El Palomar: la lluvia habría causado la “contaminación difusa”

Fecha de Publicación: 29/10/2024
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero


Las autoridades descartaron vinaza o cachaza y consideran que podría haberse tratado de arrastre de fertilizantes o pesticidas
La contaminación de las aguas que afectaron a la localidad santiagueña de El Palomar se habría debido a compuestos fenólicos en el canal del este, originados en arrastre de productos pesticidas causado por las intensas lluvias de comienzos de mes. Las autoridades ambientales de Tucumán se reunieron el miércoles pasado con el defensor del Pueblo de Santiago del Estero en el marco del Comité de Cuenca, y entregaron los informes de las áreas técnicas tucumanas, mientras se espera que las de Santiago tengan listas las suyas.
Según informó el diario “El Liberal”, participaron de la reunión el Defensor del Pueblo, Lionel Enrique Suárez, el secretario del Agua, Sergio Saltz y por Tucumán, el secretario de la Producción, Eduardo Castro, y el subsecretario de Medio Ambiente, Facundo Moreno Majnach. En conferencia de prensa, Suárez enfatizó el valor del espacio de diálogo en el marco del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Sali-Dulce e informó que ambas partes actuaron con el programa de Monitoreo Permanente y Alerta Temprana, y que en su caso los informes han sido puestos a consideración de la Justicia Federal, que investiga esta supuesta contaminación.
El secretario Eduardo Castro señaló que apenas se supo lo que había ocurrido en El Palomar, llevaron los equipos de monitoreo de calidad de agua “a los distintos lugares donde venía agua rojiza y nauseabunda. Pudimos comprobar que no era vinaza. Fue una contaminación difusa; los análisis detectaron la presencia de compuestos fenólicos”. El subsecretario de medio Ambiente, Moreno Majnach, añadió que también se descartó que fuese vinaza y que las áreas técnicas están analizando los compuestos fenólicos. “Pueden ser de la naturaleza, un fertilizante, un pesticida. En este caso, por las precipitaciones de la provincia podríamos hablar de contaminación difusa”.
Por su parte, Sergio Saltz, el secretario del Agua de Santiago, recordó que hace 10 años se tuvo la misma situación en El Palomar, con lo cual la gente quedó bastante sensible por lo que “se activaron todos los mecanismos”. Indicó que en Tucumán llovieron 150 milímetros en lugares puntuales. “Esto último es importante tener claro porque eso genera escurrimientos”. “Cuando hay precipitaciones importantes genera escurrimientos en los canales y puede tener y tiene de hecho arrastres. Los niveles de concentración que hemos encontrado no nos daban vinaza específicamente, pero sí avanzamos con algunos compuestos que nos pueden indicar presencia de algún otro tipo de contaminantes, fertilizantes, pesticidas, como son compuestos fenólicos”.
Añadió Saltz que “lo que tenemos que tener claro es que no hubo ruptura de los almacenamientos de vinaza y creemos la hipótesis más probable es que hubo un escurrimiento de los campos y por la cantidad de precipitaciones. Obviamente, por una cuestión de pendientes naturales de escurrimiento, van hacia El Arenal”.

Sospechas descartadas
Cabe recordar que en el primer momento, las autoridades santiagueñas expresaron sospechas de que podía tratarse de contaminación producida por un ingenio y observaron que el único que estaba cerca es La Florida. Pero no hubo acusación y el abogado de la firma Los Balcanes, Eduardo Rothe, dijo el 17 de octubre a LA GACETA que “el fenómeno materia de investigación no tuvo su origen en una disposición de los efluentes que se generan en la actividad industrial del Ingenio Florida”. Añadió que “esto es algo muy fácil de constatar, recorriendo aguas arriba los canales desde El Palomar hasta el ingenio. La tranquilidad y certeza de la empresa al respecto se fundamenta en que desde septiembre de 2012 el 100% de la vinaza que genera su destilería se transporta entubada por un vinazoducto a una planta de elaboración de fertilizantes, emplazada en un lugar que no tiene comunicación alguna con el Canal del Este”. Dijo, además, que no se arroja ningún otro efluente al canal. “Lo que ratifico es que bajo ningún punto de vista se trató de efluentes ilícitamente dispuestos por el ingenio La Florida”.
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Biodiversidad. Cuál es la estrategia argentina para proteger a la naturaleza y cumplir con los acuerdos globales

Fecha de Publicación: 28/10/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


En Colombia se desarrolla la COP 16, América Latina es la región que tiene más problemas en sus ecosistemas; cambio climático y futuro, el debate
El territorio argentino, como el mundo entero, sufre una crisis de biodiversidad sin precedentes en la historia humana y el gobierno nacional corre con el tiempo en contra para actuar. En nuestro país son varias las especies amenazadas, especialmente por actividades humanas directas, como el avance de la frontera agropecuaria sobre bosques nativos o humedales, la contaminación del agua, la sobrepesca y el tráfico de especies. Pero también, los ecosistemas están amenazados por factores humanos indirectos, como el cambio climático que acentúa e intensifica sequías o lluvias torrenciales. América Latina es la región más afectada por la pérdida de biodiversidad, según el último informe de Planeta Vivo.
Desde hace poco más de 30 años se han tratado de generar acuerdos mundiales para atender esta gran crisis. Y 196 países, incluída la Argentina, han conformado equipos de trabajo y diseñado estrategias para atender esta problemática en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sin embargo el problema persiste. Y aunque acuerdos pasados han sido poco efectivos para tratar este aprieto, los países miembros de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD) tienen la confianza de que este año será determinante.
Esto se debe a que aquí, en Cali, Colombia, durante la decimosexta Cumbre Mundial de Diversidad Biológica (COP 16), se discuten puntos del Protocolo de Cartagena sobre sobre Seguridad de la Biotecnología como el de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos, y se pretende poner en marcha uno de los acuerdos más ambiciosos en materia de biodiversidad: el Marco Mundial Kunming-Montreal de Diversidad Biológica. Este último documento compromete a las naciones firmantes, a cumplir cuatro objetivos y 23 metas para recuperar, restaurar y conservar la biodiversidad en cada uno de sus territorios contemplando los derechos humanos, de las comunidades locales e indígenas y la equidad de género.
Este es el contexto en el cual el Gobierno tuvo que redactar y entregar una Estrategia Nacional y un Plan de Acción ante Naciones Unidas para atender todas las amenazas que vulneran a la biodiversidad en la Argentina, con un tiempo límite de seis años, hasta 2030. Son dos documentos que pretenden delimitar objetivos asequibles y una especie de hoja de ruta para cumplirlos.
Se esperaba que a principios de esta semana, la Argentina entregará los documentos ante Naciones Unidas. Sin embargo, hasta el momento no han sido recibidos por el ente internacional. “Si la entregamos durante la COP 16, va a ser al final”, explican a LA NACION fuentes del Gobierno.
El documento, elaborado por la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (Conadibio) está aún en revisión por parte de Cancillería, aunque desde el Poder Ejecutivo aseguran que el trabajo está por ser aprobado y casi alineado con el Marco de Diversidad Biológica de Kunming-Montreal, que establece 23 metas para 2030. En esta estrategia hay 22 metas. Esto fue porque el Gobierno decidió eliminar la última, vinculada con asegurar una perspectiva, equidad y responsabilidad de género en la implementación de las políticas.
Otra omisión en la redacción fue la del concepto de “cambio climático” que sí está en el acuerdo internacional, pero que, al menos dentro los borradores, tanto de la Estrategia Nacional, como del Plan de Acción 2030 a los que LA NACION tuvo acceso, no aparece.
Para Ana Di Pangracio, directora de Fundación Ambiente y Recursos Naturales y una de las argentinas que más siguen las negociaciones de esta COP, “la falta de claridad, después, puede dificultar la implementación, que es la clave”. Ella explica que, tanto está COP como el documento que la Argentina tiene que presentar, tienen el más concreto objetivo de la implementación. “Implementar, implementar, implementar”, repite la experta.

La biodiversidad en la Argentina y sus amenazas
En ese sentido, Di Pancracio opina que la Estrategia y Plan anterior, los que antecedieron a este borrador, “dejaron la vara muy alta”. O sea que el resultado que esperaban se cumplió parcialmente. Varias de las metas que se habían planteado no se lograron, así lo plantea un análisis propio del oficialismo. Pero, ¿en qué estado se encuentra la biodiversidad en el país y cuáles son los puntos clave que el Gobierno debería incluir en su estrategia?
En los 3,7 millones de kilómetros cuadrados de superficie, nuestro país cuenta con 18 ecorregiones; zonas con condiciones biológicas y climáticas similares. Ocho de estas regiones son de la más alta prioridad para la conservación: la Pampa, el Chaco Seco, los Yungas, el Delta e Islas del Paraná, la Selva Paranaense, la Puna y los Bosques Patagónicos.
En la Argentina hay más de 9000 especies; un 18% son originarias. No hay que pensar solo en animales conocidos como el yaguareté o el carpincho; hay plantas, árboles, insectos, hongos y microorganismos que conforman los ecosistemas de los que dependemos estrechamente. Regulan la temperatura y la humedad, albergan componentes que utilizamos para nuestras industrias y nuestra salud, y nos dan alimento.
El mayor problema, según el borrador de la Estrategia Nacional que aún debe ser aprobado, es el cambio de uso de suelo y mar, la explotación directa de organismos, el cambio climático, la contaminación, la invasión de especies exóticas, y finalmente, la no planificación del avance de actividades humanas sobre el territorio. “La degradación y desertificación de las tierras trae aparejada la pérdida de la biodiversidad y una progresiva disminución de la productividad”, explica el documento.
Este contexto supone una serie de acciones complejas e interrelacionadas con diferentes dependencias del Gobierno y también con habitantes y con la sociedad civil. Incluso, durante la elaboración de estos documentos se abrió la puerta a comentarios y sugerencias de la sociedad civil que forma parte de la Conadibio.

Una cuestión de plata
La pérdida de biodiversidad no es un problema nuevo, son décadas de trabajo en temas de protección, conservación y restauración de ecosistemas. Sin embargo, los expertos consultados por LA NACION destacan que hay puntos importantes a trabajar. “Nosotros celebramos que, en un contexto de ajuste y tensión política, está por aprobarse un documento como este. Además de que hubo un proceso participativo y trabajo detrás. Pero de ahí a que hagan algo concreto con eso, es otra cuestión”, explica la representante de una ONG argentina, que prefirió reservar su identidad.
Las razones por la falta de acción pueden ser varias, incluída la voluntad política del poder central, la falta de articulación con las provincias o gobiernos locales o conflictos de interés en las zonas a conservar.
También se han priorizado ciertas ecorregiones y especies a la hora de elaborar estrategias de protección. “Por ejemplo, más allá del funcionamiento, el yaguareté tiene estrategias de protección y conservación, pero eso no se extrapola a todas las especies amenazadas”, explica Daniela Gomel, representante de Fundación Vida Silvestre en la COP 16.
No obstante, una de las trabas más grandes para la ejecución de esta estrategia son los fondos. Hay muy poco presupuesto para conservar y proteger los ecosistemas. Con el simple hecho de que no haya habido un presupuesto nacional específico para 2024, la degradación de los fondos para esta área cayó estrepitosamente. Si a eso se suma el recorte a las provincias y la eliminación de fondos fiduciarios como el Fobosque, el margen de acción es estrecho.
Según el último informe de partidas ambientales de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), publicado hace apenas unos días atrás, la Subsecretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales presentan una caída en sus presupuestos en términos reales de entre el 26,4% y el 37,4% y el 7,1% al 20,9%, respectivamente, de acuerdo con distintas estimaciones inflacionarias. El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos tiene asignados apenas $10.000 millones, solo el 2,84% de lo que debería recibir según la ley 26.331 ($352.664 millones).
Y sus cálculos para el año que viene tampoco prometen una mejora. El proyecto de ley de presupuesto 2025 elimina los programas y partidas destinadas al desarrollo de energías renovables, incluyendo el Programa de Desarrollo de Iniciativas de Promoción de Energías Renovables, el de Fomento de la Generación Distribuida y el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer).
Pero las vicisitudes relacionadas con el financiamiento de la conservación no se reducen a un Estado. En este momento, en Cali, este es el punto más tenso de las negociaciones, por lo que probablemente el acuerdo final se demore. Grupos de países pertenecientes al sur global como la Argentina, Colombia y Brasil están exigiendo no solo un aumento de flujos de recursos a sus territorios, además piden que estos sean accesibles y que no estén condicionados por los países donantes para una región o reglamento.
El argumento de estos estados, como de los demás países llamados “en vías de desarrollo”, es que son las zonas más afectadas por la pérdida de biodiversidad, y que, históricamente, los que propiciaron esto son los países desarrollados, por lo que tienen mayor responsabilidad.

Claves de la Estrategia
La propuesta que debería aprobarse al final de esta cumbre tiene 22 metas, seis ejes transversales y nueve estratégicos para cumplir con los postulados del Marco Mundial Kunming-Montreal de Diversidad Biológica. Y si bien hay objetivos claros como la conservación, la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad, llegar a un 30% de áreas protegidas en la tierra y en el mar, o la conexión entre la academia, la política y las comunidades locales, uno de los puntos más importantes tiene que ver con ordenar el territorio.
Son varias leyes como la de Bosques Nativos o la ley general del ambiente que plantean como herramienta fundamental el Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT). “Esto nunca se ha implementado de forma integral”, comenta Gomel. Para ella, sin esta organización, es difícil poder incluso mantener las 53 áreas protegidas tanto en tierra como en el mar argentino y el resto de las áreas provinciales.
Un claro ejemplo es la construcción de gasoductos y oleoductos que están en proceso o proyectan desarrollarse en el Golfo San Matías; varios de ellos colindantes con el Parque Nacional Islote de Lobos, un albergue histórico de la ballena franco austral y una diversidad de especies más.
Uno de los puntos que el borrador argentino destaca es el monitoreo de la conservación y recuperación de la biodiversidad. Los instrumentos para cumplirlo aún se están decidiendo en la Cumbre de Biodiversidad, en Cali, y se espera que en el cierre, la Argentina pueda adoptarlos en su Estrategia Nacional. No solo permitiría tener mayor control sobre lo que pasa en el territorio, sino que admite a organismos internacionales dispuestos a donar dinero para la conservación a asegurarse que su inversión tuvo efecto.
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Científicos del Conicet cuestionan el rechazo del gobierno a la Agenda 2030

Fecha de Publicación: 28/10/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


La posición de Javier Milei, según advierten, “socava el medio ambiente, la sostenibilidad y el bienestar humano”. Para el presidente argentino, la propuesta de Naciones Unidas también es de “corte socialista”.
Desde inicios de su mandato, el gobierno de Javier Milei ha brindado muestras sobradas de una posición geopolítica controvertida. No solo niega el cambio climático –y con ello se opone a toneladas de papers que aseguran la participación humana en el fenómeno–, sino que de manera reciente, se opuso a la Agenda 2030, propuesta en 2015 por Naciones Unidas y firmada por los jefes de Estado de 193 países. De manera reciente, un grupo de científicos del Conicet publicó un editorial en Biological Conservation, que recibió el respaldo de reconocidos investigadores del área y referentes de otros campos. En el artículo, observan: “Esta nueva posición de Argentina deja al ambiente y al bienestar del país en una situación cada vez más precaria”.
En declaraciones durante su última participación en la Asamblea de la ONU, el presidente argentino señaló que la Agenda 2030 era de “corte socialista”, y exhortó a todo el cuerpo diplomático y a la cancillería a alinearse con las ideas del gobierno. Así lo expuso el mandatario: “Aunque bienintencionada en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan con la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”.
Para poner en contexto, dicha Agenda constituye una hoja de ruta de amplio consenso en 2015, en donde los países firmantes se comprometieron con el desarrollo sostenible. Un plan de acción “a favor de las personas, el planeta y la prosperidad”, que actualmente el gobierno libertario rechaza. A partir de 17 objetivos y 169 metas, Naciones Unidas buscaba abarcar las esferas económica, social y ambiental, de cara al final de esta década. Al ofrecer su compromiso, las naciones –entre las que se halla Argentina– se comprometían a realizar acciones orientadas a responder a las necesidades de los más pobres y vulnerables.
Javier Nori, Investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba, es uno de los principales responsables del artículo y lo explica a Página 12. “La Agenda 2030 es un esfuerzo intergubernamental promovido por la ONU para mitigar, entre otras cosas, la crisis ambiental sin precedentes, como lo señalan prestigiosos artículos. Fue adoptada en 2015 y casi 10 años después, tras una evaluación minuciosa de los avances y desafíos, la agenda ha sido reforzada por el reciente Pacto para el Futuro”. Y continúa con el detalle: “La Agenda y el Pacto, basados en ciencia, buscan guiar a tomadores de decisiones, académicos, donantes, empresas y la sociedad civil hacia una visión y metas compartidas que vinculen sociedad y naturaleza”.

Afuera del mundo
Al respecto, otra de las autoras principales, Micaela Camino –Investigadora del Conicet y de la Universidad Nacional del Nordeste– apunta: “Las metas incluyen cuestiones como la lucha contra el cambio climático y la preservación de la biodiversidad, abordando al mismo tiempo aspectos sociales como la erradicación del hambre. Esto tiene gran relevancia para América Latina y, en particular, para Argentina, ya que los problemas que busca resolver son urgentes”. Por ello, “separarnos de la Agenda 2030 nos aleja de un esfuerzo internacional amplio y nos posiciona junto a un grupo reducido de países que han optado por no adherirse, como Irán, Rusia y Corea del Norte. Esto también limitará nuestras oportunidades de cooperación internacional para enfrentar la policrisis actual”.
En el texto, Nori y compañía destacan algunos datos del país que son alarmantes. Por ejemplo, que la desertificación avanzó en un promedio de 650 mil hectáreas por año; que el área cultivada creció de 15 a 40 millones de hectáreas en el lapso 1988-2000; que en 2020 más de un millón de hectáreas fueron quemadas. A ello, se suman otros datos de corte estructural que vuelven cada vez más difícil, para Argentina, cumplir con las metas de desarrollo sostenible. En 2024, la pobreza casi alcanza el 53 por ciento y la extrema pobreza el 18 por ciento; así como también, refieren que prácticas como la pesca ilegal en el Mar Argentino ocasiona pérdidas que rondan los 2.6 billones de dólares anules.
Alejandro Valenzuela, también referente del trabajo y científico del Conicet, relata: “El rechazo a la Agenda 2030 podría aislar al país y reducir su acceso a fondos internacionales cruciales para inversiones en infraestructura resiliente y políticas de conservación y adaptación climática, así como a capacitaciones y apoyo para políticas que aborden la crisis social y ambiental en Argentina. En esencia, nos alejamos de una visión integradora de desarrollo que busca incluir a las poblaciones marginadas, reducir la pobreza y asegurar que las futuras generaciones puedan disfrutar de los sistemas naturales que sustentan nuestras vidas”.

Compromiso científico
El aporte fue firmado por Alberto Kornblihtt, Esteban Jobaggy, Rubén Quintana, Pablo Penchaszadeh, Bibiana Vilá y Juan Carlos Reboreda, entre otros científicos y científicas que se dedican a los más diversos campos disciplinares, pero que exhiben su compromiso con un enfoque integral de cuidado de la naturaleza y reducción de la desigualdad socio-económica imperante.
Según precisa Nori, la Agenda 2030 y sus metas condensan el resultado de años de trabajo y evidencia científica. “Estas metas surgen del trabajo de científicos destacados a nivel global en nuestro campo. Según la evidencia científica más contundente generada hasta la actualidad, trabajar en función de estos objetivos tendría impactos socioambientales positivos, en este, y en cualquier país”.
La mirada integral, que conecta la relación entre las distintas crisis como la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático y la distribución desigual de los efectos de la contaminación, es sintetizada por Christopher Anderson, Investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. “Son problemáticas que no pueden abordarse de manera aislada y requieren una aproximación integral que conecte la conservación ambiental con el bienestar humano”.
Y luego Anderson opina sobre la necesidad de sumar a otros actores a las metas de desarrollo sostenible: “Es necesario incorporar también perspectivas no solo científicas, sino de actores sociales como las comunidades locales y los pueblos originarios. Además, los factores que generan estas crisis ocurren en escalas locales, nacionales y globales, lo que subraya la necesidad de una acción articulada, como lo propone la Agenda 2030 ”.
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El Gran Chaco argentino agoniza por la deforestación masiva e ilegal

Fecha de Publicación: 26/10/2024
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Santiago del Estero - Nacional

Solo en la provincia de Santiago del Estero, la más afectada por la deforestación en Argentina, arrasaron dos millones de hectáreas de bosque en los últimos 25 años y más de la mitad de forma ilegal. Con la desaparición de los bosques se liberan grandes cantidades de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global.
El Gran Chaco argentino sufre una deforestación masiva y descontrolada a causa de la cesión de grandes extensiones de tierra a la agricultura y la ganadería, lo que pone en riesgo una de las zonas más boscosas de Sudamérica.
Solo en la provincia de Santiago del Estero, la más afectada por la deforestación en Argentina, arrasaron dos millones de hectáreas de bosque en los últimos 25 años y más de la mitad de forma ilegal.
Lorenzo Langbehn, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), explica a EFE que “la tala continúa actualmente a un promedio de 60.000 hectáreas por año” en esta región.
Según el investigador, la alteración de bosques nativos impulsados por el avance del cultivo de soja o la cría de ganado, principal motor económico de Argentina, impacta en la productividad de los suelos, los ciclos del agua y la resiliencia climática de la región.
“Los suelos que han estado bajo cobertura de bosque se mantenían productivos o fértiles, pero al ser sometidos a cultivos anuales permanentes se deterioran por la salinización y pierden rendimiento”, resume Langbehn, también docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones acumuladas en esta zona alcanzan los 600 milímetros, mientras que las temperaturas máximas promedio superan con facilidad los 35 grados. La capital santiagueña tuvo una temperatura récord de 45,2 grados en el verano de 2023.
Con la desaparición de los bosques “se liberan grandes cantidades de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global”, agrega Langbehn.
En su último reporte sobre estos gases, el desaparecido Ministerio de Ambiente (rebajado a la categoría de subsecretaría por el Gobierno de Javier Milei) informó en 2021 que el 39% de esas emisiones nocivas provenían del sector agropecuario del país.

El Gran Chaco, amenazado
Santiago del Estero pertenece al Gran Chaco Americano, la segunda área boscosa más grande del continente después de la Amazonía, y abarca alrededor de un millón de kilómetros cuadrados, compartidos con Bolivia, Paraguay y una porción de Brasil.
El 59% de este territorio está en Argentina, con unos 625.000 kilómetros cuadrados, y atraviesa 13 provincias con 8,5 millones de habitantes, según el censo de 2010.
Un informe de Greenpeace revela que el 75% de la deforestación se concentra en el norte del país y que la Ley de Bosque Nativo, cuyo objetivo era reordenar las zonas de tala y acabar con la deforestación en casi un 80% del territorio, solo ha logrado reducir la actividad en un 40% desde 2014.
La tala de montes se justifica bajo el supuesto manejo sostenible de sistemas silvopastoriles, una combinación de flora y fauna agropecuaria que se retroalimenta y ayuda a capturar el carbono, algo que está amparado por ley como actividad sustentable, pero en la práctica las empresas modifican las reglas del juego.
“Es gente viene con capitales de afuera, se insertan aquí y hacen cambios que les resultan muy rentables”, remarca a EFE Cecilia Escalada, doctora en Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de San Martín.
“Los grandes terratenientes hacen un uso extractivista”, denuncia.
Greenpeace explica que las talas “se realizan en zonas donde no está permitido” y calcula que desde 2007 hasta junio de 2024 se deforestaron 1.007.695 hectáreas en Santiago del Estero, 710.829 hectáreas en Salta, 535.501 hectáreas en Chaco y 478.397 hectáreas en Formosa.
El Gran Chaco argentino alberga unas 3.400 especies de plantas, 500 de aves, 150 tipos de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios, todos en riesgo por el avance de la frontera agropecuaria y los incendios.

Incendios forestales
Además del uso de topadoras, el fuego también acaba con los terrenos y justifica la deforestación en Santiago del Estero por la falta de control.
'Los Caracoles', una de las pocas reservas privadas de bosque, a once kilómetros de la capital provincial y utilizada para turismo sustentable, perdió quince hectáreas por incendios provocados.
 “Es el último pulmón verde cercano a la ciudad, de casi 250 hectáreas y ribereño, donde se hace cicloturismo, una forma de explotación no extractivista”, explica a EFE Pablo Muratore, poblador y dueño de la reserva.
Según Global Forest Watch, en esta provincia se han registrado 1.018 alertas de incendio desde octubre de 2023.
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Corrientes realizó la primera translocación de un yaguareté con fines de conservación

Fecha de Publicación: 26/10/2024
Fuente: Diario El Libertador
Provincia/Región: Corrientes


En un hito histórico para la conservación de la fauna silvestre, la provincia de Corrientes llevó a cabo la primera translocación de un yaguareté silvestre con fines de conservación a nivel mundial. Este emblemático felino, que había sido declarado extinto en la región, fue trasladado del Parque Nacional Iberá al Parque Nacional El Impenetrable en Chaco. Este exitoso traslado marca un avance significativo en el esfuerzo por recuperar y proteger esta especie en peligro de extinción.
En este marco se produjo la traslocación del felino a tierras chaqueñas desde la isla San Alonso (Esteos del Iberá) con la presencia del Gobernador Gustavo Valdés, la ministra de Turismo, Alejandra Eliciri y el Senador Sergio Flinta , quienes destacaron la importancia del desarrollo turístico sostenible. Por parte de Chaco, participaron Verónica Mazzaroli, presidente del Instituto de Turismo, y Martín Braillard Poccard, vicepresidente del mismo instituto, quienes compartieron su visión sobre la promoción de la cultura y la biodiversidad regional. Por Administración de Parques Nacionales, acompañó Gimena Martínez, intendente del Parque Nacional Iberá. En representación de Rewilding Argentina, Sebastián di Martino, Marisi López y Kris Tompkins.
El compromiso del Gobierno Provincial en la conservación, reintroducción y cuidado de especies como el yaguareté remarca la importancia de preservar la biodiversidad y posiciona a Corrientes como líder en la conservación ambiental en Argentina y Sudamérica. Con estas acciones, la Provincia se establece como un ejemplo a seguir en la protección y recuperación de ecosistemas.
Corrientes no sólo ha recuperado al yaguareté, sino que también se ha convertido en el parque nacional con la mayor población de yaguaretés en Argentina. Gracias a un trabajo conjunto y sostenido de Rewilding Argentina con el apoyo de la Provincia, Corrientes se encuentra en condiciones de ofrecer ejemplares de yaguareté para otros parques nacionales, contribuyendo así a la repoblación de esta especie en otras regiones del país.
Esta acción forma parte de un ambicioso proyecto conocido como el Corredor del Yaguareté, que conecta Iberá con El Impenetrable y que se extiende desde las yungas en Salta hasta las selvas en Misiones. Este corredor busca facilitar el movimiento del yaguareté a través de los ríos de diversas provincias del norte argentino, con el objetivo de ampliar su población en el país.
La relevancia de esta translocación coincide con la reciente aprobación en Corrientes de una ley pionera que declara de interés la recuperación de ecosistemas y especies. Esta legislación ha sido elogiada a nivel internacional, con comentarios positivos provenientes de países como España, destacando la visión de Corrientes en materia de conservación. En su artículo segundo, la ley establece que la provincia puede convertirse en un proveedor de animales silvestres en peligro de extinción para otras provincias y países de la región.
Además, la translocación del yaguareté es solo el primer paso en la creación de un corredor más grande que abarque Sudamérica, involucrando la colaboración entre Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. Este gran proyecto no solo se centra en la conservación del yaguareté, sino que también busca proteger la fauna y los hábitats de toda la región, utilizando especies emblemáticas como símbolo de la lucha por la conservación ambiental.
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El campo vs ecologistas: Repercusiones de la media sanción de la Ley de Agroquímicos

Fecha de Publicación: 25/10/2024
Fuente: Portal APF Digital
Provincia/Región: Entre Ríos


Este miércoles Diputados aprobó la Ley de Fitosanitarios. El recinto estuvo rodeado de un fuerte cordón policial, teniendo en cuenta que sectores rurales y ambientalistas se hicieron presentes para mostrar su respaldo y rechazo al proyecto. Hubo abucheos de parte de los ecologistas.
En los palcos de la derecha del recinto en la planta baja se encontraba la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), mientras que en el balcón del primer piso se ubicaban los grupos ecologistas y la izquierda. De quienes se soponían a la Ley solo se encontraron 30 personas dentro de la Cámara con la justificación de que el edificio tiene peligro de derrumbe.
Mientras el Presidente de la Comisión de Ambiente, Juan Rossi, explicaba los pormenores de la iniciativa la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Nadia Burgos, observaba atentamente y hacía muecas de disgusto al escuchar la exposición del legislador. Al finalizar Burgos dijo: “Te olvidaste de las personas que fallecieron por los agrotóxicos”.
Cabe destacar que el representante de la izquierda irrumpió varias veces en la sesión y segundos antes de la votación de la ley exclamó: “Ya están hasta las manos, le están dando la espalda al pueblo”.
Cuando comenzó la votación de cada artículo, Rossi pidió la modificación del capítulo 4, artículo 76, inciso B referido a la aplicación de agroquímicos en las zonas de amortiguación y Burgos interceptó: “¿Y eso contempla el glifosato que es cancerígeno?”. El dirigente también señaló que “van a llover haber amparos en la justicia” y aseguró: “Eso es igual a la legislación actual”.
“Votan por el cáncer infantil, ustedes están manchados”, exclamó Burgos y tildó de hipócritas a los diputados que votaron a favor y llevaban puesto un lazo rosado como símbolo de la lucha contra el cáncer de mama que es en el mes de octubre.

“Se habilitó un modelo de agronegocio irrisorio”
Una vez obtenida la sanción de los medios, esta Agencia dialogó con el representante del MST y dijo: “Es un día muy triste para Entre Ríos porque se habilitó un modelo de agronegocio que va a permitir la fumigación a 10 metros de distancia”. Calificó al proyecto aprobado como “irrisorio” y justificó: “No existe en ninguna legislación del país una ley como la que acaba de aprobar la Cámara de Diputados”.
“Las consecuencias del agronegocio las vemos desde hace más de 20 años, son las enfermedades de la población, la concentración de la tierra y de la producción y también las sanitarias”, explicó Burgos y afirmó que “Iosper no sabe cómo hacerle frente a los nuevos casos de cáncer que hay por mes en la provincia y esta Cámara votó esa ley sin ningún presupuesto para salud”.
Ante la sanción de los medios, el dirigente llamó a movilizar al Senado para que la ley no sea sancionada y pidió a los legisladores que “empiecen a discutir la traducción agroecológica para que pesen más las necesidades sociales y no las ganancias de un sector concentrado”.

“El que primero cuida el ambiente es el productor porque es de lo que vive”
Por su parte el presidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Matías Martiarena, dijo a esta Agencia que “este proyecto es algo que venimos esperando hace bastante, festejamos enormemente tener la media sanción de una ley que se veía discutiendo hace mucho tiempo en varios aspectos y entendemos que incluye a todas las voces”.  
“Tener una normativa vigente nos da la tranquilidad a los productores, habrá que ver cómo sigue en el Senado y esperamos que la ley se trate de la misma manera”, señaló el representante del campo.
Además Martiarena recapituló que hubo un proyecto anterior que se presentó en 2022, perdió estado parlamentario y no se pudo llevar adelante.
“Entre medio se conformó la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas que tuvo mucho que ver en el articulado del proyecto, es algo que realmente funciona y ahí están asentadas más de 27 entidades del sector productivo”, explicó el presidente de la Federación.
“Todos los incluidos en esta discusión tenemos un rol importante, el sector productivo desde capacitar, generar la docencia y hacer bien las cosas; el Estado en todos sus estamentos, festejo que sean los más cercanos los que controlen porque son los que conocen el territorio”.
Martianera también destacó la importancia del trabajo mancomunado y la necesidad de que se sancione a quien no cumpla la Ley.
Esta Agencia consultó al representante del campo sobre su postura sobre la agroecología y respondió: “El 70% de la producción agrícola en Entre Ríos es en base a arrendamientos, habría que tratar otros temas antes de plantear un modelo agroecológico, tampoco estoy radicalmente en contra porque hay cuestiones que todo productor puede ir tomando para mejorar su producción”.
“En el último tiempo hubo una concientización del sector productivo en cuanto al uso de agroquímicos que hacen a un mejoramiento y a un rendimiento económico a la vida del campo”, contó Martiarena.
“El que primero cuida el ambiente es el productor porque es de lo que vive y entiendo que estas nuevas prácticas, o viejas porque estaban escritas hace mucho tiempo, pueden ayudar a mejorar alguna cuestión pero no estamos preparados en la materia productiva y no dan lo que se necesita para abastecer a mercados y particulares”, consideró el presidente de la Federación Agraria.

“Muchas personas e instituciones aportaron”
Por su parte el diputado Rossi mostró conformidad con el trabajo que se realizó en la comisión que preside: “Muchas personas e instituciones de toda la provincia aportaron para que esta ley se apruebe, les quiero agradecer y a la decisión del Gobernador, Rogelio Frigerio, que nos acompañó políticamente y nos permitió avanzar con esta legislación”.
“Siempre priorizando la salud humana, cuidando el ambiente y su biodiversidad y también la producción agropecuaria porque queremos que los pequeños y medianos productores sigan viviendo en los campos”, señaló el presidente de la Comisión de Ambiente.
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Bioasfalto, la innovación vial derivada del biodiesel que cubre baches con menos costos y más sustentabilidad

Fecha de Publicación: 25/10/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Córdoba


Es un material revolucionario sobre infraestructura que ya se emplea en reparaciones y tiene proyección internacional. Lo implementa la provincia de Córdoba, en colaboración con el sector privado y la universidad.
El bioasfalto, un innovador compuesto derivado del biodisel, el biocombustible que se mezcla con el gasoil de petróleo, ya se utiliza en bacheos y reparaciones y representa una solución más sostenible y rentable para desafíos de infraestructura.
Ya se está implementando en Córdoba, como plan del gobierno provincial desarrollado en conjunto con una empresa privada y la Facultad de Ciencias Exactas Universidad Nacional de Córdoba,
Por ahora, el bioasfalto se aplica en obras viales de pequeña y mediana escala, con la intención de homologarlo para obras a gran escala.
Este desarrollo, que comenzó a emplearse hace pocos años, podría convertirse en una alternativa viable a los sistemas tradicionales utilizados en infraestructura vial.
La característica principal del bioasfalto es que reemplaza el uso de hidrocarburos por biodiesel, lo que lo convierte en un material más amigable con el ambiente.

El bioasfalto es una alternativa innovadora
El bioasfalto no solo es ecológico, sino que también simplifica el proceso de aplicación, ya que no requiere tanto despliegue de maquinaria pesada como los sistemas convencionales.
Este producto ya se utiliza en trabajos de bacheo y reparación de carpetas asfálticas en varios municipios, entre ellos la Municipalidad de Córdoba, que adquirió 20 mil toneladas.
Afema, la empresa que lidera este desarrollo, lleva años investigando y perfeccionando el uso de bioasfalto.
“Cada paso fue muy positivo, lo que hizo que hoy tengamos confianza en el producto”, explicó Daniel de la Rubia, jefe de laboratorio de Afema.
La empresa además puso en marcha una mini planta de producción de biodiesel a principios de 2024, financiada por la Provincia para incentivar la transición energética en sectores estratégicos como la industria y la construcción.
El compuesto no solo se está utilizando a nivel local, sino que también comenzó a exportarse a países vecinos como Uruguay, Bolivia y Paraguay.
Mientras tanto, la Provincia y Afema trabajan en la homologación del producto para permitir su uso a gran escala, apuntando a transformar el panorama de las obras viales en la región y reducir el impacto ambiental del sector.

Una opción ecológica para reducir la huella de carbono
El ministerio de Infraestructura de Córdoba, la empresa Afema y la Facultad de Ciencias Exactas de la UNC firmaron un convenio para avanzar en la homologación del bioasfalto, una mezcla más amigable con el ambiente al estar elaborada con biodiesel.
Como parte del acuerdo, se realizaron pruebas en un tramo de la ruta E 57, donde se alternaron biomezcla y asfalto tradicional, cubriendo aproximadamente 1.000 metros.
Los investigadores analizarán el rendimiento de ambos compuestos durante un año para comparar su desempeño.
La biomezcla presenta ventajas operativas frente al asfalto tradicional, ya que puede ser aplicada con cuadrillas más pequeñas y no requiere el uso intensivo de maquinaria pesada.
A diferencia del asfalto en caliente, que exige plantas cercanas y afecta el tránsito urbano por su despliegue, el bioasfalto es ideal para zonas urbanas o rurales con infraestructuras limitadas.
Esta alternativa promete simplificar la logística de las obras, con menor interrupción de la vida cotidiana y menos requerimientos técnicos.
El uso de bioasfalto no solo trae beneficios logísticos, sino que también tiene un impacto positivo en el ambiente.
Al utilizar biodiesel en su elaboración, se reduce un 27% el uso de asfalto a base de petróleo, y disminuye así las emisiones de gases de efecto invernadero.
El proceso, además, se lleva a cabo a temperaturas más bajas, lo que reduce la emisión de vapores nocivos.
Esta innovación representa un avance significativo hacia la construcción de infraestructuras más sostenibles y alineadas con la lucha contra el cambio climático.

Del laboratorio a la ruta
Lucas Crespi, responsable del Laboratorio de Estructuras de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC), explicó que las pruebas de bioasfalto en la ruta E 57 forman parte de un proyecto multidisciplinario.
Durante el proceso, los investigadores tomarán muestras a lo largo de tres meses para analizar el desempeño de las biomezclas en comparación con el asfalto tradicional.
“Es un proyecto que abarca aspectos ambientales, químicos, estructurales y viales”, detalló Crespi. Y resaltó la innovación en el uso del bioasfalto como carpeta de desgaste.
Crespi subrayó que, si bien el bioasfalto ya se emplea en bacheos, su aplicación como pavimento es novedosa en la región.
“La bibliografía muestra resultados alentadores, pero el desafío ahora es usarlo como superficie de rodamiento. Las expectativas son altas”, afirmó.
El objetivo es validar este compuesto en Córdoba, una provincia que busca posicionarse a la vanguardia en la implementación de materiales más sostenibles en infraestructura vial.

Una experiencia sin precedentes en la región
El uso de bioasfalto en obras viales no tiene antecedentes en la región, lo que sitúa a Córdoba en una posición de liderazgo en la adopción de tecnologías innovadoras.
Este proyecto se enmarca en la creciente necesidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en las obras públicas, objetivo central en la lucha contra el cambio climático.
La implementación exitosa del bioasfalto podría marcar un cambio de paradigma en la construcción vial en Argentina.
La empresa que encabeza el proyecto también se destaca por su planta de producción de biodiesel en Villa Retiro. Con una capacidad de 6.000 litros diarios, esta planta abastece tanto las obras viales como su propia flota de maquinaria.
Desarrollada por la firma Power Bio de Villa María, la planta puede generar soluciones locales para reducir la dependencia de combustibles fósiles en la obra pública.

Políticas públicas que fomentan la innovación
De la Rubia destacó el papel clave del estado provincial en el desarrollo de este proyecto, mencionando que el marco regulatorio y los incentivos a los biocombustibles fueron fundamentales para su implementación. “Las políticas de fomento han sido clave para alentar este proyecto”, señaló.
Se refirió a las facilidades fiscales y al financiamiento ofrecido por la provincia de Córdoba, lo que permitió que la empresa avance con firmeza en la producción de bioasfalto.
Córdoba cuenta con un sólido marco regulatorio para el impulso de biocombustibles, entre ellos la Ley 10.721 que promueve el uso de energías más limpias en la obra pública.
Además, existen beneficios fiscales, como la exención de Ingresos Brutos y la reducción de tasas para vehículos que utilicen biocombustible.
A esto se suma la línea de créditos Dale BIO de Bancor, que financia proyectos de infraestructura vinculados a la producción y uso de biocombustibles, facilitando así la transición hacia una economía más sostenible.
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Piden frenar la profundización artificial extractivista del río Paraná

Fecha de Publicación: 25/10/2024
Fuente: Portal AIM Digital
Provincia/Región: Buenos Aires - Litoral Argentino


La Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas con la organización ecologista Upva de Ramallo, Buenos Aires, presentó una solicitud de urgente resolución por parte de la Justicia Federal de San Nicolás, con la finalidad de que no se avance en más profundizaciones del cauce principal ni de ningún otro curso de agua en el valle de inundación del río Paraná -mal denominada hidrovía- en razón de la enorme crisis ambiental e hídrica que se manifiesta en la cuenca del Plata y Sudamérica toda, dijo a AIM el abogado ambientalista, Jorge Daneri.
El abogado explicó a esta agencia que: “El tema central es que se está proyectando desde la Administración General de Puertos, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Transporte de la Nación una concentración del poder de decisión en la Administración General de Puertos y en esas áreas excluyendo la visión ambiental, la precaución y prevención que ameritan estudios de impacto ambiental acumulativos en el contexto de la mayor crisis hídrica y ambiental conocida de la cuenca del Plata en cuanto a su sostenibilidad en el tiempo (4 años)”.
En ese marco, señaló el especialista, “habilitar con la modificación del contrato de concesión para que el privado a cargo de la ejecución de las obras, una empresa belga que está hace décadas haciendo esto, pueda desarrollar mayores profundizaciones, ensanchamientos de canales para que los barcos sigan transitando como que la crisis hídrica extrema no existe y, por lo tanto, el gran valle de inundación no solo del Delta, sino del Paraná Medio, se vaya como desertificando, quedándose sin agua, en semejantes escenarios de tiempos prolongados, atípicos, es de un daño ambiental, social en cuanto a las tres dimensiones de las diversidades territoriales –biológicas, culturales y productivas- y a escala humana, junto al impacto en la comunidad de peces y de pescadores es gigantesco”.
“Frente al delicado escenario de cambio climático, es un agravamiento del proceso ecocida que se vive en estos territorios, que no podemos ni debemos consentir y menos acompañar con silencios o faltas de decisiones ejecutivas como judiciales, sean negacionistas o ignorantes de la significación y relevancia de los principios de precaución y prevención entre tantos otros del Derecho Ambiental y Convencional”, expresaron en un comunicado desde la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas.
Solicitaron a la Justicia Federal en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, “se haga cargo de semejante escenario y dicte la medida cautelar que prohíba mayores intervenciones en el sistema de humedales y su cauce principal, dejando descansar y libre de más procesos de artificialización del río y sus ecosistemas asociados, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa judicial correspondiente, en la que se peticiona se ordene conformar el Comité de Cuenca del río más grande del país, garantizando el ejercicio de la democracia ambiental, con el debido respeto de sus herramientas de participación ciudadana”.
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La Corte Suprema cerró la causa por la contaminación del Riachuelo y dejará de controlar el curso de agua

Fecha de Publicación: 24/10/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo


Argumentó que se están cumpliendo los objetivos del plan de saneamiento; evitó imponer una indemnización por el daño colectivo causado y dejó en manos de cada juez los reclamos de particulares
La Corte Suprema puso fin a la supervisión de la ejecución del cumplimiento del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo que viene llevando adelante en la causa caratulada “Mendoza, Beatriz Silvia” desde hace casi dos décadas. En un fallo emitido este martes, sostuvo que dejará de controlar el proceso porque se cumplen los objetivos del programa y eludió fijar un monto de daño colectivo en favor de las 17 personas que plantearon la demanda.
La Corte basó su decisión en que a partir de su intervención activa, se generó la reforma estructural que resulta imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos que en materia ambiental consagra la Constitución Nacional.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quien amplió sus fundamentos en un voto por separado.
Los ministros de la Corte, en una decisión que LA NACION adelantó en junio pasado, dijeron que las causas que están en manos de los jueces de ejecución por este caso, Ariel Lijo y Jorge Rodríguez de Morón, deberán regresar a los tribunales que les correspondan en razón del territorio y la materia. Es decir, ambos magistrados cesan su intervención en estos temas.
Además, señalaron que no corresponde por prematura evaluar “la consideración del daño moral colectivo solicitado” por los vecinos que iniciaron la causa. Además, el trabajo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) se encuentra aún en desarrollo, “lo que impide que se pueda arribar a una conclusión con el grado mínimo de certeza necesario acerca de la eventual existencia de daños irreversibles”.
Los jueces dijeron que no corresponde crear un fondo común de recomposición para solventar los gastos de reparación del ecosistema, pues el Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y Acumar son quienes han venido afrontando los costos de la recomposición. Y determinaron que las costas deban ser impuestas en el orden causado.
El tribunal consideró que como consecuencia de las decisiones adoptadas a lo largo de los años, el Congreso de la Nación reconoció la problemática ambiental en la zona como “una cuestión de Estado” y sancionó la ley 26.168, por la cual creó la Acumar con amplias facultades de regulación, control y fomento respecto de cualquier actividad con incidencia ambiental en la cuenca.
Esta institución también tiene atribuciones para intervenir en materia de prevención, recomposición y utilización racional de los recursos naturales. A su vez, la Corte analizó los diversos informes presentados por Acumar en la causa y concluyó que lo ordenado oportunamente se encuentra en ejecución con diferente grado de avance.
“La intervención de esta Corte ha cumplido acabadamente su propósito de generar la reforma estructural que resultaba imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución”, dijeron los jueces y concluyeron que “de acuerdo a lo que surge del informe de la Acumar, los objetivos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) son ejecutados de un modo regular por parte de la autoridad de aplicación”
Indicaron que “en la medida en que esta Corte ha dispuesto que la Acumar es la obligada al cumplimiento del PISA y que hasta el presente ha venido ejerciendo su función de modo constante y sostenido, corresponde poner fin a la presente causa” y que el control del Acumar sea administrativo.
El tribunal entendió que en las actuales condiciones la medición detallada de los resultados que alcancen estas nuevas estructuras no forma parte del cometido del tribunal, en especial, si se tiene en cuenta que el monitoreo demandaría un tiempo prolongado o tiempo indefinido, en el caso de que lo ordenado sea de ejecución permanente.
La Corte enumeró que la Acumar informó que ha efectuado la continua limpieza y mantenimiento de 26.000 metros lineales de márgenes del cauce principal del río y 103.323 metros lineales de ríos y arroyos. Y que realiza desde el año 2010 la limpieza del cauce principal del Río Matanza Riachuelo, extrayendo diariamente los residuos flotantes.
El promedio mensual de residuos extraídos en 2022-2023 es de 286,48 toneladas mensuales y se extrajeron 80 embarcaciones hundidas en las aguas del río.
Además, resalto que hay en marcha planes contra la contaminación del Riachuelo por efluentes cloacales, hay planes directores de drenaje que se encuentran en ejecución con un grado de cumplimiento del 94%; se trabaja en el control de la contaminación de origen industrial con 4157 establecimientos empadronados, y un millar de ellos inspeccionados.
Indicó que se detectaron 434 agentes contaminantes, se relocalizaron curtiembres y se construyó la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos Industriales (Pteli). En mayo de 2022 se efectivizó el traslado del Mercado de Hacienda de Liniers, porque se consideraba que era uno de los sectores que generaba mayor volumen de contaminación orgánica, ya que vertía sus efluentes, sin adecuado tratamiento, al Arroyo Cildañez.
Se implementaron planes habitacionales para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en la región. En total, 17.771 familias en situación de emergencia ambiental. El plan se encuentra en ejecución con un avance del 41%, lo que representa un total de 7247 soluciones habitacionales terminadas.
El informe indica que se trabajó en la limpieza y el cierre de los macro basurales y con la instalación de sesenta estaciones de reciclado. Se realizaron tareas de limpieza, desmalezamiento y poda de las márgenes,
Finalmente, la Corte advirtió que resulta necesario que la Acumar siga trabajando para mejorar de manera continua el cumplimiento de los objetivos del plan de saneamiento y que el control sobre su actividad habrá de canalizarse a través de las vías establecidas en la ley 26.168 y del procedimiento de control de la actividad de toda la administración pública nacional.

El devenir de la causa
El 14 de julio de 2004 se presentaron ante la Corte 17 personas, algunos representando a sus hijos, reclamando por en términos de la Ley General del Ambiente (LGA) una demanda de recomposición e indemnización del daño ambiental colectivo ocasionado como consecuencia de la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo, si la situación era irreversible. La acción fue dirigida contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas.
El 20 de junio de 2006, la Corte delimitó las pretensiones en dos grupos: los reclamos individuales, que los mandó a cada juzgado, y los reclamos colectivos, que se los reservó. Y así, en 2006, las partes acompañaron el “Plan Integral para el Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo”, en el cual describieron los aspectos principales de este programa, que tuvo apoyo del entonces presidente Néstor Kirchner, el gobernador Felipe Solá, el jefe de gobierno Jorge Telerman y los intendentes de los partidos involucrados.
Se creó entonces la Acumar y la Corte monitoreó durante estos años los avances del proceso. El 19 de diciembre de 2012, la ejecución de la condena fue escindida en dos magistrados. Uno de ellos tendría el control de los contratos celebrados o a celebrarse en el marco del plan de obras de provisión de agua potable y cloacas, del tratamiento de la basura; y el otro, la supervisión de las restantes competencias.
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Minería: el Gobierno ahora impulsa “Don Luis”, un proyecto de exploración de litio en San Rafael

Fecha de Publicación: 24/10/2024
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


En el Boletín Oficial ya se convocó a una audiencia pública, así como también se determinó cómo se realizará la Declaración de Impacto Ambiental.
La gestión de Alfredo Cornejo se ha tomado en serio la posibilidad de darle un impulso a la minería metalífera en Mendoza. Por un lado, con el tratamiento ya en la Legislatura del megaproyecto de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), con 34 proyectos de extracción de cobre. No obstante, ahora se suma la posibilidad de extraer litio en San Rafael, con el proyecto denominado “Don Luis”, que está impulsado por la empresa El Jarillar SA.
Según se informó este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno, a través de la resolución 150 de la Dirección de Minería, dio por iniciado el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental “de exploración para la búsqueda de sales de litio” del proyecto ubicado en el sur provincial.
La norma, firmada por el director de Minería, Jerónimo Shantal; y el director de Protección Ambiental, Leonardo Fernández, designó en el artículo 2 a la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI), de la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo), para que se encargue del Dictamen Técnico de la propia Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Recordemos que la FCAI fue el mismo organismo que se encargó de establecer el dictamen técnico en el proyecto de Malargüe Distrito Minero Occidental, que actualmente se encuentra en estudio en la Legislatura Provincial.
Por otro lado, se abonarán $406.400 a la FCAI “en concepto de honorarios por Consultoría Externa”, tal como marca el artículo 3.
En tanto, el artículo 4 solicita a la Municipalidad de San Rafael, a la Dirección Nacional de Vialidad, al Departamento General de Irrigación, a la Dirección de Transición Energética y a la Dirección de Áreas Protegidas de Mendoza para la realización de los “dictámenes sectoriales de su incumbencia”.
Los mismos deberán ser “producidos en un plazo perentorio de 15 días hábiles, contados a partir de la recepción de la documentación pertinente”.

Audiencia pública
Por otro lado, también convocó el Gobierno a una audiencia pública, que tiene como fecha el 25 de noviembre a las 9 “de manera híbrida por ‘Plataforma Web virtual’, y de manera presencial en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano”, en San Rafael.
La inscripción de los participantes para la audiencia se realizará a través de los links de inscripción que se podrá visualizar en las siguientes páginas: www.dpa.mendoza.gov.ar/ y www.mendoza.gov.ar/mineria.
En tanto, el artículo 11 designa como instructoras a cargo de la Audiencia Pública a la ingeniera Carmen Biedma, a la doctora Romina Toroski, y a la técnica Rebeca Cultrera; siendo ésta última, o a quien ésta designe, quien presidirá el acto de audiencia pública y llevar adelante su instrucción”. En tanto, se designa como instructora alterna, a la arquitecta Soledad Barros.

Por la “licencia social”
Desde el Gobierno defendieron el proyecto explorativo de litio en San Rafael. La ministra de Energía, Jimena Latorre, aseguró que “como ocurrió con Malargüe Distrito Minero Occidental, estamos convencidos de que la forma de construir la licencia social en estos procesos es abriendo a la participación ciudadana”.
Además, detalló que cada una de las etapas del procedimiento ambiental, siguiendo los lineamientos de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, un tratado regional ratificado por Argentina, “tienen como objetivo garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso irrestricto en asuntos ambientales”.
“Hoy la autoridad ambiental minera acaba de analizar parte de la etapa del procedimiento de evaluación del informe de impacto ambiental del proyecto de exploración de sales de litio en las Salinas del Diamante, San Rafael, presentado por el Jarillal SA en conjunto con Ampere Lithium, una empresa australiana que visitamos en Perth, Australia, meses atrás, y que hoy desembarca en Mendoza para iniciar un proyecto de exploración”, señaló el director de Minería, Jerónimo Shantal.
Y agregó: “Es muy importante el avance de estos proyectos de exploración en la búsqueda de minerales críticos y necesarios para la transición energética, como es el litio. Para Mendoza es una noticia novedosa este tipo de minerales, ya que en general la provincia se caracteriza por la presencia de cobre, pero que el litio pueda ser otro de los minerales que tengamos en la provincia avecina una gran oportunidad”.
Por su parte, el director de Protección Ambiental, Leonardo Fernández, aseguró: “Estamos esperanzados en que el proyecto de exploración avance y que pronto podamos tener resultados. Previamente debemos pasar por todo este proceso de análisis de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria y los distintos organismos sectoriales, para que posteriormente evaluemos en conjunto con la Dirección de Minería”.

Don Luis
El proyecto integral se refiere a un proceso convencional, con bombeo de salmuera, pileta de evaporación y planta de proceso de salmueras a los efectos de la obtención de diversos productos de uso industrial.
Se proyecta realizar 5 pozos de expiración para la realización de un nuevo muestreo geoquímico definiendo cinco nuevos puntos de extracción en zonas aleatorias y a distintas profundidades, caminos de acceso a las plataformas de perforación, construcción de piletas de evaporación y planta piloto.
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La Justicia Federal ordenó a Barrick pagar una multa millonaria por lo exportado

Fecha de Publicación: 23/10/2024
Fuente: Portal Minería y Desarrollo
Provincia/Región: Mendoza  - Nacional


Un fallo de la Cámara Federal de Mendoza pone en discusión cuál es el tope a las retenciones en la minería del oro, ya que la decisión que se conoció la semana pasada impone que se considere una alícuota del 12% a las retenciones mineras y no el tope del ocho por ciento (8%) establecido por el artículo 52 de la Ley N° 27.541 -sancionada el 23 de diciembre pasado-.
Esto se produjo luego de un recurso de queja que impulsó la AFIP (Aduana) cuestionando un fallo de primera instancia aquí en San Juan -dictado por el titular del Segundo Juzgado Federal, Leopoldo Rago Gallo- que benefició a Barrick y por el que ahora, y además, se le reclama unos 8 millones de dólares por diferencias de retenciones mal liquidadas.
Según el cálculo realizado por Barrick, detallado en el mismo escrito judicial, el cambio de porcentajes a pagar por derechos de exportación le provocará un “daño de veintidós millones de dólares (U$S 22.000.000) -diferencial de derecho de exportación entre la tasa del 12% y el tope legal del 8%-”, atento que las ventas previstas del oro de Veladero para el 2020 “llegan a una suma de setecientos veintidós millones de dólares estadounidenses (U$S 722.000.000)”.
A esto se agrega que como el pago de las retenciones quedaron con efecto devolutivo y no suspensivo, hasta que la sentencia quede firme, Barrick deberá pagar el 12% por tasas de exportación a la AFIP (Aduana) por lo que está obligada a pagar una diferencia de casi 8 millones de dólares, más los intereses por el 4% no liquidados en los últimos meses previstos en el Art. 794 del Código Aduanero.
Los representantes legales de Barrick, antes de que se conociera la sentencia en su contra, fueron durísimos en los escritos en contra de la posición de la AFIP (Aduana) local y llegaron a sostener que tener que defender sus derechos puso “en riesgo sanitario a sus propios abogados y a sus funcionarios” al dar a entender que esa situación se verificaría al haber reclamado un pedido de habilitación de Feria y en su recurso extraordinario.
Destacaron también que el nuevo esquema tributario los obliga a afectar una suma multimillonaria al pago de tributos “ilegales en lugar de preservar ese dinero para el mantenimiento de sus operaciones y el pago de sueldos”.
Agregaron, además, una amenaza de futuras acciones cuando señalaron que: “La promoción de la demanda y todo lo actuado en consecuencia es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Aduana, que deberá hacerse responsable por las consecuencias de sus acciones y omisiones.”
El escrito original de Barrick pedía también que se ordenara a la AFIP (Aduana) abstenerse en el futuro de aplicar derechos de exportación superiores a ese tope y reintegrar los pagos ya hechos en exceso de él.
Sin embargo, la Justicia Federal le negó este pedido y ahora le intima a pagar 8 millones de dólares extras por diferencias de pago de retenciones.
Todo hace suponer que los jueces federales de Mendoza terminaron de aprobar el planteo de la AFIP (Aduana) sobre la base de los números que la propia empresa le entregó al juzgado y que darían a entender la factibilidad del cobro de tributos en medio de una escalada histórica del precio del oro en el mundo.
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La mala nota que obtiene Argentina en un ranking sobre prácticas ecológicas

Fecha de Publicación: 23/10/2024
Fuente: Portal MDZ
Provincia/Región: Nacional


El cambio climático obliga a adoptar nuevos hábitos de consumo. El problema es que no siempre es una tarea sencilla ni accesible desde lo económico. El debate entre lo urgente y lo importante.
Las urgencias económicas y en materia de seguridad hacen que los temas de preocupación de la sociedad argentina no se ubiquen en el mismo nivel de importancia que en otros países.
Con estos problemas sin solución es difícil que se pongan los ojos en otros ítems no tan urgentes pero importantes como la agenda ecológica. En la mayoría de las economías, la inflación hace tiempo que dejó de ser un problema, mientras que en la Argentina es un flagelo diario que atenta contra la calidad de vida.
Eso queda reflejado en los sondeos que se realizan sobre los temas que más preocupan en los distintos países. El cambio climático se ubica en la tercera posición a nivel global, mientras que en la Argentina está en la décima. Si se consulta por la contaminación ambiental, la ubicación en el ranking de preocupaciones, en el país, sube al 12.
La consultora NielsenIQ, líder global en el análisis de comportamiento de consumidores, presentó los resultados de su estudio más reciente sobre sustentabilidad, el cual abarca múltiples mercados en Argentina y América Latina. Esta investigación destaca cómo los consumidores están adoptando prácticas sustentables, priorizando el ahorro y la eficiencia en el hogar, y el rol clave que esperan de las empresas en la lucha contra el cambio climático.
Sin embargo, se encuentran con impedimentos para adoptar hábitos ecológicos que tienen que ver con lo económico. A pesar de la voluntad de cambio, dice el informe, el 60% de los argentinos percibe que las alternativas ecológicas son demasiado caras. Se sigue priorizando la supervivencia material del día a día, lo que limita el enfoque en una agenda verde más amplia.
“Esta realidad explica por qué los cambios que se observan están orientados principalmente al ahorro y a la eficiencia energética, en lugar de implicar transformaciones profundas en los estilos de vida o la adopción de "hábitos verdes" más sustanciales”, agrega.
Esto demuestra que la adopción de comportamientos ecológicos en Argentina está fuertemente influenciada por factores económicos. El 82% de los argentinos afirma implementar medidas para ahorrar energía en el hogar, un porcentaje superior al promedio regional.
Asimismo, el 74% toma acciones para conservar el agua, aunque en el resto de la región este comportamiento es aún más común, con un 79% de la población tomando medidas similares.
El estudio de NielsenIQ revela que el 81% de los argentinos considera crucial que las empresas adopten acciones responsables con el medio ambiente, una postura compartida por la generación Z (88%) y los millennials (85%). Sin embargo, un 65% de los argentinos y un porcentaje similar en los otros grupos etarios afirma que haría más por el medio ambiente si supiera cómo.
Un 49% cree que el Gobierno debería asumir un rol más activo en la resolución de problemas ambientales. La generación Z en Argentina se está posicionando como un grupo particularmente comprometido con el activismo y la sostenibilidad.
Un 30% de los consumidores argentinos discute temas ambientales con otras personas, una práctica que se mantiene constante entre las generaciones, incluyendo millennials, generación X y baby boomers.
Sin embargo, la generación Z se distingue en acciones más activas: el 20% realiza voluntariado relacionado con el medio ambiente, superando el promedio nacional del 16%, y un 19% de los jóvenes de esta generación dona dinero a organizaciones ecologistas, significativamente más que el 12% del total de Argentina. Estas cifras sugieren que la generación Z está liderando la adopción de comportamientos proactivos en torno a la sostenibilidad.
"Este estudio refleja claramente cómo la sustentabilidad está ganando terreno entre los consumidores argentinos y latinoamericanos, especialmente cuando las acciones tienen un impacto directo en sus finanzas", comenta Sara Barrón López, research director CMI Argentina de NIQ. Y agrega: "Es crucial que las empresas entiendan esta tendencia y adopten estrategias sustentables que sean accesibles y tangibles para los consumidores".
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Comienza la COP16: los desafíos ambientales de la Argentina y la posición del Gobierno de Milei

Fecha de Publicación: 22/10/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


La Conferencia de las Partes (COP16) se desarollará en Cali, Colombia, con el objetivo de hacer frente a los desafíos que representa la pérdida de la biodiversidad: en la previa, un informe alerta por la degradación de las tierras, la desaparición de especies y la deforestación en Latinoamérica. Participarán 12 mil delegados de 190 países y hay expectativas por la postura argentina.
Argentina enfrenta una serie de desafíos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, COP16, que comienza este lunes en Cali, Colombia. Con el objetivo de avanzar en un plan global de preservación del medio ambiente, delegaciones de todo el país debatirán planes y estrategias para los próximos años.
En su columna para La García, la periodista especializada en ciencia y ambiente, Gabriela Vizental, explicó que esta conferencia tiene el objetivo de ver cómo poner en marcha el acuerdo logrado en la COP anterior, en 2022 en Canadá, conocido como el "30-30-30".
Su nombre se debe a que busca proteger para el 2030 el 30% de las áreas terrestres del mundo y el 30% de los ecosistemas marinos y de agua dulce. Para este año se espera que los países trabajen en la implementación de esta famosa hoja de ruta y avancen en los acuerdos marco.
Sin embargo, hasta el momento, solo el 15% de los países han presentado este plan de trabajo. Argentina, así como la gran mayoría de América Latina, se encuentra en el grupo de países que hasta el momento no dijo cómo se avanzará a nivel local con estas iniciativas.
Pero hay más, porque Vizental explicó que esto implica un desafío en todo el mundo, pero especialmente en la región: “Todo esto se enmarca en la reciente presentación del informe "Planeta Vivo" de la WWF, que señala que la región donde vivimos es una de las más afectadas por la pérdida de biodiversidad”.
“Esto incluye animales, plantas y la degradación de tierras, con una disminución cercana al 95% por diversas causas, como la deforestación, la explotación de recursos y la introducción de especies no nativas”, afirmó sobre los datos del informe disponible en la web.
“Ahora, ¿qué sucede con el Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires en relación con esto? Javier Milei ha pedido a su cuerpo diplomático que no avance con la Agenda 2030, que está relacionada con estos temas. Queda por ver cómo el Gobierno se presentará en esta conferencia para lograr un acuerdo”, dijo.
La delegación argentina estará integrada por la subsecretaria de Ambiente, Ana Vidal de Lamas, y hay expectativa porque el país debe presentar en Cali los lineamientos de la Estrategia Nacional de Biodiversidad para conocer de qué forma y con qué objetivos y métodos se van a afrontar los compromisos con la protección de la biodiversidad.
En tanto, la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, también se encuentra en el evento, con la intención de avanzar con acuerdos a nivel local.
Entrevistada por la 750, Vilar afirmó: “Estamos aquí para discutir en el marco de la Agenda 2030 los objetivos de biodiversidad y articular una posición latinoamericana. Fortalecer la postura del ambientalismo social, que no puede separarse de lo político, de lo económico y tampoco del andar social”.
“Discutir ambientalismo es discutir modelos de desarrollo. Por supuesto, el contexto de nuestro país es muy complejo para tener estas discusiones con un presidente como Milei, que niega la crisis ambiental y socava los vínculos con países que podrían ser aliados”, finalizó al respecto.
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La versión cordobesa del RIGI: una norma hecha para impactar en el ambiente y delegar superpoderes

Fecha de Publicación: 22/10/2024
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba


Con un proyecto enviado por el Ejecutivo provincial, la Legislatura adhirió al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones que tendrá alto impacto ambiental. La oposición cuestionó la falta de debate sobre los alcances y tildó la delegación de facultades como un “cheque en blanco”.
La Legislatura de Córdoba aprobó el miércoles la adhesión a la ley nacional que impulsa el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases de Javier Milei, y ahora sancionado en Córdoba con un proyecto enviado por el Ejecutivo provincial. La versión local incorporó “beneficios extras” para Córdoba con el objetivo de atraer más capitales, según argumentó el oficialismo.
El proyecto enviado por el gobernador Martín Llaryora -que ingresó 24 horas antes- se salteó el debate en comisiones y fue tratado sobre tablas pese a los reclamos opositores. Al final de la noche del miércoles, con una protesta de sectores socio ambientales afuera de la Unicameral, el PJ logró reunir los votos y darle vía libre al RIGI en la provincia.

Pero, qué es el RIGI
La normativa establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para fomentar proyectos de inversión de gran envergadura en sectores que el Gobierno nacional denomina “estratégicos” por el impacto que tienen en la economía.
Apunta a inversiones cuya magnitud supere los 200 millones de dólares, según la Nación para que “mejoren el clima de negocios” y se atraiga tanto inversores locales como extranjeros, aunque dado el tamaño de las inversiones requeridas es posible que los proyectos de mayor porte provengan de capital extranjero.
Entre los sectores a los que apunta el RIGI, están: minería (explotación de minerales), tecnología (desarrollo de bienes y servicios tecnológicos innovadores con foco en la biotecnología, nanotecnología, inteligencia artificial, entre otros), siderurgia (industrialización y procesamiento de hierro, acero y aleaciones), forestoindustria (industrialización y explotación de recursos forestales), turismo (relacionado al desarrollo de hospedajes, alojamientos y otras infraestructuras turísticas), infraestructura (construcción de redes y sistemas públicos y privados que incluyan transporte, logística y proyectos de esparcimiento), energía (generación y distribución de energía, incluyendo fuentes renovables, como así también proyectos energéticos de gran envergadura en energías renovables como no renovables), petróleo y gas (incluye exenciones de derechos de importación para infraestructura relacionada con la explotación de hidrocarburos, petroquímica y gas natural licuado).

Superpoderes al Ejecutivo provincial
“Hay actores del entramado productivo que no fueron escuchados, donde sabemos que también hay muchos temores porque son sectores -como el caso de las pymes- que podrían verse perjudicados por incentivos dirigidos a actores que pueden entrar en una suerte de competencia desleal con productores locales”, dice a LNM la legisladora Brenda Austin (UCR) sobre la falta de debate en comisión del proyecto oficialista que además, en su artículo tres, delega facultades al Gobernador para determinar quiénes serán los beneficiarios de los “millonarios incentivos” para invertir.
Para Austin, no puede existir una ley que brinde beneficios a inversores por 30 años con estabilidad fiscal y normativa y cuya decisión “quede en manos de una sola persona”.
“El gobernador puede determinar la ampliación de los beneficios del RIGI sin siquiera establecer un límite a las categorías o actividades que puede llegar a alcanzar o cuáles son esos tipos de beneficios que podrían obtenerse”, cuestiona la legisladora provincial y agrega que “una pregunta muy atinada” que se hizo en la sesión del miércoles fue “cuánto vale esa firma” ante tanto poder delegado para otorgar beneficios a grandes inversores.
“Creemos que esa era una de las razones más fuertes por las que gran parte de la oposición votó en contra. Este artículo de delegación de facultades abre un universo muy incierto con respecto al verdadero alcance que va a tener el RIGI en Córdoba”, explica Austin y añade que esto va a poner en riesgo a los actores que hoy representan el gran empleador de la provincia que son las pymes, que dan más del 80% de la mano de obra de Córdoba.
Tras la adhesión al RIGI con una versión local, para la referente de la UCR ahora se abre un nuevo capitulo que tiene que ver con cómo se reglamentará y cómo se controlará dicha normativa: “Estamos pensando alternativas para que este superpoder en manos del Gobernador sea estrictamente controlado, algo que tampoco está en el proyecto aprobado y que por lo menos la Legislatura de los ciudadanos tengamos derecho a saber a quiénes les van a estar otorgando estos beneficios”.

El artículo 165 y la vulneración de leyes ambientales
“Nosotros somos muy críticos con lo que implica en términos de entrega porque hasta los propios empresarios a nivel nacional estaban sorprendidos de la generosidad de todo lo que se ofrece el RIGI, prácticamente sin nada a cambio, porque estas inversiones tienen pocos condicionamientos”, dice a este medio la legisladora Luciana Echeverría del MST en el Frente de Izquierda Unidad en Córdoba, uno de los espacios más críticos con la normativa y que forma parte de la campaña plurinacional en contra del RIGI y su impacto en los recursos nacionales.
Echeverría indica que la legislación a la que adhirió Córdoba plantea que la utilización de divisas se liberan completamente en el tercer año y por lo tanto, los inversores “se pueden llevar todo y no dejar nada acá”. En los primeros años, la inversión puede llegar solo al 40% y podría en algunos casos reducir al 20% por lo que “ni siquiera van a ser dólares que van a ingresar rápido”, dice la legisladora y agrega: “Todo esto también con beneficios por 30 años con lo que significa eso”.
Por otro lado, entre las mayores críticas sobre todo de sectores ambientalistas, se hace foco en el artículo 165 de la ley que establece que las “grandes inversiones que califiquen y se concreten bajo el RIGI son de interés nacional y resultan útiles y conducentes para la prosperidad del país”, por tanto, “cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido”, tanto a nivel nacional, provincial o municipal “será nula, de nulidad absoluta e insanable”, y la Justicia competente deberá, en forma inmediata impedir su aplicación.
“Esa parte es la que más nos preocupa, que deja sin efecto leyes ambientales que con tanta lucha y esfuerzo se fueron conquistando a lo largo de los años, más allá que tampoco se las cumple mucho, pero son herramientas de protección que quedarían sin efecto para favorecer estos tipos de emprendimientos”, destaca Echeverría y puntualiza que el discurso del oficialismo “por lo bajo dice que acá no hay litio ni petróleo y que entonces no afectaría el medioambiente, pero hablan incluso de una planta de "biojet" para aviones, donde ya sabemos que toda la producción de biocombustibles implica a la ampliación de las fronteras agropecuarias, el uso de agroquímicos, desmontes, y demás”.
“Otra de las cosas que plantean es la producción de cal para la industria del cobre, lo cual significa dinamitar las sierras. Y también los tipos de emprendimientos turísticos como un parque acuático -como ya se venía diciendo-, en la zona de Paravachasca que sufre estrés hídrico y ponerle un parque acuático, es complejo”, agrega Echeverría.
Para la legisladora, lo que ofrece el Gobierno "es mucho más que solo beneficios". Cuando la Provincia plantea facilitar infraestructura, puede ser más autovía, más rutas. Es decir, “por todos lados afectaría al ambiente” y es una normativa que, como lo dicen organizaciones como Fundes, en ningún lado establece la necesidad de hacer estudios de impacto ambiental ni hacer procesos de audiencias públicas, nada. “La ley no habla de sanciones a la violación de normas protectoras porque justamente el artículo 165 va para el lado contrario, es un entrega de soberanía completa porque las condiciones son realmente complejas”, plantea Echeverría.

Judicialización del RIGI
“Lo primero que hay que decir es que es básicamente una norma inconstitucional y será inevitable que se judicialice porque no se puede a través de una norma ignorar el cumplimiento incluso de tratados”, dice el biólogo y ambientalista Raúl Montenegro, que forma parte de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (Funam). “En el caso del RIGI, no solamente colisiona con la Constitución sino también con el acuerdo de Escazú- que es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y además, es el primero en el mundo en contener disposiciones de protección a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales-. Además, va en contra de la base del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos indígenas”, plantea.
En la misma línea de cuestionamientos, Montenegro indica que cualquier proyecto que entre en la norma del RIGI será provisto de una serie de inmunidades para los daños ambientales, es decir que la propia definición el RIGI lo que hace es institucionalizar inversiones de alto impacto ambiental sin consecuencias legales a quienes hagan ese tipo de impacto negativo ambiental.
“Sin eufemismos, el RIGI es una normal hecha para impactar el ambiente y en el caso de Córdoba, entre las provincias con peor administración ambiental en el país, llega en un momento de vulnerabilidad ambiental extrema, donde por ejemplo, queda menos del 4% de la superficie original del bosque nativo”, puntualiza el biólogo y agrega que en cuanto al cuidado ambiental, “la gestión Llaryora continúa en la misma línea que el gobierno anterior, solo que con más utilización de pintura verde”. Para Montenegro, “el RIGI entra perfectamente en ese esquema porque tanto la gestión de Schiaretti como la de la Llaryora, directamente no entienden lo que es biodiversidad, y esto es clave porque es el principal problema ambiental de la provincia”.
El biólogo explica que si una provincia no tiene suficiente ambiente con biodiversidad, el funcionamiento de las cuencas hídricas, la regeneración de suelo, la resistencia al cambio climático, todo eso se ve dificultado: “Lamentablemente el RIGI no deja de ser una herramienta de alto impacto en lo ambiental e ingresa a una provincia donde no se protegen en términos generales el ambiente ni la biodiversidad. Es por ello, que no se puede aprobar el proyecto de estas características”.
A nivel local, para Montero, el RIGI vulnera la Ley 7343 que es la primera legislación de ambiente de Córdoba, sancionada hace casi 40 años y que tiene por objetivo la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio provincial. “El RIGI destroza todo lo que a partir de entonces, y pese a los gobierno, se fue agregando”, dice y agrega: “La insensatez con que está hecha la norma sobre el RIGI hace que tenga que ser muy poderosa las movilizaciones tanto a nivel administrativo, judicial y a nivel público porque muestra que no les importa el futuro de las nuevas generaciones”.
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