Tráfico ilegal y mascotismo de fauna silvestre, una problemática que no da tregua en Córdoba

Fecha de Publicación: 13/03/2025
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


Pese a los controles, allanamientos y rescates, estos delitos siguen siendo una de las mayores amenazas para la biodiversidad de la provincia. Las aves son las principales especies secuestrados en los operativos.
El tráfico ilegal y el mascotismo de fauna silvestre son dos facetas de una problemática constante en Córdoba que afecta a numerosas especies autóctonas y perjudica la biodiversidad regional. Esto también ocurre con especies exóticas, ya sea por provenir de otras provincias, de otros países o incluso continentes.
Evidencia de ello son los periódicos casos de animales rescatados luego de procedimientos policiales y el reciente avistaje de un ciervo axis o moteado avistado por la zona de los barrios Pueyrredón y General Paz. Totalmente desorientado, el animal falleció antes de que efectivos de la Patrulla Ambiental llegaran.
Por denuncias, procedimientos de control o allanamientos todos los años son decomisados y recuperados cientos de aves, mamíferos o reptiles. Mientras que algunos pueden ser liberados y regresar a su hábitat natural, otros deben permanecer en cautiverio por el resto de su vida.
Uno de los centros de rescate de fauna silvestre más grandes del interior del país es el que pertenece al Parque de la Biodiversidad, dependiente de la Municipalidad de Córdoba. Allí se trabaja trabaja diariamente en el rescate, rehabilitación y cuidado de animales que llegan a través de operativos contra la tenencia o comercialización ilegal. También se reciben muchos ejemplares lastimados, golpeados o desnutridos por otras causas.
A este centro llegaron 306 animales en 2023, de lo cuales se liberó a 78. Ese número se elevó a casi el doble en 2024, con 581 ejemplares recibidos, pero la buena noticia es que pudo liberarse a casi la mitad (275). En lo que va de 2025 llegaron 97 animales y se liberaron 24. En cuanto a las especies, el mayor porcentaje de ejemplares rescatados en cada año fueron aves.
“Aunque hay más educación, la cantidad de animales que ingresan no baja sino que se mantiene en el tiempo. Además, cada vez sorprende más el tipo de especies que aparecen. Notamos que el gran ingreso se debe también a que hay más controles y más conciencia de la gente que hace las denuncias”, dijo a La Voz Constanza Capocasa bióloga y directora del Parque de la Biodiversidad.
Allí reciben mamíferos, reptiles, invertebrados y hasta peces, pero predominan las aves que son las que más sufren la comercialización ilegal. Al estar atravesada por múltiples rutas y ubicarse en el centro del país, Córdoba es una zona de paso para los traficantes, por lo que a este centro llegan animales de todas las provincias.
Una vez allí atraviesan un período de cuarentena donde se los atiende sanitariamente pero también desde lo comportamental. Sin son dados de alta o considerados aptos en ambos aspectos, se los libera. El proceso para hacerlo implicará mayores esfuerzos si no son animales nativos de Córdoba.
“Nuestro trabajo apunta a poder conservar las poblaciones naturales y a vincularnos de otra manera con los animales y el ambiente de cara al futuro. No somos sus dueños y no debemos tratarlos como cosas sino convivir y respetarlos porque muchas especies se extinguen debido a esto”, agregó Capocasa.

Allanamientos y rescates
El centro de rescate trabaja en vínculo directo con la Policía Ambiental y la Patrulla Ambiental, las reparticiones encargadas de hacerles llegar los ejemplares secuestrados en los allanamientos o controles de rutina.
En el período comprendido entre 2019 y 2024 la Policia Ambiental, que depende del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, realizó en la provincia de Córdoba 1.648 procedimientos relacionados con la fauna silvestre. En total se secuestraron 9.962 ejemplares y se liberaron 3.731.
Haciendo el desglose por año, los operativos efectuados fueron 169 en 2019, 196 en 2020, 350 en 2021, 293 en 2022, 292, en 2023 y 348 en 2024. En cuanto a ejemplares secuestrados hubo 923 en 2019, 1.592 en 2020, 1.818 en 2021, 1.823 en 2022, 2.201 en 2023 y 1.605 en 2024. Sobre las liberaciones se hicieron 285 en 2019, 638 en 2020, 617 en 2021, 657 en 2022, 731 en 2023 y 803 en 2024.
“Casi el 90% de los animales son pájaros paseiformes, de plumaje colorido o de canto llamativo, lo que los hace atractivos para tenerlos en cautiverio. También tenemos un porcentaje de mamíferos y otro de reptiles”, explicó Adrián Rinaudo, Secretario de Policía Ambiental.
Los operativos se realizan en base a las zonas donde se detecta que puede haber fauna silvestre. Una de las vías de conocimiento es a través de las denuncias, sobre todo anónimas, y otra por los controles de ruta, para lo cual cuentan con una brigada canina de detección de fauna en tránsito, algo con lo que no cuenta ninguna otra provincia del país.
También trabajan intentando dar con los traficantes de fauna a través de la web y redes sociales, donde muchas personas los contactan para comprar ejemplares. Aquí se produce sobre todo el tráfico de especies exóticas y son los grupos de Telegram los medios favoritos para estos objetivos.
“Nosotros teníamos la idea de que Córdoba era un lugar de paso de la fauna silvestre que venía desde el norte, el litoral o el oeste y cruzaba para Buenos Aires. Pero ahora estamos viendo que hay tráfico en la provincia, hacemos procedimientos con secuestros grandes donde podemos encontrar hasta 80 aves en un domicilio”, suma Rinaudo.
En este punto también coincide Jorge Suárez, jefe de la División Patrulla Ambiental, que depende de la Policía de Córdoba. “El tráfico ilegal ha crecido exponencialmente. Córdoba era un lugar de paso de fauna y ahora es un lugar de adquisición sobre todo de autóctonos. También ha crecido el mascotismo de animaes silvestres y cada vez hay más operativos de rescate en viviendas”, afirmó.
En la Ciudad de Córdoba la Patrulla intervino en 18 allanamientos durante 2024 y en seis en lo que va de 2025. Secuestraron 83 animales el año pasado y 45 en los últimos dos meses. Se trató en su mayoría de aves, pero también se rescataron marsupiales, ofidios, zorros y reptiles.
“La mayoría de rescates en la zona urbana son de aves rapaces como caranchos, chimangos, o jotes que se encuentaran en lugares donde hay edificios. Los caranchos y chimangos son controladores de roedores y se encuentran en temporada de tormentas o vientos fuertes porque caen y se lesionan. Los jotes aparecen dentro de los departamentos en esta época porque estan saliendo las crías”, describió.
Y cerró: “pero la problemática constante el año pasado han sido los zorros. Esto tiene mucho que ver también con la higiene y la empatía con estos animales. La gente todavía no entiende que dándoles de comer los están sacando de su estado salvaje porque ya saben dónde conseguir comida constantemente”.
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Así opera la flota pesquera china al borde de aguas territoriales argentinas

Fecha de Publicación: 12/03/2025
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Un operativo de vigilancia identificó cientos de barcos extranjeros en la frontera de la Zona Económica Exclusiva de Argentina. Autoridades advierten sobre el impacto ambiental y económico
Aeronaves y embarcaciones de la Armada Argentina llevaron adelante un operativo de patrullaje para monitorear la presencia de barcos pesqueros extranjeros en las inmediaciones de la Milla 200, el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE). La Armada detectó 380 embarcaciones, en su mayoría chinas, operando en el borde de las aguas territoriales del país.
El despliegue incluyó el uso de un avión P-3C “Orion”, especializado en vigilancia marítima, junto con aeronaves más pequeñas y buques de guerra. Este esfuerzo se enmarcó dentro de las estrategias del Gobierno para combatir la pesca ilegal y proteger los recursos marítimos.

Una flota de cientos de barcos en el Atlántico Sur
La presencia de embarcaciones pesqueras extranjeras en los límites de la ZEE argentina es un fenómeno recurrente. Las autoridades identificaron que más del 80% de los barcos registrados navegaban con bandera china. También se detectaron embarcaciones de España, el Reino Unido y las Islas Malvinas.
Uno de los métodos utilizados por estos barcos para la captura de calamar, una especie clave en el ecosistema marino, es el uso de poderosos reflectores nocturnos que atraen a los ejemplares a la superficie.
El relevamiento permitió detectar un patrón de comportamiento sospechoso entre las embarcaciones. En reiteradas ocasiones, apagaron sus sistemas de identificación automática (AIS), lo que dificulta su seguimiento y genera sospechas sobre incursiones dentro de la ZEE.

Control y patrullaje en la Milla 200
El Gobierno argentino asegura haber reforzado la vigilancia en la Milla 200, un punto crítico donde barcos extranjeros operan en la frontera de aguas nacionales. Desde septiembre, la Armada incorporó nuevas aeronaves especializadas en vigilancia marítima para fortalecer el monitoreo.
El Ministerio de Defensa remarcó la importancia de estos operativos para evitar incursiones ilegales dentro de la ZEE. En un mensaje publicado en redes sociales, la cartera afirmó:
“En este gobierno, defendemos el mar argentino con todos los recursos a nuestra disposición. Desde la Milla 200, la Armada Argentina, bajo la coordinación del Comando Conjunto Marítimo, se mantiene firme, patrullando y vigilando y asegurando que ningún barco extranjero cruce nuestra zona económica exclusiva para saquear lo que le pertenece a los argentinos. Soberanía es acción y estamos listos para actuar y defenderla”.
Además del control aéreo, se desplegaron buques de guerra para patrullar la zona. En algunos casos, se realizaron maniobras de acercamiento a los pesqueros para documentar su actividad y disuadir posibles violaciones a la soberanía marítima argentina.

Impacto ambiental y económico de la sobrepesca
El calamar argentino es una de las especies más afectadas por la sobreexplotación. Este molusco cumple un rol fundamental en la cadena alimentaria marina y su captura descontrolada puede alterar el equilibrio del ecosistema. Expertos en conservación han alertado sobre el riesgo de colapso de las poblaciones de calamar si no se implementan mayores controles.
El aumento de la flota pesquera en el borde de la ZEE ha generado preocupación en el sector pesquero local. Darío Sócrate, director de la Cámara Argentina de Armadores de Buques Jigueros, explicó que la competencia con barcos extranjeros reduce el volumen de captura para la flota argentina. Según sus estimaciones, los pesqueros nacionales logran capturar solo la mitad del calamar disponible debido a la presión ejercida por las flotas extranjeras.
Desde 2010, la cantidad de barcos operando en la zona ha crecido en casi un 30%, pasando de 400 a 550 embarcaciones. La mayoría proviene de China, cuya flota de pesca en aguas distantes se ha expandido globalmente en las últimas décadas.
En Argentina, la llegada de barcos chinos a la Milla 200 representa un desafío para la soberanía marítima y la conservación del ecosistema. La combinación de tecnología avanzada, subsidios estatales y una flota numerosa permite que estos pesqueros mantengan una presencia constante en los límites de la ZEE argentina.
El gobierno argentino ha reforzado su postura en defensa de los recursos pesqueros nacionales, apostando por mayores controles y patrullajes en el Atlántico Sur. Mientras tanto, la actividad de la flota extranjera sigue bajo la lupa de las autoridades y organismos de conservación.
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El Plan Nuclear Argentino "ya está en marcha", asegura Demian Reidel

Fecha de Publicación: 12/03/2025
Fuente: Portal MejorEnergia
Provincia/Región: Nacional


Es el titular del Consejo Nuclear Argentino y asesor del Presidente Milei. Se prevé la instalación de cuatro módulos en Atucha para generar 1,2 Gw y el primer reactor debería estar funcionando en 2030.
El Jefe del Consejo de Asesores de Javier Milei y presidente del Consejo Nuclear Argentino, Demian Reidel, aseguró que el Plan Nuclear Argentino que anunció en diciembre el Gobierno nacional "ya está en acción" con las tareas iniciales para la puesta en marcha de su primera fase en el predio de Atucha, en el partido bonaerense de Zárate.
El corazón del plan se enfoca en el desarrollo de un nuevo reactor modular pequeño (SMR, siglas en inglés de small modular reactors) que son considerados en el mundo el futuro inmediato de la energía nuclear. Sin embargo, el Gobierno no contempla la continuidad del proyecto Carem, aún inconcluso a pesar de contar con décadas de desarrollo y unos u$s 1.000 millones de inversión.
"El plan tendrá un gran impacto sobre el futuro del país y tiene muchas partes que involucran el desarrollo de nueva tecnología nuclear, exportación de reactores, minería de uranio, entre otros objetivos", aseguró Reidel en una reseña sobre el Plan Nuclear realizada en sus redes sociales.
En ese sentido, el funcionario aseguró que "la primera fase del plan ya está en marcha" con la instalación de cuatro módulos ACR-300 en el sitio de Atucha. Esta planta generará 1,2 GW de energía limpia y confiable, con la tecnología más moderna, y el objetivo es "que el primer reactor entre en funcionamiento en 2030", anunció.
Esta iniciativa, además facilitará el acceso a la energía en todo el país y se asegura que disminuirá considerablemente posibles cortes de luz por problemas de generación, en momentos en que el sistema eléctrico se encuentra al límite de sus capacidades.
El titular del Consejo Nuclear también anunció que la construcción del reactor empezará en dos años, y ese plazo es parte del proceso estándar de desarrollo de una planta nuclear y de la decisión de seguir todos los procesos con el rigor técnico que caracteriza a este sector en el país con más de 50 años de desarrollo tecnológico y de recursos humanos.
"Construir el primer reactor con esta tecnología de vanguardia en apenas cinco años es un desafío titánico", admitió el Jefe de Asesores pero resaltó la vocación del actual gobierno de que "Argentina se convierta en un líder en tecnología nuclear, para lo cual el país tiene un capital humano de excelencia que hay que aprovecharlo al máximo".
El 20 de diciembre, el presidente Milei presentó el Plan Nuclear Argentino, una iniciativa que tiene como objetivo "posicionar al país en la vanguardia energética mundial y atraer inversiones", en una presentación que realizó junto a Reidel y el director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi.
Según explicó Reidel, este proyecto avanzará con la "eficiencia del mejor sector privado internacional y la coordinación del Consejo Nuclear para que todos los participantes de este proceso entiendan que es máxima prioridad nacional".
"El Estado elefante blanco quedó atrás. Aquí no hay burocracia asfixiante sino máximo esfuerzo. El proyecto estará 100% financiado con capital privado", aseveró al insistir en que "el proyecto ya está en marcha y que los ingenieros están trabajando y pronto se va a comenzar con 'procesos tangibles' vinculados a la preparación del sitio, tras lo cual la construcción comenzará inmediatamente después de completar esa fase".
Reidel destacó que el país tiene jugadores de mucho nivel en el área nuclear como los vinculados a las empresas Investigaciones Aplicadas (Invap), la operadora de las centrales atómicas Nucleoeléctrica (Nasa), la Comisión Nacional de Energía Nuclear (Conea), o la Combustibles Nucleares Argentinos (Conuar), entre otros eslabones de ecosistema.
El desarrollo de las distintas etapas del plan no descarta el ingreso de capital privado a esas empresas, algo que aún el gobierno no precisó de qué manera lo promoverá, pero Reidel aseguró que eso no evita el trabajo de hacer más eficiente todo el sector para utilizar plenamente los recursos humanos disponibles.
La estrategia tras la construcción es avanzar en la comercialización de los reactores modulares para venderlos con un compromiso de compra de uranio argentino, mineral del cual el territorio tiene cuantiosas reservas, a pesar de lo cual ese mineral hoy se tiene que importar para el funcionamiento de las centrales operativas. Esa segunda etapa, contempla que se desarrollarán las reservas de uranio, que servirán para cubrir la demanda doméstica y posicionará al país como exportador de elementos combustibles de alto valor agregado.
Junto a esa escala una etapa ulterior es lograr que las empresas de base tecnológica en el mundo miren a la Argentina para instalar sus nodos de inteligencia artificial o sus data center, logrando una energía eficiente en costos y cero emisiones.
El desarrollo de los nuevos reactores modulares se da en momento en que las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse vienen en 2024 de alcanzar nuevos récords de generación eléctrica al aportar unos 10.449.015 MWh, lo que representó el 7,35% del total de energía entregada al sistema en el país por las distintas fuentes de la diversificada matriz. Desde septiembre, el esquema nuclear no cuenta con la central Atucha I en operación ya que ese mes entró en el proceso de extensión de vida útil tras cumplir 50 años de su conexión al Sistema Eléctrico Nacional.
La parada de reacondicionamiento tendrá una duración de treinta meses a realizarse hasta 2026 e implica una inversión de 450 millones de dólares, la creación de 2000 puestos de trabajo directo e indirecto y la generación de oportunidades para proveedores nacionales calificados en las tareas de construcción y fabricación de componentes.
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El fin del Riachuelo

Fecha de Publicación: 11/03/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo


Después de que la Corte cerrara su participación en la mayor causa ambiental de la historia argentina, el gobierno avanzó con el despido de la mitad del personal de ACUMAR. Lo que fue y será.
El gobierno nacional destruye a mazazos una de las pocas políticas de Estado interjurisdiccionales que funcionaba en la Argentina: la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), creada en 2006 para sanear uno de los cursos de agua más contaminados del mundo. Tras meses de desidia en el organismo, la gestión de Javier Milei echó en los últimos días a unos 300 trabajadores y trabajadoras que se suman a decenas de empleados que ya habían sido desvinculados. Representan la mitad de la planta. Ahora, las mejoras en la calidad de vida de los habitantes de la cuenca quedaron en suspenso; al igual que los avances de la limpieza y el mantenimiento del río, que llegaron a ser notorios.
La primera estocada fue la que aplicó la Corte Suprema de Justicia en octubre pasado, cuando decidió apartarse de la Causa Mendoza, tras considerar que ya habían cumplido con su propósito de “alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución”, tras la creación de la ACUMAR y la presentación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). Los jueces sostuvieron que ya no debían supervisar el cumplimiento de la sentencia.
“Al dar por finalizada su intervención y rechazar así el daño ambiental colectivo, la Corte habilitó este contexto que tenemos hoy”, advirtió a Tiempo Tamara Basteiro, quien junto a Sergio Zurano, son los dos consejeros directivos de ACUMAR en representación de la Provincia de Buenos Aires (a la Autoridad la componen los gobiernos nacionales, provincial y el de CABA). Ambos funcionarios resisten en minoría los planteos del Consejo Directivo del organismo que insisten con la necesidad de ajustar la gestión por una supuesta falta de recursos.
“La Corte generó las condiciones para que sea posible este desmantelamiento, dándole vía libre al gobierno de Milei para que haga lo que dijo que iba a hacer, destruir el Estado, porque lo odia. Nosotros creemos que cada trabajador del Estado cumple un rol clave para construir una sociedad más justa”, añadió la subsecretaria de Política Ambiental bonaerense.

Las preguntas sin respuestas sobre el Riachuelo
¿Cómo va a hacer el organismo para seguir cumpliendo con sus funciones? ¿Cómo va a controlar a las industrias si despiden a los fiscalizadores y técnicos que se ocupaban de esta tarea?
Basteiro remarcó que desde que llegó Lucas Figueras –presidente de ACUMAR– a la gestión, hubo más de 350 despidos: «está terminando con Milei lo que arrancó con Macri. ¿Cómo van a garantizar el acceso a la salud, que es una de las demandas concretas en relación a lo que ACUMAR tiene que hacer y que está en el PISA, aún vigente, si no tienen el personal?”.
A esas preguntas, Basteiro sumó otras: “¿Cómo van a seguir trabajando en la relocalización, en el abordaje y fortalecimiento comunitario de la cuenca si no tienen los agentes territoriales que realizaban esa tarea, o la gestión integral de los residuos, o la limpieza de los márgenes y el arroyo?”.

El vínculo con la comunidad
A Lorena Suárez le gustaba tanto el trabajo que tuvo hasta la semana pasada un Instagram que se llamaba Riachuelina. La despidieron en los últimos minutos de febrero por mail: “en medio de una especie de intervención de Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación), con la excusa de que se venía una reingeniería del organismo, los rumores de despidos masivos siempre estuvieron, estábamos expectantes”.
Sostuvo que ya había ocurrido una primera tanda de 70 despedidos, «supuestamente con causa, cuando en realidad les armaron sumarios todos inventados, donde los compañeros en teoría no cumplían con la asistencia. Lo llamativo es que hay coordinadores que supervisan ese trabajo y los echados habían cobrado el plus por asistencia”.
En 12 años, Riachuelina pasó por diferentes áreas como Cultura, Salud Ambiental y llegó a estar a cargo de Comunicación de ACUMAR: “me sorprendió y apenó bastante esta decisión, porque a los directivos actuales los conocemos. Estuvieron en la gestión macrista. Saben quiénes somos y lo que hacemos todos los días acá. Pero claramente ahora asumieron con una impronta diferente: achicar el organismo”.
Y recordó: “no vendemos dulce de leche, trabajamos en la causa de contaminación más grande del país que está entre las diez más importantes del mundo. Tenemos un compromiso, no se trata sólo de perder el trabajo. Se pierde el vínculo con la comunidad y lo que se viene haciendo hace años. En general, es población que está en situación de vulnerabilidad social y ambiental. Los equipos técnicos fueron formados y tienen mucha experiencia. Se avanzó un montón con el saneamiento, pero no estaba terminado”.

Tiro de gracia
El exdirector de la Comisión de Participación Social en ACUMAR, Fabio Márquez, renunció el 10 de diciembre de 2023, aunque recién lo echaron en abril del 2024 porque postergaron su salida: “esta última tanda masiva de despidos le dio un tiro de gracia a la capacidad operativa. Algunas áreas están totalmente desintegradas y otras quedaron muy reducidas”.
El licenciado en Diseño del Paisaje precisó que el desguace pone en peligro el “control a las empresas, a los vuelcos, al desarrollo de la calidad del agua, la limpieza y el reverdecer de los márgenes, de todo lo que tiene que ver con las ciencias duras y políticas sociales”. Se desarticularon proyectos que incluían a las organizaciones locales, mesas de trabajo participativas en los barrios, programas culturales y la promoción de capacitaciones, por ejemplo en agroecología, una mala palabra para el gobierno de Milei.
En agosto del año pasado, volvió la navegabilidad turística al Riachuelo, tras años de trabajo. Ese fue uno de los últimos logros de ACUMAR, que hace las veces de gran articulador entre CABA, PBA, Nación y 14 municipios.
“Siempre se tomó al Riachuelo como el ejemplo de la corrupción y la incapacidad de los argentinos para resolver estas cuestiones. En la medida que fue saneándose y mejorando, no sólo favoreció la calidad de vida de las casi 5 millones de personas que habitan la cuenca, sino que es una muestra que con un Estado activo, con mucha participación social y de manera transparente, se pueden generar cosas que se planteaban como imposibles –puntualizó Márquez–. Lo que más nos duele es que todo esto se rompe por una decisión política nefasta, como que a los ríos los va a regular el mercado. Una falsedad total. Se está tirando por la borda años y años de montón de gente y recursos que se pusieron para que ese lugar alcanzara un punto de inflexión que ahora está yendo para atrás”. «

Un presupuesto que se redujo 77,5%
Durante 2024 el organismo mantuvo el presupuesto de 19 mil millones de pesos de 2023, elaborado en 2022. En un comunicado de Cuerpo Colegiado, en donde confluyen varias organizaciones civiles, puntualizaron que se trata de “un retroceso institucional en la estructura organizativa y funcional de la ACUMAR” que redujo en “un 77,5% en términos reales del presupuesto del 2024 para el saneamiento y la mejora de la infraestructura en la cuenca”. Al igual que el resto de la obra pública en Argentina, ACUMAR paralizó todos los trabajos que tenía en marcha excepto las que contaban con financiamiento externo. Según se desprende de la web oficial, la Planta de Pretratamiento Dock Sud – Sistema Riachuelo sigue en obra con un 94% ejecutado; y la Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales del PIC, con un 83% completado.
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Desde Ambiente de la UNR explicaron por qué no hay que seguir haciendo ecobotellas

Fecha de Publicación: 11/03/2025
Fuente: Portal Rosario3
Provincia/Región: Santa Fe


En la región no existen empresas o cooperativas que apliquen esos objetos en sus edificaciones, por lo que no solo pierde su utilidad, sino que es contraproducente para quienes trabajan como separadores. La explicación
Un video en las redes sociales del Área de Política Ambiental de la UNR se difundió con la explicación de su referente, Matías de Bueno, sobre por qué ya no se debe seguir construyendo ecobotellas, una práctica que tuvo furor años atrás, con las cuales se planteaba la construcción de viviendas con esos objetos como ladrillos.
Al parecer en Rosario y la región no existe la modalidad de construcción con ecobotellas como ladrillos, y es por eso que seguir creando ecobotellas no solo pierde su utilidad, sino que es contraproducente para quienes trabajan como separadores, ya que su trabajo de cortar cada botella y separar cada bolsa les demanda mayor trabajo.
“¿Alguna vez te preguntaste sobre la utilidad de las ecobotellas? La realidad es que hoy están lejos de ser la mejor opción. Te contamos las razones en el reel”, reza la publicación con el video.
“Seguí reciclando tus plásticos, colocándolos todos, incluyendo bolsas plásticas y de nailon, en una misma bolsa. Acercalos a nuestras jornadas de eco-canje y puntos fijos”, destacaron, y aclararon: “Si tenés ecobotellas, las recibimos en nuestros puntos fijos, pero que incorpores esta nueva práctica”.
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Un diluvio trágico inundó a Bahía Blanca

Fecha de Publicación: 10/03/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires


Cayeron más de 400 milímetros en menos de ocho horas. Provincia y Nación coordinan trabajos y Milei suspendió su viaje a Mendoza. Autos y heladeras navegando.
Más de 400 milímetros de lluvia caída en menos de ocho horas provocaron una verdadera tragedia climática en Bahía Blanca que, según los datos al cierre de esta edición, ya habían generado la muerte de al menos diez personas y una innumerable cantidad de daños en la infraestructura de la ciudad ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires.
En Bahía Blanca flotaron y se hundieron autos, camas y heladeras que junto a parte del arbolado y postes del alumbrado público, navegaron a toda velocidad por las calles céntricas de la ciudad convertidas en río con rápidos, remolinos y hasta pequeñas cascadas por el empuje del agua y el viento.
Las precipitaciones habían comenzado a las 4 de la mañana y se extendieron a lo largo de toda la jornada. Con el paso de las horas, el alerta meteorológico se fue extendiendo hasta generar preocupación en otros distritos bonaerenses que activaron mecanismos preventivos que incluyeron la suspensión de actividades al aire libre. También pusieron en marcha centros de evacuación, incluso antes de las tormentas.
En general, Bahía Blanca se quedó sin luz, sin señal de celular, sin servicio de agua, con todos sus accesos cerrados y con la mayoría de las calles totalmente intransitables. Además de la parálisis general de los comercios, se suspendió la actividad la Planta General Cerri, operada por Transportadora de Gas del Sur S.A (TGS) que quedó fuera de servicio como consecuencia del temporal.
La situación generó imágenes angustiantes que pusieron en guardia al Gobierno nacional que, a diferencia de lo ocurrido en diciembre de 2023, esta vez coordinó acciones con la provincia y la municipalidad.
Por la mañana de ayer, el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, se puso en contacto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El coordinador ministerial de Javier Milei pasó la posta a Patricia Bullrich, que arribó a la zona afectada pasadas las 18.30. Llego acompañada del ministro de Defensa, Luis Petri, y por personal de Prefectura Naval Argentina: recorrieron la zona.
El Presidente tenía previsto viajar a la Fiesta de la Vendimia en Mendoza, pero suspendió su agenda. Se trata de un cambio de actitud contundente respecto al temporal que azotó la ciudad en diciembre del 2023. Milei recién había asumido, gozaba de popularidad entre el electorado y optó por ir a votar a las elecciones de Boca antes de viajar vestido de fajina a Bahía Blanca. Con el intendente Federico Susbielles a su lado, en aquel momento dijo “confiar” en que la ciudad podía salir adelante por sí sola. Y se fue.

La ayuda
Esta vez no sólo cambiaron los contextos sino la gravedad del temporal, definido por los expertos como uno de los más graves de la historia de la ciudad. Por ahora Milei no tiene pensado dirigirse al lugar de los hechos. El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, oficializó que, por pedido de Susbielles y Bianco, solicitó una ayuda económica de 10 mil millones de pesos para reparar daños, algo que fue autorizado por el Palacio de Hacienda. "Como mínimo es eso", avisó el ministro de Gobierno, teniendo en cuenta que esa fue la ayuda que se necesitó para la recuperación de la ciudad luego del temporal de 2023.
El Banco Nación también informó la activación de una línea de financiamiento para los clientes que se vieron afectados, que tendrá un plazo de hasta 72 meses, y un monto de hasta 7 millones de pesos para la reposición de heladeras, colchones y otros artículos del hogar que hayan sido dañados por la tormenta.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, firmó un decreto que declara la emergencia para disponer de los fondos necesarios para colaborar con la recuperación de la ciudad y brindar ayuda a los vecinos de las zonas afectadas. Se declaró  la emergencia en los partidos de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino, Puán, Coronel Suárez, Adolfo Alsina y Guaminí.
Desde el Congreso, la senadora Juliana Di Tullio, junto a sus pares bonaerenses Wado de Pedro y Maximiliano Abad, pidió formalmente la creación de un Fondo Especial de 20 mil millones de pesos para “ayudar a las familias afectadas y declarar la emergencia durante 180 días en la Provincia de Buenos Aires, especialmente en las ciudades de Bahía Blanca y Coronel Rosales”, el vecino distrito donde la tormenta también generó problemas de una magnitud similar.
Desde la Cámara de Diputados de la Nación se impulsó, con la firma de representantes de todas las fuerzas políticas, aunque sin La Libertad Avanza, una medida que reclama declarar “la emergencia ambiental, económica y habitacional por el término de noventa (90) días, prorrogables por igual plazo por el Poder Ejecutivo Nacional, en la Ciudad de Bahía Blanca, y en todos los municipios afectados de la Provincia de Buenos Aires, por el temporal que comenzó el día 7 de marzo de 2025”.
Allí se advierte que “el Poder Ejecutivo Nacional destinará una partida extraordinaria para intervenir y asistir inmediatamente a la reconstrucción de infraestructura y recuperación de las actividades económicas, sanitarias, educativas y sociales” y se advierte que las acciones deberán implementarse “en coordinación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gobiernos locales”. “Las prioridades y metodologías de distribución de los recursos asignados serán definidas conforme a la urgencia de las necesidades, con enfoque en el bienestar de las personas damnificadas y la restauración del medio ambiente y la biodiversidad afectada”, dice el proyecto.
Llegar a las zonas inundadas tampoco fue tarea sencilla. La intensa cantidad de agua caída obligó a la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires a cortar preventivamente el tráfico en la RN3, la RP65 y la RN35, y algunos ministros y funcionarios bonaerenses quedaron varados en el camino mientras la tormenta avanzaba y obligaba a otros distritos a activar alertas tempranas y paralizar la actividad en cada una de las ciudades.
El propio Kicillof decidió viajar hacia la ciudad cerca de la tres de la tarde, pero la situación climática le impidió hacerlo por vía aérea. La situación por tierra no era mucho mejor y el mandatario llegó pasadas las diez de la noche.
"Es una verdadera tragedia climática", consideró el gobernador que dijo que las gestiones de Bianco habían conseguido activar los fondos nacionales específicos para atender las catástrofes y los pedidos que buscarán canalizarse a través del Ministerio de Desarrollo Humano que comanda Sandra Pettovello. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y el de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, activaron sus equipos de gestión para la ayuda en la región.
Otro de los que demoró en llegar por las lluvias fue el ministro de Seguridad, Javier Alonso, que una vez en la zona del desastre aseguró que lo ocurrido representa “una situación muy adversa con cosas nunca vistas”. “Cayeron 400 milímetros en 6 horas, mientras que la tormenta más fuerte en Bahía Blanca fue en la década de 1930, cuando cayeron 175 milímetros”, describió.
“Como es una zona rodeada de sierras, el agua drenó hacia la ciudad y la correntada provocó el colapso de rutas y puentes, por lo que estamos bastante incomunicados, con muchos camiones varados en la ruta y las banquinas socavadas, lo que hace muy difícil transitar”, explicó Alonso el cuadro que se mantenía al caer la noche.
Oficialmente se informó que son diez las víctimas fatales por el temporal, aunque durante toda la jornada se advirtió que por la complejidad de la situación, el número final presentará un saldo aún más trágico. Durante la noche había gente que todavía llegaba a los centros de evacuados y familias que todavía no encontraban a los suyos.
Al cierre de esta edición, la lista de evacuados superaba las 1.300 personas en los nueve centros habilitados en el Dow Center, el V Cuerpo Ejército, la Sociedad de Fomento Maldonado, el Centro Comunitario Loyola, el Centro Social Natan, Calle Belen, Capilla María Reina (Spurr), el Cine Unión y el Club Liniers.

El plan de emergencia
Ante la gravedad de la situación, la provincia de Buenos Aires activó un Comité de Emergencia Interministerial que puso en marcha a casi todas órbitas del Estado bonaerense. El Ministerio de Seguridad destinó agentes de Defensa Civil y personal especializado en rescate y seguridad siniestral. También se enviaron al sur provincial seis lanchas, botes semirrígidos y kayak, tres camiones de carga con materiales y recursos operativos, 17 camionetas y dos helicópteros.
El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad envió colchones, frazadas, kits de limpieza, zapatillas, ropa, alimentos secos y pallets de agua para los damnificados, y se activó la Mesa de Respuesta Comunitaria en la Emergencia que realiza tareas de asistencia en los centros de evacuados. El Ministerio de Salud se encargó de la evacuación del hospital Penna, trasladando a los pacientes y reorganizando los servicios. Y ABSA puso a disposición dos nuevos camiones cisterna para la distribución de agua potable y se dispondrá el suministro de agua en sachets.
También se pusieron en marcha operativos desde las carteras de transporte y ambiente. Y el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (Opisu) se sumó a las tareas de limpieza y mantenimiento para comenzar la reconstrucción de los daños materiales que afectaron calles y casas. Hacia Bahía Blanca viajaron albañiles, carpinteros y electricistas con camiones atmosféricos, otros para desobstruir sistemas de alcantarillado y algunos con agua potable.
A la ayuda provincial se sumó la de la Armada Argentina que envió un vehículo liviano, un Jeep grande, tres botes, dos camiones, un carretón, un camión taller, dos anfibios y 30 efectivos. Estos recursos fueron destinados a la zona de Parque Boronat, mientras que el Ejército concentró su trabajo en el canal Maldonado, en la evacuación del hogar del Anciano y el traslado de los pacientes de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Penna.

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Chubut: Nacho Torres negó cambios en la ley que prohíbe la minería a cielo abierto, pero le abrió la puerta a la explotación de uranio

Fecha de Publicación: 10/03/2025
Fuente: Portal DinamicArg
Provincia/Región: Chubut


Desmintió versiones que circularon a partir de un comunicado del Gobierno Nacional. Más tarde, aseguró: “Tenemos la mejor reserva de uranio pero para obtener licencia social lo primero que hay que hacer es mostrar que las cosas se hacen bien”.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, desmintió los rumores sobre el impulso de megaproyectos mineros en la provincia, actualmente prohbidos por ley, y calificó esas versiones como una “operación mediática”.
“Nadie me va a apurar con tapas de diarios”, afirmó en Puerto Madryn cuando le preguntaron sobre el tema.
Consultado en rueda de prensa sobre si en la reunión con intendentes en Gobernador Costa se había planteado la cuestión minera, Torres fue categórico: “Cuando hablamos de crecimiento exponencial, nos referimos puntualmente a arenas silíceas, donde hay un proyecto muy interesante. Pero bajo ningún punto de vista está en agenda volver a discutir la Ley 5001”, aseguró en referancia a la norma que impide la minería a cielo abierto en la provincia.
Sin embargo, posteriormente, en una entrevista televisiva con LN+ dejó abierta la posibilidad de explotar uranio en la provincia.
“Podríamos extraer uranio con otros métodos, tenemos la mejor reserva”, sostuvo, aunque aclaró que “para obtener licencia social, lo primero que hay que hacer es mostrar que las cosas se hacen bien”.
“Siempre voy a estar del lado del trabajo y la producción. Chubut es una provincia minera: petróleo, pórfidos, actividades que son legales y no están dentro de la 5001. Pero si alguien cree que con tapas de diarios me va a apurar para cambiar algo, está muy equivocado. El efecto va a ser el contrario”, había dicho ante los rumores de cambios en la normativa provincial que se estaban negociando, supuestamente, con la Nación.

Qué difundió el Gobierno Nacional
En un reciente comunicado emitido por el Gobierno Nacional se informó que Karina Milei se reunió con ejecutivos de Pan American Silver, una de las mayores compañías de plata a nivel mundial.
Según el documento, “tienen un proyecto en evaluación preliminar para producir plata en Chubut, con una inversión que se acerca a los 760 millones de dólares”.
Esa información, y el hecho de que la provincia enfrenta un escenario complejo con la caída en la producción petrolera de los yacimientos maduros y la consecuente pérdida de empleos, alentó las versiones periodísticas que indicaban que el Gobierno de Torres planeaba enviar al legislativo un proyecto de ley después de las elecciones de este año orientado a reducir los límites a la actividad minera.
Los trascendidos se basaban, también, en que a lo largo de 2024 se fueron aprobando nuevas altas de proveedores mineros de Chubut en el Boletín Oficial, lo que se interpretaba como parte de la preparación para un eventual desarrollo del sector.
Otro factoo que se mencionaba es que en agosto Chubut adhirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aunque la norma exceptuó la minería a cielo abierto debido a la prohibición vigente en la provincia desde 2003, y está más orientada a la producción de hidrógeno verde a partir de la energía eólica, segmento en el que la provincia es líder.
Ante los trascendidos, Torres dejó en claro que no se opone a la actividad minera en sí, pero denunció una operación y demintió próximos cambios a la ley. También enfatizó que la falta de licencia social en Chubut responde a la desconfianza generada por la ausencia de controles adecuados, algo que más tarde planteó evitar para el caso del uranio, que a su entender ofrece una oportunidad económica muy significativa para Chubut

La oportunidad del uranio en Chubut
El gobernador destacó el potencial del uranio en su provincia y afirmó: “Podríamos extraer uranio con otros métodos, tenemos la mejor reserva de uranio”. No obstante, subrayó que “para obtener licencia social, lo primero que hay que hacer es mostrar que las cosas se hacen bien”.
En esa línea, resaltó que los recursos uraníferos tienen un alto valor en el mercado y mencionó un acuerdo con la Comisión Nacional de Energía Atómica que podría posicionar a Chubut, junto con Río Negro, en un lugar estratégico en el sector.
“Estamos hablando de trabajo y de métodos de extracción que no contaminan, es un círculo virtuoso que Argentina necesita”, aseguró.
Sin embargo, insistió en que el debate debe darse con seriedad y responsabilidad, de cara a la sociedad.
Por ello, anunció que cualquier consulta pública o proyecto de ley relacionado con la minería que se trate en la Legislatura será transmitido en vivo, con acceso abierto a todos los chubutenses.
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Denuncian desmontes en territorio indígena en Garuhapé y reclaman la intervención de Ecología.

Fecha de Publicación: 08/03/2025
Fuente: Portal MisionesCuatro
Provincia/Región: Misiones


El Equipo Misiones Pastoral Aborigen (EMIPA) denunció públicamente que la comunidad mbya guaraní de Puente Quemado II, en Garuhapé, enfrenta tala ilegal en su territorio, el cual está relevado por la Ley 26.160. La comunidad acusa a una empresa de servicios forestales contratista de Arauco, con la que mantienen un conflicto por las tierras relevadas en la ley. Exigen respuestas urgentes de las autoridades.
La comunidad alertó sobre el ingreso de maquinaria y trabajadores a su territorio para realizar desmontes ilegales. Llevan dos días consecutivos de tala, lo que está alterando la tranquilidad de la comunidad y causando un grave daño ambiental. Aunque no se ha confirmado quiénes son los responsables, los miembros de la comunidad señalaron que las huellas de las máquinas conducen a una propiedad de una conocida empresa de transporte y servicios forestales de Garuhapé, que ya ha sido denunciada previamente por ingresar sin autorización a tierras indígenas.
El líder de la comunidad, Santiago Ramos, lamentó la situación y denunció que se están talando especies nativas como anchico, alecrín y guayubira. “Están trabajando con motosierra, haciendo postes. Revisamos la madera y encontramos árboles nativos cortados. Han amontonado todo, marcado la madera caída y la que aún no han talado”, explicó Ramos.
La comunidad ya ha informado al Ministerio de Ecología, pero hasta el momento no han recibido respuestas ni la presencia de inspectores en la zona. También alertaron a la Policía, que se presentó la noche del viernes, aunque los responsables ya se habían retirado. Sin embargo, los desmontes continuaron el sábado y, al solicitar nuevamente asistencia policial, recibieron como respuesta que “no tenían combustible” para acudir al lugar, lo que generó indignación.
Este no es el primer conflicto de la comunidad de Puente Quemado II. En 2022, la comunidad sufrió incendios devastadores que destruyeron el monte nativo, plantaciones de pinos y viviendas. A pesar de que la sequía fue un factor clave, la comunidad teme que este tipo de plantaciones facilite la propagación del fuego.
Hasta este lunes, no han obtenido respuestas del Ministerio de Ecología, y la comunidad ha anunciado que organizarán guardias para proteger su territorio y prevenir nuevos desmontes. Exigen justicia y protección para evitar la desaparición completa del monte.
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San Miguel de Tucumán: las faltas al ambiente serán controladas por una Fiscalía

Fecha de Publicación: 08/03/2025
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán


La Municipalidad de San Miguel de Tucumán oficializó la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Ambiental capitalina. La jura del flamante funcionario a cargo, Roberto Chustek, abrió la agenda de la oficina que se encargará de velar por el cuidado del medio ambiente: con ella, el municipio trabajará en la detección de infracciones que serán denunciadas ante el Tribunal de Faltas para convertirse en multas a los ciudadanos o grupos transgresores.
“A partir de ahora, todo lo que tenga que ver con daño ambiental o cualquier acción que ponga en peligro al ambiente, provocará que la Municipalidad entre en acción a través de sus distintos órganos para tomar las medidas y hacer las denuncias correspondientes en el caso jurisdiccional, de la Justicia local y de la federal; y en el caso administrativo serán presentados ante un juez de Faltas municipal, conforme lo marca la normativa”, explicó el fiscal tras jurar ante la intendenta, Rossana Chahla.
En este sentido, Chustek remarcó que la oficina no tiene fines recaudatorios, sino que es un órgano “de investigación que va a presentar las denuncias ante el juez que corresponda. Por lo tanto, la sanción en sí misma va a ser impuesta por un juez como lo establece el procedimiento”. Además de trabajar de oficio, la Fiscalía recibirá denuncias de ciudadanos a través de un número telefónico y un espacio en el sitio web de la Municipalidad que serán lanzados próximamente. A su vez, aportarán datos la Brigada Ambiental Municipal (BAM), el Centro de Monitoreo Ambiental (CMA), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y las cámaras de seguridad instaladas en los camiones de recolección de residuos.
En lo concerniente a las sanciones establecidas por ley, se prevé que haya una actualización. “Estamos trabajando en la elaboración de un nuevo Código Ambiental. Hoy, ante la inexistencia de un digesto ambiental en la ciudad, tenemos todas las faltas dispersas en distintas reglamentaciones y ordenanzas. Les falta claridad y un criterio uniforme; no puede ser que a veces un hecho de menor daño tenga mayor castigo que otro”, señaló el fiscal Ambiental. La propuesta de modificación, una vez terminada, será enviada al Concejo Deliberante para su análisis.

Multas no monetarias
Acerca de la medida, la intendenta capitalina manifestó: “es una figura nueva dentro del municipio y debe ser una de las más innovadoras dentro de la Provincia. Sirve para ayudarnos a cuidar y a cumplir con las pautas de cuidado de nuestro medio ambiente; sabemos el daño que le hacemos, y desde el primer día las políticas públicas tienen que ver con esto”. A su vez, Chahla anunció que se trabajará en nuevas ordenanzas ambientales. “De acuerdo a la falta que haya tenido (el ciudadano), será su sanción: no es lo mismo tirar un poco de basura que ser constante y reiterado. Cada una de esas multas que se labren van a tener un compromiso del vecino para resarcir al medio ambiente por su accionar”, planteó.
En la jura de Chustek estuvieron presentes miembros del Concejo Deliberante, como los oficialistas Gonzalo Carrillo Leito y Emiliano Vargas Aignasse, y el radical Leandro Argañaraz, que dirige la comisión encargada de controlar la emergencia ambiental que rige en el municipio. “Celebramos estas políticas públicas que se están implementando y que vayan surgiendo sus efectos: la imagen de la ciudad va cambiando. Venimos trabajando de manera coordinada con el Concejo y la Municipalidad porque creemos que de esta manera se va cerrando ese círculo que es necesario para que el medio ambiente realmente sea una política de estado”, compartió Carrillo Leito, que preside la comisión de Medio Ambiente del cuerpo parlamentario.
Por su parte, Julieta Migliavacca, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, agregó: “nosotros tenemos que conseguir que realmente se adquieran los hábitos de la conducta ambiental y que el vecino no vuelva a cometer infracciones, por eso quizás las multas no sean monetarias sino, por ejemplo, prestar un servicio ambiental, plantar árboles o ir a los Eco Canjes. Este es un llamado al compromiso colectivo. Y si no, vamos a comenzar a aplicar sanciones más firmes, que para eso nos va a acompañar la Fiscalía Ambiental”.
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Ley agroforestal en Córdoba: el árbol que oculta al bosque

Fecha de Publicación: 07/03/2025
Fuente: Portal PeriodismoAmbiental
Provincia/Región: Córdoba


En el año 2017, en medio de masivas movilizaciones en rechazo a las reformas de la Ley de Bosques en Córdoba -propuestas por CARTEZ, la Sociedad Rural y Juan Schiaretti- Sergio Busso, por entonces ministro de Agricultura y Ganadería (hoy ministro de la misma cartera pero con otro nombre: Ministerio de Bioagroindustria) impulsaba lo que el gobierno llamaba un ambicioso plan de forestación y reforestación en el territorio provincial: lo impulsaría la Ley Agroforestal N°10467.
El ministro Busso de entonces es el mismo que el de ahora y viene demostrando como funcionario, desde hace 8 años, un profundo compromiso con el empresariado rural y por eso el actual gobierno de Córdoba conformó lo que denomina “Mesa Técnica para la Actualización de la Ley Agroforestal N° 10.467, en el marco del Plan Provincial Agroforestal” para informar los cambios aprobados en la Legislatura en diciembre pasado y avanzar sobre la reglamentación de la ley.
La última de esas reuniones fue realizada el 21 de febrero, motorizada por el Área Agroforestal del Ministerio de Bioagroindustria. Allí, los funcionarios informaron a representantes del empresariado rural, de universidades y organismos públicos los futuros cambios que el gobierno de Llaryora planea aplicar a la Ley Agroforestal.
Claro que la Mesa Técnica no funcionó como un órgano de consulta e intercambio amplio de opiniones respecto de las modificaciones, sino más bien como una invitación para dar a conocer las decisiones ya tomadas por el gobierno provincial.
En ese sentido, en la convocatoria oficial no pasó desapercibida la ausencia de ONGs de la sociedad civil, por ejemplo aquellas que hace unos años en el nacimiento de la Ley Agroforestal cuestionaron algunas especies permitidas por el Plan Provincial, entre las que figuraban varias exóticas invasoras.

 
Bonos “verdes” a la cordobesa
Para comprender las nuevas modificaciones a la Ley Agroforestal cordobesa imaginemos que existiera una “ley de patios hogareños” que indicara que usted tiene que tenerlo con un 2 % a un 5% cubierto con árboles (sabor a poco el porcentaje ¿no?).
De todas maneras, suponga que usted vive en Carlos Paz y está en falta con esa ley porque decide sacar los pocos árboles que tiene ya que quiere cubrir su patio de cemento. Entonces, se convierte en infractor de la legislación vigente. Está en falta, pero las autoridades le dicen no importa: En Cruz del Eje hay un vecino que tiene 3 árboles en su patio, comprelé un bono que le dio el gobierno por tener esos tres árboles y se acaba el problema.
El vecino infractor no tuvo que plantar ni un árbol, nadie reforestó: la zona en donde vive el vecino no tiene los árboles que debería tener porque bastó que le pagara un bono a quien tiene los árboles en la otra punta de la provincia. ¿Se reforestó el lugar donde vive? ¿Tiene más árboles entonces? ¿La ciudad cuenta con más árboles a partir de esa ley? No, lo que tiene ahora es un mercado de bonos verdes…
“Nadie quiere reforestar un campo de soja en la zona de Marcos Juárez, por ejemplo, entonces «cumplen» reforestando en otro lugar que tienen tierras baratas e improductivas económicamente”, señaló a Sala de Prensa Ambiental un especialista en el tema que pidió no ser mencionado.
El espíritu de la Agroforestal, en su inicio, era “elevar el piso ambiental” de algunos ecosistemas, enfocado principalmente en la región del Espinal, un ecosistema completo de bosques nativos que desapareció hace unas décadas por el avance de la frontera agropecuaria, de la mano de un gran cambio de uso de suelo que dejó graves problemas de inundación y de erosión en el sureste cordobés.
 
Atributos ambientales: un tema que todavía está verde
El espíritu inicial de la Ley Agroforestal cordobesa era elevar el piso ambiental de esa región, para lo cual cada cuenta catastral (terrenos, campos) tenía que cumplir teniendo entre el 2% y el 5% de su superficie forestada.
En esta actualización de la Ley Agroforestal llevada a cabo en la Legislatura en diciembre pasado se cambiaron básicamente dos aspectos importantes:
El primero es que antes de la actualización, si un propietario no tenía entre el 2% y 5% de cobertura forestal en su campo, tenía que forestar o reforestar en su cuenta catastral (terreno o campo), o bien en otra cuenta catastral pero que estuviera dentro de la misma cuenca hídrica.
Ahora se pueden hacer dos cosas diferentes. Una, si un propietario tiene que forestar el 2% de su cuenta catastral puede hacer un acuerdo con otro privado y forestar en los predios de ese otro propietario en cualquier lugar de la provincia. Para el gobierno provincial ya no es necesario que sea dentro de su cuenca.
Otra cuestión con estas actualizaciones a la Ley Agroforestal cordobesa está relacionada con los “atributos ambientales”.
El Ministerio de Ambiente y Economía Circular está determinando los atributos ambientales de las cuentas catastrales que están en zona roja de bosque nativo. Por eso, informan que han desarrollado una fórmula que tiene en cuenta el secuestro de carbono, la huella hídrica y la biodiversidad. Según las autoridades de Ambiente, con esos tres factores pueden determinar el valor del atributo ambiental de una cuenta catastral en zona roja de bosques nativos.
Según pudo averiguar Sala de Prensa Ambiental, los funcionarios del área que comanda la política ambiental de la provincia, estiman que recién en octubre de este año estaría operativa esa herramienta. Entonces, cualquiera que esté en una zona agrícola desforestada podrá comprar sus “atributos ambientales” a otro propietario que tenga su terreno o campo en zona roja de bosque nativo conservado. Lo importante de esto: no hace falta plantar un solo árbol para cumplir con la ley.
“Me parece perfecto que la zona roja pueda vender sus atributos ambientales, lo que no me parece bien es que alguien de la zona agrícola los pueda comprar, porque en ese caso la ecuación a nivel ambiental no aporta nada”, indicó otra fuente consultada por Sala de Prensa Ambiental.
Además de los lógicos cuestionamientos a la actualización de la Ley Agroforestal, muchos de los concurrentes no ocultaron su malestar con las autoridades porque la invitación a la “Mesa Técnica” no fue otra cosa que informarles lo que el gobierno provincial junto al empresariado rural ya tiene decidido.

Una vez más: una política agroforestal que no apunta a mejoras ambientales
Desde el punto de vista ambiental, las modificaciones previstas para la Ley Agroforestal no tienen sentido: una zona que está erosionada, inundable y degradada va a seguir estándolo, e incluso empeorando, porque está comprando bonos de otro lugar sin plantar un solo árbol.
El gobierno de Llaryora, reafirma una vez más, su criterio economicista sobre los ecosistemas provinciales: la naturaleza como mercancía y los servicios ambientales como bien de cambio para unos pocos.
En Córdoba, se reafirma la idea que el derecho a gozar de una ambiente sano es para quienes puedan arrasar un territorio y luego tengan los medios económicos para poder desplazarse a otro. Eso sí: comprando bonos verdes para estar dentro de la ley.
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“Se han derribado cientos de árboles y el suelo serrano removido es masivo”

Fecha de Publicación: 07/03/2025
Fuente: Portal InfoMerlo
Provincia/Región: San Luis

Lo afirmó la Asociación Juvennat tras una recorrida por el lugar del desmonte. Detallan el daño ambiental. Presentarán una nota al Concejo Deliberante junto otras asociaciones y piden a los nueves concejales “tomen cartas en el asunto de manera urgente y seria”.
“Desde la década de los años noventa, la dinámica del hecho consumado se ha venido desarrollando en la localidad de Merlo, siendo en esa época cuando surgen las “Zonas T”, las cuales, poco después, fueron incorporadas, a la Ordenanza 744/00.  En este contexto, surge la pregunta:
¿Cómo se justifica lo ocurrido en la zona ubicada en el pedemonte al noreste del Barrio Los Nogales?
La solicitud, para realizar una ´limpieza baja’, debe encender las alertas de las autoridades competentes, quienes deben informar de manera inmediata al Co.A.M.A. acerca de dicha petición. Es precisamente esta entidad, constituida hace más de 30 años, la que debe intervenir en el asunto, ya que está compuesta por las fuerzas vivas de la comunidad, así como por representantes del Departamento Ejecutivo Municipal (D.E.M.) y Concejales.
La zona T4, que corresponde a la Reserva Natural protegida de la Sierra de los Comechingones, está regida por la Ordenanza 744/00, y en su artículo 2.3.8.4., establece que únicamente se permiten paseos serranos y senderos peatonales. Con permisos estrictos, se podrían habilitar paradores y refugios, los cuales deben estar construidos con materiales autóctonos, respetando las costumbres y usos locales, y utilizando técnicas artesanales de bajo impacto ambiental, siempre en completa armonía con el entorno natural.
Sin embargo, lo que se observa actualmente en la zona, es totalmente opuesto a las disposiciones legales: cientos de árboles y arbustos-arbóreos han sido derribados, la remoción del suelo serrano es masiva y, en el caso de la arteria principal, que se extiende a lo largo de 500 a 600 metros lineales, ‘al acompañar la pendiente se torna fácilmente erosionable’, en algunos tramos, tiene más de 20 metros de ancho (cabe recordar que la ley estipula que se deben permitir únicamente ‘senderos peatonales’). A pesar de ello, se le solicita al propietario y por segunda vez, que presente un Plan de Gestión Ambiental y los estudios de Impacto Ambiental, solicitando ‘detalles de la obra’. Allí surge la duda: ¿a qué obra se hace referencia?”
Es por todo lo expuesto que, el sábado 1° de marzo, la A. Juvennat, intentó presentar una nota de urgencia al Honorable Concejo Deliberante (HCD), sin embargo, fuimos informados por fuentes alternativas que dicha nota no podría ser recibida sino hasta el próximo miércoles 5 de marzo. Esa nota será acompañada por otras organizaciones intermedias de la comunidad. A través de la misma, se solicita a los nueve concejales actuales que asuman su responsabilidad y tomen cartas en el asunto de manera urgente y seria.
En momentos tan delicados como el actual, debe prevalecer ‘la independencia del edil en la decisión’, ya que la situación que atraviesa nuestra comunidad turística se caracteriza por graves problemas ambientales, los cuales no solo afectan la economía local, sino, lo que es aún más relevante, la calidad de vida de los residentes. Esperamos que la comunidad reaccione de manera consciente y se sume al esfuerzo por esclarecer los hechos y garantizar la protección de nuestro entorno”.

Más Información:

Concejales de la oposición exigen sanciones y rendición de cuentas por el desmonte en Los Nogales
Impulsan "una investigación exhaustiva" para determinar las responsabilidades y exigen la restauración del área afectada, entre otras medidas.

Frenaron el desmonte entre Los Nogales y el Chumamaya
Así se informó a través de un comunicado oficial de la secretaría de Ambiente de la municipalidad de Villa de Merlo. Exigen a los titulares del predio que presenten un estudio de impacto ambiental.
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Ley Yolanda: la lucha por mantener viva la ley de formación ambiental

Fecha de Publicación: 06/03/2025
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional


Aunque inicialmente fue un éxito, la aplicación de la norma se estancó bajo la presidencia de Javier Milei, por lo que ambientalistas pelean para que siga en pie.
Yolanda Benjamina Ortiz fue una química argentina nacida en 1926. Empezó su vida profesional trabajando en Shell y luego pasó a la función pública.
Ortiz fue la primera secretaria de Ambiente de Argentina en 1973, nombrada por el entonces presidente Juan Perón, tras su exilio en España. Creía en la inextricable conexión entre cuestiones medioambientales y económicas, y afirmaba que “necesaria y urgente una revolución mental” para mejorar la relación de la sociedad con la naturaleza. Su política sigue siendo muy apreciada.
En 2015, el año en que Ortiz cumplió 90 años, se creó en Argentina una ONG llamada Eco House, centrada inicialmente en la educación ambiental, pero que más tarde pasó a centrarse en la política.
Cuatro años más tarde, justo antes de la pandemia de coronavirus, Eco House empezó a reunirse con legisladores de todo el espectro político para discutir un problema que había detectado: que la educación ambiental en Argentina simplemente “no estaba ocurriendo”.
“Teníamos muy claro que teníamos que hacer algo”, dice María Aguilar, directora de educación de Eco House.
En una reunión en la oficina de Eco House con la entonces diputada Camila Crescimbeni, se formó un plan para exigir a todos los que ocuparan un cargo público que se informaran sobre cuestiones medioambientales clave. “Todo ocurrió en esta conversación”, dice Aguilar.
Intentar que todo el mundo se sumara a la idea fue difícil. “Tuvimos muchas, muchas, muchas reuniones con distintos políticos de distintos partidos, intentando activar esto”, dice Aguilar. “Nadie estaba en contra, pero [siempre había] cuestiones políticas de por medio”. No obstante, la idea cobró fuerza, con el apoyo de ONG, universidades y activistas juveniles, y una campaña mediática que la respaldaba.
En 2021, la Unesco declaró que la educación ambiental debería ser un componente básico de los planes de estudio de todo el mundo para 2025. Al mismo tiempo, Argentina elaboró una ley paralela que exige la educación ambiental en las escuelas, universidades y otras instituciones públicas.
Pero Aguilar dice que la nueva ley desarrollada con Crescimbeni era especial. “Hay que asegurarse de que la educación ambiental llegue a todos los sectores de la sociedad, no solo a los niños. Siempre se piensa en ese sentido, pero no es suficiente porque no podemos esperar a que esos niños crezcan.”
Julio Díaz, secretario del Juzgado Criminal Federal Nº 1 de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, dice que la capacitación ambiental es de “vital importancia” para el Poder Judicial porque permite tomar conciencia de la complejidad de los temas ambientales. Señala que también ayuda a las personas a verse a sí mismas como parte del medioambiente, y advierte que existen responsabilidades comunes y diferenciadas en los impactos que las personas tienen sobre la naturaleza.
Dos senadoras de distintos espacios políticos de Argentina empezaron a trabajar juntas para conseguir la aprobación de la ley. La senadora María Eugenia Catalfamo, de la coalición de centroizquierda Frente de Todos , presentó un proyecto de ley, y pocos días después Gladys González, de la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio, presentó una iniciativa similar en la Cámara Alta. “Fue increíble”, recuerda Aguilar. “Casi se hicieron amigas”.
El proyecto de ley pasó por el Congreso argentino y finalmente fue aprobado, casi por unanimidad, en diciembre de 2020.  
La ley exige que todos los funcionarios públicos, ya sean del poder ejecutivo, legislativo o judicial, reciban formación en cuestiones medioambientales y de cambio climático. Se denominó “Ley Yolanda”, en honor a Ortiz, y los implicados afirman que es la primera de este tipo en el mundo, que ellos sepan.
Una guía de la ley oficial la describe como un “hito”, diciendo: “La aprobación de esta ley no solo cristalizó un momento específico de nuestro país y sus actores, sino también toda la extensa y poderosa tradición de luchas y logros históricos del ambientalismo en Argentina.”
La guía, que incluye un íntimo prólogo de un amigo de Ortiz, dice que la ley es estratégica, que busca abordar temas urgentes y con un objetivo político a largo plazo. “En definitiva, busca que esta perspectiva sea tenida en cuenta a la hora de pensar, planificar y ejecutar programas y acciones desde las instituciones del Estado”.
Aguilar afirma que la aprobación de la Ley Yolanda fue estupenda, pero solo es el principio del desafío. “Argentina tiene un montón de leyes medioambientales muy, muy buenas que son muy difíciles de aplicar. La mayoría no se cumplen en la vida real”.
El gobierno realizó una consulta sobre cómo debía aplicarse la ley. Aguilar señala que la mayoría de los que participaron inicialmente pertenecían a organizaciones agrarias y empresas petroleras. “En Argentina, la agricultura es la base de nuestra economía. Fueron muy cuidadosos con lo que se iba a decir y que no hubiera nada que fuera en contra de la agricultura”.
El gobierno se dirigió a Eco House pidiendo más apoyo medioambiental para atajar este problema. “En aquel momento había gente muy comprometida que intentaba llevar esta aplicación por el buen camino, por suerte”, dice Aguilar.

El desarrollo de la ley
Al final, se acordó que los participantes debían dedicar 16 horas a seis módulos obligatorios y dos optativos sobre temas como la biodiversidad y los ecosistemas, el cambio climático, la economía circular y el desarrollo sostenible.
Según la guía, la “información incluida debe ser clara, precisa y tener base científica, y debe ajustarse a la agencia y al contexto en el que se facilita”. Las personas que no realicen la formación pueden ser multadas, e incluso publicar su nombre en Internet.
A Eco House no le pareció suficiente el plan de formación del gobierno central, que consistía en vídeos y algunas lecturas obligatorias. Así que desarrolló su propio programa, con clases reales en las que los participantes podían interactuar y hacer preguntas, que el gobierno validó.
Aguilar elogia a los equipos que trabajaron en la aplicación de Yolanda y su ley hermana de educación medioambiental. “No eran políticos, eran técnicos, y tenían muchas ganas de trabajar con nosotros, porque saben que los partidos pueden cambiar, pero la sociedad civil es permanente”.
Las provincias tenían que adoptar individualmente la ley (todas menos una lo han hecho) y podían diseñar sus propias directrices. Aguilar dice que Buenos Aires suele ser una de las provincias más progresistas, pero su Ley Yolanda solo exigía tres módulos de 45 minutos cada uno. “Nos preguntaron: ‘¿Qué les parece? Y yo dije: ‘¿Me están cargando? Esto es más corto que la película Titanic'”. En cambio, Chaco, que tiene uno de los peores índices de deforestación del mundo, intentó poner en marcha un ambicioso programa.
Un aspecto clave de la ley es que se aplica a todo el mundo, desde los funcionarios subalternos hasta el más alto cargo del país. Cuando el entonces presidente Alberto Fernández emprendió su formación en 2022, emitió un comunicado de prensa al respecto.
“Todo avanzaba muy rápido para una ley aprobada en 2020”, dice Aguilar. “Yolanda tenía su página web, y se podía ver cuánta gente había hecho el curso, tanto con nosotros como con el gobierno”.

Y entonces todo cambió
En 2023, Argentina eligió como presidente a Javier Milei, un negacionista del cambio climático que rechaza las políticas de deforestación y que ahora se plantea seguir a Estados Unidos en su retirada del Acuerdo de París.
Aunque todavía existe una página web sobre la Ley Yolanda en el sitio web del gobierno argentino, han desaparecido muchos detalles. “No se puede descargar ningún documento sobre la ley, el temario, nada”, dice Aguilar. “No están promoviendo que nadie emprenda eso. Llevo enviando correos desde que empezó este nuevo equipo, y nunca sabes a quién escribir, porque no hay nadie. Al principio dijimos: ‘Bueno, vamos a darles tiempo'”. Pero ya ha pasado más de un año.
No obstante, la formación de los jueces y magistrados en particular ha continuado, con un programa que duró todo el año pasado. Abarca los principios científicos y jurídicos fundamentales sobre una serie de cuestiones medioambientales locales y mundiales. En cuanto al clima, el curso profundiza en la mitigación y la adaptación, los sistemas energéticos y el papel de la legislación nacional e internacional. Una sección explica el Acuerdo de Escazú.
Díaz asegura que el contenido del curso es realmente innovador porque la mayoría de las personas que trabajan en el Poder Judicial no han recibido formación en materia medioambiental, “y mucho menos en sostenibilidad en sus cursos de licenciatura”.
Más de 7.000 personas han recibido formación en el marco de este programa, entre jueces, miembros de salas de los tribunales de apelación argentinos, secretarios, estudiantes y demás personal del servicio de justicia.
 “Por los antecedentes y devoluciones que he tenido de colegas de la oficina judicial, y de muchos otros en la jurisdicción donde trabajo, puedo decir que el aporte [de la capacitación] es significativo y de enorme relevancia para el trabajo cotidiano en la gestión de una causa que tiene como objeto un conflicto ambiental”, dice Díaz. “Con esta formación se está proporcionando un conjunto de herramientas de gestión, tanto para ordenar las actuaciones judiciales dentro de un expediente, como para realizar actos concretos en el entorno afectado.”
Añade que la formación contribuye a “una mejor gestión de los conflictos medioambientales judicializados”.
Esto está ocurriendo a pesar de que nadie parece estar aplicando o haciendo un seguimiento centralizado de La Ley Yolanda, o avergonzando públicamente a quienes no han hecho lo que exige. Las preguntas a una dirección de correo electrónico oficial no obtuvieron respuesta, y no hay ningún departamento de medioambiente al que recurrir.
Aún está por ver si La Ley Yolanda logrará algún día la “revolución mental” por la que trabajó Ortiz, y el objetivo ahora es solo mantenerla viva hasta las próximas elecciones generales. “Es muy triste y muy frustrante, pero una vez que entendés el juego, hay que aprender a jugar y a encontrar aliados donde puedas”, dice Aguilar.
Dice que la campaña consiguió unir a las ONG medioambientales de Argentina como no había ocurrido antes. “Cuando surgió Milei, teníamos mucho miedo al futuro. Dimos muchos pasos atrás. Ahora tenemos que volver otra vez a las discusiones más bajas que se hicieron hace años”.
Milei ha apostado fuerte por la desregulación, intentando suavizar las restricciones a la minería cerca de los glaciares y eliminando protecciones para los bosques, además de colaborar con el avance del posible colapso de la ciencia nacional. También ha estrechado lazos con otros escépticos del clima de derechas, lo que convierte a su administración en una enorme amenaza tanto para el medioambiente argentino como para la acción medioambiental mundial. “Te encontrás hablando de cosas como ‘¿realmente el cambio climático existe?’, dice Aguilar. ”Tenemos que hablar de eso“.
Ortiz falleció en junio de 2019 a los 94 años. Preguntada por lo que cree que habría pensado la química de una ley que lleva su nombre y que contó con tantas otras mujeres que la respaldaron e impulsaron, Aguilar dice: “Creo que estaría muy, muy orgullosa.”
¿Y qué ha pasado desde entonces? “Estuve deprimida. Pero entonces, después de estar deprimida y llorar, dije: Bueno, ahora tengo que trabajar más duro que nunca'”.
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¿Qué chances hay de retomar las obras de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, y por qué están frenadas?

Fecha de Publicación: 06/03/2025
Fuente: Portal Chequeado
Provincia/Región: Santa Cruz


El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos (La Libertad Avanza), aseguró que se busca un entendimiento con el grupo de empresas que construye las represas hidroeléctricas “Presidente Nestor Kirchner” (NK) y “Gobernador Jorge Cepernic” (JC) sobre el río Santa Cruz, para retomar la construcción de las mismas. Desde 2023 las obras se encuentran detenidas, a cargo de un consorcio cuyo principal accionista es la empresa china Gezhouba Group Corp.
“El gobernador nos está pidiendo que lo ayudemos para continuar las obras”, afirmó Francos en Radio Neura luego de que trascendiera la reunión que mantuvo con el embajador chino, Wang Wei; con la UTE que las construye; y con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.
Francos adelantó que se intentará poner en marcha la Jorge Cepernic, que se encuentra más adelantada, y dejar suspendida por 2 años la Néstor Kirchner, ex Cóndor Cliff. En esta nota te contamos qué chances hay de retomar estas obras, y por qué están frenadas?

1. ¿Cuáles son las gestiones para destrabar la construcción?
En 2024, hubo 1.800 despidos en las obras de ambas represas, según datos del Informe 139 presentado por Francos ante el Senado de la Nación (pregunta 391).
El Gobernador Vidal viajó a China en un intento de acercar a las partes, pero la provincia no tiene potestad sobre las obras, que fueron cedidas a la Nación en 2017, durante el gobierno local de Alicia Kirchner (Frente para la Victoria).
En los últimos días el gobierno nacional hizo una oferta confidencial a las autoridades de China que, de ser aceptada, permitiría reactivar las represas, según publicó el diario La Nación.

2. ¿Por qué están frenadas las obras?
Falta la firma de la denominada Adenda XII entre China y la Argentina, que garantizaría la continuidad del financiamiento de los bancos chinos para poder terminar las obras.
En el caso de la represa Néstor Kirchner, en 2018 se detectaron deslizamientos de suelos en el lugar donde se está emplazando la obra. El hecho recién trascendió un año después y allí se frenó la obra principal, mientras se encargó un rediseño.

3. ¿Cuál es la polémica ambiental?
En 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió las obras tras dar lugar a las medidas cautelares presentadas por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales. La Corte ordenó que se cumpla con los estudios de impacto ambiental antes de avanzar con la obra para garantizar la protección de los glaciares. Las obras se reactivaron en agosto de 2017.
Cristian Fernández, abogado en la causa judicial y docente de Derecho Ambiental en la UBA, dijo a Ruido -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI)-: “Las represas van a generar un daño permanente e irreversible al ecosistema del último río glaciario de la Patagonia; pueden llevar a la extinción al macá tobiano (N. de la R.: una especie de ave)”.
Y detalló: “Además, la obra del tendido eléctrico para conectar las represas con el Sistema Interconectado Nacional puede poner en peligro de extinción al cauquén colorado, otra ave migratoria. Y, tal como lo marcó en su momento el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, no se estudió el impacto que puedan tener las represas en el resto de los glaciares en el Campo de Hielo Sur; sólo se estudió la interacción con el Perito Moreno”.

4. ¿Para qué servirían las represas?
Cuando el proyecto esté terminado, las 2 centrales hidroeléctricas tendrán una potencia instalada de 1310 megavatios, lo que representa el 5% del máximo consumo nacional en punta (horas de mayor consumo energético) y podrán sumar la energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de una línea extra de alta tensión (LEAT) de 500 kV destinada a proveer electricidad al mercado eléctrico nacional.

5. ¿Cuándo y quiénes comenzaron a construir las represas?
Tras un largo proceso licitatorio, en 2013 se adjudicó la obra a la UTE conformada por las empresas China Ghezouba Group Limited, que tiene el 54%; y a Electroingeniería SA (36%) e Hidrocuyo SA, con el 10%.
En 2015, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio la orden de inicio de la obra sobre el río Santa Cruz. El contrato inicial estipulaba 5 años más medio de gracia para finalizar la obra, que tenía un costo inicial, de acuerdo con el contrato de obra de 2013, de $ 22.925.870.000 (a agosto de 2020, equivalían a US$ 2.491.942.391). En 2014 se suscribió finalmente el Contrato de Línea de Crédito entre la Argentina y la banca china, pero se definió el monto por U$S 4.714.350.000.

6. Modificaciones durante el gobierno de Mauricio Macri
Durante el gobierno de Mauricio Macri se rediseñó el proyecto, en el cual se bajó la potencia de las represas (de los 1740Mw iniciales a 1310 Mw), y también se redujo la cota del embalse del perilago de Condor Cliff de 178,80 a 176,50 para garantizar el desacople del Lago Argentino y bajar así el impacto sobre los glaciares.
Además, durante la gestión de Cambiemos se recuperaron sus nombres originales: “Cóndor Cliff” y “La Barrancosa”, tras haberse llamado por 5 años “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”, respectivamente. También se cuadriplicó la capacidad de erogación de los descargadores de fondo con la finalidad de asegurarse que -aun durante el desvío del río, llenado del embalse y en épocas de aguas bajas- se garantizara la regularidad del ciclo hidrológico para la sostenibilidad ambiental.

7. La enmienda de 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández
La obra debía estar lista para 2022. Con la generación de energía se iban a obtener los fondos para pagar el crédito a los bancos chinos. Pero la obra estaba lejos de terminarse, por lo que la Argentina se vio obligada a negociar con el grupo de bancos chinos -China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited y Bank of China Limited- hasta que se llegó a un pacto publicado en el Decreto N° 269/2022. Es un acuerdo de enmienda y restablecimiento al contrato de línea de crédito.
Durante el gobierno de Fernández, las represas volvieron a renombrarse como “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”.

8. ¿Cuál es el nivel de avance en la construcción?
La finalización de la obra de JC se planeaba para 2025, mientras que para el caso de NK se preveía 2028. Los plazos ya no se cumplirán. Mientras la represa NK tiene un avance de 19,2%, la JC llega al 46%. El avance global del Aprovechamiento Hidroeléctrico sobre el Río Santa Cruz es de 27,3%, según el Informe 139 de Senado de la Nación (pregunta 103 y 253).
“Después de años de postergaciones y gestiones sin resultados, logramos que Argentina haga una propuesta concreta a China. Ahora estamos a la espera de una definición, que debería conocerse en los próximos días”, afirmó el gobernador Claudio Vidal.

9. ¿Cuánto costarán las represas y cuánto se gastó hasta ahora?
Tras la reconfiguración de la obra, el presupuesto es de US$ 4.714 millones.
Durante 2015, en el último gobierno de Fernández de Kirchner, los bancos chinos habían desembolsado US$ 850 millones. Entre 2016 y 2019, durante el gobierno de Macri, usaron US$ 500 millones de dólares: US$ 1.350 millones en total. Tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo de 2022, se firmó la Adenda XI y se enviaron US$ 500 millones más. Es decir que, hasta el momento, se gastaron US$ 1.850 millones.
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