Los 34 proyectos mineros que el Gobierno impulsa en Malargüe fueron aprobados por Diputados, con resistencia del Valle de Uco

Fecha de Publicación: 02/11/2024
Fuente: Diario NDI
Provincia/Región: Mendoza

 

Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó las DIA (Declaración de Impacto Ambiental) de 34 proyectos de cobre en Malargüe. Se trata de la etapa exploratoria para esta zona en donde se calcula una importante reserva de cobre. El Gobierno se propuso avanzar con la minería en Mendoza.
A través de la creación del Malargüe Distrito Minero Occidental, el Gobierno instrumentó un mecanismo para acelerar los procesos y por eso estas 34 DIA pudieron tratarse en un solo expediente.
Ahora la Cámara de Senadores deberá darle sanción al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, trabajado en conunto con el municipio de Malargüe y que contó con 13 dictámenes sectoriales, con sugerencias y observaciones.
El proyecto fue aprobado por 39 votos afirmativos, cinco en contra (entre ellos de los ex intendentes sancarlinos Jorge Difonso y Rolando Scanio, además de la justicialista Valentina Morán, la diputada Gabriela Lizana del Frente Renovador y Emanuel Fugazzotto del Partido Verde. Se abstuvieron José Luis Ramón y Roxana Escudero.
Los 34 proyectos de exploración, que se ubican en el departamento de Malargüe, son: EI Seguro; Campeones; Canillitas; Conejera; Dibu; Fideo; Hechicera; La Herradura; La Pechera; Los Azulejos; Mate Amargo; Mochileros; Papu; Pehuenche Oriental; Vecindario; Los Galgos; Las Arañas; Las Estrellas; La Meli; Elena; EI Perdido; Cerro de la Virgen; Merlot – Sirah; EI Toro; Porticos; Malbec; Calmuco; EI Montón; Los Carrizos; Minue; Riesling; Valenciana; Lego y Huemul.
El proceso para llegar hasta esta instancia recorrió un largo camino. Según se destaca en la fundamentación, contó con “un amplio proceso de participación ciudadana, que fue integrado por talleres participativos, visita abierta a la comunidad para conocer un proyecto de exploración, audiencia pública con amplia difusión, posibilidad de presentaciones por escrito incluso días posteriores a la audiencia pública, y compulsa pública de las actuaciones donde obraba toda la información del procedimiento, en las páginas web de la Dirección de Minería y de la Dirección de Protección Ambiental”.
Tras cumplimentar las etapas técnicas y legales necesarias, estos proyectos obtuvieron sus respectivas Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) a través de Resoluciones Conjuntas, quedando como último paso la ratificación legislativa,  tal como lo dispone el Artículo 3º de la Ley Nº 7722.
El gobernador Alfredo Cornejo destacó el “amplio consenso político”. “En un momento en que el cobre es clave para la transición energética, no podemos desaprovechar esta ventana de oportunidades. Mendoza está lista para impulsar una minería sostenible que genere crecimiento, empleo genuino y atraiga inversiones de clase mundial, fortaleciendo nuestra matriz productiva”, sostuvo.

Debate
Érica Pulido (UCR), miembro informante en el recinto, dijo que “hay nuevos desafíos en materia ambiental para disminuir el impacto del cambio climático, siendo una de las principales acciones la de disminuir y dejar de depender de los hidrocarburos y de otros combustibles fósiles”, lo cual “nos obliga a promover y consumir energías renovables y limpias,  que generen bajas emisiones de gases de efecto invernadero”.
Para que esa transición energética se dé, agregó, “es indispensable contar con recursos que permitan el desarrollo de una nueva matriz energética y el cobre es uno de los elementos claves”.
En este sentido, manifestó que “se necesita saber qué es lo que tenemos, cuánta cantidad y a qué profundidad. Se necesita monitorear este material, y para que esto se dé, se debe transitar un largo camino que se desarrollará con responsabilidad, protegiendo el ambiente, haciendo eficiente el uso de los recursos, con responsabilidad social y sobre todo con  transparencia. Así, aseguraremos que Mendoza pueda satisfacer las necesidades de la transición energética actuando en línea con los objetivos de sostenibilidad que demanda el país y el mundo”.
“Estos primeros 34 proyectos, representan una minería moderna y responsable”, expresó, añadiendo que Malargüe Distrito Minero Occidental, es un “concepto creado por los alumnos de la escuela técnica de Malargüe”, que los proyectos en cuestión “equivalen al 37,5% de la superficie total”, y que todo el proceso, “nos posiciona ante una minería responsable, sustentable y transparente”.
Por su parte, Alberto López (UCR), realizó un repaso jurídico de los proyectos  propuestos y del procedimiento administrativo dado. “Este es un acto administrativo, jurídico. La Legislatura puede aceptarlo o rechazarlo según lo establece la Ley 7722”, refrendó y destacó que “el pueblo de Malargüe lo pide, las autoridades de Malargüe lo piden”.
A su turno, José Luis Ramón (CyC), quien se abstuvo a la hora de la votación, sostuvo que “se habla de desarrollo económico” sin hablar de “calidad institucional”, y que si bien el intendente de Malargüe ha señalado que “esto generará trabajo y desarrollo económico en el departamento”, ese “desarrollo no irá de la mano de la calidad institucional”. Además, afirmó que se cae en la “trampa de crear sociedades anónimas que no tendrán la obligación de rendir cuentas”.
En tanto, la diputada Jimena Cogo (PRO) manifestó que lo que se está ratificando es un proceso de exploración, que tiene “impacto mínimo” y que busca “determinar si el potencial geológico es un potencial minero”. En esa línea, expuso que “la única manera de poder saberlo es explorando”, y que “en la discusión de ambientalistas y pro-mineros debemos encontrar puntos que nos lleven al consenso. Necesitamos hacer la transición energética, y eso se realiza con minería también”.
En la misma línea, señaló que “en Malargüe tenemos minería, y esa es nuestra identidad cultural, productiva, y nuestra historia. Por eso es que en Malargüe hay consenso social, somos fruto de las generaciones que trabajaron en las minas de carbón, uranio, y cuentan su historia y el desarrollo de su pueblo. No hay temores”.
Desde el bloque Mejor Mendoza, Mauro Giambastiani sostuvo que “en la provincia era necesario actualizar las leyes mineras”, algo en lo se ha trabajado y permitirá que “en Mendoza se de lo que se viene en el mundo”. De la misma manera, indico que la Ley 7722 “está vigente” y que “lo que aquí debatimos es lo que pasará en Malargüe, y este departamento se ha expresado a favor de la exploración. Tenemos que avanzar. La pobreza hay que combatirla y Malargüe necesita de esto para progresar”.
La diputada Valentina Moran (PJ) adelantó su voto negativo manifestando que “no podemos salir de la dicotomía entre minería sí o no. Tengo en claro que estamos en una etapa de exploración, es una oportunidad para Malargüe”, pero “mi posicionamiento es que siento que no logramos discutir cuál es el modelo de desarrollo. La Lógica extractivista es la discusión que no hemos saldado”.
En otro orden, Edgardo Civit Evans (PJA-LUM), adelantó el voto positivo “porque respetamos los derechos del pueblo de Malargüe”. Si bien dijo tener “reservas sobre ciertos temas”, aseguró que “el progreso está por encima de todo y podemos y debemos seguir discutiendo porque este es el primer paso, es solo la investigación de si existe mineral”.
Por su parte Rolando Scanio (LUM), votó de manera negativa por su “compromiso y convicciones con el cuidado del ambiente, basado en dudas y compromiso con la gente de mi región”.
Por otro lado, Gustavo Cairo (LLA), votó positivamente expresando que “es una oportunidad para Mendoza tener su cuarta pata, que es la minería. Pegadito a la montaña, los chilenos producen 10 mil millones de dólares en cobre y nosotros nos damos el lujo de producir cero, como si fuéramos los multimillonarios del mundo. Creo que el amplio nivel de consenso, más allá de alguna disidencia, da esperanzas no solo a los ciudadanos de Mendoza, sino también a quienes vean a la provincia como una posibilidad de inversión”.
Sol Salinas (Unión PRO), expresó en esa línea que “tanto los que están en contra y los que están a favor sabemos que no podemos vivir sin minería. No es Malargüe, es Mendoza entera la que se beneficia, es la región entera y el país” porque “es una de las actividades con mayor expansión”, a lo que agregó que “esperamos que las próximas generaciones dentro de 10, 15 y 20 años, sigan transparentando y mejorando estos procedimientos de los que hoy sentamos las bases”.
Gabriela Lizana (FR-LN), quien votó de manera negativa, indicó que “si vamos a estudiar y fomentar la actividad de la minera con sostenibilidad debemos hacerlo con otras áreas productivas de la provincia”. Sumó que “si los productores no están unidos para defender el agua, no lograremos reciprocidad  ya que vemos que se apoya algunas actividades en detrimento de otras”, y que “el todo es más que la suma de las partes”.
El diputado Guillermo Mosso (PRO Libertad), manifestó que “no hay afectación de cuencas, de glaciares. Se respeta la flora y la fauna, se tienen en cuenta los derechos de comunidades originarias, de los trashumantes puesteros, y con una batería de planes de manejo ambiental de cumplimiento muy estricto”. Tras asegurar que “ha habido y van a haber controles”, recordó que “han dictaminado 13 organismos del Estado, los cuales tienen personal técnico calificado”, por lo que consideró que “hay que traer confianza y tranquilidad a la sociedad mendocina”.
“Malargüe desde su nacimiento ha sido minero y petrolero. No tenemos nosotros el derecho de negarle la posibilidad de que se desarrolle, sobre todo cuando no comparte la misma geografía que toda la provincia”, subrayó.
Emanuel Fugazzotto (PV), rechazó la iniciativa postulando que “no tenemos que hablar de proyectos, tenemos que hablar de cartas de intención de desarrollo de 34 locaciones en las que se pretende realizar minería. Cuando sepamos si realmente esas locaciones están en condiciones o no, recién ahí se va a poder hablar de un proyecto minero”.  De igual manera indicó que “aspiracionalmente creo que lo que se está planteando es bueno”, “es perfectible hacia el futuro, pero no me da garantías” porque “hay abandono de los entes de control”.
Jorge Difonso (LUM), también mostró su disconformidad con el proyecto. Opinó que “no se cumple con la Ley 7.722, y no hay dictámenes sectoriales técnicos de los municipios de la cuenca con sus correspondientes   audiencias públicas en esos municipios, me refiero a San Rafael y Alvear. Se quiere correr al departamento de Malargüe de la provincia, toda una Ley que aplica en toda la provincia menos en un departamento”, a lo que agrego que hay “más de cuarenta  objeciones en la audiencia pública que no fueron respondidas”.
German Gómez (PJ), acompañó con su voto el proyecto y afirmó que quienes se oponen “lo que no quieren es la minería. Y no quieren nada. Hay que empezar a discutir con hechos y con datos que hacen a la verdad. Cambien el guion, ya no les cree nadie. Usan estas discusiones para seducir a un electorado que hoy no lo tienen”.
“No escuché a ninguno de los que votan el no  decir qué vamos a hacer con la pobreza en la República Argentina y en Mendoza. Hay un millón de mendocinos que reclaman alguna propuesta para diversificar esa matriz productiva”; si no quieren minería, “presenten con sus legisladores nacionales, o ustedes mismos la derogación absoluta, llana y absoluta del Código de Minería de la República Argentina. Pero dejen de hacer una cierta apología del delito y decir que esto no hay que hacerlo”, esgrimió.
Finalmente, Cecilia Rodríguez, titular del bloque UCR, hizo referencia a una Resolución publicada en el Boletín Oficial, en la que “constan todas las respuestas que recibieron las personas que, de cualquier forma, pudieron participar de la audiencia pública”; destacó que el tratamiento dado a este tema “ha sido respetuoso, serio, en el que las distintas dimensiones de este expediente se han analizado en profundidad, desde el ámbito legal, ambiental, socioeconómico, la participación”, y cerró: “el territorio no tiene que ver solamente con la geografía, sino que tiene que ver con la historia de un lugar, con su futuro, expectativas y con su presente”, por ello destacó la voz de docentes, estudiantes y profesionales malargüinos que se expresaron en los plenarios de comisiones en los que se estudió el proyecto.
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Juicio por la masacre de pingüinos: el daño ambiental fue valorado económicamente en 500.000 dólares

Fecha de Publicación: 01/11/2024
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut


Este jueves se desarrolló la cuarta jornada del debate oral y público por los hechos ocurridos en Punta Tombo en el año 2021. Allí, Ricardo La Regina, dueño de una estancia vecina a la reserva natural, destruyó una colonia de pingüinos durante la época de reproducción y cría.
Este jueves se desarrolló la cuarta jornada de debate oral y público por la Masacre de Pingüinos en Punta Tombo. Cabe recordar que el hecho ocurrió en el año 2021. Allí, Ricardo La Regina, dueño de una estancia vecina a la reserva natural, destruyó una colonia de pingüinos durante la época de reproducción y cría. De esta forma, se lo acusa por daño ambiental y maltrato animal.
En esta jornada expusieron guardafaunas, funcionarios provinciales, ambientalistas y una periodista. En tanto, los testigos fueron escuchados por el tribunal del juicio, integrado por la Dra. María Laura Martini, el Dr. Carlos Richeri y la Dra. Eve Ponce.
Cabe mencionar que la acusación está a cargo de la Fiscal General Florencia Gómez, mientras que el Dr. Martín Castro actúa en el juicio en representación de la Fiscalía de Estado. Además, el Dr. Eduardo Hualpa representará a los querellantes particulares en la causa: la Asociación de Abogados Argentina, Greenpeace y la Fundación Patagonia Natural. Mientras que la defensa de Ricardo La Regina es ejercida por el abogado particular Federico Ruffa.
El primer relato de la jornada fue realizado por Soledad Díaz Ovejero, quien formaba parte de la estructura del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut al momento de ocurrir los hechos y en su testimonio brindó un detalle sobre la normativa, logística y políticas de las áreas protegidas en Chubut, en particular en lo referido a características y diferencias entre la Reserva de Biósfera, la denominada zona núcleo de las mismas, como el caso de Punta Tombo, como así también en lo relacionado con el proceso de redacción del plan de manejo de esa área natural protegida.
Luego, fue el turno de la guardafauna Romina Turco, quien habló sobre situaciones vinculadas al manejo del área Punta Tombo, la interacción con la ganadería en el campo de la familia La Regina, ya sea en lo vinculado a la actual reserva como también la parte que administra el imputado y donde se ubica el lugar de los hechos.  
Asimismo, declaró la guardafauna Carla Poleschi, como así también el abogado José Pendón, quien se desempeñó en la dirección general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente. Además, se lo consultó respecto a si el imputado había requerido o no un estudio de impacto ambiental previo a realizar la traza de caminos dentro de su establecimiento y en una zona de nidada de Pingüinos de Magallanes.
La audiencia también contó con el relato de la periodista Silvina Cabrera, quien dio detalles sobre la cobertura periodística realizada en el año 2021 con posterioridad a los hechos y se reprodujeron tres tramos de una entrevista realizada en el lugar al imputado Ricardo La Regina.
Por lo tanto, el último testigo de la mañana del jueves fue el ambientalista de la Fundación Patagonia Natural y exfuncionario público José María Musmeci, quien dio un amplio panorama sobre la importancia ambiental, turística y económica de las áreas protegidas, el desarrollo de las mismas en el litoral marítimo patagónico, como así también el marco normativo e institucional de figuras como la reserva de biósfera, las reservas naturales y las zonas específicas dentro de cada área natural, como puede ser zona núcleo o de amortiguación.
En tanto, durante la tarde habló el abogado especialista en temáticas ambientales Otto Axel Wöhler, quien realizará a solicitud de la ONG Greenpeace una evaluación del daño ambiental ocurrido en el lugar, el cual calificó de “muy grave”, como así también la valoración económica de lo ocurrido, lo cual indicó rondaría los 500 mil dólares.
A su vez, la abogada ambientalista y directora ejecutiva de Greenpeace Argentina, explicó aspectos vinculados al derecho ambiental, de qué manera tomó conocimiento la organización que representa sobre lo ocurrido y los motivos que los llevaron a presentarse como querellantes en el presente caso.
Para este viernes 1 de noviembre y en el marco del quinto día del juicio, se esperan las declaraciones de los testigos aportados por la defensa del acusado.
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Presentan un recurso ante la Corte contra el cierre de la causa por la contaminación del Riachuelo

Fecha de Publicación: 01/11/2024
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Riachuelo


El máximo tribunal resolvió por unanimidad el pasado 22 de octubre dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema en 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo del caso, una de las causas judiciales por cuestiones ambientales más importantes que se hayan tramitado en Argentina. La queja fue presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Corte Suprema un recurso de queja contra la decisión de ese tribunal de cerrar el prolongado proceso judicial por la contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, severamente afectado por todo tipo de residuos.
La queja fue presentada por el denominado Cuerpo Colegiado, responsable de supervisar el Plan de Saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo e integrado por organizaciones no gubernamentales.
El máximo tribunal resolvió por unanimidad el pasado 22 de octubre dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema en 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo del caso, una de las causas judiciales por cuestiones ambientales más importantes que se hayan tramitado en Argentina.
“Los criterios utilizados para finalizar el proceso de ejecución de la sentencia, además de no haber sido incluidos en la sentencia original de 2008, se refieren justamente a nudos problemáticos que explican los retrasos en el cumplimiento de los mandatos socioambientales del caso”, indicó este martes en un comunicado el Cuerpo Colegiado.
El grupo está integrado por la Asociación Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
La cuenca Matanza-Riachuelo, cuyas aguas desembocan en el Río de la Plata tras recorrer 64 kilómetros y atravesar 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y la capital argentina, es una de las más contaminadas del país.
En el área, de 2.047 kilómetros cuadrados, viven unos 4,7 millones de personas, el 10 % de la población argentina.
Las principales causas de la contaminación son los efluentes cloacales, los residuos sólidos urbanos y los efluentes líquidos industriales en una cuenca donde operan unos 4.200 establecimientos fabriles.
En 2004, un grupo de vecinos interpuso una demanda contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y 44 empresas instaladas en la cuenca por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación del Riachuelo.
En 2008, la Corte Suprema ordenó a los tres Estados demandados a sanear el Riachuelo, tarea que quedó bajo responsabilidad de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y cuya supervisión quedó en manos del propio máximo tribunal.
El Cuerpo Colegiado cuestiona que la Corte tome como base para su decisión los informes de la Acumar, organismo que antes criticaba por considerar “insuficientes las medidas adoptadas e incumplidos los objetivos trazados en el calendario fijado”.
Según el comunicado, ahora esos informes son “validados sin importar sus puntos ciegos, deficiencias y problemas metodológicos”.
“El fallo del máximo tribunal no contrastó la evolución de la contaminación de las aguas, el aire y los suelos con la información producida por la propia Acumar, omite explicar de qué manera han sido satisfechos y cumplidos los objetivos ambientales trazados en 2008, los cuales fueron reemplazados por el cumplimiento de objetivos institucionales que nunca habían sido explicitados en la causa”, señalaron.
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Área libre de deforestación: nuevas disposiciones del Gobierno para las exportaciones de granos a la Unión Europea

Fecha de Publicación: 01/11/2024
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional


Tras la disposición de la Unión Europea para el ingreso y comercialización de granos en sus mercados a partir de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó hoy en un comunicado oficial que "avanza en la simplificación de los trámites para que el sector privado pueda cumplir con la nueva normativa de esa comunidad".
El organismo conducido por Florencia Misrahi dictó la Resolución General 5.594/2024, que "permitirá agilizar las gestiones que deben realizar los productores agrícolas para certificar que sus campos no han sido deforestados, requisito exigido por ese bloque de países a partir de 2025".
Según ARCA, la actualización de la normativa vigente facilitará la supervisión y seguimiento de los campos utilizados para la producción de granos, a través de controles vía geolocalización y verificaciones presenciales de los lotes. Se trata de una opción voluntaria, dentro del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), para compartir datos como la ubicación, georreferenciación, movimientos y existencias, a las empresas inscriptas en el Directorio de Esquemas de Diferenciación Agroindustriales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
De esta manera, los titulares y representantes de explotaciones agropecuarias no deberán acudir personalmente a una entidad certificadora, por lo que podrán concretar el trámite en menos pasos. En ese sentido, el nuevo mecanismo permitirá una baja en los costos operativos de los productores, que ya no tendrán que demostrar por su cuenta el origen de su producción.
Esta opción estará disponible para las presentaciones correspondientes a la campaña agrícola 2024/2025 y sucesivas, realizadas a partir del 1 de octubre de 2024.
Según el comunicado oficial, la Resolución apunta a una mayor simplificación y agilización de procesos administrativos para la exportación. Al mismo tiempo, busca adaptar los sistemas a las nuevas normativas internacionales que buscan asegurar la sustentabilidad y trazabilidad de los productos agrícolas. Así, la Argentina se convierte en el primer país que con base en su trazabilidad podrá determinar fehacientemente el origen de los granos a exportar.
Mediante el Reglamento 2023/1115, la Unión Europea estableció que a partir del 30 de diciembre de 2024 estará prohibido el ingreso y la comercialización en su mercado, así como la exportación desde el mismo, de determinados productos agropecuarios y agroindustriales provenientes de zonas que hayan sido deforestadas en fecha posterior al 31 de diciembre de 2020.
De todas maneras, tras los pedidos de los diferentes países afectados a la medida, la Comisión Europea presentó una propuesta para postergar la implementación del Reglamento (UE) 2023/1115 para las cadenas libres de deforestación, que se extendería hasta el próximo 30 de diciembre de 2025.
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“El Presidente es una persona muy disruptiva”: desde la COP, la subsecretaria de Ambiente defiende la posición argentina

Fecha de Publicación: 31/10/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Para la subsecretaria de Ambiente, Ana Vidal de Lamas, que Javier Milei niegue el cambio climático es un error de interpretación. “Él se adhiere a las ideas científicas que dicen que no es enteramente provocado por el ser humano”, explicó en rueda de prensa la funcionaria. A pesar de que estudios plantean un 99,9% de consenso de la comunidad científica sobre esta crisis, el Presidente se aferra a la propuesta minoritaria. Ella plantea que más que un sesgo ideológico, la postura del mandatario es simplemente “disruptiva”.
Es también disruptivo su constante ataque a temas vinculados a la Agenda 2030, como la equidad de género y demás temas discutidos en una diversidad de convenciones internacionales a los que el Presidente acusa de “socialismo del siglo XXI”. La Cumbre Mundial sobre Biodiversidad (COP 16), que se realiza en esta ciudad colombiana, no es la excepción. A pesar de ello, la Argentina envió a una delegación de la Cancillería y a Vidal de Lamas para representar al país en temas de financiamiento para proteger a la biodiversidad, la protección de la naturaleza y el respeto a los derechos humanos, las diversidades, las comunidades indígenas y también las locales.
Aquí, el oficialismo se vio obligado a desarrollar una Estrategia Nacional y un Plan de Acción a 2030 para cumplir con los acuerdos internacionales discutidos dentro del marco de la Convención sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas. Hoy se publicará el documento que LA NACION adelantó que excluye todos los temas de equidad de género planteados por el organismo internacional. Y aunque el documento debería haber sido entregado ante Naciones Unidas la semana pasada, la preocupación de algunos sectores no es tanto la entrega, sino la implementación de este plan en un contexto de recorte y desfinanciamiento de la política ambiental en la Argentina.

–¿Por qué no entregaron la Estrategia Nacional?
–Porque iba y venía de Cancillería. Le fueron haciendo algunas correcciones, unas palabritas.

–¿Qué tipo de palabras?
–Algo vinculado a lo que postula el Presidente para que no queden expresos temas con los que no está de acuerdo.

–¿Palabras como género y cambio climático?
–Claro, por ejemplo, ese tipo de cosas, pero nada más de fondo.

–¿Quién hizo la revisión?
–La hizo la gente de Cultura y Civilización, y la gente de Ambiente de Cancillería.

–¿Nahuel Sotelo?
–Él, Nahuel Sotelo. Por ahí pasó.

–¿No hay una contradicción en participar en estas conferencias y declarar que no se adhieren a la Agenda 2030?
–Esa es tu impresión. Ahora te voy a dar la mía. Yo creo que el Presidente está enrolado en una posición científica que no es la del IPCC (el Panel Intergubernamental de Cambio Climático). Hay científicos que están enrolados en otra cosa y él se adhiere a eso, que dice que el cambio climático no es un 100% responsabilidad de las actividades humanas. Ahora, nunca tuvimos una instrucción de salir de esta convención. Entonces nosotros seguimos yendo a la Cumbre del Clima, seguimos presentando todos los reportes que estamos obligados por la convención.

–¿Hay una crítica discursiva, pero no hay instrucción de salirse de ningún acuerdo?
–No tengo ninguna bajada de línea de salir de ningún acuerdo. Tengamos en cuenta también que todo el tema del cambio climático tiene que ver, como ustedes saben bien, con el tema de gases de efecto invernadero y todas las barreras que nos están poniendo por todos lados si no cumplimos con ciertas metas de reducción. Entonces hay que tomarlo como un tema de mercado. O sea, si nosotros no acatamos ciertas cosas, nos vamos a quedar fuera de ciertos mercados, y esto el Presidente lo entiende perfectamente.

–¿Qué va a pasar con los fondos para la conservación y atención al cambio climático que provienen de préstamos de organismos multilaterales como el BID, CAF y demás?
–El gobierno nacional no quiere seguir, por lo menos en los temas ambientales, con ningún crédito. Es más, tenemos un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo para temas de tratamiento de residuos sólidos urbanos y lo están deteniendo donde está. Conclusión: las obras que estén avanzadas en un 80% se van a terminar, el resto quedan canceladas.

–Hay una parte del dinero que hay que devolverla igual...
–Hay una parte que hay que devolverla igual y se va a devolver. Eso lo está trabajando el Ministerio de Economía.

–¿Y qué pasa con las provincias que también están pidiendo créditos aquí en la COP?
–La Nación no quiere créditos, tampoco quiere que hagamos territorio, entonces es muy lógico que las provincias salgan a buscar su financiamiento. Vinieron acá también a buscar sus métodos de financiar su todos sus proyectos. Sé que estuvieron hablando con la CAF, estuvieron haciendo sus avances.

–¿Y ustedes darán el aval desde la Nación?
–Tenemos que dar la garantía soberana de los créditos que tomen. Evidentemente eso va a haber que hablarlo con cada una de las provincias y ver qué crédito van a tomar. Se va a ver en cada caso.

–¿Quién lo decidiría?
–Eso es el Ministerio de Economía.

–La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires dice que también hicieron recortes a su provincia…
–Tres proyectos. Sí, porque eran créditos del Banco Interamericano de Desarrollo. A los de Santiago del Estero también les cortamos. El crédito lo tiene Nación. Desde Nación tiene que salir el dinero suyo para pedir un el crédito. Es muy distinto al aval.

–¿Cuál sería la función de la Subsecretaría de Ambiente bajo este nuevo esquema de gobierno?
–Nosotros somos autoridad de aplicación de todos los convenios internacionales porque cuando las internalizamos, hacemos leyes y en esa ley quedamos como autoridad de aplicación. Y esto es para las conferencias de Biodiversidad, Cambio Climático, Desertificación, todas las de residuos, Rotterdam, Basilea, todas. Entonces nosotros, desde las leyes de presupuestos mínimos, vamos bajando una guía y la trabajamos con el Cofema.

–¿Cuál es el posicionamiento sobre la exigencia de pedir financiamiento a países desarrollados?
–Si va a ser cooperación, créditos no.

–¿Están buscando financiamiento aquí en la COP 16?
–Estamos tratando de buscar operaciones. Quizá si las provincias están buscando financiamiento para ellas o financiamiento de crédito, nosotros también podemos hablar con ese mismo organismo que les dé algo a ellos, para que nos ayude a nosotros en una cooperación a la Nación. Para hacer, por ejemplo, una evaluación estratégica que les ayude también a las provincias, a hacer un proyecto homogéneo de toda la nación, pues si no cada provincia se mueve por su lado.

–Hay nueve leyes de presupuestos mínimos, cuyo financiamiento nunca llega a lo que los presupuestos que estipulan las propias leyes. En un contexto de recortes, como la eliminación del fideicomiso de Fobosque, ¿de dónde obtendrán los fondos?
–Para la Ley de Bosques, del mismo lugar de siempre, del fondo de la fuente 11, que es presupuesto nacional y de las retenciones a las exportaciones. Por ahora seguirá así. Ahora estamos liquidando los fondos de bosques.

–¿Cuánto se está liquidando?
–Como 16.000 millones de pesos. Este gasto es el que venía del año pasado. Lo mismo nos pasó con la Estrategia Nacional de Manejo del Fuego. Solo que no había plata cuando llegamos. Entró después.

–¿Cuáles son las posiciones fuertes que traen a la Cumbre Mundial sobre Biodiversidad?
–Estamos trabajando mucho en las discusiones sobre Digital Sequence Information (DSI). Estamos bastante encima. Yo no les puedo dar muchas explicaciones de estas discusiones que involucran a la genética. Pero sí estamos defendiendo posiciones, porque nosotros tenemos muchos recursos genéticos y tenemos que tener un control sobre el envío de la información digital. Eso y lo que conté de financiamiento.

–Una preocupación en cuanto al financiamiento es la del recorte presupuestario a las provincias, tanto en cuanto a coparticipación como en los fondos internacionales. Parecería que la única salida son opciones que afectan a la naturaleza como las vinculadas al RIGI. ¿Cómo medirán con esto las provincias que tienen que cumplir estos acuerdos internacionales?
–Todo va a estar sobre la mesa y los financiamientos de estos organismos que vemos acá son todos muy flexibles, son casi a 12 años. Entonces no creo que haya problema en darles la garantía soberana. Tampoco puedo decir que todo va a ser de rosas. Se tiene que acercar la provincia y explicar qué tipo de financiamiento quiere tomar. Creo que van a ser las dos cosas: fondos ambientales y RIGI. Me parece importante que busquen algún tipo de reforzamiento y de capacidades institucionales en las provincias, para atajar toda esta situación que antes la Nación facilitaba.

–¿Tienen diálogo con el Consejo Federal de Medio Ambiente, conformado por representantes de Nación y de las provincias, órgano máximo de decisión ambiental?
–Estamos hablando de residuos con el Cofema. Hablamos de bosques, ya los reunimos cuatro o cinco veces. Estamos abriendo todas las posibilidades para facilitarnos entre todos la gestión. Vos le preguntás a cualquier provincia y saben que siempre tienen las puertas abiertas en la Subsecretaría para ayudarlos en lo que necesiten. Hace poco sacaron el tema del fideicomiso sobre bosques, y desde Cofema dijeron que era inconstitucional y bueno, está bien visto que lo hagan por consenso, que avancen.

–¿Cuál es la posición del Gobierno sobre las propuestas de canje de deuda por naturaleza?
–No vamos a hacerlo, eso te lo digo de entrada. Tenemos instrucciones en Economía de no hacerlo. Y el por qué es que a la larga esa estrategia es inflacionaria.

–¿En qué más pondrán énfasis en la Estrategia Nacional?
–Vamos a hacer bastante hincapié en todos los temas de restauración. Se detectaron más de 400 sitios para restaurar. Así que vamos a trabajar en temas de soluciones basadas en la naturaleza, a ver qué podemos hacer con todos esos. Para eso vamos a buscar presupuesto acá.

–Durante el coloquio IDEA de este año, algunos empresarios pidieron que el Gobierno haga cambios en la Ley de Glaciares para reducir el área protegida. ¿Han recibido alguna instrucción sobre impulsar alguna modificación?
–Varias provincias nos hicieron planteos, estamos conversando con la Secretaría de Minería también, pero el tema acá pasa por la cuenca. A nosotros como Ambiente lo que nos interesa es conservar el agua, el agua de los glaciares, la cuenca hidrográfica, la cuenca que no perjudique aguas abajo, si hacemos una explotación minera y estamos arruinando el agua. En la Ley de Glaciares hay mucha indefinición. Un poco lo que se está trabajando es ver cómo se puede definir mejor para sacar todos estos escollos.

–En el borrador de la Estrategia Nacional y Plan de Acción no se menciona ni la palabra “género” ni “cambio climático”, además de que la meta 23 de género no está. ¿La versión final será igual?
–De género seguramente no, pero temas de gestión climática va a haber. Igual, se hizo bien esa estrategia con mucha participación, solo con 30 organizaciones no gubernamentales, con universidades. O sea, fue muy participativa y muy consensuada.

–¿Y comunidades indígenas?
–No, no se llegó hasta eso.

–¿Y el tema de género?
–Sobre el tema de género, Milei habla de mujeres, no habla de género y no me parece mal.

–¿Y la Agenda 2030?
–Yo les pregunto a ustedes, ¿se cumplió con la Agenda 2030?

–No se ha incumplido enteramente, pero el argumento es que marca una tendencia...
–Sé que hay que poner metas un poquito ambiciosas para tener una tendencia hacia eso, pero también tienen que ser un poco realistas. Fijate, el cambio climático lleva 29 convenciones, ¡una barbaridad! La Agenda 2030 tiene objetivos que nadie puede cuestionar. El tema hambre, nadie puede cuestionar eso. Pero los indicadores que establecieron es un montón de burocracia; también hay cosas con las que el Presidente no está de acuerdo y lógicamente tiene que correrse de eso.

–¿A eso se refiere Javier Mieli cuando dice que esta es una agenda socialista?
–Lo que él postula es que este tipo de organismos muchas veces te imponen cosas que los países no pueden cumplir, sobre todo los subdesarrollados. Yo lo que les quiero explicar es que quizá el Presidente es una persona muy disruptiva. O sea, él fue a Naciones Unidas y dijo cosas que enloquecieron a todo el mundo; pero si ustedes escuchan lo que se está hablando acá, es muy similar a lo que él está diciendo. Milei dice “Hay una burocracia que nos traba con todo” y acá todos están diciendo que las organizaciones que dan fondos también son muy burocráticas.
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Policías impidieron la deforestación ilegal de un área nativa de Misiones

Fecha de Publicación: 31/10/2024
Fuente: Noticias del 6
Provincia/Región: Misiones


En un operativo rural llevado a cabo en la mañana de este lunes, por efectivos de la División de Delitos Rurales de la Unidad Regional XV, se detectó la deforestación en una parcela de la localidad de Montecarlo sin la autorización del Ministerio de Ecología de Misiones. Además, secuestraron dos motosierras utilizadas para el apeo.
La intervención se realizó cerca de las 10:30, cuando los agentes realizaban tareas de patrullaje preventivo en la zona ubicada cerca de la Ruta Provincial 15. Fue allí cuando observaron a dos hombres en el interior de la propiedad privada, quienes alegaron ser empleados del propietario del sitio y que estarían extrayendo leñas por orden del dueño de lugar.
Al verificar el área, los agentes constataron la presencia de al menos cinco árboles nativos de distintas especies ya talados, junto con dos motosierras utilizadas para el apeo. Asimismo, tras documentar la ubicación geográfica de la deforestación, establecieron que los mismos no contaban con la autorización del Ministerio de Ecología. Por lo que procedieron al secuestro preventivo de las herramientas en presencia del propietario del terreno.
Por último, se labró al acta correspondiente y se dio intervención al Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones. Además, los elementos incautados fueron llevados a la comisaría jurisdiccional para continuar con las actuaciones legales correspondientes. Esta no sería la primera vez que los efectivos frenan un apeo ilegal en esa zona, donde meses antes ya labraron un acta de infracción.
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Juicio histórico por la matanza de pingüinos en Punta Tombo: qué es un “ecocidio” y la pena que puede recibir el imputado

Fecha de Publicación: 30/10/2024
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional - Chubut


Entre el 10 de agosto y el 4 de diciembre de 2021, sin autorización administrativa sobre impacto ambiental y usando una retro excavadora, Ricardo Adolfo La Regina produjo con pleno conocimiento de causa actos de crueldad animal y daños irreversibles sobre fauna y flora autóctonas en una estancia propia lindante con el Área Natural Protegida Punta Tombo, a 110 kilómetros de Rawson, en la provincia de Chubut.
Masacró 105 especímenes de pingüinos Magallanes y arrasó 292 nidos, aplastando huevos y pichones en su paso frenético y acabando con toda posibilidad de vida. Buscaba trazar dos caminos e instalar un alambrado de 900 metros en el interior de su propiedad, y estaba convencido de que ser dueño de ese gran lote costero le otorgaba derechos sobre la vida de las especies nativas que allí existen. La Regina ahora sabe que estaba equivocado. Pero una fiscal del Sur del país tuvo que hacérselo entender, con elementos y pruebas contundentes. La Regina ya no puede tener dudas porque este lunes comenzaron a juzgarlo por el crimen que cometió y frente a una posible pena de cuatro años de prisión efectiva.
Es la primera vez que un caso de “ecocidio” llega a esta instancia en Latinoamérica. Por eso han llegado al sur del país enviados de todo el mundo. El concepto de “ecocidio” no es nuevo, pero desde 2021 tiene una definición jurídica. Describe "cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente".
Las organizaciones ambientales Greenpeace Argentina, Fundación Patagonia Natural y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) figuran como querellantes en un juicio que tiene carácter histórico, que aborda los cargos de daño ambiental agravado y crueldad contra los animales y podría marcar un antes y un después en la defensa de la biodiversidad en Argentina.
La responsable de sostener y justificar esa figura fue María Florencia Gómez, titular del Ministerio Público Fiscal de Rawson. La funcionaria ha llegado bien alto con su investigación. Recibió primero el peritaje dramático de un experto, luego las denuncias de tres organizaciones ambientales y ya nada lo detuvo. Gómez ha realizado una recolección de pruebas pocas veces vista en instrucciones de este tipo. Durante dos años, ha “droneado” el área hasta el cansancio y convocado a geógrafos, cartógrafos y especialistas en biología marina para dimensionar la matanza.

Detalle de la zona de la matanza de pingüinos en punta Clara ( Tombo )
Un día, después de enviarle 128 mensajes, logró dar con Sam Guilfort, director de National Geographic. Eso significó un hito para el caso porque la organización internacional, a partir de ese momento, se puso bajo las órdenes de la fiscal, facilitando fotografías y peritajes. Pero más definitorio todavía ha sido el rol que jugó una de las personas que más sabe sobre pingüinos en el mundo, Pablo Borboroglu, fundador de la Global Penguin Society.
Borboroglu y su esposa vieron la masacre todavía palpitante. Aquel 26 de noviembre, llegaron a la estancia horas después del aplastamiento. “Por el iris del ojo de las aves, podés ver cuánto tiempo pasó desde que se produjo el deceso. No había pasado nada. Pero había muchos indicios más. No había ni siquiera olor. Todo estaba fresco. Después lo pudimos saber, en base imágenes de Google Earth: habremos llegado tan solo 4 horas después del desastre”, recordó el experto ante Clarín.
La velocidad con que procedió Borboroglu fue determinante para todo lo que ocurrió después. Las autoridades provinciales, por su lado, y Greenpeace, Fundación Patagonia Natural y la Asociación Argentina de Abogados Ambientales, por el otro, se plantaron como querellantes. Comenzó, entonces, el camino judicial de la historia.
Se trata de una oportunidad histórica para la justicia ambiental. Aunque algunos casos ambientales han llegado a la Justicia, la mayoría son archivados o se resuelven con juicios abreviados que no llegan a juicio oral. Este proceso es clave no solo para este caso particular, sino para abrir la puerta a una mayor aplicación de la ley en los crímenes ambientales.
La masacre de los pingüinos de Punta Tombo expone las graves falencias en la protección de áreas naturales y la debilidad del sistema jurídico para abordar adecuadamente los delitos ambientales. Las organizaciones resaltan que la matanza de pingüinos es un símbolo de la urgencia con la que se deben actualizar leyes para proteger la biodiversidad.
La deuda pendiente es la creación de un capítulo específico de delitos ambientales en el Código Penal, que contemple sanciones a los daños causados a los ecosistemas y la fauna. Medidas cautelares inmediatas para garantizar la protección de la colonia de pingüinos durante el juicio, incluyendo la implementación de monitoreos estrictos y la prohibición de actividades que alteren el hábitat. Un proceso judicial justo, transparente y ejemplar que siente las bases para la persecución efectiva de delitos ambientales en el futuro.
Este juicio representa un punto de inflexión en la justicia ambiental argentina. Las organizaciones querellantes están comprometidas en hacer que este caso no solo obtenga justicia para los pingüinos y su hábitat, sino que también genere un cambio sistémico en las políticas de conservación. La participación activa de la sociedad civil es fundamental para asegurar que este proceso legal sea una victoria no solo para los pingüinos y el ambiente, sino para la ciudadanía en su conjunto.
La Reserva Punta Tombo, ubicada en la provincia de Chubut, alberga una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes del planeta. En el año 2021, fue escenario de una masacre sin precedentes. Se utilizó maquinaria pesada que pasó por encima de la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo para trazar caminos, lo que provocó a su vez el desmonte de vegetación nativa.
Además, se instaló un alambrado electrificado a lo largo de 900 metros. En diferentes sectores, dicho alambrado impidió la libre circulación de los pingüinos al encontrarse a una altura inferior a la de esta especie. Este hecho ocurrió en el momento crítico del ciclo reproductivo, donde los pichones están eclosionando o tienen muy pocos días de vida, y deben ser alimentados con frecuencia por los pingüinos adultos.
Punta Tombo se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas en la estepa patagónica, ubicándose sobre la costa del Océano Atlántico, en el departamento Florentino Ameghino, a 110 km de la ciudad de Rawson, capital provincial. El pingüino Magallánico, cuyo estado de conservación de acuerdo a la catalogación en la lista roja de la IUCN es de Casi Amenazado, no sólo ha sufrido los impactos de la actividad humana en tierra, sino que también está amenazado por actividades que avanzan sobre el mar, principalmente la industria petrolera, la pesca intensiva y los efectos del cambio climático sobre los océanos.
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Energías. Fabricantes alertan sobre una parálisis en la producción de biodiesel

Fecha de Publicación: 30/10/2024
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


La secretaría de Energía fijó un precio de comercialización por debajo de los costos de producción, alertó una de las entidades del sector. Se podrían perder puestos de trabajo.
La producción de biodiesel comenzó a estar en riesgo por la decisión de las autoridades de fijar un precio para el corte por debajo de los costos de producción.
Así lo aseguró la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), que expresó su “preocupación ante la inminente parálisis del sector debido a la fijación de precios por debajo de los costos de producción por parte de la secretaría de Energía”.
Las empresas pyme elaboradoras de biodiesel producen anualmente alrededor de 900 mil toneladas que son mezcladas de acuerdo a la Ley de Biocombustibles con el diésel de origen de hidrocarburos.
Con ese procedimiento y el funcionamiento de las plantas, “se generan 2000 puestos de trabajo, se agrega valor en la cadena de industrialización de la soja, se promueve el desarrollo regional, se contribuye al cuidado del medioambiente y se reemplaza diesel importado por biocombustible de fabricación nacional”.
Sin embargo, para Cepreb, “la fijación por parte del poder ejecutivo de un precio de comercialización por debajo de los costos de producción nos impide seguir trabajando y nos empuja a paralizar las operaciones con la consecuente pérdida de puestos de trabajo”.
Ante esta situación, la entidad advirtió a la Secretaría de Energía que el “cumplimiento de las leyes y las resoluciones no es opcional y todos los funcionarios están obligados a cumplir con sus obligaciones”.
La resolución 963/2023, insistió Cepreb, “fija de manera clara y precisa el mecanismo por el cual debe fijarse el precio del biodiesel, que registra un atraso de 25%”, afirmó Federico Martelli, director Ejecutivo de la cámara sectorial.
“Entendemos y compartimos la preocupación del gobierno nacional para bajar los índices de inflación pero queremos dejar en claro que no somos formadores de precio. Tomamos el aceite de soja, que ha subido de manera sostenida en los últimos meses, y lo transformamos en biodiesel y esto resulta imposible si la materia prima tiene un costo mayor que el producto final”, describió.
Dado que pese a la incesante búsqueda de soluciones no hemos recibido respuesta alguna por parte de la secretaría de Energía, “advertimos que las empresas elaboradoras de biodiesel paralizarán sus operaciones a partir de esta semana”, concluye el comunicado.
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Prueban que la mezcla de agroquímicos produce un nuevo compuesto más tóxico que la suma de las sustancias individuales

Fecha de Publicación: 29/10/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Un estudio internacional liderado por investigaciones argentinos analizó el efecto de ocho pesticidas sobre el río Salado y concluyó que “las mezclas de herbicidas, insecticidas y fungicidas producen una mayor tasa de mortalidad y malformaciones genéticas que los compuestos químicos por separado”.
“En Argentina es el primer trabajo –y probablemente en el mundo también- con una explicación sobre la toxicidad de las mezclas: algo que se debate en todo el mundo. Porque todas las reglamentaciones del uso de estas sustancias están hechas en forma individual, pero no se usan en forma individual”, explica Rafael Lajmanovich, investigador principal del Conicet y profesor titular en la cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), uno de los autores de un estudio interdisciplinario internacional que muestra que “las mezclas de herbicidas, insecticidas y fungicidas producen una mayor tasa de mortalidad y malformaciones genéticas que los compuestos químicos por separado”.
El trabajo –titulado “Toxicidad de cócteles de pesticidas en larvas de anfibios: comprensión del impacto de la actividad agrícola sobre los ecosistemas acuáticos de la cuenca del río Salado”- fue publicado este martes en la revista académica británica Drug and Chemital Toxicology. Junto con Lajmanovich investigaron Ana Cuzziol Boccioni, Andrés Attademo, German Lener, Carlos Lien-Medrano, María Fernanda Simoniello, María Rosa Repetti y Paola Peltzer, de las facultades de Bioquímica y Ciencias Biológicas y de Ingeniería Química de la UNL, del Conicet, de Físico-Química de la Universidad Nacional de Córdoba y del Bremen Center for Computational Materials Science de Alemania.
“Esta novedosa evaluación resalta el riesgo ecotoxicológico para los organismos acuáticos expuestos a mezclas complejas y subraya la necesidad de considerar los efectos del cóctel en los estudios sobre la salud de los ecosistemas”, alerta el documento.

Cóctel de pesticidas y agroquímicos
El artículo se basa en una experimentación de laboratorio, pero sobre elementos tomados de un escenario real. Una mezcla de insecticidas (cipermetrina, clorpirifos y lambda-cialotrina), herbicidas (glifosato, glufosinato de amonio, prometrina y metolaclor) y un fungicida (piraclostrobina) que ya se encontraban en organismos acuáticos de la cuenca del río Salado, un área con fuerte presión agrícola. En esa zona este mismo equipo de investigación ya había probado –y publicado en la prestigiosa revista Science of the Total Environment- que los sábalos de esta cuenca santafesina son los más contaminados del planeta en su tipo, con nueve biocidas.
“Las simulaciones computacionales a través del método de enlace densitario funcional indicaron una fuerte tendencia espontánea hacia la formación del cóctel, lo que sugiere que puede actuar como una nueva entidad xenobiótica en el medio ambiente”, advierten los investigadores. “El hecho de que el cóctel tienda a formar una nueva entidad molecular justifica evaluar su efecto tóxico en su conjunto, y no como la suma de los compuestos individuales con los que se compara”.
La toxicidad del cóctel de ocho pesticidas se evaluó sobre larvas del sapo común sudamericano. “La mezcla provocó una alta mortalidad y teratogenicidad en larvas de desarrollo temprano. Las larvas premetamórficas mostraron disrupción endocrina, estrés oxidativo y alteraciones en la desintoxicación y el funcionamiento hepático. También se observó neurotoxicidad, genotoxicidad, cardiotoxicidad y alta mortalidad en condiciones de estrés en las larvas expuestas”, enumeran las y los autores.

Contaminación y crisis climática
“Los límites se manejan sobre sustancias individuales, pero la fauna está expuesta a múltiples residuos. Esto viene a echar un poco de luz sobre esto”, remarca Lajmanovich. Uno de los aspectos novedosos del trabajo es que a través de la química computacional se comprobó que esas moléculas tienden a juntarse y formar otro compuesto desconocido. “Tienden a aglomerarse y formar una especie de nuevo tóxico más poderosos que cada uno de esos productos individualmente”, detalló el investigador.
“Ante la mortandad de fauna y peces que ocurren seguido, desde el Estado se habla de causas naturales. Se trata de minimizar los más que conocidos problemas de contaminación. Este trabajo tiene un componente que simula el estrés ambiental. El clima en el planeta está cambiando: hay una sinergia entre lo que se contamina y las crisis climáticas. Es el mensaje de este trabajo: se abordó también someter a esos organismos, que a su vez están expuestos a plaguicidas, a estrés ambiental. Demuestra que el efecto es catastrófico”, alerta.
El estudio se realizó sobre larvas de sapos que comparten el hábitat con peces y otros organismos acuáticos, cuya muerte masiva “se está convirtiendo en un fenómeno común en las zonas central y norte del territorio argentino donde se desarrolla la agroindustria”. En un entorno cada vez más sometido al ‘estrés ambiental’ que aumenta, “la presencia de factores adicionales como la exposición a la mezcla de pesticidas podría perjudicar los mecanismos relacionados con el estrés y resultaría en un mayor impacto respecto a los factores de estrés comunes a los que se enfrenta la fauna acuática como la sequía”.
“Esta evaluación inédita, que combina métodos biológicos y de simulación computacional, resalta el riesgo ecotoxicológico para los organismos acuáticos expuestos a mezclas reales de pesticidas y subraya la necesidad de no relativizar sus efectos en la mortalidad masiva de la fauna acuática, como ocurre frecuentemente en los peces del río Salado y en varias regiones agrícolas”, instan los autores, en un trabajo que es sólo el primer paso.
Como plantean en el artículo, se necesita conocer y regular más: “Se requieren más estudios para comprender mejor los efectos de los cócteles y sus implicaciones ecológicas, así como para discernir la variabilidad de la respuesta en otras condiciones de exposición, proporciones de pesticidas y formulaciones comerciales, y el impacto de las mezclas de pesticidas en niveles ecológicos más altos. Esto debería ir acompañado de medidas precautorias regulatorias para proteger el medio ambiente y sus poblaciones”.
La investigación, que busca visibilizar y advertir, está dedicada a Damián Marino, científico y químico ambiental “pionero en el estudio de plaguicidas en ambientes y luchador incansable en las causas socioambientales de protección de pobladores y escuelas rurales afectadas por fumigaciones indiscriminadas”. Marino falleció en diciembre pasado, a los 46 años.
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El Palomar: la lluvia habría causado la “contaminación difusa”

Fecha de Publicación: 29/10/2024
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero


Las autoridades descartaron vinaza o cachaza y consideran que podría haberse tratado de arrastre de fertilizantes o pesticidas
La contaminación de las aguas que afectaron a la localidad santiagueña de El Palomar se habría debido a compuestos fenólicos en el canal del este, originados en arrastre de productos pesticidas causado por las intensas lluvias de comienzos de mes. Las autoridades ambientales de Tucumán se reunieron el miércoles pasado con el defensor del Pueblo de Santiago del Estero en el marco del Comité de Cuenca, y entregaron los informes de las áreas técnicas tucumanas, mientras se espera que las de Santiago tengan listas las suyas.
Según informó el diario “El Liberal”, participaron de la reunión el Defensor del Pueblo, Lionel Enrique Suárez, el secretario del Agua, Sergio Saltz y por Tucumán, el secretario de la Producción, Eduardo Castro, y el subsecretario de Medio Ambiente, Facundo Moreno Majnach. En conferencia de prensa, Suárez enfatizó el valor del espacio de diálogo en el marco del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Sali-Dulce e informó que ambas partes actuaron con el programa de Monitoreo Permanente y Alerta Temprana, y que en su caso los informes han sido puestos a consideración de la Justicia Federal, que investiga esta supuesta contaminación.
El secretario Eduardo Castro señaló que apenas se supo lo que había ocurrido en El Palomar, llevaron los equipos de monitoreo de calidad de agua “a los distintos lugares donde venía agua rojiza y nauseabunda. Pudimos comprobar que no era vinaza. Fue una contaminación difusa; los análisis detectaron la presencia de compuestos fenólicos”. El subsecretario de medio Ambiente, Moreno Majnach, añadió que también se descartó que fuese vinaza y que las áreas técnicas están analizando los compuestos fenólicos. “Pueden ser de la naturaleza, un fertilizante, un pesticida. En este caso, por las precipitaciones de la provincia podríamos hablar de contaminación difusa”.
Por su parte, Sergio Saltz, el secretario del Agua de Santiago, recordó que hace 10 años se tuvo la misma situación en El Palomar, con lo cual la gente quedó bastante sensible por lo que “se activaron todos los mecanismos”. Indicó que en Tucumán llovieron 150 milímetros en lugares puntuales. “Esto último es importante tener claro porque eso genera escurrimientos”. “Cuando hay precipitaciones importantes genera escurrimientos en los canales y puede tener y tiene de hecho arrastres. Los niveles de concentración que hemos encontrado no nos daban vinaza específicamente, pero sí avanzamos con algunos compuestos que nos pueden indicar presencia de algún otro tipo de contaminantes, fertilizantes, pesticidas, como son compuestos fenólicos”.
Añadió Saltz que “lo que tenemos que tener claro es que no hubo ruptura de los almacenamientos de vinaza y creemos la hipótesis más probable es que hubo un escurrimiento de los campos y por la cantidad de precipitaciones. Obviamente, por una cuestión de pendientes naturales de escurrimiento, van hacia El Arenal”.

Sospechas descartadas
Cabe recordar que en el primer momento, las autoridades santiagueñas expresaron sospechas de que podía tratarse de contaminación producida por un ingenio y observaron que el único que estaba cerca es La Florida. Pero no hubo acusación y el abogado de la firma Los Balcanes, Eduardo Rothe, dijo el 17 de octubre a LA GACETA que “el fenómeno materia de investigación no tuvo su origen en una disposición de los efluentes que se generan en la actividad industrial del Ingenio Florida”. Añadió que “esto es algo muy fácil de constatar, recorriendo aguas arriba los canales desde El Palomar hasta el ingenio. La tranquilidad y certeza de la empresa al respecto se fundamenta en que desde septiembre de 2012 el 100% de la vinaza que genera su destilería se transporta entubada por un vinazoducto a una planta de elaboración de fertilizantes, emplazada en un lugar que no tiene comunicación alguna con el Canal del Este”. Dijo, además, que no se arroja ningún otro efluente al canal. “Lo que ratifico es que bajo ningún punto de vista se trató de efluentes ilícitamente dispuestos por el ingenio La Florida”.
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Biodiversidad. Cuál es la estrategia argentina para proteger a la naturaleza y cumplir con los acuerdos globales

Fecha de Publicación: 28/10/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


En Colombia se desarrolla la COP 16, América Latina es la región que tiene más problemas en sus ecosistemas; cambio climático y futuro, el debate
El territorio argentino, como el mundo entero, sufre una crisis de biodiversidad sin precedentes en la historia humana y el gobierno nacional corre con el tiempo en contra para actuar. En nuestro país son varias las especies amenazadas, especialmente por actividades humanas directas, como el avance de la frontera agropecuaria sobre bosques nativos o humedales, la contaminación del agua, la sobrepesca y el tráfico de especies. Pero también, los ecosistemas están amenazados por factores humanos indirectos, como el cambio climático que acentúa e intensifica sequías o lluvias torrenciales. América Latina es la región más afectada por la pérdida de biodiversidad, según el último informe de Planeta Vivo.
Desde hace poco más de 30 años se han tratado de generar acuerdos mundiales para atender esta gran crisis. Y 196 países, incluída la Argentina, han conformado equipos de trabajo y diseñado estrategias para atender esta problemática en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sin embargo el problema persiste. Y aunque acuerdos pasados han sido poco efectivos para tratar este aprieto, los países miembros de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD) tienen la confianza de que este año será determinante.
Esto se debe a que aquí, en Cali, Colombia, durante la decimosexta Cumbre Mundial de Diversidad Biológica (COP 16), se discuten puntos del Protocolo de Cartagena sobre sobre Seguridad de la Biotecnología como el de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos, y se pretende poner en marcha uno de los acuerdos más ambiciosos en materia de biodiversidad: el Marco Mundial Kunming-Montreal de Diversidad Biológica. Este último documento compromete a las naciones firmantes, a cumplir cuatro objetivos y 23 metas para recuperar, restaurar y conservar la biodiversidad en cada uno de sus territorios contemplando los derechos humanos, de las comunidades locales e indígenas y la equidad de género.
Este es el contexto en el cual el Gobierno tuvo que redactar y entregar una Estrategia Nacional y un Plan de Acción ante Naciones Unidas para atender todas las amenazas que vulneran a la biodiversidad en la Argentina, con un tiempo límite de seis años, hasta 2030. Son dos documentos que pretenden delimitar objetivos asequibles y una especie de hoja de ruta para cumplirlos.
Se esperaba que a principios de esta semana, la Argentina entregará los documentos ante Naciones Unidas. Sin embargo, hasta el momento no han sido recibidos por el ente internacional. “Si la entregamos durante la COP 16, va a ser al final”, explican a LA NACION fuentes del Gobierno.
El documento, elaborado por la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (Conadibio) está aún en revisión por parte de Cancillería, aunque desde el Poder Ejecutivo aseguran que el trabajo está por ser aprobado y casi alineado con el Marco de Diversidad Biológica de Kunming-Montreal, que establece 23 metas para 2030. En esta estrategia hay 22 metas. Esto fue porque el Gobierno decidió eliminar la última, vinculada con asegurar una perspectiva, equidad y responsabilidad de género en la implementación de las políticas.
Otra omisión en la redacción fue la del concepto de “cambio climático” que sí está en el acuerdo internacional, pero que, al menos dentro los borradores, tanto de la Estrategia Nacional, como del Plan de Acción 2030 a los que LA NACION tuvo acceso, no aparece.
Para Ana Di Pangracio, directora de Fundación Ambiente y Recursos Naturales y una de las argentinas que más siguen las negociaciones de esta COP, “la falta de claridad, después, puede dificultar la implementación, que es la clave”. Ella explica que, tanto está COP como el documento que la Argentina tiene que presentar, tienen el más concreto objetivo de la implementación. “Implementar, implementar, implementar”, repite la experta.

La biodiversidad en la Argentina y sus amenazas
En ese sentido, Di Pancracio opina que la Estrategia y Plan anterior, los que antecedieron a este borrador, “dejaron la vara muy alta”. O sea que el resultado que esperaban se cumplió parcialmente. Varias de las metas que se habían planteado no se lograron, así lo plantea un análisis propio del oficialismo. Pero, ¿en qué estado se encuentra la biodiversidad en el país y cuáles son los puntos clave que el Gobierno debería incluir en su estrategia?
En los 3,7 millones de kilómetros cuadrados de superficie, nuestro país cuenta con 18 ecorregiones; zonas con condiciones biológicas y climáticas similares. Ocho de estas regiones son de la más alta prioridad para la conservación: la Pampa, el Chaco Seco, los Yungas, el Delta e Islas del Paraná, la Selva Paranaense, la Puna y los Bosques Patagónicos.
En la Argentina hay más de 9000 especies; un 18% son originarias. No hay que pensar solo en animales conocidos como el yaguareté o el carpincho; hay plantas, árboles, insectos, hongos y microorganismos que conforman los ecosistemas de los que dependemos estrechamente. Regulan la temperatura y la humedad, albergan componentes que utilizamos para nuestras industrias y nuestra salud, y nos dan alimento.
El mayor problema, según el borrador de la Estrategia Nacional que aún debe ser aprobado, es el cambio de uso de suelo y mar, la explotación directa de organismos, el cambio climático, la contaminación, la invasión de especies exóticas, y finalmente, la no planificación del avance de actividades humanas sobre el territorio. “La degradación y desertificación de las tierras trae aparejada la pérdida de la biodiversidad y una progresiva disminución de la productividad”, explica el documento.
Este contexto supone una serie de acciones complejas e interrelacionadas con diferentes dependencias del Gobierno y también con habitantes y con la sociedad civil. Incluso, durante la elaboración de estos documentos se abrió la puerta a comentarios y sugerencias de la sociedad civil que forma parte de la Conadibio.

Una cuestión de plata
La pérdida de biodiversidad no es un problema nuevo, son décadas de trabajo en temas de protección, conservación y restauración de ecosistemas. Sin embargo, los expertos consultados por LA NACION destacan que hay puntos importantes a trabajar. “Nosotros celebramos que, en un contexto de ajuste y tensión política, está por aprobarse un documento como este. Además de que hubo un proceso participativo y trabajo detrás. Pero de ahí a que hagan algo concreto con eso, es otra cuestión”, explica la representante de una ONG argentina, que prefirió reservar su identidad.
Las razones por la falta de acción pueden ser varias, incluída la voluntad política del poder central, la falta de articulación con las provincias o gobiernos locales o conflictos de interés en las zonas a conservar.
También se han priorizado ciertas ecorregiones y especies a la hora de elaborar estrategias de protección. “Por ejemplo, más allá del funcionamiento, el yaguareté tiene estrategias de protección y conservación, pero eso no se extrapola a todas las especies amenazadas”, explica Daniela Gomel, representante de Fundación Vida Silvestre en la COP 16.
No obstante, una de las trabas más grandes para la ejecución de esta estrategia son los fondos. Hay muy poco presupuesto para conservar y proteger los ecosistemas. Con el simple hecho de que no haya habido un presupuesto nacional específico para 2024, la degradación de los fondos para esta área cayó estrepitosamente. Si a eso se suma el recorte a las provincias y la eliminación de fondos fiduciarios como el Fobosque, el margen de acción es estrecho.
Según el último informe de partidas ambientales de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), publicado hace apenas unos días atrás, la Subsecretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales presentan una caída en sus presupuestos en términos reales de entre el 26,4% y el 37,4% y el 7,1% al 20,9%, respectivamente, de acuerdo con distintas estimaciones inflacionarias. El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos tiene asignados apenas $10.000 millones, solo el 2,84% de lo que debería recibir según la ley 26.331 ($352.664 millones).
Y sus cálculos para el año que viene tampoco prometen una mejora. El proyecto de ley de presupuesto 2025 elimina los programas y partidas destinadas al desarrollo de energías renovables, incluyendo el Programa de Desarrollo de Iniciativas de Promoción de Energías Renovables, el de Fomento de la Generación Distribuida y el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer).
Pero las vicisitudes relacionadas con el financiamiento de la conservación no se reducen a un Estado. En este momento, en Cali, este es el punto más tenso de las negociaciones, por lo que probablemente el acuerdo final se demore. Grupos de países pertenecientes al sur global como la Argentina, Colombia y Brasil están exigiendo no solo un aumento de flujos de recursos a sus territorios, además piden que estos sean accesibles y que no estén condicionados por los países donantes para una región o reglamento.
El argumento de estos estados, como de los demás países llamados “en vías de desarrollo”, es que son las zonas más afectadas por la pérdida de biodiversidad, y que, históricamente, los que propiciaron esto son los países desarrollados, por lo que tienen mayor responsabilidad.

Claves de la Estrategia
La propuesta que debería aprobarse al final de esta cumbre tiene 22 metas, seis ejes transversales y nueve estratégicos para cumplir con los postulados del Marco Mundial Kunming-Montreal de Diversidad Biológica. Y si bien hay objetivos claros como la conservación, la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad, llegar a un 30% de áreas protegidas en la tierra y en el mar, o la conexión entre la academia, la política y las comunidades locales, uno de los puntos más importantes tiene que ver con ordenar el territorio.
Son varias leyes como la de Bosques Nativos o la ley general del ambiente que plantean como herramienta fundamental el Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT). “Esto nunca se ha implementado de forma integral”, comenta Gomel. Para ella, sin esta organización, es difícil poder incluso mantener las 53 áreas protegidas tanto en tierra como en el mar argentino y el resto de las áreas provinciales.
Un claro ejemplo es la construcción de gasoductos y oleoductos que están en proceso o proyectan desarrollarse en el Golfo San Matías; varios de ellos colindantes con el Parque Nacional Islote de Lobos, un albergue histórico de la ballena franco austral y una diversidad de especies más.
Uno de los puntos que el borrador argentino destaca es el monitoreo de la conservación y recuperación de la biodiversidad. Los instrumentos para cumplirlo aún se están decidiendo en la Cumbre de Biodiversidad, en Cali, y se espera que en el cierre, la Argentina pueda adoptarlos en su Estrategia Nacional. No solo permitiría tener mayor control sobre lo que pasa en el territorio, sino que admite a organismos internacionales dispuestos a donar dinero para la conservación a asegurarse que su inversión tuvo efecto.
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Científicos del Conicet cuestionan el rechazo del gobierno a la Agenda 2030

Fecha de Publicación: 28/10/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


La posición de Javier Milei, según advierten, “socava el medio ambiente, la sostenibilidad y el bienestar humano”. Para el presidente argentino, la propuesta de Naciones Unidas también es de “corte socialista”.
Desde inicios de su mandato, el gobierno de Javier Milei ha brindado muestras sobradas de una posición geopolítica controvertida. No solo niega el cambio climático –y con ello se opone a toneladas de papers que aseguran la participación humana en el fenómeno–, sino que de manera reciente, se opuso a la Agenda 2030, propuesta en 2015 por Naciones Unidas y firmada por los jefes de Estado de 193 países. De manera reciente, un grupo de científicos del Conicet publicó un editorial en Biological Conservation, que recibió el respaldo de reconocidos investigadores del área y referentes de otros campos. En el artículo, observan: “Esta nueva posición de Argentina deja al ambiente y al bienestar del país en una situación cada vez más precaria”.
En declaraciones durante su última participación en la Asamblea de la ONU, el presidente argentino señaló que la Agenda 2030 era de “corte socialista”, y exhortó a todo el cuerpo diplomático y a la cancillería a alinearse con las ideas del gobierno. Así lo expuso el mandatario: “Aunque bienintencionada en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan con la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”.
Para poner en contexto, dicha Agenda constituye una hoja de ruta de amplio consenso en 2015, en donde los países firmantes se comprometieron con el desarrollo sostenible. Un plan de acción “a favor de las personas, el planeta y la prosperidad”, que actualmente el gobierno libertario rechaza. A partir de 17 objetivos y 169 metas, Naciones Unidas buscaba abarcar las esferas económica, social y ambiental, de cara al final de esta década. Al ofrecer su compromiso, las naciones –entre las que se halla Argentina– se comprometían a realizar acciones orientadas a responder a las necesidades de los más pobres y vulnerables.
Javier Nori, Investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba, es uno de los principales responsables del artículo y lo explica a Página 12. “La Agenda 2030 es un esfuerzo intergubernamental promovido por la ONU para mitigar, entre otras cosas, la crisis ambiental sin precedentes, como lo señalan prestigiosos artículos. Fue adoptada en 2015 y casi 10 años después, tras una evaluación minuciosa de los avances y desafíos, la agenda ha sido reforzada por el reciente Pacto para el Futuro”. Y continúa con el detalle: “La Agenda y el Pacto, basados en ciencia, buscan guiar a tomadores de decisiones, académicos, donantes, empresas y la sociedad civil hacia una visión y metas compartidas que vinculen sociedad y naturaleza”.

Afuera del mundo
Al respecto, otra de las autoras principales, Micaela Camino –Investigadora del Conicet y de la Universidad Nacional del Nordeste– apunta: “Las metas incluyen cuestiones como la lucha contra el cambio climático y la preservación de la biodiversidad, abordando al mismo tiempo aspectos sociales como la erradicación del hambre. Esto tiene gran relevancia para América Latina y, en particular, para Argentina, ya que los problemas que busca resolver son urgentes”. Por ello, “separarnos de la Agenda 2030 nos aleja de un esfuerzo internacional amplio y nos posiciona junto a un grupo reducido de países que han optado por no adherirse, como Irán, Rusia y Corea del Norte. Esto también limitará nuestras oportunidades de cooperación internacional para enfrentar la policrisis actual”.
En el texto, Nori y compañía destacan algunos datos del país que son alarmantes. Por ejemplo, que la desertificación avanzó en un promedio de 650 mil hectáreas por año; que el área cultivada creció de 15 a 40 millones de hectáreas en el lapso 1988-2000; que en 2020 más de un millón de hectáreas fueron quemadas. A ello, se suman otros datos de corte estructural que vuelven cada vez más difícil, para Argentina, cumplir con las metas de desarrollo sostenible. En 2024, la pobreza casi alcanza el 53 por ciento y la extrema pobreza el 18 por ciento; así como también, refieren que prácticas como la pesca ilegal en el Mar Argentino ocasiona pérdidas que rondan los 2.6 billones de dólares anules.
Alejandro Valenzuela, también referente del trabajo y científico del Conicet, relata: “El rechazo a la Agenda 2030 podría aislar al país y reducir su acceso a fondos internacionales cruciales para inversiones en infraestructura resiliente y políticas de conservación y adaptación climática, así como a capacitaciones y apoyo para políticas que aborden la crisis social y ambiental en Argentina. En esencia, nos alejamos de una visión integradora de desarrollo que busca incluir a las poblaciones marginadas, reducir la pobreza y asegurar que las futuras generaciones puedan disfrutar de los sistemas naturales que sustentan nuestras vidas”.

Compromiso científico
El aporte fue firmado por Alberto Kornblihtt, Esteban Jobaggy, Rubén Quintana, Pablo Penchaszadeh, Bibiana Vilá y Juan Carlos Reboreda, entre otros científicos y científicas que se dedican a los más diversos campos disciplinares, pero que exhiben su compromiso con un enfoque integral de cuidado de la naturaleza y reducción de la desigualdad socio-económica imperante.
Según precisa Nori, la Agenda 2030 y sus metas condensan el resultado de años de trabajo y evidencia científica. “Estas metas surgen del trabajo de científicos destacados a nivel global en nuestro campo. Según la evidencia científica más contundente generada hasta la actualidad, trabajar en función de estos objetivos tendría impactos socioambientales positivos, en este, y en cualquier país”.
La mirada integral, que conecta la relación entre las distintas crisis como la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático y la distribución desigual de los efectos de la contaminación, es sintetizada por Christopher Anderson, Investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. “Son problemáticas que no pueden abordarse de manera aislada y requieren una aproximación integral que conecte la conservación ambiental con el bienestar humano”.
Y luego Anderson opina sobre la necesidad de sumar a otros actores a las metas de desarrollo sostenible: “Es necesario incorporar también perspectivas no solo científicas, sino de actores sociales como las comunidades locales y los pueblos originarios. Además, los factores que generan estas crisis ocurren en escalas locales, nacionales y globales, lo que subraya la necesidad de una acción articulada, como lo propone la Agenda 2030 ”.
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