Contra las fumigaciones y el proyecto Ayuí
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Diputados rechazaron las fumigaciones aéreas y el proyecto Ayuí
Fecha de Publicación: 23/09/2010
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Los legisladores que integran la Comisión de Recursos Naturales, trataron un proyecto de ley que prohíbe la fumigación aérea con plaguicidas y restringe la distancia para su aplicación terrestre en todo país. También se comprometieron a trabajar en el seguimiento de las causas judiciales de impugnación de la Ley de Bosques y en pedidos de informes al Gobierno de Corrientes por la Represa de Ayuí.
El pasado martes 21 de septiembre, se reunió la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en una audiencia pública en la que se debatió en torno a la cuestión del proyecto Ayuí Grande y sus implicancias ambientales y sociales.
Los legisladores se comprometieron a trabajar activamente en el seguimiento de las causas judiciales presentadas por Fundación Iberá impugnando la Ley de Bosques y en pedidos de informes al Gobierno de Corrientes.
El mismo día, la Diputada Nacional, Cecilia Merchán, junto al interbloque Proyecto Sur, organizó una Audiencia Pública para debatir las consecuencias sanitarias de la aplicación indiscriminada de agro químicos.
En la audiencia, de la que participaron unas 200 personas, se presentó el proyecto de ley que prohíbe la fumigación aérea con plaguicidas y restringe la distancia para su aplicación terrestre en todo país (5857-D-2010).
Asimismo, se analizaron otras iniciativas legislativas presentadas a nivel nacional, provincial y local que van desde la restricción de productos de comprobada peligrosidad, a una mayor regulación y control en su aplicación.
En la oportunidad, disertaron por las organizaciones de la sociedad civil y del sector académico, Andrés Carrasco (UBA-CONICET), Raúl Horacio Lucero (Universidad Nacional del Nordeste, Chaco), Norma Giarracca (Socióloga), Medardo Ávila Vázquez (Universidad Nacional de Córdoba), Javier Souza Casadinho (RAPAL), Salvemos al Iberá (Corrientes), y Vecinos de la localidad bonaerense de San Pedro, entre otros.
El jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Raúl Horacio Lucero, detalló frente a legisladores las historias clínicas de niños malformados que comenzaron y llegaron a su consultorio, exhibió radiografías de bebés sin dedos, chicas con brazos sin articulación.
En tanto Emilio Spataro, Coordinador de la Campaña Salvemos al Iberá presentó el caso de Colonia Carlos Pellegrini como un ejemplo de como afecta a la economía local (basada en el ecoturismo), además de a la salud humana, la actividad arrocera que fumiga sobre poblaciones humanas en la Reserva Provincial Esteros del Iberá.
Fecha de Publicación: 23/09/2010
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
Los legisladores que integran la Comisión de Recursos Naturales, trataron un proyecto de ley que prohíbe la fumigación aérea con plaguicidas y restringe la distancia para su aplicación terrestre en todo país. También se comprometieron a trabajar en el seguimiento de las causas judiciales de impugnación de la Ley de Bosques y en pedidos de informes al Gobierno de Corrientes por la Represa de Ayuí.
El pasado martes 21 de septiembre, se reunió la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en una audiencia pública en la que se debatió en torno a la cuestión del proyecto Ayuí Grande y sus implicancias ambientales y sociales.
Los legisladores se comprometieron a trabajar activamente en el seguimiento de las causas judiciales presentadas por Fundación Iberá impugnando la Ley de Bosques y en pedidos de informes al Gobierno de Corrientes.
El mismo día, la Diputada Nacional, Cecilia Merchán, junto al interbloque Proyecto Sur, organizó una Audiencia Pública para debatir las consecuencias sanitarias de la aplicación indiscriminada de agro químicos.
En la audiencia, de la que participaron unas 200 personas, se presentó el proyecto de ley que prohíbe la fumigación aérea con plaguicidas y restringe la distancia para su aplicación terrestre en todo país (5857-D-2010).
Asimismo, se analizaron otras iniciativas legislativas presentadas a nivel nacional, provincial y local que van desde la restricción de productos de comprobada peligrosidad, a una mayor regulación y control en su aplicación.
En la oportunidad, disertaron por las organizaciones de la sociedad civil y del sector académico, Andrés Carrasco (UBA-CONICET), Raúl Horacio Lucero (Universidad Nacional del Nordeste, Chaco), Norma Giarracca (Socióloga), Medardo Ávila Vázquez (Universidad Nacional de Córdoba), Javier Souza Casadinho (RAPAL), Salvemos al Iberá (Corrientes), y Vecinos de la localidad bonaerense de San Pedro, entre otros.
El jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Raúl Horacio Lucero, detalló frente a legisladores las historias clínicas de niños malformados que comenzaron y llegaron a su consultorio, exhibió radiografías de bebés sin dedos, chicas con brazos sin articulación.
En tanto Emilio Spataro, Coordinador de la Campaña Salvemos al Iberá presentó el caso de Colonia Carlos Pellegrini como un ejemplo de como afecta a la economía local (basada en el ecoturismo), además de a la salud humana, la actividad arrocera que fumiga sobre poblaciones humanas en la Reserva Provincial Esteros del Iberá.
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Gobernadores rechazan la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 22/09/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Gioja, Beder y Barrionuevo defendieron los "intereses provinciales"
Tres gobernadores de provincias con intereses mineros plantearon ayer en el Senado su rechazo a que el Congreso sancione una ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, al reivindicar la potestad de sus distritos para disponer de sus riquezas naturales, consagrada por la Constitución nacional.
El debate, que se dio en la Comisión de Ambiente del Senado, se centró entre los intereses mineros y la necesidad de preservar el agua dulce.
La postura de los gobernadores de San Juan, La Rioja y Jujuy chocó de frente con la planteada por organizaciones ambientalistas, especialistas en nivología y derecho constitucional, que pidieron la sanción del proyecto que aprobó la Cámara de Diputados en agosto último. Estos grupos dejaron traslucir que detrás de la postura de los gobernadores se encuentran poderosos intereses económicos.
La posición que plasmaron los gobernadores es la de máxima, aunque saben que la Cámara alta deberá votar una de las dos opciones (la versión de presupuestos mínimos aprobada por Diputados o insistir en su proyecto del año pasado) cuando el tema se discuta el jueves de la semana próxima en sesión especial.
La tensión entre ambos sectores se pudo percibir a lo largo de la extensa audiencia organizada por la Comisión de Ambiente y Desarrollo Humano del Senado. Tanto fue así que el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, se quejó porque le habían endilgado ser "el más envenenador, el más empleado de cuanta empresa minera hay en la Argentina".
Respaldo del Ejecutivo
El mandatario sanjuanino rechazó la propuesta que viene de la Cámara baja y fundamentó su postura en el respaldo que, dijo, recibió del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni. Según Gioja, el funcionario le dijo que "estaba convencido de que la ley que viene de Diputados iba a ser una fuente generadora de conflictos".
Esto provocó sorpresa entre los senadores presentes, que pidieron citar a Bibiloni para el martes próximo.
Más frontal en el rechazo a cualquier norma que regule la protección de los glaciares se mostró el gobernador de Jujuy, Walter Barrionuevo. "Esto que se está por hacer aquí es un acto de hostilidad", sentenció.
"Los recursos naturales son de las provincias", acotó su colega de La Rioja, Luis Beder Herrera, quien agregó: "Confíen en nosotros, que vamos a hacer las cosas bien".
Los mandatarios recibieron el apoyo del secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, quien avaló la versión aprobada por el Senado el año pasado, aunque también rechazó de manera implícita la regulación que se dispone a sancionar el Parlamento. "Ningún sector como el de la minería necesita tantos marcos normativos", opinó el funcionario.
La segunda etapa de la audiencia, que duró más de cinco horas, estuvo ocupada por las voces contrarias a la postura de los gobernadores y del Poder Ejecutivo, que ya se habían retirado del encuentro.
Así, el representante de la organización ambientalista Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, acusó a los gobernadores de hacer "terrorismo conceptual" por haber mostrado un mapa, según el cual, si se aprueba el proyecto de la Cámara baja, más de la mitad del país quedaría incluido en las áreas protegidas y, por lo tanto, vedadas a la explotación minera e hidrocarburífera.
Por su parte, el representante de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Luis Fauqué, denunció que la versión del Senado, apoyada por las provincias mineras, "debilita deliberada y notoriamente" la protección de los glaciares.
En contra de los intereses mineros también se manifestó Juan José Ramos, de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan. "Como dijo Sarmiento, el agua es para San Juan como la sangre para el cuerpo humano, y la minería nos saca el agua a los productores", afirmó.
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De la Cordillera al Senado
Fecha de Publicación: 22/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Son distritos con intereses mineros que proclamaron sus derechos sobre sus recursos naturales. Los gobernadores Gioja, Beder Herrera y Barrionuevo advirtieron que irán a la Justicia si el Senado convalida la media sanción de Diputados. Críticas de los ambientalistas.
Las provincias de San Juan, La Rioja, Jujuy, Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tierra del Fuego y Catamarca proclamaron sus derechos territoriales sobre sus recursos naturales y propusieron sancionar una misma ley de protección de glaciares en cada uno de esos distritos. Lo hicieron a través de un documento que firmaron sus gobernadores y fue exhibido ante los senadores la Comisión de Ambiente y Desarrollo por el sanjuanino José Luis Gioja, el riojano Luis Beder Herrera y el jujeño Walter Barrionuevo, quienes a su vez se pronunciaron en contra de la iniciativa que cuenta con media sanción de Diputados y amenazaron con recurrir a la Justicia si el Senado la convierte en ley. Las organizaciones ecologistas criticaron a los gobernadores y Greenpeace los acusó de hacer “terrorismo judicial”.
El debate sobre la protección de los glaciares llegará al recinto el jueves 30 de septiembre con opiniones divididas y números parejos. Por ahora prevalecen los senadores partidarios de convertir en ley el texto aprobado por unanimidad en el Senado, desechando las modificaciones que Diputados introdujo en su media sanción.
“Todos los recursos, incluidos los glaciares, son dominios de las provincias. Este proyecto es perverso y es un avance de la Nación sobre las provincias”, afirmó el riojano Beder Herrera. El jujeño Barrionuevo consideró como un “acto de hostilidad” que el Estado nacional dicte “una ley por sobre o en contra de la opinión de las provincias”. Gioja recurrió a los artículos 1 y 113 de la Constitución sanjuanina para sostener que “el Estado nacional no podrá disponer de los recursos naturales del Estado autónomo e inescindible de San Juan sin acuerdo expresado por ley”.
Los tres gobernadores que concurrieron ayer a la comisión del Senado dejaron en claro su postura en contra de una ley nacional que condicione sus respectivas legislaciones provinciales sobre la protección de los recursos naturales. “Sí, vamos a hacer un planteo de inconstitucionalidad”, confirmó Barrionuevo ante la pregunta del senador oficialista jujeño Guillermo Jenefes si las provincias tomarían ese camino “en caso de que se apruebe el proyecto que llega desde Diputados”.
Los gobernadores también defendieron los emprendimientos productivos provinciales limitados por la futura normativa, en especial la minería.
“Este proyecto está signado por la negación de la actividad minera. La minería paga retenciones y todos los impuestos provinciales, aunque han obtenidos algunos beneficios como el de la promoción industrial para atraer inversiones. La minería bajó en mi provincia los índices de desocupación y elevó el nivel de los salarios”, sostuvo Gioja.
También llevaron al Senado un documento y un proyecto de ley propio (ver aparte) respaldado por la mayoría de las provincias cordilleranas. Además de Gioja, Beder Herrera y Barrionuevo, rubricaron el texto los mandatarios oficialistas Juan Manuel Urtubey y Daniel Peralta, la aliada Fabiana Ríos y los radicales Eduardo Brizuela del Moral y Miguel Saiz. Entre los gobernadores existen, de todos modos, posturas divergentes sobre los dos proyectos que estarán en discusión el 30 de septiembre en el Senado: el que impulsó el oficialista Daniel Filmus y fue aprobado por unanimidad en la Cámara alta y el que tiene media sanción de Diputados con las modificaciones propuestas por el opositor Miguel Bonasso, también con el acuerdo de Filmus. Entre los firmantes, sólo la fueguina apoyará el texto aprobado en la Cámara baja.
La situación también divide a los otros tres gobernadores cordilleranos que no estamparon su firma en el documento. El chubutense Mario Das Neves adelantó que el voto de sus dos senadores provinciales será a favor del proyecto que impulsaron los diputados. El neuquino Jorge Sapag planteó críticas a ambos proyectos y todavía no definió su postura. El mendocino Celso Jaque envió una carta a la Comisión de Ambiente del Senado para respaldar el texto aprobado en esa cámara.
Antes que los gobernadores expuso ante los senadores el secretario de Minería, Jorge Mayoral. El funcionario nacional cuestionó una serie de artículos del proyecto de Diputados (1, 2, 3, 6 y 15) y también defendió la actividad minera. “Hay 460 proyectos a lo largo de toda la Argentina, más del 900 por ciento de crecimiento desde 2003 y más de 450.000 argentinos, que directa o indirectamente, viven en las regiones más postergadas gracias a la puesta en valor de proyectos productivos relacionados con la minería.”
A su turno, media docena de organizaciones ecologistas respaldaron el proyecto de Diputados, refutaron los argumentos provinciales en contra de la definición de “región periglacial” de la iniciativa y argumentaron que la media sanción de la Cámara baja “impone menos restricciones” que el aprobado por el Senado a la “obra pública” y “proyectos estratégicos”, como pasos fronterizos y construcción de diques para la utilización del recurso hídrico.
El director de campañas de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, fue quien cuestionó más duramente la posición de los mandatarios provinciales. Villalonga denunció que “los gobernadores realizan terrorismo judicial, al anunciar que se rebelarán contra la ley de glaciares si se aprueba el proyecto que cuenta con media sanción de Diputados”.
El martes próximo expondrán las entidades que agrupan a los empresarios mineros y de hidrocarburos, así como la Asociación Obrera Minera que nuclea a los trabajadores de la actividad y se citó al secretario de Ambiente, Homero Bibiloni.
Las opiniones dentro de los bloques están divididas; en especial en el oficialista, donde Gioja y Filmus reclutan voluntades para proyectos diferentes. “Vamos a dar libertad de acción”, dijo el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, reconociendo las diferencias internas.
Quienes apuestan por convertir en ley el proyecto original del Senado sobre protección de glaciares, para lo cual sólo necesitan mayoría simple, consideran que la postura de los gobernadores cordilleranos les permitió sacar una luz de ventaja en el porotómetro. Aunque nadie todavía arriesga un resultado ante la paridad de fuerzas.
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Los gobernadores jaquean la sanción de la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 22/09/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Dos bandos en pugna se perfilaron con nitidez en el debate de ayer sobre los glaciares. De un lado están la mayoría de los gobernadores de provincias cordilleranas y el secretario de Minería, Jorge Mayoral. Y del otro, las entidades ambientalistas, productores vitivinícolas y los legisladores que apoyan el proyecto restrictivo de la explotación minería en los glaciares y su zona de influencia.
Hasta la semana pasada daba la sensación que la sanción de Diputados del 11 de agosto último -que contó con el visto bueno del senador kirchnerista Daniel Filmus- iba a convertirse en ley el jueves 30. Sin embargo, desde entonces u na fuerte ofensiva de las provincias mineras, encabezadas por el sanjuanino José Luis Gioja y respaldada por el Secretario de Minería, se hizo sentir con fuerza, al punto que el jefe del bloque oficial Miguel Pichetto está dispuesto a otorgar libertad de acción a su bloque para evitar enfrentamientos internos.
Una vez más el resultado es incierto y nadie sabe qué puede pasar en la votación del 30: si el Senado aprueba la sanción de Diputados respaldada por los ambientalistas y pactada entre Miguel Bonasso y Filmus o si respalda el proyecto más acotado que levantan los gobernadores y el secretario de Minería.
De las exposiciones de ayer en la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara Alta, se desprendió que hay un núcleo duro que apuesta todas sus fichas a favor de la vieja sanción del Senado a la que consideran más benévola para la actividad miner a en la alta montaña y a cielo abierto. Y que también le otorga más facultades a las provincia s para legislar sobre este controvertido asunto. Mayoral se pronunció por el proyecto “original del Senado” porque “respeta la Constitución”, dijo, El sanjuanino Gioja se quejó de que en la sanción de “Diputados fue sacado del proyecto, como un desprecio la auditoría (inventario de glaciares) en manos de autoridades provinciales. Avasallan las facultades que como provincias tenemos”.
El riojano Luis Beder Herrera protestó porque “se quiere limitar las potestades propias de la Constitución, los recursos naturales son de las provincias . Imagínense que La Rioja se quedara sin agua, ¿qué futuro le espera?” En la misma línea Walter Barrionuevo (Jujuy) se preguntó: “¿Cuál es el límite de esta persistencia del Estado nacional? Lo tocó al tema de los glaciares pero podría haber sido cualquier cosa”, resumió.
Buscan frenar los agrotóxicos
Para frenar los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 22/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En una audiencia pública en la Cámara de Diputados, legisladores, científicos y organizaciones sociales avalaron un proyecto de ley que busca prohibir en todo el país las pulverizaciones aéreas con plaguicidas. También limita las terrestres.
El debate por las consecuencias sanitarias de los agroquímicos entró ayer al Congreso Nacional de la mano de legisladores de distintos bloques, científicos que probaron los efectos negativos en la salud y organizaciones sociales. Fueron recurrentes dos afirmaciones: es necesario cambiar la actual forma de producción agropecuaria y es prioritario dejar de lado el modelo extractivo –donde monocultivo de soja y megaminería a cielo abierto son sus caras más famosas–. “No es la prueba científica la que cierra esta discusión, es la realidad, los vecinos afectados, las malformaciones y los abortos espontáneos”, afirmó el director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA y científico del Conicet, Andrés Carrasco. La diputada Cecilia Merchán, junto con otros doce legisladores, presentó un proyecto de ley para prohibir todas las pulverizaciones aéreas y limitar las terrestres.
“Minería y soja pertenecen a un mismo modelo. Ambos son perjudiciales. Hay que debatir el perfil productivo de las provincias y esto no se trata de un falso antagonismo ‘interior-Capital’. Soy de Córdoba, provincia sojera, e igual sostengo que este modelo tiene consecuencias en la salud de las poblaciones”, abrió el debate Merchán, en una sala repleta de público. Le siguieron los legisladores Miguel Bonasso, Fernando Solanas, Lisandro Viale (socialismo) y Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro).
Carrasco presentó su investigación que confirma el efecto letal del glifosato en embriones anfibios. “Tal como lo quería el ministro de Ciencia (Lino) Barañao, nuestro trabajo está publicado (en la revista científica internacional Investigación Química en Toxicología). Y prueba que el glifosato produce malformaciones o mata al embrión”, remarcó y explicó que los vertebrados (desde anfibios hasta humanos) comparten los mismos mecanismos embrionarios. “Existe la muy seria posibilidad que ocurra lo mismo en humanos, sobre todo en las tres primeras semanas de gestación”, precisó, y alertó que “el problema no es el glifosato, no es el único ni el último agrotóxico, sino un modelo de producción”.
Javier Souza Casadinho, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA y coordinador regional de la Red de Acción en Plaguicidas (Rapal), explicó que en la actualidad se riega el país con más de 300 millones de litros. En 1999, las cámaras empresarias recomendaban usar seis litros por hectárea, en la actualidad instan –para la misma superficie– 14 litros. “En nuestro país se sigue usando el endosulfan, extremadamente tóxico, que ya fue prohibido en 69 países del mundo. Acá usamos cuatro millones de litros por año”, cuestionó.
La Leonesa es una localidad de diez mil habitantes a 60 kilómetros de Resistencia. Desde hace una década denuncian el efecto sanitario de los agroquímicos utilizados en plantaciones de arroz. Apuntan al glifosato, endosulfan, metamidofos, picloran y clopirifos, entre otros químicos usados también en la soja. Ante las crecientes denuncias y movilizaciones, en 2009 el gobierno del Chaco creó la Comisión Provincial de Investigación de Contaminantes del Agua. Cinco meses después, finalizó su primer informe oficial y llamó al alerta nacional: los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento. Sucedió en sólo una década y corresponden a estadísticas sanitarias vinculadas a zonas con uso intensivo de agroquímicos.
El jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Raúl Horacio Lucero, detalló frente a legisladores las historias clínicas de niños malformados que comenzaron y llegaron a su consultorio, exhibió radiografías de bebés sin dedos, chicas con brazos sin articulación. “En el caso de La Leonesa se usaron datos registrados en los hospitales públicos desde hace años, registros oficiales, y fue realizado por una comisión oficial, ¿cómo puede ser que eso no tenga difusión?, ¿cómo se puede silenciar?, ¿qué otra prueba quieren? Yo vi los casos, nadie me lo contó, conozco a la niña con malformaciones, la vi crecer y también vi que su mamá sufrió fumigaciones en los primeros meses de embarazo”, lamentó.
El presidente de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas, Orlando Martínez, denunció discriminación hacia el sector, “con 85 años de historia y 50 mil trabajadores”, reclamó un “sustento técnico” para la prohibición, se mostró favorable a abandonar los “productos nocivos” para la salud y retrucó con una sorpresiva propuesta, que fue bienvenida por los presentes: “Si prohíben las fumigaciones aéreas, también hay que prohibir las terrestres”.
El proyecto de ley 5857-D-2010 prohíbe en todo el país las pulverizaciones aéreas de “plaguicidas, agrotóxicos o biocidas químicos o biológicos” con destino para el uso agropecuario, cualquiera sea el producto activo o formulado así como su dosis. También prohíbe la aplicación terrestre dentro de un radio de mil metros a partir del límite de las plantas urbanas y periurbanas en todo el país. En caso de que se viole la norma, propone penas de tres a diez años de prisión. Firman el proyecto de ley diputados de Proyecto Sur, GEN, SI y Frente para la Victoria.
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Fuertes críticas al glifosato en el Congreso
Fecha de Publicación: 22/09/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La polémica por el uso del herbicida glifosato sumó ayer un nuevo capítulo, en una audiencia en el Congreso en la que se presentó el proyecto de ley de la diputada Cecilia Merchán (Libres del Sur-Córdoba) que busca prohibir la fumigación aérea de los campos y las aplicaciones de agroquímicos en un radio de 1000 metros de las zonas urbanas. "El tema de las fumigaciones es un tema de mucha preocupación en las poblaciones rurales, por eso decidimos encararlo", explicó Merchán.
"Hay que decidir rápido que vamos a hacer con el glifosato, porque hay vidas en juego. El glifosato que es inhalado y pasa a la sangre de la madre en las tres primeras semanas de vida del embrión genera malformaciones de todo tipo. Esto está investigado y publicado", señaló el investigador del Conicet Andrés Carrasco, el primero en disparar contra el agroquímico, cuando el año pasado declaró que el herbicida podía tener efectos perjudiciales en los embriones.
A la presentación de Carrasco le siguió una decena más de exposiciones de médicos y pobladores que hablaron en contra del agroquímico. Ilustradas con estadísticas, hablaron del aumento de los casos de cáncer y de malformaciones a partir del uso masivo del herbicida.
"Por supuesto que nos preocupan los potenciales efectos en la salud derivados de un uso irresponsable de los agroquímicos. Pero acá se expuso información errónea, como el dato de que se usan 300 millones de litros de glifosato por año. Eso significaría usar 14 litros por ha, cuando lo normal es usar 4 litros", dijo Michel Thibaud, director de la Sociedad Rural Argentina. "Por otro lado, acá también se criticó la sojización, pero no se habla de que es una consecuencia de una política del Gobierno, que desalentó la producción de otros granos", acotó Thibaud, que asistió en calidad de oyente.
En el encuentro no hablaron ni los principales referentes de la producción ni de la industria, agrupada en la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), pese a que fueron invitados. "Pensamos que era inútil ir a algo que no era más que un show mediático", dijo un ejecutivo del sector de los agroquímicos.
Por el momento, el proyecto de Merchán sólo cuenta con el apoyo de Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, algunos diputados del socialismo y del GEN y una diputada kirchnerista. "No creemos que todo el kirchnerismo nos apoye, porque el Gobierno vive de la caja de la soja, pero esperamos poder sumar el apoyo de varios diputados de la oposición", admitió Merchán.
San Luis endurecera las sanciones ambientales
San Luis endurecera las sanciones a quienes causen daños ambientales
Fecha de Publicación: 21/09/2010
Fuente: Vos Regional
Provincia/Región: San Luis
El gobierno de la provincia de San Luis a endurecido su política ambientalista ante la gran cantidad de incendios generados por piromaníacos o simplemente por dueños de campos que por ganar terreno para ampliar sus áreas para cultivo destruyen montes y microclimas únicos produciendo desastres naturales que muchas veces afectan a terceros por lo que el Ministerio de Medio Ambiente de esa provincia a implementado el Sistema de Estadística y Evaluación de Incendios Forestales, previsto en el Tratado de Paz entre el Progreso y Medio Ambiente.
Esto hará más severas las sanciones que ya se impusieron a los infractores que propiciaron incendios en la Provincia ya que con este nuevo sistema el Ministerio calcula y estima todas las estadísticas e índices de peligros de incendios en función de información geográfica satelital. Además evalúa los impactos ambientales de los incendios forestales, los cuantifica monetariamente y los introduce en el actual sistema de sanciones y multas a los causantes de incendios forestales.
La ministra, Lic. Daiana Hissa, recalcó que "de ahora en más las multas no serán las mismas, ya que existe un componente ambiental que determinará cifras altísimas por cuanto se considera el daño ambiental fruto del procesamiento de la información recabada por este sistema". Asimismo Hissa destacó que donde hubo monte, se obligará a restituirlo, "a veces prefieren pagar las multas a costa de aumentar hectáreas productivas, con este sistema, además de la multa, deberán volver a plantar especies nativas para restituir el monte".
Por último el ministerio determinó que en lo que va del año 2010, la superficie afectada por los incendios forestales es de 27.250 hectáreas; y solo en lo que va del mes de septiembre ardieron 15.800 has, principalmente en el incendio que se produjo en cercanías de la localidad de Unión. Del total de la superficie quemada, el 15 % corresponde a áreas de monte y el 85 % restante a zonas de pastizales y arbustales.
Fecha de Publicación: 21/09/2010
Fuente: Vos Regional
Provincia/Región: San Luis
El gobierno de la provincia de San Luis a endurecido su política ambientalista ante la gran cantidad de incendios generados por piromaníacos o simplemente por dueños de campos que por ganar terreno para ampliar sus áreas para cultivo destruyen montes y microclimas únicos produciendo desastres naturales que muchas veces afectan a terceros por lo que el Ministerio de Medio Ambiente de esa provincia a implementado el Sistema de Estadística y Evaluación de Incendios Forestales, previsto en el Tratado de Paz entre el Progreso y Medio Ambiente.
Esto hará más severas las sanciones que ya se impusieron a los infractores que propiciaron incendios en la Provincia ya que con este nuevo sistema el Ministerio calcula y estima todas las estadísticas e índices de peligros de incendios en función de información geográfica satelital. Además evalúa los impactos ambientales de los incendios forestales, los cuantifica monetariamente y los introduce en el actual sistema de sanciones y multas a los causantes de incendios forestales.
La ministra, Lic. Daiana Hissa, recalcó que "de ahora en más las multas no serán las mismas, ya que existe un componente ambiental que determinará cifras altísimas por cuanto se considera el daño ambiental fruto del procesamiento de la información recabada por este sistema". Asimismo Hissa destacó que donde hubo monte, se obligará a restituirlo, "a veces prefieren pagar las multas a costa de aumentar hectáreas productivas, con este sistema, además de la multa, deberán volver a plantar especies nativas para restituir el monte".
Por último el ministerio determinó que en lo que va del año 2010, la superficie afectada por los incendios forestales es de 27.250 hectáreas; y solo en lo que va del mes de septiembre ardieron 15.800 has, principalmente en el incendio que se produjo en cercanías de la localidad de Unión. Del total de la superficie quemada, el 15 % corresponde a áreas de monte y el 85 % restante a zonas de pastizales y arbustales.
Hoy audiencia en el Senado por los Glaciares
Aumenta la presión por la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 21/09/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tres gobernadores, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y representantes de la organización ambientalista Greenpeace, entre otros invitados, debatirán hoy en el Senado sobre el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, iniciativa que la Cámara alta tiene previsto discutir en el recinto el próximo 30 del corriente en sesión especial.
El debate comenzará a las 10 en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable y promete enfrentar a los representantes provinciales y de la Nación con los ambientalistas, que impulsan la sanción del proyecto aprobado por la Cámara baja en agosto último.
Los mandatarios provinciales y Mayoral, en tanto, pretenden que el Senado insista en la versión que el cuerpo aprobó el año pasado y que modificó la Cámara baja. En realidad rechazan cualquier tipo de ley por sostener que vulnera las autonomías provinciales para disponer de los recursos existentes en sus subsuelos, facultad contemplada por la Constitución nacional.
Los gobernadores que asistirán son José Luis Gioja (San Juan), principal detractor del texto aprobado por Diputados con el apoyo de Greenpeace, Luis Beder Herrera (La Rioja) y Walter Barrionuevo (Jujuy). La insistencia en el texto aprobado por el Senado cuenta también con el aval de varias provincias con intereses mineros, como Salta, Catamarca y Neuquén.
La opinión de provincias petroleras es movilizada por Gioja, quien pretende sumarlos a su cruzada contra el texto elaborado por Miguel Bonasso con el argumento de que si la ley es sancionada según esa versión, también les impedirá a esos distritos desarrollar nuevos emprendimientos para la explotación de hidrocarburos. La clave de la disputa pasa porque el proyecto de la Cámara baja impide la explotación minera e hidrocarburífera en las zonas denominadas como periglaciares, incluyendo en ellas todo terreno de alta montaña congelado, además de las grandes masas de hielo eternos.
Además, ordena el cese de toda actividad que se encuentre en desarrollo en esas regiones. Para los ambientalistas, detrás de la movida que encabeza Gioja se encuentran los intereses de la minera canadiense Barrick Gold, que tiene a su cargo el emprendimiento Veladero, en San Juan.
Desfile por los glaciares
Fecha de Publicación: 21/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Con la presencia de al menos tres gobernadores cordilleranos ante la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Senado tratará de avanzar hoy en la discusión sobre el proyecto de ley de glaciares, que ya tiene media sanción de Diputados y que planean llevar al recinto el 30 de septiembre. Los gobernadores que comprometieron su presencia hoy son el sanjuanino José Luis Gioja y el riojano Luis Beder Herrera –los más reacios al proyecto–, además del jujeño Walter Barrionuevo. También serán de la partida el secretario de Minería, Jorge Mayoral; las cámaras de Empresarios Mineros, los viñateros de San Juan, académicos de universidades nacionales y organizaciones ecologistas como Greenpeace.
Fecha de Publicación: 21/09/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tres gobernadores, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y representantes de la organización ambientalista Greenpeace, entre otros invitados, debatirán hoy en el Senado sobre el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, iniciativa que la Cámara alta tiene previsto discutir en el recinto el próximo 30 del corriente en sesión especial.
El debate comenzará a las 10 en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable y promete enfrentar a los representantes provinciales y de la Nación con los ambientalistas, que impulsan la sanción del proyecto aprobado por la Cámara baja en agosto último.
Los mandatarios provinciales y Mayoral, en tanto, pretenden que el Senado insista en la versión que el cuerpo aprobó el año pasado y que modificó la Cámara baja. En realidad rechazan cualquier tipo de ley por sostener que vulnera las autonomías provinciales para disponer de los recursos existentes en sus subsuelos, facultad contemplada por la Constitución nacional.
Los gobernadores que asistirán son José Luis Gioja (San Juan), principal detractor del texto aprobado por Diputados con el apoyo de Greenpeace, Luis Beder Herrera (La Rioja) y Walter Barrionuevo (Jujuy). La insistencia en el texto aprobado por el Senado cuenta también con el aval de varias provincias con intereses mineros, como Salta, Catamarca y Neuquén.
La opinión de provincias petroleras es movilizada por Gioja, quien pretende sumarlos a su cruzada contra el texto elaborado por Miguel Bonasso con el argumento de que si la ley es sancionada según esa versión, también les impedirá a esos distritos desarrollar nuevos emprendimientos para la explotación de hidrocarburos. La clave de la disputa pasa porque el proyecto de la Cámara baja impide la explotación minera e hidrocarburífera en las zonas denominadas como periglaciares, incluyendo en ellas todo terreno de alta montaña congelado, además de las grandes masas de hielo eternos.
Además, ordena el cese de toda actividad que se encuentre en desarrollo en esas regiones. Para los ambientalistas, detrás de la movida que encabeza Gioja se encuentran los intereses de la minera canadiense Barrick Gold, que tiene a su cargo el emprendimiento Veladero, en San Juan.
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Desfile por los glaciares
Fecha de Publicación: 21/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Con la presencia de al menos tres gobernadores cordilleranos ante la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Senado tratará de avanzar hoy en la discusión sobre el proyecto de ley de glaciares, que ya tiene media sanción de Diputados y que planean llevar al recinto el 30 de septiembre. Los gobernadores que comprometieron su presencia hoy son el sanjuanino José Luis Gioja y el riojano Luis Beder Herrera –los más reacios al proyecto–, además del jujeño Walter Barrionuevo. También serán de la partida el secretario de Minería, Jorge Mayoral; las cámaras de Empresarios Mineros, los viñateros de San Juan, académicos de universidades nacionales y organizaciones ecologistas como Greenpeace.
Relleno de Tucumán altamente contaminado
Un estudio revela que Pacará Pintado contamina
Fecha de Publicación: 20/09/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los análisis de las muestras de suelo, aire y agua dispuestos por la Justicia provincial dan cuenta de sustancias perjudiciales en la planta. Los resultados de las pericias serán claves para resolver una causa que persigue el cierre del predio de tratamiento de residuos.
Contamina el aire, el suelo y el agua. Los resultados de las muestras ordenadas por la Justicia provincial en la planta de disposición final de los residuos de Pacará Pintado constatan la polución que genera el predio que administra la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL.
Las pericias fueron concretadas el año pasado por la ingeniera química María Luisa Genta, en cumplimiento de lo dispuesto por los vocales de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Fernando Avila. Los magistrados esperaban contar con esos estudios antes de resolver un recurso de apelación deducido por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán. La entidad interpuso en diciembre de 2007 una acción de amparo colectivo y, en forma cautelar, reclamó el cierre de la planta, por considerar que contamina el medio ambiente, pero la medida fue rechazada el 10 de julio de 2008 por el extinto juez en lo Civil y Comercial de la III Nominación, Juan José Aráoz.
Riesgos
A lo largo de un trabajo detallado en 58 páginas, la especialista expuso severas observaciones al tratamiento que brinda la empresa representada por Mario Delfor Criado a unas 800 toneladas diarias de residuos.
En rigor, antes de precisar su trabajo, la perito hizo suya una advertencia formulada en 2004 por el Instituto de Geociencias y Medio Ambiente de la UNT (Ingema), respecto de que el terreno en el que se asienta la planta no es apto para el resguardo de la basura, porque tiene una capacidad de infiltración rápida. Esto acrecienta el riesgo de que los lixiviados (líquidos que se desprenden de los residuos en descomposición) pasen a los acuíferos subterráneos.
Con respecto a la contaminación de los suelos, Genta aclaró que el impacto actual es mínimo, pero lanzó una señal de alerta al mencionar la presencia de elementos contaminantes.
En cuanto al aire, la especialista encontró elevados valores de óxidos de nitrógeno: la concentración de estos gases puede llegar a originar irritación ocular y respiratoria, además de provocar la destrucción de la capa de ozono. Precisamente, en las celdas en las que se depositan los residuos, puntualmente la 6 y la 7 (esta última es la que se incendió a fines de 2009), el contenido de dióxido de nitrógeno es 700 veces superior a los valores del aire libre de contaminación, según las muestras recogidas por la perito.
Pacará Pintado también sobrepasa los límites establecidos por las normas de calidad de vida en emisión de hidrocarburos (produce irritación de ojos y, dependiendo del tiempo de exposición, dolor de cabeza, tos, irritación del aparato respiratorio y dolor de garganta) y de óxidos de azufre (provoca irritación de los ojos y del sistema respiratorio). En este caso, el contenido en las celdas 6 y 7 es 5.000 veces superior a los valores del aire libre de contaminación. "Téngase en cuenta que esta medición fue hecha en situación normal de funcionamiento de la planta. Grave es el caso de, por ejemplo, cuando se produjo el incendio, horas después de haberse hecho las mediciones. En este caso, al haber gran producción de gases de combustión, los valores son indudablemente mayores y las consecuencias durante el incendio y días posteriores, también mayores", advirtió la experta.
De inmediato, la ingeniera química precisó que, pese a la realización de la pericia, no puede establecerse el margen de tolerancia de los elementos contaminantes "porque se trató de una sola medida tomada en un día puntual y la empresa no tiene los datos de seguimiento que por ley debería determinar". No obstante, insistió en que los valores detectados de dióxido de azufre y de dióxido de nitrógeno superan los límites fijados para la protección de la salud humana y de los ecosistemas "establecidos por los países más avanzados".
En cuanto a la emisión de gases (como el metano), que contribuyen al efecto invernadero y al aumento de la temperatura, Genta señaló que la empresa no exhibió documentación alguna y "que un seguimiento de las celdas que permanecen abiertas (recibiendo residuos) debería formar parte de la planificación del control que la firma está obligada a realizar".
Bacterias fecales
En cuanto a la contaminación de las napas freáticas, la perito advirtió que en los análisis microbiológicos se halló la presencia de contaminantes fecales y de "pseudomonas aeruginosas". "Cuando esta especie está presente en el agua no solamente manifiesta una contaminación inaceptable, sino que además puede jugar en ciertas condiciones un papel patógeno nada despreciable", sentenció.
Finalmente, detectó presencia de cadmio, de plomo, de mercurio y de cobre, metales que debieran estar ausentes según las leyes nacionales y provinciales.
Fecha de Publicación: 20/09/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Los análisis de las muestras de suelo, aire y agua dispuestos por la Justicia provincial dan cuenta de sustancias perjudiciales en la planta. Los resultados de las pericias serán claves para resolver una causa que persigue el cierre del predio de tratamiento de residuos.
Contamina el aire, el suelo y el agua. Los resultados de las muestras ordenadas por la Justicia provincial en la planta de disposición final de los residuos de Pacará Pintado constatan la polución que genera el predio que administra la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL.
Las pericias fueron concretadas el año pasado por la ingeniera química María Luisa Genta, en cumplimiento de lo dispuesto por los vocales de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Fernando Avila. Los magistrados esperaban contar con esos estudios antes de resolver un recurso de apelación deducido por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán. La entidad interpuso en diciembre de 2007 una acción de amparo colectivo y, en forma cautelar, reclamó el cierre de la planta, por considerar que contamina el medio ambiente, pero la medida fue rechazada el 10 de julio de 2008 por el extinto juez en lo Civil y Comercial de la III Nominación, Juan José Aráoz.
Riesgos
A lo largo de un trabajo detallado en 58 páginas, la especialista expuso severas observaciones al tratamiento que brinda la empresa representada por Mario Delfor Criado a unas 800 toneladas diarias de residuos.
En rigor, antes de precisar su trabajo, la perito hizo suya una advertencia formulada en 2004 por el Instituto de Geociencias y Medio Ambiente de la UNT (Ingema), respecto de que el terreno en el que se asienta la planta no es apto para el resguardo de la basura, porque tiene una capacidad de infiltración rápida. Esto acrecienta el riesgo de que los lixiviados (líquidos que se desprenden de los residuos en descomposición) pasen a los acuíferos subterráneos.
Con respecto a la contaminación de los suelos, Genta aclaró que el impacto actual es mínimo, pero lanzó una señal de alerta al mencionar la presencia de elementos contaminantes.
En cuanto al aire, la especialista encontró elevados valores de óxidos de nitrógeno: la concentración de estos gases puede llegar a originar irritación ocular y respiratoria, además de provocar la destrucción de la capa de ozono. Precisamente, en las celdas en las que se depositan los residuos, puntualmente la 6 y la 7 (esta última es la que se incendió a fines de 2009), el contenido de dióxido de nitrógeno es 700 veces superior a los valores del aire libre de contaminación, según las muestras recogidas por la perito.
Pacará Pintado también sobrepasa los límites establecidos por las normas de calidad de vida en emisión de hidrocarburos (produce irritación de ojos y, dependiendo del tiempo de exposición, dolor de cabeza, tos, irritación del aparato respiratorio y dolor de garganta) y de óxidos de azufre (provoca irritación de los ojos y del sistema respiratorio). En este caso, el contenido en las celdas 6 y 7 es 5.000 veces superior a los valores del aire libre de contaminación. "Téngase en cuenta que esta medición fue hecha en situación normal de funcionamiento de la planta. Grave es el caso de, por ejemplo, cuando se produjo el incendio, horas después de haberse hecho las mediciones. En este caso, al haber gran producción de gases de combustión, los valores son indudablemente mayores y las consecuencias durante el incendio y días posteriores, también mayores", advirtió la experta.
De inmediato, la ingeniera química precisó que, pese a la realización de la pericia, no puede establecerse el margen de tolerancia de los elementos contaminantes "porque se trató de una sola medida tomada en un día puntual y la empresa no tiene los datos de seguimiento que por ley debería determinar". No obstante, insistió en que los valores detectados de dióxido de azufre y de dióxido de nitrógeno superan los límites fijados para la protección de la salud humana y de los ecosistemas "establecidos por los países más avanzados".
En cuanto a la emisión de gases (como el metano), que contribuyen al efecto invernadero y al aumento de la temperatura, Genta señaló que la empresa no exhibió documentación alguna y "que un seguimiento de las celdas que permanecen abiertas (recibiendo residuos) debería formar parte de la planificación del control que la firma está obligada a realizar".
Bacterias fecales
En cuanto a la contaminación de las napas freáticas, la perito advirtió que en los análisis microbiológicos se halló la presencia de contaminantes fecales y de "pseudomonas aeruginosas". "Cuando esta especie está presente en el agua no solamente manifiesta una contaminación inaceptable, sino que además puede jugar en ciertas condiciones un papel patógeno nada despreciable", sentenció.
Finalmente, detectó presencia de cadmio, de plomo, de mercurio y de cobre, metales que debieran estar ausentes según las leyes nacionales y provinciales.
Asambleístas de Gualeguaychú vuelven a la ruta
Asambleístas de Gualeguaychú vuelven a la ruta
Fecha de Publicación: 19/09/2010
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
La movilización se realiza luego de que el jueves se confirmara que la Justicia Federal abrió una tercera causa contra asambleístas por los cortes de tránsito que realizaron sobre la misma ruta durante tres años en rechazo a la pastera que Uruguay autorizó instalar sobre el río sin consultar a la contraparte argentina.
Fuentes de la organización dijeron que a las 18 se realizará la reunión de los domingos y los asambleístas resolverán si harán su protesta sobre la ruta, o al costado de la carretera, donde existe un refugio.
La de hoy será la tercera de las cuatro movilizaciones previstas por la Asamblea para los domingos de septiembre con el objetivo de recordar que "el conflicto por Botnia no terminó".
El juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel dispuso citar a indagatoria a 15 asambleístas por el corte de dos horas realizado el domingo 5 de septiembre.
Ese día y el domingo 12, los asambleístas marcharon hacia Arroyo Verde, lugar donde se realizara el largo corte en la ruta que va desde Gualeguaychú hacia el puente binacional General San Martín, que desemboca en la ciudad uruguaya de Fray Bentos.
"Haremos una concentración de dos horas previa a la asamblea de las seis de la tarde, compartiremos música y chocolate, en familia", dijo la asambleísta Paola Robles.
Fecha de Publicación: 19/09/2010
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
La movilización se realiza luego de que el jueves se confirmara que la Justicia Federal abrió una tercera causa contra asambleístas por los cortes de tránsito que realizaron sobre la misma ruta durante tres años en rechazo a la pastera que Uruguay autorizó instalar sobre el río sin consultar a la contraparte argentina.
Fuentes de la organización dijeron que a las 18 se realizará la reunión de los domingos y los asambleístas resolverán si harán su protesta sobre la ruta, o al costado de la carretera, donde existe un refugio.
La de hoy será la tercera de las cuatro movilizaciones previstas por la Asamblea para los domingos de septiembre con el objetivo de recordar que "el conflicto por Botnia no terminó".
El juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel dispuso citar a indagatoria a 15 asambleístas por el corte de dos horas realizado el domingo 5 de septiembre.
Ese día y el domingo 12, los asambleístas marcharon hacia Arroyo Verde, lugar donde se realizara el largo corte en la ruta que va desde Gualeguaychú hacia el puente binacional General San Martín, que desemboca en la ciudad uruguaya de Fray Bentos.
"Haremos una concentración de dos horas previa a la asamblea de las seis de la tarde, compartiremos música y chocolate, en familia", dijo la asambleísta Paola Robles.
Cuatro gobernadores, por la minería
Cuatro gobernadores, por la minería
Fecha de Publicación: 19/09/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La defensa de la actividad minera a cielo abierto en la alta montaña que harán el próximo martes en el Senado cuatro gobernadores de provincias le agrega una vuelta de tuerca al debate sobre la ley de glaciares. La norma está cruzada por presiones de los que no quieren ninguna ley nacional, como los distritos mineros y aquellos que pelean por una legislación que proteja de la contaminación a los glaciares y su zona de influencia.
Los gobernadores que expondrán el martes en la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable son: José Luis Gioja (San Juan), Juan Manuel Urtubey (Salta) Walter Barrionuevo (Jujuy) y Fabiana Ríos (Tierra del Fuego).
Hasta ahora Mario Das Neves (PJ-disidente, Chubut) y el kirchnerista Celso Jaque, anticiparon que no se sumarán a esta tenida . En cambio Eduardo Brizuela del Moral (Catamarca) adelantó que ratificará la competencia provincial para legisla r, en este caso sobre los glaciares. Brizuela puntualizó que “se pueden hacer las dos cosas, preservar y trabajar con los recursos naturales”, completó El sanjuanino Gioja, luego de una reunión que mantuvo días atrás con el tercer senador de esa provincia Roberto Basualdo (PJ-disidente), dijo que “no pude convencerlo que los dos proyectos -el del Senado y el de Diputados- son claramente inconstitucionales . Las provincias nunca delegaron facultades en esos temas”, dijo. Y en respuesta a las acusaciones de estar al servicio de la Barrick Gold que explota en San Juan una mina de oro, respondió desafiante “me cago en la Barrick, a mí me importan los sanjuaninos”, soltó.
También Daniel Peralta (Santa Cruz) salió al ruedo y dijo que en el Senado se buscaba “vetar la actividad minera” . Además destacó que había interesados en “vulnerar la soberanía de la utilización de nuestros recursos naturales”.
Recién en los últimos días comenzó a blanquearse un fuerte lobby que los empresarios vienen realizando en contra de los proyectos en danza. En este sentido fue ilustrativa la solicitada publicada el viernes y firmada por la cámara que agrupa a las empresas mineras, la UIA y la Cámara Argentina de la Construcción.
En el debate, el Senado puede optar por una mayor preservación de los glaciares como propone la sanción de Diputados (la llamada ley Bonasso) o insistir con su postura, considerada más permisiva para la actividad minera. El kirchnerista Daniel Filmus acordó con Bonasso defender en la Cámara Alta la sanción de Diputados y había en todos lo bloques un ambiente favorable a esta norma. En 2008 un proyecto similar al de Bonasso fue vetado por la presidenta. Sin embargo ahora la Presidenta adelantó que no aplicará el veto sobre la ley que se vote.
Pero la irrupción de los gobernadores que trabajan para que no salga ninguna ley (a lo sumo algunos aceptan el proyecto del Senado) más el lobby empresario abrió un nuevo interrogant e acerca de cómo votarán los legisladores de esas provincias y que hará el resto.
Los ambientalistas presentarán batalla: Greenpeace dijo que “resulta alarmante la oposición manifestada por los gobernadores Gioja, Beder Herrera (La Rioja), Brizuela del Moral y Urtubey (Salta) que demuestra la existencia de fuertes presiones de las corporaciones político-económicas sobre el Senado para frenar la ley”.
Fecha de Publicación: 19/09/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
La defensa de la actividad minera a cielo abierto en la alta montaña que harán el próximo martes en el Senado cuatro gobernadores de provincias le agrega una vuelta de tuerca al debate sobre la ley de glaciares. La norma está cruzada por presiones de los que no quieren ninguna ley nacional, como los distritos mineros y aquellos que pelean por una legislación que proteja de la contaminación a los glaciares y su zona de influencia.
Los gobernadores que expondrán el martes en la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable son: José Luis Gioja (San Juan), Juan Manuel Urtubey (Salta) Walter Barrionuevo (Jujuy) y Fabiana Ríos (Tierra del Fuego).
Hasta ahora Mario Das Neves (PJ-disidente, Chubut) y el kirchnerista Celso Jaque, anticiparon que no se sumarán a esta tenida . En cambio Eduardo Brizuela del Moral (Catamarca) adelantó que ratificará la competencia provincial para legisla r, en este caso sobre los glaciares. Brizuela puntualizó que “se pueden hacer las dos cosas, preservar y trabajar con los recursos naturales”, completó El sanjuanino Gioja, luego de una reunión que mantuvo días atrás con el tercer senador de esa provincia Roberto Basualdo (PJ-disidente), dijo que “no pude convencerlo que los dos proyectos -el del Senado y el de Diputados- son claramente inconstitucionales . Las provincias nunca delegaron facultades en esos temas”, dijo. Y en respuesta a las acusaciones de estar al servicio de la Barrick Gold que explota en San Juan una mina de oro, respondió desafiante “me cago en la Barrick, a mí me importan los sanjuaninos”, soltó.
También Daniel Peralta (Santa Cruz) salió al ruedo y dijo que en el Senado se buscaba “vetar la actividad minera” . Además destacó que había interesados en “vulnerar la soberanía de la utilización de nuestros recursos naturales”.
Recién en los últimos días comenzó a blanquearse un fuerte lobby que los empresarios vienen realizando en contra de los proyectos en danza. En este sentido fue ilustrativa la solicitada publicada el viernes y firmada por la cámara que agrupa a las empresas mineras, la UIA y la Cámara Argentina de la Construcción.
En el debate, el Senado puede optar por una mayor preservación de los glaciares como propone la sanción de Diputados (la llamada ley Bonasso) o insistir con su postura, considerada más permisiva para la actividad minera. El kirchnerista Daniel Filmus acordó con Bonasso defender en la Cámara Alta la sanción de Diputados y había en todos lo bloques un ambiente favorable a esta norma. En 2008 un proyecto similar al de Bonasso fue vetado por la presidenta. Sin embargo ahora la Presidenta adelantó que no aplicará el veto sobre la ley que se vote.
Pero la irrupción de los gobernadores que trabajan para que no salga ninguna ley (a lo sumo algunos aceptan el proyecto del Senado) más el lobby empresario abrió un nuevo interrogant e acerca de cómo votarán los legisladores de esas provincias y que hará el resto.
Los ambientalistas presentarán batalla: Greenpeace dijo que “resulta alarmante la oposición manifestada por los gobernadores Gioja, Beder Herrera (La Rioja), Brizuela del Moral y Urtubey (Salta) que demuestra la existencia de fuertes presiones de las corporaciones político-económicas sobre el Senado para frenar la ley”.
Se podrá sembrar arroz en La Leonesa
La Justicia levantó las suspensiones y se podrá sembrar arroz en La Leonesa
Fecha de Publicación: 18/09/2010
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El juez Héctor Edgardo García Redondo levantó las suspensiones dispuestas a los establecimientos arroceros San Carlos y Cancha Larga, de 3500 hectáreas, y ahora podrá implantar el cultivo justo cuando finaliza el tiempo óptimo de la siembra.
El emprendimiento cuenta con 3500 hectáreas de arroz, que generan una producción superior a los 20.000.000 pesos anuales había sido cuestionado por parte de la población y ambientalistas, demostrándose que no hubo contaminación, según las pruebas que tiene el juez en sus manos.
El magistrado basó su decisión en el estudio de impacto ambiental que ordenó, donde se demostró que no existe ninguna zona contaminada con herbicidas, y además todo el desarrollo productivo es amigable con el medioambiente y resulta viable en términos abióticos, bióticos y antrópicos.
Por otra parte, la APA presentó informes de estudios realizados donde consta que no se ha contaminado ni un curso de agua en la zona de las arroceras. Asimismo el Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco reconoció y avaló el informe del Director de Epidemiología doctor Mario Echevarría, que establece que no existen aumentos de casos de cáncer infantil y que los datos que presentaron los denunciantes no resultan confiables.
Los abogados señalaron que los testigos propuestos por los propios amparistas quedaron en evidencia sobre la falta de sustento de las denuncias que realizaron pues debieron reconocer lo siguiente: El bioquímico Raúl Horacio Lucero, que jamás tomó muestras de las arroceras para realizar análisis y que sólo anduvo por la periferia, y el testigo Rodolfo Ramón Acosta, ingeniero agrónomo, expresó que no le consta un solo caso de enfermedad oncológica atribuible a las arroceras.
NORTE tuvo acceso a la resolución del juez García Redondo, quien toma decisiones para proteger a las personas y el medio ambiente. La resolución es la siguiente: Modificar la extensión de la suspensión de las fumigaciones terrestres en el establecimiento arrocero San Carlos, suspendiéndose en una distancia no menor de los 500 metros, a contar esas medidas desde el límite de la zona urbana del barrio La Ralera, con ningún tipo de agroquímico o producto de los relacionados en la postulación de la medida cautelar. Levantar las suspensiones dispuestas a los establecimientos San Carlos y Cancha Larga respecto de las fumigaciones, tanto aéreas como terrestres, por contarse de los canales o cursos de agua que tengan derivas y descargas en las lagunas El Moncholo, Palmar, Riacho Tatané, arroyo Quiá, San Fernando y Caracolo, debiéndose realizarse muestreos periódicos siguiendo un Plan de Gestión Ambiental, a los fines de demostrar durante la campaña arrocera, si el sistema hídrico resulta afectado por el empleo de agroquímicos.
“Todo lo que nos hicieron es injusto, pero tuvimos siempre confianza en la justicia y, como productores, seguiremos trabajando en la zona, brindando trabajo y seguridad a esta zona”, dijo ayer Eduardo Meichtry, dueño de las arroceras.
Fecha de Publicación: 18/09/2010
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El juez Héctor Edgardo García Redondo levantó las suspensiones dispuestas a los establecimientos arroceros San Carlos y Cancha Larga, de 3500 hectáreas, y ahora podrá implantar el cultivo justo cuando finaliza el tiempo óptimo de la siembra.
El emprendimiento cuenta con 3500 hectáreas de arroz, que generan una producción superior a los 20.000.000 pesos anuales había sido cuestionado por parte de la población y ambientalistas, demostrándose que no hubo contaminación, según las pruebas que tiene el juez en sus manos.
El magistrado basó su decisión en el estudio de impacto ambiental que ordenó, donde se demostró que no existe ninguna zona contaminada con herbicidas, y además todo el desarrollo productivo es amigable con el medioambiente y resulta viable en términos abióticos, bióticos y antrópicos.
Por otra parte, la APA presentó informes de estudios realizados donde consta que no se ha contaminado ni un curso de agua en la zona de las arroceras. Asimismo el Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco reconoció y avaló el informe del Director de Epidemiología doctor Mario Echevarría, que establece que no existen aumentos de casos de cáncer infantil y que los datos que presentaron los denunciantes no resultan confiables.
Los abogados señalaron que los testigos propuestos por los propios amparistas quedaron en evidencia sobre la falta de sustento de las denuncias que realizaron pues debieron reconocer lo siguiente: El bioquímico Raúl Horacio Lucero, que jamás tomó muestras de las arroceras para realizar análisis y que sólo anduvo por la periferia, y el testigo Rodolfo Ramón Acosta, ingeniero agrónomo, expresó que no le consta un solo caso de enfermedad oncológica atribuible a las arroceras.
NORTE tuvo acceso a la resolución del juez García Redondo, quien toma decisiones para proteger a las personas y el medio ambiente. La resolución es la siguiente: Modificar la extensión de la suspensión de las fumigaciones terrestres en el establecimiento arrocero San Carlos, suspendiéndose en una distancia no menor de los 500 metros, a contar esas medidas desde el límite de la zona urbana del barrio La Ralera, con ningún tipo de agroquímico o producto de los relacionados en la postulación de la medida cautelar. Levantar las suspensiones dispuestas a los establecimientos San Carlos y Cancha Larga respecto de las fumigaciones, tanto aéreas como terrestres, por contarse de los canales o cursos de agua que tengan derivas y descargas en las lagunas El Moncholo, Palmar, Riacho Tatané, arroyo Quiá, San Fernando y Caracolo, debiéndose realizarse muestreos periódicos siguiendo un Plan de Gestión Ambiental, a los fines de demostrar durante la campaña arrocera, si el sistema hídrico resulta afectado por el empleo de agroquímicos.
“Todo lo que nos hicieron es injusto, pero tuvimos siempre confianza en la justicia y, como productores, seguiremos trabajando en la zona, brindando trabajo y seguridad a esta zona”, dijo ayer Eduardo Meichtry, dueño de las arroceras.
Audiencia pública en el Congreso por agrotóxicos
Audiencia pública en el Congreso de la Nación por agrotóxicos
Fecha de Publicación: 18/09/2010
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Nacional
La Diputada Nacional Cecilia Merchán junto al interbloque Proyecto Sur convocan a una Audiencia Pública el día martes 21 de septiembre a partir de las 16.30 hs, en la sala 1 del edificio anexo de la HCD, para debatir las consecuencias sanitarias de la aplicación indiscriminada de agroquímicos.
La Justicia ha resuelto en varios casos recientes, La Leonesa (Chaco, 2010), San Jorge (Santa Fé, 2009), Bº Ituzaingó (Córdoba, 2008), Mercedes (Pcia Bs As, 2008), lo que vecinos y vecinas solicitan en cientos de localidades del país: desde la suspensión de las fumigaciones aéreas con plaguicidas, hasta una mayor distancia para su aplicación en campos cercanos a viviendas. En el caso de La Leonesa, las razones son más que contundentes: según lo investigado por la Comisión Provincial de Contaminantes del Agua, en esta localidad de diez mil habitantes, rodeada de cultivos de arroz y soja, en la última década los casos de cáncer en niños (leucemia, tumores cerebrales) se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron un 400 por ciento.
En la audiencia se presentará el proyecto de ley que prohíbe la fumigación aérea con plaguicidas y restringe la distancia para su aplicación terrestre en todo país (5857-D-2010). Asimismo se analizarán otras iniciativas legislativas presentadas a nivel nacional, provincial y local que van desde la restricción de productos de comprobada peligrosidad, a una mayor regulación y control en su aplicación.
Participarán
Dr. Andrés Carrasco (UBA-CONICET), Dr. Raúl Horacio Lucero (UNNE, Chaco), Norma Giarracca (Socióloga), Dr. Medardo Avila Vazquez (UNC, Córdoba), Javier Souza Casadinho (RAPAL), Ing. Claudio Lowy (Mstr. Des. Hum. Sostenible), Carlos Martinez (Dip. Pcial. Chaco), Grupo Ambiental Sn. Salvador (Entre Ríos), Salvemos al Iberá (Corrientes), Vecinos de San Pedro (Pcia. de Bs. As).
Contará con la presencia de los/as diputados/as:
Cecilia Merchán, Fernando Solanas, Miguel Bonasso, Jorge Cardelli, Alcira Argumedo, Liliana Parada, Victoria Donda, Eduardo Macaluse, Verónica Benas, Claudio Lozano, Graciela Iturraspe (Interbloque Proyecto Sur); Horacio Alcuaz, Gerardo Milman, Fabián Peralta (GEN), Lisandro Viale (Partido Socialista), Julia Perié (Frente para la Victoria) y Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro PyS)
Fecha de Publicación: 18/09/2010
Fuente: Data Chaco
Provincia/Región: Nacional
La Diputada Nacional Cecilia Merchán junto al interbloque Proyecto Sur convocan a una Audiencia Pública el día martes 21 de septiembre a partir de las 16.30 hs, en la sala 1 del edificio anexo de la HCD, para debatir las consecuencias sanitarias de la aplicación indiscriminada de agroquímicos.
La Justicia ha resuelto en varios casos recientes, La Leonesa (Chaco, 2010), San Jorge (Santa Fé, 2009), Bº Ituzaingó (Córdoba, 2008), Mercedes (Pcia Bs As, 2008), lo que vecinos y vecinas solicitan en cientos de localidades del país: desde la suspensión de las fumigaciones aéreas con plaguicidas, hasta una mayor distancia para su aplicación en campos cercanos a viviendas. En el caso de La Leonesa, las razones son más que contundentes: según lo investigado por la Comisión Provincial de Contaminantes del Agua, en esta localidad de diez mil habitantes, rodeada de cultivos de arroz y soja, en la última década los casos de cáncer en niños (leucemia, tumores cerebrales) se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron un 400 por ciento.
En la audiencia se presentará el proyecto de ley que prohíbe la fumigación aérea con plaguicidas y restringe la distancia para su aplicación terrestre en todo país (5857-D-2010). Asimismo se analizarán otras iniciativas legislativas presentadas a nivel nacional, provincial y local que van desde la restricción de productos de comprobada peligrosidad, a una mayor regulación y control en su aplicación.
Participarán
Dr. Andrés Carrasco (UBA-CONICET), Dr. Raúl Horacio Lucero (UNNE, Chaco), Norma Giarracca (Socióloga), Dr. Medardo Avila Vazquez (UNC, Córdoba), Javier Souza Casadinho (RAPAL), Ing. Claudio Lowy (Mstr. Des. Hum. Sostenible), Carlos Martinez (Dip. Pcial. Chaco), Grupo Ambiental Sn. Salvador (Entre Ríos), Salvemos al Iberá (Corrientes), Vecinos de San Pedro (Pcia. de Bs. As).
Contará con la presencia de los/as diputados/as:
Cecilia Merchán, Fernando Solanas, Miguel Bonasso, Jorge Cardelli, Alcira Argumedo, Liliana Parada, Victoria Donda, Eduardo Macaluse, Verónica Benas, Claudio Lozano, Graciela Iturraspe (Interbloque Proyecto Sur); Horacio Alcuaz, Gerardo Milman, Fabián Peralta (GEN), Lisandro Viale (Partido Socialista), Julia Perié (Frente para la Victoria) y Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro PyS)
Polémica por una planta de basura en La Matanza
Polémica por una recicladora de basura
Fecha de Publicación: 17/09/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
La instalarán en La Matanza para reemplazar un basural a cielo abierto; el convenio se firmó con De Vido; los vecinos temen por su salud
Durante una controvertida sesión, que se extendió por seis horas, en las que no faltaron insultos, acusaciones y denuncias de amenazas, el Concejo Deliberante de La Matanza autorizó ayer un convenio firmado entre ese municipio, a cargo de Fernando Espinoza (Frente para la Victoria), y el Ministerio de Planificación Federal, que conduce Julio De Vido, para la creación de un Centro Ambiental de Recomposición Energética (CARE), calificado por sus impulsores como "único en el mundo".
Según lo aprobado, ese centro demandará una inversión de $ 600 millones. Se trata de una planta incineradora que convierte residuos en energía. Estará a cargo de la firma estatal Empresa Nacional de Energía Argentina SA (Enarsa).
Los vecinos de La Matanza esperan desde 2003 que la Coordinadora Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) cierre definitivamente el centro de acopio de residuos de González Catán. Sin embargo, rechazan que se lo sustituya por esta planta que el municipio convino crear con la Nación, sin mediación de la provincia, pues sostienen que nadie nunca les proveyó la información suficiente respecto de que esa nueva tecnología vaya a ser inocua para la salud.
El hecho de que se la presente como "única en el mundo" no hace más que agregarles desconcierto, pues no se sabe a ciencia cierta qué grado de afectación podrá significar en el desarrollo de sus vidas.
Es más: aun habiendo existido una experiencia previa, vecinos y ambientalistas cuestionan que se la quiera instalar a sólo 20 cuadras del relleno que hoy ya perjudica su calidad de vida (ver aparte).
La norma, que necesitaba los votos de los dos tercios de los miembros del Concejo, compuesto por 24 ediles, recibió el respaldo justo, con 16 votos en favor y 6 en contra. Hubo dos ausencias. La apoyaron los 13 integrantes del bloque oficialista, Ariel Martínez (Sentimiento Peronista) y Ricardo Maidana (Peronismo Independiente), que responden a Eduardo Duhalde, y Juan Giffoni, cercano al diputado nacional Julio Ledesma (Corriente Peronista Bonaerense).
Esa aprobación significa la autorización para que el intendente Espinoza ceda terrenos situados en el cruce de la calle Conde y la ruta provincial 1001.
Olor nauseabundo
Ayer, durante el debate en el Concejo, el aire era tan nauseabundo como el que emanan los residuos acumulados por la Ceamse. Es que no faltaron las bombas de mal olor arrojadas bajo las butacas de los ediles. A pesar de eso y de los gritos destemplados de algunos concejales, la tercera fue la vencida. El tratamiento de la propuesta de De Vido ya había fracasado dos veces.
En algunos pasajes de la caldeada reunión tuvo que intervenir el personal de vigilancia de ese cuerpo, ya que hubo agresiones verbales, que casi llegaron a físicas, entre vecinos y concejales y entre los propios ediles.
Las acusaciones de los opositores, de Movimiento Libres del Sur, Acuerdo La Matanza, Coalición Cívica y Unión Peronismo Federal (UPF), giraron en torno a la falta de información sobre la tecnología para reconvertir los residuos sólidos en energía eléctrica y combustible diésel sintético, según reza el convenio finalmente aprobado.
Una de las voces más críticas fue la del presidente del bloque UPF, Adrián Verdini: "Este tema es inviable y carece de sustento legal, pues no tiene la autorización del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tal como establece el artículo 42 de la ley orgánica de las municipalidades", dijo.
Manuel Atencio, de Acuerdo La Matanza, expresó: "Desde 2007 venimos presentando proyectos para solucionar el tema de la Ceamse y nunca fueron escuchados. No queremos ser el basurero de La Matanza".
El presidente del FPV, Ricardo Rolleri, sumó a la polémica, pues para defender la postura oficial se basó en la lectura de fragmentos de publicaciones periodísticas zonales que destacaban la necesidad de instalar la planta de la polémica.
Hubo, incluso, tres ediles opositores que, a último momento, decidieron cambiar su voto negativo. El argumento que dieron para permitir que el oficialismo consiguiera su propósito fue que no tenían la certeza de que el nuevo sistema pudiera llegar a ser perjudicial para los vecinos.
Del presupuesto anual municipal, el 20 por ciento se destina al sistema de recolección y disposición final de residuos.
Los vecinos, dentro y fuera del recinto, también se hicieron oír ayer. Centenares de personas abarrotaron la sala de reuniones y toda la extensión de Hipólito Yrigoyen al 2500, donde se sitúa el edificio legislativo.
Uno de los momentos de mayor tensión fue cuando al promediar la sesión el concejal Marcelo Rocca (FPV) se acercó a un hombre que había cuestionado sus dichos y a quien habría amenazado. Hubo gritos, empujones e insultos. Incluso se vio a un par de personas con armas en la cintura. No llegaron a las manos por la intervención del personal de seguridad del Concejo. En ese mismo momento, en el estrado, el vicepresidente segundo del cuerpo, Fernando Asencio (UPF), increpó al titular del cuerpo, Daniel Castro (FPV). Se levantó de su banca y le dijo: "Vos dejaste entrar a la patota. Sos un h... de p...".
Fecha de Publicación: 17/09/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
La instalarán en La Matanza para reemplazar un basural a cielo abierto; el convenio se firmó con De Vido; los vecinos temen por su salud
Durante una controvertida sesión, que se extendió por seis horas, en las que no faltaron insultos, acusaciones y denuncias de amenazas, el Concejo Deliberante de La Matanza autorizó ayer un convenio firmado entre ese municipio, a cargo de Fernando Espinoza (Frente para la Victoria), y el Ministerio de Planificación Federal, que conduce Julio De Vido, para la creación de un Centro Ambiental de Recomposición Energética (CARE), calificado por sus impulsores como "único en el mundo".
Según lo aprobado, ese centro demandará una inversión de $ 600 millones. Se trata de una planta incineradora que convierte residuos en energía. Estará a cargo de la firma estatal Empresa Nacional de Energía Argentina SA (Enarsa).
Los vecinos de La Matanza esperan desde 2003 que la Coordinadora Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) cierre definitivamente el centro de acopio de residuos de González Catán. Sin embargo, rechazan que se lo sustituya por esta planta que el municipio convino crear con la Nación, sin mediación de la provincia, pues sostienen que nadie nunca les proveyó la información suficiente respecto de que esa nueva tecnología vaya a ser inocua para la salud.
El hecho de que se la presente como "única en el mundo" no hace más que agregarles desconcierto, pues no se sabe a ciencia cierta qué grado de afectación podrá significar en el desarrollo de sus vidas.
Es más: aun habiendo existido una experiencia previa, vecinos y ambientalistas cuestionan que se la quiera instalar a sólo 20 cuadras del relleno que hoy ya perjudica su calidad de vida (ver aparte).
La norma, que necesitaba los votos de los dos tercios de los miembros del Concejo, compuesto por 24 ediles, recibió el respaldo justo, con 16 votos en favor y 6 en contra. Hubo dos ausencias. La apoyaron los 13 integrantes del bloque oficialista, Ariel Martínez (Sentimiento Peronista) y Ricardo Maidana (Peronismo Independiente), que responden a Eduardo Duhalde, y Juan Giffoni, cercano al diputado nacional Julio Ledesma (Corriente Peronista Bonaerense).
Esa aprobación significa la autorización para que el intendente Espinoza ceda terrenos situados en el cruce de la calle Conde y la ruta provincial 1001.
Olor nauseabundo
Ayer, durante el debate en el Concejo, el aire era tan nauseabundo como el que emanan los residuos acumulados por la Ceamse. Es que no faltaron las bombas de mal olor arrojadas bajo las butacas de los ediles. A pesar de eso y de los gritos destemplados de algunos concejales, la tercera fue la vencida. El tratamiento de la propuesta de De Vido ya había fracasado dos veces.
En algunos pasajes de la caldeada reunión tuvo que intervenir el personal de vigilancia de ese cuerpo, ya que hubo agresiones verbales, que casi llegaron a físicas, entre vecinos y concejales y entre los propios ediles.
Las acusaciones de los opositores, de Movimiento Libres del Sur, Acuerdo La Matanza, Coalición Cívica y Unión Peronismo Federal (UPF), giraron en torno a la falta de información sobre la tecnología para reconvertir los residuos sólidos en energía eléctrica y combustible diésel sintético, según reza el convenio finalmente aprobado.
Una de las voces más críticas fue la del presidente del bloque UPF, Adrián Verdini: "Este tema es inviable y carece de sustento legal, pues no tiene la autorización del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tal como establece el artículo 42 de la ley orgánica de las municipalidades", dijo.
Manuel Atencio, de Acuerdo La Matanza, expresó: "Desde 2007 venimos presentando proyectos para solucionar el tema de la Ceamse y nunca fueron escuchados. No queremos ser el basurero de La Matanza".
El presidente del FPV, Ricardo Rolleri, sumó a la polémica, pues para defender la postura oficial se basó en la lectura de fragmentos de publicaciones periodísticas zonales que destacaban la necesidad de instalar la planta de la polémica.
Hubo, incluso, tres ediles opositores que, a último momento, decidieron cambiar su voto negativo. El argumento que dieron para permitir que el oficialismo consiguiera su propósito fue que no tenían la certeza de que el nuevo sistema pudiera llegar a ser perjudicial para los vecinos.
Del presupuesto anual municipal, el 20 por ciento se destina al sistema de recolección y disposición final de residuos.
Los vecinos, dentro y fuera del recinto, también se hicieron oír ayer. Centenares de personas abarrotaron la sala de reuniones y toda la extensión de Hipólito Yrigoyen al 2500, donde se sitúa el edificio legislativo.
Uno de los momentos de mayor tensión fue cuando al promediar la sesión el concejal Marcelo Rocca (FPV) se acercó a un hombre que había cuestionado sus dichos y a quien habría amenazado. Hubo gritos, empujones e insultos. Incluso se vio a un par de personas con armas en la cintura. No llegaron a las manos por la intervención del personal de seguridad del Concejo. En ese mismo momento, en el estrado, el vicepresidente segundo del cuerpo, Fernando Asencio (UPF), increpó al titular del cuerpo, Daniel Castro (FPV). Se levantó de su banca y le dijo: "Vos dejaste entrar a la patota. Sos un h... de p...".
Audiencia entre Gioja y Greenpeace por glaciares
Gioja - Greenpeace: audiencia abierta que no deja nada nuevo
Fecha de Publicación: 16/09/2010
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
En una audiencia inusual, José Luis Gioja abrió las puertas a la prensa en su reunión con los representantes de la ONG ambientalista. Como era de esperarse, por el momento nadie cede ni un mínimo espacio o concepto.El referente de la organización ambientalista Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, se manifestó conforme con el proyecto de ley que tiene media sanción de diputados porque “tenemos un brazo ejecutor como es el Ianiglia, que tendrá una responsabilidad, y en ella corre con su prestigio. Mas allá de lo que puedan discutir los legisladores, quienes deberán relevar cada metro cuadrado de la cordillera es esa institución”, apuntó Villalonga.
Villalonga circunscribió el voto positivo de diputados a cuestiones meramente ambientales. “Nos parece que al tema que surge de diputados no deben agregárseles connotaciones políticas, aunque estuvo cruzado por ellas. Nosotros no estábamos conformes con los proyectos anteriores, que eran estructuralmente lo mismo”, apuntó.
Acto seguido tomó la palabra el gobernador provincial, que aseguró que “creemos en el diálogo. Nosotros te contamos nuestra visión”, le dijo a Villalonga, a quien trató de “vos” durante toda la alocución, sin desprenderse de un particular estilo coloquial que tiene frente a algunos invitados y frente a la prensa. “No nos sentimos dueños de la verdad, pero representamos a los sanjuaninos que nos votaron con el 62 %”, sentó.
“Esto es San Juan”, le dijo al ambientalista, mientras señalaba un pequeño mapa colgado en la pared. “Mirá este mapita, en estos valles vivimos”, agregó, mientras daba datos poblacionales de cada uno de los vergeles sanjuaninos. “En esta zona que no tiene río, que se parece un poco a la pampa húmeda, pero no lo es aunque se vea verde. Eso es Valle Fértil”, añadió.
“En este Valle del Tulum vivimos nosotros, en este Valle que es el corazón de San Juan”, expresó. “De los 90.000 metros cuadrados de nuestra provincia, solo el 3% son estos valles que te mostré. ¿Sabés que es el resto?”, preguntó, retórico. “El resto es desierto”, se respondió, ante un Villalonga que asistía en silencio a la verborragia oficial. “Lo primero que quiero que entiendas es que no debe haber en la tierra alguien más interesado que nosotros en cuidar el agua”.
“¿Y sabés que significa esto?”, volvió a interrogar. “Esto significa que nadie, en ningún lugar del mundo como en San Juan, sabe lo que significa el agua como elemento vital, y que nadie, en ningún lugar del mundo sabe cuidar el agua como los sanjuaninos”.
“Además”, agregó Gioja, “no queremos que llueva, porque queremos que el agua venga del río, por las acequias, para que nuestras uvas sean lo que son, y nuestras verduras, y nuestras semillas”, agregó.
“Y por eso”, continuó Gioja, “creamos el Departamento de Hidráulica, que es de los más importantes de San Juan. Desde allí, año a año nosotros relevamos la nieve que cae, porque el recurso principal del agua del Río Jáchal y del Río San Juan es de deshielo. Por eso hemos hechos los diques que hicimos y estamos ahora tras Punta Negra, que nos permite regular el río”, apuntó.
“Nosotros, en uso de nuestras facultades institucionales, repito, sin sentirnos dueños de la verdad, pero sintiéndonos autónomos, sancionamos por unanimidad de todas las fuerzas políticas nuestra Ley de Glaciares, el 14 de julio de este año, y el 22 hicimos el decreto reglamentario que dejó constituido el Concejo de Protección de Glaciares, que integra cada sector político con un representante”, continuó, al tiempo que le ofreció “una copia para que la veas, y si querés te doy una copia del mapa también”.
El amable intercambio, como era de esperar, fue subiendo de tono, hasta que el gobernador le enrostró a Villalonga que “hemos seguido declaraciones de ustedes. Hace un par de meses ustedes acordaban con la ley del senado. ¿Qué hay especulaciones?, es normal esto en la política”, sinceró Gioja, “pero lo que a veces nosotros sentimos es que somos los únicos conejillos de indias. Pero esto no nos afecta. Alguien me dijo: `Flaco, estás corriendo riesgos políticos´. No siento eso, siento que defiendo lo que sienten los sanjuaninos que me votaron, para proteger una actividad que da trabajo y salarios dignos, y que cuida el medio ambiente y el agua”, aseveró.
Con movimientos de manos ampulosos, se quejó de que “resulta que se parece que somos unos perversos. Bonasso dijo que yo soy empleado de la Barrick, y ¿sabes qué?, yo me cago en la Barrick o en cualquiera, sólo pienso en los sanjuaninos”, se exaltó. El debate continuó ante la azorada mirada de los periodistas que asistieron a este inusual encuentro “protocolar”, en el que asesores del gobernador y de Villalonga pugnaban por meter la cuchara en un plato en que los disertantes tenían puestas las dos manos.
Cruces, interrupciones, conceptos que no quedan claros porque se cruzan en las voces en el aire de la Casa de Gobierno.
Fecha de Publicación: 16/09/2010
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
En una audiencia inusual, José Luis Gioja abrió las puertas a la prensa en su reunión con los representantes de la ONG ambientalista. Como era de esperarse, por el momento nadie cede ni un mínimo espacio o concepto.El referente de la organización ambientalista Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, se manifestó conforme con el proyecto de ley que tiene media sanción de diputados porque “tenemos un brazo ejecutor como es el Ianiglia, que tendrá una responsabilidad, y en ella corre con su prestigio. Mas allá de lo que puedan discutir los legisladores, quienes deberán relevar cada metro cuadrado de la cordillera es esa institución”, apuntó Villalonga.
Villalonga circunscribió el voto positivo de diputados a cuestiones meramente ambientales. “Nos parece que al tema que surge de diputados no deben agregárseles connotaciones políticas, aunque estuvo cruzado por ellas. Nosotros no estábamos conformes con los proyectos anteriores, que eran estructuralmente lo mismo”, apuntó.
Acto seguido tomó la palabra el gobernador provincial, que aseguró que “creemos en el diálogo. Nosotros te contamos nuestra visión”, le dijo a Villalonga, a quien trató de “vos” durante toda la alocución, sin desprenderse de un particular estilo coloquial que tiene frente a algunos invitados y frente a la prensa. “No nos sentimos dueños de la verdad, pero representamos a los sanjuaninos que nos votaron con el 62 %”, sentó.
“Esto es San Juan”, le dijo al ambientalista, mientras señalaba un pequeño mapa colgado en la pared. “Mirá este mapita, en estos valles vivimos”, agregó, mientras daba datos poblacionales de cada uno de los vergeles sanjuaninos. “En esta zona que no tiene río, que se parece un poco a la pampa húmeda, pero no lo es aunque se vea verde. Eso es Valle Fértil”, añadió.
“En este Valle del Tulum vivimos nosotros, en este Valle que es el corazón de San Juan”, expresó. “De los 90.000 metros cuadrados de nuestra provincia, solo el 3% son estos valles que te mostré. ¿Sabés que es el resto?”, preguntó, retórico. “El resto es desierto”, se respondió, ante un Villalonga que asistía en silencio a la verborragia oficial. “Lo primero que quiero que entiendas es que no debe haber en la tierra alguien más interesado que nosotros en cuidar el agua”.
“¿Y sabés que significa esto?”, volvió a interrogar. “Esto significa que nadie, en ningún lugar del mundo como en San Juan, sabe lo que significa el agua como elemento vital, y que nadie, en ningún lugar del mundo sabe cuidar el agua como los sanjuaninos”.
“Además”, agregó Gioja, “no queremos que llueva, porque queremos que el agua venga del río, por las acequias, para que nuestras uvas sean lo que son, y nuestras verduras, y nuestras semillas”, agregó.
“Y por eso”, continuó Gioja, “creamos el Departamento de Hidráulica, que es de los más importantes de San Juan. Desde allí, año a año nosotros relevamos la nieve que cae, porque el recurso principal del agua del Río Jáchal y del Río San Juan es de deshielo. Por eso hemos hechos los diques que hicimos y estamos ahora tras Punta Negra, que nos permite regular el río”, apuntó.
“Nosotros, en uso de nuestras facultades institucionales, repito, sin sentirnos dueños de la verdad, pero sintiéndonos autónomos, sancionamos por unanimidad de todas las fuerzas políticas nuestra Ley de Glaciares, el 14 de julio de este año, y el 22 hicimos el decreto reglamentario que dejó constituido el Concejo de Protección de Glaciares, que integra cada sector político con un representante”, continuó, al tiempo que le ofreció “una copia para que la veas, y si querés te doy una copia del mapa también”.
El amable intercambio, como era de esperar, fue subiendo de tono, hasta que el gobernador le enrostró a Villalonga que “hemos seguido declaraciones de ustedes. Hace un par de meses ustedes acordaban con la ley del senado. ¿Qué hay especulaciones?, es normal esto en la política”, sinceró Gioja, “pero lo que a veces nosotros sentimos es que somos los únicos conejillos de indias. Pero esto no nos afecta. Alguien me dijo: `Flaco, estás corriendo riesgos políticos´. No siento eso, siento que defiendo lo que sienten los sanjuaninos que me votaron, para proteger una actividad que da trabajo y salarios dignos, y que cuida el medio ambiente y el agua”, aseveró.
Con movimientos de manos ampulosos, se quejó de que “resulta que se parece que somos unos perversos. Bonasso dijo que yo soy empleado de la Barrick, y ¿sabes qué?, yo me cago en la Barrick o en cualquiera, sólo pienso en los sanjuaninos”, se exaltó. El debate continuó ante la azorada mirada de los periodistas que asistieron a este inusual encuentro “protocolar”, en el que asesores del gobernador y de Villalonga pugnaban por meter la cuchara en un plato en que los disertantes tenían puestas las dos manos.
Cruces, interrupciones, conceptos que no quedan claros porque se cruzan en las voces en el aire de la Casa de Gobierno.
La Corte y la represa
La Corte y la represa
Fecha de Publicación: 15/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
La Corte Suprema de Justicia se declaró competente en el amparo judicial presentado por el Estado nacional contra la construcción de la represa Ayuí Grande en la provincia de Corrientes. Antes de determinar si las obras deben ser suspendidas o no, exhortó al gobierno provincial a notificar en un plazo de diez días el estado de avance del proyecto y a proveer el estudio de impacto ambiental correspondiente en un lapso no mayor a los treinta días. El gobierno de Ricardo Colombi (foto) había apelado la demanda y había defendido el emprendimiento encabezado por las empresas vinculadas al magnate húngaro George Soros y al vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda.
La medida fue dispuesta ayer por la Corte, tras aceptar su competencia “originaria” en la demanda de la Nación contra la provincia de Corrientes por la construcción de esa represa cercana a los Esteros del Iberá, que pretende inundar un área aproximada de ocho mil hectáreas para el riego de plantaciones de arroz. El Estado había invocado la posibilidad de que el emprendimiento, del que carece de información, afectara al río Uruguay, lo que podría generar una “responsabilidad internacional de la Argentina” frente a un incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay.
La gobernación correntina deberá informar, dentro de los próximos diez días, “si han comenzado las obras correspondientes al emprendimiento y, en tal caso, el estado de avance en que se encuentran; en su defecto, deberá informarse para qué fecha se encuentra programado el inicio de las tareas de construcción”, sostuvo el fallo. La decisión –adoptada por unanimidad de los jueces– exige que la provincia de Corrientes “cese en su actitud omisiva y le haga entrega de todos los antecedentes e informes, incluidos los estudios de impacto ambiental, relacionados con el proyecto”, a la Cancillería. Corrientes dispondrá de un mes para remitir los informes para que “las autoridades nacionales puedan evaluar si las obras respectivas se encuentran alcanzadas por el ámbito de aplicación del Estatuto del Río Uruguay”, dijo la Corte, a través de su resolución. Tras ese informe, el Tribunal decidirá si hace lugar al pedido de paralizar el emprendimiento.
Fecha de Publicación: 15/09/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional - Corrientes
La Corte Suprema de Justicia se declaró competente en el amparo judicial presentado por el Estado nacional contra la construcción de la represa Ayuí Grande en la provincia de Corrientes. Antes de determinar si las obras deben ser suspendidas o no, exhortó al gobierno provincial a notificar en un plazo de diez días el estado de avance del proyecto y a proveer el estudio de impacto ambiental correspondiente en un lapso no mayor a los treinta días. El gobierno de Ricardo Colombi (foto) había apelado la demanda y había defendido el emprendimiento encabezado por las empresas vinculadas al magnate húngaro George Soros y al vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda.
La medida fue dispuesta ayer por la Corte, tras aceptar su competencia “originaria” en la demanda de la Nación contra la provincia de Corrientes por la construcción de esa represa cercana a los Esteros del Iberá, que pretende inundar un área aproximada de ocho mil hectáreas para el riego de plantaciones de arroz. El Estado había invocado la posibilidad de que el emprendimiento, del que carece de información, afectara al río Uruguay, lo que podría generar una “responsabilidad internacional de la Argentina” frente a un incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay.
La gobernación correntina deberá informar, dentro de los próximos diez días, “si han comenzado las obras correspondientes al emprendimiento y, en tal caso, el estado de avance en que se encuentran; en su defecto, deberá informarse para qué fecha se encuentra programado el inicio de las tareas de construcción”, sostuvo el fallo. La decisión –adoptada por unanimidad de los jueces– exige que la provincia de Corrientes “cese en su actitud omisiva y le haga entrega de todos los antecedentes e informes, incluidos los estudios de impacto ambiental, relacionados con el proyecto”, a la Cancillería. Corrientes dispondrá de un mes para remitir los informes para que “las autoridades nacionales puedan evaluar si las obras respectivas se encuentran alcanzadas por el ámbito de aplicación del Estatuto del Río Uruguay”, dijo la Corte, a través de su resolución. Tras ese informe, el Tribunal decidirá si hace lugar al pedido de paralizar el emprendimiento.
Corte rechazó reclamo por desmontes en Salta
La Corte Suprema rechazó reclamo en la causa por desmontes en Salta
Fecha de Publicación: 14/09/2010
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional - Salta
Lo habían realizado los representantes de la Mesa de Tierras del Norte de Salta, que denunciaron el desmonte en zona prohibida donde vivían poblaciones indígenas. Los magistrados consideraron que el planteo realizado excede la causa que lleva la Corte.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó hoy un pedido de comunidades aborígenes de Salta para investigar si se habrían realizado desmontes en esa provincia en violación al fallo del 2008 del máximo tribunal que dispuso la prohibición de la tala de bosques nativos.
Representantes de la Mesa de Tierras del Norte de Salta denunciaron que entre el 22 de enero y el 21 de octubre del año pasado se produjeron desmontes en zonas prohibidas para esa actividad y en la que vivirían pueblos indígenas y poblaciones criollas.
La entidad le pidió a la Corte que a través de imágenes satelitales se determine si se realizaron desmontes y que extreme el control del cumplimiento de la prohibición de realizar esas actividades.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda rechazaron el planteo al sostener que excede el marco de la causa que lleva la Corte, se informó hoy en Tribunales. Los magistrados agregaron en el fallo que determinar la magnitud de los eventuales desmontes "sólo podría dar lugar eventualmente a reclamos vinculados con las consecuencias dañosas que esos hechos pudieran haber ocasionado, cuestión que excedería el marco de este proceso".
La Corte prohibió la tala indiscriminada y los desmontes en los departamentos salteños de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria y ordenó un estudio de impacto ambiental, al hacer lugar a un reclamo de grupos aborígenes wichis. Los pueblos originarios habían solicitado la inconstitucionalidad y la nulidad de las autorizaciones dadas para el desmonte y para que se prohíban nuevos permisos.
Los aborígenes denunciaron que entre 2004 y 2007 hubo "masivas e indiscriminadas" autorizaciones para llevar a cabo el desmonte y la tala, ya que entre esos años se presentaron 195 solicitudes, de las cuales la Secretaría de Ambiente avaló 191 por un total de 807.509 hectáreas de bosque nativo.
Fecha de Publicación: 14/09/2010
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional - Salta
Lo habían realizado los representantes de la Mesa de Tierras del Norte de Salta, que denunciaron el desmonte en zona prohibida donde vivían poblaciones indígenas. Los magistrados consideraron que el planteo realizado excede la causa que lleva la Corte.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó hoy un pedido de comunidades aborígenes de Salta para investigar si se habrían realizado desmontes en esa provincia en violación al fallo del 2008 del máximo tribunal que dispuso la prohibición de la tala de bosques nativos.
Representantes de la Mesa de Tierras del Norte de Salta denunciaron que entre el 22 de enero y el 21 de octubre del año pasado se produjeron desmontes en zonas prohibidas para esa actividad y en la que vivirían pueblos indígenas y poblaciones criollas.
La entidad le pidió a la Corte que a través de imágenes satelitales se determine si se realizaron desmontes y que extreme el control del cumplimiento de la prohibición de realizar esas actividades.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda rechazaron el planteo al sostener que excede el marco de la causa que lleva la Corte, se informó hoy en Tribunales. Los magistrados agregaron en el fallo que determinar la magnitud de los eventuales desmontes "sólo podría dar lugar eventualmente a reclamos vinculados con las consecuencias dañosas que esos hechos pudieran haber ocasionado, cuestión que excedería el marco de este proceso".
La Corte prohibió la tala indiscriminada y los desmontes en los departamentos salteños de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria y ordenó un estudio de impacto ambiental, al hacer lugar a un reclamo de grupos aborígenes wichis. Los pueblos originarios habían solicitado la inconstitucionalidad y la nulidad de las autorizaciones dadas para el desmonte y para que se prohíban nuevos permisos.
Los aborígenes denunciaron que entre 2004 y 2007 hubo "masivas e indiscriminadas" autorizaciones para llevar a cabo el desmonte y la tala, ya que entre esos años se presentaron 195 solicitudes, de las cuales la Secretaría de Ambiente avaló 191 por un total de 807.509 hectáreas de bosque nativo.
Multan a una firma por la ex papelera Massuh
Multan a una firma del Nación por la ex papelera Massuh
Fecha de Publicación: 14/09/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Para cubrir daños ambientales, un juez ordenó a Nación Fideicomisos depositar $ 6 millones
El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1, del Departamento Judicial de La Plata, Luis Federico Arias, ordenó a Nación Fideicomisos depositar $ 6 millones para cubrir los daños ambientales ocasionados por la Papelera Quilmes, ex Massuh.
La producción de la fábrica está paralizada. Se suponía que pasaría a ser una cooperativa gerenciada por el polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y que reactivaría su producción. Pero esto no ocurrió.
"Tengo entendido que la pastera no está trabajando y está en conflicto con los empleados -informó el juez a LA NACION-. Ante el anuncio de liquidación de la planta por parte de Nación Fideicomisos [la empresa de servicios financieros del Banco Nación, administradora de los fondos destinados a la reactivación de la planta], se dispuso esta medida para reparar el pasivo ambiental que perjudica a los vecinos", agregó.
Voceros de Nación Fideicomisos informaron que todavía no se recibió la notificación del fallo.
El magistrado, además, multó con 400.000 pesos por temeridad y malicia a la Municipalidad de Quilmes; a su intendente, Francisco Gutiérrez, y a otros cuatro funcionarios comunales por incumplir con obras forestales e hidráulicas tendientes a mejorar la calidad de vida de los vecinos.
"Es ridículo. Una situación tremendamente extraña, ya que este juez no tiene jurisdicción sobre el municipio y se empecinó en atacar a esta administración", dijo a LA NACION Claudio Olivares, secretario de Medio Ambiente de la municipalidad.
El juez platense interviene en la causa Vela Darío René y otros contra Massuh SA y otros, sobre reparación o recomposición de daño ambiental, que inició un grupo de vecinos por la contaminación que generó durante los últimos tiempos la papelera de Quilmes Oeste.
La semana pasada, Arias ordenó a la firma financiera estatal que informara, en el plazo de dos días y de manera detallada, el estado del proceso de liquidación judicial del fideicomiso financiero y de administración Empresa Papelera de Quilmes. Para ello, requirió que se agregara el último estado patrimonial y financiero certificado por contador público, y se pidió un informe sobre la vigencia del contrato de seguro ambiental.
El juez ordenó también al Ministerio de Salud provincial que realizara en el vecindario de la planta un operativo para verificar si los habitantes padecen patologías compatibles con la contaminación.
Acciones pendientes
Además, el magistrado ordenó solicitar al Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Plata la elaboración de un informe sobre las acciones pendientes en materia ambiental. Arias aclaró expresamente por escrito que Nación Fideicomisos deberá hacerse cargo del costo de este estudio.
Al analizar los motivos por los que reclama a esa firma que se responsabilice de los daños, el fallo expresa que hubo un acuerdo escrito el 24 de septiembre de 2009, en el cual el fideicomiso asumió obligaciones tendientes a lograr el cese o una solución por el daño ambiental que afectara a los vecinos.
El juez advirtió, además, que su resolución es pertinente, atento a que la liquidación judicial del fideicomiso importa un riesgo cierto de incumplimiento de los compromisos que fueron asumidos al suscribir el convenio .
Fecha de Publicación: 14/09/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Para cubrir daños ambientales, un juez ordenó a Nación Fideicomisos depositar $ 6 millones
El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1, del Departamento Judicial de La Plata, Luis Federico Arias, ordenó a Nación Fideicomisos depositar $ 6 millones para cubrir los daños ambientales ocasionados por la Papelera Quilmes, ex Massuh.
La producción de la fábrica está paralizada. Se suponía que pasaría a ser una cooperativa gerenciada por el polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y que reactivaría su producción. Pero esto no ocurrió.
"Tengo entendido que la pastera no está trabajando y está en conflicto con los empleados -informó el juez a LA NACION-. Ante el anuncio de liquidación de la planta por parte de Nación Fideicomisos [la empresa de servicios financieros del Banco Nación, administradora de los fondos destinados a la reactivación de la planta], se dispuso esta medida para reparar el pasivo ambiental que perjudica a los vecinos", agregó.
Voceros de Nación Fideicomisos informaron que todavía no se recibió la notificación del fallo.
El magistrado, además, multó con 400.000 pesos por temeridad y malicia a la Municipalidad de Quilmes; a su intendente, Francisco Gutiérrez, y a otros cuatro funcionarios comunales por incumplir con obras forestales e hidráulicas tendientes a mejorar la calidad de vida de los vecinos.
"Es ridículo. Una situación tremendamente extraña, ya que este juez no tiene jurisdicción sobre el municipio y se empecinó en atacar a esta administración", dijo a LA NACION Claudio Olivares, secretario de Medio Ambiente de la municipalidad.
El juez platense interviene en la causa Vela Darío René y otros contra Massuh SA y otros, sobre reparación o recomposición de daño ambiental, que inició un grupo de vecinos por la contaminación que generó durante los últimos tiempos la papelera de Quilmes Oeste.
La semana pasada, Arias ordenó a la firma financiera estatal que informara, en el plazo de dos días y de manera detallada, el estado del proceso de liquidación judicial del fideicomiso financiero y de administración Empresa Papelera de Quilmes. Para ello, requirió que se agregara el último estado patrimonial y financiero certificado por contador público, y se pidió un informe sobre la vigencia del contrato de seguro ambiental.
El juez ordenó también al Ministerio de Salud provincial que realizara en el vecindario de la planta un operativo para verificar si los habitantes padecen patologías compatibles con la contaminación.
Acciones pendientes
Además, el magistrado ordenó solicitar al Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Plata la elaboración de un informe sobre las acciones pendientes en materia ambiental. Arias aclaró expresamente por escrito que Nación Fideicomisos deberá hacerse cargo del costo de este estudio.
Al analizar los motivos por los que reclama a esa firma que se responsabilice de los daños, el fallo expresa que hubo un acuerdo escrito el 24 de septiembre de 2009, en el cual el fideicomiso asumió obligaciones tendientes a lograr el cese o una solución por el daño ambiental que afectara a los vecinos.
El juez advirtió, además, que su resolución es pertinente, atento a que la liquidación judicial del fideicomiso importa un riesgo cierto de incumplimiento de los compromisos que fueron asumidos al suscribir el convenio .
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