Ley Yolanda: la lucha por mantener viva la ley de formación ambiental

Fecha de Publicación: 06/03/2025
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional


Aunque inicialmente fue un éxito, la aplicación de la norma se estancó bajo la presidencia de Javier Milei, por lo que ambientalistas pelean para que siga en pie.
Yolanda Benjamina Ortiz fue una química argentina nacida en 1926. Empezó su vida profesional trabajando en Shell y luego pasó a la función pública.
Ortiz fue la primera secretaria de Ambiente de Argentina en 1973, nombrada por el entonces presidente Juan Perón, tras su exilio en España. Creía en la inextricable conexión entre cuestiones medioambientales y económicas, y afirmaba que “necesaria y urgente una revolución mental” para mejorar la relación de la sociedad con la naturaleza. Su política sigue siendo muy apreciada.
En 2015, el año en que Ortiz cumplió 90 años, se creó en Argentina una ONG llamada Eco House, centrada inicialmente en la educación ambiental, pero que más tarde pasó a centrarse en la política.
Cuatro años más tarde, justo antes de la pandemia de coronavirus, Eco House empezó a reunirse con legisladores de todo el espectro político para discutir un problema que había detectado: que la educación ambiental en Argentina simplemente “no estaba ocurriendo”.
“Teníamos muy claro que teníamos que hacer algo”, dice María Aguilar, directora de educación de Eco House.
En una reunión en la oficina de Eco House con la entonces diputada Camila Crescimbeni, se formó un plan para exigir a todos los que ocuparan un cargo público que se informaran sobre cuestiones medioambientales clave. “Todo ocurrió en esta conversación”, dice Aguilar.
Intentar que todo el mundo se sumara a la idea fue difícil. “Tuvimos muchas, muchas, muchas reuniones con distintos políticos de distintos partidos, intentando activar esto”, dice Aguilar. “Nadie estaba en contra, pero [siempre había] cuestiones políticas de por medio”. No obstante, la idea cobró fuerza, con el apoyo de ONG, universidades y activistas juveniles, y una campaña mediática que la respaldaba.
En 2021, la Unesco declaró que la educación ambiental debería ser un componente básico de los planes de estudio de todo el mundo para 2025. Al mismo tiempo, Argentina elaboró una ley paralela que exige la educación ambiental en las escuelas, universidades y otras instituciones públicas.
Pero Aguilar dice que la nueva ley desarrollada con Crescimbeni era especial. “Hay que asegurarse de que la educación ambiental llegue a todos los sectores de la sociedad, no solo a los niños. Siempre se piensa en ese sentido, pero no es suficiente porque no podemos esperar a que esos niños crezcan.”
Julio Díaz, secretario del Juzgado Criminal Federal Nº 1 de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, dice que la capacitación ambiental es de “vital importancia” para el Poder Judicial porque permite tomar conciencia de la complejidad de los temas ambientales. Señala que también ayuda a las personas a verse a sí mismas como parte del medioambiente, y advierte que existen responsabilidades comunes y diferenciadas en los impactos que las personas tienen sobre la naturaleza.
Dos senadoras de distintos espacios políticos de Argentina empezaron a trabajar juntas para conseguir la aprobación de la ley. La senadora María Eugenia Catalfamo, de la coalición de centroizquierda Frente de Todos , presentó un proyecto de ley, y pocos días después Gladys González, de la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio, presentó una iniciativa similar en la Cámara Alta. “Fue increíble”, recuerda Aguilar. “Casi se hicieron amigas”.
El proyecto de ley pasó por el Congreso argentino y finalmente fue aprobado, casi por unanimidad, en diciembre de 2020.  
La ley exige que todos los funcionarios públicos, ya sean del poder ejecutivo, legislativo o judicial, reciban formación en cuestiones medioambientales y de cambio climático. Se denominó “Ley Yolanda”, en honor a Ortiz, y los implicados afirman que es la primera de este tipo en el mundo, que ellos sepan.
Una guía de la ley oficial la describe como un “hito”, diciendo: “La aprobación de esta ley no solo cristalizó un momento específico de nuestro país y sus actores, sino también toda la extensa y poderosa tradición de luchas y logros históricos del ambientalismo en Argentina.”
La guía, que incluye un íntimo prólogo de un amigo de Ortiz, dice que la ley es estratégica, que busca abordar temas urgentes y con un objetivo político a largo plazo. “En definitiva, busca que esta perspectiva sea tenida en cuenta a la hora de pensar, planificar y ejecutar programas y acciones desde las instituciones del Estado”.
Aguilar afirma que la aprobación de la Ley Yolanda fue estupenda, pero solo es el principio del desafío. “Argentina tiene un montón de leyes medioambientales muy, muy buenas que son muy difíciles de aplicar. La mayoría no se cumplen en la vida real”.
El gobierno realizó una consulta sobre cómo debía aplicarse la ley. Aguilar señala que la mayoría de los que participaron inicialmente pertenecían a organizaciones agrarias y empresas petroleras. “En Argentina, la agricultura es la base de nuestra economía. Fueron muy cuidadosos con lo que se iba a decir y que no hubiera nada que fuera en contra de la agricultura”.
El gobierno se dirigió a Eco House pidiendo más apoyo medioambiental para atajar este problema. “En aquel momento había gente muy comprometida que intentaba llevar esta aplicación por el buen camino, por suerte”, dice Aguilar.

El desarrollo de la ley
Al final, se acordó que los participantes debían dedicar 16 horas a seis módulos obligatorios y dos optativos sobre temas como la biodiversidad y los ecosistemas, el cambio climático, la economía circular y el desarrollo sostenible.
Según la guía, la “información incluida debe ser clara, precisa y tener base científica, y debe ajustarse a la agencia y al contexto en el que se facilita”. Las personas que no realicen la formación pueden ser multadas, e incluso publicar su nombre en Internet.
A Eco House no le pareció suficiente el plan de formación del gobierno central, que consistía en vídeos y algunas lecturas obligatorias. Así que desarrolló su propio programa, con clases reales en las que los participantes podían interactuar y hacer preguntas, que el gobierno validó.
Aguilar elogia a los equipos que trabajaron en la aplicación de Yolanda y su ley hermana de educación medioambiental. “No eran políticos, eran técnicos, y tenían muchas ganas de trabajar con nosotros, porque saben que los partidos pueden cambiar, pero la sociedad civil es permanente”.
Las provincias tenían que adoptar individualmente la ley (todas menos una lo han hecho) y podían diseñar sus propias directrices. Aguilar dice que Buenos Aires suele ser una de las provincias más progresistas, pero su Ley Yolanda solo exigía tres módulos de 45 minutos cada uno. “Nos preguntaron: ‘¿Qué les parece? Y yo dije: ‘¿Me están cargando? Esto es más corto que la película Titanic'”. En cambio, Chaco, que tiene uno de los peores índices de deforestación del mundo, intentó poner en marcha un ambicioso programa.
Un aspecto clave de la ley es que se aplica a todo el mundo, desde los funcionarios subalternos hasta el más alto cargo del país. Cuando el entonces presidente Alberto Fernández emprendió su formación en 2022, emitió un comunicado de prensa al respecto.
“Todo avanzaba muy rápido para una ley aprobada en 2020”, dice Aguilar. “Yolanda tenía su página web, y se podía ver cuánta gente había hecho el curso, tanto con nosotros como con el gobierno”.

Y entonces todo cambió
En 2023, Argentina eligió como presidente a Javier Milei, un negacionista del cambio climático que rechaza las políticas de deforestación y que ahora se plantea seguir a Estados Unidos en su retirada del Acuerdo de París.
Aunque todavía existe una página web sobre la Ley Yolanda en el sitio web del gobierno argentino, han desaparecido muchos detalles. “No se puede descargar ningún documento sobre la ley, el temario, nada”, dice Aguilar. “No están promoviendo que nadie emprenda eso. Llevo enviando correos desde que empezó este nuevo equipo, y nunca sabes a quién escribir, porque no hay nadie. Al principio dijimos: ‘Bueno, vamos a darles tiempo'”. Pero ya ha pasado más de un año.
No obstante, la formación de los jueces y magistrados en particular ha continuado, con un programa que duró todo el año pasado. Abarca los principios científicos y jurídicos fundamentales sobre una serie de cuestiones medioambientales locales y mundiales. En cuanto al clima, el curso profundiza en la mitigación y la adaptación, los sistemas energéticos y el papel de la legislación nacional e internacional. Una sección explica el Acuerdo de Escazú.
Díaz asegura que el contenido del curso es realmente innovador porque la mayoría de las personas que trabajan en el Poder Judicial no han recibido formación en materia medioambiental, “y mucho menos en sostenibilidad en sus cursos de licenciatura”.
Más de 7.000 personas han recibido formación en el marco de este programa, entre jueces, miembros de salas de los tribunales de apelación argentinos, secretarios, estudiantes y demás personal del servicio de justicia.
 “Por los antecedentes y devoluciones que he tenido de colegas de la oficina judicial, y de muchos otros en la jurisdicción donde trabajo, puedo decir que el aporte [de la capacitación] es significativo y de enorme relevancia para el trabajo cotidiano en la gestión de una causa que tiene como objeto un conflicto ambiental”, dice Díaz. “Con esta formación se está proporcionando un conjunto de herramientas de gestión, tanto para ordenar las actuaciones judiciales dentro de un expediente, como para realizar actos concretos en el entorno afectado.”
Añade que la formación contribuye a “una mejor gestión de los conflictos medioambientales judicializados”.
Esto está ocurriendo a pesar de que nadie parece estar aplicando o haciendo un seguimiento centralizado de La Ley Yolanda, o avergonzando públicamente a quienes no han hecho lo que exige. Las preguntas a una dirección de correo electrónico oficial no obtuvieron respuesta, y no hay ningún departamento de medioambiente al que recurrir.
Aún está por ver si La Ley Yolanda logrará algún día la “revolución mental” por la que trabajó Ortiz, y el objetivo ahora es solo mantenerla viva hasta las próximas elecciones generales. “Es muy triste y muy frustrante, pero una vez que entendés el juego, hay que aprender a jugar y a encontrar aliados donde puedas”, dice Aguilar.
Dice que la campaña consiguió unir a las ONG medioambientales de Argentina como no había ocurrido antes. “Cuando surgió Milei, teníamos mucho miedo al futuro. Dimos muchos pasos atrás. Ahora tenemos que volver otra vez a las discusiones más bajas que se hicieron hace años”.
Milei ha apostado fuerte por la desregulación, intentando suavizar las restricciones a la minería cerca de los glaciares y eliminando protecciones para los bosques, además de colaborar con el avance del posible colapso de la ciencia nacional. También ha estrechado lazos con otros escépticos del clima de derechas, lo que convierte a su administración en una enorme amenaza tanto para el medioambiente argentino como para la acción medioambiental mundial. “Te encontrás hablando de cosas como ‘¿realmente el cambio climático existe?’, dice Aguilar. ”Tenemos que hablar de eso“.
Ortiz falleció en junio de 2019 a los 94 años. Preguntada por lo que cree que habría pensado la química de una ley que lleva su nombre y que contó con tantas otras mujeres que la respaldaron e impulsaron, Aguilar dice: “Creo que estaría muy, muy orgullosa.”
¿Y qué ha pasado desde entonces? “Estuve deprimida. Pero entonces, después de estar deprimida y llorar, dije: Bueno, ahora tengo que trabajar más duro que nunca'”.
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¿Qué chances hay de retomar las obras de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, y por qué están frenadas?

Fecha de Publicación: 06/03/2025
Fuente: Portal Chequeado
Provincia/Región: Santa Cruz


El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos (La Libertad Avanza), aseguró que se busca un entendimiento con el grupo de empresas que construye las represas hidroeléctricas “Presidente Nestor Kirchner” (NK) y “Gobernador Jorge Cepernic” (JC) sobre el río Santa Cruz, para retomar la construcción de las mismas. Desde 2023 las obras se encuentran detenidas, a cargo de un consorcio cuyo principal accionista es la empresa china Gezhouba Group Corp.
“El gobernador nos está pidiendo que lo ayudemos para continuar las obras”, afirmó Francos en Radio Neura luego de que trascendiera la reunión que mantuvo con el embajador chino, Wang Wei; con la UTE que las construye; y con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.
Francos adelantó que se intentará poner en marcha la Jorge Cepernic, que se encuentra más adelantada, y dejar suspendida por 2 años la Néstor Kirchner, ex Cóndor Cliff. En esta nota te contamos qué chances hay de retomar estas obras, y por qué están frenadas?

1. ¿Cuáles son las gestiones para destrabar la construcción?
En 2024, hubo 1.800 despidos en las obras de ambas represas, según datos del Informe 139 presentado por Francos ante el Senado de la Nación (pregunta 391).
El Gobernador Vidal viajó a China en un intento de acercar a las partes, pero la provincia no tiene potestad sobre las obras, que fueron cedidas a la Nación en 2017, durante el gobierno local de Alicia Kirchner (Frente para la Victoria).
En los últimos días el gobierno nacional hizo una oferta confidencial a las autoridades de China que, de ser aceptada, permitiría reactivar las represas, según publicó el diario La Nación.

2. ¿Por qué están frenadas las obras?
Falta la firma de la denominada Adenda XII entre China y la Argentina, que garantizaría la continuidad del financiamiento de los bancos chinos para poder terminar las obras.
En el caso de la represa Néstor Kirchner, en 2018 se detectaron deslizamientos de suelos en el lugar donde se está emplazando la obra. El hecho recién trascendió un año después y allí se frenó la obra principal, mientras se encargó un rediseño.

3. ¿Cuál es la polémica ambiental?
En 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió las obras tras dar lugar a las medidas cautelares presentadas por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales. La Corte ordenó que se cumpla con los estudios de impacto ambiental antes de avanzar con la obra para garantizar la protección de los glaciares. Las obras se reactivaron en agosto de 2017.
Cristian Fernández, abogado en la causa judicial y docente de Derecho Ambiental en la UBA, dijo a Ruido -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI)-: “Las represas van a generar un daño permanente e irreversible al ecosistema del último río glaciario de la Patagonia; pueden llevar a la extinción al macá tobiano (N. de la R.: una especie de ave)”.
Y detalló: “Además, la obra del tendido eléctrico para conectar las represas con el Sistema Interconectado Nacional puede poner en peligro de extinción al cauquén colorado, otra ave migratoria. Y, tal como lo marcó en su momento el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, no se estudió el impacto que puedan tener las represas en el resto de los glaciares en el Campo de Hielo Sur; sólo se estudió la interacción con el Perito Moreno”.

4. ¿Para qué servirían las represas?
Cuando el proyecto esté terminado, las 2 centrales hidroeléctricas tendrán una potencia instalada de 1310 megavatios, lo que representa el 5% del máximo consumo nacional en punta (horas de mayor consumo energético) y podrán sumar la energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de una línea extra de alta tensión (LEAT) de 500 kV destinada a proveer electricidad al mercado eléctrico nacional.

5. ¿Cuándo y quiénes comenzaron a construir las represas?
Tras un largo proceso licitatorio, en 2013 se adjudicó la obra a la UTE conformada por las empresas China Ghezouba Group Limited, que tiene el 54%; y a Electroingeniería SA (36%) e Hidrocuyo SA, con el 10%.
En 2015, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio la orden de inicio de la obra sobre el río Santa Cruz. El contrato inicial estipulaba 5 años más medio de gracia para finalizar la obra, que tenía un costo inicial, de acuerdo con el contrato de obra de 2013, de $ 22.925.870.000 (a agosto de 2020, equivalían a US$ 2.491.942.391). En 2014 se suscribió finalmente el Contrato de Línea de Crédito entre la Argentina y la banca china, pero se definió el monto por U$S 4.714.350.000.

6. Modificaciones durante el gobierno de Mauricio Macri
Durante el gobierno de Mauricio Macri se rediseñó el proyecto, en el cual se bajó la potencia de las represas (de los 1740Mw iniciales a 1310 Mw), y también se redujo la cota del embalse del perilago de Condor Cliff de 178,80 a 176,50 para garantizar el desacople del Lago Argentino y bajar así el impacto sobre los glaciares.
Además, durante la gestión de Cambiemos se recuperaron sus nombres originales: “Cóndor Cliff” y “La Barrancosa”, tras haberse llamado por 5 años “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”, respectivamente. También se cuadriplicó la capacidad de erogación de los descargadores de fondo con la finalidad de asegurarse que -aun durante el desvío del río, llenado del embalse y en épocas de aguas bajas- se garantizara la regularidad del ciclo hidrológico para la sostenibilidad ambiental.

7. La enmienda de 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández
La obra debía estar lista para 2022. Con la generación de energía se iban a obtener los fondos para pagar el crédito a los bancos chinos. Pero la obra estaba lejos de terminarse, por lo que la Argentina se vio obligada a negociar con el grupo de bancos chinos -China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited y Bank of China Limited- hasta que se llegó a un pacto publicado en el Decreto N° 269/2022. Es un acuerdo de enmienda y restablecimiento al contrato de línea de crédito.
Durante el gobierno de Fernández, las represas volvieron a renombrarse como “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”.

8. ¿Cuál es el nivel de avance en la construcción?
La finalización de la obra de JC se planeaba para 2025, mientras que para el caso de NK se preveía 2028. Los plazos ya no se cumplirán. Mientras la represa NK tiene un avance de 19,2%, la JC llega al 46%. El avance global del Aprovechamiento Hidroeléctrico sobre el Río Santa Cruz es de 27,3%, según el Informe 139 de Senado de la Nación (pregunta 103 y 253).
“Después de años de postergaciones y gestiones sin resultados, logramos que Argentina haga una propuesta concreta a China. Ahora estamos a la espera de una definición, que debería conocerse en los próximos días”, afirmó el gobernador Claudio Vidal.

9. ¿Cuánto costarán las represas y cuánto se gastó hasta ahora?
Tras la reconfiguración de la obra, el presupuesto es de US$ 4.714 millones.
Durante 2015, en el último gobierno de Fernández de Kirchner, los bancos chinos habían desembolsado US$ 850 millones. Entre 2016 y 2019, durante el gobierno de Macri, usaron US$ 500 millones de dólares: US$ 1.350 millones en total. Tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo de 2022, se firmó la Adenda XI y se enviaron US$ 500 millones más. Es decir que, hasta el momento, se gastaron US$ 1.850 millones.
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Preocupada por la «planta de hidrogeno verde» y la contaminación del río Uruguay, la diputada Osuna pide informes

Fecha de Publicación: 05/03/2025
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos - Litoral Argentino


La Diputada Entrerriana acompañada de un importante número de legisladores presentó la iniciativa para frenar la contaminación del Río Uruguay. Mediante un Proyecto de Resolución se solicitan informes sobre dos sucesos que amenazan a las condiciones del río Uruguay, a quienes habitan la región. El proyecto cuyo expediente es el 7933-D-2024 exige al Poder Ejecutivo Nacional información de manera completa y detallada sobre diversas cuestiones. En primer lugar, se informe sobre gestiones argentinas frente al proyecto uruguayo de instalación de planta de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos sobre la costa del río, en la localidad de Paysandú, frente a las ciudades entrerrianas de Colón, San José y Pueblo Liebig. Por otro lado, en la iniciativa se requiere informes sobre contaminación de cianobacterias (verdín), que afecta la costa del río Uruguay, exigiendo estudios que orienten la prevención y control de la situación, cuya consecuencia afecta a bañistas y a la fauna y flora nativa de la región.
“Es imprescindible que la población tenga conocimiento del estado actual del agua del Río Uruguay, si hay riesgo para la salud humana, como también la posibilidad de una futura contaminación que genera gran preocupación e incertidumbre”, señaló la diputada.
Con respecto a la Proyecto pertenece a la multinacional HIF de producción de metanol y gasolina en Paysandú, se ignora por completo los posibles impactos sobre la ribera argentina donde, a menos de dos kilómetros, se encuentran ciudades entrerrianas.
“Mantuve reuniones con organizaciones de vecinos de la zona. Escuchamos sus preocupaciones y reclamos sobre la afectación de la economía, salud, cultura y la biodiversidad de la región”, informó Osuna.
La sustentabilidad ambiental y ecológica del río Uruguay es fundamental para sostener la vida humana y natural de la provincia de Entre Ríos. La posibilidad de la instalación de una planta de producción de combustibles, sumado a la presencia de algas y microorganismos contaminantes, tensiona la salud de un curso de agua de gran relevancia para el Cono Sur, que se constituye como un recurso natural estratégico por ser una fuente de agua dulce no renovable.
La Diputada destacó que, en la norma legislativa se cita a los responsables de la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTMSG). Todo para que ambos organismos binacionales, que cuentan con representantes de la Provincia de Entre Ríos, brinden explicaciones presenciales ante la Cámara de Diputados de la Nación. El objetivo es tener un intercambio con los legisladores y que los representantes brinden su parecer sobre estos asuntos.
La Diputada Nacional Blanca Osuna impulsa desde su banca el seguimiento y solución de problemas que pueden afectar el ambiente ribereño, la vida humana, animal, vegetal y el desarrollo productivo.
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El Gobierno despidió a más de 300 trabajadores de Acumar

Fecha de Publicación: 04/03/2025
Fuente: Página12
Provincia/Región: Nacional - Riachuelo


El organismo ha quedado paralizado por la falta de personal y recursos económicos. Además, alertan que podrían peligrar las tareas de saneamiento del Riachuelo.
Más de 350 trabajadores de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) han sido despedidos sin causa en la previa del fin de semana largo, en medio de las políticas de ajuste y vaciamiento del Estado en las que insiste el Gobierno del ultraderechista Javier Milei, que ha llevado al organismo a una situación de parálisis por la falta de recursos humanos y económicos, lo que pone en riesgo el plan de saneamiento de uno de los ríos más contaminados del país.
Las notificaciones de los despidos fueron enviadas el viernes a última hora por correo electrónico y según ha detallado Florencia Fierro, una de las empleadas despedidas de Acumar, que se desempañaba en el organismo desde hace once años como analista especializada en la gestión de riesgos de inundaciones y en la elaboración de acciones para la prevención.
“Estamos hablando de una parálisis de las obras de infraestructura tan necesarias en una cuenca que viene creciendo constantemente, con millones de habitantes”, dijo Fierro en una entrevista con la AM 750, donde anticipó que el miércoles a las 9 de la mañana harán una manifestación en la sede del organismo, en Esmeralda 255, para reclamar por la reincorporación de los cientos de trabajadores despedidos.
Fierro sostuvo que los despidos y la falta de recursos – Acumar contaba con un presupuesto congelado, el mismo de 2023, como el resto de la administración pública – han llevado a la “parálisis enorme desde el año pasado”. “Estamos diezmados, y a esta situación de suma el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que el año pasado dio por cerrada la causa Mendoza”, el histórico expediente iniciado en 2004 por un grupo de vecinos de Villa Inflamable afectados por la contaminación, que ordenó el saneamiento y donde el máximo tribunal de Justicia controlaba las obras y a las empresas contaminantes ubicadas a la vera del río, en sus 64 kilómetros de extensión.
“Vemos una parálisis respecto de las soluciones habitacionales, obras, monitoreo de la gestión de residuos y un desmantelamiento del avance que se logró sostener a partir del plan de saneamiento”, dijo Fierro. Se trata, además, de un reclamo que sostienen los vecinos desde hace varias décadas, al exigir a las autoridades las obras para erradicar la contaminación.
“La cuenca está altamente afectada, también están afectando a equipos de fiscalización de los agentes contaminantes de la cuenca, distintos establecimientos que se encuentran en la cuenca y también se ven afectados los planes de seguimiento y adecuación ambiental que debe haber para controlar a las empresas”, indicó Fierro.
En este sentido, resaltó que por el tipo de contratación no los pueden despedir sin causa, sino que el Estado debe dar la opción de una reubicación en otras áreas del Estado. “Están pasando por encima del convenio colectivo”, se indignó Fierro.
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Santa Fe avanza en energía sustentable: la UNL y el Conicet desarrollaron un aceite biodegradable y renovable

Fecha de Publicación: 04/03/2025
Fuente: Portal AireDigital
Provincia/Región: Santa Fe


Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet lograron desarrollar un aceite biodegradable para transformadores eléctricos.
En un paso significativo hacia la sustentabilidad, una importante multinacional adquirió transformador de la empresa de Rafaela, Santa Fe, Inelpa completado con 150 litros de un aceite ecológico, desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Conicet. Este innovador fluido, producido a partir de aceite de soja, busca reemplazar los aceites convencionales, derivados del petróleo, que presentan riesgos ambientales y operativos.
    
Un desarrollo innovador con impacto ambiental positivo
El docente e investigador de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL, Juan Carlos Yori, explicó en el programa de AIRE 6 AM que este desarrollo comenzó cuando la empresa santafesina Aceites Especiales de Santa Fe se acercó a la universidad con la necesidad de generar un fluido aislante y refrigerante para transformadores eléctricos.
"Los aceites derivados del petróleo son altamente tóxicos y pueden generar incendios o explosiones en épocas de alta demanda, como el verano”, detalló Yori. En cambio, el aceite ecológico es biodegradable y renovable, ya que su base es el aceite de soja, un recurso ampliamente disponible en Argentina.
Uno de los aspectos más destacados del nuevo fluido es su capacidad de remediación rápida en caso de derrames. Mientras que un aceite convencional podría tardar hasta 100 años en degradarse en el suelo, el nuevo aceite desarrollado por la UNL y el Conicet se descompone completamente en solo 28 días.

Un avance probado en el sistema eléctrico
El aceite ecológico no es solo una propuesta teórica, sino que ya demostró su eficacia en el terreno. Hace más de 10 años, un transformador con este aceite fue instalado en la red de distribución de la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe (EPE) y ha funcionado sin inconvenientes.
"No solo cumplió con las expectativas, sino que las superó. Su rendimiento es óptimo en condiciones extremas y permite que los transformadores operen con mayor seguridad", afirmó Yori. Empresas provinciales de energía, como la EPEC de Córdoba también mostraron interés y ya están incorporando este tipo de tecnología en sus redes de distribución.

Un cambio sustentable sin costos adicionales
Uno de los puntos clave de este desarrollo es que no representa un costo adicional frente a los aceites convencionales. A pesar de la fluctuación en el precio del petróleo, el aceite ecológico es totalmente competitivo en el mercado.
"No hay ninguna razón económica para no adoptarlo. Es un producto más seguro, biodegradable y renovable, al mismo precio que los aceites derivados del petróleo", destacó Yori.
El proceso de investigación y desarrollo llevó aproximadamente un año, tras lo cual el equipo presentó una patente de invención ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (IMPI). Actualmente, la UNL, el Conicet y la empresa Aceites Especiales de Santa Fe poseen la propiedad intelectual del desarrollo.

Próximos proyectos: reciclaje de aceites y plásticos
El equipo de investigación de la UNL sigue avanzando en nuevas soluciones ambientales. Actualmente, trabajan en la recuperación y reutilización de aceites lubricantes usados, evitando que estos terminen contaminando cursos de agua o el suelo. Además, buscan incorporar plásticos reciclados en estos procesos, utilizando técnicas de pirólisis para obtener nuevas bases lubricantes.
"El cambio climático es una realidad innegable y las empresas están viendo la necesidad de incorporar procesos más amigables con el medio ambiente", concluyó Yori. Este desarrollo marca un hito en la transición energética de Argentina, con una innovación tecnológica que podría expandirse a nivel nacional e internacional, promoviendo una energía más limpia y segura.
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Máxima reducida y pasafaunas: qué cambios proponen en la ruta a Victoria para proteger la biodiversidad

Fecha de Publicación: 03/03/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos



Ambientalistas solicitaron que se contemple que la traza atraviesa por completo a los humedales, que son de importancia internacional
Durante la audiencia pública por la nueva concesión de la ruta nacional 174, que une a Rosario con Victoria y que tendrá nuevo adjudicatario en los próximos meses, se recibieron múltiples propuestas de varios ámbitos de la sociedad para que el nuevo concesionario las tenga en cuenta a la hora de tomar las riendas de la traza. Entre todas las iniciativas, la fauna cobró relevancia, teniendo en cuenta la preservación de la biodiversidad de los humedales, que son atravesados de punta a punta por la ruta.
Desde el refugio MundoAparte presentaron diversas propuestas, con dos iniciativas que serían novedosas en la región y colaborarían a preservar la fauna. En primera instancia, y dentro de la organización Guardianes del Humedal, que nuclea a 60 espacios, manifestaron la posibilidad de que se limite la velocidad máxima a 60 kilómetros por hora en diversos tramos. Además, propusieron que se desarrollen pasafaunas para colaborar con la preservación de las especies.
 Este tipo de estructuras se encuentran en varias rutas de Misiones, aunque en esta región, con condiciones distintas, se deben pensar de manera diferente ya que en esa provincia se trata de puentes camuflados con vegetación de la zona que contempla a las especies que allí habitan. Una posibilidad en las islas es desarrollar túneles por debajo de la traza, explicó a La Capital Franco Peruggino, referente de MundoAparte.
"Los pasafaunas se adaptan al territorio y los animales que viven en él. Nosotros proponemos que sean túneles, que se camuflen con vegetacion natural para ambientarlos y que los animales lo vean como parte de la naturaleza. Esto ayudaría a que pasen por abajo de la ruta y no por arriba", detalló.

Tránsito asistido
El referente indicó que brindaron los detalles de estas estructuras en un informe que presentaron e incluso marcaron un mapa con los lugares donde convendría que se emplacen, teniendo en cuenta los sitios más frecuentes donde se dan los atropellamientos. En particular, hay un tramo muy conflictivo que se extiende durante 10 kilómetros, sobre lo que Peruggino explicó que es muy difícil para los animales caminar esa distancia para atravesar la ruta.
Es por ello que, además, propusieron que se desarrollen protocolos para evitar los atropellamientos de fauna, principalmente en días de poca visibilidad: "Se pueden reducir las velocidades máximas y que se haga tránsito asistido para días con niebla, lluvia o humo".
"En los 30 años que la empresa va a gozar de la explotación de la traza, quisiéramos que, entre las obras que deben hacer a cambio, incluyan los pasafaunas. Al menos, uno por año", expresó el referente, para sumar que esto fue algo que solicitaron tanto las organizaciones ambientalistas como el municipio de Victoria.

Estación de servicios en pleno humedal
Al margen de las propuestas, las organizaciones se mostraron disconformes con uno de los puntos del primer borrador del pliego, que buscar habilitar a la nueva concesionaria la posibilidad de que se explote comercialmente la traza con lo que se podría incluir en la ruta, por ejemplo, una estación de servicios en los casi 60 kilómetros que separan a Rosario de Victoria.
Al respecto, Peruggino dijo: "Esto es algo que nunca pudo hacer la concesionaria anterior porque está prohibido. Está mal por donde se lo mire y es algo que también marcaron desde la Municipalidad de Victoria porque viola una de sus ordenanzas municipales que regula el uso de la reserva de usos múltiples".
"Toda la ruta está dentro de la reserva, sería una locura tener una estación de servicios en el medio del humedal", concluyó.

Qué se hará en el puente Rosario - Victoria
La ruta nacional 174 que une la ciudad con la provincia de Entre Ríos consta de 59,43 kilómetros y tiene una cabina de peaje en suelo entrerriano. Forma parte de la Red federal de Concesiones y el próximo 8 de abril tendrá un nuevo proceso licitatorio, ya que la empresa Caminos del Río Uruguay, bajo una disputa judicial, no se podrá presentar. Mientras tanto, el Estado intervendrá el corredor a la espera de los pliegos definitivos.
En la audiencia se dieron detalles de las obras iniciales, que son aquellas que se deberán realizar dentro de los primeros tres meses. Se trata de tareas de bacheo superficial y profundo, y eliminación de deformaciones del borde de la calzada y de hundimientos. En caso de no cumplirse con este requisito para junio, se ejecutará una multa a la empresa adjudicataria.
Otras de las obras importantes es el calce de banquinas, el sellado de fisuras, corte de pasto, limpieza de la zona de camino y reparación de juntas. Además, se repintarán en su totalidad los casi 60 kilómetros de trayecto.
Durante el primer año de la concesión será el gobierno nacional el que fije el precio del peaje. En ese tiempo, la empresa que gane la licitación deberá terminar con las principales obras y, a partir de allí, cobrará la tarifa. El gobierno expresó que tendrá especial valor el precio del peaje fijado por el oferente a la hora de la adjudicación final.
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Equipo interdisciplinario trabaja respondiendo las denuncias sobre posibles depredaciones por parte de un yaguareté en las 2.000 Hectáreas de Puerto Iguazú

Fecha de Publicación: 03/03/2025
Fuente: Portal NoticiasDeLaCalle
Provincia/Región: Misiones


El Ministerio de Ecología y el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio), informaron que, junto a proyectos como Yaguareté, Vida Silvestre y Parques Nacionales, trabajan respondiendo de manera activa a las denuncias sobre posibles depredaciones por parte de un yaguareté en las 2.000 Hectáreas, en la ciudad de Puerto Iguazú. La principal recomendación es resguardar a los animales domésticos durante la noche.
La medida surge a raíz del reporte de vecinos, sobre la desaparición de dos perros y la advertencia de que un tercer canino fue abordado, presumiblemente por un felino, por lo cual, el equipo interdisciplinario, recorrió la zona, pudiendo detectar la presencia de huellas, así como también observar registros fotográficos mediante el uso de cámaras trampa, de un yaguareté hembra en cercanía a la zona de denuncia.
El sitio fue visitado por el Ministro de Ecología, Martín Recamán, y el Director Ejecutivo del IMiBio, Emanuel Grassi, junto a miembros de Policía de Misiones, quienes se pusieron a disposición y se ofreció asesoramiento sobre medidas de prevención. Tras recorrer la zona, se llevó a cabo un encuentro en la sede del IMiBio de Iguazú, para analizar la situación y planificar medidas tendientes a asistir a los vecinos que necesiten información sobre el tema y evitar futuros acercamientos de felinos a la zona de chacras.
En este sentido, el ministro de Ecología Martín Recamán, explicó que “dada la importancia para la provincia en general, pedimos la participación varios entes y nos pusimos a disposición de los vecinos, para estar presentes, trasladar tranquilidad y llevar adelante acciones para evitar riesgos. Trabajaremos en una guía para los vecinos y que estén a sabiendas de ciertos cuidados”. Por su parte el director Ejecutivo del IMiBio, Emanuel Grassi, brindó calma a la población de la zona.
“En Misiones no hay muchos registros de que un yaguareté ataque a una persona, en la región son muy bajas, la realidad es que los felinos tienden a alejarse de la gente, por lo que no hay indicios de riesgos para las personas y los ataques a otros animales ocurren en situaciones de silencio”, agregó. Cabe destacar que, el yaguareté es una especie amenazada de extinción y es protegida por leyes nacionales y de la Provincia de Misiones por lo que su cacería está penada.
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Alerta ambientalista por un proyecto del Gobierno que busca modificar las leyes que protegen la fauna nativa

Fecha de Publicación: 01/03/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Si bien el documento oficial sostiene que lo que se busca es “evitar la duplicidad de las normas”, las ONG denuncian que fomentaría la caza deportiva
Las luces de alerta de decenas de organizaciones ambientalistas de todo el país se encendieron y pasaron del amarillo al rojo en cuestión de horas, después que se filtrara un documento oficial del área de Ambiente que plantea la modificación de varias resoluciones de protección a la fauna nativa argentina. La intención del proyecto oficial, que tiene fecha del 20 de enero pasado, es modificar reglamentos que protegen a la fauna silvestre, tanto en relación con la llamada “caza deportiva” como a su comercialización.
Ante esto, más de 60 ONG de todas las provincias argentinas, a través de una alianza llamada “Observatorio de lo Silvestre”, pidieron esta semana de manera formal una audiencia con Daniel Scioli, a cargo de la Secretaría de Turismo, Deporte y Ambiente de la Nación.
Franco Perugino, de Mundo Aparte Rosario (una de las ONG que forma parte del Observatorio) dijo: “[El proyecto oficial] es nefasto para la fauna silvestre argentina ya que implicaría un retroceso de tres o cuatro décadas atrás en materia de protección y conservación”.
El documento oficial sostiene que lo que se busca es “evitar la duplicidad de las normas”. En ese contexto, desde la Dirección Nacional de Biodiversidad aclararon que no hubo ningún pedido formal de acceder al expediente ni de acceso a la información, y que el único propósito de la resolución es “ordenatorio” ya que busca “emprolijar” normativa que, en algunos casos, está duplicada o nunca se aplicó. Además, señalaron que por ahora se trata de una discusión “interna” que está siendo analizada dentro de cada una de las áreas, pero que no existe nada emanado desde la Subsecretaría.
Desde Pumakawa, una ONG cordobesa que también está dentro del Observatorio, remarcaron que la fauna silvestre no es perjudicial, sino que es indispensable. “Desde lo clandestino, desde los estados provinciales y quizás desde el Nacional, con este proyecto, se está impactando en ella literalmente: con bala. Y de manera ventajosa, con la caza enlatada o garantizada y embalsamando una parte del cuerpo para tenerla de adorno”, dijo Kai Pacha, presidenta de Pumakawa.
Para las organizaciones socioambientales, lo que se está debatiendo “son discusiones ya resueltas”. Así lo subrayó Perugino, quien citó dos ejemplos de la normativa que el Gobierno nacional pretendería modificar: una resolución de 1986 que prohíbe la comercialización de animales autóctonos silvestres vivos, y otra del año 2022 que prohíbe los criaderos de fauna silvestre para fines cinegéticos (de caza). “Si se avanza con esto se habilitaría lo que hoy es tráfico ilegal de fauna silvestre, así como la cría de animales nativos como el puma, solo para que luego sean cazados. Es nefasto, regresivo y anticonstitucional”, señaló el especialista.
Todo esto ocurre en el medio de renuncias masivas dentro de la Subsecretaría de Ambiente, hasta hace dos semanas a cargo de Ana Lamas, antigua funcionaria de esa cartera durante la década de los 90, quien decidió dejar su función alegando motivos personales. Su lugar fue ocupado por Fernando Jorge Brom, quien venía desempeñando funciones como vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

El proyecto
El pasado 20 de enero, desde el área de Ambiente se presentó un proyecto cuyo objetivo es “propiciar la derogación y modificación de reglamentos de fauna silvestre”, bajo el argumento principal que muchas de esas normas “están duplicadas” y que otras infringen o limitan la capacidad constitucional de las provincias de ejercer su soberanía sobre sus recursos naturales.
El documento busca derogar y/o modificar resoluciones de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Res. Nº 24/1986 Res. Nº 63/1986 Res. Nº 793/1987 Res. Nº 53/1991), de la ex Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (Res. Nº 351/1995), de la ex Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (Res. Nº 208/1998 Res. Nº 460/1999), de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Res. Nº 437/2006) y del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Res. Nº 133/2022).
Esas normativas, aún vigentes, sirven para regular y limitar la actividad cinegética (la llamada “caza deportiva”), así como para la protección y conservación de la fauna silvestre autóctona.
Las ONG consideraron que varias de estas normas “resultan esenciales para la protección y resguardo de nuestra fauna autóctona y, por tanto, su derogación y/o modificación resultará gravemente perjudicial para la conservación de nuestra biodiversidad”.
A eso se suma —según la carta presentada al Gobierno desde el Observatorio de lo silvestre— la “evidente carencia de un sistema de fiscalización y control efectivo por parte del Estado Nacional y de la totalidad de los Estados provinciales”.
“Por estas razones, vemos con muchísima preocupación este desatinado proyecto y nos ponemos a disposición para trabajar en conjunto en pos de la protección y conservación de nuestra fauna autóctona”, agregaron.
Para Perugino, la caza no puede ser objeto de fomento como política de estado, ya que además está asociada a otros delitos como el tráfico de armas y la trata de personas. “Sorprende el poder de lobby de los empresarios de la caza, para que sea el propio Estado el que salga a decir que debe fomentarse. Argentina no necesita fomentar la caza, necesita controlarla, es en la línea en la que avanza la humanidad toda”.
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Patagonia: Tenía 81 aves en cautiverio y fue condenado a prisión

Fecha de Publicación: 01/03/2025
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Río Negro


Un hombre de Chichinales recibió prisión en suspenso. Tenía especies en peligro de extinción.
La justicia de Villa Regina condenó a un hombre de Chichinales a tres meses de prisión en suspenso por el delito de tenencia ilegal de fauna silvestre, luego de que las autoridades rescataran 81 aves en cautiverio en dos allanamientos. La sentencia, dictada por el juez de garantías Gastón Pierroni, impone además reglas de conducta por dos años, bajo el riesgo de que la pena se haga efectiva en caso de incumplimiento.

Allanamientos y especies rescatadas
El primer operativo fue realizado en febrero de 2021, cuando agentes de la Dirección de Fauna Silvestre de Río Negro encontraron 45 aves en jaulas dentro de la vivienda del condenado. Sin embargo, el hombre continuó con la actividad ilegal y, en noviembre de 2022, un segundo allanamiento permitió rescatar otras 36 aves.
Entre los ejemplares incautados había cardenales amarillos, una especie en peligro de extinción que fue declarada Monumento Natural de Río Negro en 2023.
Las aves fueron trasladadas al Centro de Cuarentena y Rehabilitación de la Fundación Guardafaunas, donde recibieron los cuidados necesarios antes de ser liberadas en su hábitat natural.
Además del daño ambiental, la captura y tenencia de fauna silvestre representa un riesgo sanitario, ya que las aves pueden transmitir enfermedades como psitacosis, tuberculosis y rabia, todas potencialmente mortales para los humanos.
Desde la Fundación Guardafaunas recordaron que cualquier persona puede denunciar este tipo de delitos de forma anónima a través del número 2920612000 o mediante redes sociales.
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Aquarium de Mar del Plata anunció su cierre y explicó que pasará con los delfines

Fecha de Publicación: 28/02/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Buenos Aires


El 31 de marzo será el último día que el predio abra sus puertas al público. Los propietarios del complejo confirmaron la noticia a través de un comunicado.
Después de 32 años, el Aquarium de Mar del Plata anunció su cierre definitivo. La noticia fue confirmada a través de un comunicado por el Grupo Dolphin, propietarios del lugar desde 2018.
"Con profundo pesar anunciamos el cierre definitivo de Aquarium Mar del Plata, un pilar del turismo y la recreación en nuestra ciudad desde su inauguración en 1993“, escribieron los dueños del parque acuático.
El próximo 31 de marzo será la última vez que el complejo abra sus puertas al público. A su vez, los animales del Aquarium serán reubicados en otros parques pertenecientes al mismo grupo.
Los dueños del parque explicaron que no llegaron a un acuerdo para continuar con el alquiler del predio. “En los últimos tres años, hemos mantenido diversas negociaciones con los propietarios del terreno en un esfuerzo por renovar el contrato. Lamentablemente, no hemos alcanzado un acuerdo, decidiendo los dueños destinar la propiedad a otros proyectos”, agregaron en el comunicado.
En ese sentido, señalaron: “Nuestros siete delfines, junto con sus progenitores originarios del Caribe, serán trasladados a un oceanario en dicha región. La tortuga marina ‘Jorge’ será liberada al medio ambiente, cumpliendo con su ciclo de rehabilitación exitosamente".
El cierre de Aquarium significa también el fin del Centro de Rehabilitación de Fauna Marina, dedicado al cuidado de animales que llegaban heridos a las costas del sudeste bonaerense.
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La represión a activista ambientales comienza a sentirse en Mendoza: “Es una oleada de terror”

Fecha de Publicación: 28/02/2025
Fuente: Diario Huarpe
Provincia/Región: Mendoza


La Asamblea por el Agua de Uspallata denuncia una creciente represión contra los opositores a la minería, tras la detención de Mauricio Cornejo, referente local. Este hecho se suma a una serie de allanamientos masivos y amenazas a vecinos autoconvocados, que rechazan la instalación de proyectos mineros en la provincia.
El lunes, alrededor de las ocho de la mañana, la noticia cayó como un golpe sobre los habitantes de Uspallata, el pequeño pueblo cordillerano de Mendoza. Mauricio Cornejo, un reconocido activista y dueño de un comercio de productos regionales, fue detenido por la policía, desatando una ola de indignación entre los vecinos y las asambleas autoconvocadas en defensa del agua del país.
La detención se produjo un mes después de los incidentes ocurridos durante una manifestación en contra de la minera San Jorge, un proyecto rechazado por la comunidad hace más de una década.
Según los testimonios de los vecinos, Cornejo fue arrestado sin previo aviso mientras caminaba por las calles del pueblo, a pesar de haberse presentado voluntariamente ante la fiscalía en días anteriores, preocupado por las versiones de que existía una orden de captura en su contra. Esta situación se produce tras los incidentes violentos del 24 de enero, cuando un grupo de vecinos, en su mayoría autoconvocados, irrumpió en un evento relacionado con la minería, lo que desató un enfrentamiento con la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina).

Un acto de valentía y el inicio de la represión
Silvia Iñiguez, maestra jubilada y miembro de la Asamblea por el Valle de Uspallata, relató que Cornejo no solo es un referente de la protesta, sino que el mismo 24 de enero, cuando la UOCRA agredió a un compañero, él intervino para evitar que la situación terminara en una tragedia.
“Cornejo salió con un matafuegos y comenzó a rociar a los agresores para que dejaran de golpear a un vecino. Si no se metía, lo mataban”, explicó Iñiguez, visiblemente angustiada por la represión que se está desatando en la región.
A pesar de que la violencia provenía de los sectores pro-mineros, la única persona detenida fue Cornejo. Mientras tanto, los miembros de la UOCRA, quienes agredieron a los manifestantes, no fueron citados por la justicia, lo que despertó la ira de los activistas.
“Esta detención es parte de una oleada de terror orquestada por el gobernador Alfredo Cornejo contra aquellos que defienden el agua y rechazan la megaminería”, denunció Silvia Iñiguez.

El temor a la criminalización de la protesta
El abogado ambientalista Marcelo Romano, en un video difundido por las asambleas, advirtió que la detención de Cornejo es un claro mensaje para los militantes y asambleas que luchan por el agua en Mendoza: "Hoy han detenido a un vecino autoconvocado que lo único que hizo fue defender a otro compañero de una patota que lo estaba golpeando. Comenzó la criminalización de la protesta”, dijo Romano.
Por su parte, Eugenia Segura, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, denunció que la detención de Cornejo no es un hecho aislado, sino parte de una serie de allanamientos masivos en la región. Según Segura, estos operativos buscan generar miedo entre la población y frenar la resistencia a la minería en la provincia, en un territorio donde la sociedad ya ha manifestado en diversas ocasiones que no hay “licencia social” para los proyectos mineros contaminantes.
La persecución a los defensores del medio ambiente se suma a una creciente lista de provincias que buscan judicializar a quienes se oponen a proyectos que carecen de licencia social, como ocurre en este caso. Otra clara manifestación de este intento por silenciar a las voces disidentes fue el episodio protagonizado por la policía, cuando la semana pasada se presentó en Radio La Mosquitera, con el objetivo de impedir la proyección de HAM, el documental que narra la lucha por el agua en Mendoza en 2019.
Investigación y cargos: un marco de persecución
La detención de Cornejo fue parte de una serie de allanamientos ordenados por el fiscal Juan Manuel Sánchez, especializado en delitos ambientales, que se llevaron a cabo en la localidad de Las Heras. Durante estos operativos, además de las detenciones, la policía confiscó teléfonos celulares que serán sometidos a análisis judicial. Los imputados enfrentan cargos por “agrupación para la coerción ideológica”, un delito que contempla penas de hasta ocho años de prisión para aquellos que intenten imponer ideas a través de la violencia o el temor.
La fiscalía de Homicidios, que investiga los incidentes ocurridos el 24 de enero, ya ha calificado los hechos de violencia como graves. El fiscal Carlos Torres mencionó que el ataque contra Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros, pudo haber sido premeditado. Además, se encontró un bidón con combustible en el lugar, aunque se descartó la presencia de bombas molotov.

Un conflicto que no cesa
El conflicto en Uspallata, que comenzó como una lucha contra la instalación de la minería, ahora ha escalado a un enfrentamiento entre los vecinos y el gobierno provincial, con el respaldo de las fuerzas de seguridad. La Cámara de Proveedores Mineros, que fue el epicentro de los incidentes de enero, exige que se haga justicia por los disturbios, mientras que las asambleas ambientales aseguran que la represión y la criminalización de la protesta es la respuesta del gobierno para callar a aquellos que defienden el agua y el medioambiente.
La lucha por el agua en Mendoza continúa, y los vecinos de Uspallata, junto con las asambleas autoconvocadas, han dejado claro que no se dejarán intimidar.
"Si tocan a uno, tocan a todos", fue el mensaje que resonó entre los activistas, quienes se preparan para continuar la resistencia en defensa del medioambiente y de sus derechos.
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Incendios en la Patagonia: del riesgo por la invasión de pinos a la importancia de preservar el paisaje nativo

Fecha de Publicación: 27/02/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Patagonia


Es una especie exótica que fue introducida para promover actividades productivas y poblar parte de la estepa. Estos árboles son más inflamables y más propensos a propagar las llamas.
Los incendios continúan azotando una parte de la Patagonia. Con más de 50.000 hectáreas consumidas por el fuego tanto en zonas protegidas como en lugares residenciales, la composición del paisaje patagónico toma relevancia por la presencia de especies de árboles exóticos que contribuyen a que estos eventos sean cada vez más intensos y prolongados. En concreto, los pinos provocan que las llamas que castigan cada año el sur argentino y la Patagonia chilena se potencien y generen perjuicios que no terminan cuando se acaban los focos.
Desde la década del 70, la plantación de pinos comenzó a expandirse en la Patagonia con el objeto de promover la industria forestal. Su propagación no solo reemplaza al bosque nativo, sino que, además, cuando llegan a la estepa (zona agreste, con vegetación herbácea) los incendios se vuelven incontrolables cuando pasan de los bosques a los pinares.
A ese problema, deben sumarse las características de los pinos: son más inflamables y más propensos a propagar incendios en caso de que se prendan fuego. Además, muchos de ellos se encuentran en zonas urbanas, lo que representa un riesgo para las personas en caso de que las llamas avancen sin control. Esta situación se presenta tanto en Argentina como en Chile.
Los incendios en la Patagonia ya arrasaron 51.132 hectáreas de acuerdo datos aportados por Greenpeace. Las zonas más comprometidas respecto a la cantidad de territorio quemado son los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi, además de las localidades de Atilio Viglione (Chubut), El Bolsón (Río Negro) y Epuyén (Chubut).

Advertencias
Hace cuatro años, una investigación del Conicet posterior a los incendios que azotaron a la Patagonia en el verano del 2021 daba cuenta de la proliferación de diversas especies de pino y cómo eran determinantes para el desarrollo de incendios forestales. Y varios años antes, en 2014, otro trabajo del organismo nacional indicaba que, por entonces, la Patagonia no estaba experimentando una invasión regional de pinos.
Pero las cosas cambiaron mucho en diez años. “Hay mucha mayor invasión. Es un fenómeno grave a escala local y cada vez se ven más pinos por todas partes”, explicó a TN Martín Núñez, investigador que participó del estudio en 2014 y que forma parte del Instituto de Investigación en Biodiversidad y Medioambiente del Conicet y de la Universidad de Houston.
La llegada de la especie se dio en el siglo XIX y se acentuó en el siglo XX para promover la industria forestal. Las primeras plantaciones, detalló Núñez, datan de 1920 en la Isla Victoria, en el lago Nahuel Huapi.

Cambios en los combustibles
El problema actual es que el pino avanza en la estepa y, con ello, aumenta el combustible disponible durante los incendios.
En Argentina se plantaron pinos para promover la industria forestal en la zona de Neuquén y, además, para cubrir algunas porciones de la Estepa Patagónica, en una zona donde casi no había material combustible. La situación hoy encuentra a estos ejemplares altamente inflamables junto al bosque nativo, redoblando la peligrosidad ante los incendios.
Anteriormente, estas zonas sin bosques funcionaban como una suerte de corte en caso de incendios, pero en la actualidad, se aumentó la presencia de potencial combustible ante los incendios.
En la Patagonia chilena también se da la invasión de pinos, aunque la principal diferencia con Argentina es que hay zonas más pobladas cerca de esos bosques.
La sustitución de los pastizales de la estepa por ejemplares de pino no sólo modifica el paisaje. Según explicó a TN el director del Instituto de Ecología y Biodiversidad de Chile, Aníbal Pauchard, las plantaciones de pino modifican el material combustible que queda disponible, tanto en cantidad como en composición. Esa condición, sumada a las olas de calor que se vienen experimentando y a vientos cada vez más intensos, son los componentes de lo que el especialista denomina la “receta para el desastre”. Y agregó que “con el cambio climático hubo períodos muy secos y de calor nunca vistos en esta zona”.
Además, Núñez agregó: “Los pinos son propensos a prenderse fuego y, con ello, a reproducirse. Están adaptados al fuego, tienen capacidad invasora. Los pinos se han plantado en varios lugares, aumentan el material combustible y cambian el ciclo y la intensidad del fuego”, agregó.
Pauchard, que también es doctor en Ecología Forestal, remarcó que se debe desterrar el mito de que el bosque nativo no se quema o que los perjuicios son menores. Pero sí remarcó la diferencia respecto de la velocidad del fuego en el caso de los pinos: las plantaciones son más densas y las pequeñas ramas que caen y se acumulan son gruesas, por lo que se descomponen despacio, generan más calor y quedan disponibles para que se prendan fuego. A ello debe sumarse la resina que producen los pinos, que es altamente inflamable.
También destacó que, ante incendios de pinos, las pavesas resultantes de esos eventos se multiplican. Son pedazos muy chicos que se desprenden y vuelan encendidos, como chispas, que pueden generar otros focos de incendios.
Ante esto, Pauchard señaló que lo ideal es que haya una “discontinuidad” del combustible. Es decir, que se respete la composición de la Estepa Patagónica, dominada mayormente por pastizales y plantas herbáceas. Dentro de esta región se encuentran los parques nacionales más comprometidos con los incendios: Lanín, Nahuel Huapi y Los Alerces.

Focos en las zonas urbanas
El coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, señaló a TN que actualmente las plantaciones de pinos no se dan sólo en zonas de estepa, por fuera de las zonas de bosques. También hay dentro de las zonas urbanas, producto de la expansión de ejemplares.
Esto es lo que podría derivar en situaciones como las que ocurrieron en Epuyén o en Mallín Ahogado, donde los incendios afectaron zonas urbanas, recordó Giardini, en una zona “con muchos pinos, algo que implica que el fuego se expanda más rápido que con un bosque nativo”.
“Es más complicado cuando tenés esa combinación de pinos cerca del bosque nativo porque no sólo la especie es más rápida para la expansión del fuego por la resina, sino que la madera es más combustible. El pino va desprendiendo ramas y escupe sus propias piñas a varios metros de distancia”, expresó.
En tanto, marcó que las recuperaciones también explican los motivos por los que los pinares se imponen a los bosques nativos: “En el postincendio, el pino crece más rápido y es más probable que le gane al bosque nativo. Así, la zona incendiada se convierte en un pinar, que se va a complicar cuando vuelva a prenderse”.
Para el referente de Greenpeace, los municipios y la Dirección Nacional de Bosques deben comenzar a reemplazar los pinares por árboles nativos dentro de los ejidos urbanos para evitar complicaciones mayores. Por caso, citó que “en Epuyén, el fuego se comió 70 casas en cinco horas”.
Asemás, resaltó que hay que hacer un llamado de atención porque “hay entre 500 y 1.000 focos de incendios todos los veranos. En la última década, los veranos tienen más altas temperaturas, más viento y más sequía”.

Ordenamiento del paisaje
El investigador chileno señaló que tanto en el sur de su país, que también atraviesa incendios por estos días, como en el de Argentina, hay que familiarizarse con que “los incendios van a ocurrir todo el año”, por lo que es necesario “modificar el manejo del fuego”.
Por otra parte, explicó que la situación es más compleja en Argentina: “La desventaja es que avanza sin parar y al no haber gente, como sí hay en Chile en los lugares donde se dan los incendios, no existe la misma preocupación. Idealmente, tendríamos que ir a la prevención de incendios y a tener paisajes en que el combustible era más adecuado, con mosaicos (de territorio) que contribuyan a combatir los incendios”.
Sin perder de vista a las actividades productivas, Pauchard no dejó de lado que manejar el territorio entre conservación y productividad es complicado: “Algunos quieren tener bosque natural para preservar; otros, plantaciones para ser productivos y otros, ganado. Pero organizar el paisaje requiere de un proceso social complejo”.
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Duro golpe a la mafia del desmonte, esta vez en Tres Isletas: de noche se paró la tala gracias a la Justicia

Fecha de Publicación: 27/02/2025
Fuente: Portal ChacoAhora
Provincia/Región: Chaco


“¡Paramos un desmonte y se secuestró la topadora en la provincia de Chaco!”, festejó el fin de semana la Asociación de Abogados Ambientalistas. Es que en Chaco, a pesar de haber una prohibición, se estaba llevando a cabo una tala enorme en un campo de Tres Isletas.
“A partir de la presentación judicial que hicimos en el momento donde denunciamos que se estaba violando la medida cautelar que prohíbe los desmontes en Chaco, en el día de ayer se realizó un operativo, ordenado por la Justicia Federal, en un predio en cercanías a la localidad de Tres Isletas”, especificaron los abogados.
Asimismo, denunciaron que “en el procedimiento, los operarios admitieron que ´estaban haciendo tareas de desmonte para Roberto Nardelli´ y se procedió -de manera inédita- al secuestro judicial de una Topadora LD160 Lonking”. Asimismo, consignaron que “esta topadora es responsable de varios desmontes en los últimos año”.
“Además de haberse parado el desmonte, tendrá consecuencias judiciales por violar una medida judicial (desobediencia y daño). Esto demuestra que si estamos todos juntos, podemos convertirnos en guardianes/as del monte”, añadieron los abogados ambientalistas.
Se debe precisar que fue el Juzgado Federal  1 de Resistencia el que ordenó el allanamiento de un campo ubicado en la zona de Tres Isletas y el secuestro de una topadora que, en horas previas, habría violado la medida cautelar dictada a mediados de este mes por la que se prorrogó la suspensión de los desmontes por seis meses.
La medida fue ejecutada el pasado viernes 21 de febrero, en horas de la noche. La resolución fue dictada a instancias del fiscal federal Patricio Sabadini, luego de que un equipo de la Gendarmería Nacional informarse que, en el marco de las tareas de constatación del cumplimiento de la medida judicial, pudieron observar que se estaban realizando actividades de tala y desmonte en un campo cercano a la ciudad de Tres Isletas, perteneciente al empresario forestal Roberto Nardelli, expresidente de la Cámara de Exportadores de Carbón Vegetal del Chaco.
Al dictar la medida, el juez Ricardo Mihanovich, quién subroga el Juzgado Federal  1, consideró que “se encuentra justificado su otorgamiento, dado que existe en el caso una importante sospecha de un acontecer delictivo que reflejaría el incumplimiento de la medida cautelar dispuesta en autos”. Con respecto a la topadora, advirtió que “el bien en cuestión guardaría estrecha relación con las conductas que se pretenden dilucidar en la hipótesis delictiva investigada y que la medida resulta razonable, proporcional, necesaria e idónea”.
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Lejos del podio: Argentina pierde participación en un producto que creció 75% en el mundo

Fecha de Publicación: 26/02/2025
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Nacional


Un informe privado destaca que, a contramano de la tendencia global, la producción de biodiesel cayó 60% desde su máximo en 2017. La incidencia del nuevo marco regulatorio y las claves para el desarrollo.
Si bien la producción argentina de biodiesel creció un 40% en 2024 respecto al 2023, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) advirtió que cayó 60% en volumen, desde  2017, cuando anotó el mejor máximo histórico.
Por eso, a contramano de la tendencia, mientras la producción global creció un 75% en el mismo período, la Argentina pierde terreno en el negocio que genera millones de divisas en el mundo, con tasas que varían entre los dos y tres dígitos.
Así, Indonesia cuadruplicó su producción en los últimos siete años, mientras que Brasil la duplicó con creces.
Al sumar al combustible ecológico HVO, Estados Unidos creció un 160% en su abastecimiento de biocombustibles derivados de aceites vegetales en este mismo período.
Asimismo, China marcó un crecimiento del 150% en su producción de biodiesel, mientras que la Unión Europea, el principal productor mundial de este biocombustible, apuntaló un 10% su producción en los últimos siete años, de acuerdo con Oil World.
En tanto, al excluir la pandemia y comparar los promedios de producción 2022-2024 con la dinámica productiva 2017-2019, la BCR refleja el mismo panorama: los principales fabricantes de biodiesel marcaron crecimientos de producción, mientras la Argentina cayó en un 48%.
"El retroceso argentino en el mercado mundial de biodiesel ha sido muy pronunciado", señala la publicación y agrega que la participación argentina en la producción mundial de biodiesel pasó del 7,8% en 2017 a representar apenas el 1,8% en 2024.
En 2022, como 9no exportador, el biodiesel argentino generó más dólares que el complejo cebada, el pesquero, el lácteo o el siderúrgico. Asimismo, es el segundo producto más exportado por Argentina a la Unión Europea, detrás de la harina de soja.
En aquel momento, generó el 2% de las exportaciones argentinas y el 7,4% de las exportaciones del complejo soja, principal generador de divisas del país.  
En cuanto al potencial, en Argentina, el 80% de la soja que se produce se exporta, mayoritariamente con transformaciones industriales de la industria aceitera, señaló el informe y aseguró que el biodiesel "emerge como una industria estratégica".
En ese sentido, apuntó a las divisas que genera, la creación de empleos locales, la ampliación de la generación de valor de la producción agrícola y el refuerzo para la descarbonización de la matriz energética local y global.

Nuevo reglas
Luego de ser punta de lanza en el desarrollo de biocombustibles desde el 2006, la Argentina sancionó en 2021 su nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, que "representó un marcado retroceso para el biodiesel en el país". Entre otros cambios, esta ley implicó la baja de la tasa de corte con biodiesel del 10% al 5%.  
Desde los máximos del año 2017, según la entidad rosarina, la comercialización de biodiesel cayó tanto por mermas en su demanda en el mercado interno, así como por las exportaciones.
Mientras las exportaciones esperan cerrar el 2024 cayendo un 81% respecto a los máximos de dicho año, la demanda del mercado interno habría cerrado el año pasado un 43% por debajo de los niveles de hace siete años.
Un último factor que explica la marcada caída exportadora se encuentra en el cierre del mercado estadounidense al biodiesel argentino a partir de 2018, repasan los analistas de la BCR.
Esta caída productiva también implicó una fuerte suba en la capacidad ociosa de la industria de biocombustibles en Argentina. De un 33% de ociosidad en biodiesel en 2017, el 2024 habría cerrado por encima del 70%.

Claves  para el desarrollo
Uno de los grandes impulsos para las ventas al corte del biodiesel puede encontrarse en una suba de la tasa de corte del gasoil. Imaginemos un escenario dónde la demanda de biodiesel pueda crecer un 85% en 2026, comparándola con las estimaciones de producción del 2025.
Para ello, se requeriría una suba del corte interno hacia el 15% desde el primer día del 2026, desde el 7,5% actual. "Dicho corte dejaría a la Argentina a la altura del Brasil en lo que hace a tasas nominales de mezcla de gasoil con biodiesel", indicó la BCR.
De esta manera, "el uso de la capacidad productiva pasaría del 30% al 50% en sólo un año, reduciendo sustancialmente la ociosidad en la industria".
En tanto, marcó que si se elevara el corte hacia el 35% o un B35 en 2031, la Argentina podría operar prácticamente sin capacidad ociosa desde la próxima década.

Programas federales
En el espejo de la merma en Argentina, los especialistas colocan a Brasil y Estados Unidos que "apuntalan" sus industrias de biocombustibles año tras año. "Por un lado, los diversos programas federales y estatales de los estados americanos fueron impulsando el consumo de biodiesel en EE. UU.", resaltó el informe.
Los mandatos de biodiesel en Estados Unidos, si bien se establecen a nivel federal equivalente al 10%, estos pueden llegar hasta el 20%, como en el caso del estado de Minnesota, o al 60% como California, estado que, a través de su programa federal de incentivos a la reducción de emisiones, estimula el consumo de renovables.
Más aún, el sistema de emisiones y generación de créditos (RINs) en el marco normativo estadounidense promueve el cumplimiento de los cortes.
Por otro lado, Brasil ha marcado un sendero de subas progresivas en su tasa de corte de gasoil con biodiesel, lo que lo ha llevado a progresivamente acercarse a Argentina hasta alcanzarla y superarla desde 2021. A partir de marzo de este año la tasa de corte espera subir un punto más, para ubicarse en el 15%. De esta manera, duplicará la tasa argentina y con miras de llegar al 20% de corte en 2030, subiendo de a un punto por año.
Con ello, Brasil pasará de consumir cerca de 6 millones de toneladas de biodiesel en el 2021 a más de 12 Mt para el 2030. Además, dispone del programa RenovaBio, con el cual premia la eficiencia en materia ambiental a los productores de biocombustibles, impulsando la transición energética y las inversiones en renovables.
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