneck dio fechas: "vamos a retirar el PCB de Sierra Grande entre el 15 y el 20 de diciembre".
El grupo de vecinos "en defensa de la vida, No al PCB", se reunió el viernes con la titular de Medio Ambiente, Laura Juárez. "Nos manifestó que el 20 de diciembre empieza a trabajar la empresa que fue contratada en forma directa", señaló Gustavo Cifuentes uno de los vecinos.
"Se comprometió a venir en la segunda semana de noviembre a dar la explicaciones correspondientes al pueblo en general" acotó y un dato que arrojó a los vecinos la funcionaria es que en los últimos meses se encontraron al menos 1.000 litros más de PCB en Sierra Grande.
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Zapala en Neuquén protege sus acuíferos
Zapala: el Concejo prohibió vender agua del acuífero
Fecha de Publicación: 23/10/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la ordenanza que prohíbe vender agua del acuífero zapalino a empresas hidrocarburíferas y a emprendimientos mineros. Además, el proyecto será expuesto durante la semana en el Parlamento Nacional en defensa del Agua que se realiza en Buenos Aires.
El concejal del Partido Socialista, Hernán Moreno, destacó la voluntad de los concejales para defender el acuífero y sostuvo que la norma apunta a cualquier actividad hidrocarburifera y a todas las modalidades de explotación. “Creo que valió la pena que se demorara tanto el tratamiento porque particularmente el UNE hizo aportes para el proyecto y terminó aprobado por unanimidad, lo que demuestra la voluntad de todos los concejales de hacer una defensa de nuestro acuífero,” explicó.
Recordó que la iniciativa surgió “básicamente por la venta de agua que se hizo el año pasado cuando se vendieron 30 millones de litros de agua a 0,07 centavos el litro a la empresa Peduzzi para ser utilizada en la perforación no convencional en Anticlinal y eso es tremendo”, apuntó el edil.
Presentación
La iniciativa será presentada esta semana en el parlamento nacional que se desarrolla en Buenos Aires en defensa del agua. “Este proyecto tuvo una importante trascendencia y fuimos convocados por diputados y senadores a participar del Parlamento Nacional en defensa del Agua, en Buenos Aires. Asistirán legisladores, partidos políticos y organizaciones sociales de todo el país para crear un Parlamento Nacional en defensa del agua”.
“El fundamento de la exposición es la preservación del acuífero. Explicaremos los datos técnicos de nuestro acuífero, la pileta natural de basalto y las características del agua que son casi minerales. También hablaremos de nuestro proyecto de ordenanza y cómo sale esta norma de protección del acuífero,” señaló Moreno.
El bloque Socialista fue más allá de la prohibición de venta de agua y presentó un proyecto junto con su par del FyPN Ana María Cuadrado, para impedir que se aplique el sistema de fracturación hidráulica “fracking” en actividades hidrocarburíferas dentro del ejido urbano de Zapala. El proyecto ya se encuentra en la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
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Fecha de Publicación: 23/10/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la ordenanza que prohíbe vender agua del acuífero zapalino a empresas hidrocarburíferas y a emprendimientos mineros. Además, el proyecto será expuesto durante la semana en el Parlamento Nacional en defensa del Agua que se realiza en Buenos Aires.El concejal del Partido Socialista, Hernán Moreno, destacó la voluntad de los concejales para defender el acuífero y sostuvo que la norma apunta a cualquier actividad hidrocarburifera y a todas las modalidades de explotación. “Creo que valió la pena que se demorara tanto el tratamiento porque particularmente el UNE hizo aportes para el proyecto y terminó aprobado por unanimidad, lo que demuestra la voluntad de todos los concejales de hacer una defensa de nuestro acuífero,” explicó.
Recordó que la iniciativa surgió “básicamente por la venta de agua que se hizo el año pasado cuando se vendieron 30 millones de litros de agua a 0,07 centavos el litro a la empresa Peduzzi para ser utilizada en la perforación no convencional en Anticlinal y eso es tremendo”, apuntó el edil.
Presentación
La iniciativa será presentada esta semana en el parlamento nacional que se desarrolla en Buenos Aires en defensa del agua. “Este proyecto tuvo una importante trascendencia y fuimos convocados por diputados y senadores a participar del Parlamento Nacional en defensa del Agua, en Buenos Aires. Asistirán legisladores, partidos políticos y organizaciones sociales de todo el país para crear un Parlamento Nacional en defensa del agua”.
“El fundamento de la exposición es la preservación del acuífero. Explicaremos los datos técnicos de nuestro acuífero, la pileta natural de basalto y las características del agua que son casi minerales. También hablaremos de nuestro proyecto de ordenanza y cómo sale esta norma de protección del acuífero,” señaló Moreno.
El bloque Socialista fue más allá de la prohibición de venta de agua y presentó un proyecto junto con su par del FyPN Ana María Cuadrado, para impedir que se aplique el sistema de fracturación hidráulica “fracking” en actividades hidrocarburíferas dentro del ejido urbano de Zapala. El proyecto ya se encuentra en la Comisión de Obras y Servicios Públicos.
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Sierra Pintada: la CNEA, el uranio y la contaminación
Sierra Pintada: Hoy, ayer y mañana
Fecha de Publicación: 23/10/2012
Fuente: No a la Mina, por Asamblea por el Agua de San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Ante la usual desinformación y misterio que llega desde los organismos oficiales nos encontramos ante la obligación y necesidad de recopilar las novedades más importantes en torno al proyecto de explotación uranífera en Sierra Pintada y comunicarnos con la gente. Al fin de cuentas se trata de la explotación de bienes comunes que nos pertenecen, así como también nos pertenece un ambiente sano y el agua.
Una comprensión más acabada de los últimos sucesos en la mina de uranio sanrafaelina, exige realizar en principio una breve cronología de la intervención de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) en el complejo. El yacimiento fue descubierto en 1968 por la CNEA y en 1974 se dio inicio a la producción y explotación a cielo abierto que duró hasta 1995; finalmente, en 1997, la mina fue completamente abandonada debido a la baja del precio del uranio en los mercados mundiales y como parte de la desarticulación estatal llevada adelante por el menemismo (datos extraídos en http://www.lavozdelatierra.com.ar/2011/08/el-saqueo-que-debe-ser-impedido/).
El legado de estos años de producción y posterior abandono por parte de la CNEA es un pasivo ambiental de gran envergadura, expresado en un cúmulo de residuos radioactivos (1.000 toneladas de desechos sólidos enterrados en 5.320 tambores y 1.700.000 colas de uranio) que deben ser remediados. De esta manera, ahora que la reactivación de la mina se encuentra en el centro de la escena[1], resulta imperioso e imprescindible hablar de la remediación de esos residuos.
En el marco del modelo agro-minero existe una firme decisión de la Nación para acelerar la reapertura, por eso desde el ejecutivo provincial se planean distintas formas de retomar la extracción uranífera, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que data de Diciembre de 2010 prohíbe la reapertura hasta tanto no esté concluida la remediación. En este contexto, nos enteramos hace algunas semanas que la CNEA presentaría en dos meses el estudio de impacto ambiental para la remediación de la colas de uranio y que en 2013 comenzaría las actividades de remediación (extraído en http://www.geonavitas.com.ar/es/noticias/mineria/argentina/20594-estudio-de-impacto-ambiental-de-sierra-pintada.html).
Ante esta situación y con la desconfianza que implican años de irregularidades es que nos preguntamos ¿cumplirá la CNEA esta vez o solo se trata de hacer expeditiva la reapertura? ¿Es segura la remediación en manos de este organismo? para la respuesta a esta última pregunta hay una serie de antecedentes cercanos que nos habilitan a pensar que no es segura ni mucho menos.
Un somero repaso de las últimas tropelías de la CNEA incluye:
- La filtración en uno de los diques de remediación como resultado de una rotura de 30 centímetros en la membrana del dique de evaporación efluentes. El hecho se detectó el 23 de Marzo de este año y fue admitido por la CNEA en el mes de Mayo luego de que circularan rumores sobre la presunta filtración. Este acontecimiento dejó al descubierto que la CNEA estaba avanzando en la remediación sin el conocimiento del pueblo y sin cumplir los pasos previstos que son la presentación del informe de impacto ambiental y la posterior audiencia pública (extraído en http://www.diariosanrafael.com.ar/80241).
- Contaminación grave de napas freáticas y cauces de riego en la zona donde funcionaba el Complejo Fabril Malargüe. En 2002 el Departamento General de Irrigación le impuso una multa de un millón de pesos, inédita en la historia del ente por ser la multa más alta que haya aplicado, por esta contaminación con uranio y el 11 de Mayo de este año la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó la sanción rechazando la apelación interpuesta por la CNEA (extraído en http://www.lavozdelatierra.com.ar/2012/05/cnea-multada-por-contaminacion-grave-de-aguas-con-uranio/).
- Falencias en la remediación del Complejo Fabril Malargüe. El día 27 de Septiembre distintos medios locales recogían las declaraciones de vecinos malargüinos que viven colindantes con el depósito de CNEA, y que se manifestaban sumamente preocupados por el polvillo que provenía de las colas de uranio albergadas en el depósito y se mantenía en suspensión al ser arrastrado por el viento cordillerano. Se debe tener en cuenta que el predio en el cual se alojan las colas de uranio tiene un cierre perimetral de tela que no puede detener el arrastre del viento. (extraído en http://www.diariosanrafael.com.ar/92214).
La conclusión es que la CNEA opera de forma negligente e irresponsable no solo cuándo pone en funcionamiento un proyecto sino que también cuándo intenta remediarlo. Además los daños producidos no se reducen al territorio del sur provincial, como marca la propia CNEA, existen casi una decena de minas en proceso de restitución ambiental (ver en http://www.cnea.gov.ar/xxi/pramu/sitios.asp). Y sobre este punto, es importante notar que Sierra Pintada no aparece en el listado del PRAMU (Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio), lo que nos invita a preguntarnos ¿Por qué comete esta omisión la CNEA? ¿Será que el reinicio de la explotación y una remediación correcta son incompatibles?
Al mismo tiempo la ley 7722, un pilar en esta lucha socio-ambiental, continúa en la mira de los partidarios del saqueo, sea con proyectos de reforma en la legislatura o través de pedidos de inconstitucionalidad ante la corte (ver http://www.facebook.com/asambleaporelaguasanrafael/posts/450212178334959). Y es oportuno resaltar que la reactivación de Sierra Pintada al igual que muchos otros proyectos megamineros requiere de la modificación o derogación de la ley del pueblo para poder materializarse ya que la misma "prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos".
Por eso hacemos un nuevo llamado a la implicación colectiva y la participación popular, e invitamos a redoblar esfuerzos por parte de la ciudadanía en la junta de firmas en defensa de la ley. Y ante la desinformación impuesta desde arriba, vamos a ofrecer comunicación con la gente, solo con ella se obtiene una licencia social legítima. Mientras continuaremos proclamando "¿nuclear y contaminante? No, gracias".
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Fecha de Publicación: 23/10/2012
Fuente: No a la Mina, por Asamblea por el Agua de San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Ante la usual desinformación y misterio que llega desde los organismos oficiales nos encontramos ante la obligación y necesidad de recopilar las novedades más importantes en torno al proyecto de explotación uranífera en Sierra Pintada y comunicarnos con la gente. Al fin de cuentas se trata de la explotación de bienes comunes que nos pertenecen, así como también nos pertenece un ambiente sano y el agua.
Una comprensión más acabada de los últimos sucesos en la mina de uranio sanrafaelina, exige realizar en principio una breve cronología de la intervención de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) en el complejo. El yacimiento fue descubierto en 1968 por la CNEA y en 1974 se dio inicio a la producción y explotación a cielo abierto que duró hasta 1995; finalmente, en 1997, la mina fue completamente abandonada debido a la baja del precio del uranio en los mercados mundiales y como parte de la desarticulación estatal llevada adelante por el menemismo (datos extraídos en http://www.lavozdelatierra.com.ar/2011/08/el-saqueo-que-debe-ser-impedido/).
El legado de estos años de producción y posterior abandono por parte de la CNEA es un pasivo ambiental de gran envergadura, expresado en un cúmulo de residuos radioactivos (1.000 toneladas de desechos sólidos enterrados en 5.320 tambores y 1.700.000 colas de uranio) que deben ser remediados. De esta manera, ahora que la reactivación de la mina se encuentra en el centro de la escena[1], resulta imperioso e imprescindible hablar de la remediación de esos residuos.
En el marco del modelo agro-minero existe una firme decisión de la Nación para acelerar la reapertura, por eso desde el ejecutivo provincial se planean distintas formas de retomar la extracción uranífera, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que data de Diciembre de 2010 prohíbe la reapertura hasta tanto no esté concluida la remediación. En este contexto, nos enteramos hace algunas semanas que la CNEA presentaría en dos meses el estudio de impacto ambiental para la remediación de la colas de uranio y que en 2013 comenzaría las actividades de remediación (extraído en http://www.geonavitas.com.ar/es/noticias/mineria/argentina/20594-estudio-de-impacto-ambiental-de-sierra-pintada.html).
Ante esta situación y con la desconfianza que implican años de irregularidades es que nos preguntamos ¿cumplirá la CNEA esta vez o solo se trata de hacer expeditiva la reapertura? ¿Es segura la remediación en manos de este organismo? para la respuesta a esta última pregunta hay una serie de antecedentes cercanos que nos habilitan a pensar que no es segura ni mucho menos.
Un somero repaso de las últimas tropelías de la CNEA incluye:
- La filtración en uno de los diques de remediación como resultado de una rotura de 30 centímetros en la membrana del dique de evaporación efluentes. El hecho se detectó el 23 de Marzo de este año y fue admitido por la CNEA en el mes de Mayo luego de que circularan rumores sobre la presunta filtración. Este acontecimiento dejó al descubierto que la CNEA estaba avanzando en la remediación sin el conocimiento del pueblo y sin cumplir los pasos previstos que son la presentación del informe de impacto ambiental y la posterior audiencia pública (extraído en http://www.diariosanrafael.com.ar/80241).
- Contaminación grave de napas freáticas y cauces de riego en la zona donde funcionaba el Complejo Fabril Malargüe. En 2002 el Departamento General de Irrigación le impuso una multa de un millón de pesos, inédita en la historia del ente por ser la multa más alta que haya aplicado, por esta contaminación con uranio y el 11 de Mayo de este año la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó la sanción rechazando la apelación interpuesta por la CNEA (extraído en http://www.lavozdelatierra.com.ar/2012/05/cnea-multada-por-contaminacion-grave-de-aguas-con-uranio/).
- Falencias en la remediación del Complejo Fabril Malargüe. El día 27 de Septiembre distintos medios locales recogían las declaraciones de vecinos malargüinos que viven colindantes con el depósito de CNEA, y que se manifestaban sumamente preocupados por el polvillo que provenía de las colas de uranio albergadas en el depósito y se mantenía en suspensión al ser arrastrado por el viento cordillerano. Se debe tener en cuenta que el predio en el cual se alojan las colas de uranio tiene un cierre perimetral de tela que no puede detener el arrastre del viento. (extraído en http://www.diariosanrafael.com.ar/92214).
La conclusión es que la CNEA opera de forma negligente e irresponsable no solo cuándo pone en funcionamiento un proyecto sino que también cuándo intenta remediarlo. Además los daños producidos no se reducen al territorio del sur provincial, como marca la propia CNEA, existen casi una decena de minas en proceso de restitución ambiental (ver en http://www.cnea.gov.ar/xxi/pramu/sitios.asp). Y sobre este punto, es importante notar que Sierra Pintada no aparece en el listado del PRAMU (Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio), lo que nos invita a preguntarnos ¿Por qué comete esta omisión la CNEA? ¿Será que el reinicio de la explotación y una remediación correcta son incompatibles?
Al mismo tiempo la ley 7722, un pilar en esta lucha socio-ambiental, continúa en la mira de los partidarios del saqueo, sea con proyectos de reforma en la legislatura o través de pedidos de inconstitucionalidad ante la corte (ver http://www.facebook.com/asambleaporelaguasanrafael/posts/450212178334959). Y es oportuno resaltar que la reactivación de Sierra Pintada al igual que muchos otros proyectos megamineros requiere de la modificación o derogación de la ley del pueblo para poder materializarse ya que la misma "prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos".
Por eso hacemos un nuevo llamado a la implicación colectiva y la participación popular, e invitamos a redoblar esfuerzos por parte de la ciudadanía en la junta de firmas en defensa de la ley. Y ante la desinformación impuesta desde arriba, vamos a ofrecer comunicación con la gente, solo con ella se obtiene una licencia social legítima. Mientras continuaremos proclamando "¿nuclear y contaminante? No, gracias".
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Preocupa el estado ambiental del Río Chubut
“Si no hay una solución rápida, el Río Chubut se convertirá en El Riachuelo”
Fecha de Publicación: 22/10/2012
Fuente: InfoGlaciar
Provincia/Región: Chubut
El Secretario General de Luz y Fuerza, Héctor González no duda que a la Patagonia la están “hipotecando” y que el mote de “Región no contaminada” deja mucho que desear. “Del volcado del pluvial a la primera toma de agua hay 850 metros y que vamos hacer esperar que nos contaminen el Río que es la única cuenca que tenemos”, se preguntó.
González, que encabezó una reunión con técnicos del servicio sanitario de las Cooperativas de Puerto Madryn, Rawson, y Trelew no duda que de seguir los volcados tal como se están dando, en dos años el Río Chubut se convertirá en El Riachuelo.
Luego de escuchar los aportes teóricos de los técnicos y observar las fotografías del volcado de los pluviales Owen y Muster, el dirigente pidió más responsabilidad a los funcionarios de la provincia como al intendente de Trelew, Máximo Pérez Catán, “pero si en este caso van a actuar y moverse como lo hicieron con la Laguna Negra donde pasaron cuatro intendentes y nadie hizo nada, vamos al muere”.
En la reunión que se desarrolló el viernes en la Fundación Patagonia Tercer Milenio la mayoría de los técnicos de las Cooperativas quedaron asombrados por la poca importancia que el gobierno le está dando a la contaminación del Río Chubut. “Nadie toma conciencia de lo que está sucediendo, la comunidad debería levantarse porque es el agua que llega a su casa y si bien por ahora está controlado no se hasta cuándo se podrá manipular las plantas para evitar que el agua contaminada no se escape por las redes”.
En tanto el ingeniero Ariel Testino lamentó no ser abogado “porque ya hubiera metido un recurso de amparo”.
Explicó que a las empresas industriales le piden hasta el mínimo certificado de control, mientras que el ministerio no controla los pluviales que se están arrojando al Río, “cuando la autoridad se pierde, es muy peligroso, y no admite un razonamiento lógico”.
Para Testino los que hicieron la macana con esas obras “que busquen ahora la solución, pero son los que más calladitos están”, disparó.
También se responsabilizó a los inspectores que aprobaron la obra, porque si estuviera bien hecha, no se filtraría agua al cuenco, y manifestaron que si la solución es la que le dieron a la Laguna Negra “estamos muertos”.
La intendente de Rawson, Rossana Artero junto al presidente de la Cooperativa de Rawson, Carlos Coustet han sido los primeros en advertir las graves consecuencias que puede traer para la salud humana el volcado de los pluviales, inclusive el Ministro de Salud, Carlos Sáenz anticipó que las cloacas y el agua afectan gravemente a la población por las enfermedades que acarrea. Desde Madryn estaban evaluando medidas en igual sentido ya que las dificultades de potabilización pondrían en riesgo el vital elemento que llega a la ciudad a través de un acueducto, con los consiguientes problemas que esto ya acarrea. Un tema que además pone en riesgo la certificación ambiental que turísticamente ha costado tanto alcanzar en las promociones nacionales e internacionales.
Hasta ahora, Rawson es la más afectada en todo el sistema, porque es la última en recibir los desechos no solo de los pluviales sino de la Laguna Negra. Sin embargo no se entiende desde ningún aspecto como se pone en riesgo el río que en definitiva garantiza la vida en las principales ciudades del Chubut, y ningún funcionario de Ambiente toma con seriedad el tema. Para pensar.
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Fecha de Publicación: 22/10/2012
Fuente: InfoGlaciar
Provincia/Región: Chubut
El Secretario General de Luz y Fuerza, Héctor González no duda que a la Patagonia la están “hipotecando” y que el mote de “Región no contaminada” deja mucho que desear. “Del volcado del pluvial a la primera toma de agua hay 850 metros y que vamos hacer esperar que nos contaminen el Río que es la única cuenca que tenemos”, se preguntó.González, que encabezó una reunión con técnicos del servicio sanitario de las Cooperativas de Puerto Madryn, Rawson, y Trelew no duda que de seguir los volcados tal como se están dando, en dos años el Río Chubut se convertirá en El Riachuelo.
Luego de escuchar los aportes teóricos de los técnicos y observar las fotografías del volcado de los pluviales Owen y Muster, el dirigente pidió más responsabilidad a los funcionarios de la provincia como al intendente de Trelew, Máximo Pérez Catán, “pero si en este caso van a actuar y moverse como lo hicieron con la Laguna Negra donde pasaron cuatro intendentes y nadie hizo nada, vamos al muere”.
En la reunión que se desarrolló el viernes en la Fundación Patagonia Tercer Milenio la mayoría de los técnicos de las Cooperativas quedaron asombrados por la poca importancia que el gobierno le está dando a la contaminación del Río Chubut. “Nadie toma conciencia de lo que está sucediendo, la comunidad debería levantarse porque es el agua que llega a su casa y si bien por ahora está controlado no se hasta cuándo se podrá manipular las plantas para evitar que el agua contaminada no se escape por las redes”.
En tanto el ingeniero Ariel Testino lamentó no ser abogado “porque ya hubiera metido un recurso de amparo”.
Explicó que a las empresas industriales le piden hasta el mínimo certificado de control, mientras que el ministerio no controla los pluviales que se están arrojando al Río, “cuando la autoridad se pierde, es muy peligroso, y no admite un razonamiento lógico”.
Para Testino los que hicieron la macana con esas obras “que busquen ahora la solución, pero son los que más calladitos están”, disparó.
También se responsabilizó a los inspectores que aprobaron la obra, porque si estuviera bien hecha, no se filtraría agua al cuenco, y manifestaron que si la solución es la que le dieron a la Laguna Negra “estamos muertos”.
La intendente de Rawson, Rossana Artero junto al presidente de la Cooperativa de Rawson, Carlos Coustet han sido los primeros en advertir las graves consecuencias que puede traer para la salud humana el volcado de los pluviales, inclusive el Ministro de Salud, Carlos Sáenz anticipó que las cloacas y el agua afectan gravemente a la población por las enfermedades que acarrea. Desde Madryn estaban evaluando medidas en igual sentido ya que las dificultades de potabilización pondrían en riesgo el vital elemento que llega a la ciudad a través de un acueducto, con los consiguientes problemas que esto ya acarrea. Un tema que además pone en riesgo la certificación ambiental que turísticamente ha costado tanto alcanzar en las promociones nacionales e internacionales.
Hasta ahora, Rawson es la más afectada en todo el sistema, porque es la última en recibir los desechos no solo de los pluviales sino de la Laguna Negra. Sin embargo no se entiende desde ningún aspecto como se pone en riesgo el río que en definitiva garantiza la vida en las principales ciudades del Chubut, y ningún funcionario de Ambiente toma con seriedad el tema. Para pensar.
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Camino atravesaría un Parque Provincial en Misiones
Misiones: Guardaparques en alerta por proyecto de camino en área natural protegida
Fecha de Publicación: 22/10/2012
Fuente: InfoAmbiente
Provincia/Región: Misiones
La tensa situación que se vive en la zona de Colonia Pepirí, en la que quince policías custodian el cerco tendido por una empresa privada, puso en alerta a los guardaparques provinciales que aseguran que la empresa en conflicto con los habitantes de la zona en realidad estaría ejerciendo una fuerte presión para lograr que autoricen la habilitación y construcción de un camino que atraviese el Parque Provincial Moconá, proyecto que la legislación impide.
La denuncia de agresiones por parte de policías que custodian tierras privadas en la zona de Colonia Pepirí, efectuada por Avelino "Mbiguá" Olivera de 80 años de edad, quien hace más de 60 años vive en la zona, despertó interrogantes y generó una red de comunicaciones entre guardaparques, familiares afectados y referentes sociales que ahora advierten la existencia de empresarios "que tratan de presionar para que autoricen la habilitación de un camino que atraviese por el medio el Parque Provincial Moconá y les permita un acceso privilegiado a esa zona”.
A ese respecto se refirió el Guardaparque del PP provincial Moconá Santiago Bellitti, quien aseguró que “la empresa Moconá SA firmó un acuerdo con el Ministerio de Ecología para poner fin al conflicto entre las comunidades aborígenes y la empresa por la tenencia del Lote 8 en la Reserva de Biosfera Yabotí, pero según tengo entendido, nunca se habló de habilitar un camino dentro del Parque”.
El funcionario puntualizó que "no se han realizado estudios de impacto ambiental para considerar siquiera esta idea, sumado a que el último Plan de Manejo del Parque se realizó en 1998", y desde su experiencia advirtió que “sin dudas habilitar un camino por medio del área natural protegida provocará un impacto negativo”.
Al tratarse de un área protegida por ley, deberían convocar a audiencias públicas presentando el proyecto, pero hasta el momento no hubo ningún tipo de consulta, “solo sabemos que las presiones existen y que están tratando de ejercerlas para conseguir este privilegio, pero no corresponde desde lo ambiental, ético y legal, es un avasallamiento a la soberanía de las áreas protegidas”, advirtieron las distintas fuentes consultadas por ArgentinaForestal.com.
Por otra parte, la iniciativa tampoco podría ser argumentada desde la intención de abrir este camino dentro del Parque para beneficiar el acceso a las comunidades aborígenes al Lote 8, ya que existe desde hace décadas un camino que lo utilizan diariamente, pero hay que dar un rodeo de 30 km . “Existen alternativas posibles de abrir caminos por fuera del PP Moconá, hay muchos caminos de obrajes donde el ecosistema ya esta impactado por la explotación forestal, caminos antiguos, que podrían ser reabiertos y darían mejor acceso al Lote 8 y también al futuro emprendimiento turístico del privado, pero se necesita un puente nuevo sobre el arroyo Yaboty, esta sería la inversión mas grande a estudiar, pero que beneficiaría a toda la zona y sería de uso público”, opinó el guardaparque Bellitti.
El Parque Provincial Moconá tiene unas 999 hectáreas de áreas protegidas y cuenta con el segundo mayor atractivo turístico de Misiones, después de las Cataratas del Iguazú, que son los Saltos del Moconá. “Los empresarios pretenden exigir al gobierno que los beneficie con habilitar este camino, pero es un tema que nunca se habló, se trata de un área protegida, es un recurso público que no puede estar a disposición de un privado. Esto no puede prosperar, el área no resistirá este impacto. Además, hay otras alternativas de menor impacto o menos negativo para construir un camino de acceso hasta el nuevo proyecto”, concluyó Bellitti.
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Fecha de Publicación: 22/10/2012
Fuente: InfoAmbiente
Provincia/Región: Misiones
La tensa situación que se vive en la zona de Colonia Pepirí, en la que quince policías custodian el cerco tendido por una empresa privada, puso en alerta a los guardaparques provinciales que aseguran que la empresa en conflicto con los habitantes de la zona en realidad estaría ejerciendo una fuerte presión para lograr que autoricen la habilitación y construcción de un camino que atraviese el Parque Provincial Moconá, proyecto que la legislación impide.La denuncia de agresiones por parte de policías que custodian tierras privadas en la zona de Colonia Pepirí, efectuada por Avelino "Mbiguá" Olivera de 80 años de edad, quien hace más de 60 años vive en la zona, despertó interrogantes y generó una red de comunicaciones entre guardaparques, familiares afectados y referentes sociales que ahora advierten la existencia de empresarios "que tratan de presionar para que autoricen la habilitación de un camino que atraviese por el medio el Parque Provincial Moconá y les permita un acceso privilegiado a esa zona”.
A ese respecto se refirió el Guardaparque del PP provincial Moconá Santiago Bellitti, quien aseguró que “la empresa Moconá SA firmó un acuerdo con el Ministerio de Ecología para poner fin al conflicto entre las comunidades aborígenes y la empresa por la tenencia del Lote 8 en la Reserva de Biosfera Yabotí, pero según tengo entendido, nunca se habló de habilitar un camino dentro del Parque”.
El funcionario puntualizó que "no se han realizado estudios de impacto ambiental para considerar siquiera esta idea, sumado a que el último Plan de Manejo del Parque se realizó en 1998", y desde su experiencia advirtió que “sin dudas habilitar un camino por medio del área natural protegida provocará un impacto negativo”.
Al tratarse de un área protegida por ley, deberían convocar a audiencias públicas presentando el proyecto, pero hasta el momento no hubo ningún tipo de consulta, “solo sabemos que las presiones existen y que están tratando de ejercerlas para conseguir este privilegio, pero no corresponde desde lo ambiental, ético y legal, es un avasallamiento a la soberanía de las áreas protegidas”, advirtieron las distintas fuentes consultadas por ArgentinaForestal.com.
Por otra parte, la iniciativa tampoco podría ser argumentada desde la intención de abrir este camino dentro del Parque para beneficiar el acceso a las comunidades aborígenes al Lote 8, ya que existe desde hace décadas un camino que lo utilizan diariamente, pero hay que dar un rodeo de 30 km . “Existen alternativas posibles de abrir caminos por fuera del PP Moconá, hay muchos caminos de obrajes donde el ecosistema ya esta impactado por la explotación forestal, caminos antiguos, que podrían ser reabiertos y darían mejor acceso al Lote 8 y también al futuro emprendimiento turístico del privado, pero se necesita un puente nuevo sobre el arroyo Yaboty, esta sería la inversión mas grande a estudiar, pero que beneficiaría a toda la zona y sería de uso público”, opinó el guardaparque Bellitti.
El Parque Provincial Moconá tiene unas 999 hectáreas de áreas protegidas y cuenta con el segundo mayor atractivo turístico de Misiones, después de las Cataratas del Iguazú, que son los Saltos del Moconá. “Los empresarios pretenden exigir al gobierno que los beneficie con habilitar este camino, pero es un tema que nunca se habló, se trata de un área protegida, es un recurso público que no puede estar a disposición de un privado. Esto no puede prosperar, el área no resistirá este impacto. Además, hay otras alternativas de menor impacto o menos negativo para construir un camino de acceso hasta el nuevo proyecto”, concluyó Bellitti.
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Conflictividad ambiental en Jujuy
Aseguran que los conflictos por temas ambientales vienen en crecimiento en Jujuy
Fecha de Publicación: 22/10/2012
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En una entrevista con nuestro medio, el diputado provincial por la UCR y Presidente de la Comisión de Ecología, Pablo Baca, se refirió a la falta de garantías desde el estado provincial en el cumplimiento de procedimientos de resolución de conflictos ambientales y a la falta de información a la comunidad sobre estos temas.
Respecto a estos conflictos, Pablo Baca manifestó en declaraciones a JUJUY AL DÍA® que “los conflictos por temas ambiéntales evidentemente vienen en crecimiento en Jujuy y esto se debe a que no se está garantizando, desde el Estado, los procedimientos que permitan anticipar y resolver esos conflictos a través de la participación ambiental y ciudadana, no se hacen audiencias públicas, no se llevan adelante los procedimientos que permiten saber a la comunidad cuales son las obras y servicios que se pretenden ejecutar, escuchar opiniones y criticas, dar respuestas y hacer las correcciones que resulten necesarias”.
Para Baca “hace falta garantizar a la población la información ambiental, hace falta darle la oportunidad de participar y conocer el impacto ambiental que pueden tener determinadas actividades, esto forma parte de los derechos indiscutibles, derechos que se vinculan con la protección del ambiente y esos derechos se garantizan con procedimientos orientados a la información ciudadana”.
Sobre la Secretaria de Gestión ambiental, el legislador manifestó “la Secretaria de Gestión Ambiental debe hacer efectivos estos derechos. Hoy no se hacen audiencias públicas, no se garantiza la información a la ciudadanía, a pesar de haber crecido en la conciencia ambiental tanto en la población como en las políticas, en Jujuy no se están llevando a cabo los procedimientos que le permita a la gente conocer cuando se va a hacer una obra o un servicio y cuales son efectos sobre el ambiente y la salud de la comunidad, como también sus opiniones sobre estas cuestiones”.
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Fecha de Publicación: 22/10/2012
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En una entrevista con nuestro medio, el diputado provincial por la UCR y Presidente de la Comisión de Ecología, Pablo Baca, se refirió a la falta de garantías desde el estado provincial en el cumplimiento de procedimientos de resolución de conflictos ambientales y a la falta de información a la comunidad sobre estos temas.
Respecto a estos conflictos, Pablo Baca manifestó en declaraciones a JUJUY AL DÍA® que “los conflictos por temas ambiéntales evidentemente vienen en crecimiento en Jujuy y esto se debe a que no se está garantizando, desde el Estado, los procedimientos que permitan anticipar y resolver esos conflictos a través de la participación ambiental y ciudadana, no se hacen audiencias públicas, no se llevan adelante los procedimientos que permiten saber a la comunidad cuales son las obras y servicios que se pretenden ejecutar, escuchar opiniones y criticas, dar respuestas y hacer las correcciones que resulten necesarias”.
Para Baca “hace falta garantizar a la población la información ambiental, hace falta darle la oportunidad de participar y conocer el impacto ambiental que pueden tener determinadas actividades, esto forma parte de los derechos indiscutibles, derechos que se vinculan con la protección del ambiente y esos derechos se garantizan con procedimientos orientados a la información ciudadana”.
Sobre la Secretaria de Gestión ambiental, el legislador manifestó “la Secretaria de Gestión Ambiental debe hacer efectivos estos derechos. Hoy no se hacen audiencias públicas, no se garantiza la información a la ciudadanía, a pesar de haber crecido en la conciencia ambiental tanto en la población como en las políticas, en Jujuy no se están llevando a cabo los procedimientos que le permita a la gente conocer cuando se va a hacer una obra o un servicio y cuales son efectos sobre el ambiente y la salud de la comunidad, como también sus opiniones sobre estas cuestiones”.
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Usan glifosato para desmalezar en la Capital
Peligro: Usan glifosato para desmalezar en la Ciudad
Fecha de Publicación: 21/10/2012
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Capital
Creada en los 60 por Monsanto, la peligrosa sustancia no es solo un triste patrimonio de los ámbitos rurales: se usa también en la Ciudad. Desde cáncer hasta malformaciones de todo tipo, su toxicidad va más allá de los 400 metros. Caballito, Puerto Madero, Saavedra, Coghlan, Belgrano, Colegiales y Palermo son algunos de los barrios en los que se utiliza.
Parece inentendible que en una zona completamente urbanizada la palabra glifosato represente, como lo es actualmente en las áreas rurales, una preocupación para los vecinos. Si bien este agrotóxico cuestionado mundialmente por sus efectos contaminantes tiene una incidencia directa en zonas de cultivos, en la Ciudad se lo usa para mantener a raya el pasto y las malezas, que se secan casi instantáneamente luego de ser rociados por el potente químico.
El glifosato fue creado en los años 60 por la multinacional Monsanto y actualmente se lo combina peligrosamente con otras sustancias para aumentar su eficacia, que no están especificadas en la etiqueta y que producen mayor toxicidad.
Son numerosos los casos de trabajadores rurales cuya salud se vio gravemente deteriorada por administrarlo sin la debida protección, como por ejemplo, la experiencia de Fabián Tomasi, cuyas huellas digitales llegaron a borrarse por el contacto con el herbicida. Sin embargo, en plena plaza Giordano Bruno, en Caballito, se ve a los aplicadores sin máscaras y a quienes están en la zona expuestos directamente a su contacto, que persiste luego impregnado en plantas y en la tierra. El glifosato tiene como mínimo un alcance de 400 metros desde el lugar donde se lo aplica.
Según la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos), el glifosato que llega al suelo es fuertemente absorbido, por eso, aunque es altamente soluble en agua, permanece en las capas superiores del suelo y tiene una vida media de más de 60 días.
Ninguna parte de Buenos Aires parece a salvo de este mal. Por caso, en Puerto Madero, mientras la gente come al aire libre, camina o realiza ejercicios, empleados del Gobierno de la Ciudad fumigan con sus mochilas para evitar que crezca maleza entre los adoquines.
Graciela Draguicevich se encontró con este cuadro mientras caminaba por uno de los diques y elevó una denuncia a la fiscalía luego de preguntar a un empleado con qué fumigaba. “Nos envenenan a todos, el empleado ante mi pregunta de qué era lo que estaba fumigando, respondió: ‘Glifosato’. Le dije que se iba a enfermar, que enfermaría a sus futuros hijos. Me dijo que ya lo sabía, que era el único trabajo que pudo conseguir”, relata a NU la mujer, que es técnica en Comunidades Ecológicas.
“Existe un uso y abuso de esta sustancia en todo el país. También se fumigan las vías del tren en plena Capital, se usa para jardines, plazas, banquinas de las rutas por Vialidad Nacional, y los municipios lo usan en todas las zonas parquizadas desconociendo el gran peligro que eso conlleva. Entonces el peligro no solo está en el uso en la agricultura, frutas, verduras, sino también como producto de jardinería”, explica la abogada experta en derecho ambiental Graciela Gómez.
Las calles comprendidas entre Congreso y General Paz, en Saavedra, el puente Superí, cerca de las vías de Belgrano R y la estación Coghlan son otros sectores donde los vecinos denunciaron fumigaciones. Aunque, en este caso, vinculadas a las concesionarias de las empresas de trenes que usan este método para tener despejadas las vías férreas. “Podría haber alcanzado con una máquina de cortar pasto, pero la solución fue mucho más extrema”, señala Gómez.
Las líneas Sarmiento, Roca y Mitre utilizan este método de desmalezamiento que llega hasta los bordes de casas, parques y demás espacios ubicados a la vera del ferrocarril.
Sin embargo, el problema va mucho más allá de los terrenos ferroviarios.
“En cualquier jardín de Avenida del Libertador las porterías están usando glifosato; en las rutas, Vialidad misma; también en plazas y parques donde nuestros chicos juegan”, advierte Gómez. “Esto es una locura imparable. La gente tiene que saber qué se está usando y con qué se está fumigando”, apunta.
El doctor Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA e investigador principal del organismo, determinó que “concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología de un embrión”.
¿El resultado en laboratorio? Microcefalia, especímenes de un solo ojo y deformidad craneofacial, entre otros. El estudio de Carrasco determinó los riesgos que esta sustancia conlleva para la salud humana: toxicidad subaguda (lesiones en glándulas salivales), toxicidad crónica (inflamación gástrica, problemas respiratorios, alergias), daños genéticos (en células sanguíneas humanas), trastornos reproductivos (reducción de espermatozoides, abortos, malformación fetal), efectos cancerígenos y contaminación de alimentos.
En julio de 2011 otra voz se sumó para alertar. Un extenso informe de Greenpeace afirmaba que el glifosato tiene efectos crónicos para el organismo humano, como cáncer, defectos de nacimiento, daños neurológicos, necrosis y muerte celular en células embrionarias y placentarias.
Las distancias mínimas para la aplicación de agroquímicos no tienen regulación a escala nacional pero casi ninguna ley provincial, ordenanza o cautelar está por debajo de los 500 metros. Algo imposible de cumplir en la Capital, donde se fumiga a solo unos pasos de viviendas, comercios y plazas. ”Aquí no se puede dividir entre área urbana y área rural, porque toda el área es urbana”, se queja Gómez.
Tan laxa es la normativa que, por ejemplo, el ramal de la línea Mitre, en las secciones que corresponden a la provincia de Buenos Aires, no fumiga porque una ordenanza lo prohíbe, pero sí lo hace en el tramo entre General Paz y Retiro, afectando a los barrios de Saavedra, Coghlan, Belgrano, Colegiales y Palermo. “Algo ridículo, como si en la Capital hubiese una suerte de inmunidad”, ironiza la abogada ambientalista.
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Fecha de Publicación: 21/10/2012
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Capital
Creada en los 60 por Monsanto, la peligrosa sustancia no es solo un triste patrimonio de los ámbitos rurales: se usa también en la Ciudad. Desde cáncer hasta malformaciones de todo tipo, su toxicidad va más allá de los 400 metros. Caballito, Puerto Madero, Saavedra, Coghlan, Belgrano, Colegiales y Palermo son algunos de los barrios en los que se utiliza.Parece inentendible que en una zona completamente urbanizada la palabra glifosato represente, como lo es actualmente en las áreas rurales, una preocupación para los vecinos. Si bien este agrotóxico cuestionado mundialmente por sus efectos contaminantes tiene una incidencia directa en zonas de cultivos, en la Ciudad se lo usa para mantener a raya el pasto y las malezas, que se secan casi instantáneamente luego de ser rociados por el potente químico.
El glifosato fue creado en los años 60 por la multinacional Monsanto y actualmente se lo combina peligrosamente con otras sustancias para aumentar su eficacia, que no están especificadas en la etiqueta y que producen mayor toxicidad.
Son numerosos los casos de trabajadores rurales cuya salud se vio gravemente deteriorada por administrarlo sin la debida protección, como por ejemplo, la experiencia de Fabián Tomasi, cuyas huellas digitales llegaron a borrarse por el contacto con el herbicida. Sin embargo, en plena plaza Giordano Bruno, en Caballito, se ve a los aplicadores sin máscaras y a quienes están en la zona expuestos directamente a su contacto, que persiste luego impregnado en plantas y en la tierra. El glifosato tiene como mínimo un alcance de 400 metros desde el lugar donde se lo aplica.
Según la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos), el glifosato que llega al suelo es fuertemente absorbido, por eso, aunque es altamente soluble en agua, permanece en las capas superiores del suelo y tiene una vida media de más de 60 días.
Ninguna parte de Buenos Aires parece a salvo de este mal. Por caso, en Puerto Madero, mientras la gente come al aire libre, camina o realiza ejercicios, empleados del Gobierno de la Ciudad fumigan con sus mochilas para evitar que crezca maleza entre los adoquines.
Graciela Draguicevich se encontró con este cuadro mientras caminaba por uno de los diques y elevó una denuncia a la fiscalía luego de preguntar a un empleado con qué fumigaba. “Nos envenenan a todos, el empleado ante mi pregunta de qué era lo que estaba fumigando, respondió: ‘Glifosato’. Le dije que se iba a enfermar, que enfermaría a sus futuros hijos. Me dijo que ya lo sabía, que era el único trabajo que pudo conseguir”, relata a NU la mujer, que es técnica en Comunidades Ecológicas.
“Existe un uso y abuso de esta sustancia en todo el país. También se fumigan las vías del tren en plena Capital, se usa para jardines, plazas, banquinas de las rutas por Vialidad Nacional, y los municipios lo usan en todas las zonas parquizadas desconociendo el gran peligro que eso conlleva. Entonces el peligro no solo está en el uso en la agricultura, frutas, verduras, sino también como producto de jardinería”, explica la abogada experta en derecho ambiental Graciela Gómez.
Las calles comprendidas entre Congreso y General Paz, en Saavedra, el puente Superí, cerca de las vías de Belgrano R y la estación Coghlan son otros sectores donde los vecinos denunciaron fumigaciones. Aunque, en este caso, vinculadas a las concesionarias de las empresas de trenes que usan este método para tener despejadas las vías férreas. “Podría haber alcanzado con una máquina de cortar pasto, pero la solución fue mucho más extrema”, señala Gómez.
Las líneas Sarmiento, Roca y Mitre utilizan este método de desmalezamiento que llega hasta los bordes de casas, parques y demás espacios ubicados a la vera del ferrocarril.
Sin embargo, el problema va mucho más allá de los terrenos ferroviarios.
“En cualquier jardín de Avenida del Libertador las porterías están usando glifosato; en las rutas, Vialidad misma; también en plazas y parques donde nuestros chicos juegan”, advierte Gómez. “Esto es una locura imparable. La gente tiene que saber qué se está usando y con qué se está fumigando”, apunta.
El doctor Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA e investigador principal del organismo, determinó que “concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología de un embrión”.
¿El resultado en laboratorio? Microcefalia, especímenes de un solo ojo y deformidad craneofacial, entre otros. El estudio de Carrasco determinó los riesgos que esta sustancia conlleva para la salud humana: toxicidad subaguda (lesiones en glándulas salivales), toxicidad crónica (inflamación gástrica, problemas respiratorios, alergias), daños genéticos (en células sanguíneas humanas), trastornos reproductivos (reducción de espermatozoides, abortos, malformación fetal), efectos cancerígenos y contaminación de alimentos.
En julio de 2011 otra voz se sumó para alertar. Un extenso informe de Greenpeace afirmaba que el glifosato tiene efectos crónicos para el organismo humano, como cáncer, defectos de nacimiento, daños neurológicos, necrosis y muerte celular en células embrionarias y placentarias.
Las distancias mínimas para la aplicación de agroquímicos no tienen regulación a escala nacional pero casi ninguna ley provincial, ordenanza o cautelar está por debajo de los 500 metros. Algo imposible de cumplir en la Capital, donde se fumiga a solo unos pasos de viviendas, comercios y plazas. ”Aquí no se puede dividir entre área urbana y área rural, porque toda el área es urbana”, se queja Gómez.
Tan laxa es la normativa que, por ejemplo, el ramal de la línea Mitre, en las secciones que corresponden a la provincia de Buenos Aires, no fumiga porque una ordenanza lo prohíbe, pero sí lo hace en el tramo entre General Paz y Retiro, afectando a los barrios de Saavedra, Coghlan, Belgrano, Colegiales y Palermo. “Algo ridículo, como si en la Capital hubiese una suerte de inmunidad”, ironiza la abogada ambientalista.
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La corrupción de Yacyretá a juicio
Comienza el juicio por corrupción en la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá
Fecha de Publicación: 21/10/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
El “monumento a la corrupción” como lo llamó alguna vez el ex presidente Carlos Menem a la obra de la hidroeléctrica Yacyretá tendrá su juicio oral y público a partir de noviembre por irregularidades en reembolsos indebidos a una empresa italiana.
A partir del 27 de noviembre próximo el ex secretario de industria menemista Miguel ngel Cuervo; su entonces segundo, Gonzalo Martínez Mosquera, y el apoderado de la firma italiana, José Luis lvarez comenzarán a ser juzgados en Comodoro Py.
La acusación es por el indebido otorgamiento por parte del Estado argentino durante los años 1999 y 2000 de 17.144.220,80 pesos a la empresa Ansaldo Energía S.p.A, sucursal argentina.
Esos poco más de 17 millones de reembolsos fueron el equivalente a un 25 por ciento de los 70.996.443,56 que se facturó al Ente Binacional Yacyretá por el diseño, fabricación, transporte, montaje y puesta en operación de cinco generadores.
Según consta en la causa, los reembolsos fueron indebidos ya que esos beneficios impositivos por ley sólo correspondían a empresas nacionales o que utilizaran manufactura nacional, lo que no sucedió.
El año pasado la firma Ansaldo devolvió 31 millones de pesos tras un acuerdo que firmó con el Ministerio de Economía, entonces a cargo del ahora vicepresidente Amado Boudou, los cuales le eran reclamados por el Estado argentino.
‘Se encuentra acreditado en autos que, en la maniobra tendiente a ocultar el verdadero origen de los bienes, intervinieron tanto funcionarios del ente licitatario como del Estado Nacional no resultando ajenos a ella los representantes de la empresa favorecida‘, consta en la acusación.
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 6, integrado por Julio Panelo, José Martínez Sobrino y María Del Carmen Roqueta, en tanto que el fiscal de juicio será Fernando Arrigo.
También serán juzgados el ex director de aplicación de la Política industrial, Alberto Vaena; el ex director de legales del área de industria, Guillermo Llaurado; el entonces coordinador de la Dirección Nacional de Industria, José Valle; el ex funcionario Eduardo Esteban; el ex jefe del departamento financiero del Ente Binacional Yacyretá, Luis Manzo; el contador Horacio Seligra.
Semanas atrás, Manzo pidió ser beneficiado con una probation y así evitar el juicio, pero tras la negativa del fiscal Arrigo el TOF6 lo desestimó.
No obstante, fuentes judiciales informaron a Noticias Argentinas que algunas de las defensas plantearon la prescripción de la causa por plazo razonable, y están a la espera de ser resueltos por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal.
La central Yacyretá instalada sobre el río Paraná tuvo su origen en 1973 cuando nuestro país y Paraguay firmaron el tratado binacional, y su construcción llevó varias décadas.
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Fecha de Publicación: 21/10/2012
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
El “monumento a la corrupción” como lo llamó alguna vez el ex presidente Carlos Menem a la obra de la hidroeléctrica Yacyretá tendrá su juicio oral y público a partir de noviembre por irregularidades en reembolsos indebidos a una empresa italiana.A partir del 27 de noviembre próximo el ex secretario de industria menemista Miguel ngel Cuervo; su entonces segundo, Gonzalo Martínez Mosquera, y el apoderado de la firma italiana, José Luis lvarez comenzarán a ser juzgados en Comodoro Py.
La acusación es por el indebido otorgamiento por parte del Estado argentino durante los años 1999 y 2000 de 17.144.220,80 pesos a la empresa Ansaldo Energía S.p.A, sucursal argentina.
Esos poco más de 17 millones de reembolsos fueron el equivalente a un 25 por ciento de los 70.996.443,56 que se facturó al Ente Binacional Yacyretá por el diseño, fabricación, transporte, montaje y puesta en operación de cinco generadores.
Según consta en la causa, los reembolsos fueron indebidos ya que esos beneficios impositivos por ley sólo correspondían a empresas nacionales o que utilizaran manufactura nacional, lo que no sucedió.
El año pasado la firma Ansaldo devolvió 31 millones de pesos tras un acuerdo que firmó con el Ministerio de Economía, entonces a cargo del ahora vicepresidente Amado Boudou, los cuales le eran reclamados por el Estado argentino.
‘Se encuentra acreditado en autos que, en la maniobra tendiente a ocultar el verdadero origen de los bienes, intervinieron tanto funcionarios del ente licitatario como del Estado Nacional no resultando ajenos a ella los representantes de la empresa favorecida‘, consta en la acusación.
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 6, integrado por Julio Panelo, José Martínez Sobrino y María Del Carmen Roqueta, en tanto que el fiscal de juicio será Fernando Arrigo.
También serán juzgados el ex director de aplicación de la Política industrial, Alberto Vaena; el ex director de legales del área de industria, Guillermo Llaurado; el entonces coordinador de la Dirección Nacional de Industria, José Valle; el ex funcionario Eduardo Esteban; el ex jefe del departamento financiero del Ente Binacional Yacyretá, Luis Manzo; el contador Horacio Seligra.
Semanas atrás, Manzo pidió ser beneficiado con una probation y así evitar el juicio, pero tras la negativa del fiscal Arrigo el TOF6 lo desestimó.
No obstante, fuentes judiciales informaron a Noticias Argentinas que algunas de las defensas plantearon la prescripción de la causa por plazo razonable, y están a la espera de ser resueltos por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal.
La central Yacyretá instalada sobre el río Paraná tuvo su origen en 1973 cuando nuestro país y Paraguay firmaron el tratado binacional, y su construcción llevó varias décadas.
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El Riachuelo, sin solución
El Riachuelo, sin solución
Fecha de Publicación: 21/10/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
La última audiencia fijada por la Corte ha vuelto a demostrar el desinterés y la falta de controles para el saneamiento del curso de agua más contaminado del país
Transcurre el tiempo y a pesar del expreso mandato judicial, el Riachuelo todavía se encuentra inserto en un lento proceso de recuperación.
Fiel reflejo de esa situación fue la última audiencia pública que fijó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento en el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo, respecto a los mandatos impuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia condenatoria del 8 de julio de 2008 del renombrado "caso Mendoza".
Fueron convocados a ese encuentro los representantes de la Nación, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires; la Autoridad de Cuenca (Acumar), los intendentes de seis partidos del Gran Buenos Aires (Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora), además del defensor del Pueblo; la Auditoría General de la Nación, y los representantes de AySA y de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
Antes de la audiencia, la Asociación de Vecinos de La Boca, una de las ONG encargadas de monitorear el avance del saneamiento del Riachuelo, había denunciado que persistían los vertidos sin restricciones de sustancias contaminantes, como mercurio, plomo, cromo, cadmio, arsénico, y la Escherichia coli, entre otros elementos peligrosos.
Con la presencia de varios miembros del más alto tribunal, su titular, Ricardo Lorenzetti, interrogó minuciosamente sobre la calidad de las aguas a la que apuntan los trabajos, sobre cuestiones sanitarias de la población de la zona de influencia y, fundamentalmente, sobre los controles presupuestarios y de ejecución de las obras. Es que Acumar ha subcontratado a dos empresas del Estado (AySA y Ceamse) para realizar los trabajos en la cuenca.
Lorenzetti indagó al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, acerca del control sobre las firmas encargadas de los trabajos -concretamente AySA-, a lo que el funcionario respondió: "No lo realizamos, porque la empresa las hace como parte de un plan director", y agregó que se había firmado un convenio con la Auditoría General de la Nación para que se verificaran los trabajos.
Mussi manifestó la existencia de "problemas de presupuesto" de la entidad que preside, lo que llevó a los jueces de la Corte a considerar la búsqueda de un financiamiento internacional para poder avanzar con esta obra. Y, por otro lado, el funcionario trasladó responsabilidades al denunciar que la Ciudad y la provincia de Buenos Aires no depositan los fondos para ejecutar las obras previstas para el corriente año. Como era de esperar, el representante del Estado bonaerense, José Luis Enríquez, se excusó alegando que no aportó los fondos por la crisis financiera de su distrito, mientras que Mussi hizo notar las demoras en la obtención de los créditos internacionales.
Sin duda los recursos con los que cuentan las autoridades permiten definir si será posible cumplir sus objetivos, pero esa circunstancia no debe hacer perder de vista los preceptos de nuestra Constitución, que consagran el derecho a un ambiente sano y equilibrado, con el deber correlativo de preservarlo por parte de las autoridades.
No resulta descabellado preguntarse cuánto afectó el presupuesto de la Secretaría de Ambiente de la Nación el desvío de fondos de esa cartera hacia el programa Fútbol para Todos. En la audiencia, nadie lo mencionó.
Queda claro que el interés de las autoridades sobre estos problemas del derecho a un ambiente sano de los vecinos del Riachuelo es bastante bajo frente al rédito que fácilmente se obtiene de los programas masivos del fútbol. Lo lamentable es que este tipo de dilemas continúen escapando a las responsabilidades de quienes tienen a cargo esta tarea sin dudas extraordinaria. Así, no se advierte la magnitud del problema que está en juego y, como ya hemos publicado en estas columnas, eso habilita a que continúe prevaleciendo una política de coyuntura frente a la cual todos los demás problemas resultan ajenos a la realidad. Dado ese panorama, es un hecho que el Riachuelo seguirá contaminado.
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Fecha de Publicación: 21/10/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
La última audiencia fijada por la Corte ha vuelto a demostrar el desinterés y la falta de controles para el saneamiento del curso de agua más contaminado del país
Transcurre el tiempo y a pesar del expreso mandato judicial, el Riachuelo todavía se encuentra inserto en un lento proceso de recuperación.
Fiel reflejo de esa situación fue la última audiencia pública que fijó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento en el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo, respecto a los mandatos impuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia condenatoria del 8 de julio de 2008 del renombrado "caso Mendoza".
Fueron convocados a ese encuentro los representantes de la Nación, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires; la Autoridad de Cuenca (Acumar), los intendentes de seis partidos del Gran Buenos Aires (Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora), además del defensor del Pueblo; la Auditoría General de la Nación, y los representantes de AySA y de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
Antes de la audiencia, la Asociación de Vecinos de La Boca, una de las ONG encargadas de monitorear el avance del saneamiento del Riachuelo, había denunciado que persistían los vertidos sin restricciones de sustancias contaminantes, como mercurio, plomo, cromo, cadmio, arsénico, y la Escherichia coli, entre otros elementos peligrosos.
Con la presencia de varios miembros del más alto tribunal, su titular, Ricardo Lorenzetti, interrogó minuciosamente sobre la calidad de las aguas a la que apuntan los trabajos, sobre cuestiones sanitarias de la población de la zona de influencia y, fundamentalmente, sobre los controles presupuestarios y de ejecución de las obras. Es que Acumar ha subcontratado a dos empresas del Estado (AySA y Ceamse) para realizar los trabajos en la cuenca.
Lorenzetti indagó al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, acerca del control sobre las firmas encargadas de los trabajos -concretamente AySA-, a lo que el funcionario respondió: "No lo realizamos, porque la empresa las hace como parte de un plan director", y agregó que se había firmado un convenio con la Auditoría General de la Nación para que se verificaran los trabajos.
Mussi manifestó la existencia de "problemas de presupuesto" de la entidad que preside, lo que llevó a los jueces de la Corte a considerar la búsqueda de un financiamiento internacional para poder avanzar con esta obra. Y, por otro lado, el funcionario trasladó responsabilidades al denunciar que la Ciudad y la provincia de Buenos Aires no depositan los fondos para ejecutar las obras previstas para el corriente año. Como era de esperar, el representante del Estado bonaerense, José Luis Enríquez, se excusó alegando que no aportó los fondos por la crisis financiera de su distrito, mientras que Mussi hizo notar las demoras en la obtención de los créditos internacionales.
Sin duda los recursos con los que cuentan las autoridades permiten definir si será posible cumplir sus objetivos, pero esa circunstancia no debe hacer perder de vista los preceptos de nuestra Constitución, que consagran el derecho a un ambiente sano y equilibrado, con el deber correlativo de preservarlo por parte de las autoridades.
No resulta descabellado preguntarse cuánto afectó el presupuesto de la Secretaría de Ambiente de la Nación el desvío de fondos de esa cartera hacia el programa Fútbol para Todos. En la audiencia, nadie lo mencionó.
Queda claro que el interés de las autoridades sobre estos problemas del derecho a un ambiente sano de los vecinos del Riachuelo es bastante bajo frente al rédito que fácilmente se obtiene de los programas masivos del fútbol. Lo lamentable es que este tipo de dilemas continúen escapando a las responsabilidades de quienes tienen a cargo esta tarea sin dudas extraordinaria. Así, no se advierte la magnitud del problema que está en juego y, como ya hemos publicado en estas columnas, eso habilita a que continúe prevaleciendo una política de coyuntura frente a la cual todos los demás problemas resultan ajenos a la realidad. Dado ese panorama, es un hecho que el Riachuelo seguirá contaminado.
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3º Foro por los Bosque Nativo de Villa La Angostura
Cuestionan postura municipal ante la ley de Bosques
Fecha de Publicación: 20/10/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
En el marco del 3º Foro en Defensa del Bosque Nativo de Villa La Angostura, el ex director Provincial de Bosques, Daniel Bocos, cuestionó la postura del Ejecutivo Municipal y el PRO que reclaman autonomía municipal respecto de la Ley de Bosques.
"Hacen eje falsamente en un concepto de que los bosques pertenecen al Municipio de Villa La Angostura, cuando la Constitución dice que la tutela sobre estos recursos la tiene el Estado provincial. Tenemos derechos todos los argentinos. Nos preocuparía mucho si mañana nos enteráramos de que en Cataratas quieren hacer un desmonte de 400 hectáreas para hacer un emprendimiento y tenemos mucha razón en preocuparnos", dijo.
Respecto de los cuestionamientos sobre el mapa de zonificación de bosques de La Angostura que finalmente quedó en la ley y la posibilidad de cambiarlo, Bocos fue contundente: " si quieren modificar mapas, que cumplan con los mecanismos que dice la ley, la ley dice que si presentan estudios con mayor detalle, que demuestren que la clasificación está mal hecha, aquel que diga que fue injustamente clasificado tiene posibilidad de presentar la documentación y proponer el cambio de categoría, lo que no se puede hacer es cambiarlo porque alegremente se le ocurra a un funcionario".
Por otro lado, descartó que la reglamentación pudiera permitir que encuadraran los megaemprendimientos que pretenden desarrollar las empresas Cerro Bayo y Eidico.
"La ley aprueba criterios que están enmarcados en presupuesto mínimos, eso deviene en qué bosques quedan en tal o cual categoría, de modo que para aprobar un desmonte en zona amarillo o rojo deberían cambiarse los criterios de la ley, que equivale a cambiar la ley y decir otra cosa", apuntó.
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Fecha de Publicación: 20/10/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Neuquén
En el marco del 3º Foro en Defensa del Bosque Nativo de Villa La Angostura, el ex director Provincial de Bosques, Daniel Bocos, cuestionó la postura del Ejecutivo Municipal y el PRO que reclaman autonomía municipal respecto de la Ley de Bosques."Hacen eje falsamente en un concepto de que los bosques pertenecen al Municipio de Villa La Angostura, cuando la Constitución dice que la tutela sobre estos recursos la tiene el Estado provincial. Tenemos derechos todos los argentinos. Nos preocuparía mucho si mañana nos enteráramos de que en Cataratas quieren hacer un desmonte de 400 hectáreas para hacer un emprendimiento y tenemos mucha razón en preocuparnos", dijo.
Respecto de los cuestionamientos sobre el mapa de zonificación de bosques de La Angostura que finalmente quedó en la ley y la posibilidad de cambiarlo, Bocos fue contundente: " si quieren modificar mapas, que cumplan con los mecanismos que dice la ley, la ley dice que si presentan estudios con mayor detalle, que demuestren que la clasificación está mal hecha, aquel que diga que fue injustamente clasificado tiene posibilidad de presentar la documentación y proponer el cambio de categoría, lo que no se puede hacer es cambiarlo porque alegremente se le ocurra a un funcionario".
Por otro lado, descartó que la reglamentación pudiera permitir que encuadraran los megaemprendimientos que pretenden desarrollar las empresas Cerro Bayo y Eidico.
"La ley aprueba criterios que están enmarcados en presupuesto mínimos, eso deviene en qué bosques quedan en tal o cual categoría, de modo que para aprobar un desmonte en zona amarillo o rojo deberían cambiarse los criterios de la ley, que equivale a cambiar la ley y decir otra cosa", apuntó.
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Cerca del PN Bosques Petrificado habrá minería
Dan permiso para explotar oro y plata a cielo abierto cerca del Bosque Petrificado
Fecha de Publicación: 19/10/2012
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Santa Cruz
Lindante con el Bosque Petrificado, el gobierno provincial autorizó la explotación megaminera, es decir a cielo abierto a la empresa IRL. La Secretaría de Minería le aprobó el Estudio de Impacto Ambiental que nadie puede leer y hablan de un acuerdo de Licencia Social, que en Fitz Roy y Jaramillo, nadie conoce.
Cuando en materia de minería, en Santa Cruz se comienza un plan, seguramente éste se concreta; sea como sea y contra quien sea. El Proyecto Don Nicolás es el mejor ejemplo.
El Proyecto Don Nicolás, de megaminería, a radicarse en cercanías del Parque Nacional Bosques Petrificado ya está con el visto bueno de la Secretaría de Minería provincial, por lo tanto, la empresa IRL, tiene las manos libres para empezar a explosionar la zona, con lo cual, lejos de cualquier opinión en contra de esta modalidad extractiva, la empresa minera podrá hacer uso y abuso de sus facultades, teniendo en cuenta que los medios de control minero en Santa Cruz son ínfimos y prácticamente inexistentes, vale decir que quien hace un tiempo se desempeñaba como Secretario de Minería, el Sr Oscar Vera, fue por mucho tiempo el único "policía minero" que tenía Santa Cruz y por falta de recursos eran (y son, actualmente) las propias mineras las que solventan su trabajo y les financian la movilidad para las recorridas en los yacimientos.
En este marco de "independencia cero" de las autoridades de control minero, con las empresas a las que deben controlar, cualquier emprendimiento minero en Santa Cruz es posible. La forma en que se saca el oro y la plata, lo conoce un reducido grupo de funcionarios y está lejos de controles públicos. Nadie sabe cuánto se explota, lo que se paga y mucho menos lo que se denuncia, dado que las empresas son las propias redactoras de las actas donde dan fe del material extraído del subsuelo. Tampoco nadie sabe en Santa Cruz, no solo cuánto se saca, sino por dónde se saca el oro afuera de la provincia. Recordemos que en el 2009 OPI reveló que un cargamento de oro de 20 millones de dólares, fue sacado por Puerto Quilla (Pto Santa Cruz), rumbo a Punta Arenas (Chile) a bordo de un barco pesquero que se hundió en el estrecho de Magallanes. De ahí en más, la explotación, salida y comercialización del oro provincial, es un hecho reservado, oculto y ciertamente sospechoso, que encubre el mismo poder político y empresarial, lejos del conocimiento y control público.
El proyecto Don Nicolás fue denunciado públicamente por OPI a finales del 2010, merced a un llamado de un lector que circunstancialmente pasó por el Bosque Petrificado y cuando quiso alojarse en el camping que hay allí, se encontró con la sorpresa de que una empresa de prospección minera estaba haciendo base en el lugar. A partir de ahí, nos interesamos del proceso y estuvimos en el lugar. Efectivamente, la empresa IRL Patagonia SA había encargado trabajos de cateos y explotación a Ecominera, cuyo personal se encontraba apostado en el camping del Parque Nacional y allí tenía, no solo su base, sino el producto de los trabajos, bolsas con muestras mineralógicas, caños, elementos de perforación, máquinas, casillas etc, en un lugar ubicado a solo 7 kms del centro mismo del denominado Parque del Bosque Petrificado.
Hoy aparece la noticia (hecho consumado) de que IRL Patagonia SA comenzará a explotar a cielo abierto el área de las Estancias La Paloma y Martinetas, en cercanías de la reserva paleontológica, aún cuando el propio Vera no pudo determinar en declaraciones a la prensa, exactamente cuáles son los límites que tiene asignado el proyecto y remitimos al lector a los links que se colocan al pie de esta nota. Tiene previsto comenzar su producción hacia fines de 2013, arrancando con una extracción inicial de 55 mil onzas de oro y 52 mil de plata.
La información producida por la empresa dice que fue aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pero a pesar de los esfuerzos realizados para hacernos del documento, el mismo no está disponible públicamente ni en la web de la Secretaría de Minería de Santa Cruz, ni lo ha hecho la minera. También se ha difundido que en el mes de julio IRL "firmó un acuerdo de Licencia Social con las poblaciones santacruceñas de Jaramillo y Fitz Roy, cercanas al proyecto y señala que "los objetivos de este acuerdo son desarrollar conjuntamente políticas para generar empleo y programas en salud, capacitación local y establecer compañías de suministros para complementar, y diversificar la provisión de bienes y servicios requeridos por la futura operación de la mina Don Nicolás".
OPI consultó a varios vecinos de Jaramillo y Fitz Roy para saber qué rol habían tenido como ciudadanos, en este proceso de "Licencia Social", que dice IRL Patagonia SA obtuvo "de los pobladores" por 10 años y en todos los casos, negaron tener conocimiento o haber participado en encuentros de consultas, información o debate sobre el tema minero.
Tampoco figura en la prensa local o en el portal de la Gobernación y de la Secretaría de Minería de la provincia, documento alguno que de fe de cuándo, cómo y por quién fue realizado el proceso de obtención de la Licencia Social, en Jaramillo y Fitz Roy, ni qué autoridades o ciudadanos fueron consultados o participaron, qué parámetros de información se usaron para "concientizar" a los ciudadanos de los alcances, los beneficios y los perjuicios que traerá este proyecto de minería cielo abierto, como así tampoco se sabe la fecha o el tiempo en el que se desarrolló y en qué lugar se dieron las reuniones a efectos de determinar el acuerdo, como tampoco se conoce ningún acta firmada, respecto de este tema.
Una vez más, las empresas mineras son autorizadas a explotar en Santa Cruz, sin que exista un conocimiento público transparente y completo de cuáles son los cumplimientos o incumplimientos en los que ha incurrido la empresa, ni las evaluaciones oficiales, ni siquiera los compromisos asumidos a través del EIA correspondiente, que como todo en Santa Cruz, es "secreto" y cuanto más lejos de la vista pública está, mejor. Don Nicolás es un emprendimiento minero más, del cual el poblador de la zona se entera cuando ya está prácticamente consumada la operación y el negocio.
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Fecha de Publicación: 19/10/2012
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Santa Cruz
Lindante con el Bosque Petrificado, el gobierno provincial autorizó la explotación megaminera, es decir a cielo abierto a la empresa IRL. La Secretaría de Minería le aprobó el Estudio de Impacto Ambiental que nadie puede leer y hablan de un acuerdo de Licencia Social, que en Fitz Roy y Jaramillo, nadie conoce.Cuando en materia de minería, en Santa Cruz se comienza un plan, seguramente éste se concreta; sea como sea y contra quien sea. El Proyecto Don Nicolás es el mejor ejemplo.
El Proyecto Don Nicolás, de megaminería, a radicarse en cercanías del Parque Nacional Bosques Petrificado ya está con el visto bueno de la Secretaría de Minería provincial, por lo tanto, la empresa IRL, tiene las manos libres para empezar a explosionar la zona, con lo cual, lejos de cualquier opinión en contra de esta modalidad extractiva, la empresa minera podrá hacer uso y abuso de sus facultades, teniendo en cuenta que los medios de control minero en Santa Cruz son ínfimos y prácticamente inexistentes, vale decir que quien hace un tiempo se desempeñaba como Secretario de Minería, el Sr Oscar Vera, fue por mucho tiempo el único "policía minero" que tenía Santa Cruz y por falta de recursos eran (y son, actualmente) las propias mineras las que solventan su trabajo y les financian la movilidad para las recorridas en los yacimientos.
En este marco de "independencia cero" de las autoridades de control minero, con las empresas a las que deben controlar, cualquier emprendimiento minero en Santa Cruz es posible. La forma en que se saca el oro y la plata, lo conoce un reducido grupo de funcionarios y está lejos de controles públicos. Nadie sabe cuánto se explota, lo que se paga y mucho menos lo que se denuncia, dado que las empresas son las propias redactoras de las actas donde dan fe del material extraído del subsuelo. Tampoco nadie sabe en Santa Cruz, no solo cuánto se saca, sino por dónde se saca el oro afuera de la provincia. Recordemos que en el 2009 OPI reveló que un cargamento de oro de 20 millones de dólares, fue sacado por Puerto Quilla (Pto Santa Cruz), rumbo a Punta Arenas (Chile) a bordo de un barco pesquero que se hundió en el estrecho de Magallanes. De ahí en más, la explotación, salida y comercialización del oro provincial, es un hecho reservado, oculto y ciertamente sospechoso, que encubre el mismo poder político y empresarial, lejos del conocimiento y control público.
El proyecto Don Nicolás fue denunciado públicamente por OPI a finales del 2010, merced a un llamado de un lector que circunstancialmente pasó por el Bosque Petrificado y cuando quiso alojarse en el camping que hay allí, se encontró con la sorpresa de que una empresa de prospección minera estaba haciendo base en el lugar. A partir de ahí, nos interesamos del proceso y estuvimos en el lugar. Efectivamente, la empresa IRL Patagonia SA había encargado trabajos de cateos y explotación a Ecominera, cuyo personal se encontraba apostado en el camping del Parque Nacional y allí tenía, no solo su base, sino el producto de los trabajos, bolsas con muestras mineralógicas, caños, elementos de perforación, máquinas, casillas etc, en un lugar ubicado a solo 7 kms del centro mismo del denominado Parque del Bosque Petrificado.
Hoy aparece la noticia (hecho consumado) de que IRL Patagonia SA comenzará a explotar a cielo abierto el área de las Estancias La Paloma y Martinetas, en cercanías de la reserva paleontológica, aún cuando el propio Vera no pudo determinar en declaraciones a la prensa, exactamente cuáles son los límites que tiene asignado el proyecto y remitimos al lector a los links que se colocan al pie de esta nota. Tiene previsto comenzar su producción hacia fines de 2013, arrancando con una extracción inicial de 55 mil onzas de oro y 52 mil de plata.
La información producida por la empresa dice que fue aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pero a pesar de los esfuerzos realizados para hacernos del documento, el mismo no está disponible públicamente ni en la web de la Secretaría de Minería de Santa Cruz, ni lo ha hecho la minera. También se ha difundido que en el mes de julio IRL "firmó un acuerdo de Licencia Social con las poblaciones santacruceñas de Jaramillo y Fitz Roy, cercanas al proyecto y señala que "los objetivos de este acuerdo son desarrollar conjuntamente políticas para generar empleo y programas en salud, capacitación local y establecer compañías de suministros para complementar, y diversificar la provisión de bienes y servicios requeridos por la futura operación de la mina Don Nicolás".
OPI consultó a varios vecinos de Jaramillo y Fitz Roy para saber qué rol habían tenido como ciudadanos, en este proceso de "Licencia Social", que dice IRL Patagonia SA obtuvo "de los pobladores" por 10 años y en todos los casos, negaron tener conocimiento o haber participado en encuentros de consultas, información o debate sobre el tema minero.
Tampoco figura en la prensa local o en el portal de la Gobernación y de la Secretaría de Minería de la provincia, documento alguno que de fe de cuándo, cómo y por quién fue realizado el proceso de obtención de la Licencia Social, en Jaramillo y Fitz Roy, ni qué autoridades o ciudadanos fueron consultados o participaron, qué parámetros de información se usaron para "concientizar" a los ciudadanos de los alcances, los beneficios y los perjuicios que traerá este proyecto de minería cielo abierto, como así tampoco se sabe la fecha o el tiempo en el que se desarrolló y en qué lugar se dieron las reuniones a efectos de determinar el acuerdo, como tampoco se conoce ningún acta firmada, respecto de este tema.
Una vez más, las empresas mineras son autorizadas a explotar en Santa Cruz, sin que exista un conocimiento público transparente y completo de cuáles son los cumplimientos o incumplimientos en los que ha incurrido la empresa, ni las evaluaciones oficiales, ni siquiera los compromisos asumidos a través del EIA correspondiente, que como todo en Santa Cruz, es "secreto" y cuanto más lejos de la vista pública está, mejor. Don Nicolás es un emprendimiento minero más, del cual el poblador de la zona se entera cuando ya está prácticamente consumada la operación y el negocio.
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