Crecen los eventos climáticos extremos, pero la política los ignora

Fecha de Publicación: 26/05/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


A pesar de que fenómenos como inundaciones, olas de calor o sequías van en aumento, el ambiente y el clima están ausentes de la agenda en un año electoral
Según el sexto informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), el calentamiento global ya ha alcanzado aproximadamente 1,1 °C por encima de los niveles preindustriales y se espera que llegue a 1,5 °C entre 2030 y 2035 si no se toman medidas drásticas. Este aumento de temperatura está provocando aumentos en la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos como olas de calor, sequías, inundaciones y el derretimiento de glaciares, con consecuencias irreversibles para ecosistemas y comunidades humanas.
Esta situación se refleja en la Argentina en eventos recientes que aún resuenan en la opinión pública y continúan generando sufrimiento a las personas damnificadas. En 2022 la provincia de Corrientes perdió alrededor de 1 millón de hectáreas por los incendios forestales y rurales; durante el verano de 2025 se perdieron más de 50.000 hectáreas de bosques nativos en la Patagonia; en marzo de 2025 se precipitaron en Bahía Blanca más de 300 mm de lluvia en menos de 12 horas con consecuencias trágicas para la población; recientemente se repitió un evento de similares características en la zona noreste de la provincia de Buenos Aires con precipitaciones de entre 400 y 300 mm en 20 horas. Todos estos eventos han generado pérdidas humanas, materiales y enormes costos al sector público y privado para la asistencia y recuperación de los daños generados.
Así cómo la ciencia ha anticipado la manifestación de estos eventos, también ha indicado claramente qué debemos hacer para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran las manifestaciones del cambio climático y las consecuencias que vivimos cada vez con más intensidad, frecuencia y sufrimiento.
Reducir la quema de combustibles fósiles, promover el uso de las energías renovables y el uso racional y eficiente de la energía, frenar la deforestación y la conversión de los humedales y los pastizales naturales (generalmente realizadas para ampliar áreas agrícolas y ganaderas) han sido indicadas como medidas centrales para reducir la tendencia de aumento de la temperatura global y sus consecuencias. Sin embargo, la sociedad global ha reaccionado mal y tarde. Las medidas a realizar no han sido promovidas a la escala y en el tiempo apropiado.
El cambio climático está aquí, nos impacta, y sus efectos son claramente visibles. Es por ello que hay otro paquete de medidas sumamente necesarias, las de la Adaptación al Cambio Climático. En referencia a los eventos extremos que estamos sufriendo, toman relevancia los Sistemas de Alerta Temprana, su comunicación y la rápida puesta en marcha de las medidas preventivas. Las características extremas de los eventos suelen sobrepasar cualquier obra de infraestructura existente, no obstante, el mantenimiento y mejora de la infraestructura es sin duda otra política climática a implementarse.
En este aspecto es necesario reforzar la infraestructura verde y azul que se basa en el manejo de variables naturales y del ecosistema, por sobre la infraestructura gris que se basa en obras de ingeniería hidráulica o de construcciones materiales. En este aspecto es necesario reforzar lo que se conoce como Soluciones Basadas en Naturaleza, como la medida más apropiada para mejorar las condiciones de la biodiversidad, reducir el impacto del cambio climático y mejorar la calidad de vida de las personas.
Argentina ha iniciado un año con elecciones de medio término. La situación descripta tiene una alta vinculación con las variables económicas, sociales y ambientales del país. Lamentablemente el abordaje de una adecuada política climática y ambiental no forma parte de la campaña electoral. A la espera de que la clara evidencia de su importancia lleve a modificar el compromiso de la política pública, la Fundación Vida Silvestre Argentina refuerza su compromiso para colaborar y ser parte de la solución.

Por Manuel Jaramillo - Director general de Fundación Vida Silvestre Argentina
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Río Negro declaró monumento natural al huillín para frenar su extinción

Fecha de Publicación: 26/05/2025
Fuente: Portal Bariloche2000
Provincia/Región: Río Negro


La Legislatura rionegrina aprobó en primera vuelta la declaración del huillín como monumento natural, prohibiendo toda actividad que lo afecte. La especie, en peligro de extinción, es clave para la salud de los ecosistemas acuáticos.
La Legislatura de Río Negro dio un paso clave en la protección de una de las especies más emblemáticas y vulnerables de la fauna patagónica: el huillín, también conocido como nutria de río o gato de agua. Con mayoría de votos,  se aprobó en primera vuelta un proyecto de ley que lo declara monumento natural, una figura legal que implica fuertes restricciones para garantizar su supervivencia.
La iniciativa, impulsada por el legislador Fernando Frugoni (ARI-Cambiemos), prohíbe expresamente la captura, acoso, persecución, tenencia, cautiverio, transporte y comercialización de ejemplares de huillín, así como de sus productos o derivados. También queda vedada cualquier acción que impacte negativamente en su hábitat. Solo se exceptúan actividades científicas previamente autorizadas, con fines de conocimiento, protección o recuperación de la especie.
“Ha disminuido drásticamente su población en las últimas décadas”, alertó Frugoni durante el debate, y explicó que uno de los principales peligros actuales es la presencia del visón americano, una especie exótica invasora que depreda al huillín y compite con él por el alimento.
El huillín es un mamífero anfibio carnívoro, de hábitos nocturnos y excelente nadador gracias a su cuerpo hidrodinámico. Aunque depende del agua para alimentarse —se nutre de crustáceos y peces— también se desplaza con soltura por tierra firme. Puede pesar hasta 15 kilos y medir más de un metro de largo, incluyendo su distintiva cola, que le permite impulsarse al nadar. Sus descansaderos y madrigueras los construye en las costas, aprovechando cavidades, raíces expuestas y vegetación densa. Es un animal solitario, que se reproduce cada dos años.
Desde 1950 su caza está prohibida, debido al valor que alcanzaba su piel en el mercado. Sin embargo, la presión humana sobre su hábitat —a través de la contaminación, la basura costera, la presencia de perros y la alteración del paisaje— continuó reduciendo su número.
El Parque Nacional Nahuel Huapi considera al huillín una especie de especial valor dentro de su fauna silvestre y ha desarrollado un Proyecto de Conservación que se sostiene desde la década del 80. Esta iniciativa combina investigación científica, gestión ambiental y educación, con el objetivo de preservar a largo plazo esta especie clave para el equilibrio de los ecosistemas acuáticos.
El huillín es un depredador tope en su ambiente: al controlar la población de peces y crustáceos, impide el desbalance en la cadena trófica y ayuda a mantener la biodiversidad. Su presencia, además, es un importante indicador biológico del estado de salud de los cuerpos de agua.
En este contexto, la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos), celebró el avance del proyecto y recordó que “los primeros indicios de protección surgieron hace años, con numerosas presentaciones tanto en la provincia como en el Senado de la Nación”. También aprovechó para destacar la necesidad de proteger a otras especies patagónicas, como el guanaco, las orcas y la ballena franca austral, para la cual propuso recientemente la creación de un observatorio.
La nueva normativa incorpora además la posibilidad de realizar denuncias o registros de avistajes de huillines mediante la línea 105 de emergencias ambientales de la Legislatura, con el objetivo de seguir monitoreando su situación en el territorio.
El proyecto deberá ser tratado en segunda vuelta para convertirse en ley, pero su aprobación inicial marca un hito en la lucha por la conservación de una especie que, por su belleza, rareza y rol ecológico, merece un lugar protegido en la memoria y el futuro de la Patagonia.
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La Unión Europea ubica a la Argentina en riesgo medio por deforestación y el agro rechaza la medida

Fecha de Publicación: 24/05/2025
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Bruselas aplicará nuevas exigencias de trazabilidad ambiental desde 2026. El campo argentino advierte que se trata de una decisión sin fundamentos técnicos con impacto comercial.
La Comisión Europea de la Unión Europea definió a la Argentina como un país de “riesgo estándar” en materia de deforestación. Esta decisión forma parte del nuevo reglamento ambiental del bloque, que entrará en vigencia el 1° de enero de 2026. Desde esa fecha, los productos agropecuarios que quieran ingresar al mercado europeo deberán estar acompañados de certificaciones que aseguren que no provienen de zonas deforestadas después de 2020.
Este nuevo sistema de trazabilidad ambiental alcanza directamente a sectores como la soja y la carne bovina, dos de los principales rubros exportadores del agro argentino. La calificación intermedia genera inquietud, ya que impone condiciones más exigentes que las aplicadas a países como Estados Unidos, China y Uruguay, todos considerados de riesgo bajo.

El sector agroindustrial cuestiona el criterio aplicado por Bruselas
El malestar no tardó en hacerse oír. Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) señalaron que la clasificación no responde a datos verificables, sino que parece estar motivada por decisiones políticas. En diálogo con Ámbito, el presidente de CIARA, Gustavo Idígoras, aseguró que “la decisión de la Comisión Europea de poner a la Argentina en la categoría de riesgo estándar claramente no está basada en un fundamento técnico. El gobierno argentino ya había remitido un informe a la Comisión Europea donde demostraba que Argentina tendría que ir a riesgo bajo. Lamentablemente no han tenido en cuenta dicho informe y han tomado decisiones de característica política para poner a Estados Unidos y a China en la categoría de riesgo bajo, y a todos los países del Mercosur —con excepción de Uruguay— en riesgo estándar.”
Desde CIARA también recordaron que la Argentina no ha expandido significativamente su frontera agrícola en los últimos años, y que la deforestación asociada a la producción de soja y carne es marginal. De hecho, el país cuenta con un sistema de trazabilidad robusto: Visec, desarrollado en el ámbito privado, permite seguir el origen de cada producto agropecuario desde su lote hasta el destino final. Este mecanismo ya fue auditado por una delegación europea, que reconoció su eficacia.
 La trazabilidad será clave para sostener las exportaciones
A partir de 2026, las empresas argentinas que deseen exportar a Europa deberán demostrar, con información georreferenciada, que los productos no provienen de áreas deforestadas luego de 2020. Deberán también cumplir con las normativas legales locales y contar con documentación que pueda ser verificada por las autoridades del bloque.
En el sector agroexportador hay preocupación por los mayores costos operativos, la burocracia adicional y los tiempos de aprobación que este nuevo esquema puede imponer. En un mercado tan competitivo como el europeo, el solo hecho de no estar en la categoría de bajo riesgo ya puede suponer una barrera indirecta.
Fuentes oficiales confirmaron que, aunque no existe un mecanismo formal de apelación, la Argentina ya manifestó su desacuerdo ante la Comisión Europea y solicitó una revisión. El Gobierno confía en que la próxima evaluación, prevista para junio de 2026, tome en cuenta los argumentos técnicos y las acciones concretas que ya se están implementando en el país.

El debate de fondo: sostenibilidad o barrera comercial
Más allá del cumplimiento ambiental, la medida europea reaviva una discusión de fondo. El campo argentino observa con desconfianza una normativa que, bajo el pretexto de proteger los bosques, podría convertirse en una nueva forma de barrera para-arancelaria. En este marco, el concepto de soberanía productiva se pone en juego, especialmente cuando las decisiones se aplican de manera desigual según el país de origen.
El listado publicado por Bruselas ubica a más de 60 países en la misma categoría que la Argentina, entre ellos Brasil, Colombia, Paraguay y México. Solo unos pocos fueron catalogados como de alto riesgo, como Rusia y Corea del Norte, donde el criterio ambiental se entremezcla con consideraciones políticas.
Mientras tanto, el agro argentino insiste en que está dispuesto a cumplir con los más altos estándares ambientales, pero exige una evaluación justa, técnica y basada en la evidencia, que contemple los avances concretos que ya se realizaron en materia de trazabilidad y sostenibilidad.
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Denuncian ante la justicia la trama oculta detrás de «la mafia del desmonte» en Chaco

Fecha de Publicación: 24/05/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Chaco


Una investigación de la Asociación de Abogados Ambientalistas que incluyó cruces de expedientes, permisos, nombres y empresas, “revela con precisión quirúrgica cómo funciona desde hace décadas una maquinaria público-privada diseñada para desmontar, saquear y ocultar” en Chaco. Un entramado de alcance nacional con beneficiarios con nombre y apellido, así como funcionarios que colaboraron en su realización.
Una grave denuncia fue radicada este jueves en la Justicia federal. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó como prueba un informe interdisciplinario que revela la existencia de un sistema mafioso que desmonta ilegalmente el monte chaqueño argentino.
La causa FRE 3086/2024, conocida como «la Mafia del Desmonte en Chaco» y que se encuentra bajo estudio de la jueza federal Zunilda Niremperger con intervención del fiscal federal Patricio Sabadini, recibió un riguroso análisis de las pruebas judiciales recabadas por el equipo que construye un mapa y detalla con nombres y fechas, cómo funciona el entramado de corrupción en relación al desmonte ilegal.
Según publicó la Asociación en su comunicado, solicitó además nuevas medidas y la ampliación del requerimiento de Instrucción contra el diputado imputado Juan José Bergia y las autoridades nacionales de Bosques.

Un mapa de la mafia del desmonte chaqueño
En el comunicado, la Asociación explica que tras haber realizado cruces de expedientes, permisos, nombres y empresas, el informe denunciado ante la Justicia “revela con precisión quirúrgica cómo funciona desde hace décadas una maquinaria público-privada diseñada para desmontar, saquear y ocultar”.
De esta manera –sostienen– lejos de ser denuncias aisladas, conforman un sistema del cual surgen nombres y apellidos en cada eslabón de la cadena: funcionarios que habilitaban lo prohibido, técnicos que gestionaban el desmonte a escalas industriales, y empresas nacionales y extranjeras que se entrecruzaban.
Asimismo, aclararon que el entramado no se limita a la provincia de Chaco sino que “la acreditación nacional del nuevo Ordenamiento Territorial, pese a que estaba judicializado y plagado de irregularidades técnicas, fue la moneda de cambio de un canje de favores con la Casa Rosada”.
La Asociación acusa al actual senador nacional Víctor Zimmermann, ex ministro chaqueño y autoridad ambiental de la provincia, de haber garantizado al oficialismo nacional su voto para el acuerdo con el FMI, entre otras leyes: “a cambio, el gobierno de Milei legalizó el ecocidio en Chaco. Lo que se vendió como un intercambio técnico es un pacto político que habilita el saqueo de nuestra naturaleza, de uno de los ecosistemas más biodiversos de Sudamérica”.
A su vez, la investigación aseguró que “el diputado chaqueño Juan José Bergia no es solo un engranaje más, sino uno de los arquitectos políticos del sistema de legalización del saqueo forestal”.
En este sentido, detallaron que en 2012, Bergia impulsó el artículo 53 de la Ley 2079-R, que permite a los infractores “usufructuar” la madera talada ilegalmente tras pagar una multa simbólica: “y en 2025, redobló la apuesta: diseñó y logró la aprobación del proyecto 1861, que otorga aún más beneficios a los responsables de desmontes ilegales, incluyendo descuentos para el aprovechamiento de productos abatidos”.

Complicidad gubernamental y empresarial
Acorde al informe presentado, entre 2011 y 2021 la Dirección de Bosques del Chaco otorgó 1335 permisos de cambio de uso del suelo. Casi el 20% de toda la superficie desmontada en ese período fue concentrada por apenas 15 propietarios. La mayoría son sociedades anónimas que operaron como verdaderos sociedades anónimas de desmonte.
El informe no escatima en señalar cuáles fueron las empresas más beneficiadas por el demonte ilegal: “el caso más extremo es el de Cuenca del Salado S.A., que recibió autorización para desmontar más de 7.300 hectáreas, el 94% de ellas en zonas donde el desmonte está expresamente prohibido”.

Qué empresas fueron beneficiadas
- MSU S.A. recibió cinco permisos entre 2010 y 2016 por más de 6.000 hectáreas, posicionándose como una de las principales beneficiarias del sistema de cambio de uso del suelo, y figura como receptora de recategorizaciones prediales en zonas protegidas.
- CIAGRO S.A. accedió a permisos por más de 3.400 hectáreas, con autorizaciones concentradas en los años 2010 y 2011, obtenidas en plena expansión del modelo extractivo sobre el monte chaqueño.
- TRIAD S.A., sociedad de Buenos Aires que figura en el informe con más de 2.700 hectáreas desmontadas, tiene domicilio fiscal en el estudio del Ing. Kalbermatter y está vinculada a Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central de la República Argentina.
- Las Guindas S.A., de la familia Urquía (dueños de Aceitera General Deheza), recibió un permiso en 2018 por 1.331 hectáreas, gestionado por Halavacs, y figura también con nueve autorizaciones especiales para desmontes ilegales.
- Vicentín, a través de distintas personas físicas y jurídicas de la familia, obtuvo permisos por más de 4.500 hectáreas, todos gestionados por Halavacs, incluyendo desmontes cercanos a áreas protegidas y dentro de zonas de conservación.

Connivencia del ex Ministro de la Producción
La Asociación denunció que el ex ministro de Producción de Chaco, Hernan Halavacs, gestionó permisos de cambio de uso del suelo para desmontar casi 38.000 hectáreas en total, con una influencia y participación creciente en los últimos 10 años.
“Los propietarios a quienes Halavacs gestionó permisos para desmontar las mayores superficies son Juan Antonio Aloi (propietario de la Finca Monterrey vecina al Parque Nacional Copo donde se habilitaron para desmontar por recategorización predial 2.000 hectáreas en 2016), Alejandro Hayes Coni (1.600 hectáreas), Los Tordos S.A. (1450 hectáreas), Las Guindas S.A. (empresa de la Aceitera General Deheza, 1.331 hectáreas) y varios predios de la familia Vicentín”, detallaron.
Entre los eslabones gubernamentales que colaboraron con «la Mafia del Desmonte», la Asociación también señaló a los directores provinciales Miguel Angel Lopez y Emanuel Carrocino: “de un total de 1335 permisos de cambio de uso del suelo otorgados por la Dirección de Bosques entre 2011 y 2021, se evidencian dos períodos con alta cantidad de permisos y superficie habilitada para desmontes: en 2013 bajo la gestión de Miguel Angel López y en 2016 bajo la gestión de Emanuel Carrocino”.

Permisos truchos
Según la Asociación, se habilitaron desmontes donde estaban prohibidos, y eso se hizo bajo la figura de «recategorización predial». Según comunicaron, 31.000 hectáreas de bosque nativo fueron bajadas de categoría para legalizar su destrucción, incluso dentro del Corredor Biológico del Chaco Seco y zonas lindantes al Parque Nacional Copo.
Cuenca del Salado S.A. fue beneficiada con más de 6900 hectáreas. “Esta forma de habilitar el desmonte se usó para 53 predios recategorizados. De ellos hay 12 casos que rondan o superan las 1.000 hectáreas desmontadas. Entre los beneficiados están Marcos Andrés Maggi (anterior dueño de la Estancia La Fabiana, vendida a CIGRA S.A.), Melisa y Héctor Giongo, Los Tordos S.A., TRIAD S.A.), Juan Antonio Aloi (2000 hectáreas recategorizadas en la Estancia Monterrey), Alberto Vicentin, La Nueva Pirámide S.A. (tierras fiscales entregadas a Ana Victoria Hupaluk y usufructuadas por INDUNOR S.A.) y el gigante pool de siembra MSU S.A”, detallaron.

Las “autorizaciones especiales”
La Asociación señaló que uno de los tipos de permisos más controversiales entregados por la Dirección de Bosques en los últimos 15 años son las “autorizaciones especiales” ya que es central en la investigación penal federal.
“Refleja el entramado político empresarial que en su creciente impunidad llegaron a diseñar un sistema de incentivo perverso bajo el ropaje de legalidad, pero que en realidad es el mecanismo que permite ingresar la madera obtenida de desmontes ilegales al mercado formal de la economía”, aseveraron.

La asignación del Fondo Nacional de Bosques
El Fondo de Bosques es un instrumento de la Ley 26.331 diseñado con el objetivo de compensar a los titulares de tierras que decidan conservar y hacer un manejo sostenible de sus bosques. La Ley Nacional, el COFEMA y la propia reglamentación chaqueña establecen que para asignar fondos tienen prioridad comunidades indígenas y campesinas respecto a empresas, bosques de alto valor respecto a bosques degradados y planes de conservación respecto a planes de manejo.
Según denunció la Asociación, la Provincia de Chaco hizo exactamente lo contrario: el 98% de los fondos que debían destinarse a comunidades indígenas y campesinas fueron a parar a empresas, sociedades anónimas o funcionarios con negocios forestales.
“La Asociación Comunitaria Meguesoxochi, manejada por el diputado Bergia, recibió casi 100 millones mientras promovía desmontes en tierras indígenas –subrayaron–. De los fondos recibidos por la provincia entre 2013 y 2018, el 30% de los mismos tuvo como beneficiario al Estado provincial (está permitido por Ley), el 69,1% se entregó a empresas y sólo el 0,9% fue destinado a comunidades indígenas y campesinas, pese a que las mismas que deberían haber sido priorizadas según la Ley”.
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Se aprobó el primer RIGI para minería y prevén que las exportaciones del sector se cuadrupliquen para 2035

Fecha de Publicación: 23/05/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional - Salta


Lo anunció el secretario coordinador de Energía de Luis Caputo. Es para la producción de litio en Salta. Las expectativas del sector que busca superar los US$10.000 millones de ventas al mundo para 2028.
El Gobierno aprobó el cuarto proyecto en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de la primera iniciativa en minería y es por el emprendimiento Rincón, de la gigante Rio Tinto, ubicado en Salta, para la producción de litio.
La novedad fue anunciada por Daniel González, secretario Coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, durante su participación en ArMinera 2025, la mayor conferencia minera del mundo que se realiza en la Argentina.
“Ya se aprobó el primer proyecto minero para Rincón Litio, de Rio Tinto. Además, contamos con tres proyectos de energía aprobados”, indicó. El tema ya estaba generando preocupación en las empresas del sector: había 7 proyectos mineros presentados al RIGI, y ninguno aprobado.
El proyecto de Rio Tinto contempla una inversión de US$2700 millones para la extracción y procesamiento de litio en el salar de Rincón. La planta producirá carbonato de litio a escala industrial, con un esquema de desarrollo por etapas.
González recordó que existen otros tres proyectos energéticos que también recibieron luz verde en el marco del RIGI: un parque solar en Mendoza; el oleoducto sur de Vaca Muerta y el proyecto para exportar gas por barco desde Río Negro.
Consultado sobre los obstáculos que enfrentó la minería en los últimos años, apuntó directamente a las restricciones cambiarias: “El cepo ha sido el principal factor que afectó la competitividad del sector; el problema va más allá del tipo de cambio”, sostuvo.
Las perspectivas del sector minero quedaron marcadas también por las proyecciones de exportaciones e inversiones a largo plazo: según dos destacados economistas, el sector podría aportar en la próxima década US$30.000 millones en inversiones y US$20.000 millones en exportaciones, con el boom del litio y la apuesta por el cobre.
Sin embargo, los analistas marcaron dudas sobre el “puente” actual hasta la estabilidad cambiaria que podría producirse en los próximos años con el boom exportador de minería y energía. Así surgió del panel organizado por IDEA y CAEM en el marco de Arminera, este miércoles en La Rural.

Las exportaciones podrían cuadruplicarse en diez años
El nuevo escenario normativo y macroeconómico proyectado por el Gobierno generó un marco optimista entre analistas. Según Esteban Domecq, las exportaciones mineras podrían pasar de US$4400 millones en 2024 a US$21.200 millones en 2030.
Entre 2021 y 2024, las exportaciones mineras promediaron US$5816 millones por año, lo que representó el 7,4% del total exportado por la Argentina.
De cumplirse las proyecciones, en apenas tres años el sector superaría la barrera de los US$10.000 millones anuales. Para 2025 se estiman exportaciones por US$6800 millones.
Para 2028, el volumen exportador podría incrementarse a US$15.900 millones, con un fuerte impulso del litio, que aportaría por sí solo US$6000 millones.
Hacia 2030, el monto total treparía a US$21.200 millones, con el cobre como principal motor del crecimiento, también con US$6000 millones proyectados.
En paralelo estará la mejora en la balanza comercial energética. De acuerdo a las proyecciones de Invecq, la balanza energética —que mide la diferencia entre exportaciones e importaciones de energía— cerraría 2025 con un superávit de US$8000 millones.
Para 2030, ese saldo favorable podría alcanzar los US$24.600 millones. “Vaca Muerta dejó de ser una oportunidad y pasó a ser una realidad”, mencionó Domecq.
Por su parte, Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb, explicó que el crecimiento de las exportaciones estará acompañado por un cambio estructural en la composición de los minerales exportados.
En 2025, en las ventas al exterior sigue liderando el oro (59% del total), le sigue el litio (26%) y en tercer lugar la plata (10%). Para 2035, la participación se modificará fuertemente: el litio alcanzaría el 33%, el oro bajaría al 11%, la plata descendería al 1% y aparecería un actor central, el cobre, que podría representar el 55% de las exportaciones la próxima década.
Izquierdo subrayó que “hay 16 proyectos en factibilidad y construcción”. Según sus proyecciones, el sector podría atraer más de US$30.000 millones en inversiones durante los próximos diez años. Además, remarcó que el desarrollo de estos proyectos podría generar más de 120.000 nuevos empleos.
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Piden que el gobierno informe qué hizo ante el derrame químico ocurrido el 16 de mayo en el río Uruguay

Fecha de Publicación: 23/05/2025
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos


El pedido ingresó este martes a la Cámara de Diputados. Insta al Poder Ejecutivo que informe en un plazo perentorio de 40 días hábiles administrativos, sobre el incidente ambiental del 16 de mayo en la planta de UPM (ex Botnia), en Fray Bentos, Uruguay. Se pidió precisiones sobre los pasos que se siguieron y se sostuvo que “la salud de nuestra población y la integridad de nuestros ecosistemas no pueden quedar supeditadas a la incertidumbre ni a la falta de información transparente y accesible”.
Este martes ingresó un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la provincia para que el Poder Ejecutivo informe “a través de los organismos que correspondan…, en un plazo perentorio de 40 días hábiles administrativos, sobre los siguientes puntos en relación con el incidente ambiental ocurrido el 16 de mayo de 2025 en la planta de UPM (ex Botnia) en Fray Bentos, República Oriental del Uruguay”.
Así, se requirió que la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos precise: “a. Qué acciones específicas, protocolos de actuación y tareas de monitoreo se activaron y ejecutaron inmediatamente después de tomar conocimiento del incidente. b. Qué tipo de muestras (aire, agua, suelo, etc.) fueron tomadas en las zonas afectadas de la provincia, indicando puntos de muestreo, fechas y horarios”.
La diputada justicialista Lorena Arrozogaraya, autora del pedido de informes, también solicitó que se precise en el punto “c. Qué informes técnicos y resultados analíticos ha producido el Área de Laboratorio de Concepción del Uruguay, o cualquier otro organismo técnico dependiente de la Secretaría, en relación con las muestras recolectadas y la calidad del aire y agua en las áreas impactadas por el olor y los posibles contaminantes. Detallar los parámetros medidos y los niveles detectados. d. Si se ha establecido comunicación oficial con autoridades de la República Oriental del Uruguay o con la empresa UPM para solicitar información sobre la naturaleza, magnitud y composición del derrame, y en caso afirmativo, cuál ha sido la respuesta obtenida. e. Qué medidas de prevención, mitigación o alerta a la población se implementaron o se prevén implementar”.
Respecto de la participación de la Provincia en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que se informe “a. Qué acciones, informes o actuaciones ha impulsado o producido la delegación argentina ante la CARU a raíz del incidente. b. Si la CARU ha realizado monitoreos específicos en el cuerpo de agua del Río Uruguay en la zona de influencia de la planta UPM con posterioridad al 16 de mayo de 2025, y cuáles han sido los resultados preliminares o finales de dichos estudios. c. Qué medidas se han solicitado o se solicitarán a la CARU para asegurar el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay y prevenir futuros incidentes de contaminación”.
Asimismo, respecto de la Guardia Ambiental de Gualeguaychú, se requirió: “a. Detalle de las acciones, intervenciones y constataciones realizadas por la Guardia Ambiental de Gualeguaychú desde el momento en que se detectaron los olores y se tomó conocimiento del incidente ambiental del 16 de mayo de 2025. b. Si se labraron actas, se tomaron muestras o se emitieron informes como resultado de su intervención, y en caso afirmativo, proveer copia de los mismos. c. Qué tipo de comunicación y coordinación se mantuvo con otros organismos provinciales o nacionales”.

Fundamentos
En los fundamentos, Arrozogaray contextualizó que “el incidente ambiental ocurrido el día 16 de mayo de 2025, originado por un presunto derrame químico en la planta de UPM (ex Botnia), ubicada en Fray Bentos, República Oriental del Uruguay, cuyos efectos se extendieron a localidades de nuestra provincia interpela el compromiso ambiental irrenunciable e impostergable de este cuerpo y del estado provincial y municipal para con los entrerrianos y entrerrianas”.
Ante aquella situación, sostuvo que “este tipo acontecimientos nos impulsa a accionar desde todos los ámbitos, gubernamentales y no gubernamentales, ante incidentes donde la sociedad no cuenta con información certera y oportuna acerca de la calidad del aire y del agua, tanto durante como después de eventos tan nocivos para el ambiente como el acaecido”.
Destacó que “como consecuencia del mencionado derrame, un olor putrefacto alcanzó las ciudades de Gualeguaychú, Pueblo General Belgrano y áreas aledañas, generando una notoria preocupación y afectando la salud y el normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas de nuestros ciudadanos”. Así, entendió que “es imperativo y urgente contar con información adecuada y fehaciente, proveniente de los organismos institucionales con competencia específica, para determinar la naturaleza y composición de las emanaciones y vertidos, y en particular, para establecer si estos pudieron contener Sulfuro de Hidrógeno, Metilmercaptano y Sulfuro de Metilo, compuestos químicos sulfurosos que, según es de público conocimiento, son utilizados por la empresa UPM en su proceso de fabricación de pasta celulosa”.
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Día Mundial de las Abejas: el proyecto argentino que busca salvar de la extinción a los abejorros nativos en la Patagonia

Fecha de Publicación: 22/05/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Patagonia


A través de sensores de sonido e inteligencia artificial se busca estudiar a estos polinizadores esenciales para los ecosistemas, que se encuentran amenazados por la presencia de especies invasoras
Un innovador sistema de monitoreo desarrollado en el país busca estudiar las poblaciones de abejorros nativos en la Patagonia para desarrollar estrategias de conservación y evitar su extinción en la región. Estos polinizadores esenciales para los ecosistemas locales se encuentran seriamente amenazados por las especies invasoras provenientes de Chile y la pérdida de hábitat.
El proyecto consiste en la colocación de dispositivos que permiten identificar a los abejorros mediante el análisis de los zumbidos que emite cada especie con micrófonos de alta calidad. Al escuchar los sonidos únicos de estos insectos se los puede ubicar sin necesidad de atraparlos, tarea que es dificultosa en la vastedad del territorio patagónico.
“Lo que hacemos es monitorear la presencia de los abejorros nativos, conocidos como mangangá (Bombus dahlbomii), y los invasores. De esta manera buscamos dimensionar el impacto que tuvo en la Patagonia la declinación de la especie local”, explicó a LA NACION Marina Arbetman, investigadora del Conicet y Exploradora de National Geographic.
“El zumbido es producto del movimiento de las alas y eso está relacionado con el tamaño del insecto. Podemos identificar al abejorro nativo porque es el más grande del mundo”, explicó la científica. El proyecto se encuentra en un estado inicial, se colocaron ocho dispositivos las cercanías de Puerto Blest, en Bariloche, debajo de las plantas fuchsia magellanica, conocida en la zona como “chilco”, que es una especie autóctona que atrae a los polinizadores.
“Por ahora lo que hace el aparato, que tiene el tamaño de un walkman, es grabar los sonidos en tarjetas de memoria, que luego son analizados mediante modelos que estamos entrenando con inteligencia artificial. En un futuro, buscamos que el sistema aprenda para tener el dato en tiempo real”, explicó Arbetman y comentó que para desarrollar esta tecnología se asociaron con profesionales del MIT de Estados Unidos.
“Con esta información podemos contribuir a la conservación de los abejorros nativos, ya que podemos ver sus movimientos y preferencias. Podemos diseñar un plan de restauración que diga qué flores plantar, en qué lugares y qué ambientes conservar donde estén más presentes”, aclaró la investigadora.

Cómo llegaron los abejorros invasores
La amenaza de los abejorros nativos comenzó hace más de 20 años, cuando Chile autorizó la importación de abejorros europeos, particularmente de la especie Bombus terrestris, para polinizar distintos cultivos en aquel país. Esos insectos se asentaron y se reprodujeron en la nación vecina y cruzaron la Cordillera. En 2006 se registró su ingreso a Argentina y puso gradualmente en serios problemas a la biodiversidad local.
Los abejorros invasores compiten con los locales por los lugares en donde hacer nidos y por las flores de las que se alimentan. Además, trajeron nuevas enfermedades desconocidas para la especie nativa, que comenzó un franco descenso de su población en los últimos años.
“El abejorro nativo está sufriendo un problema grave en cuanto a la invasión de las especies exóticas. Hay extinciones locales, en algunos lugares casi no se encuentran”, dijo a LA NACION Lucas Garibaldi, director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural y profesor en la Universidad de Río Negro.

La importancia de los polinizadores
Naciones Unidas estableció el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas para concientizar sobre la importancia de estos polinizadores en la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental a nivel mundial.
Las más de 20.000 especies de abejas, entre las que se encuentra el abejorro argentino, están amenazadas por los efectos de la actividad humana. Las poblaciones disminuyeron en todo el mundo en las últimas décadas por la pérdida de hábitat, las prácticas agrícolas intensivas, el uso de pesticidas y las especies invasoras.
Casi el 90% de las plantas con flores dependen de la polinización para reproducirse y el 75% de los cultivos alimentarios a nivel mundial dependen en cierta medida de este proceso natural. Aunque muchos no lo sepan, alimentos de consumo habitual como la frambuesa, pera, manzana, cacao, paltas y arándanos, entre otros, dependen del trabajo de los polinizadores.
Según los especialistas los cultivos pueden convivir con las plantas autóctonas

La convivencia entre cultivos y naturaleza
Los investigadores aseguraron que además de monitorear las poblaciones de estos insectos, se debe trabajar en la reproducción de plantas nativas, que sirven de refugio y comida para los abejorros.
“La principal causa de perdida de polinizadores es la perdida de hábitat por los monocultivos. En las últimas investigaciones se encontró que hay que dejar que los cultivos convivan con la naturaleza autóctona porque en esos corredores biológicos pueden vivir los polinizadores. Allí se produce más, el campo queda más lindo y vuelve la vida”, aseveró Garibaldi.
“Hay mucho trabajo por hacer para recuperar las poblaciones del abejorro nativo en la Patagonia. La presencia de polinizadores es un termómetro de la salud de un ecosistema”, concluyó Arbetman.
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Más torres, menos fruta. La mutación del Alto Valle

Fecha de Publicación: 22/05/2025
Fuente: Agencia ADN
Provincia/Región: Río Negro


El Alto Valle del Río Negro es una de las principales regiones frutícolas de la Argentina. En la última década, en la zona también creció la producción de hidrocarburos de la mano del megaproyecto Vaca Muerta. Un trabajo hecho en la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) analizó el cambio en el área destinada a cada actividad en la localidad patagónica de Allen, como caso testigo de la región.
Según se desprende de ese estudio, entre 2010 y 2020, la superficie hidrocarburífera aumentó un 170%, mientras que la frutícola se redujo un 25%. En parte, la transformación se dio por las políticas públicas incentivaron al sector energético mucho más que al alimentario.
“El Alto Valle del Río Negro y es una importante zona frutícola. Aporta al empleo de la región y a las exportaciones nacionales”, comentó Juan Ignacio Azpitarte, licenciado en Economía y Administración Agrarias de la FAUBA. «Sin embargo -agregó- hoy la actividad está atravesando una crisis estructural. Disminuyeron la superficie y la cantidad de explotaciones dedicadas a producir peras y manzanas. Cayeron sus precios internacionales, sus exportaciones, su rentabilidad”, subrayó.
Azpitarte aseguró: “Además, en la última década, la actividad hidrocarburífera creció en la región como parte del megaproyecto Vaca Muerta. Se comenzaron a extraer hidrocarburos no convencionales mediante la técnica del fracking”.

¿El sector energético está desplazando al frutícola?
Para saberlo, Juan analizó cuánto cambió la superficie destinada a cada actividad entre los años 2010 y 2020. “Me enfoqué en Allen, una localidad del Alto Valle, donde hay una gran interacción entre la fruticultura y la extracción de hidrocarburos”.
En el trabajo se detectó un descenso de la fruticultura: de 6.545 a 4.870 hectáreas, una disminución del 25,6%. Al mismo tiempo, el área destinada a extraer hidrocarburos creció de 42 a 114 hectáreas; un aumento del 178%. “De estas 72 hectáreas nuevas, 33 eran tierras frutícolas y 21 eran frutales abandonadas o con otras actividades agropecuarias”.
“Esto nos hizo pensar que la crisis frutícola y otros factores influyeron en el cambio en el uso del suelo de la zona, además del crecimiento de Vaca Muerta”, reflexionó Azpitarte. Por eso, también decidió estudiar el rol del Estado respecto de ambos sectores.

Torres de perforación entre campos frutícolas
María Marta Di Paola, docente de la FAUBA y directora del trabajo de Azpitarte, resaltó que las políticas públicas destinadas al sector energético fueron más estructurales y constantes en el tiempo, y generaron condiciones favorables para su desarrollo. “En cambio, las dirigidas al sector frutícola fueron de corto plazo y reactivas a la emergencia agropecuaria, y no lograron frenar su retroceso”.
La docente advirtió que observaron un modelo de desarrollo desigual en el que se prioriza la producción de energía por sobre la de alimentos. “Esto está reconfigurando el territorio del Alto Valle del Río Negro, su economía y sus relaciones sociales”.
“Hace años que estudio la transformación de la Argentina como un polo energético a partir del avance de Vaca Muerta —dijo Di Paola—. Es muy impresionante ver las torres de fracking entre campos frutícolas. Nuestro trabajo abarca desde el 2010 hasta el 2020, ya que en 2013 se firmó el acuerdo YPF-Chevron que dio entrada a la técnica del fracking en la Argentina”.

Microfracturas, grandes cambios
El fracking se utiliza para extraer hidrocarburos no convencionales; es decir, gas y petróleo atrapados en rocas impermeables o semipermeables, de difícil acceso. La técnica consiste en realizar perforaciones verticales y horizontales, e inyectar cantidades grandes de agua, químicos y arena a presión para generar microfracturas.
Junto con otros docentes y estudiantes de la FAUBA, Di Paola investiga los diversos impactos de la expansión de la extracción de hidrocarburos en la fruticultura del Alto Valle. “El objetivo del proyecto es responder si el fracking está desplazando a la producción frutícola”.
Para cerrar, indicó que van a evaluar si la tendencia que observaron continuó en los últimos cinco años, además de otros impactos del sector energético en el alimentario. “En su rentabilidad, en el empleo que genera y en sus condiciones ambientales. En cómo lo viven los habitantes de ese territorio”.
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Gases de efecto invernadero en la industria hidrocarburífera: Chubut a la vanguardia de la normativa ambiental

Fecha de Publicación: 21/05/2025
Fuente: Portal ChubutLine
Provincia/Región: Patagonia


Chubut y otras tres provincias han comenzado a impulsar nuevas regulaciones relacionadas a los límites de emisiones en la Argentina debido a la dificultad para arribar a una legislación nacional uniforme en materia de protección ambiental para las actividades del sector hidrocarburífero.
Pese a que en noviembre de 2023 se creó el “Programa nacional de medición y reducción de las emisiones fugitivas derivadas de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos” , a la fecha esa Resolución N° 970/23 dictada por el Secretaría de Energía no fue reglamentada y el proyecto de ley citado no ha merecido tratamiento en el Congreso
En el interín, varias provincias hidrocarburíferas han dictado regulación específica que, si bien tienen en común el objetivo de protección ambiental y reducción de emisiones, difieren en el tipo de gases cuya medición, cuantificación y/o reducción se exige; en los sujetos obligados; así como en las acciones, planes y/o programas que se les exige a las empresas.

Regulaciones en Chubut y Rio Negro
El puntapié inicial lo dio la provincia de Río Negro mediante el dictado de la Ley N° 5733 (19/7/24) aplicable a las empresas petroleras que prorroguen sus concesiones en la provincia. Se exige el compromiso de planificar a mediano plazo adecuaciones de las instalaciones e implementación de medidas para reducir las emisiones GEI de forma progresiva e incorporar tecnologías de CCUS (Captura, Uso y Almacenamiento de Carbono). Las concesionarias deberán adoptar criterios de reducción de emisiones e incluir en los Estudios de Impacto Ambiental, la evaluación de la huella de carbono, justificando la elección con relación a la alternativa de menor valor de huella de carbono. Asimismo, en los Informes de Monitoreo Anual Ambiental o Monitoreo Anual de Obras y Tareas deberá considerarse la cuantificación de inventario de gases de efecto invernadero (GEI), la cual se realizará conforme a lo establecido en la norma IRAM 14064.
Por su parte, en septiembre de 2024 la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia de Chubut dictó la Resolución N° 58/2024 (23/9/24), que regula las emisiones de metanoprovenientes de la actividad hidrocarburífera. Establece objetivos y lineamientos para la detección, control, monitoreo, cuantificación y reducción de emisiones de metano provenientes de las actividades de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos.
La norma exige la presentación de varios planes y programas, entre ellos un Plan Anual de Gestión de Emisiones de Metano, un Programa de Detección y Reparación de Fugas, un Plan de monitoreo anual y un Plan de acción para recambio de equipos.
Posteriormenta la provincia de Neuquén creó por Resolución N°  285/25 de la Secretaría de Ambiente (21/2/25) el “Programa de Monitoreo y Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el Sector Hidrocarburífero”.  Por medio del cuál exige a las empresas petroleras informar las emisiones de metano, dióxido de carbono y óxido nitroso y contar con un registro de lo que emiten. Son sujetos obligados las empresas que realicen exploración, explotación, transporte, almacenamiento, procesamiento, y/o industrialización de hidrocarburos en la provincia.
Finalmente, días pasados la provincia de Mendoza creó mediante el Decreto N° 758/25 (15/4/25) el “Programa Provincial Integral de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero”.  El mismo establece objetivos y lineamientos para la detección, control, monitoreo, cuantificación, medición, reporte, verificación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en actividades relacionadas con las grandes industrias, entre las cuales se encuentra la actividad hidrocarburífera. Los sujetos obligados deberán cuantificar las emisiones de gases que produzcan anualmente y declararlo ante la autoridad de aplicación, quien podrá establecer límites de intensidad de emisiones a cumplir para los años 2030, 2040 y 2050 y programas de reducción y compensación de emisiones.
Si bien algunas de las regulaciones referenciadas fueron dictadas con posterioridad al dictado del Decreto N° 1057/24 (reglamentario del 163 de la Ley 27.742), todas ellas han incursionado en aspectos que el artículo 2° del Anexo III del citado decreto establece como uno de los temas a ser regulados de manera uniforme y armónica entre Nación y provincias: … f) emisión de gases de efecto invernadero asociada a la actividad (Descarbonización).
A la vista de estas nuevas normas provinciales, se pone nuevamente en evidencia la dificultad en arribar a una legislación uniforme en materia de protección ambiental de las actividades hidrocarburíferas, desafío respecto del cual se comentó en la nota publicada en este medio en diciembre de 2024.

Por Verónica Tito - Abogada, magister en Gestión de la Energía y consultora en Regulación Energética, Transición y Sustentabilidad
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Un mapa interactivo de conflictos socioambientales de la Ciudad

Fecha de Publicación: 21/05/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: CABA


Un mapa interactivo y participativo muestra más de cien "conflictos socioambientales" en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Elaborado por organizaciones y asambleas vecinales que vienen protagonizando esos conflictos, el mapa se divide en problemas de vivienda, acceso a los servicios públicos, ambiente, patrimonio y rechazos al Código Urbanístico (CUR). Permite ver, además, el detalle de las situaciones denunciadas caso por caso.
Algunos son más conocidos y lograron colarse alguna vez en la agenda mediática: el caso de Costa Salguero, del barrio de torres de lujo de IRSA en Costanera Sur o las masivas concesiones dentro del Parque Sarmiento. Otros son generalizados o hasta estructurales: el rechazo al avance inmobiliario en los barrios residenciales producido por el CUR o los vaivenes en las políticas de urbanización en los distintos barrios populares. Algunos más, aunque pocos, cuentan triunfos: la creación del Parque de la Estación en Balvanera tras veinte años de lucha de los vecinos o la del primer espacio verde para Santa Rita, el único barrio que hasta hace pocos meses no tenía plaza.
Todos forman parte de la lista de 112 conflictos ubicados barrio por barrio en el Mapa Participativo de las Resistencias Ciudadanas Socio Ambientales, elaborado por el Observatorio del derecho a la ciudad (ODC) y el Movimiento la Ciudad somos quienes la habitamos. Sus creadores destacan que es "el resultado del acompañamiento hace más de 15 años a las asambleas y la ciudadanía porteña en los conflictos urbanos" y está pensado como "herramienta de visibilización y organización", según señalan desde los espacios que llevan a María Eva Koutsovitis como candidata en las elecciones porteñas de este domingo.
Las organizaciones advierten que los conflictos son "las consecuencias del plan sistemático de privatización y saqueo de la ciudad", al que catalogan como "un plan excluyente, autoritario y destructivo del entramado social, del patrimonio y de las identidades barriales y del ambiente". Al ser virtual e interactivo, el mapa está pensado para que tenga una "dinámica de registro y difusión de esas luchas", por lo que incluye un formulario específico para que los vecinos y vecinas puedan subir al mapa sus conflictos.
Los 112 cargados hasta el momento se dividen en cinco ejes: ambiente y espacio público; vivienda y servicios públicos domiciliarios; servicios públicos urbanos; patrimonio; y planeamiento y códigos. Con 44 casos, este último es el ítem que más conflictos acumula, lo que responde a la extensión territorial del reclamo contra las normativas del CUR en cada barrio, proceso que se fue ampliando año a año desde la aprobación en 2018 del código que reemplazó al antiguo Código de Planeamiento Urbano.
Además de listar los barrios en los que los vecinos y vecinas se organizaron para rechazar al CUR, el mapa también menciona otros conflictos vinculados al planeamiento de la ciudad. Aparece allí, por ejemplo, el rechazo a la construcción del Parque de la Innovación erigido en las tierras vendidas del exTiro Federal. Si se clickea ahí, como en cada uno de los casos, el mapa detalla la situación: "El GCBA subastó terrenos entre 2018 y 2022 totalizando 124 millones de dólares para implantar el proyecto. Por fuera de algunas universidades y de un centro médico, en el proyecto priman las grandes desarrolladoras", señala. También aparece el caso de las viviendas dañadas del barrio de Núñez por la sobreconstrucción e incluso situaciones que responden al dominio del Gobierno nacional, como la venta del edificio del INTA en Palermo.
El eje de vivienda y servicios domiciliarios está acaparado casi en su totalidad por la situación de los barrios populares. La urbanización de la 31, por ejemplo, aparece catalogada como "lenta y sin garantías de una vivienda digna", en la 21-24 se destaca que está en situación de "riesgo sanitario crítico", o la 1-11-14 calificada como la que "más problemas de servicios públicos padece". También se recuerda la situación de La Boca, declarado en emergencia habitacional, o conflictos específicos como el de Casa Santa Cruz, donde viven 350 personas con orden de desalojo vigente.
En cuanto a ambiente y espacio público, se enumeran, por ejemplo, casos como los explayones ferroviarios con suertes disímiles como el de Colegiales donde se construyó un parque con edificios en el medio, o el de Caballito, todavía abandonado pero con proyectos de construcción de edificios aún en pie frente a la propuesta de los vecinos y vecinas de transformarlo en un parque. Por último, el eje correspondiente al patrimonio muestra situaciones como el conflicto en torno a las posibles obras de remodelación en el Luna Park o el desarrollo y avance del polo comercial - gastronómico en el Casco Histórico.
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Secar el humedal

Fecha de Publicación: 20/05/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Litoral Argentino


En los últimos días se conoció la información de que el gobierno nacional cedió tres fracciones de tierra a la vera del corredor vial que une Rosario con Victoria (ruta nacional 174). El convenio firmado entre Vialidad Nacional y entidades agropecuarias definió otorgar dos parcelas para la Sociedad Rural de Victoria y una para la Comunidad Islera Asociación Civil a los efectos del montaje de un sistema de mangas y corrales para el embarque y desembarque de hacienda en pie en la zona de islas. Hasta ahora, el municipio de Victoria, centralizaba estas operaciones y cobraba un canon por dicha tarea. A partir de esta resolución, serán los propios privados los encargados de realizar esta logística de ingreso / egreso, gestión en la que fue clave el papel del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que jugó activamente en favor de estos sectores de fuerte peso en el negocio ganadero.
La noticia encierra una aguda disputa que se viene dando desde hace tiempo por las tierras que conforman el Delta del Paraná. De hecho, diversas organizaciones socio-ambientales vienen denunciando una acelerada transformación de estos territorios, que en muchos casos tiene que ver con las consecuencias del dragado sin control que se ha realizado en el cauce del río Paraná, y las prolongadas bajantes que, producto de los efectos del cambio climático, han venido agudizándose en los últimos años, poniendo en riesgo unos de los reservorios de biodiversidad más importantes de Argentina: los humedales del Delta del Paraná.
El Delta del Paraná es un extenso territorio de 17.000km2, con una inmensa biodiversidad que conjuga una multiplicidad de paisajes con una comunidad islera que ha desarrollado allí históricamente modos de vida respetuosos con el medio.
Es sabido también que la ganadería no es un fenómeno nuevo en las islas. Sin embargo, en las últimas décadas, el crecimiento de la actividad ha ido impactando de un modo más notorio en el ambiente de las mismas. De hecho, algunos estudios indican que en 2007 llegaron a haber más de 1,5 millones de cabezas de ganado y que luego de la gran inundación de ese año, la cifra se redujo sensiblemente. En esa ocasión, la imposibilidad de efectuar un retiro rápido del ganado le terminó costando la vida a miles de animales y más de un productor se replanteó la posibilidad de seguir trasladando animales a territorios inestables como son las planicies inundables que conforman las áreas de humedales, a pesar de las facilidades de acceso que permitió la construcción de la conexión vial entre Rosario - Victoria a áreas que antes eran prácticamente inaccesibles.
El fenómeno obedece a causas estructurales que tienen que ver con un modelo productivo centrado en la producción de materias primas con eje en la producción de soja (que beneficia centralmente a los grandes terratenientes y a las multinacionales que tienen hoy control del comercio exterior), que producto del corrimiento de la frontera agrícola ha ido desplazando a áreas más periféricas actividades como la ganadería, que en muchos casos ha tenido que refugiarse en zonas en donde los costos de la tierra son menores y las condiciones de las pasturas pueden resultar convenientes para este tipo de actividad.
En un informe que realizáramos en el año 2022 en el medio de una de las crisis ambientales más profundas de los últimos años generadas por las quemas en las islas, constatábamos solo del registro visual de la foto satelital la existencia de más de 365 establecimientos dedicados a la actividad ganadera, lo que indicaba un repunte de este tipo de actividad productiva. Los períodos prolongados de sequía, las bajantes del río Paraná y sobre todo los taponamientos de las principales bocas que alimentan de agua al humedal que se han ido obstruyendo producto de la acumulación de los sedimentos arrojados en las tareas de dragado, vienen transformando aceleradamente las condiciones de este territorio y han despertado nuevamente el interés de grandes terratenientes y productores que ven en esto una nueva oportunidad para ampliar sus negocios. Además, se sabe que una parte importante de estos territorios son tierras fiscales, que en muchos casos han sido usurpados de forma ilegal sin que el Estado tomara acciones para evitarlo, ni que se hagan públicos los datos catastrales que permitirían además verificar responsabilidades en caso de incendios, como los producidos en el año 2020.
En el registro de movimientos de la Draga “Pinta” perteneciente a la empresa belga Jan de Nul, que tiene aún la concesión de las tareas de dragado del canal de navegación principal de nuestro río Paraná, puede observarse con claridad el tipo de maniobra que se realiza para arrojar el material removido sobre la costa de las islas, y lo que posteriormente por el propio escurrimiento de las aguas, se va desplazando y acumulando en las bocas de los riachos y arroyos interiores. El municipio de Victoria junto a un sinnúmero de organizaciones vinculadas al cuidado del medio ambiente, pescadores, actividades turísticas, han solicitado en varias oportunidades al gobierno de Entre Ríos que gestione la remoción de los sedimentos en las bocas de acceso a los riachos que se depositan por el refulado de arena del canal principal.
En momentos de bajante del río Paraná, hay sólo tres bocas que alimentan el humedal de Victoria: la Boca de la Azotea, la Boca del Bobo (arroyo Careaga) y las Cuatro Bocas (Boya 500 – Paranasito), ubicadas entre Puerto San Martín y Diamante. Estas entradas son fundamentales para mantener el flujo de agua dulce hacia el humedal y, en consecuencia, asegurar el bienestar del ecosistema y las comunidades costeras.
Sería lógico preguntarse, por qué el gobernador Frigerio que con toda premura y en un verdadero trámite express logró que el gobierno nacional le cediera las tierras necesarias para facilitar nuevos accesos desde la ruta en beneficio de la actividad ganadera, y que además ha estado sumamente activo en apoyo al proceso de licitación que el gobierno de Milei ha planteado para reprivatizar, entregar a manos extranjeras y profundizar el dragado del canal de navegación principal del río Paraná (en el que además pidió se incluya al Paraná Guazú – Bravo – Talavera como parte principal de la Vía Navegable Tronca), sigue haciendo oídos sordos a los reiterados reclamos respecto del dragado de las bocas que garantizan el agua en el humedal.
¿Es una acción deliberada para agudizar la situación de crisis hídrica que presenta desde hace años gran parte de humedal con el objetivo de lograr que una parte significativa de ese 1,7 millón de hectáreas puedan utilizarse con fines productivos?
Es sabido que la Dirección de Hidráulica de la provincia de Entre Ríos cuenta con las dragas para poder hacerlo. Sucede en este sentido, algo similar a lo que reiteradamente se ha denunciado en relación a las dragas de la Dirección Nacional de Vías Navegables, que desde hace años se encuentran en estado de total abandono, para justificar luego que es necesario que las tareas de dragado sean realizadas por empresas extrajeras.
Es sabido, que renombrados terratenientes de la zona, han venido comprando tierras en los últimos años, a precios exiguos por tratarse de zonas inundables. ¿El gobierno de la provincia estará al tanto que su inacción puede terminar multiplicando el valor de esas tierras si su puesta en producción se asegura por la ausencia de anegamientos?. ¿Querrá garantizar un negocio en beneficio de unos pocos a un costo ambiental incalculable?
¿El gobernador sabrá que el recurso ictícola, que es sostén de muchas familias isleras, está en serio riesgo? ¿Conocerá que especies como el dorado, la boga y el surubí, precisan de este tipo de lugares para garantizar el desove y la reproducción de las especies?
No es la primera vez que intereses privados buscan apropiarse de estos territorios para transformarlos y dotarlos de condiciones similares a la existente en nuestra pampa húmeda: modificar las condiciones naturales para asegurar la expansión de la ganadería e incluso de la agricultura extensiva.
Es un proceso que algunos estudios definen como de “pampeanización”, cuyo ejemplo más burdo fue el llevado adelante hace algunos años por la multinacional holandesa Bema Agri, que durante 10 años alteró unas 10.000 hectáreas en la zona de islas frente a Villa Constitución, construyó 19km de terraplenes para secar un perímetro en donde incluso llevó maquinaria para poder sembrar soja y maíz. Finalmente la justicia le impidió continuar por infringir la protección de un área natural y las ordenanzas y leyes provinciales.
Tengamos en cuenta además, que gran parte del descontrol de los incendios que tanto afectaron a nuestra zona en los últimos años, también tiene que ver con este fenómeno: los endicamientos, el descenso del nivel de agua, hace que muchos riachos y cursos de agua menores que actuaban de “cortafuegos naturales” hayan desaparecido. Por lo tanto, los riesgos de que los focos de incendio se expandan rápidamente es mucho mayor, y las consecuencias ya las conocemos.
La intención del gobierno nacional de avanzar con la profundización del dragado del canal de navegación troncal del río Paraná, al que intentó llevar a 44 pies antes de que se frustrara el escandaloso proceso de licitación (aunque ya se sabe que volverá a intentarlo en los próximos meses), agudizará las condiciones críticas en las que ya se encuentra actualmente el humedal. Recordemos que este intento de privatización y entrega del río Paraná fue recientemente denunciado por más de 180 organizaciones que formaron parte de la épica “Remada Contracorriente” que recorrió 1.200 km en defensa del agua, la vida y la soberanía en el mes de marzo del presente año.
Solo comparar una imagen satelital actual con la de algunas décadas atrás, nos permite tomar dimensión de la dramática reducción de las superficies en las que antes había agua y ahora crecen pasturas propias de nuestra pampa que el propio ganado ha ido trasladando hacia este territorio en el que otrora reinaban los juncos y camalotes.
Para los 40.000 habitantes de la ciudad de Victoria, el acceso al agua resulta vital. Sin embargo, como ya pudo verificarse en momentos de bajantes del nivel del río, se ha estado cada vez más al límite en la posibilidad de asegurar la provisión de agua. Sucede que la Laguna Grande, que cada vez es más chica, es la que se comunica con el Riacho Victoria en donde se encuentra la toma de agua de la ciudad.
La situación es cada vez más urgente, y si las tareas de profundización del dragado del río Paraná con el que pretende avanzar el gobierno nacional de Milei en beneficio de las agroexportadoras se hace efectiva, y siguen sin tomarse las medidas necesarias para desobstruir las bocas de acceso que garantizan niveles de irrigación adecuados para el humedal, no solo se estará poniendo en riesgo la diversidad de la flora y fauna propia de estos ecosistemas, sino que, como ya se vio en anteriores bajantes, se pondrá en riesgo la garantía de acceso a un elemento vital como el agua para la vida y se hará cada vez más crítica la situación de sectores como el de la pesca artesanal, la agricultura familiar y la apicultura, que ya están al borde del colapso.
Continuar la pelea en defensa del agua, la vida y la soberanía es la única posibilidad para dar vuelta esta situación. Está en nuestras manos lograr que la victoria sea colectiva y en beneficio de todos.

Por Pablo Payró  - Arquitecto, docente de Diseño del Paisaje y miembro del Foro por la Recuperación del Paraná
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Detectan desmontes ilegales mediante fotos satelitales

Fecha de Publicación: 20/05/2025
Fuente: Nuevo Diario Web
Provincia/Región: Santiago del Estero


Con el firme objetivo de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia ambiental, fiscalizadores de la Dirección General de Bosques y Fauna de Santiago del Estero realizaron una serie de inspecciones en distintos predios del departamento Taboada, tras detectar indicios de actividad ilícita a través del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT), una herramienta satelital que permite monitorear en tiempo real los cambios en la cobertura forestal.
Las actuaciones se enmarcan en la aplicación de las Leyes Provinciales N° 6.841 y N° 6.942, que regulan el uso del suelo, el manejo sostenible del monte nativo y las sanciones por intervenciones no autorizadas. Según informaron fuentes del organismo, las imágenes satelitales pusieron en evidencia movimientos sospechosos en diversas parcelas rurales, lo que motivó un operativo de control en territorio.
En una primera intervención, los agentes se dirigieron al inmueble identificado como 13-13-B, donde pudieron constatar un desmonte total. El material vegetativo extraído aún permanecía en el lugar, lo que facilitó la verificación de los hechos.
Cabe destacar que este predio ya tenía un expediente administrativo abierto, con una infracción en curso por haber llevado a cabo tareas de desarbustado sin la debida autorización de la autoridad competente.
Posteriormente, los fiscalizadores visitaron otro campo donde se realiza extracción de leña con destino a la producción de carbón.
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Otro evento climático extremo, otra inundación: ya no se puede mirar para otro lado

Fecha de Publicación: 19/05/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: CABA - Buenos Aires


Más de 5000 personas evacuadas y otras tantas autoevacuadas en al menos once municipios, que van de Escobar a Exaltación de la Cruz y Salto, ante la caída de unos 400 milímetros, más de la mitad de lo que llueve en todo un año. La catástrofe y la solidaridad. Los eventos adversos se multiplican pero las soluciones estructurales escasean, en un país gobernador por una fuerza que descree del cambio climático y la obra pública.
De nuevo una inundación, de nuevo récord de lluvias. Antes fue Bahía Blanca, Santa Fe, Salta. Ahora es el norte de la Provincia de Buenos Aires, desde el conurbano hasta Salto. Son postales de dramas familiares y comerciales que también se vuelven advertencias, hasta ahora desoídas: el cambio climático dejó hace rato de ser ficción. Es una realidad con efectos concretos, que demanda respuestas estructurales. Obras de adaptación, campañas, la cooperación con el sector científico, alertas tempranas. Con un gobierno nacional que descree de este fenómeno y que impulsa un Estado ausente y el fin de la obra pública, la situación se vuelve crítica.
Hasta el sábado se registraban más de 5000 personas evacuadas y otras tantas autoevacuadas en al menos once municipios, que van de Escobar a Exaltación de la Cruz y Salto. Solo en éste último hablaban de 4000 evacuados en una situación social de emergencia, mientras la lluvia persistía durante gran parte de la jornada, superando en un par de días lo que llueve en la mitad de un año.
En conferencia de prensa al mediodía, en Puente 12, el gobernador Axel Kicillof contó que asisten a 30 comunas y adelantó que luego de las lluvias “vendrá un frente frío con vientos fuertes, por lo cual llamamos a no circular por las zonas afectadas ni salir a la ruta”. A esto hay que sumarle el caudal que arrastran ríos y arroyos.
“En Salto tenemos una crecida que puede llegar a ser la más grande de la que haya registro. Cayó mucha agua, pero la situación está bajo control”, relató el director provincial de Defensa Civil, Fabián García.
Pidió tomar conciencia a la ciudadanía (“Alerta roja indica que hay que seguir instrucciones oficiales, y si es ‘no circular’ se complica si un ómnibus con jóvenes haciendo turismo pasa por la zona roja en ese momento”); señaló que “se hicieron más de 20 rescates de personas que quedaron atrapadas en algún vehículo o agarrados de algún árbol para no ser arrastrados por el agua” y apuntó que “hay barrios muy anegados (como Santa Lucía, San Cayetano y San Luciano), la mayoría ubicados en sectores depreciados”.

Varados, aislados, inundados
El sábado por la tarde, el intendente de Zárate Marcelo Matzkin definió a la situación como una “catástrofe” y que en algunos barrios llegó a haber “hasta dos metros de agua”.
Una postal de estas inundaciones, en una región que bordea al río, fueron las lanchas y botes. Al punto que municipios como Campana llamaron a que los vecinos con embarcaciones se acercaran para sumarse al operativo de rescaste. Familias enteras pasaron días y noches sobre los techos. En Zárate y Campana, sindicatos (por ejemplo la UOM), sociedades de fomento, iglesias y clubes (el caso del CADU, Ciudad de Campana y Villa Dálmine) se abocaron a recibir donaciones y participar de ayudas. Las escuelas abrieron para ser centros de emergencia.
Por las redes se multiplicaron las vecinas y vecinos que ofrecían sus casas para que puedan dormir, comer o bañarse aquellos que perdieron todo. Juan López fue uno de los que ofreció por Facebook su casa en Pasteur 1214 para cualquier persona que “no tenga dónde ir con sus hijos” o que “precise dormir calentito”.
“En mis 20 años de intendente no he visto una creciente como esta. Nunca ha llovido tanto en tan poco tiempo. Es un desastre», sentenció el intendente de Salto, Ricardo D’Alessandro. La ciudad quedó aislada ante la inundación de todas las rutas que la rodean. Así lo describió el secretario General del Municipio, Camilo Alessandro: “no ha parado de crecer el río. Salto está anillado, están todas las rutas cortadas. Por lo tanto, cualquier tipo de ayuda de alguna ciudad vecina, está imposibilitada. Los Bomberos que han trabajado toda la noche tienen solamente dos lanchas para rescatar. Aquellos que ven que el agua les llega a sus casas, por favor, que salgan».
Rubén, de 76 años, fue uno de los rescatados por las lanchas en Campana. Contaba: “en mi casa tenía todos los artefactos de panadería, perdí todo, también las cosas de mis hijos, mi señora fallecida. Me dijeron: ‘antes que nada está tu vida, después lo material’”.
En la Ruta Nacional 9 el agua cubrió hasta la mitad de los árboles, lo que generó que quedaran varados numerosos vehículos, entre ellos dos colectivos de larga distancia con más de 40 personas dentro. Uno de ellos llevaba un contingente de niños. El reclamo fue unánime: habiendo pasado un día entero nadie de Vialidad Nacional se había acercado. En las ciudades quienes se pusieron al hombro los rescates fueron los propios grupos de vecinos y los bomberos voluntarios. A Campana llegaron “más de 200”, según calculó Hernán, del cuerpo de voluntarios de José C. Paz.
Por la noche del sábado el alerta roja abarcaba aún a 16 municipios. “Aunque deje de llover, el problema es el agua que baja del arroyo”, definió Marcelo, autoevacuado de Escobar, que fue en familia a la casa de su pareja. En el camino observaban camionetas tipo RAM enclavadas en medio del camino: “parecía El Eternauta”.
Hay otro factor que se suma a la crisis: la falta de energía. Hasta el sábado a la tarde, había 36.200 usuarios sin luz entre Edesur y Edenor. En Zárate, la cooperativa debió cortar el servicio de los barrios adyacentes a RN 193 porque la Planta Cementera Holcim quedó “totalmente anegada”, lo que afectó a la Empresa Transformadora CORCEMAR, ubicada en ese predio.

El cambio climático: ya no se puede mirar para otro lado
“Estamos afrontando el tercer día de tormenta, un fenómeno meteorológico muy inestable, por el que ya cayeron más de 400 milímetros de agua”, aseguró el sábado al mediodía el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso. “Lo mismo que llovió en Bahía Blanca, pero en tres días”, acotaron desde la Gobernación.
Ya lo había sufrido el noroeste argentino semanas atrás, y seguramente lo sufra otro distrito más temprano que tarde. El problema es no relacionar todos estos eventos climáticos extremos y tomarlos como episodios aislados. El mayor ejemplo es el Gobierno nacional que en cada inundación dispuso el envío de los mismos funcionarios (y cuando la situación ya había explotado): Patricia Bullrich, de Seguridad, y Luis Petri de Defensa. Solo actuar en la contingencia.
¿Pero qué pasa antes y después de las lluvias? Un vecino de Campana lo definió ayer ante las cámaras: “esto se agrava por lo que viene de allá (señalando con su brazo al otro lado de la ruta). Ahí antes había humedales, ahora rellenaron todo y construyeron, y nadie dice nada. Se nos viene todo el agua de ahí”. Los códigos urbanísticos y el tipo de vivienda que se construye deberían contemplar estos eventos climáticos adversos, pero ocurre lo contrario, escasea el control y la planificación urbana en épocas en las que la bandera es la “desregulación”.
Mientras, no hay obra pública, ni campañas ni regulación ni apoyo a la ciencia, que es clave para afrontar estos sucesos, incluyendo a un Servicio Meteorológico que fue desmantelado en esta gestión nacional. Fabián García, director de Defensa Civil bonaerense destacó ayer que “desde que llegó Kicillof se creó una dirección de alertas propia que tiene 6 meteorólogos y contamos con un servicio de guardia más grande que a nivel nacional. Son situaciones complejas porque este tipo de tormentas es como si estuviera situada en varias partes de la Provincia y va descargando”.
La crisis va más allá: desde el presidente Javier Milei hasta el titular del Conicet, Daniel Salamone, rechazan al cambio climático y han llegado a reclamar una ciencia “basa en evidencias y no en ideologías”.
En noviembre de 2023 ya lo anticipaba a Tiempo la hoy ex titular de la Secretaría de Cambio Climático, Cecilia Nicolini: “históricamente la agenda climática era una agenda eminentemente de mitigación. Ahora bien, nuestra agenda también tiene que ser de adaptación, porque la crisis climática ya la estamos viviendo y donde más afecta es en nuestros países. Si vos negás los efectos climáticos vas a seguir perdiendo mucho más. O sea que además es antieconómico».
Y acotaba: «La clave no es solo analizar los costos de lo que vamos a invertir para la transición ecológica a la Argentina, sino lo que nos va a costar no invertir en eso. Y ahí vemos que los costos se van hasta quintuplicar. Hace muchos años que la ciencia nos alerta que la crisis climática existe y que los impactos van a ser cada vez más pronunciados. Y eso se viene acelerando. Las economías regionales, por su población e infraestructura, están mucho más expuestas a esta variabilidad climática. Entonces ahí uno tiene dos caminos: invertir en política climática, adaptándonos. O negar la realidad hasta que estalle”.  
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La Subsecretaría de Ambiente de la Nación fue sede de una asamblea del COFEMA para elegir autoridades

Fecha de Publicación: 19/05/2025
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional


Se trató de la edición ordinaria 111. Allí, los representantes provinciales designaron nuevas autoridades y avanzaron en la articulación de políticas ambientales estratégicas para las jurisdicciones.
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, se refirió a “la centralidad del COFEMA” y aseguró que “es un espacio de reflexión, discusión, una usina de ideas e iniciativas, con capacidad de ejecución de una agenda que tiene gran centralidad e impacto”.
Por su parte, el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, agradeció la presencia de las autoridades provinciales, felicitó a las nuevas autoridades del COFEMA y resaltó que las asambleas del Consejo “son una herramienta fundamental para lograr consensos y avanzar con la gestión ambiental, con agenda conjunta y una visión que contemple las particularidades de las provincias que cumplen con sus responsabilidades constitucionales con seriedad para generar resultados concretos”. Asimismo, Brom realizó un reconocimiento al papa Francisco y a su gran legado expresado en la encíclica Laudato Si, al destacar que “a nosotros nos interpela y constituye una guía, ya que allí se define la interdependencia entre el hombre y los recursos naturales. Y es uno de los mejores conceptos para definir qué hacemos y en qué trabajamos desde el ambiente”.
El Consejo Federal de Medioambiente, llamado a trazar la política ambiental nacional, realizó su reunión formal para la elección de autoridades en la sede de la Subsecretaría de Ambiente. En la ocasión, se designó a Federico Cacace, secretario de Estado de Ambiente de San Luis, como presidente del organismo, y a Juan José Rivera, secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut, como vicepresidente.
Además, durante la asamblea, se realizó la lectura de la nota de despedida de Carlos Salmoiraghi, subsecretario de Medio Ambiente de Santiago del Estero, quien formó parte activa del Consejo.
En el marco de la asamblea se firmó una carta acuerdo para el fortalecimiento de la cuenca forestal Caimancito, en la provincia de Jujuy. en el marco del Proyecto Pago por Resultados impulsado junto a FAO y el Fondo Verde del Clima.
También, se realizó la entrega de equipamiento a diversas jurisdicciones en el marco del componente de Fortalecimiento Institucional del Proyecto Pago por Resultados (PPR), que se implementa junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y con financiamiento del Fondo Verde del Clima.
Además, se distribuyó equipamiento a las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Gestión y Protección de la Biodiversidad Costero Marina en Áreas Ecológicas Clave y la Aplicación del Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP)”, ejecutado por la Subsecretaría de Ambiente con fondos del GEF desde julio de 2017 hasta marzo de 2024. El mismo contempla equipos informáticos —tablets y notebooks— e indumentaria para el manejo y rescate de fauna marina en la costa —botas, anteojos, barbijos, mamelucos, guantes, entre otros—.
La agenda de trabajo incluyó la elección de representantes regionales y la designación de comisiones. Se presentó, también, la resolución del Programa de revalorización de neumáticos en desuso y un proyecto de declaración de interés impulsado por Chaco.
Durante la jornada a su vez se trataron iniciativas como la distribución de los fondos 2025 de la Ley de Bosques Nativos, y diversos proyectos de declaración de interés: la séptima edición de la Limpieza Binacional del Río Uruguay, impulsada por Misiones; y el “Mapa de Áreas Protegidas del Norte Grande de Argentina”, elaborado por la Fundación ProYungas en el marco del Proyecto Impacto Verde, presentado por María Inés Zigarán de Jujuy.
Asimismo, se compartieron breves presentaciones de los Planes de Respuesta Climática de las provincias de Jujuy, La Pampa y Misiones, como parte del trabajo conjunto orientado a la adaptación y mitigación. En esa línea, Macarena Moreira, directora nacional de Impacto Climático, y Matías Mottet, coordinador del Área de Ambiente del PNUD, presentaron una propuesta de cooperación para apoyar la implementación de estos planes provinciales.
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