Preocupación por una mortandad de peces en el río Uruguay por posible contaminación

Fecha de Publicación: 13/11/2024
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


Gran cantidad de peces aparecieron muertos en la desembocadura del arroyo Yuquerí Chico y el río Uruguay, en zona de Benito Legerén, en el departamento Concordia. La situación preocupa a vecinos y pescadores, quienes aseguran que la principal causa de esta mortandad es la contaminación de las aguas “producto de los efluentes que se desechan y provienen del Parque Industrial”.
Según trascendió, un panorama similar se presentó días atrás en todo el arroyo Yuquerí Chico, un sitio conocido por sus aguas cristalinas y por ser un refugio natural para diversas especies.
Los habitantes de la zona exigen que se realice un monitoreo constante de los efluentes industriales y solicitan medidas concretas para frenar la contaminación y preservar el arroyo Yuquerí Chico, además del ecosistema que de él depende.
Tiempo atrás, desde la Municipalidad de Concordia se había informado que planeaban analizar muestras de agua y peces en colaboración con la Facultad de Alimentos para determinar si existe presencia de contaminantes químicos.
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Acuerdo para la conservación de los ríos del sur neuquino une a guías de pesca, fundaciones y propietarios

Fecha de Publicación: 13/11/2024
Fuente: Noticias NQN
Provincia/Región: Neuquén


El Gobierno de Neuquén, la Cámara de Guías de Pesca y la Fundación Tierras Patagónicas firmaron un acuerdo para proteger los ríos Collón Curá, Aluminé, Chimehuín y Caleufú.
En las oficinas del Ministerio de Turismo de San Martín de los Andes, el Gobierno de Neuquén, la Cámara de Guías y Profesionales de Pesca Deportiva, la Fundación Tierras Patagónicas y propietarios ribereños firmaron un acuerdo histórico para la conservación de los ríos Collón Curá, Aluminé, Chimehuín y Caleufú en el sur neuquino.
Este convenio, que establece un marco integral de gestión ambiental y uso turístico, representa un hito en la conservación de los recursos naturales de la región.
“El acuerdo sienta un precedente histórico en la gestión de nuestros recursos naturales, asegurando un equilibrio entre el uso recreativo y la conservación ambiental”, destacó Fernández Capiet, uno de los impulsores del acuerdo.
Un elemento clave del convenio es la creación de una Mesa de Trabajo Permanente, en la que participan todos los firmantes para evaluar el uso de los recursos y coordinar políticas de conservación en base a estudios científicos. Esta mesa se reunirá al menos dos veces al año y se encargará de definir zonas de acampe, accesos y la gestión de residuos para reducir el impacto ambiental.
Además, el acuerdo incluye monitoreos regulares de la calidad del agua y recursos pesqueros, realizados por el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén (CEAN) y la Fundación Tierras Patagónicas, con el objetivo de ajustar las políticas en función de los resultados. También se exigirá capacitación en manejo de fuego para guías de pesca y campamenteros, organizada por la Cámara de Guías y el Sistema Provincial de Manejo del Fuego.
La supervisión del uso responsable de los recursos estará a cargo del Ministerio de Turismo, conforme a la Ley 2536 y su Decreto 1.777/07, con sanciones específicas para infracciones. El convenio aspira a ser un modelo de gestión sostenible que pueda replicarse en otras áreas de la Patagonia, integrando la colaboración público-privada y el respaldo de datos científicos para la toma de decisiones.
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Argentina fue el único país de la ONU que votó en contra de una resolución sobre derechos de los pueblos indígenas

Fecha de Publicación: 12/11/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Se trata de un documento impulsado por Bolivia, Venezuela, Dominica, Ecuador, Liberia, México y Paraguay. Promueve el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de culturas y lenguas de los pueblos originarios. Es la primera votación en ese organismo desde que Gerardo Werthein asumió como embajador
Argentina fue el único país de las Naciones Unidas que votó en contra de una Resolución de la Asamblea General sobre los derechos de los pueblos indígenas que se deliberó esta mañana en Nueva York. Es la primera votación en ese organismo desde que inició la gestión de Gerardo Werthein como ministro de Relaciones Exteriores. Se trata de un documento impulsado por Bolivia, Dominica, Ecuador, Liberia, México, Paraguay y Venezuela que refuerza el compromiso internacional de proteger y promover los derechos de las comunidades originarias en áreas como el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de sus culturas y lenguas.
La resolución ingresó a la ONU el 22 de octubre de 2024 y se sometió a votación de la Asamblea General este mediodía. Aborda la importancia de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a nivel mundial, destaca el reconocimiento del consentimiento libre, previo e informado para los pueblos indígenas en decisiones que afectan sus territorios y recursos naturales. Al respecto, establece que “los pueblos indígenas deben participar plenamente en la toma de decisiones sobre asuntos que afecten sus derechos” y sostiene la relevancia de respetar sus tradiciones y conocimientos ancestrales.
Con esta decisión, Argentina ratifica la posición que Javier Milei le imprime a su política exterior, que se diferencia de la Agenda 2030, el Pacto del Futuro y es renuente a algunos derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. La última votación en ONU, aún con Ricardo Lagorio como representante argentino en ese organismo, había sido en favor de que Estados Unidos concluya con el embargo a Cuba. Fue el hecho que generó el desplazamiento de Diana Mondino de la Cancillería y el desembarco de Werthein.
Por discrepancias con esa impronta de Milei en la política exterior, Lagorio había presentado su renuncia al cargo en octubre. El Presidente designó a Francisco Tropepi, que estaba como segundo de Werthein en la Embajada argentina en Washington, para sucederlo. El diplomático está por estas horas en Buenos Aires contribuyendo con el canciller en la reestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Quien está en este momento a cargo de la representación argentina en ONU es Fabian Oddone, diplomático de carrera, que se desempeña como encargado de negocios de la Embajada de Argentina en Nueva York. Hace más de cuatro años que trabaja en esa legación y tiene expertise en temas de derechos humanos. Según supo Infobae, el diplomático recibió la instrucción desde Buenos Aires para votar en contra de la resolución sobre derechos de los pueblos indígenas.
Cabe recordar que Milei alineó la agenda exterior de Argentina con Estados Unidos e Israel, especialmente en temas geopolíticos y estratégicos. En el caso de esta resolución sobre derechos de los pueblos indígenas, Washington votó a favor y Tel Aviv estuvo ausente. En tanto que se abstuvieron seis países: Francia, Lao, Lituania, Mali, Rumania y Eslovaquia.
A lo largo de sus 16 páginas, la resolución se explaya también sobre los efectos que el cambio climático produce sobre los pueblos indígenas. En ese sentido, subraya que “el cambio climático supone una amenaza para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas”. En esa línea, exhorta a los países de la ONU a incluir a las comunidades indígenas en la formulación de políticas ambientales.
A su vez, el documento impulsa la protección de la cultura de los pueblos ancestrales al señalar que se debe “preservar, revitalizar y promover las lenguas indígenas”. La ONU insta a implementar planes para reconocer el valor cultural y social y resalta que el fortalecimiento de sus lenguas es “crucial” para la identidad de esas comunidades.
Desde la perspectiva del multilateralismo, la resolución de Bolivia, Dominica, Ecuador, Liberia, México, Paraguay y Venezuela insta a la cooperación continua entre los gobiernos, la ONU y los pueblos indígenas para estimular la igualdad de derechos y el respeto a sus culturas y modos de vida.
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Se creó un comité interjurisdiccional para preservar Delta del Paraná

Fecha de Publicación: 12/11/2024
Fuente: Diario La Capital
Provincia/Región: Litoral Argentino


Bajo la tutela del gobierno nacional, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires trabajarán en una agenda coordinada para la prevención de incendios
Se conformó en Rosario el Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel (Cian) sobre el Delta del Paraná entre Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, con el gobierno nacional como auspiciante. Esta medida nace en el marco del Plan Integral y Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (Piecas-DP).
En una reunión desarrollada en el Palacio de los Leones, se presentaron las nuevas autoridades y se formalizó la constitución del organismo que opera como espacio de coordinación para abordar de manera conjunta los desafíos ambientales de la región a fin de lograr un equilibrio entre la conservación y el desarrollo sostenible.
Luego, se expusieron las principales problemáticas ambientales detectadas por cada jurisdicción en el marco del Piecas-Delta del Paraná. “Hoy empezamos a trabajar en una agenda con los aportes de cada una de las jurisdicciones para tener estrategias coordinadas de prevención, sobre todo lo que tiene que ver con incendios, que es lo que más nos preocupa a nosotros, pero también con las prácticas productivas que se dan en el Delta, aquellas que están admitidas y cuáles son las limitaciones que se va a establecer”, señaló el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale.
El funcionario municipal también detalló que se establecieron “cuáles son las prácticas y también acciones para enfrentar emergencias, que esperamos no tenerlas, pero tenemos que estar preparados para el verano que está próximo y a partir de lo que ya hemos sufrido en la región en los años 2020 y 2021”.
Del cónclave participaron el intendente Pablo Javkin, la intendenta de Victoria, Isa Castagnino, el subsecretario de Ambiente y coordinador del PIECAS-DP, Fernando Buet, el coordinador Nacional de Evaluación Ambiental, Nicolás García Romero, la vicepresidenta del Inta, María Beatriz Giraudo, y representantes del Plan Nacional de Manejo del Fuego y Parques Nacionales. Por la provincia de Santa Fe estuvo presente el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, por Buenos Aires, la subsecretaria de Política Ambiental, Tamara Basteiro, y la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman.

El Piecas
El Piecas-DP es un acuerdo interjurisdiccional entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, junto al gobierno nacional, para gestionar los humedales del delta del Paraná, un ecosistema compartido por las tres jurisdicciones provinciales.
El Piecas apunta a un uso sostenible y a una mirada integral y con enfoque regional de la cuenca. Por otro lado, como ámbito para alcanzar acuerdos, tiene objetivos tendientes a establecer pautas de sostenibilidad en las actividades en el delta e islas del río Paraná, asegurando su integridad sistémica en el corto, mediano y largo plazo.
Sus orígenes se remontan a abril de 2008, cuando se produjo un número inusitado de focos de incendio simultáneos, lo que llegó a comprometer mas de 170.000 hectáreas del delta. El humo generado llego a Rosario, a la Ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires. El hecho motivó a la por entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a intervenir en la zona, cooperando con las jurisdicciones provinciales en el control de los incendios, al tiempo que puso de relieve la necesidad de reconocer los diferentes problemas que afectan la conservación y el desarrollo sostenible de la región.
En ese marco, la cartera nacional de Ambiente dispuso conformar un espacio de coordinación y construcción de consensos interjurisdiccionales en el que se definieran las bases para implementar un ordenamiento ambiental del territorio. Tras diferentes reuniones y talleres en los que participaron funcionarios nacionales y provinciales, así como técnicos y representantes de la sociedad civil, se rubricó un acta acuerdo para la creación del Piecas-DP y para avanzar en la gestión sostenible de los humedales del delta del río Paraná.
A pesar de tratarse de un acuerdo no vinculante, el Piecas logró avances significativos, tales como la construcción colectiva de un espacio para la definición del marco conceptual y metodológico que permita abordar la problemática socioambiental de la región.
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El Gobierno no quiere la ley que impulsan las provincias y prepara una propia

Fecha de Publicación: 11/11/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional


Daniel González, exCEO de YPF y hombre de confianza de Luis Caputo en cuestiones energéticas, propone desregular más el mercado de lo que prevé la iniciativa provincial.
El proyecto de ley de Biocombustibles impulsado por provincias productoras de biodiesel y bioetanol pierde fuerza en el Congreso, mientras que el gobierno trabaja en una propuesta alternativa más desreguladora.
Este enfoque, liderado por Daniel González, exCEO de YPF, busca mayor consenso e incluye consultas con petroleras, fabricantes de autos y productores de biocombustibles. La reciente designación de María Carmen Tettamanti en la Secretaría de Energía añade desafíos, ya que las provincias habían negociado con el funcionario anterior. La postura del gobierno podría afectar a las empresas no integradas a grandes aceiteras, favorecidas en el proyecto provincial.

¿Oportunidad perdida?
Tras un primer intento fallido de eliminar las regulaciones del mercado de biocombustibles, las "provincias bio", lideradas por Santa Fe, comenzaron a trabajar en un nuevo proyecto que equilibrara los intereses de todos los sectores, introduciendo reformas para abrir la competencia. A pesar de las tensiones internas entre fábricas integradas y no integradas a aceiteras, y entre productores y petroleras, se logró consenso en que la nueva propuesta era mejor que la actual.
Sin embargo, las demoras en el Congreso provocaron divisiones. Las grandes aceiteras, que inicialmente decidieron no criticar el proyecto, comenzaron a rechazarlo públicamente, alegando que no incentivaba la competencia ni nuevas inversiones. Por su parte, las petroleras, que podrían ingresar al mercado solo si la demanda aumenta considerablemente, empezaron a reactivar su lobby contra el proyecto, que no favorece una liberalización total del mercado.

Batalla de fondo
La normativa impulsada durante el kirchnerismo asignó a las aceiteras internacionales el mercado de exportación y a las empresas nacionales no integradas a aceiteras el mercado interno, con cupos y precios fijados por el Estado. Inicialmente, esta ley favoreció la inversión en grandes plantas y creó una red de empresas nacionales, pero con el segundo mandato de Cristina Kirchner surgieron problemas, como la restricción de exportaciones y la congelación de precios.
Bajo el gobierno de Mauricio Macri hubo intentos de liberalización que no se concretaron, y el gobierno de Alberto Fernández modificó la ley para reducir el corte obligatorio, cediendo a las demandas de las petroleras. El gobierno de Javier Milei intentó desregular el mercado, pero fracasó. Ahora, las provincias han propuesto un nuevo proyecto que busca un consenso entre los sectores, aunque aún sin avances legislativos significativos. El gobierno actual sigue promoviendo una nueva ley más liberalizadora del mercado.
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Misterio en Península Valdés por la aparición de 21 ballenas muertas: creen que consumieron algas tóxicas

Fecha de Publicación: 11/11/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Chubut


Las autoridades aseguraron que este fenómeno natural se registra en los mares de todo el mundo. Trabajan para reubicar los restos de los mamíferos varados.
Tras la aparición de 21 ballenas muertas en Península Valdés, Chubut, la principal hipótesis de los investigadores es que se debe al consumo de algas tóxicas. Pese a la tragedia, aseguran que se trata de un fenómeno natural que ocurre en los mares de todo el mundo.
Las autoridades locales están trabajando para reubicar los restos de los cetáceos en un operativo conjunto y complejo, liderado por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut.
Según el Programa de Monitoreo Sanitario de la Ballena Franca Austral, entre el 19 y el 29 de octubre se contabilizaron las muertes de estos ejemplares, afectadas posiblemente por floraciones algales nocivas en el Golfo Nuevo.
Para las tareas de remoción y reubicación se han coordinado esfuerzos con la Dirección de Flora y Fauna, la Administración de Vialidad Provincial, el Área Natural Protegida Península Valdés y el municipio de Puerto Pirámides, además de contar con el apoyo de la Red Fauna y los prestadores de servicios de avistaje de ballenas.
Especialistas destacan que una posible causa de esta mortandad es el consumo de algas tóxicas, en coincidencia con la etapa de alimentación de las ballenas adultas y juveniles en la zona.
“Nuestro equipo ha observado que estas ballenas se han alimentado de manera frecuente en el último mes, coincidiendo con el período final en que las madres permanecen con sus crías tras varios meses de ayuno”, explicaron desde el Programa de Monitoreo.
Para confirmar la causa, los científicos están analizando los niveles de toxinas en distintos órganos de los ejemplares fallecidos.
“Si bien las floraciones algales nocivas se presentan en forma de parches en las áreas de alimentación, será necesario confirmar la presencia de toxinas específicas mediante análisis de laboratorio de los órganos afectados”, detallaron.
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Punta Tombo: "Un hito para la justicia ambiental"

Fecha de Publicación: 09/11/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional - Chubut


Un tribunal declaró culpable al empresario Ricardo La Regina por "daño agravado en concurso ideal con el delito de crueldad animal". Las repercusiones.
El juicio oral y público contra el productor había comenzado el pasado 28 de octubre y las imágenes que se habían difundido de los nidos aplastados con los pingüinos dentro generaron tal conmoción en la ciudadanía que el caso llegó a tener repercusión internacional.
“Nosotros siempre sostuvimos que este era un caso penal ambiental, que el bien jurídico protegido era el ambiente y que no se trataba de un delito entre particulares, sino que era un crimen contra la naturaleza”, indicó Micheloud al salir del tribunal.
Además, el abogado agregó: “Es un fallo que genera un gran precedente y un punto de inflexión a la impunidad. La historia de Argentina es la historia de la impunidad ambiental donde los grandes poderosos siempre han evadido las condenas y el veredicto histórico de hoy nos permite pensar que empieza una nueva página en nuestro país para consolidar la justicia ecológica”.
De acuerdo a la investigación corroborada en el juicio, entre agosto y diciembre del 2021, La Regina utilizó una retroexcavadora para hacer un camino paralelo a la costa sin la debida autorización y decidió instalar un alambrado electrificado de 900 metros para dividir su terreno en la estancia Punta Clara, ubicada al norte de la reserva de Punta Tombo. En medio de su aventura especulativa para delimitar las fronteras de su campo, no tuvo en consideración que el mismo limitaba con una de las mayores reservas de aves magallánicas del planeta, área protegida donde habitaba la especie hace décadas. Así es como avanzó sobre 175 nidos, provocando la muerte de más de un centenar de pingüinos y huevos, el desmonte de vegetación nativa e impidió la libre circulación de las aves impactando fuertemente en la reproducción de la especie.
El productor siguió en forma virtual la lectura del veredicto del tribunal, aunque contó con la presencia de un abogado defensor en la sala. Allí, el tribunal halló culpable a La Regina por la mayoría de los cargos en los que fue imputado por afectar el medioambiente, la biodidiversidad, la flora y la fauna en un sector que debía ser protegido. Ahora, queda pendiente que los jueces emitan la sentencia y determinen la pena, que se conocerá el lunes 11 de noviembre.
“Este caso es un hito para la justicia ambiental, constituye un antecedente histórico que, esperamos, siente las bases para implementar políticas ambientales y acciones más estrictas que eviten futuros atentados contra los animales y el ambiente”, dijo a Página 12 Matias Arrigazzi, integrante del equipo de campañas de Greenpeace Andino, biólogo y experto en conservación de biodiversidad.
La investigación y acusación estuvo a cargo de la fiscal general Florencia Gómez y personal de la Fiscalía de Rawson, y se sumaron como querellantes el Estado provincial, Greenpeace, la fundación Patagonia Natural, National Geographic, y la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina.
En la primera jornada de debate, La Regina ofreció una propuesta reparatoria con la donación de 500 hectáreas al Estado, con el objetivo de que “termine de ordenar el manejo del recurso pingüinos, entre ellas, la sesión de la llamada Punta Clara”. Sin embargo, Gómez y los querellantes se opusieron a la aplicación de la suspensión de juicio a prueba y de la propuesta.
Durante la etapa de alegatos, la fiscal subrayó que “los delitos cometidos quedaron acreditados, con los testimonios de profesionales y especialistas que se expresaron sobre el daño causado”. “Hubo un desprecio total por la biodiversidad del lugar, ya que se entendió que el imputado era consciente de los daños que estaba ocasionando en procura de su objetivo económico, que puso por encima del grave ambiental que ocasionó”, indicó.
"Esta resolución genera un antecedente judicial importante en el cuidado de la naturaleza, de las especies, y de la biodiversidad", consignó Gomez, y añadió que el caso marcara "un antes y un después en la educación de la sociedad para que estos hechos no solamente se denuncien, sino que se los investigue con la seriedad que corresponde".
Al conocer el veredicto, Arrigazzi afirmó: “El mensaje que queda claro con esto es que el propietario de un campo puede ser dueño de la superficie, pero no de todo lo que allí habita. En el alegato de cierre, la defensa dijo que ellos no creían que se hubiera hecho un daño, pero de haberse provocado fue en propiedad privada. Bueno, los jueces acaban de decir que no, que un pingüino no es propiedad privada, que un nido no es propiedad privada y que la vegetación desmontada para abrir un camino, tampoco lo es”.
La Reserva Punta Tombo alberga una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del planeta. Esta se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas en la estepa patagónica, a 110 km de la ciudad de Rawson. El pingüino Magallánico, cuyo Estado de Conservación de acuerdo a la catalogación en la lista roja de la IUCN es de Casi Amenazado, no sólo sufrió los impactos de la actividad humana en tierra, sino que además está amenazado por actividades que avanzan sobre el mar, principalmente la industria petrolera, la pesca intensiva y los efectos del cambio climático sobre los océanos.
Además de la llamada “masacre de los pingüinos", el biólogo advirtió que un punto clave del veredicto fue que se demostró no solo el daño a los pingüinos, sino que a un ecosistema entero. “Hablamos del pingüino porque fue la especie más afectada y llama la atención porque es un animal súper carismático, pero una acción tan grave como esta rompe el equilibrio de un ecosistema completo y tiene consecuencias mucho más complejas”, explicó Arrigazzi y ejemplificó: “El desmonte de una zona árida hace que sea muy difícil recuperar las capacidades del suelo, que sin vegetación no absorben el agua y pueden generar inundaciones en las áreas colindantes”.
Para Micheloud, este es un fallo que trasciende a la provincia de Chubut y tiene impacto en todo el país y la región. El abogado ambientalista afirmó: “Seguiremos la causa si hay instancias posteriores y defenderemos esta valiosísima sentencia. Nuestro objetivo es continuar con la lucha socioambiental, poniéndole voces a los que no tienen, cómo a los animales no humanos que son verdaderos sujetos de derechos, y defendiendo los bienes comunes, a las comunidades y a sus territorios”.
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La Provincia acudirá a la Corte Suprema por la eliminación del Fondo Fiduciario para Bosques Nativos

Fecha de Publicación: 09/11/2024
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires - Nacional


La ministra Daniela Vilar anunció que la Provincia de Buenos Aires acudirá a la Corte Suprema para frenar la eliminación del Fondo Fiduciario para Bosques Nativos.
La Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, expresó enérgicamente su rechazo a la eliminación del Fondo Fiduciario para la Protección de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), una medida tomada por el gobierno nacional a través del Decreto 888/2024. Según Vilar, esta decisión representa un grave retroceso en las políticas ambientales y en la lucha contra la deforestación, afectando de manera directa a la Ley de Protección de Bosques Nativos, el federalismo y la capacidad de las provincias para avanzar en sus propios planes de conservación.
A raíz de esta medida, el gobierno provincial decidió llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando la inconstitucionalidad del decreto y la transferencia inmediata de los fondos que, según Vilar, ya están comprometidos en varios proyectos de manejo y conservación en territorio bonaerense. "Desde la Provincia no nos quedamos de brazos cruzados. Demandamos al Estado nacional ante la Corte Suprema", afirmó la ministra en su cuenta de X (antes Twitter), donde también cuestionó las declaraciones de Manuel Adorni, vocero presidencial, quien justificó la eliminación del fondo.
Vilar desmintió las afirmaciones de Adorni, quien había señalado que el FOBOSQUE "se usó para financiar cajas de la política" y que no contaba con indicadores claros para medir resultados. "Esto es completamente falso", señaló la ministra. Según Vilar, el fondo ha sido clave para reducir la tasa de deforestación desde su creación en 2018, y ha garantizado la correcta distribución de los recursos entre las provincias, así como la continuidad de políticas públicas en defensa de los ecosistemas de bosques nativos.

¿De qué trata el fondo que eliminó el Estado Nacional?
El Decreto 888/2024, que elimina el FOBOSQUE, ha sido criticado también por su falta de consulta previa con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), donde participan representantes de todas las provincias, y donde se consensuaron durante años los lineamientos de la ley. "Este decreto desconoció el trabajo colectivo y federal de muchas administraciones provinciales que, en conjunto, han logrado avances significativos en la protección de los bosques nativos", indicó Vilar.
Además de la preocupación por la deforestación, la ministra alertó sobre los peligros que esta medida implica en el contexto de la crisis climática y la llegada de un verano de altísimas temperaturas, lo que incrementa la amenaza de incendios forestales. "Cuidar los bosques es una forma de combatir los efectos de la crisis climática. Esta eliminación del fondo nos debilita frente a una problemática que cada vez se vuelve más urgente", afirmó la titular de la cartera ambiental de la Provincia.
La ministra también hizo referencia a la importancia del Fondo Fiduciario en la sostenibilidad de las políticas provinciales, ya que, sin este fondo, las provincias no pueden acceder a nuevas transferencias de dinero sin presentar las correspondientes rendiciones ante el gobierno nacional. "Este recorte se convierte en un obstáculo para que las provincias podamos avanzar en la implementación de nuestros planes estratégicos de bosques, como el que tenemos en la Provincia de Buenos Aires", concluyó.
Con la demanda ante la Corte Suprema, la Provincia de Buenos Aires busca frenar la eliminación de un fondo que, según Vilar, es esencial no solo para la protección de los bosques nativos, sino para la salud y calidad de vida de los ciudadanos. El conflicto marca un nuevo capítulo en las tensiones entre la Nación y las provincias por el manejo de los recursos destinados a la protección ambiental y el combate contra la deforestación.
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La Justicia complica el saneamiento de los ríos más importantes de la Provincia

Fecha de Publicación: 08/11/2024
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


Dos decisiones diferentes en dos causas diferentes ponen en jaque las tareas de saneamiento de dos ríos fundamentales.
El Poder Judicial parece haber puesto en jaque las tareas de saneamiento de los ríos más importantes de la provincia de Buenos Aires. Se trata del Reconquista y del Matanza-Riachuelo.
Sentencias, renuncias y cierre de causas: ¿Qué está pasando?
Este miércoles, a través del Decreto 2459/2024, Axel Kicillof le aceptó la renuncia a Martín Sabbatella en el cargo de presidente del directorio del Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC). El ya exfuncionario le había presentado la dimisión con una carta en la que le explicó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por un año en una causa que data del 2015.
Sabbatella había llegado al COMIREC tras presidir la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) entre 2020 y 2023. Este organismo fue creado en 2006 luego de que el máximo tribunal instara a las autoridades a sanear el río que nace en Cañuelas y desemboca en el Río de La Plata.
Hoy en día, reina la incertidumbre también en ese organismo. Como ya contó INFOCIELO, la Corte Suprema cerró la Causa Mendoza y decidió dejar de supervisar las tareas de saneamiento lideradas por la ACUMAR desde 2010.
Tras este fallo, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, compartió un documento expresando su preocupación. En concreto, advirtió que la Corte "no deja en claro los procedimientos para continuar con lo empezado e impedir la regresión de los logros".
Lo cierto es que ahora el Poder Ejecutivo estará a cargo de los trabajos en cuestión. Sin embargo, Vilar recordó que el actual presidente Javier Milei "expresa públicamente que las empresas pueden contaminar un río ya que sobra el agua".

El nuevo presidente del COMIREC
A pesar de las sentencias adversas, el gobierno bonaerense quiere dar vuelta la página rápidamente para que el organismo a cargo del Río Reconquista siga funcionando. Así es que en paralelo a la renuncia obligada de Sabbatella salieron los reemplazos.
De acuerdo al Decreto 2641 publicado en el Boletín Oficial de este miércoles, el nuevo presidente del directorio es Daniel Larrache, un hombre muy cercano a su antecesor que lo acompañó también durante sus años en el ACUMAR.
Larrache ya era parta del directorio en representación del Ministerio de Gobierno bonaerense. Ahora, esa silla será ocupada por María José Parra.
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Proponen convertir la Refinería San Lorenzo en un centro de producción de biocombustibles para aviación

Fecha de Publicación: 08/11/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Santa Fe


El proyecto de ley del diputado Joaquín Blanco busca transformar una planta en una biorrefinería de “biojet”, con una inversión de US$300 millones para reactivarla y generar empleo local.
En un ambicioso plan por revitalizar la industria local, el diputado provincial Joaquín Blanco presentó un proyecto de ley que busca convertir una planta en desuso desde 2018 en una biorrefinería dedicada a la producción de “biojet”, un biocombustible de aviación.
Durante su intervención, Blanco enfatizó que “recuperar este lugar, que hace seis años está abandonado, es clave para impulsar el desarrollo nacional desde lo local”.
La planta, que en su mejor momento empleó a 12.000 trabajadores, representa una importante oportunidad para la economía de Santa Fe, que se posiciona como pionera en la generación de biocombustibles a nivel nacional.
“Necesitamos volver a darle funcionamiento. Un párate tan extenso genera un grave impacto ambiental para la zona”, advirtió el legislador.

El proyecta contempla una inversión de US$ 300 millones
“Este tipo de inversiones son de largo plazo, y es fundamental brindar continuidad a este proyecto”, destacó Blanco, apoyado por todo su bloque socialista en esta iniciativa que podría transformar la industria local y generar empleos de calidad.
El diputado provincial señaló que “la elección de este lugar es estratégica para nuestra provincia. Los argentinos hicimos un gran esfuerzo en la reestatización de YPF y es necesario que ponga a disposición del desarrollo de Santa Fe, y del país, este espacio abandonado. Queremos impulsar desde lo local el desarrollo nacional”.
La propuesta busca transformar la planta en productora de “biojet”, un biocombustible que ha comenzado a ganar terreno en la industria aeronáutica.
Los Combustibles de Aviación Sostenibles (SAF) son considerados una opción clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la aviación, logrando reducciones significativas de entre un 50% y un 60%.
En particular, se pretende generar Aceite Vegetal Hidrotratado (HVO), un diésel renovable que se obtiene mediante un tratamiento con hidrógeno como catalizador, utilizando como materia prima aceites vegetales y residuos de origen vegetal o animal.
Blanco subrayó que “el futuro de la aviación sostenible está en plena construcción y aquí reunimos todas las condiciones para liderar el proceso”.
Citó ejemplos de aerolíneas que ya están preparadas para operar con hasta un 50% de SAF en su mezcla de combustible.

La situación en Estados Unidos y la Unión Europea
En Estados Unidos, grandes refinerías de petróleo están adaptándose para convertirse en plantas de elaboración de SAF, lo que señala una tendencia creciente hacia la sostenibilidad en la industria.
A nivel global, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) se fijó el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.
Actualmente, solo el 0,1% de los combustibles utilizados en la aviación son biocombustibles, aunque se espera que esta cifra aumente significativamente.
En este contexto, Estados Unidos y la Unión Europea están impulsando regulaciones para exigir que los aviones utilicen al menos un 2% de SAF, lo que podría disparar la demanda de estos combustibles renovables.
Este proyecto no solo tiene implicaciones ambientales, sino que también se posiciona como una oportunidad económica para Santa Fe.
Blanco concluyó que “estas políticas promueven la inversión en infraestructura, generan empleo de calidad y apuntan al crecimiento económico local”.
Con una alta rentabilidad y un significativo valor agregado, esta producción apostaría por un futuro más sostenible, contribuyendo a la transición energética y beneficiando a toda la cadena productiva en la provincia.
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Contaminación ambiental: estudio del Conicet detectó daño genético en docentes rurales

Fecha de Publicación: 07/11/2024
Fuente: Diario Corrientes Hoy
Provincia/Región: Santa Fe


Investigadoras de Conicet junto a docentes del gremio Amsafe Rosario presentaron los resultados de la investigación que se desarrolló desde marzo a noviembre de 2024, sobre la población de docentes rurales del departamento Rosario. Los resultados de dichas investigaciones encendieron las alarmas, ya que alerta sobre el riesgo que implica la exposicion de los trabajadores de la educación a contaminantes ambientales.
La información que se analizó se obtuvo a partir de encuestas, entrevistas y tomas de muestras biológicas realizadas a 32 docentes y auxiliares de escuelas rurales de Ibarlucea, Alvear, Villa Amelia, La Carolina y Acebal (depto. Rosario, Santa Fe).
Destacando que estas localidades se encuentran en zonas tradicionalmente dedicadas a la producción agrícola y ganadera y están, además, próximas al cordón industrial portuario de la ciudad de Rosario.
“Pudimos reconstruir que estas escuelas se encuentran situadas en contextos productivos caracterizados por la producción de soja y maíz, y que si bien están expuestas a diferentes contaminantes, por ejemplo los efluentes de industrias, de graseras, también los contaminantes que se encuentran en el agua o los olores que provienen de basurales próximos, lo más característico es la exposición a la deriva de las fumigaciones que se utilizan sobre los cultivos de soja y de maíz” enfatizó Lucía Caisso, investigadora de Conicet UNRAF en diálogo con Conclusión.
Las escuelas están ubicadas a un máximo de 700 metros de campos de cultivo, otras a un mínimo de 40 metros. “Las docentes no tienen muy visibilizado el hecho de que esta proximidad de los campos supone una exposición a estos contaminantes de los plaguicidas agrícolas. Sí pudimos reconstruir con el trabajo de campo que hay exposición a las derivas secundarias de los agroquímicos dado que se fumigan los campos a veces por la noche, pocas horas antes de que las docentes y los niños ingresen a las escuelas”.
Al analizar el material genético, encontraron, “que las docentes de las escuelas más próximas a los campos de cultivo, particularmente una situada en la localidad de Alvear, que está a 40 metros de un campo de cultivo, presentan un daño mayor, un daño genético mayor que el resto de las docentes. Si bien en general toda la muestra en promedio tiene un daño un poco mayor que los valores normales o de referencia, las docentes de Alvear lo tienen inclusive un poco más incrementado”.
Amsafe Rosario destacó que desde hace tiempo vienen denunciando a las escuelas fumigadas. “Pone de nuevo el eje en discusión y, por supuesto, discutir condiciones de trabajo. Nosotros queremos que este convenio sea un convenio provincial, que de norte al sur y el centro de la provincia de Santa Fe, los trabajadores de la educación, las maestras, los maestros tengan acceso a esto. Vamos a seguir interpelando a nuestros empleadores, como es el Ministerio de Educación y el de Trabajo para que dejen de mirar al costado y empiecen a hacerse cargo» concluyó Gabriela Meglio, secretaria adjunta de Amsafe Rosario.
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Informe alerta sobre un déficit de energía para el verano

Fecha de Publicación: 06/11/2024
Fuente: Cadena 3
Provincia/Región: Nacional


La Fundación Encuentro, cercana al Frente Renovador de Sergio Massa, estima que la falta de energía alcanzará 2500 MW, más del doble de lo proyectado por el Gobierno. Las causas incluyen la indisponibilidad de Atucha I y limitaciones en la capacidad de importación de los países vecinos.
Un informe reciente de la Fundación Encuentro, advierte que el déficit energético para el verano podría alcanzar los 2500 MW, en contraste con la previsión de 1000 MW del Gobierno. Este faltante, que se espera para los meses de mayor demanda, se atribuye a diversos factores, como la falta de disponibilidad de Atucha I y la incertidumbre sobre la entrada en operación de la Central Nuclear Néstor Kirchner (Atucha II) en diciembre de 2024.
El estudio evalúa distintos escenarios y plantea que la oferta máxima de generación alcanzaría entre 28.151 y 28.751 MW, mientras que la demanda en el pico del verano rondaría los 30.700 MW. Esto dejaría un faltante de aproximadamente 2500 MW, que podría traducirse en restricciones significativas para el suministro de energía.
Según el informe, el sistema actual de transmisión también representa una limitante importante. A pesar del aumento en la generación mediante energías renovables en los últimos años, la infraestructura de transmisión no permite evacuar toda la energía producida. Esto impide aprovechar plenamente la energía eólica y solar, que, al no poder almacenarse, debe despacharse de inmediato, afectando así el despacho de energía térmica.
Además, el informe señala que el Gobierno anuló una licitación de 3000 MW de potencia térmica adjudicada en noviembre de 2023, que hubiera permitido sumar energía en puntos críticos del sistema. Esta medida, que buscaba optimizar el uso de gas natural, habría cubierto gran parte del déficit estimado para este verano y los próximos, impactando la capacidad de respuesta en futuros períodos de alta demanda.
Ante esta situación, el Gobierno trabaja en un plan de contingencia que sumaría 1000 MW adicionales, aunque esta capacidad estaría lejos de cubrir las proyecciones de demanda de energía para el verano, según la Fundación Encuentro. La falta de licitaciones y nuevas obras de transmisión proyecta además problemas de suministro para los veranos de 2026 y 2027.
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Los empresarios y el gobierno van por la Ley de Glaciares

Fecha de Publicación: 06/11/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


El retroceso ambiental se profundiza. Tras el RIGI, la eliminación del Fondo para los Bosques y el retiro de la Corte del saneamiento del Riachuelo, las mineras apuntan a la norma que regula la actividad en estos reservorios de agua. El gobierno avala su modificación.
“Si no es ahora, cuándo”. El título que eligió el empresariado para el Coloquio de IDEA representa con claridad sus intenciones. Si no es ahora, cuándo. Durante el encuentro hubo representantes de mineras que explicitaron su pedido al Gobierno de ir contra la Ley de Glaciares. Con pocas semanas de diferencia, la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana Lamas, admitió que se está trabajando para sacar “escollos” en una normativa que tiene “mucha indefinición”. Traducido: se apunta a reducir el alcance de protección de la ley para beneficio de las mineras.
“Varias provincias nos hicieron planteos, estamos conversando con la Secretaría de Minería también, pero el tema acá pasa por la cuenca. A nosotros como Ambiente lo que nos interesa es conservar el agua, el agua de los glaciares, la cuenca hidrográfica, la cuenca que no perjudique aguas abajo si hacemos una explotación minera y estamos arruinando el agua. En la Ley de Glaciares hay mucha indefinición. Se está trabajando en ver cómo se puede definir mejor para sacar todos estos escollos”, dijo la funcionaria a La Nación. Este medio consultó cuáles serían esos «escollos» a revisar. No hubo precisiones.
El tema emerge en un contexto crítico. Mientras en el mundo se ven los efectos concretos de la crisis climática, con evidencias como el drama de Valencia, la Argentina de Javier Milei rechaza las políticas ambientales. En los primeros días de octubre, a través del decreto 888, el Ejecutivo eliminó el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos establecido por la Ley 27.431. Días más tarde la Corte Suprema (siempre adaptándose a los tiempos) cerró una de las causas ambientales más importantes: la contaminación del río Matanza-Riachuelo.
En tanto, esta semana se dio el debut formal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). YPF, Galan Lithium y Posco –dos mineras extranjeras– se inscribieron con proyectos de litio en Catamarca y Salta. Pero el planteo de ciertos empresarios del sector, como lo dejaron claro en IDEA, es que con el RIGI no alcanza. Quieren más, y eso implica ir contra la Ley de Glaciares. Si no es ahora, cuándo.

La Ley de Glaciares: un viejo anhelo
“La modificación de la Ley de Glaciares es un viejo anhelo del lobby minero, que siempre trabajó muy fuertemente contra esta norma. Tanto cuando se sancionó por primera vez –y logró su veto presidencial– como cuando insistimos con esa ley en 2010. El lobby siempre buscó la forma de boicotearla. Ahora creen que hay una ventana, con este gobierno liberal que no tiene en agenda la cuestión ambiental y es negacionista de la problemática ecológica. Creen que es la gran oportunidad”, advierte el abogado ambientalista Enrique Viale.
“Todos los rumores y datos que tenemos indican que van contra la Ley de Glaciares y que lo harían o buscando su modificación en el Congreso o con un decreto, que puede ser un DNU o un decreto reglamentario que termine desvirtuado los alcances de protección de la norma«, acota.
Apunta que el gran objetivo del lobby minero es derogar las prohibiciones –razonables– que establece la ley en cuanto a la realización de actividades mineras sobre glaciares y ambiente periglaciar: “nos vamos a oponer muy fuertemente a cualquier modificación, que sería manifiestamente inconstitucional por violar el principio de no regresión ambiental. Pero además lo haremos porque si efectivamente logran derogar una ley que tuvo tanto apoyo popular, que fue tan debatida por especialistas y universidades en los territorios, es una especie de vía libre para destruir toda la legislación ambiental del país”. Si no es ahora, cuándo.

«También afecta a sectores productivos»
La intención de las mineras de avanzar contra zonas protegidas se puede ver aún con la ley vigente. En 2019, por caso, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET), en Mendoza, difundió que en el sector donde se pretendía instalar el proyecto Cerro Amarillo había “47 cuerpos de hielo que cubren una superficie de 3,42 km², todos ubicados en la subcuenca del río Grande (…). La mayor parte del área cubierta corresponde a glaciares de escombros representativos del ambiente periglacial”.
En el mismo sentido, la Asamblea El Algarrobo informó días atrás –según consignó ANRED– que la Cámara Federal de Casación Penal ordenó seguir investigando a directivos de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) por la validación de yacimientos de Minera Agua Rica – Alumbrera (MARA) sin tener en cuenta la existencia de glaciares y ambientes periglaciares.
“Tanto los glaciares como el ambiente periglaciar son reservas hídricas estratégicas porque ayudan a regular el ciclo hidrológico de cuencas de área andina. Cualquier tipo de actividad sobre estas reservas afecta este ciclo del agua, con impacto negativo no sólo en la biodiversidad sino también en poblaciones aledañas y en actividades productivas«, explica Leandro Gómez, coordinador del programa de Inversiones y Derechos del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Y se pregunta: «¿Qué impacto puede tener por ejemplo sobre el sector vitivinícola en Mendoza? A veces la importancia de las poblaciones y su acceso al agua son relegados y prima una mirada más economicista, pero incluso en estos términos esto también afectaría a sectores productivos”.
Los intentos de modificación de la ley, señala Gómez, apuntaron especialmente a esas zonas periglaciares. Cambiar la esencia protectora sobre esas áreas, de hecho, era algo que formaba parte de la versión original de la Ley Ómnibus, al inicio del gobierno de Milei. Ese ítem no quedó en la versión final, pero la intención sigue firme.
“Cualquier tipo de intento  llevaría a un reclamo y a una serie de inicios de judicialización y solicitudes de inconstitucionalidad –advierte el referente de FARN–. Muchas veces se postula la reforma de la Ley en nombre de una supuesta seguridad jurídica. Pero la Ley de Glaciares fue debatida dos veces en el Congreso, su constitucionalidad fue reafirmada por la Corte, fue aprobada en un proceso sumamente participativo. Que sea reformada por decreto o por otra vía no va a hablar de seguridad jurídica, sino al revés. Va a mostrar la debilidad institucional por la que estamos atravesados”.  «
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El peligroso “silencio positivo” en la autorización de trámites ambientales

Fecha de Publicación: 05/11/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


La Ley Bases modificó la Ley de Procedimientos Administrativos. E impactó en un instituto singular: el silencio estatal "positivo" frente a particulares. Esta ficción legal de “quien calla, otorga” resulta a todas luces peligrosa cuando estamos en presencia de autorizaciones vinculadas a cuestiones ambientales.
La Ley Bases (Ley 27.742) implica una reforma del Estado no sólo en su estructura interna sino también en sus relaciones con la ciudadanía. Por ello, bajo el pretexto de actualizar los procedimientos administrativos y en sintonía con los avances y trámites digitales de estos tiempos, la Ley Bases modificó la Ley de Procedimientos Administrativos. Más allá de la regulación de principios que definen el vínculo entre la ciudadanía y el Estado, plazos, reclamos y recursos que pueden interponer ciudadanas y ciudadanos ante los organismos públicos, la Ley Bases impactó en un instituto singular: el silencio estatal frente a pretensiones ciudadanas. ¿Cómo debe interpretarse ese silencio? ¿De forma negativa o positiva? Esa es la cuestión.
La regla general enseña que el silencio de los organismos públicos debe ser interpretado como negativa. La excepción a esta regla se da cuando una norma expresamente confiera a ese silencio una connotación positiva. Así, cualquier autorización administrativa solicitada por los particulares sin mediar respuesta concreta de las autoridades podría ser validada de manera tácita por el mero transcurso del tiempo a partir de una ficción legal conocida como “silencio positivo”. Esta ficción legal de “quien calla, otorga” resulta a todas luces peligrosa cuando estamos en presencia de autorizaciones vinculadas a cuestiones ambientales.
La Ley Bases estableció que el silencio positivo “no será de aplicación en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público”. Pero, existe una excepción: “cuando la norma específica otorgue sentido positivo al silencio”.
De la reglamentación de la Ley Bases (Decreto 695/2024) surge que la Jefatura de Gabinete será la encargada de aprobar el cronograma de implementación del silencio con sentido positivo en el marco de procedimientos mediante los cuales tramiten autorizaciones administrativas. Ese cronograma fue aprobado por la Decisión Administrativa 836/2024 de la Jefatura de Gabinete que dice que, a partir del 1 de noviembre de 2024, los organismos públicos deberán implementar el silencio positivo frente a autorizaciones solicitadas a través de la Plataforma Trámites a Distancia (TAD).  
No perdamos de vista que existen numerosos trámites de autorizaciones ambientales que pueden solicitarse desde la Plataforma TAD. Entre ellos, se encuentran:
- la exportación de productos químicos y artículos comprendidos en el Convenio de Estocolmo
- la exportación de residuos peligrosos
- la generación eventual de residuos peligrosos
- la importación de pilas y baterías
- la inscripción en el Registro de Importación y Exportación de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (RIESAO)
- la inscripción en el Registro Nacional de Consultores en Evaluación Ambiental
- la inscripción al Registro Público Único de Operadores de Fauna Silvestre
- el certificado de importación, exportación y reexportación de productos, subproductos y trofeos de caza de la fauna silvestre
- el Certificado Ambiental Anual por primera vez
- el certificado de flora silvestre
- la declaración jurada anual de efluentes líquidos industriales
- la renovación de Seguro Ambiental Obligatorio
- la renovación automática del Certificado Ambiental Anual
- el movimiento transfronterizo de muestras
- el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos en el Puerto de Buenos Aires
- el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos hidrocarburíferos en plataforma continental

La Decisión Administrativa 836/2024 de la Jefatura de Gabinete se refiere a los trámites TAD de manera genérica. Omite excluir a los citados trámites ambientales. En este contexto, se genera incertidumbre acerca de si las autorizaciones tácitas generadas a partir del silencio positivo alcanzan o no a los trámites digitales sobre las cuestiones ambientales mencionadas con anterioridad.
El panorama se torna preocupante en virtud de que ha iniciado la cuenta regresiva para que los trámites a distancia puedan avanzar como consecuencia de autorizaciones tácitas. En este sentido, de no aclararse esta cuestión, podría suceder que, a partir del próximo 1 de noviembre, por ejemplo, una consultora ambiental con escasa capacidad técnica, financiera y experiencia profesional se inscriba a través de la Plataforma TAD en el Registro Nacional de Consultoras en Evaluación Ambiental y sólo deba esperar que transcurra el plazo legal sin obtener respuesta para poder ingresar al listado de consultoras de la Subsecretaría de Ambiente. Lo mismo sucederá con empresas que persigan la exportación de residuos peligrosos, renovaciones de certificados y seguros ambientales y que pretendan sortear, bajo el pretexto del silencio, los controles estatales robustos que amerita una herramienta de política ambiental fundamental como lo es la evaluación de impacto ambiental de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos a partir de las 12 millas marinas.
El “silencio positivo” en trámites con implicancias e impactos en el ambiente, sin presencia ni control de las autoridades, sin ponderación de parámetros ambientales ni de criterios técnicos y sin sanciones en caso de eventuales incumplimientos formales de los particulares nos transporta a un terreno de ilegalidad e irresponsabilidad estatal absoluta. Este escenario es contrario al deber constitucional de las autoridades de preservar el ambiente y la biodiversidad y constituye un retroceso inadmisible para la protección ambiental vulnerando así el principio de no regresión contenido en el Acuerdo de Escazú.
Silencio que no es silencio. Es sinónimo de la peor inactividad estatal y de la indiferencia frente a las consecuencias que la omisión de supervisión y fiscalización podría ocasionar a los derechos humanos en asuntos ambientales. Por ello, el Jefe de Gabinete debe dictar, antes del próximo 1º de noviembre, una nueva Decisión Administrativa que aclare que los trámites ambientales no se encuentran alcanzados por el silencio positivo.
Toda autorización de trámites ambientales debe ser siempre expresa y fundada. Nunca tácita, porque el silencio no es parte del idioma ambiental.
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