Califican de discriminatoria a la ley de glaciares
23:53 | 
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Califican de discriminatoria a la ley de glaciares aprobada
Fecha de Publicación: 19/07/2010
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
Para las mineras, el proyecto sancionado en Diputados tiene términos confusos y prohíbe la actividad en amplias zonas del país.
Empresas mineras agrupadas en Gemera cuestionaron el proyecto de ley de glaciares aprobado en general en la Cámara de Diputados, al calificarlo de "discriminatorio" y dijeron que busca "prohibir la minería en amplias zonas del territorio argentino, incluso, avanzando sobre áreas con fuerte actividad petrolera".
"La ley sobre protección de los glaciares que tiene media sanción legislativa presenta una serie de términos confusos donde no se define bien el término glaciar ni siquiera el término periglaciar", apuntó Gemera.
A través de un comunicado firmado el presidente, vice y secretario de la entidad, Julio Ríos Gómez, Mario Hernández y Facundo Huidobro, Gemera expresó en que "se debe insistir en aclarar que la reserva de agua dulce más importante está constituida por los acuíferos subterráneos coincidentes con áreas planas, donde en general no se realiza actividad minera".
"Entendemos que el marco legal vigente protege los recursos naturales, en especial el agua y que las provincias dueñas de tales recursos los administran de manera responsable y sustentable", señalaron las empresas.
Además, indicaron que "un ejemplo de ello son las evaluaciones de impacto ambiental de cada proyecto minero con el suficiente detalle y rigurosidad científica dando participación a entidades provinciales y nacionales como el Instituto Nacional del Agua (INA)".
Este sector empresarial aclaró que "en los ciclos climáticos de humedad-aridez y calidez-glaciación que ha sufrido el planeta desde el inicio de su existencia hace variar el tamaño y espesor de los glaciares".
También, recalcaron que "los emprendimientos mineros ubicados en áreas cercanas o lejanas a glaciares poseen sus políticas de reducción de consumo de agua fresca (agua obtenida de ríos o acuíferos) y que el caudal procesado en su metalurgia corresponde a caudales recirculados en su mayoría (70% a 95%), y el resto es agua fresca".
"Esto ha llevado a la confusión del uso del agua por lo que se considera que el 100% del agua usada diariamente en los procesos metalúrgicos sea fresca, nada más alejado de la realidad por la recirculación de la misma", añadieron.
Y, remarcaron que "sólo se agrega agua fresca para compensar las pérdidas por evaporación y el resto es usada para campamentos en consumos de hotelería o uso humano".
El grupo de empresas Gemera manifestó que en "la ley con media sanción figuran como actividades prohibidas de realizar la exploración y explotación petrolera y minera en el ámbito que pretende proteger esa norma, lo cual es claramente discriminatorio ya que excluye dichas actividades "per sé", sin considerar la posibilidad de que las mismas pueden ser realizadas, como de hecho ocurre, de manera sustentable".
Por otra parte, señalaron que "técnicamente en la actualidad no existe explotación petrolera posible en zonas de glaciares en Argentina" por lo que consideraron que "la norma aprobada está claramente destinada a prohibir la minería en zonas donde la naturaleza ha concentrado los metales en forma económicamente explotable".
Al respecto, sostuvo que "el uso del término periglaciar (usado en forma ambigua) puede afectar seriamente a la actividad petrolera, ya que en muchos casos los yacimientos actualmente en producción en el sur del país y zonas a explorar, cumplen con la condición que se pueden encuadrar como áreas congeladas en algún momento del año".
El jueves, el proyecto de ley de protección de glaciares sólo fue aprobado en general por la Cámara de Diputados y hasta el artículo 5 de los 17 que cuenta la propuesta.
La iniciativa -que resultó de una negociación entre el ex kirchnerista Miguel Bonasso y el diputado del Frente para la Victoria Daniel Filmus (aunque luego el oficialismo pidió un tiempo para analizar el referido consenso)- fue aprobada en general por 129 votos afirmativos contra 86 del oficialismo.
Fecha de Publicación: 19/07/2010
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: Nacional
Para las mineras, el proyecto sancionado en Diputados tiene términos confusos y prohíbe la actividad en amplias zonas del país.
Empresas mineras agrupadas en Gemera cuestionaron el proyecto de ley de glaciares aprobado en general en la Cámara de Diputados, al calificarlo de "discriminatorio" y dijeron que busca "prohibir la minería en amplias zonas del territorio argentino, incluso, avanzando sobre áreas con fuerte actividad petrolera".
"La ley sobre protección de los glaciares que tiene media sanción legislativa presenta una serie de términos confusos donde no se define bien el término glaciar ni siquiera el término periglaciar", apuntó Gemera.
A través de un comunicado firmado el presidente, vice y secretario de la entidad, Julio Ríos Gómez, Mario Hernández y Facundo Huidobro, Gemera expresó en que "se debe insistir en aclarar que la reserva de agua dulce más importante está constituida por los acuíferos subterráneos coincidentes con áreas planas, donde en general no se realiza actividad minera".
"Entendemos que el marco legal vigente protege los recursos naturales, en especial el agua y que las provincias dueñas de tales recursos los administran de manera responsable y sustentable", señalaron las empresas.
Además, indicaron que "un ejemplo de ello son las evaluaciones de impacto ambiental de cada proyecto minero con el suficiente detalle y rigurosidad científica dando participación a entidades provinciales y nacionales como el Instituto Nacional del Agua (INA)".
Este sector empresarial aclaró que "en los ciclos climáticos de humedad-aridez y calidez-glaciación que ha sufrido el planeta desde el inicio de su existencia hace variar el tamaño y espesor de los glaciares".
También, recalcaron que "los emprendimientos mineros ubicados en áreas cercanas o lejanas a glaciares poseen sus políticas de reducción de consumo de agua fresca (agua obtenida de ríos o acuíferos) y que el caudal procesado en su metalurgia corresponde a caudales recirculados en su mayoría (70% a 95%), y el resto es agua fresca".
"Esto ha llevado a la confusión del uso del agua por lo que se considera que el 100% del agua usada diariamente en los procesos metalúrgicos sea fresca, nada más alejado de la realidad por la recirculación de la misma", añadieron.
Y, remarcaron que "sólo se agrega agua fresca para compensar las pérdidas por evaporación y el resto es usada para campamentos en consumos de hotelería o uso humano".
El grupo de empresas Gemera manifestó que en "la ley con media sanción figuran como actividades prohibidas de realizar la exploración y explotación petrolera y minera en el ámbito que pretende proteger esa norma, lo cual es claramente discriminatorio ya que excluye dichas actividades "per sé", sin considerar la posibilidad de que las mismas pueden ser realizadas, como de hecho ocurre, de manera sustentable".
Por otra parte, señalaron que "técnicamente en la actualidad no existe explotación petrolera posible en zonas de glaciares en Argentina" por lo que consideraron que "la norma aprobada está claramente destinada a prohibir la minería en zonas donde la naturaleza ha concentrado los metales en forma económicamente explotable".
Al respecto, sostuvo que "el uso del término periglaciar (usado en forma ambigua) puede afectar seriamente a la actividad petrolera, ya que en muchos casos los yacimientos actualmente en producción en el sur del país y zonas a explorar, cumplen con la condición que se pueden encuadrar como áreas congeladas en algún momento del año".
El jueves, el proyecto de ley de protección de glaciares sólo fue aprobado en general por la Cámara de Diputados y hasta el artículo 5 de los 17 que cuenta la propuesta.
La iniciativa -que resultó de una negociación entre el ex kirchnerista Miguel Bonasso y el diputado del Frente para la Victoria Daniel Filmus (aunque luego el oficialismo pidió un tiempo para analizar el referido consenso)- fue aprobada en general por 129 votos afirmativos contra 86 del oficialismo.
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Riachuelo: Presentaron el empadronamiento
Presentaron el empadronamiento de empresas
Fecha de Publicación: 18/07/2010
Fuente: InfoRegión
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
En el encuentro se anunció específicamente el Sistema Integral de Cuenca Matanza Riachuelo. Los establecimientos que deben empadronarse son industriales, de servicios, actividades extractivo-mineras, agrcola-ganaderas, y cualquier otra actividad comercial que tengan consecuencias con nuestro medio ambiente. El plazo general para inscribirse en el registro es de 120 das corridos desde el 1 de junio pasado.
La Municipalidad de Presidente Perón fue sede del Encuentro organizado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y esta Comuna, a fin de presentar el Empadronamiento General de Empresas.
La jornada se llevó a cabo el pasado miércoles en el Salón Auditorium y se anunció específicamente el Sistema Integral de Cuenca Matanza Riachuelo (SICMaR), una herramienta de gestión que permitir actualizar el registro de establecimientos radicados en la cuenca e implementar acciones que beneficien la recomposición ambiental.
Durante la apertura hicieron uso de la palabra el Ing, Julián Bautista (en representación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), quien detalló el funcionamiento del SICMaR; también estuvieron José Almeida Summe (secretario de Gobierno peronense) y José Luis Almeida (director de Ordenamiento Urbano municipal).
Los establecimientos que deben empadronarse son industriales, de servicios, actividades extractivo-mineras, agrcola-ganaderas, y cualquier otra actividad comercial que tengan consecuencias con nuestro medio ambiente. El plazo general para inscribirse en el registro es de 120 das corridos desde el 1 de junio pasado. No obstante para la región de la Cuenca alta (Cañuelas, General Las Heras, Marcos Paz, Presidente Perón y San Vicente) del 1 al 31 de julio.
Las personas deben empadronarse ingresando a la web del Sistema Integral de Cuenca Matanza Riachuelo (SICMaR) y completar una declaración jurada electrónica, de carácter obligatorio, para informar y certificar su actividad. El nombre de la página es www.sicmar.gov.ar.
La falta de cumplimiento de la obligación de inscribirse en este registro hará pasible al responsable de las sanciones previstas y establecidas en la resolución ACUMAR N 110/2010.
Para mayor información comunicarse con la Secretara de Medio Ambiente de la Municipalidad, teléfono (02224) 473500 interno 265.
Fecha de Publicación: 18/07/2010
Fuente: InfoRegión
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
En el encuentro se anunció específicamente el Sistema Integral de Cuenca Matanza Riachuelo. Los establecimientos que deben empadronarse son industriales, de servicios, actividades extractivo-mineras, agrcola-ganaderas, y cualquier otra actividad comercial que tengan consecuencias con nuestro medio ambiente. El plazo general para inscribirse en el registro es de 120 das corridos desde el 1 de junio pasado.
La Municipalidad de Presidente Perón fue sede del Encuentro organizado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y esta Comuna, a fin de presentar el Empadronamiento General de Empresas.
La jornada se llevó a cabo el pasado miércoles en el Salón Auditorium y se anunció específicamente el Sistema Integral de Cuenca Matanza Riachuelo (SICMaR), una herramienta de gestión que permitir actualizar el registro de establecimientos radicados en la cuenca e implementar acciones que beneficien la recomposición ambiental.
Durante la apertura hicieron uso de la palabra el Ing, Julián Bautista (en representación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), quien detalló el funcionamiento del SICMaR; también estuvieron José Almeida Summe (secretario de Gobierno peronense) y José Luis Almeida (director de Ordenamiento Urbano municipal).
Los establecimientos que deben empadronarse son industriales, de servicios, actividades extractivo-mineras, agrcola-ganaderas, y cualquier otra actividad comercial que tengan consecuencias con nuestro medio ambiente. El plazo general para inscribirse en el registro es de 120 das corridos desde el 1 de junio pasado. No obstante para la región de la Cuenca alta (Cañuelas, General Las Heras, Marcos Paz, Presidente Perón y San Vicente) del 1 al 31 de julio.
Las personas deben empadronarse ingresando a la web del Sistema Integral de Cuenca Matanza Riachuelo (SICMaR) y completar una declaración jurada electrónica, de carácter obligatorio, para informar y certificar su actividad. El nombre de la página es www.sicmar.gov.ar.
La falta de cumplimiento de la obligación de inscribirse en este registro hará pasible al responsable de las sanciones previstas y establecidas en la resolución ACUMAR N 110/2010.
Para mayor información comunicarse con la Secretara de Medio Ambiente de la Municipalidad, teléfono (02224) 473500 interno 265.
Los diez desafíos ambientales de Argentina
Los diez desafíos medioambientales de Argentina
Fecha de Publicación: 17/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los especialistas y las organizaciones sociales señalan la necesidad de actuar cuanto antes en temas como minería, depredación ictícola, deforestación, energías renovables, residuos domiciliarios y la contaminación del Riachuelo, entre otros
Uso racional de los recursos naturales, planeamiento territorial, protección de especies nativas, saneamiento de cursos de agua y aprovechamiento y reutilización de los desechos son algunos de los desafíos ambientales que afronta la Argentina. LA NACION halló diez temas en pleno debate en el seno de la sociedad argentina. Cada uno plantea un conflicto, pero también una posible solución.
Sociólogos, científicos, abogados, vecinos, autoridades gubernamentales, fueron consultados para poder tener un abanico de opiniones y sensaciones respecto de la relación del hombre y la naturaleza en el país.
Estos son los 10 desafíos ambientales que se plantearon:
Biodiversidad
Según las metas planteadas en la Convención de Diversidad Biológica, firmadas en 1992 por el gobierno argentino y ratificadas en 1994 por el Congreso Nacional mediante la ley 24.375, nuestro país debía alcanzar a proteger al menos un 10% de cada región natural terrestre para 2010 y marina para 2012, y asegurar que la mayor parte de esas áreas protegidas se encuentren bien implementadas (con guardaparques, presupuesto, plan de manejo, por ejemplo) para que cumplan efectivamente con su función.
Sin embargo, actualmente en la Argentina, sólo el 7,7% (214.969 kilómetros cuadrados) de la superficie continental se encuentra protegido. A la vez, sólo un 20% de estas áreas protegidas tiene un nivel aceptable de manejo, mientras que el 57% cuenta con nulo nivel de implementación. Por otro lado, la superficie de mar y costas con algún grado de protección representa el 0,85% (7927 kilómetros cuadrados). Se estima que de las 45 áreas marino-costeras protegidas, el 80% no cuenta con recursos para cumplir sus objetivos básicos.
Entre las especies en riesgo en el país se encuentran, entre otros, el cóndor andino, el oso hormiguero, el ocelote, el yaguareté, el ciervo de los pantanos, mientras que respecto de la flora podemos mencionar el alerce y la araucaria.
Precisamente este año fue declarado por la ONU como el de la Biodiversidad. Incluso, el último informe realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) sostiene que la preservación de los ecosistemas es tanto o más importante que la lucha contra el cambio climático. "La conservación de la diversidad biológica supone una contribución decisiva a la moderación de la escala del cambio climático y a la reducción de sus impactos negativos, haciendo que los ecosistemas, y por lo tanto las sociedades humanas, tengan una mayor capacidad de recuperación. Es esencial que los retos relacionados con la diversidad biológica y el cambio climático sean abordados de manera coordinada y se les dé igual prioridad", dijo Ban Ki-moon, secretario general de la ONU.
Minería
La minería es una actividad que genera resistencia en algunas zonas de la Argentina. Catamarca es una región ancestral a la que la megaminería llegó para quedarse. Es una provincia minera que alberga, desde hace más de 10 años, a Bajo de La Alumbrera, el yacimiento de oro y cobre más grande del país. Desde fines de 2009, diversos grupos de ambientalistas de la ciudad de Andalgalá han pasado a la militancia abierta para resistir la presentación de nuevos proyectos extractivos, como el de la Minera Agua Rica, aprobados o en vías de aprobación por parte de las autoridades. El denominador común en casi todos estos enfrentamientos es la falta de diálogo entre las autoridades y los ciudadanos. Estas iniciativas nacieron por la movilización de habitantes de las localidades afectadas, pero luego se sumaron militantes de otras provincias y de organizaciones no gubernamentales de alcance nacional.
"Este ciclo de movilización social, cuyo blanco principal son las transnacionales mineras, se enmarca en las propias lógicas estatales. Estas abarcan la promoción de la industria extractiva minero-exportadora como política de Estado, el aprovechamiento de sus exiguas regalías y escasos puestos de trabajo temporarios por parte de los gobiernos provinciales, y la debilidad de la institucionalidad ambiental que de manera notoria caracteriza a la Argentina. Aunque el marco jurídico que regula la protección del ambiente es tan exhaustivo como robusto, no opera como guía de las políticas públicas, pero habilita a los afectados en sus reclamos", sostiene Gabriela Delamata, investigadora del Conicet y profesora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín.
Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientales, opinó: "El régimen jurídico aplicable a la minería cuenta con un tratamiento impositivo y financiero diferencial, con beneficios exclusivos para el sector como ninguna otra actividad. Ello permite que coexistan empresas inmensamente ricas y pueblos extremadamente pobres como ocurre en Catamarca, donde la actividad de la mina La Alumbrera, a pesar de estar en funcionamiento desde mediados de la década pasada y con exportaciones que superan el presupuesto provincial, no ha mejorado ni un ápice".
Según el abogado, "la megaminería es inherentemente contaminante e insostenible. Estamos ante una nueva modalidad de explotación, imposible de controlar, diferente de la minería tradicional. Esta megaminería se realiza a cielo abierto con el uso de colosales cantidades de explosivos y sustancias extremadamente tóxicas como el mercurio, el cianuro y el ácido sulfúrico, entre otras".
En la industria aseguran que cumplen con todas las reglamentaciones que exige el Estado para cada uno de los proyectos y que, antes de iniciar cualquier acción, deben presentar un estudio de impacto ambiental que asegure la sustentabilidad del emprendimiento.
Residuos
La basura domiciliaria es un problema en todo el país. Sin embargo, en las conglomerados urbanos es donde más se padece. Para tener una idea, sólo en la Capital y el conurbano bonaerense se generan diariamente 12.000 toneladas de residuos. Todo ese material luego se transporta a rellenos sanitarios que se encuentran en la provincia de Buenos Aires. La recuperación y reutilización de gran porcentaje del material que se tira es una de las posibles soluciones. En muchas jurisdicciones existen leyes para disminuir paulatinamente la cantidad de residuos; sin embargo, por ahora no hay resultados visibles. Los cartoneros, que surgieron tras la crisis económica y social de 2001, reciclan apenas un 11% de los residuos que se generan en la ciudad.
Uno de los planes que está funcionando es la recolección de aceite vegetal usado. Un buen ejemplo de prácticas sostenibles -en un emprendimiento público-privado- es el que realizan la empresa Gas Meridional y la ONG Reciduca. "Desarrollamos un circuito de recolección de aceite vegetal usado en el nivel gastronómico en el municipio de San Isidro. La idea era evitar que ese aceite fuera vertido al cauce público, obstruyendo drenajes y contaminando el río; que fuera reingresado al circuito gastronómico por los recolectores informales, y además que con el mismo se lograra la sustentabilidad a corto plazo. Hace más de un año iniciamos la implementación del programa, realizando la recolección, con un vehículo y personal propio, tímidamente en 20 comercios. Hoy, hay 90 comercios adheridos, un promedio mensual de 3300 litros y un total de 30.000 litros de aceite recolectados en el primer año", explicó Matías Meszaros, responsable de RSE de Gas Meridional.
Este aporte se sumó al plan bonaerense denominado Plan Bio, que persigue el cuidado del ambiente y el desarrollo de energías alternativas. Según cifras oficiales, se han recolectado más de 240.000 litros de aceite vegetal usado para ser convertido en biocombustible. El programa funciona en alrededor de 60 municipios de la provincia y con él se beneficia a más de 200 instituciones sociales. Hay más de 300 restaurantes, clubes y corredores gastronómicos adheridos al plan. La producción de biodiésel a partir del aceite de cocina usado tiene un rendimiento establecido que permite generar por cada 1,25 litros de aceite que recolectamos, cerca de 1 litro del biocombustible.
Para más información sobre el plan o consultas para participar o adherir al mismo se pueden visitar la Web www.opds.gba.gov.ar
Agroquímicos
El avance de la frontera agropecuaria generó un debate que sigue abierto: el uso de agroquímicos en las plantaciones cuyo uso podría ser nocivo para la salud de las personas. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo de la Nación realizó un estudio en el que determinó que más de 2 millones de chicos están expuestos al uso de agroquímicos.
El informe, según Cristina Maiztegui, responsable del Area de Medio Ambiente de la Defensoría, unos 6,5 millones de niños, niñas y adolescentes (el 53% de la población infantil) "viven en departamentos con alta vulnerabilidad social. Al respecto, la peor situación referida a la falta de infraestructura de servicios sanitarios se encuentra principalmente en 193 departamentos ubicados en el norte del país y en otras áreas urbanas". La Defensoría destacó que en el caso de la utilización de agroquímicos, los departamentos mendocinos de Guaymallén y Maipú se encuentran entre los que más efectos nocivos provocan a su población infantil, seguidos por la localidad bonaerense de Florencio Varela y las sanjuaninas Pocito y Rawson.
El investigador del Conicet Andrés Carrasco opinó al respecto: "Estas tecnologías (que mejoran la productividad de las plantaciones, especialmente de la soja) no son neutrales y son traccionadas por los modelos de producción traídos de afuera con el consentimiento del Estado. Los agroquímicos son venenos y siempre serán venenos contaminantes en tanto y en cuanto se apliquen de este modo. Las empresas tercerizan para saber cuánto de tóxico tienen los productos. El Senasa no puede delegar ese control antes de poner un paquete toxicológico en el mercado".
Entre las regiones no figuran Santa Fe o las regiones bonaerenses con explotaciones sojeras. "A partir del mapa estamos trabajando en la recategorización de los agroquímicos. No pudieron evaluarse ya algunos que son considerados como benévolos (el glifosato es uno de ellos) y no se puede medir el impacto ambiental real que tienen. Hay que poner en tema en la agenda pública", agregó Maiztegui.
Uno de los agroquímicos que más polémica generan es el glifosato, principio activo de herbicida que actúa bloqueando la actividad de una enzima sin la cual los vegetales mueren. Se trata de un producto que lleva más de 30 años de vigencia y se lo utiliza en unos 140 países. "Se lo comenzó a utilizar en 1974, o sea que en el mundo hay una experiencia de más de 35 años de uso", señaló Pablo Grosso en una nota publicada por LA NACION, director de Gestión Tecnológica de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que agrupa a firmas proveedoras de agroquímicos. Según él es el producto fitosanitario (es decir, de protección de los cultivos) más utilizado en el mundo. "Se usan aproximadamente 2000 millones de litros y la Argentina representa el 8,5% de ese total, con 170 millones de litros", añadió.
Energías renovables
La incorporación de las energías renovables a la matriz energética nacional es uno de los desafíos más importantes que tiene la Argentina. La escasez de combustibles fósiles y el bajo nivel de contaminación que generan alientan este desarrollo. La energía solar, la eólica, la geotermia y la biomasa tienen un gran potencial en el territorio. Aunque las energías renovables cuentan con sólo 30 MW instalados principalmente por cooperativas eléctricas entre 1994 y 2002, el futuro es alentador. Hace un par de semanas se adjudicaron 895 megavatios en proyectos de distintos tipos de renovables.
"En esta industria naciente de energías renovables en el país estamos más que contentos. Estos proyectos, en el marco del programa de Energías Renovables del Ministerio de Planificación Federal (Genren) van a dar la diversidad y la descentralización necesarias para que en todo el país haya algún proyecto con generación de energía limpia", explicó Carlo St. James, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables. Según St. James, la generación de energía de estos proyectos representará el 3 por ciento de la matriz energética. "Para 2016 debería haber instalado un 8 por ciento. Si seguimos en este camino estamos cerca de cumplirlo", sostuvo.
Aunque este valor ha crecido en los últimos años, está muy por debajo de los valores que se manejan en otros países: Estados Unidos con 35.159 MW, Alemania con 25.777 MW, China con 25.104 MW. Actualmente se calcula que a nivel mundial hay instalados 159.213 MW. En Argentina hay 15 parques eólicos operando. Y para tener una idea de la dimensión, Atucha genera unos 250 megavatios de energía, capaz de abastecer a una población de 600.000 habitantes.
Riachuelo
El Riachuelo es el espejo de los problemas ambientales de la Argentina. Intereses económicos, superposición de jurisdicciones, industrias poco sustentables y falta de saneamiento son algunos de los impedimentos para que este río se vea como un río, huela como un río y contenga la calidad de vida y agua de un río desde hace 200 años. A dos años de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara a los estados nacional y bonaerense el saneamiento del curso de agua, los avances son escasos y los plazos impuestos por el máximo tribunal para realizar inspecciones, estudios y relocalización de poblaciones, están en su mayoría vencidos. Sin embargo, el protagonismo de la Corte y del juez de ejecución del fallo, Luis Armella, generan una esperanza en los vecinos daminificados.
"Necesitamos enriquecer este endeble Estado de Derecho, con observaciones constructivas hacia el mejor y real cumplimiento de la causa. Una posibilidad es la de entablar debates académicos sobre cómo profundizar o no la judicialización de las cuestiones ambientales y administrativas en la causa Riachuelo. Se tiene que castigar al contaminador, y meterlo preso si no resuelve la contaminación que generó. La impunidad nos juega en contra, y mientras no ataquemos a la corrupción, madre de nuestras mayores desgracias, todo nos resultará imposible", opinó Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos de La Boca, una de las ONG que conforman el Cuerpo Colegiado que debe monitorear el cumplimiento del fallo.
Para Alberti también es fundamental el involucramiento por parte de la comunidad en el plan de saneamiento. "Estamos ante una oportunidad históricamente única, con instituciones y organizaciones de principalísimo nivel ocupándose. No debemos permitirnos como sociedad vivir el tema como una nueva experiencia infructuosa", agregó el vecino.
Pesca
En los últimos 20 años desapareció el 70% del total de la población de merluza y un 80% de los especímenes adultos. Esto significa que de diez ejemplares hoy sólo dos llegan a la adultez porque el resto es pescado cuando todavía se halla en el estadio juvenil. Según un informe de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA)basado en los últimos datos públicos disponibles, en 2008, el 61% de los ejemplares de merluza desembarcados en puertos correspondió a juveniles. Eso significa que de los 1,2 millones de toneladas de adultos, pasamos a sólo 200.000, en 20 años. "Los juveniles están sosteniendo los que podrían ser los últimos años del negocio de la merluza", explicó Guillermo Cañete, coordinador del Programa Marino de la FVSA. Una de las iniciativas que Vida Silvestre es pedir a la ciudadanía que no consuma merluza que mida menos de 25 cm.
"El sistema pesquero, como todo sistema, tiene una lógica. Dejar crecer los peces, hasta su primera reproducción, antes de retirarlos del agua, debería ser la premisa de cualquier política pesquera sustentable y rentable", agregó Cañete.Para la ONG, pescar juveniles representa un "mal negocio", es un riesgo para la pesca en el corto plazo y una "pérdida de millones de dólares en el presente". Según datos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), un ejemplar juvenil de merluza puede pesar, en promedio, 145 gramos, mientras que el peso de un adulto comienza en los 315 gramos. Si se pesca merluza sin utilizar dispositivos de selectividad, sólo sobrevive el 48 % al cabo de un año. Pero si se implementan estos recursos para evitar su captura, sobreviviría el 74%, que podrían duplicar su peso en ese mismo plazo.
Aunque el propio Subsecretario de Pesca, Norberto Yauhar, reconoció que "ni la sustentabilidad, ni la seguridad alimentaria serán posibles mientras exista pesca ilegal, no declarada y no reglamentada", la política adoptada por el gobierno, por ahora, no logra solucionar las amenazas ni garantizar la estabilidad del sector.
"Los indicadores ambientales revelan que la situación empeora cada año, y el cierre de empresas y los despidos de miles de trabajadores lo confirman. Sin embargo, ni las medidas adoptadas para la pesca de merluza en 2010, ni los discursos de la Subsecretaría de Pesca reconocieron, hasta ahora, la gravedad de la situación. Celebramos este cambio de actitud, pero es solo un parte de la transformación necesaria en materia de gestión pesquera", opinó Diego Moreno, director general de la ONG.
Bosques
La Argentina se encuentra en emergencia forestal. Hace tres años el Congreso sancionó una ley de presupuestos mínimos que obliga a las provincias a realizar un ordenamiento territorial en el que debe establecer el nivel de protección de sus bosques. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2006 la superficie deforestada fue de 2.295.567 hectáreas, lo que equivale a más de 250.000 hectáreas por año, 1 hectárea cada dos minutos.
En ese período se perdió el 70% de los bosques nativos originales y la deforestación aumentó fuertemente en la última década por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Sin embargo, la nueva norma frenó a las topadoras.
"Es importante que ya haya provincias que estén avanzando en el ordenamiento del territorio. Algunas han tenido algún ruido por falta de participación ciudadana. Sin embargo, sigue sin instrumentarse el fondo que se creó para la protección. Eso sin mencionar que el monto establecido por ley representaba para este año unos 800 millones de pesos y sólo fueron asignados 300", indicó María Eugenia Di Paola, directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Según Di Paola esta dilación en la implementación ha actuado en detrimento de la moratoria de desmonte en varias provincias. Al tiempo que destacó: "Lo que hay que combatir es el desmonte ilegal, que todavía existe. Es necesario que las autoridades, en conjunto con la ciudadanía trabajen en el monitoreo".
Cuencas hídricas
La contaminación de las cuencas hídricas también son un problema ambiental profundo. Casi con el mismo nivel de polución que la del Riachuelo, en la provincia de Buenos Aires está la del Reconquista. Su cuenca cubre unos 1670 kilómetros cuadrados y su recorrido atraviesa 18 partidos de la provincia de Buenos Aires hasta desembocar en el río Luján.
Según estudios científicos, el Reconquista aporta el 33% de la contaminación industrial y cloacal al estuario del Río de la Plata. De las 12.000 industrias radicadas en su cuenca, se ha estima que unas 700 vierten en sus aguas, de modo clandestino, efluentes con residuos. En esa misma cuenca, altamente contaminada, viven cerca de cuatro millones de personas y una población igualmente numerosa se relaciona o depende económicamente de las actividades que allí se desarrollan.
Al igual que en el Riachuelo, en la cuenca del Reconquista se conformó, en 2001, un comité para planificar las tareas de saneamiento. A casi diez años los resultados brillan por su ausencia.
"La ley sigue estando incumplida. Esta gestión ha divido la cuenca en tres partes pero no ha convocado a nadie a una reunión. Supuestamente se armarían 18 consejos consultivos y, hasta el momento, sólo hay dos", contó Adriana Córdoba, vecina de la zona y representante del Centro Oeste de Estudios Políticos, Sociales y Ambientales (Coepsa).
"No sabemos qué se va a hacer. No nos convocan para comunicarnos nada", agregó la vecina. Córdoba se refiere al plan oficial que se anunció en la provincia de Buenos Aires para realizar el saneamiento que requeriría unas inversión de unos 200 millones de dólares. Según fuentes oficiales, ese dinero provendría de un préstamo BID que estaría pre aprobado, y el plan comenzaría el año próximo.
Sin embargo, en Coepsa advierten: "En términos de saneamiento el proyecto no menciona una palabra. No explica cómo se va a hacer el control industrial ni si va a haber reconversión de las empresas que existen. Y sólo se destina un 3% a remediación".
Glaciares
El agua es un recurso estratégico para la Argentina. Una de las reservas más importantes con las que cuenta el país son los glaciares. Sin embargo, a dos años de que se vetara la norma que establecía no sólo su protección sino también la realización de un inventario de los gigantes de hielo, no se sancionó una nueva ley. Un prometeder avance es que el jueves pasado la Cámara de Diputados haya dado media sanción al proyecto de ley de protección de glaciares.
Los glaciares en claro retroceso en Argentina son: el Upsala, el Ameghino, el Viedma, en Santa Cruz y el Tronador, en Río Negro, entre otros.
"Las imágenes satelitales muestran claramente la tendencia de retroceso que tienen nuestros glaciares. La causa fundamental es el aumento de las temperaturas, aunque pueden existir otros factores como la reducción de la precipitación entre las causas", explicó Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nieve y Glaciares del Conicet.
En Cuyo los glaciares son fundamentales como reguladores de los recursos hídricos, en la zona norte de la Patagonia son reguladores de caudales de ríos y fuentes de energía y en el Sur, en El Calafate toda la actividad regional gira en torno al recurso. "La función reguladora los convierte en una reserva hidrológica fundamental. Me encantaría responder cuántos glaciares hay en la Argentina, pero lamentablemente los inventarios que existen no están actualizados. Un ejemplo: sólo una cuenca en Mendoza cuenta con 900 glaciares", indicó Villalba.
"Dada la importancia que tienen los glaciares cuesta creer que no dispongamos de una ley de protección de glaciares que permitirá, que además de la protección per se se pueda realizar el inventario", agregó. El científico cree que el error es pensar en una norma de protección como una ley para limitar un tipo de producción. "No se trata de una ley antiminera", dijo.
El cambio climático es un fenómeno global que altera las temperaturas promedios del planeta generando no sólo menos diferencias entre las estaciones del año sino también fenómenos extremos más frecuentes. Según algunos expertos, el fenómeno es consecuencia de la actividad humana, que provoca gases de efecto invernadero que no dejan salir el calor del planeta. El compromiso mundial que se firmó en el Protocolo de Kyoto que establecía la reducción de, al menos, un 5 por ciento de esos gases para 2012, meta que no será alcanzada.
Fecha de Publicación: 17/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los especialistas y las organizaciones sociales señalan la necesidad de actuar cuanto antes en temas como minería, depredación ictícola, deforestación, energías renovables, residuos domiciliarios y la contaminación del Riachuelo, entre otros
Uso racional de los recursos naturales, planeamiento territorial, protección de especies nativas, saneamiento de cursos de agua y aprovechamiento y reutilización de los desechos son algunos de los desafíos ambientales que afronta la Argentina. LA NACION halló diez temas en pleno debate en el seno de la sociedad argentina. Cada uno plantea un conflicto, pero también una posible solución.
Sociólogos, científicos, abogados, vecinos, autoridades gubernamentales, fueron consultados para poder tener un abanico de opiniones y sensaciones respecto de la relación del hombre y la naturaleza en el país.
Estos son los 10 desafíos ambientales que se plantearon:
Biodiversidad
Según las metas planteadas en la Convención de Diversidad Biológica, firmadas en 1992 por el gobierno argentino y ratificadas en 1994 por el Congreso Nacional mediante la ley 24.375, nuestro país debía alcanzar a proteger al menos un 10% de cada región natural terrestre para 2010 y marina para 2012, y asegurar que la mayor parte de esas áreas protegidas se encuentren bien implementadas (con guardaparques, presupuesto, plan de manejo, por ejemplo) para que cumplan efectivamente con su función.
Sin embargo, actualmente en la Argentina, sólo el 7,7% (214.969 kilómetros cuadrados) de la superficie continental se encuentra protegido. A la vez, sólo un 20% de estas áreas protegidas tiene un nivel aceptable de manejo, mientras que el 57% cuenta con nulo nivel de implementación. Por otro lado, la superficie de mar y costas con algún grado de protección representa el 0,85% (7927 kilómetros cuadrados). Se estima que de las 45 áreas marino-costeras protegidas, el 80% no cuenta con recursos para cumplir sus objetivos básicos.
Entre las especies en riesgo en el país se encuentran, entre otros, el cóndor andino, el oso hormiguero, el ocelote, el yaguareté, el ciervo de los pantanos, mientras que respecto de la flora podemos mencionar el alerce y la araucaria.
Precisamente este año fue declarado por la ONU como el de la Biodiversidad. Incluso, el último informe realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) sostiene que la preservación de los ecosistemas es tanto o más importante que la lucha contra el cambio climático. "La conservación de la diversidad biológica supone una contribución decisiva a la moderación de la escala del cambio climático y a la reducción de sus impactos negativos, haciendo que los ecosistemas, y por lo tanto las sociedades humanas, tengan una mayor capacidad de recuperación. Es esencial que los retos relacionados con la diversidad biológica y el cambio climático sean abordados de manera coordinada y se les dé igual prioridad", dijo Ban Ki-moon, secretario general de la ONU.
Minería
La minería es una actividad que genera resistencia en algunas zonas de la Argentina. Catamarca es una región ancestral a la que la megaminería llegó para quedarse. Es una provincia minera que alberga, desde hace más de 10 años, a Bajo de La Alumbrera, el yacimiento de oro y cobre más grande del país. Desde fines de 2009, diversos grupos de ambientalistas de la ciudad de Andalgalá han pasado a la militancia abierta para resistir la presentación de nuevos proyectos extractivos, como el de la Minera Agua Rica, aprobados o en vías de aprobación por parte de las autoridades. El denominador común en casi todos estos enfrentamientos es la falta de diálogo entre las autoridades y los ciudadanos. Estas iniciativas nacieron por la movilización de habitantes de las localidades afectadas, pero luego se sumaron militantes de otras provincias y de organizaciones no gubernamentales de alcance nacional.
"Este ciclo de movilización social, cuyo blanco principal son las transnacionales mineras, se enmarca en las propias lógicas estatales. Estas abarcan la promoción de la industria extractiva minero-exportadora como política de Estado, el aprovechamiento de sus exiguas regalías y escasos puestos de trabajo temporarios por parte de los gobiernos provinciales, y la debilidad de la institucionalidad ambiental que de manera notoria caracteriza a la Argentina. Aunque el marco jurídico que regula la protección del ambiente es tan exhaustivo como robusto, no opera como guía de las políticas públicas, pero habilita a los afectados en sus reclamos", sostiene Gabriela Delamata, investigadora del Conicet y profesora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín.
Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientales, opinó: "El régimen jurídico aplicable a la minería cuenta con un tratamiento impositivo y financiero diferencial, con beneficios exclusivos para el sector como ninguna otra actividad. Ello permite que coexistan empresas inmensamente ricas y pueblos extremadamente pobres como ocurre en Catamarca, donde la actividad de la mina La Alumbrera, a pesar de estar en funcionamiento desde mediados de la década pasada y con exportaciones que superan el presupuesto provincial, no ha mejorado ni un ápice".
Según el abogado, "la megaminería es inherentemente contaminante e insostenible. Estamos ante una nueva modalidad de explotación, imposible de controlar, diferente de la minería tradicional. Esta megaminería se realiza a cielo abierto con el uso de colosales cantidades de explosivos y sustancias extremadamente tóxicas como el mercurio, el cianuro y el ácido sulfúrico, entre otras".
En la industria aseguran que cumplen con todas las reglamentaciones que exige el Estado para cada uno de los proyectos y que, antes de iniciar cualquier acción, deben presentar un estudio de impacto ambiental que asegure la sustentabilidad del emprendimiento.
Residuos
La basura domiciliaria es un problema en todo el país. Sin embargo, en las conglomerados urbanos es donde más se padece. Para tener una idea, sólo en la Capital y el conurbano bonaerense se generan diariamente 12.000 toneladas de residuos. Todo ese material luego se transporta a rellenos sanitarios que se encuentran en la provincia de Buenos Aires. La recuperación y reutilización de gran porcentaje del material que se tira es una de las posibles soluciones. En muchas jurisdicciones existen leyes para disminuir paulatinamente la cantidad de residuos; sin embargo, por ahora no hay resultados visibles. Los cartoneros, que surgieron tras la crisis económica y social de 2001, reciclan apenas un 11% de los residuos que se generan en la ciudad.
Uno de los planes que está funcionando es la recolección de aceite vegetal usado. Un buen ejemplo de prácticas sostenibles -en un emprendimiento público-privado- es el que realizan la empresa Gas Meridional y la ONG Reciduca. "Desarrollamos un circuito de recolección de aceite vegetal usado en el nivel gastronómico en el municipio de San Isidro. La idea era evitar que ese aceite fuera vertido al cauce público, obstruyendo drenajes y contaminando el río; que fuera reingresado al circuito gastronómico por los recolectores informales, y además que con el mismo se lograra la sustentabilidad a corto plazo. Hace más de un año iniciamos la implementación del programa, realizando la recolección, con un vehículo y personal propio, tímidamente en 20 comercios. Hoy, hay 90 comercios adheridos, un promedio mensual de 3300 litros y un total de 30.000 litros de aceite recolectados en el primer año", explicó Matías Meszaros, responsable de RSE de Gas Meridional.
Este aporte se sumó al plan bonaerense denominado Plan Bio, que persigue el cuidado del ambiente y el desarrollo de energías alternativas. Según cifras oficiales, se han recolectado más de 240.000 litros de aceite vegetal usado para ser convertido en biocombustible. El programa funciona en alrededor de 60 municipios de la provincia y con él se beneficia a más de 200 instituciones sociales. Hay más de 300 restaurantes, clubes y corredores gastronómicos adheridos al plan. La producción de biodiésel a partir del aceite de cocina usado tiene un rendimiento establecido que permite generar por cada 1,25 litros de aceite que recolectamos, cerca de 1 litro del biocombustible.
Para más información sobre el plan o consultas para participar o adherir al mismo se pueden visitar la Web www.opds.gba.gov.ar
Agroquímicos
El avance de la frontera agropecuaria generó un debate que sigue abierto: el uso de agroquímicos en las plantaciones cuyo uso podría ser nocivo para la salud de las personas. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo de la Nación realizó un estudio en el que determinó que más de 2 millones de chicos están expuestos al uso de agroquímicos.
El informe, según Cristina Maiztegui, responsable del Area de Medio Ambiente de la Defensoría, unos 6,5 millones de niños, niñas y adolescentes (el 53% de la población infantil) "viven en departamentos con alta vulnerabilidad social. Al respecto, la peor situación referida a la falta de infraestructura de servicios sanitarios se encuentra principalmente en 193 departamentos ubicados en el norte del país y en otras áreas urbanas". La Defensoría destacó que en el caso de la utilización de agroquímicos, los departamentos mendocinos de Guaymallén y Maipú se encuentran entre los que más efectos nocivos provocan a su población infantil, seguidos por la localidad bonaerense de Florencio Varela y las sanjuaninas Pocito y Rawson.
El investigador del Conicet Andrés Carrasco opinó al respecto: "Estas tecnologías (que mejoran la productividad de las plantaciones, especialmente de la soja) no son neutrales y son traccionadas por los modelos de producción traídos de afuera con el consentimiento del Estado. Los agroquímicos son venenos y siempre serán venenos contaminantes en tanto y en cuanto se apliquen de este modo. Las empresas tercerizan para saber cuánto de tóxico tienen los productos. El Senasa no puede delegar ese control antes de poner un paquete toxicológico en el mercado".
Entre las regiones no figuran Santa Fe o las regiones bonaerenses con explotaciones sojeras. "A partir del mapa estamos trabajando en la recategorización de los agroquímicos. No pudieron evaluarse ya algunos que son considerados como benévolos (el glifosato es uno de ellos) y no se puede medir el impacto ambiental real que tienen. Hay que poner en tema en la agenda pública", agregó Maiztegui.
Uno de los agroquímicos que más polémica generan es el glifosato, principio activo de herbicida que actúa bloqueando la actividad de una enzima sin la cual los vegetales mueren. Se trata de un producto que lleva más de 30 años de vigencia y se lo utiliza en unos 140 países. "Se lo comenzó a utilizar en 1974, o sea que en el mundo hay una experiencia de más de 35 años de uso", señaló Pablo Grosso en una nota publicada por LA NACION, director de Gestión Tecnológica de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que agrupa a firmas proveedoras de agroquímicos. Según él es el producto fitosanitario (es decir, de protección de los cultivos) más utilizado en el mundo. "Se usan aproximadamente 2000 millones de litros y la Argentina representa el 8,5% de ese total, con 170 millones de litros", añadió.
Energías renovables
La incorporación de las energías renovables a la matriz energética nacional es uno de los desafíos más importantes que tiene la Argentina. La escasez de combustibles fósiles y el bajo nivel de contaminación que generan alientan este desarrollo. La energía solar, la eólica, la geotermia y la biomasa tienen un gran potencial en el territorio. Aunque las energías renovables cuentan con sólo 30 MW instalados principalmente por cooperativas eléctricas entre 1994 y 2002, el futuro es alentador. Hace un par de semanas se adjudicaron 895 megavatios en proyectos de distintos tipos de renovables.
"En esta industria naciente de energías renovables en el país estamos más que contentos. Estos proyectos, en el marco del programa de Energías Renovables del Ministerio de Planificación Federal (Genren) van a dar la diversidad y la descentralización necesarias para que en todo el país haya algún proyecto con generación de energía limpia", explicó Carlo St. James, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables. Según St. James, la generación de energía de estos proyectos representará el 3 por ciento de la matriz energética. "Para 2016 debería haber instalado un 8 por ciento. Si seguimos en este camino estamos cerca de cumplirlo", sostuvo.
Aunque este valor ha crecido en los últimos años, está muy por debajo de los valores que se manejan en otros países: Estados Unidos con 35.159 MW, Alemania con 25.777 MW, China con 25.104 MW. Actualmente se calcula que a nivel mundial hay instalados 159.213 MW. En Argentina hay 15 parques eólicos operando. Y para tener una idea de la dimensión, Atucha genera unos 250 megavatios de energía, capaz de abastecer a una población de 600.000 habitantes.
Riachuelo
El Riachuelo es el espejo de los problemas ambientales de la Argentina. Intereses económicos, superposición de jurisdicciones, industrias poco sustentables y falta de saneamiento son algunos de los impedimentos para que este río se vea como un río, huela como un río y contenga la calidad de vida y agua de un río desde hace 200 años. A dos años de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara a los estados nacional y bonaerense el saneamiento del curso de agua, los avances son escasos y los plazos impuestos por el máximo tribunal para realizar inspecciones, estudios y relocalización de poblaciones, están en su mayoría vencidos. Sin embargo, el protagonismo de la Corte y del juez de ejecución del fallo, Luis Armella, generan una esperanza en los vecinos daminificados.
"Necesitamos enriquecer este endeble Estado de Derecho, con observaciones constructivas hacia el mejor y real cumplimiento de la causa. Una posibilidad es la de entablar debates académicos sobre cómo profundizar o no la judicialización de las cuestiones ambientales y administrativas en la causa Riachuelo. Se tiene que castigar al contaminador, y meterlo preso si no resuelve la contaminación que generó. La impunidad nos juega en contra, y mientras no ataquemos a la corrupción, madre de nuestras mayores desgracias, todo nos resultará imposible", opinó Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos de La Boca, una de las ONG que conforman el Cuerpo Colegiado que debe monitorear el cumplimiento del fallo.
Para Alberti también es fundamental el involucramiento por parte de la comunidad en el plan de saneamiento. "Estamos ante una oportunidad históricamente única, con instituciones y organizaciones de principalísimo nivel ocupándose. No debemos permitirnos como sociedad vivir el tema como una nueva experiencia infructuosa", agregó el vecino.
Pesca
En los últimos 20 años desapareció el 70% del total de la población de merluza y un 80% de los especímenes adultos. Esto significa que de diez ejemplares hoy sólo dos llegan a la adultez porque el resto es pescado cuando todavía se halla en el estadio juvenil. Según un informe de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA)basado en los últimos datos públicos disponibles, en 2008, el 61% de los ejemplares de merluza desembarcados en puertos correspondió a juveniles. Eso significa que de los 1,2 millones de toneladas de adultos, pasamos a sólo 200.000, en 20 años. "Los juveniles están sosteniendo los que podrían ser los últimos años del negocio de la merluza", explicó Guillermo Cañete, coordinador del Programa Marino de la FVSA. Una de las iniciativas que Vida Silvestre es pedir a la ciudadanía que no consuma merluza que mida menos de 25 cm.
"El sistema pesquero, como todo sistema, tiene una lógica. Dejar crecer los peces, hasta su primera reproducción, antes de retirarlos del agua, debería ser la premisa de cualquier política pesquera sustentable y rentable", agregó Cañete.Para la ONG, pescar juveniles representa un "mal negocio", es un riesgo para la pesca en el corto plazo y una "pérdida de millones de dólares en el presente". Según datos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), un ejemplar juvenil de merluza puede pesar, en promedio, 145 gramos, mientras que el peso de un adulto comienza en los 315 gramos. Si se pesca merluza sin utilizar dispositivos de selectividad, sólo sobrevive el 48 % al cabo de un año. Pero si se implementan estos recursos para evitar su captura, sobreviviría el 74%, que podrían duplicar su peso en ese mismo plazo.
Aunque el propio Subsecretario de Pesca, Norberto Yauhar, reconoció que "ni la sustentabilidad, ni la seguridad alimentaria serán posibles mientras exista pesca ilegal, no declarada y no reglamentada", la política adoptada por el gobierno, por ahora, no logra solucionar las amenazas ni garantizar la estabilidad del sector.
"Los indicadores ambientales revelan que la situación empeora cada año, y el cierre de empresas y los despidos de miles de trabajadores lo confirman. Sin embargo, ni las medidas adoptadas para la pesca de merluza en 2010, ni los discursos de la Subsecretaría de Pesca reconocieron, hasta ahora, la gravedad de la situación. Celebramos este cambio de actitud, pero es solo un parte de la transformación necesaria en materia de gestión pesquera", opinó Diego Moreno, director general de la ONG.
Bosques
La Argentina se encuentra en emergencia forestal. Hace tres años el Congreso sancionó una ley de presupuestos mínimos que obliga a las provincias a realizar un ordenamiento territorial en el que debe establecer el nivel de protección de sus bosques. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2006 la superficie deforestada fue de 2.295.567 hectáreas, lo que equivale a más de 250.000 hectáreas por año, 1 hectárea cada dos minutos.
En ese período se perdió el 70% de los bosques nativos originales y la deforestación aumentó fuertemente en la última década por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Sin embargo, la nueva norma frenó a las topadoras.
"Es importante que ya haya provincias que estén avanzando en el ordenamiento del territorio. Algunas han tenido algún ruido por falta de participación ciudadana. Sin embargo, sigue sin instrumentarse el fondo que se creó para la protección. Eso sin mencionar que el monto establecido por ley representaba para este año unos 800 millones de pesos y sólo fueron asignados 300", indicó María Eugenia Di Paola, directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Según Di Paola esta dilación en la implementación ha actuado en detrimento de la moratoria de desmonte en varias provincias. Al tiempo que destacó: "Lo que hay que combatir es el desmonte ilegal, que todavía existe. Es necesario que las autoridades, en conjunto con la ciudadanía trabajen en el monitoreo".
Cuencas hídricas
La contaminación de las cuencas hídricas también son un problema ambiental profundo. Casi con el mismo nivel de polución que la del Riachuelo, en la provincia de Buenos Aires está la del Reconquista. Su cuenca cubre unos 1670 kilómetros cuadrados y su recorrido atraviesa 18 partidos de la provincia de Buenos Aires hasta desembocar en el río Luján.
Según estudios científicos, el Reconquista aporta el 33% de la contaminación industrial y cloacal al estuario del Río de la Plata. De las 12.000 industrias radicadas en su cuenca, se ha estima que unas 700 vierten en sus aguas, de modo clandestino, efluentes con residuos. En esa misma cuenca, altamente contaminada, viven cerca de cuatro millones de personas y una población igualmente numerosa se relaciona o depende económicamente de las actividades que allí se desarrollan.
Al igual que en el Riachuelo, en la cuenca del Reconquista se conformó, en 2001, un comité para planificar las tareas de saneamiento. A casi diez años los resultados brillan por su ausencia.
"La ley sigue estando incumplida. Esta gestión ha divido la cuenca en tres partes pero no ha convocado a nadie a una reunión. Supuestamente se armarían 18 consejos consultivos y, hasta el momento, sólo hay dos", contó Adriana Córdoba, vecina de la zona y representante del Centro Oeste de Estudios Políticos, Sociales y Ambientales (Coepsa).
"No sabemos qué se va a hacer. No nos convocan para comunicarnos nada", agregó la vecina. Córdoba se refiere al plan oficial que se anunció en la provincia de Buenos Aires para realizar el saneamiento que requeriría unas inversión de unos 200 millones de dólares. Según fuentes oficiales, ese dinero provendría de un préstamo BID que estaría pre aprobado, y el plan comenzaría el año próximo.
Sin embargo, en Coepsa advierten: "En términos de saneamiento el proyecto no menciona una palabra. No explica cómo se va a hacer el control industrial ni si va a haber reconversión de las empresas que existen. Y sólo se destina un 3% a remediación".
Glaciares
El agua es un recurso estratégico para la Argentina. Una de las reservas más importantes con las que cuenta el país son los glaciares. Sin embargo, a dos años de que se vetara la norma que establecía no sólo su protección sino también la realización de un inventario de los gigantes de hielo, no se sancionó una nueva ley. Un prometeder avance es que el jueves pasado la Cámara de Diputados haya dado media sanción al proyecto de ley de protección de glaciares.
Los glaciares en claro retroceso en Argentina son: el Upsala, el Ameghino, el Viedma, en Santa Cruz y el Tronador, en Río Negro, entre otros.
"Las imágenes satelitales muestran claramente la tendencia de retroceso que tienen nuestros glaciares. La causa fundamental es el aumento de las temperaturas, aunque pueden existir otros factores como la reducción de la precipitación entre las causas", explicó Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nieve y Glaciares del Conicet.
En Cuyo los glaciares son fundamentales como reguladores de los recursos hídricos, en la zona norte de la Patagonia son reguladores de caudales de ríos y fuentes de energía y en el Sur, en El Calafate toda la actividad regional gira en torno al recurso. "La función reguladora los convierte en una reserva hidrológica fundamental. Me encantaría responder cuántos glaciares hay en la Argentina, pero lamentablemente los inventarios que existen no están actualizados. Un ejemplo: sólo una cuenca en Mendoza cuenta con 900 glaciares", indicó Villalba.
"Dada la importancia que tienen los glaciares cuesta creer que no dispongamos de una ley de protección de glaciares que permitirá, que además de la protección per se se pueda realizar el inventario", agregó. El científico cree que el error es pensar en una norma de protección como una ley para limitar un tipo de producción. "No se trata de una ley antiminera", dijo.
El cambio climático es un fenómeno global que altera las temperaturas promedios del planeta generando no sólo menos diferencias entre las estaciones del año sino también fenómenos extremos más frecuentes. Según algunos expertos, el fenómeno es consecuencia de la actividad humana, que provoca gases de efecto invernadero que no dejan salir el calor del planeta. El compromiso mundial que se firmó en el Protocolo de Kyoto que establecía la reducción de, al menos, un 5 por ciento de esos gases para 2012, meta que no será alcanzada.
Para las mineras, la actividad no es contaminante
Para las mineras, la actividad no va en contra del medio ambiente
Fecha de Publicación: 17/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El presidente de la cámara del sector dice que en el país se creó una falsa antinomia
Manuel C. Benítez se reconoce un "apasionado de la roca, un convencido de la potencialidad de la minería en la Argentina". Abogado, especializado en derecho minero, preside la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), entidad que agrupa a las principales compañías del sector, en el que dominan las firmas canadienses, como Barrick Gold.
Con mapas gigantes en los que se marca la riqueza minera de la Argentina, la copia de una declaración de apoyo de varias universidades nacionales a la actividad y muchas estadísticas que muestran que la minería usa menos agua que la agricultura, entre otras cosas, Benítez llega a la entrevista con LA NACION armado para la defensa de un sector económico cuestionado.
Evita referirse al cerrado apoyo de la administración Kirchner a la minería de la misma forma que esquiva referencias directas a los dirigentes políticos que reclaman cambios en la regulación minera. "De la minería se habla mucho, pero se la conoce poco. Sin minería hay provincias que estarían en una situación muy complicada. En Catamarca, representa del 65 al 70 por ciento del producto bruto. El 80% de San Juan es roca y si no hubiera minería, la gente se vendría al conurbano", afirmó.
-Se está tratando una ley de glaciares que involucra a la minería y algún legislador también sugiere rever la regulación de la actividad. ¿Cuál es la posición del sector?
-Hay que confiar en lo institucional, en que salga la mejor ley [de glaciares]. Por otro lado, creo que se ha creado lastimosamente una falsa antinomia entre minería y medio ambiente, cosa que no se ve en el resto del mundo. Cuando ves una mina, te das cuenta de todo lo que produce alrededor, de la movilidad social real y concreta que genera. En los 90, las leyes de promoción minera y la ley ambiental minera fueron votadas por todos los bloques porque veían esto. En provincias que tenés roca tenés que hacer minería porque si no la gente se va. No toda la Argentina es la pampa húmeda.
-¿Cuál es el riesgo ambiental de la actividad minera?
-La minería es una actividad nueva en el país y, por lo tanto, no hay mucha información. Es la única actividad que tiene una ley ambiental específica y que cuenta con la mayor cantidad de controles cruzados. Hasta ahora, no hemos tenido en el país ni un solo accidente ni tampoco un solo caso de contaminación ambiental.
-Pero el mineraleducto de la Alumbrera, una de las más grandes, tuvo pérdidas...
-Ese mineraleducto transporta barro compuesto básicamente por los minerales que se extraen de la mina y no es contaminante. En el peor caso si vierte el mismo contenido del suelo.
-El agua y el cianuro son temas recurrentes.
-En minería, el agua que se usa es reciclable y no hay antecedentes de contaminación porque los circuitos son cerrados. La mitología dice que Alumbrera usa cianuro, pero no es así. Sí, se usa en otros proyectos, pero se trata de un elemento que controlado no tiene ningún riesgo. Cuando entra en contacto con el aire, el cianuro se descompone.
-¿Cuál es el estatus fiscal de la minería?
-Esto es parte de la mitología que debemos desterrar. La minería paga todos los impuestos: ganancias, rentas provinciales, cargas sociales, etcétera. La única diferencia que puede haber es que, como se trata de una actividad de mucho riesgo, goza de un período de estabilidad fiscal durante el tiempo que dure el proyecto.
-¿Por qué es tan escaso el valor agregado de las exportaciones?
-La Argentina exporta concentrado, lo que llamamos barro, y bullion, una mezcla de oro y plata. Pero estamos trabajando con San Juan y Catamarca para poner una planta de tratamiento de cobre. No se hizo antes porque hay que tener una masa crítica de mineral. En Alumbrera se producen hasta cien lingotes de oro por mes, la idea es tener mucho más.
-¿Cómo ve el futuro del sector?
-La Argentina tiene una riqueza muy importante, que forma parte de la misma estructura geológica que Chile, donde el 60% de las exportaciones son minerales. Además, la minería que ha venido a nuestro país es de calidad y alta sofisticación. Estamos hablando de países con controles, básicamente de Canadá, que tiene el 44% de las inversiones mineras en la Argentina. Pero también de Estados Unidos, Australia, Suiza e Inglaterra. Por otro lado, el litio -que se usa en la baterías de los autos eléctricos- y el uranio -de uso en la generación de energía- tienen una potencialidad fantástica.
En 2009, se anunciaron cuatro grandes proyectos por US$ 750 millones: Gualcamayo, en San Juan; Manantial Espejo, en Santa Cruz; Pirquitas, en Jujuy, y Sierra Grande, en Río Negro. Se van a generar 8000 empleos directos y habrá 700 nuevas pequeñas y medianas empresas proveedoras. El aporte de la minería al PBI argentino hace 15 años era del 0,3%, ahora es de entre el 3,5 y el 4 por ciento.
Fecha de Publicación: 17/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El presidente de la cámara del sector dice que en el país se creó una falsa antinomia
Manuel C. Benítez se reconoce un "apasionado de la roca, un convencido de la potencialidad de la minería en la Argentina". Abogado, especializado en derecho minero, preside la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), entidad que agrupa a las principales compañías del sector, en el que dominan las firmas canadienses, como Barrick Gold.
Con mapas gigantes en los que se marca la riqueza minera de la Argentina, la copia de una declaración de apoyo de varias universidades nacionales a la actividad y muchas estadísticas que muestran que la minería usa menos agua que la agricultura, entre otras cosas, Benítez llega a la entrevista con LA NACION armado para la defensa de un sector económico cuestionado.
Evita referirse al cerrado apoyo de la administración Kirchner a la minería de la misma forma que esquiva referencias directas a los dirigentes políticos que reclaman cambios en la regulación minera. "De la minería se habla mucho, pero se la conoce poco. Sin minería hay provincias que estarían en una situación muy complicada. En Catamarca, representa del 65 al 70 por ciento del producto bruto. El 80% de San Juan es roca y si no hubiera minería, la gente se vendría al conurbano", afirmó.
-Se está tratando una ley de glaciares que involucra a la minería y algún legislador también sugiere rever la regulación de la actividad. ¿Cuál es la posición del sector?
-Hay que confiar en lo institucional, en que salga la mejor ley [de glaciares]. Por otro lado, creo que se ha creado lastimosamente una falsa antinomia entre minería y medio ambiente, cosa que no se ve en el resto del mundo. Cuando ves una mina, te das cuenta de todo lo que produce alrededor, de la movilidad social real y concreta que genera. En los 90, las leyes de promoción minera y la ley ambiental minera fueron votadas por todos los bloques porque veían esto. En provincias que tenés roca tenés que hacer minería porque si no la gente se va. No toda la Argentina es la pampa húmeda.
-¿Cuál es el riesgo ambiental de la actividad minera?
-La minería es una actividad nueva en el país y, por lo tanto, no hay mucha información. Es la única actividad que tiene una ley ambiental específica y que cuenta con la mayor cantidad de controles cruzados. Hasta ahora, no hemos tenido en el país ni un solo accidente ni tampoco un solo caso de contaminación ambiental.
-Pero el mineraleducto de la Alumbrera, una de las más grandes, tuvo pérdidas...
-Ese mineraleducto transporta barro compuesto básicamente por los minerales que se extraen de la mina y no es contaminante. En el peor caso si vierte el mismo contenido del suelo.
-El agua y el cianuro son temas recurrentes.
-En minería, el agua que se usa es reciclable y no hay antecedentes de contaminación porque los circuitos son cerrados. La mitología dice que Alumbrera usa cianuro, pero no es así. Sí, se usa en otros proyectos, pero se trata de un elemento que controlado no tiene ningún riesgo. Cuando entra en contacto con el aire, el cianuro se descompone.
-¿Cuál es el estatus fiscal de la minería?
-Esto es parte de la mitología que debemos desterrar. La minería paga todos los impuestos: ganancias, rentas provinciales, cargas sociales, etcétera. La única diferencia que puede haber es que, como se trata de una actividad de mucho riesgo, goza de un período de estabilidad fiscal durante el tiempo que dure el proyecto.
-¿Por qué es tan escaso el valor agregado de las exportaciones?
-La Argentina exporta concentrado, lo que llamamos barro, y bullion, una mezcla de oro y plata. Pero estamos trabajando con San Juan y Catamarca para poner una planta de tratamiento de cobre. No se hizo antes porque hay que tener una masa crítica de mineral. En Alumbrera se producen hasta cien lingotes de oro por mes, la idea es tener mucho más.
-¿Cómo ve el futuro del sector?
-La Argentina tiene una riqueza muy importante, que forma parte de la misma estructura geológica que Chile, donde el 60% de las exportaciones son minerales. Además, la minería que ha venido a nuestro país es de calidad y alta sofisticación. Estamos hablando de países con controles, básicamente de Canadá, que tiene el 44% de las inversiones mineras en la Argentina. Pero también de Estados Unidos, Australia, Suiza e Inglaterra. Por otro lado, el litio -que se usa en la baterías de los autos eléctricos- y el uranio -de uso en la generación de energía- tienen una potencialidad fantástica.
En 2009, se anunciaron cuatro grandes proyectos por US$ 750 millones: Gualcamayo, en San Juan; Manantial Espejo, en Santa Cruz; Pirquitas, en Jujuy, y Sierra Grande, en Río Negro. Se van a generar 8000 empleos directos y habrá 700 nuevas pequeñas y medianas empresas proveedoras. El aporte de la minería al PBI argentino hace 15 años era del 0,3%, ahora es de entre el 3,5 y el 4 por ciento.
Cristina no va a vetar la ley de glaciares
Afirman que esta vez Cristina no va a vetar la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 16/07/2010
Fuente: IEco
Provincia/Región: Nacional
Rossi dijo que se lo había transmitido la Presidenta. El tema se define en el Senado.
Agustín Rossi, evitó conjeturas. El jefe del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados aseguró que "cualquiera sea la decisión que tome el Congreso, la Presienta de la Nación me transmitió que no va a vetar la sanción que dicte el Parlamento ". Y así descartó la posibilidad de que el proyecto de ley de protección de glaciares aprobado en la madrugada de ayer en general (la sesión quedó sin quórum antes de completarse la votación en particular) corra la misma suerte que otro texto similar aprobado en 2008, vetado por Cristina tras su aprobación en ambas cámaras. El proyecto debe volver al Senado.
El debate en el recinto duró más de ocho horas y nunca bajó su temperatura. Tras un encadenamientos de cruces y denuncias, terminó a pura tensión. Rossi, que había intentado postergar el debate, sin éxito, tras desconocer el acuerdo al que se había llegado para conciliar los proyectos del senador oficialista Daniel Filmus (con media sanción en la Cámara alta) y el de la oposición, fogoneado por Miguel Bonasso, embistió contra el diputado cercano a Fernando Solanas.
"Debo reconocerle algo al senador Filmus: sentarse a negociar con Bonasso después de los insultos que Bonasso le dijo en ese programa de televisión, habla realmente de la hombría de bien del senador Filmus", aseguró el santafesino, pese a que acababa de desautorizar la negociación llevada adelante por el senador K. Bonasso pidió la palabra para replicar, pero sólo obtuvo como respuesta una cadena de insultos de la bancada kirchnerista. Como acostumbra, Carlos Kunkel se hizo notar por el volumen de sus groserías: "Mentiroso y mercenario", le gritó a Bonasso, ex aliado oficialista.
Al exponer, Bonasso había acusado a la Presidenta y al secretario de Minería, Jorge Mayoral, de defender los intereses de la minera Barrick Gold, que construye un yacimiento en la frontera sanjuanina con Chile. En su proyecto, un calco del que vetó la Presidenta, Bonasso incorporó a la preservación de las zonas periglaciares la definición utilizada en el proyecto de Filmus para los de baja montaña. Pero al votarse en particular rechazó las modificaciones que pidió el macrismo en ese artículo y complicó el resto del debate.
Tras un amplio triunfo -129 a 86- para imponer la ley en general, la mayoría opositora aprobó el estratégico artículo segundo -que prohíbe la explotación minera en zonas aledañas a los glaciares que pongan en riesgo los recursos hídricos- por 114 a 96, por las disidencia del PRO. Varios macristas se retiraron y el kirchnerismo aprovechó para irse en masa, tras la votación del artículo 5°. Igual, la mayoría cree que no tendrá problemas en completar la votación tras el receso invernal y que no sucederá lo mismo con la ley de bosques nativos que tardó más de un año en votarse en particular.
El PRO aseguró en un comunciado que "dio los votos para que la ley de protección de glaciares fuera aprobada en general con mayoría absoluta", pero afirmaron que mantienen "diferencias con algunas redacciones en particular".
Y agregó: "es importante analizar un aspecto del acuerdo de Bonasso y Filmus, que prohíbe la actividad industrial en zonas de Cordillera con suelos congelados.
Fecha de Publicación: 16/07/2010
Fuente: IEco
Provincia/Región: Nacional
Rossi dijo que se lo había transmitido la Presidenta. El tema se define en el Senado.
Agustín Rossi, evitó conjeturas. El jefe del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados aseguró que "cualquiera sea la decisión que tome el Congreso, la Presienta de la Nación me transmitió que no va a vetar la sanción que dicte el Parlamento ". Y así descartó la posibilidad de que el proyecto de ley de protección de glaciares aprobado en la madrugada de ayer en general (la sesión quedó sin quórum antes de completarse la votación en particular) corra la misma suerte que otro texto similar aprobado en 2008, vetado por Cristina tras su aprobación en ambas cámaras. El proyecto debe volver al Senado.
El debate en el recinto duró más de ocho horas y nunca bajó su temperatura. Tras un encadenamientos de cruces y denuncias, terminó a pura tensión. Rossi, que había intentado postergar el debate, sin éxito, tras desconocer el acuerdo al que se había llegado para conciliar los proyectos del senador oficialista Daniel Filmus (con media sanción en la Cámara alta) y el de la oposición, fogoneado por Miguel Bonasso, embistió contra el diputado cercano a Fernando Solanas.
"Debo reconocerle algo al senador Filmus: sentarse a negociar con Bonasso después de los insultos que Bonasso le dijo en ese programa de televisión, habla realmente de la hombría de bien del senador Filmus", aseguró el santafesino, pese a que acababa de desautorizar la negociación llevada adelante por el senador K. Bonasso pidió la palabra para replicar, pero sólo obtuvo como respuesta una cadena de insultos de la bancada kirchnerista. Como acostumbra, Carlos Kunkel se hizo notar por el volumen de sus groserías: "Mentiroso y mercenario", le gritó a Bonasso, ex aliado oficialista.
Al exponer, Bonasso había acusado a la Presidenta y al secretario de Minería, Jorge Mayoral, de defender los intereses de la minera Barrick Gold, que construye un yacimiento en la frontera sanjuanina con Chile. En su proyecto, un calco del que vetó la Presidenta, Bonasso incorporó a la preservación de las zonas periglaciares la definición utilizada en el proyecto de Filmus para los de baja montaña. Pero al votarse en particular rechazó las modificaciones que pidió el macrismo en ese artículo y complicó el resto del debate.
Tras un amplio triunfo -129 a 86- para imponer la ley en general, la mayoría opositora aprobó el estratégico artículo segundo -que prohíbe la explotación minera en zonas aledañas a los glaciares que pongan en riesgo los recursos hídricos- por 114 a 96, por las disidencia del PRO. Varios macristas se retiraron y el kirchnerismo aprovechó para irse en masa, tras la votación del artículo 5°. Igual, la mayoría cree que no tendrá problemas en completar la votación tras el receso invernal y que no sucederá lo mismo con la ley de bosques nativos que tardó más de un año en votarse en particular.
El PRO aseguró en un comunciado que "dio los votos para que la ley de protección de glaciares fuera aprobada en general con mayoría absoluta", pero afirmaron que mantienen "diferencias con algunas redacciones en particular".
Y agregó: "es importante analizar un aspecto del acuerdo de Bonasso y Filmus, que prohíbe la actividad industrial en zonas de Cordillera con suelos congelados.
Media sanción a la ley de glaciares
La oposición impuso el proyecto de ley de glaciares que vetó Cristina
Fecha de Publicación: 15/07/2010
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Fue por 129 votos a 86. No hubo acuerdo con el oficialismo y ahora pasa al Senado.
La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de hoy, un proyecto de protección de glaciares sobre la base del texto vetado por la Presidenta en 2008, pero con algunos cambios técnicos. Pasadas las 3, tras más de 8 horas de debate, la votación tuvo 129 votos afirmativos y 86 negativos. Fue aprobado entre fuertes cruces y acusaciones de diputados opositores por el presunto “lobby” de la minera Barrick Gold para obtener beneficios de Cristina Kirchner y del gobierno sanjuanino. Ahora el proyecto pasará al Senado.
“Queremos que haya agua para todos los argentinos. No queremos ser la Bolivia de Simón Patiño, un país que apostó a la riqueza minera y se convirtió en el más pobre de América Latina”, fundamentó Miguel Bonasso el proyecto que originalmente había presentado la ex diputada Marta Maffei, y remarcó que el emprendimiento de Pascua Lama -a cargo de la Barrick- insumiría 240 millones de litros de agua por día.
A último momento, Bonasso había llegado a un acuerdo para incluir algunos puntos del proyecto del senador kirchnerista Daniel Filmus que obtuvo media sanción en la Cámara Alta, para reunir un mayor consenso en la votación. Pero ante la resistencia de integrantes oficialistas de provincias mineras, Agustín Rossi -jefe del bloque K- pidió postergar el debate 15 días. La propuesta fue rechazada con duros discursos de Bonasso y Elisa Carrió, que encabezaron una presentación judicial para investigar el presunto “tráfico de influencias” para la construcción de Pascua Lama en San Juan, en la frontera con Chile.
“Una primicia de periodista: me acaba de llamar Filmus diciendo que me apoya si yo no quiero la postergación”, arrancó Bonasso, titular de la Comisión de Recursos Naturales. “Es evidente el lobby de la Barrick, esta es una movida de los diputados del PJ de San Juan”, aseguró Carrió, lo que generó una encendida respuesta de Juan Carlos Gioja, que llamó “mesiánicos y lengua suelta” a la líder de la CC, a Bonasso y a Solanas por rechazar el proyecto.
Más allá de la resistencia del oficialismo, algunos del PJ disidente y radicales de Catamarca, más las observaciones del PRO para la discusión en particular, el arco opositor avanzó con el proyecto que establece “presupuestos mínimos para la protección de los glaciares” y prohibe en esas zonas las actividades que “puedan afectar su condición natural”. Diputados cercanos al oficialismo, como Martín Sabbatella y Silvia Vázquez, adelantaron su apoyo a la iniciativa.
“Buscamos proteger la fábrica de agua del país”, insistió Fernanda Reyes, de la CC, y cuestionó los beneficios tributarios a las mineras. “El oficialismo no puede ocultar el lobby de las empresas sobre el Gobierno”, cuestionó Roy Cortina.
Sorprendió la forma en que el sanjuanino K, Héctor Tomas rechazó la ley: “Los recursos naturales son de las provincias. Somos los dueños de los glaciares. Yo no me meto en el Riachuelo”.
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La oposición le dio media sanción a la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 15/07/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Se aprobó a las 3.05. El kirchnerismo votó en contra, pese al consenso entre Filmus y Bonasso.
Otra la ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares logró ayer media sanción en la Cámara de Diputados tras un largo y duro debate que comenzó a las 15 y terminó por votarse en general a las 3.05 de hoy. En tanto, seguía esta madrugada la discusión para la votación en particular.
El texto aprobado esta madrugada es similar al que vetó hace un año y medio la presidenta Cristina Fernández. Fue reflotado por el diputado opositor Miguel Bonasso, quien el martes acordó con el senador oficialista Daniel Filmus algunas modificaciones. Filmus había presentado y logró media sanción en la Cámara Alta de otra ley de glaciares diferente.
El proyecto fue aprobado con los votos de la oposición (129 a 86), pero diputados opositores de provincias cordilleranas se ausentaron de la Cámara (Mendoza) y otros (Salta y Catamarca) votaron en contra.
El Frente para la Victoria (FPV) votó en contra, a pesar del acuerdo Filmus-Bonasso. Justamente el bloque oficialista, encabezado por Agustín Rossi, había pedido una prórroga para tratarlo en agosto. En la votación, la oposición le denegó esa moción. En el medio hubo varios cruces verbales.
"Los diputados de San Juan necesitan tiempo para sacar leyes provinciales que estén en conflicto con la ley nacional. Por eso no les vamos a dar tiempo", argumentó Bonasso.
La diputada de Córdoba Cecilia Merchán criticó la actitud del oficialismo: "No debería haber habido más dilaciones. Sin embargo, el oficialismo salió a pedir que se prorrogue la votación. Hoy el FPV demostró su vínculo con la Barrick Gold".
No sólo San Juan sino todas las provincias andino-mineras han apurado la aprobación en sus legislaturas de leyes de protección de glaciares. Ya lo hicieron Jujuy y La Rioja. Esta situación podría generar un cortocircuito jurídico y perjudicar la implementación efectiva de una norma protectora.
A su turno, Fernando "Pino" Solanas acusó a los Gioja (dos hermanos legisladores y otro gobernador de San Juan) de "personeros de la Barrick Gold" y recordó el encuentro que tuvo hace unas semanas con el presidente de esta empresa, Peter Munk, del que también participó la Presidenta.
En tanto, el diputado oficialista Juan Gioja acusó a la oposición de actuar con "virulencia, tanta violencia, tanta grosería, tanta liviandad, irrespetuosidad y tanta soberbia" y de "hablar estupideces", a la vez que defendió la actividad minera en su provincia.
Bonasso reveló que el propio Filmus le había anticipado minutos antes que acordaba con la prórroga, pero que si se rechazaba, "mantiene los términos del acuerdo" (lo votará) cuando el proyecto tenga que debatirse en el Senado. Nadie atinaba a explicarse en el oficialismo por qué Filmus avanzó en el consenso con Bonasso, pese a la resistencia de legisladores andinos.
Uno de éstos arriesgó ante este diario una interpretación: "Filmus quiso revertir el costo electoral ante los porteños. Pero no podemos digerir que dos legisladores de la Capital decidan una ley que afecta la explotación de los recursos naturales, que son de las provincias".
Ahora la norma deberá pasar a la Cámara Alta. En octubre de 2009 los senadores aprobaron por unanimidad el proyecto de Filmus, por lo que no se sabe como recibirán el texto aprobado en Diputados.
Tres claves para evitar el naufragio de la norma
Una ley vetada y dos proyectos con media sanción. Ése es el resultado de un debate que ya lleva más de tres años.
La protección de los glaciares y zona periglaciar mete el dedo en la llaga en la megaminería acusada de contaminar y de absorber los recursos hídricos en territorios donde lo que menos abunda es el agua.
Ya el Parlamento de la Unión Europea pidió que los países miembro prohíban el uso de cianuro en la minería y destacó que esta industria no es generadora de trabajo genuino y es insegura.
Ahora, además de la media sanción del Senado, tres interrogantes definirán cuál será el destino de nuestra principal reserva hídrica:
Inventario. Por ahora no se sabe cuánto territorio se protegerá, porque se desconoce la cantidad de glaciares que hay en Argentina. El texto promueve la creación de un inventario a un instituto del Conicet (Ianigla) que deberá fijar criterios para delimitar el área protegida.
Interpretación de la autoridad. La falta de precisión que tiene la ley en su definición de área periglaciar y otros puntos puede prestarse a interpretaciones antojadizas por parte de la autoridad de aplicación, las provincias cordilleranas y las mineras. Este detalle, alertado por las organizaciones ambientalistas, puede ser el sustento para que la megaminería siga en el territorio argentino.
Leyes provinciales. Jujuy, La Rioja y San Juan ya cuentan con leyes provinciales para "proteger" sus glaciares, aprobadas a contrarreloj. Se plantearía la inconstitucionalidad de estas normas más permisivas y que no se adecuan a los presupuestos mínimos del texto nacional, como prevé la Constitución Nacional. En este revuelto legislativo, las ganancias irían a las provincias mineras y a la industria.
Agroquímicos: La UNL dice que no sabe
Agroquímicos en Santa Fé: La Universidad Nacional del Litoral dice que no sabe
Fecha de Publicación: 15/07/2010
Fuente: Claudio Lowy - Renace
Provincia/Región: Santa Fe
La respuesta oficial de la Universidad Nacional del Litoral sobre la toxicidad de los agroquímicos al Juzgado donde se le dio lugar al recurso de amparo a favor de la población del Barrio Urquiza de la ciudad de San Jorge (prohibiendo las fumigaciones aéreas a menos de 1500 mts y las terrestres a menos de 800 con todo tipo de agroquímicos) indicaría, en el mejor de los casos, que la UNL dice que sus investigadores no saben cuáles son los plaguicidas que se aplican en los campos de Santa Fé, y que no confían en las investigaciones e informes toxicológicos disponibles.
El fallo en primera instancia a favor del amparo fue confirmado en diciembre del 2009 por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, que ordenó tambièn los estudios que estamos comentando.
El informe de los técnicos de la UNL
La Universidad consideró que el área pertinente para hacer el informe solicitado por el Juez era el Cetri-Litoral (Centro para la transferencia de los Resultados de la Investigación) en cabeza de su director el Ing. Daniel Scacchi, que depende de la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo, a cargo del Ingeniero Eduardo Matozo; ambos profesionales firmantes del informe enviado al Juzgado. Dice el informe del 12/05/10:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. …con el objeto de informarle que a los fines de poder contestar si esta Universidad se encuentra en condiciones de realizar la pericia solicitada se deberían requerir datos precisos respecto de cuales son los productos sobre los que la pericia debería expedirse acerca de su “grado de toxicidad” ya que tanto del oficio recibido como de la copia de la sentencia adjuntada al mismo no surge con precisión cuales son estos productos. Así mismo debería hacerse saber que el plazo de seis meses otorgado para realizar la pericia podría resultar exiguo para la realización de los estudios que se requieran.
¿Habrán sido tan poco claros el Juez y la Cámara en los estudios solicitados?
El fallo de la Cámara
El fallo de la Cámara dice que confirma la sentencia en lo que se refiere a la prohibición de fumigar y que: Tal prohibición lo será por un plazo de seis meses contados desde que quede firme la presente, lapso en el cual el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la Provincia deberá presentar al juez a quo un estudio conjuntamente con la Universidad Nacional del Litoral en el área que estime el mismo pertinente acerca del grado de toxicidad de los productos identificados al postular y si por los mismos es conveniente continuar con las fumigaciones o no. De igual forma el Ministerio de Salud efectuará durante igual lapso un estudio en los barrios comprometidos que permita discernir si durante ese período, las posibles afecciones que se denunciaran disminuyeron o no. Fecho lo cual y conforme el resultado obtenido, el Sr. Juez a cargo se expedirá sobre si corresponde continuar con la prohibición o bien adoptar una decisión distinta.
El fallo lo dice también con claridad en la hoja 1 punto I, cuáles son “los productos identificados al postular”
I.- Que según surge de lo documentado en autos, en fecha 16 de marzo de 2009 Viviana Peralta de Cavigliasso -ver fs. 36- y otros, … promovieron demanda de amparo contra …(la Municipalidad, los productores, la Provincia de Santa Fé)… a los fines de que se prohíba volver a fumigar en los campos de …en esa campaña agrícola y para el futuro, a menos de 800 metros, para fumigaciones terrestres y 1.500 metros, para fumigaciones aéreas ambos como mínimo, a contar del límite del ejido urbano (Barrio Urquiza) con ningún tipo de agroquímicos, teniendo en cuenta la Ley Provincial de Fitosanitarios 11.273, su decreto reglamentario 552/97, las condiciones particulares del lugar, las características tóxicas y los efectos nocivos que generan los productos utilizados para las fumigaciones (Roundup y/u otros) en perjuicio del medio ambiente, la salud de los seres humanos y los animales.
Es decir, la UNL a través del área que (según sus autoridades) estimen pertinente, debía expedirse sobre las características tóxicas y los efectos nocivos de los productos aprobados por la normativa vigente, y los que son utilizados en las fumigaciones.
Tanto aquí como en otro lugar de este informe de la UNL podría dar la impresión que los responsable no leyeron los fallos del juzgado y de la Cámara.
Interpretando la respuesta de la UNL
Tanta textualidad no tiene sentido si no la interpretamos
1. Dice la respuesta que la UNL que para responder a lo solicitado se deberían requerir datos precisos respecto de cuales son los productos sobre los que la pericia debería expedirse. Esto significaría que la UNL asume que ningún investigador o docente de su propio claustro conoce o puede acceder a un listado de cuales son los denominados fitosanitarios aprobados por las normas que cita el mismo fallo.
También es posible que los investigadores consultados consideren que además de los productos aprobados, se fumiguen con otros que no están autorizados, y que por eso quieren que se les diga con claridad cuáles son.
2. Dice que el plazo de seis meses podría resultar exiguo. Cabe remarcar aquí que el fallo de la Cámara ni la orden del Juez dicen que la UNL deba hacer las investigaciones de laboratorio. Lo que dice el fallo es que la UNL deberá presentar un estudio acerca del grado de toxicidad de los productos utilizados en las fumigaciones. Claramente, el estudio a presentar puede ser perfectamente una recopilación de los estudios ya realizados, en el caso de que estuvieran disponibles, para lo cual seis meses parecen ser un tiempo adecuado.
Es claro que los investigadores del a UNL no confían en los estudios disponibles, ya sea porque no son confiables o porque no están.
Los investigadores que la UNL consideró pertinentes para responder la requisitoria judicial, manifiestan a través de sus expresiones que no conocen cuáles son los agroquímicos que se aplican en Santa Fé, y desconfían de que haya investigaciones ya realizadas que puedan recopilarse para elaborar el estudio solicitado por la justicia.
Por supuesto, también es posible que se trate de una maniobra dilatoria. Si es así, habría que pensar en beneficio de quién es esa maniobra. ¿No tiene la UNL otros investigadores que sí estén en condiciones de responder la requisitoria judicial? Y si es así, ¿por qué las autoridades de la Universidad no los consideraron pertinentes?
El Informe CONICET sobre el Glifosato
En un segundo párrafo, el informe que la UNL envía al juzgado dice:
Así también debería hacerse saber que la presidenta Cristina Fernández creó en el mes de Enero de 2009 la Comisión Nacional de Investigación para que estudie la problemática causada por agroquímicos y que dicho organismo produjo a través del Comité de Ética del CONICET y el Consejo Científico Interdisciplinario ad hoc un análisis vinculado al estudio de los efectos del Glifosato y sus formulados sobre la salud humana y el ambiente.
Aquí también pareciera que los informantes no leyeron la documentación, ya que el fallo de Cámara cita expresamente ese informe en las páginas 29 y 30
Tanto la conformación del Comité que elaboró el informe del CONICET, como el informe en sí mismo, han sido cuestionados por integrantes de la comunidad científica; cabe citar los dos últimos párrafos de las conclusiones:
Aunque existen estudios para evaluar los impactos del glifosato en las especies no blanco, la mayoría de ellos no considera importantes aspectos ecológicos. Entre ellos, los impactos indirectos, los acumulativos, los de largo plazo, ni las reacciones sinérgicas que el agroquímico puede tener en el ecosistema y en las redes tróficas.
En Argentina no existen suficientes datos sobre los efectos del glifosato en la salud humana, por lo cual sería importante promover la realización de los estudios pertinentes.
A pesar de quienes lo firman y lo envían, el informe de la UNL al Juzgado de San Jorge está en línea con estas conclusiones: significa que no sólo no se sabe qué se fumiga, sino que tampoco se conocen las consecuencias sobre la salud de la población y sobre el ambiente.
Los estudios que asocian los agroquímicos a daños a la salud, tanto los que no fueron considerados por el informe del CONICET, como los que aparecieron después, como el de la Comisión de Salud de la Provincia de Chaco, muestran que los riesgos y daños a la saludo provocados por el uso de los agroquímicos es muy grave.
Todos los agroquímicos que se aplican deben ser aprobados, y si fueron aprobados tienen que tener un estudio que informe sobre todas sus toxicidades: las letales y las subletales, ya sean agudas, crónicas o subcrónicas; así como sobre todos los impactos ambientales, tomándose las medidas preventivas que correspondan. Y si no tienen esos estudios, entonces no deben estar ni deben ser aprobados; su aplicación debe estar prohibida, acompañada con la difusión, capacitación, los controles y las sanciones que sean necesarias para que esa prohibición sea efectiva.
Fecha de Publicación: 15/07/2010
Fuente: Claudio Lowy - Renace
Provincia/Región: Santa Fe
La respuesta oficial de la Universidad Nacional del Litoral sobre la toxicidad de los agroquímicos al Juzgado donde se le dio lugar al recurso de amparo a favor de la población del Barrio Urquiza de la ciudad de San Jorge (prohibiendo las fumigaciones aéreas a menos de 1500 mts y las terrestres a menos de 800 con todo tipo de agroquímicos) indicaría, en el mejor de los casos, que la UNL dice que sus investigadores no saben cuáles son los plaguicidas que se aplican en los campos de Santa Fé, y que no confían en las investigaciones e informes toxicológicos disponibles.
El fallo en primera instancia a favor del amparo fue confirmado en diciembre del 2009 por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, que ordenó tambièn los estudios que estamos comentando.
El informe de los técnicos de la UNL
La Universidad consideró que el área pertinente para hacer el informe solicitado por el Juez era el Cetri-Litoral (Centro para la transferencia de los Resultados de la Investigación) en cabeza de su director el Ing. Daniel Scacchi, que depende de la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo, a cargo del Ingeniero Eduardo Matozo; ambos profesionales firmantes del informe enviado al Juzgado. Dice el informe del 12/05/10:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. …con el objeto de informarle que a los fines de poder contestar si esta Universidad se encuentra en condiciones de realizar la pericia solicitada se deberían requerir datos precisos respecto de cuales son los productos sobre los que la pericia debería expedirse acerca de su “grado de toxicidad” ya que tanto del oficio recibido como de la copia de la sentencia adjuntada al mismo no surge con precisión cuales son estos productos. Así mismo debería hacerse saber que el plazo de seis meses otorgado para realizar la pericia podría resultar exiguo para la realización de los estudios que se requieran.
¿Habrán sido tan poco claros el Juez y la Cámara en los estudios solicitados?
El fallo de la Cámara
El fallo de la Cámara dice que confirma la sentencia en lo que se refiere a la prohibición de fumigar y que: Tal prohibición lo será por un plazo de seis meses contados desde que quede firme la presente, lapso en el cual el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la Provincia deberá presentar al juez a quo un estudio conjuntamente con la Universidad Nacional del Litoral en el área que estime el mismo pertinente acerca del grado de toxicidad de los productos identificados al postular y si por los mismos es conveniente continuar con las fumigaciones o no. De igual forma el Ministerio de Salud efectuará durante igual lapso un estudio en los barrios comprometidos que permita discernir si durante ese período, las posibles afecciones que se denunciaran disminuyeron o no. Fecho lo cual y conforme el resultado obtenido, el Sr. Juez a cargo se expedirá sobre si corresponde continuar con la prohibición o bien adoptar una decisión distinta.
El fallo lo dice también con claridad en la hoja 1 punto I, cuáles son “los productos identificados al postular”
I.- Que según surge de lo documentado en autos, en fecha 16 de marzo de 2009 Viviana Peralta de Cavigliasso -ver fs. 36- y otros, … promovieron demanda de amparo contra …(la Municipalidad, los productores, la Provincia de Santa Fé)… a los fines de que se prohíba volver a fumigar en los campos de …en esa campaña agrícola y para el futuro, a menos de 800 metros, para fumigaciones terrestres y 1.500 metros, para fumigaciones aéreas ambos como mínimo, a contar del límite del ejido urbano (Barrio Urquiza) con ningún tipo de agroquímicos, teniendo en cuenta la Ley Provincial de Fitosanitarios 11.273, su decreto reglamentario 552/97, las condiciones particulares del lugar, las características tóxicas y los efectos nocivos que generan los productos utilizados para las fumigaciones (Roundup y/u otros) en perjuicio del medio ambiente, la salud de los seres humanos y los animales.
Es decir, la UNL a través del área que (según sus autoridades) estimen pertinente, debía expedirse sobre las características tóxicas y los efectos nocivos de los productos aprobados por la normativa vigente, y los que son utilizados en las fumigaciones.
Tanto aquí como en otro lugar de este informe de la UNL podría dar la impresión que los responsable no leyeron los fallos del juzgado y de la Cámara.
Interpretando la respuesta de la UNL
Tanta textualidad no tiene sentido si no la interpretamos
1. Dice la respuesta que la UNL que para responder a lo solicitado se deberían requerir datos precisos respecto de cuales son los productos sobre los que la pericia debería expedirse. Esto significaría que la UNL asume que ningún investigador o docente de su propio claustro conoce o puede acceder a un listado de cuales son los denominados fitosanitarios aprobados por las normas que cita el mismo fallo.
También es posible que los investigadores consultados consideren que además de los productos aprobados, se fumiguen con otros que no están autorizados, y que por eso quieren que se les diga con claridad cuáles son.
2. Dice que el plazo de seis meses podría resultar exiguo. Cabe remarcar aquí que el fallo de la Cámara ni la orden del Juez dicen que la UNL deba hacer las investigaciones de laboratorio. Lo que dice el fallo es que la UNL deberá presentar un estudio acerca del grado de toxicidad de los productos utilizados en las fumigaciones. Claramente, el estudio a presentar puede ser perfectamente una recopilación de los estudios ya realizados, en el caso de que estuvieran disponibles, para lo cual seis meses parecen ser un tiempo adecuado.
Es claro que los investigadores del a UNL no confían en los estudios disponibles, ya sea porque no son confiables o porque no están.
Los investigadores que la UNL consideró pertinentes para responder la requisitoria judicial, manifiestan a través de sus expresiones que no conocen cuáles son los agroquímicos que se aplican en Santa Fé, y desconfían de que haya investigaciones ya realizadas que puedan recopilarse para elaborar el estudio solicitado por la justicia.
Por supuesto, también es posible que se trate de una maniobra dilatoria. Si es así, habría que pensar en beneficio de quién es esa maniobra. ¿No tiene la UNL otros investigadores que sí estén en condiciones de responder la requisitoria judicial? Y si es así, ¿por qué las autoridades de la Universidad no los consideraron pertinentes?
El Informe CONICET sobre el Glifosato
En un segundo párrafo, el informe que la UNL envía al juzgado dice:
Así también debería hacerse saber que la presidenta Cristina Fernández creó en el mes de Enero de 2009 la Comisión Nacional de Investigación para que estudie la problemática causada por agroquímicos y que dicho organismo produjo a través del Comité de Ética del CONICET y el Consejo Científico Interdisciplinario ad hoc un análisis vinculado al estudio de los efectos del Glifosato y sus formulados sobre la salud humana y el ambiente.
Aquí también pareciera que los informantes no leyeron la documentación, ya que el fallo de Cámara cita expresamente ese informe en las páginas 29 y 30
Tanto la conformación del Comité que elaboró el informe del CONICET, como el informe en sí mismo, han sido cuestionados por integrantes de la comunidad científica; cabe citar los dos últimos párrafos de las conclusiones:
Aunque existen estudios para evaluar los impactos del glifosato en las especies no blanco, la mayoría de ellos no considera importantes aspectos ecológicos. Entre ellos, los impactos indirectos, los acumulativos, los de largo plazo, ni las reacciones sinérgicas que el agroquímico puede tener en el ecosistema y en las redes tróficas.
En Argentina no existen suficientes datos sobre los efectos del glifosato en la salud humana, por lo cual sería importante promover la realización de los estudios pertinentes.
A pesar de quienes lo firman y lo envían, el informe de la UNL al Juzgado de San Jorge está en línea con estas conclusiones: significa que no sólo no se sabe qué se fumiga, sino que tampoco se conocen las consecuencias sobre la salud de la población y sobre el ambiente.
Los estudios que asocian los agroquímicos a daños a la salud, tanto los que no fueron considerados por el informe del CONICET, como los que aparecieron después, como el de la Comisión de Salud de la Provincia de Chaco, muestran que los riesgos y daños a la saludo provocados por el uso de los agroquímicos es muy grave.
Todos los agroquímicos que se aplican deben ser aprobados, y si fueron aprobados tienen que tener un estudio que informe sobre todas sus toxicidades: las letales y las subletales, ya sean agudas, crónicas o subcrónicas; así como sobre todos los impactos ambientales, tomándose las medidas preventivas que correspondan. Y si no tienen esos estudios, entonces no deben estar ni deben ser aprobados; su aplicación debe estar prohibida, acompañada con la difusión, capacitación, los controles y las sanciones que sean necesarias para que esa prohibición sea efectiva.
Agua para las mineras o para los argentinos
Agua para las mineras o para los argentinos
Fecha de Publicación: 14/07/2010
Fuente: Clarín - PorMiguel Bonasso - Diputado nacional
Provincia/Región: Nacional
Los glaciares son bellos, pero ocultan mucha porquería humana bajo el hielo y expresan, una vez más, la histórica pulseada entre la dignidad nacional y la entrega de nuestras riquezas al capital extranjero. En el caso que nos ocupa, estamos hablando del agua y de esa gran fábrica de agua que es la Cordillera de los Andes, el símbolo malversado pero insustituible de la gran batalla americana librada por San Martín.
El agua de los argentinos y los Andes que la producen en los glaciares y las áreas periglaciales están en peligro de mutilación, contaminación y muerte . Sólo una gesta nacional puede rescatarlos de empresarios gangsteriles y políticos inescrupulosos que cobran de las trasnacionales.
La escena procaz del almuerzo entre la Presidenta Cristina Kirchner y el capo de la Barrick Gold, Peter Munk, parece una provocación a esos miles de productores, asambleístas y ambientalistas que aquí y en Chile protestan por la evidente contaminación de la minería a cielo abierto y el peligro que se cierne sobre ambos países con la megamina de Pascua-Lama, un nuevo país minero entre dos naciones que se suponía soberanas. El encuentro, que duró cuatro horas, es una bofetada a los que denuncian la falta de agua o los efectos cancerosos del arsénico en el río Jachal. Parece que la primera magistrada y los “gobernadores cordilleranos” que la acompañaron quisieran decirnos: “Denuncien, critiquen o incluso legislen, que si legislan en contra del oro y a favor del agua los vamos a vetar como ya lo hicimos”. Luego dieron un paso adelante, anunciando leyes provinciales de supuesta protección a los glaciares, que en realidad pretenden proteger a las inversiones mineras de una ley nacional, como la que votará Diputados en las próximas horas.
La ley es la letra pero también una historia que precede su formulación. En 2008, ambas cámaras del Congreso votaron por unanimidad la primera ley nacional que protegiera a glaciares y áreas periglaciales, que constituyen la mayor reserva de agua potable del país. En vez de promulgarla, la Presidenta la vetó, de manera total, en noviembre de ese año. Dos días después, la entonces Secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, me confesó que la Presidenta había vetado la ley por presión del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, vinculado por negocios familiares a la Barrick Gold y al gigantesco emprendimiento de Pascua-Lama. El veto lo confirmó eufemísticamente al hablar de la “preocupación de los gobernadores de las provincias cordilleranas”, a quienes se intentó complacer con un foro de discusión que pretendía subrogar al gran foro de la democracia que es el Congreso.
En Diputados intentamos resistir el veto , pero necesitábamos una mayoría imposible de alcanzar sin el oficialismo: tres cuartos de los votos. Entonces, decidí presentar un proyecto de ley que era un clon de la ley vetada, cuya autoría corresponde a la ex diputada Marta Maffei y que cuenta ya con un dictamen de mayoría de las Comisiones de Recursos Naturales y Minería.
Simultáneamente, los hermanos del gobernador de San Juan, el senador César Gioja y el diputado Juan Carlos Gioja, presentaban en cada Cámara sendas normas que excluían de la protección a esas verdaderas fábricas de agua que son las áreas periglaciales. Estos proyectos, groseramente pro mineros , fueron reemplazados después por un nuevo texto consensuado por el senador oficialista Daniel Filmus, que también dejaba sin protección a las áreas periglaciales. Esta iniciativa fue aprobada en el Senado y pasó a Diputados.
Dentro de pocas horas, la Cámara Baja deberá elegir entre estos dos textos, aparentemente muy parecidos en la letra, pero opuestos en el espíritu. Más allá de los tecnicismos y especificidades que resultaría engorroso detallar aquí, puedo arriesgar un juicio categórico: la ley vetada protege el agua pura e indispensable que nace de áreas periglaciales; la ley del Senado, no.
Cuando la gente de buena fe se pregunta “si los dos proyectos son tan parecidos, ¿por qué no llegan a un acuerdo?”, la única respuesta posible es que toda ley es perfectible, a partir de que no se vulneren los principios y necesidades que llevaron a formularla.
La foto de la Presidenta de la República con Peter Munk y tres banderas (la de Argentina, la de Canadá y la de Barrick Gold) esclarecen al lector sobre lo que está en juego: el agua será para las mineras trasnacionales o para los ciudadanos argentinos.
Fecha de Publicación: 14/07/2010
Fuente: Clarín - PorMiguel Bonasso - Diputado nacional
Provincia/Región: Nacional
Los glaciares son bellos, pero ocultan mucha porquería humana bajo el hielo y expresan, una vez más, la histórica pulseada entre la dignidad nacional y la entrega de nuestras riquezas al capital extranjero. En el caso que nos ocupa, estamos hablando del agua y de esa gran fábrica de agua que es la Cordillera de los Andes, el símbolo malversado pero insustituible de la gran batalla americana librada por San Martín.
El agua de los argentinos y los Andes que la producen en los glaciares y las áreas periglaciales están en peligro de mutilación, contaminación y muerte . Sólo una gesta nacional puede rescatarlos de empresarios gangsteriles y políticos inescrupulosos que cobran de las trasnacionales.
La escena procaz del almuerzo entre la Presidenta Cristina Kirchner y el capo de la Barrick Gold, Peter Munk, parece una provocación a esos miles de productores, asambleístas y ambientalistas que aquí y en Chile protestan por la evidente contaminación de la minería a cielo abierto y el peligro que se cierne sobre ambos países con la megamina de Pascua-Lama, un nuevo país minero entre dos naciones que se suponía soberanas. El encuentro, que duró cuatro horas, es una bofetada a los que denuncian la falta de agua o los efectos cancerosos del arsénico en el río Jachal. Parece que la primera magistrada y los “gobernadores cordilleranos” que la acompañaron quisieran decirnos: “Denuncien, critiquen o incluso legislen, que si legislan en contra del oro y a favor del agua los vamos a vetar como ya lo hicimos”. Luego dieron un paso adelante, anunciando leyes provinciales de supuesta protección a los glaciares, que en realidad pretenden proteger a las inversiones mineras de una ley nacional, como la que votará Diputados en las próximas horas.
La ley es la letra pero también una historia que precede su formulación. En 2008, ambas cámaras del Congreso votaron por unanimidad la primera ley nacional que protegiera a glaciares y áreas periglaciales, que constituyen la mayor reserva de agua potable del país. En vez de promulgarla, la Presidenta la vetó, de manera total, en noviembre de ese año. Dos días después, la entonces Secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, me confesó que la Presidenta había vetado la ley por presión del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, vinculado por negocios familiares a la Barrick Gold y al gigantesco emprendimiento de Pascua-Lama. El veto lo confirmó eufemísticamente al hablar de la “preocupación de los gobernadores de las provincias cordilleranas”, a quienes se intentó complacer con un foro de discusión que pretendía subrogar al gran foro de la democracia que es el Congreso.
En Diputados intentamos resistir el veto , pero necesitábamos una mayoría imposible de alcanzar sin el oficialismo: tres cuartos de los votos. Entonces, decidí presentar un proyecto de ley que era un clon de la ley vetada, cuya autoría corresponde a la ex diputada Marta Maffei y que cuenta ya con un dictamen de mayoría de las Comisiones de Recursos Naturales y Minería.
Simultáneamente, los hermanos del gobernador de San Juan, el senador César Gioja y el diputado Juan Carlos Gioja, presentaban en cada Cámara sendas normas que excluían de la protección a esas verdaderas fábricas de agua que son las áreas periglaciales. Estos proyectos, groseramente pro mineros , fueron reemplazados después por un nuevo texto consensuado por el senador oficialista Daniel Filmus, que también dejaba sin protección a las áreas periglaciales. Esta iniciativa fue aprobada en el Senado y pasó a Diputados.
Dentro de pocas horas, la Cámara Baja deberá elegir entre estos dos textos, aparentemente muy parecidos en la letra, pero opuestos en el espíritu. Más allá de los tecnicismos y especificidades que resultaría engorroso detallar aquí, puedo arriesgar un juicio categórico: la ley vetada protege el agua pura e indispensable que nace de áreas periglaciales; la ley del Senado, no.
Cuando la gente de buena fe se pregunta “si los dos proyectos son tan parecidos, ¿por qué no llegan a un acuerdo?”, la única respuesta posible es que toda ley es perfectible, a partir de que no se vulneren los principios y necesidades que llevaron a formularla.
La foto de la Presidenta de la República con Peter Munk y tres banderas (la de Argentina, la de Canadá y la de Barrick Gold) esclarecen al lector sobre lo que está en juego: el agua será para las mineras trasnacionales o para los ciudadanos argentinos.
Elevan a 7% biodiesel a mezclar
Elevan a 7% biodiesel a mezclar con combustible fósil
Fecha de Publicación: 13/07/2010
Fuente: Derf
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Energía ratificó la "Addenda al Acuerdo de Abastecimiento de Biodiesel para su Mezcla con Combustibles Fósiles en el Territorio Nacional", suscripta con las empresas elaboradoras, con el fin de incrementar su producción y elevar a 7% el corte de combustibles fósiles.
La medida, por la que se modifica la Resolución 7/10, tiene como objetivo continuar incrementando la participación de los biocombustibles en la matriz energética nacional.
La resolución 554/10 difundida hoy en el Boletín Oficial, al ratificar la Addenda (apéndice) establece que "la Autoridad de Aplicación informará a las empresas encargadas de realizar las mezclas de combustibles fósiles con biodiesel, la cantidad asignada a cada una de ellas para realizar dicha mezcla y la fecha en la cual podrá ser retirado de las empresas elaboradoras".
Para cumplir con esta disposición, se tomará como base para dicha asignación el promedio de la participación de cada empresa en el mercado interno de Gas Oil, en los 12 meses anteriores a la fecha de asignación.
Se informrá también sobre el pronóstico de demanda de gas oil "para el período, las capacidades máximas de refinación de las petroleras, la información de meses anteriores, y el resto de las variables que inciden en el mercado de hidrocarburos, tomando para las asignaciones los volúmenes de Gas Oil autorizados por la Autoridad de Aplicación para comercializarse en estado puro."
Para cumplir con el objetivo de diversar la matriz energética, el pasado 5 de julio se firmó esta "addenda" entre la Secretaría de Energía y las empresas elaboradoras de biodiesel, que permite implementar "las acciones que tengan como fin alcanzar como mínimo el 7% de mezcla con combustible fósil gas oil en volumen".
La elevación de ese porcentual surge porque las empresas elaboradoras poseen capacidad de producción y oferta de cantidades de producto necesarias, para aumentar el porcentaje actual (5%) de participación del mismo en la mezcla final con Gas Oil en el mercado interno.
Esto permite además "hacer frente a las exigencias que plantea la diversificación de la matriz energética, el promisorio crecimiento a nivel nacional del sector agropecuario y la actividad económica en general para el período de que se trata", según la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.
También responde a que se han presentado otros elaboradores de biodiesel, que no suscribieron el Acuerdo mencionado anteriormente, encontrándose en condiciones de suministrar el producto.
Fecha de Publicación: 13/07/2010
Fuente: Derf
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Energía ratificó la "Addenda al Acuerdo de Abastecimiento de Biodiesel para su Mezcla con Combustibles Fósiles en el Territorio Nacional", suscripta con las empresas elaboradoras, con el fin de incrementar su producción y elevar a 7% el corte de combustibles fósiles.
La medida, por la que se modifica la Resolución 7/10, tiene como objetivo continuar incrementando la participación de los biocombustibles en la matriz energética nacional.
La resolución 554/10 difundida hoy en el Boletín Oficial, al ratificar la Addenda (apéndice) establece que "la Autoridad de Aplicación informará a las empresas encargadas de realizar las mezclas de combustibles fósiles con biodiesel, la cantidad asignada a cada una de ellas para realizar dicha mezcla y la fecha en la cual podrá ser retirado de las empresas elaboradoras".
Para cumplir con esta disposición, se tomará como base para dicha asignación el promedio de la participación de cada empresa en el mercado interno de Gas Oil, en los 12 meses anteriores a la fecha de asignación.
Se informrá también sobre el pronóstico de demanda de gas oil "para el período, las capacidades máximas de refinación de las petroleras, la información de meses anteriores, y el resto de las variables que inciden en el mercado de hidrocarburos, tomando para las asignaciones los volúmenes de Gas Oil autorizados por la Autoridad de Aplicación para comercializarse en estado puro."
Para cumplir con el objetivo de diversar la matriz energética, el pasado 5 de julio se firmó esta "addenda" entre la Secretaría de Energía y las empresas elaboradoras de biodiesel, que permite implementar "las acciones que tengan como fin alcanzar como mínimo el 7% de mezcla con combustible fósil gas oil en volumen".
La elevación de ese porcentual surge porque las empresas elaboradoras poseen capacidad de producción y oferta de cantidades de producto necesarias, para aumentar el porcentaje actual (5%) de participación del mismo en la mezcla final con Gas Oil en el mercado interno.
Esto permite además "hacer frente a las exigencias que plantea la diversificación de la matriz energética, el promisorio crecimiento a nivel nacional del sector agropecuario y la actividad económica en general para el período de que se trata", según la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.
También responde a que se han presentado otros elaboradores de biodiesel, que no suscribieron el Acuerdo mencionado anteriormente, encontrándose en condiciones de suministrar el producto.
Las claves del debate por los glaciares
Minería y denuncias de corrupción, las claves del debate por los glaciares
Fecha de Publicación: 13/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tras el veto presidencial de 2008, Diputados tratará mañana dos proyectos de preservación de los grandes hielos; la oposición denuncia que la iniciativa kirchnerista beneficiará a la explotación minera.
Casi dos años después del veto de Cristina Kirchner a la ley de glaciares, oficialismo y oposición volverán a tratar mañana en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto que busca la preservación de los grandes hielos, uno de los más importantes recursos naturales del país.
En la sesión, la oposición insistirá en aprobar el texto que fuera rechazado por la Presidenta en 2008 y que había sido sancionado por unanimidad en el Congreso. El kirchnerismo, en cambio, defenderá un dictamen de minoría basado en el proyecto que fue aprobado por el Senado en octubre de 2009.
La discusión se centra en las implicancias que tendrá la nueva norma en la minería, después de que la oposición denunciara al Gobierno por supuestos beneficios a la empresa canadiense Barrick Gold.
La oposición argumenta que la nueva iniciativa le permitiría a las mineras utilizar agua de los grandes hielos en sus operaciones. También señalan que la explotación podría contaminar esos recursos naturales.
En el kirchnerismo descalifican esta posición, aseguran que el proyecto impulsado por el Ejecutivo es aún más estricto que aquel que fue vetado, y acusan a la oposición de querer sacar rédito político de la situación.
"El proyecto del oficialismo permite que los glaciares puedan ser usados para actividades industriales. Esto es peligrosísimo. Las mineras se frotan las manos porque les facilita el agua que necesitan para hacer negocios", afirmó a lanacion.com el diputado Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), que había atribuido el veto a la presión de gobernadores de provincias cordilleranas. Y resaltó que la iniciativa impulsada por el Gobierno "es peligrosísima porque no protege todo él área periglaciar, sino que se limita a defender aquellas partes que están escondidas".
Conceptos. La definición del área alrededor de los glaciares es otro de los puntos conflictivos.
Convencido de que este nuevo proyecto es más preciso y estricto, el senador oficialista Daniel Filmus (Frente para la Victoria) contrapuso su visión: "La ley que fue vetada no determinaba qué era la zona periglaciar", señaló el ex ministro de Educación, que intentó llevar la discusión a un plano extra político. "No hay un proyecto Filmus -se quejó-, ya que lo que impulsamos fue apoyado por distintas fuerzas políticas y aprobado en el Senado".
Además, aclaró que en la propuesta se establece la "prohibición" de cualquier actividad que pueda resultar nociva para los glaciares, como la minería, "e incluso añade la explotación de hidrocarburos". Por eso, "de existir alguna actividad de alguna empresa, ya sea Barrick, otra o el Estado mismo, en zona glaciar o periglaciar será prohibida por la norma", destacó.
En la misma línea, el senador oficialista César Gioja, ex presidente de la Comisión de Minería de la Cámara alta, atacó a la oposición por utilizar "una amplia vaguedad de concepto" para definir qué son los glaciares.
Desde el kirchnerismo indicaron que las definiciones agregadas de glaciares y zonas circundantes ?cuya ausencia era uno de los fundamentos del veto-, corresponden al aporte científico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), entidad dependiente del Conicet que se encarga la confección de un inventario de esos hielos.
"La iniciativa aprobada por el Senado es técnica. En cambio, el otro proyecto es netamente político, porque buscan sancionar la misma norma que ya fue vetada por la Presidenta para aprovechar el desmérito político que esta decisión conlleva", añadió Gioja ante la consulta de lanacion.com .
Bonasso contraatacó: "Nuestro texto es deliberadamente genérico porque sino fuera así, los sinvergüenzas como Gioja y Barrick lo podrían utilizar para quedarse con los recursos naturales". Y fue tajante cuando se refirió a las consecuencias que implicaría la sanción de su iniciativa. "Con nuestro proyecto, si se comprueba que hay daño ambiental, la mina se cierra. El proyecto de Filmus, en cambio, no permite el cese de actividades mineras y deja en poder de las provincias esa decisión. Nosotros también le damos participación a la autoridad nacional", argumentó.
"La aprobación de este proyecto no implicaría el cierre de ninguna mina en San Juan, porque las minas ya han aprobado un Informe de Impacto Ambiental (IIA) que determinó que su actividad no afecta al medioambiente", aclaró Gioja.
Apuro en las provincias. Desde la oposición acusan al Gobierno de tener vínculos con la minera canadiense Barrick Gold y señalan esta relación como el principal motivo del veto presidencial (ver aparte). La empresa señaló que sus operaciones "se desarrollan en el más estricto apego a la legislación vigente", y que la gestión ambiental "está certificada bajo estándares internacionales".
A fines de junio, la Presidenta se reunió en Canadá con el CEO de Barrick, Peter Munk, para promover inversiones de esa industria en el país. Durante el almuerzo de negocios, acompañaron a Cristina Kirchner gobernadores de las provincias interesadas en el fomento de la actividad.
El pulso político se aceleró en esas provincias durante los últimos días para defender la actividad. La semana pasada, la Legislatura riojana aprobó una ley de protección de glaciares impulsada por el kirchnerismo que deja en manos del gobierno local el poder de policía sobre los recursos naturales.
Después de su aprobación, diputados nacionales de la UCR denunciaron irregularidades en la sanción de la norma y acusaron al gobernador kirchnerista Luis Beder Herrera de sancionar la ley para favorecer a Barrick. Si bien las leyes provinciales no podrían ser más permisivas que una nacional, podrían servir de amparo para sacar provecho de los recursos naturales, que pertenecen a las provincias según la reforma constitucional de 1994.
"La sanción de este tipo de leyes es una maniobra perversa que la Presidenta avala", afirmó Bonasso. Y acusó: "Es mentira que son federales. Están defendiendo negocios particulares, como en el caso de Gioja y de Jorge Mayoral (secretario de Minería), que tienen vínculos con Barrick". El diputado acusó a Filmus de ser "empleado" de la minera. "En mi vida vi a nadie de Barrick Gold", se defendió el senador. Y devolvió la acusación: "El que hace el juego a Barrick es Bonasso, porque si traba la ley ayuda a esas explotaciones".
El clima de tensión volverá a instalarse mañana en Diputados. Pero, al parecer, la ley de glaciares no se resolverá en el corto plazo: si la oposición se impone en la votación, el proyecto volverá al Senado, donde enfrentará un escenario más complejo. Aún así, si superara ese escollo, Cristina Kirchner deberá decidir si aplica o no un nuevo veto.
"Tráfico de influencias"
El miércoles pasado, los diputados Elisa Carrió, Fernanda Reyes (CC) y Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), denunciaron el "tráfico de influencias" de la Presidenta para favorecer inversiones de la minera canadiense Barrick Gold. Ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, los diputados opositores señalaron la vinculación entre el Gobierno, que vetó la ley de glaciares, y aportaron pruebas para la investigación. En la última cumbre del G-20, realizada hace semanas en Toronto, Cristina Kirchner se encontró con el CEO de la empresa, Peter Munk, quien agradeció el mantenimiento de las "reglas del juego" en el país.
En la denuncia se precisa que, además del veto, el Gobierno otorgó beneficios tributarios por más de $ 150 millones y otras ventajas a la empresa que desarrolla el emprendimiento binacional Pascua-Lama en la frontera entre San Juan y el territorio chileno. También se involucra al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, a Cesar Rioja, hermano del primero y senador, y al secretario de Minería, Jorge Mayoral.
Las provincias que rompen el hielo
Fecha de Publicación: 13/07/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En tiempo record, Jujuy y La Rioja aprobaron normas sobre glaciares y esta semana harían lo mismo San Juan y Salta. Las asambleas ambientalistas denuncian que es una maniobra para eludir la legislación que vote el Congreso nacional.
Ante la posibilidad de que el Congreso nacional apruebe una ley para proteger a los glaciares y limitar la megaminería, gobiernos provinciales impulsan –y las legislaturas aprueban a contrarreloj– leyes que regulan el mismo tema. Sin debate y en tiempo record, Jujuy y La Rioja hicieron punta en la estrategia de los gobernadores: el jueves pasado sancionaron normas de “protección de glaciares”, aunque desde las asambleas ambientales afirman que son leyes “para permitir el avance minero”. Salta y San Juan ya prepararon sus leyes y esperan sancionarlas esta semana. El cambio de escenario fue impulsado luego de que gobernadores se reunieran con la empresa Barrick Gold en Canadá. La Cámara de Diputados de la Nación debatirá el próximo miércoles entre dos proyectos de protección de glaciares.
El miércoles 7 de julio las asambleas ambientales riojanas lanzaron un comunicado donde alertaban que el gobierno provincial había pactado con empresarios mineros de Canadá y China, llamaron a un plenario y movilizaciones. “Alertamos al pueblo sobre uno de los mayores negociados de la historia riojana de entrega del patrimonio minero (...) mientras se destruyen las fuentes de agua que dan vida a los pueblos y a los ecosistemas regionales”, afirmaron los asambleístas.
Al día siguiente, sin debate en comisiones parlamentarias, sin consultar a especialistas científicos y sin atender los reclamos de organizaciones de la sociedad civil, la Legislatura riojana aprobó la ley de “protección de glaciares”, donde el poder de control será ejercido de forma exclusiva por autoridades provinciales. El proyecto de ley había sido presentado el día anterior por el Ejecutivo y sólo el oficialismo sabía de su existencia. “El poder de policía lo tienen la Secretaría de Ambiente y la Cámara de Diputados. El lobo cuidando el gallinero. Son leyes a pedido de la Barrick”, denunció Jenny Luján, activista de la provincia.
También en tiempo record, presentado el 6 de julio y aprobado el 8, el gobierno de Jujuy sancionó su ley de glaciares. Al igual que en La Rioja, el control a las empresas queda en manos del gobierno provincial. También determina que realizará un inventario de glaciares, pero destaca que la opinión de los organismos técnicos especializados no será vinculante.
Alicia Chalabe es abogada patrocinante de vecinos de Tilcara que rechazan la explotación minera. “Por la Constitución Nacional reformada, los recursos naturales pertenecen a las provincias. Entonces la sanción de una ley provincial de glaciares fue una jugada muy bien pensada por los que impulsan la minería. La futura ley nacional podría ser tratada de inconstitucional”, explicó.
El 26 de junio, en el marco de la reunión del Grupo de los 20 (G-20) en Canadá, el fundador y directivo de Barrick Gold, Peter Munk, recibió a la Presidenta y a los gobernadores Walter Barrionuevo (Jujuy), Luis Beder Herrera (La Rioja), Juan Manuel Urtubey (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y José Luis Gioja (San Juan). La comitiva oficial les aseguró a los empresarios que las leyes mineras “no serán modificadas”.
El 6 de julio, en la Casa de Salta en Buenos Aires, se reunieron los gobernadores recién llegados de Canadá. Se sumaron funcionarios de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Catamarca. También estuvo el secretario de Minería, Jorge Mayoral. Allí se hizo pública la estrategia acordada en Canadá. “Declaración de las provincias cordilleranas” es el título del documento en el que se resalta “la necesidad impostergable de proteger los glaciares”. Allí mismo se presentó un modelo de ley provincial, que cada gobernador se comprometió a presentar en sus provincias y aprobar lo más rápido posible. Las recientes leyes de La Rioja y Jujuy son las primeras de una larga lista.
La Cámara de Empresarios Mineros (CAEM) festejó: “La Cámara respalda plenamente la Declaración de los Gobernadores que reafirmaron sus competencias en materia de cuidado ambiental, comprometiéndose a garantizar el desarrollo minero con criterios sustentables”.
Mirta Antonelli es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, y coeditora del libro Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Explica que, a nivel mundial, las corporaciones de la megaminería se caracterizan por “fabricar los referentes jurídicos que viabilicen el extractivismo, haciendo leyes a la medida de sus intereses”, y da como ejemplo las reformas que la Argentina realizó en los ’90. “El caso de las leyes provinciales para disponer de los glaciares, obviando que en el Congreso nacional se debate esta semana el destino del patrimonio de aguas –señaló–, lejos está de ser ‘federalismo’ y ‘autonomía’ provinciales. Es poner en manos y bajo el poder de los gobernadores pro-mineros los territorios y las aguas para que luego decidan las empresas mineras.”
Fecha de Publicación: 13/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tras el veto presidencial de 2008, Diputados tratará mañana dos proyectos de preservación de los grandes hielos; la oposición denuncia que la iniciativa kirchnerista beneficiará a la explotación minera.
Casi dos años después del veto de Cristina Kirchner a la ley de glaciares, oficialismo y oposición volverán a tratar mañana en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto que busca la preservación de los grandes hielos, uno de los más importantes recursos naturales del país.
En la sesión, la oposición insistirá en aprobar el texto que fuera rechazado por la Presidenta en 2008 y que había sido sancionado por unanimidad en el Congreso. El kirchnerismo, en cambio, defenderá un dictamen de minoría basado en el proyecto que fue aprobado por el Senado en octubre de 2009.
La discusión se centra en las implicancias que tendrá la nueva norma en la minería, después de que la oposición denunciara al Gobierno por supuestos beneficios a la empresa canadiense Barrick Gold.
La oposición argumenta que la nueva iniciativa le permitiría a las mineras utilizar agua de los grandes hielos en sus operaciones. También señalan que la explotación podría contaminar esos recursos naturales.
En el kirchnerismo descalifican esta posición, aseguran que el proyecto impulsado por el Ejecutivo es aún más estricto que aquel que fue vetado, y acusan a la oposición de querer sacar rédito político de la situación.
"El proyecto del oficialismo permite que los glaciares puedan ser usados para actividades industriales. Esto es peligrosísimo. Las mineras se frotan las manos porque les facilita el agua que necesitan para hacer negocios", afirmó a lanacion.com el diputado Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), que había atribuido el veto a la presión de gobernadores de provincias cordilleranas. Y resaltó que la iniciativa impulsada por el Gobierno "es peligrosísima porque no protege todo él área periglaciar, sino que se limita a defender aquellas partes que están escondidas".
Conceptos. La definición del área alrededor de los glaciares es otro de los puntos conflictivos.
Convencido de que este nuevo proyecto es más preciso y estricto, el senador oficialista Daniel Filmus (Frente para la Victoria) contrapuso su visión: "La ley que fue vetada no determinaba qué era la zona periglaciar", señaló el ex ministro de Educación, que intentó llevar la discusión a un plano extra político. "No hay un proyecto Filmus -se quejó-, ya que lo que impulsamos fue apoyado por distintas fuerzas políticas y aprobado en el Senado".
Además, aclaró que en la propuesta se establece la "prohibición" de cualquier actividad que pueda resultar nociva para los glaciares, como la minería, "e incluso añade la explotación de hidrocarburos". Por eso, "de existir alguna actividad de alguna empresa, ya sea Barrick, otra o el Estado mismo, en zona glaciar o periglaciar será prohibida por la norma", destacó.
En la misma línea, el senador oficialista César Gioja, ex presidente de la Comisión de Minería de la Cámara alta, atacó a la oposición por utilizar "una amplia vaguedad de concepto" para definir qué son los glaciares.
Desde el kirchnerismo indicaron que las definiciones agregadas de glaciares y zonas circundantes ?cuya ausencia era uno de los fundamentos del veto-, corresponden al aporte científico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), entidad dependiente del Conicet que se encarga la confección de un inventario de esos hielos.
"La iniciativa aprobada por el Senado es técnica. En cambio, el otro proyecto es netamente político, porque buscan sancionar la misma norma que ya fue vetada por la Presidenta para aprovechar el desmérito político que esta decisión conlleva", añadió Gioja ante la consulta de lanacion.com .
Bonasso contraatacó: "Nuestro texto es deliberadamente genérico porque sino fuera así, los sinvergüenzas como Gioja y Barrick lo podrían utilizar para quedarse con los recursos naturales". Y fue tajante cuando se refirió a las consecuencias que implicaría la sanción de su iniciativa. "Con nuestro proyecto, si se comprueba que hay daño ambiental, la mina se cierra. El proyecto de Filmus, en cambio, no permite el cese de actividades mineras y deja en poder de las provincias esa decisión. Nosotros también le damos participación a la autoridad nacional", argumentó.
"La aprobación de este proyecto no implicaría el cierre de ninguna mina en San Juan, porque las minas ya han aprobado un Informe de Impacto Ambiental (IIA) que determinó que su actividad no afecta al medioambiente", aclaró Gioja.
Apuro en las provincias. Desde la oposición acusan al Gobierno de tener vínculos con la minera canadiense Barrick Gold y señalan esta relación como el principal motivo del veto presidencial (ver aparte). La empresa señaló que sus operaciones "se desarrollan en el más estricto apego a la legislación vigente", y que la gestión ambiental "está certificada bajo estándares internacionales".
A fines de junio, la Presidenta se reunió en Canadá con el CEO de Barrick, Peter Munk, para promover inversiones de esa industria en el país. Durante el almuerzo de negocios, acompañaron a Cristina Kirchner gobernadores de las provincias interesadas en el fomento de la actividad.
El pulso político se aceleró en esas provincias durante los últimos días para defender la actividad. La semana pasada, la Legislatura riojana aprobó una ley de protección de glaciares impulsada por el kirchnerismo que deja en manos del gobierno local el poder de policía sobre los recursos naturales.
Después de su aprobación, diputados nacionales de la UCR denunciaron irregularidades en la sanción de la norma y acusaron al gobernador kirchnerista Luis Beder Herrera de sancionar la ley para favorecer a Barrick. Si bien las leyes provinciales no podrían ser más permisivas que una nacional, podrían servir de amparo para sacar provecho de los recursos naturales, que pertenecen a las provincias según la reforma constitucional de 1994.
"La sanción de este tipo de leyes es una maniobra perversa que la Presidenta avala", afirmó Bonasso. Y acusó: "Es mentira que son federales. Están defendiendo negocios particulares, como en el caso de Gioja y de Jorge Mayoral (secretario de Minería), que tienen vínculos con Barrick". El diputado acusó a Filmus de ser "empleado" de la minera. "En mi vida vi a nadie de Barrick Gold", se defendió el senador. Y devolvió la acusación: "El que hace el juego a Barrick es Bonasso, porque si traba la ley ayuda a esas explotaciones".
El clima de tensión volverá a instalarse mañana en Diputados. Pero, al parecer, la ley de glaciares no se resolverá en el corto plazo: si la oposición se impone en la votación, el proyecto volverá al Senado, donde enfrentará un escenario más complejo. Aún así, si superara ese escollo, Cristina Kirchner deberá decidir si aplica o no un nuevo veto.
"Tráfico de influencias"
El miércoles pasado, los diputados Elisa Carrió, Fernanda Reyes (CC) y Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), denunciaron el "tráfico de influencias" de la Presidenta para favorecer inversiones de la minera canadiense Barrick Gold. Ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, los diputados opositores señalaron la vinculación entre el Gobierno, que vetó la ley de glaciares, y aportaron pruebas para la investigación. En la última cumbre del G-20, realizada hace semanas en Toronto, Cristina Kirchner se encontró con el CEO de la empresa, Peter Munk, quien agradeció el mantenimiento de las "reglas del juego" en el país.
En la denuncia se precisa que, además del veto, el Gobierno otorgó beneficios tributarios por más de $ 150 millones y otras ventajas a la empresa que desarrolla el emprendimiento binacional Pascua-Lama en la frontera entre San Juan y el territorio chileno. También se involucra al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, a Cesar Rioja, hermano del primero y senador, y al secretario de Minería, Jorge Mayoral.
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Las provincias que rompen el hielo
Fecha de Publicación: 13/07/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
En tiempo record, Jujuy y La Rioja aprobaron normas sobre glaciares y esta semana harían lo mismo San Juan y Salta. Las asambleas ambientalistas denuncian que es una maniobra para eludir la legislación que vote el Congreso nacional.
Ante la posibilidad de que el Congreso nacional apruebe una ley para proteger a los glaciares y limitar la megaminería, gobiernos provinciales impulsan –y las legislaturas aprueban a contrarreloj– leyes que regulan el mismo tema. Sin debate y en tiempo record, Jujuy y La Rioja hicieron punta en la estrategia de los gobernadores: el jueves pasado sancionaron normas de “protección de glaciares”, aunque desde las asambleas ambientales afirman que son leyes “para permitir el avance minero”. Salta y San Juan ya prepararon sus leyes y esperan sancionarlas esta semana. El cambio de escenario fue impulsado luego de que gobernadores se reunieran con la empresa Barrick Gold en Canadá. La Cámara de Diputados de la Nación debatirá el próximo miércoles entre dos proyectos de protección de glaciares.
El miércoles 7 de julio las asambleas ambientales riojanas lanzaron un comunicado donde alertaban que el gobierno provincial había pactado con empresarios mineros de Canadá y China, llamaron a un plenario y movilizaciones. “Alertamos al pueblo sobre uno de los mayores negociados de la historia riojana de entrega del patrimonio minero (...) mientras se destruyen las fuentes de agua que dan vida a los pueblos y a los ecosistemas regionales”, afirmaron los asambleístas.
Al día siguiente, sin debate en comisiones parlamentarias, sin consultar a especialistas científicos y sin atender los reclamos de organizaciones de la sociedad civil, la Legislatura riojana aprobó la ley de “protección de glaciares”, donde el poder de control será ejercido de forma exclusiva por autoridades provinciales. El proyecto de ley había sido presentado el día anterior por el Ejecutivo y sólo el oficialismo sabía de su existencia. “El poder de policía lo tienen la Secretaría de Ambiente y la Cámara de Diputados. El lobo cuidando el gallinero. Son leyes a pedido de la Barrick”, denunció Jenny Luján, activista de la provincia.
También en tiempo record, presentado el 6 de julio y aprobado el 8, el gobierno de Jujuy sancionó su ley de glaciares. Al igual que en La Rioja, el control a las empresas queda en manos del gobierno provincial. También determina que realizará un inventario de glaciares, pero destaca que la opinión de los organismos técnicos especializados no será vinculante.
Alicia Chalabe es abogada patrocinante de vecinos de Tilcara que rechazan la explotación minera. “Por la Constitución Nacional reformada, los recursos naturales pertenecen a las provincias. Entonces la sanción de una ley provincial de glaciares fue una jugada muy bien pensada por los que impulsan la minería. La futura ley nacional podría ser tratada de inconstitucional”, explicó.
El 26 de junio, en el marco de la reunión del Grupo de los 20 (G-20) en Canadá, el fundador y directivo de Barrick Gold, Peter Munk, recibió a la Presidenta y a los gobernadores Walter Barrionuevo (Jujuy), Luis Beder Herrera (La Rioja), Juan Manuel Urtubey (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y José Luis Gioja (San Juan). La comitiva oficial les aseguró a los empresarios que las leyes mineras “no serán modificadas”.
El 6 de julio, en la Casa de Salta en Buenos Aires, se reunieron los gobernadores recién llegados de Canadá. Se sumaron funcionarios de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Catamarca. También estuvo el secretario de Minería, Jorge Mayoral. Allí se hizo pública la estrategia acordada en Canadá. “Declaración de las provincias cordilleranas” es el título del documento en el que se resalta “la necesidad impostergable de proteger los glaciares”. Allí mismo se presentó un modelo de ley provincial, que cada gobernador se comprometió a presentar en sus provincias y aprobar lo más rápido posible. Las recientes leyes de La Rioja y Jujuy son las primeras de una larga lista.
La Cámara de Empresarios Mineros (CAEM) festejó: “La Cámara respalda plenamente la Declaración de los Gobernadores que reafirmaron sus competencias en materia de cuidado ambiental, comprometiéndose a garantizar el desarrollo minero con criterios sustentables”.
Mirta Antonelli es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, y coeditora del libro Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Explica que, a nivel mundial, las corporaciones de la megaminería se caracterizan por “fabricar los referentes jurídicos que viabilicen el extractivismo, haciendo leyes a la medida de sus intereses”, y da como ejemplo las reformas que la Argentina realizó en los ’90. “El caso de las leyes provinciales para disponer de los glaciares, obviando que en el Congreso nacional se debate esta semana el destino del patrimonio de aguas –señaló–, lejos está de ser ‘federalismo’ y ‘autonomía’ provinciales. Es poner en manos y bajo el poder de los gobernadores pro-mineros los territorios y las aguas para que luego decidan las empresas mineras.”
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