Pese a los millones del Banco Mundial, las obras del Matanza Riachuelo en stand-by

Fecha de Publicación: 25/04/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo


Tras una inversión de más de 1200 millones de dólares y con el 90% del proyecto terminado, la obra más importante para la recuperación del río está paralizada. Asombra la tranquilidad con la cual se deja en suspenso una inversión multimillonaria cuando faltan pocos pasos para su concreción.
Ya se dijo: el Sistema Matanza Riachuelo, la obra más importante para la recuperación del río, está parada. Pero no está de más repetirlo. Es un dato asombroso por muchos motivos, como el volumen de su inversión: más de 1200 millones de dólares. Y por el avance alcanzado hasta el momento: más del 90% se halla actualmente terminada, después de diez años de trabajo.
La obra asombra por sus dimensiones. Se trata de la ampliación de la red de cloacas subterráneas del Área Metropolitana de Buenos Aires más importante desde la puesta en marcha de la red a principios del siglo XX.
También es notable por tener como principal socio estratégico al Banco Mundial, que la presenta como un proyecto de vanguardia a nivel internacional, por la escala y los desafíos técnicos resueltos para su construcción, y por ser la mayor inversión en su tipo realizada por el organismo en la región.
La obra es uno de los ejes centrales del plan de recuperación ambiental del río Matanza Riachuelo, impulsado por el Estado Nacional a través de ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), y ejecutada por la empresa pública AySA (Agua y Saneamiento).

Millones de inodoros
Los líquidos cloacales son el principal objetivo del proyecto. Estos representan, en volumen, la mayor fuente de contaminación del río. Se trata de líquidos provenientes de los baños de viviendas habitadas por las más de dos millones de personas del área sin acceso a la red de cloacas. Su desagüe se produce a través de arroyos, canales clandestinos y filtraciones de napas subterráneas.
La materia orgánica de estos inodoros, volcada sin tratamiento, llega al río en cantidades imposibles de procesar por éste. Su saturación provoca uno de sus problemas ambientales más graves: la falta de oxígeno disuelto en el agua. En condiciones normales, la materia orgánica se descompondría sin generar daños ambientales. Pero en cantidades extremas, las bacterias encargadas de degradarla terminan por absorber el oxígeno del medio, hasta agotarlo.
El resultado es la paradoja de un curso de agua como el Matanza Riachuelo, donde debido a la ausencia de oxígeno no pueden vivir peces ni otros organismos acuáticos; por no mencionar otros riesgos generados por las cloacas sin tratar, como las enfermedades y los malos olores.

Una obra descomunal
¿Cómo se llegó a esta situación? Es el resultado de más de un siglo de expansión del área urbana de Buenos Aires. O mejor dicho, de su evidente desigualdad. Mientras la Ciudad de Buenos Aires contó desde principios del siglo XX con una red de cloacas moderna, motivo de orgullo en su época, no sucedió lo mismo en el llamado Conurbano, donde nunca se invirtió ni planificó de manera equivalente.
Este fue uno de los problemas encarados por ACUMAR desde 2009. Las dos millones de personas sin cloacas en la Cuenca Matanza Riachuelo no solo estaban desconectadas de la red. En realidad, no existía ninguna red con capacidad suficiente para recibir sus líquidos cloacales, transportarlos y tratarlos.
La solución del Sistema Riachuelo fue duplicar la capacidad de carga del sistema. La obra incluyó la excavación de un túnel de más de 40 kilómetros y tres metros de diámetro, que une la Matanza con el barrio de La Boca, recorriendo todo el borde del Riachuelo a lo largo del sur de la Ciudad, y aliviando los conductos existentes. Desde allí, pasa por debajo del Riachuelo, se interna en la Isla Maciel y Dock Sud, sigue por debajo del puerto y el Polo Petroquímico y termina en la orilla del Río de la Plata, en donde se construyó la mayor planta de tratamiento de líquidos cloacales del Área Metropolitana. Otro conducto subterráneo se interna 10 km bajo el río para realizar la dispersión final de los líquidos.
El resultado, cuando el sistema se ponga en marcha, será una mejora notable en la calidad del agua del río. El Sistema permitirá incorporar 1,5 millones de usuarios a la red de cloacas en la Cuenca, y mejorar el servicio de 4,3 millones de personas, en más de veinte Municipios, algunos fuera de esta.

Parálisis y perplejidad
Pero lo más asombroso del Sistema Riachuelo es que actualmente esté detenido. Entre trabajadores y funcionarios de ACUMAR reina la perplejidad. El último paso para su puesta en marcha requiere una transferencia de fondos del Estado Nacional. Las cañerías se hallan terminadas desde fines de 2023, pero su punto débil es la planta de tratamiento de Dock Sud, imprescindible para poner en marcha la red. Esta tiene un avance del 94%, según el sitio web de ACUMAR, y su fecha de finalización era el 2024, sin nuevas actualizaciones.
Como sucede en muchas áreas del Estado en la actualidad, no hay indicios de los planes a futuro. El contraste es notable. Por un lado, en la web abundan los materiales gráficos y audiovisuales realizados en los últimos años para transmitir la importancia de la obra, de donde fueron tomados los datos para esta columna. Pueden observarse las palabras llenas de orgullo y emoción de la ingeniera a cargo de su dirección, considerándola un hito histórico por su escala y dificultad. Los funcionarios del Banco Mundial destacan la obra como un modelo para otros proyectos impulsados por el organismo en otros países, por el volumen de la inversión y la cantidad de población beneficiada. Sobre todo, por la complejidad de los actores involucrados y las negociaciones requeridas para sostener en marcha el proyecto a través de los sucesivos cambios de gobierno.
Hoy los mayores elogios y apoyos a la obra provienen, paradójicamente, de las publicaciones de un organismo internacional y una empresa pública, AySA, a la cual se propone privatizar. ACUMAR adoptó el Sistema Riachuelo como una de las principales acciones para el saneamiento del río Matanza Riachuelo, pero en las últimas semanas el organismo borró de su sitio web la mayor parte de los materiales de difusión, noticias y registros realizados a lo largo de los últimos años sobre este y otros proyectos vinculados al saneamiento de la Cuenca. Quedaron disponibles solo los informes técnicos, en su mayoría desactualizados.

Silencio que aturde
El retiro de ACUMAR como impulsora general del proyecto tiene consecuencias obvias. Es difícil imaginar un proceso de transformación como el propuesto a través de estas obras, sin una voz pública dedicada a transmitir el sentido de sus inversiones. Sin información e imágenes que ayuden a dimensionar los cambios esperados.
El río tiene una tradición de intentos de limpieza sin terminar. El silencio oficial inquieta porque amenaza con dejar en el olvido obras que constituyen uno de los mayores avances realizados hasta el momento para revertir su ya legendaria contaminación.
Pero el silencio es más complejo en obras como las de las cloacas cuya naturaleza las vuelve invisibles, casi por definición, y cuyo funcionamiento y recorridos siguen siendo un misterio para el público general.
Asombra, además, la tranquilidad con la cual se deja en suspenso una inversión multimillonaria cuando faltan pocos pasos para su concreción. Una inversión aportada por un organismo internacional, convertida en deuda, que más allá del futuro de la infraestructura construida, y de su eventual puesta en funcionamiento, deberá ser devuelta por el Estado. Es difícil entender la pasividad de tantos actores involucrados, desde funcionarios hasta representantes del Banco Mundial. Y, en consecuencia, la falta de preguntas y debates públicos acerca del futuro del trabajo realizado y de los fondos prestados y utilizados.
Pero, por último, este retiro del Estado también llena de dudas el día después de las obras. Cuando el Sistema Riachuelo logre ponerse en marcha, todavía quedará pendiente el tramo final de las conexiones a construir, las tuberías necesarias para que los distintos barrios y viviendas de la Cuenca logren incorporar sus líquidos cloacales a la red y eviten, definitivamente, sus filtraciones hacia el río y sus arroyos. La pregunta es cómo se pondrá en marcha este proceso y de dónde saldrán los recursos y el impulso de gestión necesarios, que involucrarán a cientos de miles de viviendas, y requerirá de otros financiamientos e impulsos. En definitiva, de un proceso de diálogo público como el que en estos días el Estado parece decidido, casi obsesionado, a evitar.
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“Necesitamos más gente que se sume a luchar porque es muy difícil seguir”

Fecha de Publicación: 26/04/2025
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


A días de la vigésima primera marcha al puente internacional contra las pasteras en el Río Uruguay, Martín Alazard, uno de los referentes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, dialogó con EL ARGENTINO y realizó un fuerte llamado a la comunidad.
El domingo 27 de abril se concretará una nueva caravana hacia el puente Internacional General San Martín. Esta tradicional manifestación, que comenzó como una resistencia popular ante la instalación de la pastera Botnia en la costa uruguaya, se ha convertido en un símbolo de la lucha ambiental de la región. Sin embargo, el presente muestra una postal muy distinta a la de los primeros años y requiere del “compromiso de otros que tomen la posta”, reconoce Alazard en diálogo con EL ARGENTINO.
La invitación es a partir de las 15 horas, donde se concentrarán en el paraje Arroyo Verde, y luego se irá en caravana hacia el Puente General San Martín. “Es la vigésima primera marcha hacia el puente, contra Botnia. Como todos los años, venimos batallando por resistirnos a la contaminación”, reafirmó Alazard.
Y advirtió: “Se suman hoy en día muchos otros factores de contaminación que no podemos pasar por alto, como los agroquímicos o las futuras plantas aprobadas, como el caso del hidrógeno verde en la costa uruguaya, frente a Paysandú y Fray Bentos”.
El asambleísta denunció que estas plantas ya cuentan con financiamiento aprobado, y alertó sobre los peligros de nuevas industrias con impactos aún inciertos: “Fray Bentos ya tiene otorgado un préstamo de 20 millones de euros para la construcción”.

Fugas, derrames y falta de control
Alazard enumeró múltiples episodios de contaminación protagonizados por UPM (ex Botnia), incluyendo fugas de soda cáustica, derrames de ácido sulfúrico y fallas en el puerto de carga. “Esto no pasa en Europa, pasa acá. Porque somos, lamentablemente, el fondo del mundo. Donde dejan la contaminación y se llevan la pasta producida para hacer papel”.
Denunció además la falta de controles efectivos y la existencia de convenios de confidencialidad entre Uruguay y las empresas: “No vamos a conocer nunca la realidad de esto, van a aumentar los procesos, la producción y seguirán contaminando. La Cancillería se rasga las vestiduras diciendo que no ha sido informada, pero ¿cómo no va a ser informada si las plantas ya están aprobadas?”, cuestionó.
Tras los episodios de derrames conocidos en el último tiempo, diputados provinciales y dirigentes han realizado pedidos de informes. Sin embargo, no hay resultados claros. “¿Dónde están las respuestas?, hicieron pedido de informes, pero, ¿dónde están los informes? No existen. Necesitamos autoridades que se pongan los pantalones largos y den respuestas claras. Entiendo que se pidan informes por parte de legisladores y diputados, pero que pasa después de eso… No tenemos nada concreto, y la contaminación sigue presente en nuestra región”.
Según el asambleísta, la pasividad institucional contribuye a un escenario desolador: “Botnia ya marcó la cancha. Acá no pueden venir a tomar muestras sin avisar. Es lo mismo que decir: ‘el domingo te allano por drogas’, y te preparás”.
Asimismo, fue categórico al señalar que “seguimos luchando y peleando sin tener respuesta. La única respuesta es que toda la población siga unida, siga gritando: no queremos contaminación”.

Arroyo Verde, con un presente desalentador
Consultado por el estado actual del histórico paraje Arroyo Verde, Alazard fue contundente: “Se robaron todo, hasta las ventanas. Sacaron la guardia policial. El paraje histórico y cultural de Arroyo Verde, nombrado por ley provincial, está prácticamente dejado de la mano de Dios. Antes iban chicos a conocer y recibir una charla y clases. Hoy es otro el panorama. Hay denuncias reiteradas por los robos, pero no hemos podido hacer nada más, lamentablemente. Se robaron hasta los inodoros”.
A pesar de los recientes reconocimientos del Concejo Deliberante de Gualeguaychú, el referente remarcó: “Había un proyecto de concretar un edificio en el lugar, pero hoy es imposible, mucho más con el freno a la obra pública, es difícil pensar en una mejora en el espacio. Sin embargo, necesitamos que se sume gente, que tomen la posta de la causa. Nosotros estamos grandes, y tenemos muchos años de lucha encima”, resumió el asambleísta.

Convocatoria abierta
Finalmente, Martín Alazard convocó a toda la comunidad a sumarse a la marcha del domingo: “Queremos vivir en un ambiente limpio, sano, por la salud de todos, sin banderías políticas ni económicas. Por eso pedimos que todos se sumen a la caravana, por la vida, por un agua limpia, por un aire puro”, concluyó.
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Vecinos rechazan la instalación de una termoeléctrica en distrito K y hay polémica

Fecha de Publicación: 25/04/2025
Fuente: Portal ProviciaNoticias
Provincia/Región: Buenos Aires


El Ejecutivo local busca un cambio de uso de suelo para permitir la instalación de dos centrales en un predio ubicado sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 49.
A pesar del operativo policial, mas de 300 personas se concentraron para rechazar la modificación del Código Urbano para poder instalar la planta termoeléctrica en ruta 2, a cargo de la empresa SCC Power, que ya tuvo que cerrar una planta en Pilar por el rechazo de los vecinos.
En una sesión polémica y con acalorado debate, se rechazó el cambio aunque desde la municipalidad señalaron a este portal que "aún falta más diálogo".
Vale recordar que los vecinos de Brandsen se manifiestan contra la instalación de la planta termoeléctrica en ruta 2, pero también buscan concientizar sobre los problemas de salud de las personas pero también sobre el daño que provocaría en el ecosistema.
La iniciativa de la termoelectrica en manos de la empresa SCC Powe la impulsa el intendente Fernando Raitelli (La Cámpora-FdT). Lo extraño, para mucho en el distrito, es que sabiendo que otro intendente kirchnerista, Federico Achaval, de Pilar, rechazó la instalación de la termoelectrica por las denuncias y reclamos de sus vecinos, no se explica por qué Raitelli inciste con la radicación de esa empresa en su comuna.
El arco opositor dennció que la polémica empresa funciona con el permiso del gobierno de Axel Kicillof, que, sostienen, en vez de controlar que no contamine ni perjudique la salud de los vecios ni proteja el medi ambiente, perite que se instalen en sitios de distritos que no son aptos.
La diputada provincial del PTS Laura Cano participó de la movilización, rechazó la instaación de la termoelectrica y manifestó que "si tenés que llenar de policías el Concejo es porque van a atacar al pueblo. Quieren cambiar el código urbano a favor de termoeléctricas contaminantes. La población lo rechaza. Desde Alerta Roja y el PTS acompañamos a la comunidad y nos sumamos a su lucha", afirmó.
PROVINCIA NOTICIAS consultó a la municipalidad cuál será la postura del jefe comunal Fernando Ritelli pero no obtuvo respuestas.
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Organizaciones advierten que la sanción agravaría la crisis por desmontes ilegales

Fecha de Publicación: 24/04/2025
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Aves Argentinas-Asociación Ornitológica del Plata, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y Fundación Vida Silvestre Argentina, expresaron en una nota enviada a los legisladores chaqueños su "preocupación" y les pidieron no apoyar la sanción  en la sesión extraordinaria convocada para este miércoles.  
Conocida la convocatoria a sesión extraordinaria para este miércoles, para tratar el proyecto de ley 1861/2024 del diputado Juan José Bergia  que propone incrementar multas por desmontes ilegales , pero avanza en el blanqueo con la madera proveniente de los mismos, las organizaciones Aves Argentinas-Asociación Ornitológica del Plata, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y la Fundación Vida Silvestre Argentina , expresaron en una nota enviada a los legisladores chaqueños su "preocupación" y les pidieron no apoyar la sanción. "Se contribuiría a agravar la crisis de desmontes ilegales en el Chaco", advirtieron.
El pedido a los legisladores lleva las firmas de Sebastián Fermani, director de Conservación de la Fundación Vida Silvestre Argentina; Francisco González Táboas, director de Coordinación Institucional de Aves Argentinas-Asociación Ornitológica del Plata; y Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
En el documento, las organizaciones explican que el proyecto de ley propone modificar diversos artículos de la Ley 2079-R respecto de las multas que aplican a los desmontes de bosques nativos ilegales. Y mencionan, en particular "el artículo 4 del proyecto de ley, que propone incorporar a la Ley 2079-R el artículo 45-bis a los fines de legalizar mediante un contrato privado los productos forestales provenientes de desmontes ilegales".
Así, mencionan que el texto del proyecto establece que "para el acceso de los descuentos habilitados por los artículos 42, 43 y 44 de la Ley 2085-R, en el caso de sanciones de multas de desmontes y silvopastoriles ilegales, deberán presentar un contrato de aprovechamiento forestal de un plazo de ejecución, como mínimo, de un año, a los fines de garantizar el aprovechamiento de los productos abatidos y evitar la quema de los mismos".
Las tres organizaciones advierten que, de aprobarse dicho proyecto "podría institucionalizarse un incentivo perverso  al promover la comercialización de madera proveniente de desmontes ilegales, perpetuando un ciclo de explotación insostenible de los bosques chaqueños".

Diseñar mejores mecanismos
Luego, resaltan que "en la provincia de Chaco es conocida la problemática de desmontes  que devienen en terrenos sin ningún uso productivo posterior, a los fines de aprovisionamiento irregular de madera en contraposición a lo establecido por las regulaciones vigentes y las posibilidades de desarrollo sostenible de la provincia".
Así, desde las organizaciones firmantes, consideran que el mencionado artículo "debe ser eliminado y, en todo caso, se deben diseñar mejores mecanismos para desincentivar los desmontes ilegales y el posterior aprovechamiento de la madera  que sumen y acompañen la efectiva implementación a nivel provincial de la Ley 26.331, sancionada y plenamente vigente desde hace casi dos décadas".
En ese sentido, señalan que "el decomiso de la madera por parte de la Dirección de Bosques, y el agravamiento de las sanciones ante una quema posterior al desmonte, son algunos ejemplos de medidas alternativas  que no perpetúen un círculo vicioso de explotación insostenible". "Cabe mencionar que observaciones similares a las nuestras fueron presentadas por autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Producción", indicaron.

Crisis ambiental
Por último, sostienen que "la provincia de Chaco enfrenta una crisis ambiental alarmante, donde los procesos de deforestación constituyen una de las principales causantes, a través del cual se despliegan múltiples problemáticas como es la pérdida de biodiversidad ".
Mencionan al respecto que, solamente entre enero y abril de 2024, según datos de Greenpeace, se deforestaron cerca de 20.000 hectáreas , una superficie comparable a la que ocupa la Ciudad de Buenos Aires. Y resaltan que ese incremento "se produce a pesar de las restricciones legales vigentes y de las prohibiciones establecidas por la Justicia Federal y ordinaria".
Agregan también los datos de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF), que indican que, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques en 2007 hasta fines de 2022, la provincia de Chaco perdió casi medio millón de hectáreas de bosques nativos. "Estos datos evidencian las limitaciones de la implementación de la Ley de Bosques Nativos, dentro de las cuales se encuentran las insuficientes sanciones a los desmontes ilegales. De sancionarse el proyecto de ley 1861/2024, se contribuiría a agravar la crisis de desmontes ilegales en la provincia de Chaco", alertaron finalmente.
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CONICET destaca el valor de los bosques nativos en Misiones para el resguardo de la biodiversidad

Fecha de Publicación: 24/04/2025
Fuente: Canal 12 de Misiones
Provincia/Región: Misiones


Un estudio requerido por empresas forestales y liderado por investigadores revela el valor de estos espacios como vías de tránsito y como hábitat de especies. “Los resultados nos sorprendieron”, indicaron desde la entidad.
Investigadores del CONICET comprobaron, a través de un reciente estudio realizado en Misiones, la efectividad de los corredores de bosque nativo en la conservación de la biodiversidad. La investigación, publicada en la revista Forest Ecology and Management, analizó cómo estos espacios, que las empresas forestales deben preservar por ley, influyen en la presencia de anfibios, aves y mamíferos en un paisaje heterogéneo de plantaciones de pino y eucalipto intercaladas con remanentes del Bosque Atlántico.
El estudio se impulsó desde el Observatorio de Biodiversidad del Bosque Atlántico (OBBA), del que participan equipos del Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET-UNaM). Los resultados constituyen un importante insumo para la toma de decisiones tanto en materia de conservación ambiental como para el sector empresarial.
Los corredores de bosque nativo son áreas lineales de vegetación nativa que conectan fragmentos de bosque, actuando como vías de comunicación y hábitat para diversas especies. En paisajes de plantaciones forestales, la preservación de estos corredores por parte de las empresas es crucial ya que facilitan el movimiento de la fauna entre los parches de bosque remanente, reduciendo el aislamiento de hábitats.

El objetivo del estudio del CONICET
“Este estudio surgió a través de un servicio técnico que brindamos a una empresa -explica Elena Gangenova, investigadora del CONICET en el IBS y primera autora del estudio-. Es una colaboración que permite generar conocimiento útil para la planificación de un desarrollo productivo que incluya en sus términos  la conservación de la biodiversidad”, señala la investigadora, enfatizando la importancia de esto, en un momento crítico de pérdida de biodiversidad global.
“Nos interesaba conocer el rol de los corredores como herramienta para la protección de la biodiversidad misionera, que hasta ahora no se había evaluado”, dice Gangenova. “Los resultados nos sorprendieron porque si bien teníamos ciertas hipótesis sobre los ambientes, no esperábamos la efectividad que los corredores mostraron  para sostener la biodiversidad dentro del paisaje forestal”, añade.
El trabajo de campo, realizado entre 2021 y 2022, se basó en el uso de métodos de muestreo pasivos, como grabadores acústicos y cámaras trampa, para registrar la presencia de diversas especies en bosques continuos, corredores de bosque nativo y plantaciones de pino y eucalipto. El muestreo se realizó con equipamiento adquirido a través de la conformación del Observatorio, que incluye más de 200 cámaras y grabadores ocultos en bosque nativos y plantaciones, lo que permitió abarcar una escala de trabajo mucho mayor que en estudios previos.

El impacto de los bosques nativos en el cuidado de la biodiversidad
Los hallazgos revelaron que los corredores de bosque nativo actuaron tanto como vías de movimiento para las especies como hábitats en sí mismos, presentando una riqueza y composición de especies más similar a la de los bosques continuos que a las plantaciones. El índice de integridad de la comunidad indicó que los corredores de bosque eran más parecidos a los bosques continuos para todos los grupos taxonómicos estudiados, con una similitud que osciló entre el 68 y el 83 por ciento. En contraste, las plantaciones de eucalipto demostraron ser menos adecuadas para la mayoría de las especies analizadas.
“Si bien las empresas forestales mantienen los corredores cumpliendo con la ley provincial, estudios como este pueden ser una herramienta para promover una planificación a escala del paisaje productivo  que sirva no sólo para conectar las áreas protegidas de Misiones, que afortunadamente son muchas, sino también que conserve la funcionalidad de los  hábitats”, destaca Gangenova. La investigación también subraya que los corredores analizados tenían un ancho promedio considerable de 226 metros, lo que podría contribuir a su funcionalidad al incluir zonas de borde e interior.

Importancia para la fauna
Algunas especies de aves y mamíferos altamente dependientes del bosque nativo utilizan estas fajas de bosque como refugios o rutas de conectividad entre áreas protegidas públicas y privadas. “Los próximos pasos incluyen evaluar la importancia que tiene el ancho de estos corredores en el uso de la fauna y el rol de los macizos de bosque nativo bajo protección privada en la persistencia de especies sensibles y amenazadas”, comenta el profesional de la Carrera del Personal de Apoyo (CPA) del CONICET en el IBS, Diego Varela, co-autor y coordinador del OBBA.
“Para el sector forestal de Misiones, estos hallazgos representan una oportunidad única para mejorar la sustentabilidad ambiental de sus operaciones, una demanda creciente en los mercados globales de productos forestales certificados”, resalta el investigador del CONICET en el IBS, Gustavo Zurita, otro de los autores del estudio.
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El Gobierno demora definiciones sobre dos proyectos clave que inquietan a China

Fecha de Publicación: 23/04/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


La Argentina quedó en medio del enfrentamiento entre Washington y Beijing. La renovación del acuerdo de monedas, vital para las reservas del Central, es solo uno de los compromisos que se asumieron con el gigante asiático. Qué pasa con la construcción de la central nuclear de Atucha III y las represas en Santa Cruz.
La guerra comercial iniciada por Donald Trump y replicada por China, con aranceles recíprocos que superan el 140%, dejó a la Argentina como uno de los ejes del enfrentamiento entre ambas potencias y la tensión parece lejos de disiparse. En ese marco, el Gobierno tiene al menos dos asuntos clave que resolver en cuanto a su relación con Beijing, luego de lograda la renovación del swap de monedas, vital para las reservas del Banco Central.
En la reciente visita del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, la gestión Milei recibió presión para cancelar ese financiamiento -aunque sin fecha cierta- y también para desactivar la influencia china en la región. Del otro lado, Beijing remarcó que el swap contribuyó a la estabilidad económica de la Argentina y a la vez permitió que el país pudiera cerrar el acuerdo con el FMI.
Aunque no lo dijeron abiertamente, los chinos están interesados en avanzar en los acuerdos que, en gestiones anteriores, la Argentina firmó. En particular hay dos: el proyecto Atucha III, cuyo contrato vence este 30 de abril, y la reactivación de las obras de las represas de Santa Cruz, paralizadas desde diciembre de 2023.
Desde que asumió, Javier Milei exteriorizó su alineamiento con EE.UU., pero si bien confrontó con China al cuestionarla en declaraciones públicas, en la práctica hubo acercamientos entre funcionarios de ambos estados y hasta una bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, en noviembre de 2024, para encaminar una relación que cumplió 50 años y que tiene varios frentes de “mutuo beneficio”, como suelen asegurar los asiáticos.
En el último informe de la Jefatura de Gabinete al Congreso, hay varias consultas de legisladores y respuestas oficiales sobre distintos aspectos de la relación con China. Las preguntas fueron elaboradas antes de la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump y las presiones de ambas potencias, pero asoman indicios de las cuestiones clave para el gigante asiático que tiene que definir el gobierno de Milei.

El contrato para construir la cuarta central nuclear, Atucha III
En la presentación ante el Congreso, se le preguntó sobre el proyecto para la construcción la cuarta central nuclear Atucha III, firmado con China en el marco de la adhesión de la Argentina a la “ruta de la seda”, durante la gestión de Alberto Fernández.
La respuesta oficial fue que “no hay avance físico ni financiero” del contrato que firmó Nucleoeléctrica (NA-SA) y la Corporación Nuclear China para construir Atucha III, que incluía financiamiento por más de US$8000 millones y tecnología, incluida el reactor, llegada desde Beijing.
La ambiciosa obra nunca pasó del anuncio. El contrato fue prorrogado y vence este 30 de abril, en lo que se llamó “condiciones suspensivas de efectivas”, una serie de requisitos que debían cumplir ambas partes para iniciar el proceso que demandaría 99 meses.
La intención de privatizar de manera parcial NA-SA, que está autorizada por la Ley Bases, y el arribo del asesor presidencial como Demian Reidel como presidente de la empresa estatal que controla las centrales nucleares fue interpretada por los especialistas del sector como una clara señal que el contrato con China se dejará caer.

Represas de Santa Cruz, paralizadas desde fines de 2023
Otro tema sin resolver en la relación con China es la reactivación de las obras de las represas sobre el río Santa Cruz, que deberían haberse terminado este año, pero que están más que lejos de ser completadas. Por el contrario, están paralizadas desde el cambio del gobierno, a fines de 2023.
En el informe de Jefatura, se indicó que la represa Jorge Cepernic tiene un avance de 46% y la Néstor Kirchner, de 19%. “Los trabajos fueron suspendidos unilateralmente por el contratista en noviembre de 2023, lo que generó una controversia contractual en términos técnicos, económicos y legales. Se mantienen gestiones con el contratista para resolver esta situación y reiniciar los trabajos”, se remarcó.
Sobre las negociaciones con China para la firma de la adenda XII y el próximo desembolso, de cerca de US$500 millones, el Gobierno planteó: “Se continúan manteniendo gestiones con el contratista para su resolución y el reinicio de los trabajos. En ese contexto, representantes diplomáticos chinos y del contratista se reunieron con autoridades nacionales en febrero y marzo. Enarsa respondió a los reclamos del contratista, pero hasta el momento estos reclamos son excesivos. No se ha logrado un acuerdo total que permita resolver la controversia”.

Asociación estratégica
En el informe brindado por Guillermo Francos se hace referencia a que, en 2024, se elevó el vínculo bilateral al nivel de “Asociación Estratégica”. Se recordó la reunión entre Javier Milei y Xi Jinping en noviembre de ese año y el compromiso de diversificar y aumentar las exportaciones argentinas a ese destino.
“Ambas naciones acordaron seguir trabajando en el fortalecimiento de sus lazos comerciales y en el desarrollo de proyectos conjuntos que beneficien a ambas economías”, se señaló.
También, se reseñó una reunión de la entonces canciller Diana Mondino en septiembre de 2024 con su par chino, Wang Yi, donde se hizo “especial énfasis en los mecanismos establecidos en el marco de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, vigente desde 2014. De la misma manera, se agradeció el tradicional apoyo chino en la Cuestión Malvinas y se reafirmó el apego argentino al “Principio de Una Sola China”.
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Santa Fe: confirman que los agrotóxicos dañan la salud y fijan mil metros sin fumigaciones

Fecha de Publicación: 22/04/2025
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Santa Fe


El Poder Judicial de Santa Fe reconoció que los agrotóxicos producen daño genético en las personas y confirmó la prohibición de fumigar a menos de mil metros de las viviendas. La causa fue impulsada por una familia de la comuna de Piamonte. La sentencia señala que la ley provincial está desactualizada (respecto a los agroquímicos) y siente un importante precedente judicial.
Fallo resolvió prohibir la fumigación manual, terrestre y/o aérea con ningún tipo de agroquímicos a menos de 1000 metros de todo el ejido urbano de la Comuna de Piamonte en la Provincia de Santa Fe.
La Corte Suprema de Santa Fe dejó firme una sentencia que reconoce el daño genético causado por los agroquímicos, ordena una distancia mínima de 1000 metros para las fumigaciones en la comuna de Piamonte y señala que se fomente la agroecología en la zona de resguardo. La decisión del máximo tribunal provincial obliga a esa localidad santafesina a tratar una ordenanza que ajuste la legislación local al fallo y marca la necesidad de una reforma de la ley provincial. "A partir de este momento, la sentencia podrá ser invocada en toda Santa Fe para establecer otras distancias que alejen las fumigaciones y permitan la defensa de la salud, la vida y el ambiente", destacó la abogada Eugenia Boccio, representante de la familia que accionó contra el Estado provincial, la comuna y los productores del agronegocio.
La causa se inició en 2016, cuando la familia Córdoba presentó un recurso de amparo ambiental por afecciones en su salud por la pulverización con agrotóxicos. La sentencia, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de San Jorge, reconoció el derecho a incluir pruebas en los recursos de amparo y, con base en las pericias ofrecidas, tuvo en cuenta el daño genotóxico que producen los herbicidas. A partir de ello estableció el límite de 1.000 metros y declaró la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley Provincial 11.273, que regula la materia, y de la Ordenanza 9/20 de Piamonte. La provincia, la comuna y los productores apelaron la decisión judicial pero la Corte Suprema de Santa Fe dejó firme el fallo.
La decisión de Primera Instancia hizo énfasis en la necesidad de que haya controles (por parte de la comuna y de la provincia) cerca de la vivienda de la familia afectada, extensiva a los centros recreativos, de educación y de salud, especialmente en el área contigua a la zona de prohibición de las fumigaciones. También ordena que se controlen los silos y galpones que existen en la jurisdicción de Piamonte, teniendo en cuenta la Resolución Provincial 177 de 2003, que señala —entre otros requisitos— que estos espacios deben contar con cortinas forestales que limiten la proliferación de polvillo. Además, prohíbe que maquinarias como mosquitos y pulverizadoras transiten por el pueblo.
Los denunciados durante el juicio fueron la Comuna de Piamonte y los titulares de los silos, plantas de acopio y galpones que se emplazan en el pueblo: Iván Carignano, Luis y Roberto Cravero, Octavio Camusso, Román Vaira, Claudio Fiorito, la Cooperativa de Pellegrini y la Cooperativa de María Susana. El objetivo fue que se prohíban las fumigaciones con agroquímicos a menos de 1.000 metros de todo el ejido urbano de Piamonte y específicamente de su vivienda. En la causa presentaron pruebas médicas de la afectación que las fumigaciones generaron en la salud de la familia, y en particular en la pequeña Abigail Córdoba, de 9 años.
Boccio explicó que el grupo familiar observaba situaciones la salud. “Hablamos de 'pluricontaminación' porque en Piamonte el ambiente está contaminado por distintas actividades relacionadas con el modelo agroindustrial: campos linderos a las viviendas que son fumigados, silos y acopios donde se guardan los granos y los tóxicos que se utilizan para el agro y circulación por el pueblo de maquinaria dedicada a la pulverización”, afirmó.
Con el amparo judicial se reclamó el cese de la contaminación y el resguardo del derecho al ambiente sano. El juez de primera instancia, Daniel Zoso, valoró para su sentencia dos pericias claves: una vinculada a los efectos en la salud de los agrotóxicos y otra sobre la posibilidad de implementar la agroecología en la localidad.
La localidad de Piamonte, de unos 3.500 habitantes, es cercana a Zenón Pereyra, a San Jorge y a Sastre y Ortiz, donde otros fallos judiciales también limitaron el uso de agrotóxicos.

Reconocimiento del daño genético causado por los agrotóxicos
La pericia médica incluida en la causa determinó que la familia presenta daño genético, sobre todo las mujeres y en particular Abigail. “Es la única niña en el núcleo familiar, de 9 años de edad. Según el examen físico, es una niña saludable, eutrófica (con buen estado de nutrición), escolarizada, que realiza deportes en el club del pueblo. Sin antecedentes patológicos personales desde su nacimiento hasta los 5 años, que comienza con broncoespasmos respiratorios a repetición”, destaca. E informa que dio positivo en estudios de genotoxicidad (daño en el ADN) y que esos valores se deben a la exposición a agroquímicos. La perito médica marca que el daño genético durante la infancia es predictivo del desarrollo de cáncer en adultos sanos.
El grupo familiar realizó las pruebas de laboratorio denominadas científicamente de "micronúcleo" y "aberraciones cromosómicas", ambas realizadas por la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Ante estas pruebas, el magistrado valoró: “Corresponde atenerse a las conclusiones de la experta toda vez que dicho dictamen no se ha basado en meras abstracciones para emitir sus conclusiones sino que han suministrado los antecedentes, explicaciones y estudios que justifican con razonable convicción sus opiniones, las que encuentran un adecuado soporte técnico–científico”.
El juez también tuvo en cuenta los resultados de los “campamentos sanitarios” realizados por el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Esos informes dan cuenta de que la matriz productiva en los pueblos de la zona, ligada a la actividad agroindustrial, se expresa a través de la fumigación y el uso de agroquímicos. En esos campamentos se evidenciaron patologías que pueden estar vinculadas a la exposición con agrotóxicos.
El fallo cita otros estudios que confirman que los agroquímicos generan daño genético y conllevan mayores probabilidades de contraer cáncer, sufrir abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones. “Esta afirmación proviene del Grupo de Genética y Mutagénesis Ambiental (GEMA), investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), que confirmaron con estudios en personas y animales las consecuencias sanitarias del modelo agropecuario”, subraya el juez.
“La genotoxicidad del glifosato evaluada por el ensayo cometa y pruebas citogenéticas”, es otro de los estudios citados que muestra el daño genético en células humanas con dosis de glifosato en concentraciones hasta 20 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones en el campo. Otra de las investigaciones citadas, realizada por la Universidad Nacional de Río Cuarto en pueblos rurales de Córdoba y llamada "Genotoxicidad del AMPA" (metabolito ambiental del glifosato), confirma que el AMPA aumentó el daño en el ADN en cultivos celulares y en cromosomas en cultivos de sangre humana.
“Estos informes, pericias, documentaciones y datos suministrados permiten comprender la complejidad de la causa y la nocividad de estos productos químicos en la salud de las personas, lo que amerita una intervención jurisdiccional para evitar o mitigar los posibles daños que se están causando”, concluyó el juez.

La agroecología como alternativa en Piamonte
La segunda pericia valorada en la causa fue realizada por el ingeniero agrónomo Nicolás Indelángelo. Indica que la transición hacia la producción agroecológico en el periurbano de la localidad implica un proceso complejo, que debe ser direccionado. Señala que las entrevistas a los distintos actores de la localidad (productores, asesores y autoridades gubernamentales) dan cuenta del desconocimiento respecto de las vías para iniciar un proceso de transición agroecológica.
Afirma que es prioritario definir un plan de trabajo que plantee los pasos a seguir para producir de forma agroecológica. Y que, para iniciar un proceso de transformación productiva, sería recomendable seguir el camino que han transitado otras localidades del país y de la provincia. Estos procesos deben ser colectivos, participativos y contar con acompañamiento del Estado y de otros actores presentes en la zona.
“Se puede concluir que resulta factible y viable la realización de prácticas agroecológicas que permitan dejar de utilizar agroquímicos nocivos, que afectan el derecho a la salud de los vecinos de la comuna de Piamonte sin que con ello se afecte en demasía el derecho de propiedad de los productores y arrendatarios”, resuelve el fallo.
Esta pericia demostró que el modelo de producción hegemónico afecta el ambiente de distintas formas. Boccio precisó que el suelo de Piamonte perdió materia orgánica (capacidad de fertilidad) en un 20 por ciento y que disminuyó su capacidad de absorción del agua. “También mostró que la agroecología no es solo una práctica productiva sino que implica una recomposición socia. Y que la prohibición de la fumigación no es impedimento para la producción agraria, porque otros modos de producción son viables”, enfatizó.

Una ley obsoleta e inconstitucional
La sentencia judicial estableció la inconstitucionalidad de dos artículos (33 y 34) de la Ley 11.273, que regula la aplicación de agroquímicos en Santa Fe. Los mismos establecen una distancia de exclusión de 3.000 metros para la fumigación aérea con productos fitosanitarios A y B, considerados de riesgo para la salud. Sin embargo, la normativa permite “excepcionalmente” la aplicación aérea de productos C y D, de “riesgo moderado y bajo”, dentro de los 500 metros de las zonas urbanas, cuando exista una ordenanza que lo autorice o en los casos que lo establezca la reglamentación de la ley.
En lo que refiere a las aplicaciones terrestres, la normativa lo prohíbe dentro del radio de 500 metros para los productos de clase toxicológica A y B (de riesgo alto), pero no lo prohíbe para los C y D (de riesgo bajo o moderado). En el decreto reglamentario se tratan las “excepciones” respecto a las fumigaciones aéreas. Y permite las fumigaciones aéreas con productos C y D dentro de los 500 metros, cuando las condiciones del terreno impidan hacerlo por la vía terrestre. También permite fumigar de forma aérea con productos B en el área comprendida entre los 500 y los 3.000 metros cuando no existieran en el mercado productos equivalentes de clases toxicológicas C o D.
El fallo destaca que la ley (de 1995) se basa en una clasificación toxicológica por letras que quedó en desuso en 2009. En relación al glifosato, cita la Resolución 350/99 del Senasa que lo clasificaba dentro del grupo de agroquímicos de improbable riesgo agudo (clase IV), es decir que no ofrecía peligro. Sin embargo, dicha Resolución fue derogada en 2012 por la Resolución Senasa 302. Ese mismo año, el glifosato pasó de ser considerado clase IV (producto que normalmente no ofrece peligro) a clase III (ligeramente peligroso).
Pese a que en 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”, el Senasa no volvió a reclasificarlo. Este tóxico sigue siendo considerado clase III o IV (“C” o “D”, para la ley vigente), es decir “poco peligroso”. “Esto provoca que, según el artículo 34 de la ley se permita la aplicación de productos de clase C y D dentro del rango de exclusión, lo que se traduce en que se pueda fumigar con glifosato dentro de los 500 metros que permite la reglamentación”, cuestiona el juez. Y observa que esta situación contradice el principio de resguardo ambiental de la Constitución Nacional.
Según el fallo, la letra de la ley provincial es lo que termina recogiendo la Ordenanza 9/20 de Piamonte, que establece un ordenamiento de los permisos para fumigar según la vieja clasificación. Por este motivo, también la declara inconstitucional y exhorta al gobierno comunal a que sancione una nueva ordenanza.
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Récord histórico: Mendoza registró 70 cóndores andinos en un censo provincial

Fecha de Publicación: 22/04/2025
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


Mendoza alcanzó un nuevo récord. Se trata de la cifra más alta registrada en la provincia desde el inicio de los censos.
Mendoza ha alcanzado un récord histórico de avistamientos del cóndor andino en su 18° censo, con 70 ejemplares observados. De esta manera, la provincia refuerza su papel clave en la preservación de esta especie emblemática, demostrando el éxito de una iniciativa que involucra a autoridades, organizaciones y voluntarios.
Este operativo, que contó con la participación de 27 censistas desde 11 puntos estratégicos del territorio, permitió registrar 70 cóndores observados simultáneamente, lo que marca un nuevo récord provincial desde el inicio de los censos, en 2020.

Un récord que refuerza la conservación
La actividad implicó un trabajo coordinado entre técnicos, guardaparques, organizaciones civiles y voluntarios, que registraron los avistamientos cada media hora con apoyo de la aplicación Survey123, agilizando la carga y el análisis de datos. Esta tecnología ya se ha convertido en una herramienta estándar en los censos de Mendoza y otras provincias.
Aseguró Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque, que también destacó la importancia del censo como una herramienta para gestionar la conservación y para evaluar la salud ecológica de las áreas protegidas.1
Además, uno de los momentos más destacados del censo fue el avistamiento en el dormidero Grande de Payunia, donde 54 cóndores fueron registrados alimentándose de un guanaco, lo que contribuyó al récord alcanzado.

Un modelo para el país
Con esta edición, Mendoza ha logrado consolidar cinco registros completos para la estación de verano, lo que permite analizar la evolución de la población a lo largo del tiempo. Hasta ahora, el otoño ha sido la estación con menor cantidad de avistamientos (19 en promedio), mientras que el verano, la primavera y el invierno presentan promedios más elevados, con una variación relativamente estable entre 38 y 41 individuos.
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Nuevo intento para prohibir las fumigaciones en inmediaciones de las escuelas rurales

Fecha de Publicación: 21/04/2025
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


La presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios Sabrina Sabat, diputada del bloque Unión Renovación y Fe, presentó un proyecto de ley que busca prohibir la aplicación de productos fitosanitarios en terrenos lindantes a escuelas rurales con el objetivo de proteger la salud de las comunidades educativas y el ambiente.
Con un proyecto de Ley, Sabrina Sabat diputada provincial del bloque dialoguista, y que preside la Comisión de Asuntos Agrarios en la Cámara Baja, buscará el consenso de los bloques para poder sancionar la iniciativa y que no se pueda fumigar en los terrenos lindantes a las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires.
“La exposición a estos productos puede generar consecuencias preocupantes. Es fundamental establecer pautas claras generando zonas de resguardo y así evitar riesgos innecesarios para estudiantes, docentes y no docentes”, sostuvo la legisladora del bloque dialoguista en la Legislatura.
En un contexto donde muchas escuelas de la Provincia conviven a diario con la aplicación de productos fitosanitarios a escasa distancia de sus aulas, el proyecto busca establecer criterios claros que garanticen la seguridad ambiental. “La legislación local, en algunos casos, es ambigua, por eso es fundamental avanzar con una normativa provincial que unifique criterios”, sostuvo la diputada. Y agregó: “Necesitamos acompañar a la comunidad educativa con leyes que resguarden sus derechos y prioricen la salud por encima de los intereses económicos”.
La iniciativa plantea la obligatoriedad de contar con la presencia permanente del asesor técnico del productor o de la empresa aplicadora durante los procedimientos. También determina que los propietarios o arrendatarios de lotes agropecuarios notifiquen con al menos 48 horas de anticipación la realización de cualquier aplicación en sus terrenos. Además, prevé sanciones para quienes no cumplan con lo establecido.
“La educación no puede ir en desmedro del derecho a la salud integral y el ambiente sano y desde el Poder Legislativo tenemos la responsabilidad de promoverlo con normas claras y el compromiso de todos los actores”, subrayó Sabat. Y agregó: “No se trata de ir en contra del sector productivo, sino de exigir prácticas responsables en resguardo de la vida de las personas”.
El proyecto se enmarca en un creciente debate sobre el impacto de los fitosanitarios en la salud y el ambiente, un tema que genera preocupación en distintas comunidades bonaerenses.
Vale remarcar que en el mes de enero la Resolución 246 firmada por el Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense en 2018 fue prorrogada. La norma busca regular el uso de agroquímicos en el campo, pero nunca entró en vigencia.
El actual ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, firmó la Resolución 2/25 para prorrogar desde el 8 de enero “y por el término de doscientos diez días” la suspensión de la normativa en cuestión.
Según se argumentó en ese momento la decisión se tomó por la “necesidad de continuar con la adecuación de las herramientas propuestas y consensuadas con el universo de actores vinculados al Observatorio Técnico de Agroquímicos”. Particularmente, se refieren a la receta agronómica obligatoria y el proyecto de georreferenciación de las restricciones territoriales.
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Contaminación sonora: por qué es una amenaza para la salud y la convivencia urbana

Fecha de Publicación: 21/04/2025
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: CABA


El columnista de Infobae en Vivo Emmanuel Ferrario detalló cómo el ruido constante en las ciudades pone en riesgo la salud mental y física de los habitantes y destacó que Buenos Aires es una de las ciudades más ruidosas de América Latina
Emmanuel Ferrario, docente universitario de economía del comportamiento y legislador de la Ciudad de Buenos Aires, se refirió a uno de los problemas más comunes en las grandes ciudades: la contaminación sonora. En diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, detalló los efectos que tiene el ruido en la salud, la productividad y la calidad de vida de los habitantes urbanos.
Durante la conversación, Ferrario resaltó cómo el ruido, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, se ha convertido en una de las formas más insidiosas de contaminación. “Vivimos en una ciudad y en la ciudad hay muchos ruidos todo el tiempo”, comenzó. La naturaleza de los ruidos urbanos, como el sonido de los colectivos, las motos, las obras y, sobre todo, las bocinas, se ha convertido en un elemento permanente del paisaje sonoro en la capital argentina y otras grandes urbes.
“El uso indiscriminado de la bocina es uno de los problemas más comunes”, explicó Ferrario. La contaminación sonora afecta la convivencia, la salud y hasta el bienestar general de los ciudadanos, destacó.
Ferrario profundizó sobre cómo los ruidos constantes afectan la salud mental, ya que provoca estrés, ansiedad y una constante irritabilidad. “Esto es lo que se llama contaminación sonora, un fenómeno que no solo afecta el oído, sino también la calidad del sueño, la concentración y el bienestar general”, subrayó.
El columnista recordó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando los niveles de ruido superan los 55 decibeles durante el día, y 40 decibeles por la noche, las personas empiezan a experimentar molestias. En casos de exposición constante a niveles superiores a 75 decibeles, el riesgo de daños auditivos se incrementa considerablemente.
En este contexto, Ferrario señaló que la contaminación acústica en Buenos Aires es un problema alarmante. De acuerdo con la OMS, Buenos Aires es la ciudad más ruidosa de América Latina, y avenidas como Corrientes, Callao y Triunvirato superan regularmente los 80 decibeles, lo que representa niveles de ruido más altos de lo que se considera seguro y saludable. “El 70% del ruido urbano proviene de motores, especialmente el transporte público, los colectivos y las motos”, explicó, a la vez que destacó que el ruido de estos vehículos es el principal causante de la contaminación sonora en la ciudad.
Ferrario también advirtió que los efectos de la contaminación acústica no son solo una molestia. “El ruido no solo molesta, también enferma”, afirmó. La OMS y la Agencia Europea del Medio Ambiente han documentado que la contaminación acústica es responsable de 12 mil muertes prematuras al año en Europa debido a los efectos del estrés y los trastornos cardíacos causados por el exceso de ruido. “El ruido aumenta el riesgo de infartos, trastornos del sueño y genera fatiga mental”, detalló Ferrario, quien también destacó que, según las proyecciones de la OMS, mil millones de personas sufrirán pérdida auditiva para 2050 debido a la exposición continua a ruidos elevados.
“Los niños también son especialmente vulnerables al ruido”, agregó Ferrario, tras lo cual recordó que la contaminación acústica afecta su capacidad de concentración y aprendizaje. Estudios han demostrado que los ruidos intensos y persistentes en el entorno dificultan la comprensión lectora y reducen el rendimiento académico. “Esto genera una fatiga mental constante, lo que impacta no solo en el rendimiento escolar, sino también en el bienestar emocional de los más jóvenes”, explicó.
Además, destacó que las mascotas, al igual que los humanos, son muy sensibles al ruido. “Las mascotas tienen una capacidad auditiva mucho más aguda que la nuestra, por lo que los ruidos fuertes pueden generarles gran ansiedad”, explicó. Según estudios, el 45% de las mascotas sufren algún tipo de fobia a los ruidos, lo que afecta su comportamiento y su salud. Esto pone de relieve cómo la contaminación sonora también afecta a los animales que viven en nuestras ciudades, provocándoles estrés y alteraciones en su comportamiento.
Finalmente, Ferrario enfatizó que la contaminación acústica no solo es un problema ambiental, sino también social. Las ciudades deben implementar políticas públicas efectivas para reducir el ruido y promover el bienestar de sus habitantes. Entre las propuestas, mencionó la utilización de radares y cámaras de sonido para controlar el nivel de ruidos en las zonas más conflictivas, y la implementación de medidas como el uso de vidrios dobles y otras infraestructuras que ayuden a mitigar los efectos del ruido.
En conclusión, la contaminación acústica es un problema creciente en las grandes ciudades, y las declaraciones de Emmanuel Ferrario resaltan la urgencia de tomar medidas efectivas para mitigar su impacto. Con un enfoque en la salud, la productividad y la convivencia.
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El campo quiere tener una participación activa en la reglamentación de la Ley de Agroquímicos

Fecha de Publicación: 19/04/2025
Fuente: Portal APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos


Dirigentes y productores entrerrianos de la Federación Agraria Argentina se reunieron y destacaron la necesidad de formar parte del debate que se dará para reglamentar la ley que regula el uso de agroquímicos en la provincia. “Somos los principales actores de esta ley y debemos asegurarnos alcanzar la mejor reglamentación posible”, afirmaron.
En la localidad de El Solar (departamento La Paz) se realizó la reunión de la Filial El Solar de la Federación Agraria Argentina que fue presidida por su titular, José María Varangot, y contó con la participación de Matías Martiarena (Director de la FAA Entre Ríos) y Daniel Rodríguez (Jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico de la Provincia).
En el encuentro se analizaron distintos aspectos de la Ley de Fitosanitarios y su reglamentación, cuyo tratamiento se iniciaría la próxima semana.
Los productores y los dirigentes de la filial coincidieron en que “resulta imprescindible estar permanentemente informados y actualizados sobre el avance de la reglamentación, los temas a debatir y los inconvenientes que se presenten, entre otros puntos”.
En este sentido, el titular de la filial, José Varangot, opinó: “Debemos participar porque los productores somos los principales actores en esta ley y tenemos que asegurarnos el  alcanzar  la mejor reglamentación posible. Caso contrario, estaríamos echando por la borda mucho esfuerzo puesto al servicio de la confección y aprobación de la ley”.
Cabe recordar que la ley fue sancionada en diciembre del año pasado y promulgada en el mes de enero.
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Histórico fallo ordena al Estado sanear la cuenca del lago San Roque

Fecha de Publicación: 19/04/2025
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba


La Cámara Contencioso Administrativa de 3ª Nominación de Córdoba falló a favor de una acción de amparo ambiental colectivo impulsada por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) en 2022. En una decisión considerada un hito para la justicia ambiental argentina, el tribunal reconoció el grave daño ambiental en la cuenca del lago San Roque y ordenó al Estado provincial y a los gobiernos locales adoptar medidas urgentes, integrales y sostenidas para revertir la situación.
El fallo responsabiliza a las autoridades por acción y omisión ante la contaminación del recurso hídrico del que dependen más de un millón de personas. Además, obliga a la ejecución efectiva del “Plan de Saneamiento del Lago San Roque y de Desarrollo Sostenible”, presentado por el Gobierno provincial durante el proceso judicial, al que deberá incorporarse una serie de precisiones en un plazo de 30 días.
Entre las medidas más relevantes, se establece el cese inmediato de vertidos contaminantes, una fiscalización intensiva con sanciones por incumplimientos y una meta obligatoria de cobertura cloacal del 85% de la población de la cuenca en un máximo de ocho años. Esta última disposición acorta considerablemente los plazos inicialmente propuestos por el Ejecutivo, que proyectaban solo un 50% de cobertura en 15 años.
“Esta sentencia marca un antes y un después. Reconoce una crisis ambiental y sanitaria que afecta derechos fundamentales y exige respuestas urgentes, coordinadas y transparentes de las autoridades”, expresó Mayca Balaguer, directora ejecutiva de Fundeps. La dirigente destacó, además, que el fallo “visibiliza el valor de la participación ciudadana” en la defensa del ambiente y la salud.
Aunque el fallo respeta la autonomía municipal, señala que la Provincia de Córdoba tiene un rol central y la responsabilidad última por la degradación del recurso hídrico. En consecuencia, deberá cooperar técnica, operativa y financieramente con municipios y comunas para la construcción de redes cloacales, consideradas clave en el saneamiento de la cuenca.

Otros puntos centrales de la sentencia
- Reformulación del Plan en 30 días, con enfoque integral, transparente y participativo.
- Auditoría técnica obligatoria en seis meses, con evaluación de avances e indicadores.
- Creación de una plataforma digital pública en 90 días, accesible y adaptada, con información en tiempo real y espacio para aportes ciudadanos.
- Campaña sostenida de educación ambiental en toda la cuenca, con enfoque territorial.
- Participación directa de ciudadanía, organizaciones sociales y academia en la planificación y monitoreo del proceso.

Antecedentes y proceso judicial
La acción judicial fue presentada en noviembre de 2022 por Fundeps, luego de que estudios científicos y documentación histórica dieran cuenta de la crítica situación ambiental del lago San Roque. La organización ya había alertado en 2021 sobre el estado de las principales cuencas hídricas de Córdoba, publicando un informe diagnóstico con las causas de la contaminación y sus consecuencias en el ambiente, la salud y la biodiversidad.
Durante el proceso judicial, Fundeps aportó informes técnicos y científicos que respaldaron el reclamo, y subrayó la necesidad de una intervención estatal urgente. La Cámara actuó con “diligencia y compromiso ambiental y social”, señalaron desde la fundación.
“El saneamiento del lago debe constituir una verdadera política de Estado que trascienda gobiernos y garantice el derecho a un ambiente sano y al acceso al agua”, concluyeron desde Fundeps, que se comprometió a continuar monitoreando el cumplimiento de la sentencia.
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Según datos del Indec, el presupuesto nacional 2024 mostró hasta un 81% de reducción en partidas ambientales

Fecha de Publicación: 18/04/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Un informe de una organización ambientalista señala un pronunciado descenso en los fondos destinados al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Parques Nacionales y conservación de bosques, entre otras áreas. Afirman que las ejecuciones se dan de manera tardía.
El Monitor ambiental del Presupuesto, una herramienta que puso en marcha la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), detectó que las partidas presupuestarias para el ambiente disminuyeron hasta 81%, acompañando la degradación del área de Ministerio a Subsecretaría. Además, identificaron que las ejecuciones de fondos se incrementaron ante hechos puntuales, como incendios, dejando de lado cuestiones preventivas.
Según el informe, que toma como referencia los datos de presupuesto abierto y del Indec, en el presupuesto nacional 2024 se detectaron reducciones en partidas ambientales que van del 34 al 81 por ciento.
Los principales datos son que la Subsecretaría de Ambiente, tras perder el rango de Ministerio el año pasado, operó con menos de una cuarta parte de los fondos utilizados en 2023. Esto significa un recorte presupuestario del 79,4% en términos reales.
A su vez, el presupuesto de Parques Nacionales tuvo una caída real del 34%, que se tradujo en la cancelación de diversos proyectos de infraestructura y en renovaciones contractuales de guardaparques.
Uno de los programas más golpeados fue el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Con incendios cada vez más difíciles de controlar y que, en lo que va del año, ya arrasaron casi 300 mil hectáreas entre la Patagonia y Corrientes, esta área sufrió, el año pasado, una caída real en su presupuesto del 81% en comparación con el 2023. “Esto se debió a una decisión política de sólo ejecutar $7.739 millones sobre los $33.142 millones disponibles, un 22% del total”, explicaron en el informe.
Por su parte, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos no fue ejecutado en todo el 2024.

Monitoreo constante
Farn analiza cada presupuesto desde hace varios años. Pero luego de la decisión del presidente Javier Milei de prorrogar el presupuesto 2023 tras asumir a cargo del Poder Ejecutivo, decidieron monitorear más de cerca el desarrollo de las partidas ambientales para saber si se ejecutaban o no.
Esto permite conocer no solo cuánto destina el Ejecutivo para las partidas ambientales, sino también cómo reacciona el gobierno ante casos particulares, como los incendios.
El ejemplo de los incendios es el más concreto y palpable, indicaron desde Farn. El economista Matías Cena Trebucq, que forma parte de esta organización y contribuyó a la confección del informe, explicó a TN que a medida que los focos se fueron haciendo “más mediáticos”, el gobierno incrementó las partidas presupuestarias para combatirlos.
“Los incendios nos permitieron detectar que no se ejecutaban las partidas hasta que se hacían más mediáticos. Pudimos hacer nuestros análisis basándose en pedidos de acceso a la información y detectamos que la política fue reactiva en vez de preventiva”, señaló.

Subejecuciones
El economista contó que notaron subejecuciones de partidas durante el 2024 y dijo que este tipo de acciones son una forma de recorte.
Uno de los casos emblemáticos fue la eliminación del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), una herramienta creada en 2018 a partir de la ley 27.431 por la cual se debía destinar al menos el 0,3% del total del presupuesto, proveniente del 2% del total de retenciones a exportaciones de productos primarios y secundarios de los rubros agrícola, ganadero y forestal. El año pasado, a través del decreto 888/2024, el gobierno nacional lo eliminó.
Cena Trebucq explicó que el Fobosque se cerró, pero que las partidas “siguen estando”: “El año pasado no se ejecutó esa plata. Hicimos un pedido de acceso a la información para conocer lo que se había usado en 2023 y que nos actualicen datos para 2024. Pero a mitad del año pasado nos dijeron que esa plata, unos 10 mil millones de pesos, estaban en trámite para que se aprueben. Creemos que eso quedó ahí, estancado”.
El principal objetivo del Fobosque era financiar todo tipo de actividades y acciones que promuevan la preservación y recuperación de bosques, tanto de la flora presente en estos ecosistemas como de la fauna que habita en ellos.
El año pasado, según Greenpeace, solo en el norte de Argentina se perdieron 150.000 hectáreas de bosques por desmontes e incendios forestales. Las provincias más afectadas fueron Santiago del Estero y Chaco, que forman parte del Gran Chaco, territorio que configura el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica y una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo, con 3400 especies de plantas, 500 de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios.

Qué pasa con los fondos no ejecutados
Ante una prórroga de presupuesto como la que ocurrió el año pasado, el Poder Ejecutivo cuenta con “mayor discrecionalidad para modificar partidas”, explicó Cena Trebucq.
“La plata que no se usa puede destinarse a otras partidas, pero hay que ver las modificaciones presupuestarias. En este caso, no hay documentación oficial de qué pasó con ese dinero que no se ha usado”, agregó.
“Las modificaciones presupuestarias pueden darse por decretos de necesidad y urgencia, por decisiones administrativas o por ley. Modificar el destino de partidas preasignadas en un presupuesto aprobado por el Congreso puede ser más rígido que hacerlo sobre un presupuesto prorrogado”, explicó el economista.
En tanto, especificó que las partidas ambientales fueron las más castigadas: “Cayeron entre 34 y 81 por ciento, bastante mayor a la caída de todo el presupuesto (26,3%). El ajuste fiscal no es neutro, pasa a cambiar las prioridades y vemos cómo la parte ambiental quedó muy relegada”.
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Piden informes sobre la situación de los guardafaunas rionegrinos: denuncian vaciamiento del plantel

Fecha de Publicación: 18/04/2025
Fuente: Portal NoticiasRíoNegro
Provincia/Región: Río Negro


El bloque Vamos con Todos presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Provincial en relación con las medidas adoptadas por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo que, según denuncia la Fundación Guardafaunas Honorarios de Río Negro, han generado un grave vaciamiento en el cuerpo provincial de Guardafaunas.
El escrito fue impulsado por el presidente de la bancada, José Luis Berros, y acompañado por los legisladores Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Fabián Pilquinao, Luciano Sempé, junto a Ana Marks, Daniel Belloso y Leandro García de PJ  - NE.
"Es alarmante que se hayan dejado sin renovar contratos de agentes con experiencia y formación en terreno, mientras se debilitan equipos fundamentales para la protección de la biodiversidad. No se puede improvisar con la fauna silvestre", sostuvo Berros. Agregó que “desde nuestro bloque queremos saber si existe un plan o simplemente se está desmantelando una política pública esencial, invisibilizando el trabajo de quienes han sostenido el sistema con compromiso y vocación”.
La solicitud parlamentaria incluye consultas dirigidas al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y a la Dirección de Fauna Silvestre. Se solicita información detallada sobre la cantidad y situación contractual de los Guardafaunas en funciones; su localización geográfica y tareas asignadas; la nómina de agentes desvinculados desde diciembre de 2023, así como las razones de esas decisiones; si existe algún plan de reestructuración ante el vaciamiento denunciado en las delegaciones de San Carlos de Bariloche y San Antonio Oeste; si el Ejecutivo ha recibido denuncias por caza furtiva, tráfico o ataques de fauna en 2024 y el primer trimestre de 2025; y, finalmente, los motivos del traspaso de la Dirección de Fauna Silvestre desde la Secretaría de Ambiente al Ministerio de Desarrollo Económico.
El pedido de informes toma como base las advertencias realizadas públicamente por la Fundación Guardafaunas Honorarios de Río Negro, entidad con más de dos décadas de trabajo voluntario en la defensa de la fauna silvestre. La organización denunció el despido de dos agentes con base en General Roca y la desarticulación de los equipos en Bariloche y San Antonio, lo que ha dejado al cuerpo de fiscalización provincial reducido a apenas dos personas para todo el territorio. También alertó que el traspaso de la Dirección de Fauna a un ministerio con orientación productivista representa un serio retroceso en la política ambiental de la provincia.
"Estamos ante una situación de riesgo no sólo para las especies en peligro, sino también para los ecosistemas y la salud pública. No puede ser que las decisiones se tomen a espaldas de los territorios, sin diálogo con quienes han sostenido durante años esta tarea", concluyó Berros.
Desde el bloque Vamos con Todos instaron al Ejecutivo a dar respuestas urgentes y a reconsiderar el rumbo de la gestión ambiental provincial.
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