En medio de una polémica, Irrigación aclaró que está controlado un episodio de contaminación

Fecha de Publicación: 10/10/2024
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


Se detectaron restos hidrocarburíferos en Lulunta, Maipú. La zona está en proceso de remediación y hubo intimaciones a YPF. En el medio, el Gobierno del Agua suspendió a la inspectora de Cauce María Emilia Scatolón, quien había denunciado el caso. La mujer dijo que le hicieron “una cama”, pero el organismo oficial asegura que la sancionó por no rendir cuentas.
La resolución 463 firmada por los integrantes del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación dispone suspender por 60 días a María Emilia Scatolón por haber incumplido en la rendición de cuentas del ejercicio 2022.
La decisión generó suspicacias en ambientalistas que aseguran, tiene un trasfondo político. Scatolón había advertido sobre la presencia de restos hidrocarburíferos en tierra ubicada en la localidad maipucina de Lunlunta. “Es una cama”, asegura la afectada. Pero Irrigación la desmiente y argumenta que sólo se trata de hacer cumplir las normas.
La polémica por la contaminación en Maipú por parte de YPF no terminó con las remediaciones que ordenó el Gobierno junto a Irrigación. Un capítulo se abrió en el Gobierno del Agua al iniciarse una investigación sobre la rendición de cuentas del ejercicio 2022 que debía hacer la Inspección de Cauce Canal Matriz Lunlunta, a cargo de María Emilia Scatolón.
La resolución del 4 de octubre de este mes, y que avalan por unanimidad los cinco consejeros que conforman el Honorable Tribunal Administrativo, junto a Sergio Marinelli, titular de Irrigación, decide suspender por 60 días a la inspectora. El nombre de Scatolón venía sonando con fuerza por las denuncias sobre contaminación en esa zona de Maipú, básicamente porque es el cauce que está bajo su órbita.
En la explicación que se extiende por más de diez páginas, el órgano relata las responsabilidades de quien conduce la Inspección de Cauce y los incumplimientos que se le endilgan. Cada ejercicio que cierra el 31 de diciembre, tiene hasta el 10 de junio del año siguiente para rendir sus cuentas.
Ese detalle debe explicar qué hace con la partida presupuestaria asignada: cuánto gastó en personal, en movilidad, etc. Cada inspección de cauce está registrada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), tienen CUIT por ser personas jurídicas públicas no estatales.
De las 150 inspecciones, sólo la que conducía Scatolón presenta irregularidades en la rendición de cuentas. Leonardo Muzzino, secretario del HTA, explicó a Los Andes que la investigación iniciada no tiene que ver con la polémica en relación a la contaminación en Maipú.
“Los ejercicios cierran los 31 de cada año. Los inspectores tienen una asamblea en mayo, y el 10 de junio tiene que estar presentado. El 2022 terminó, debía presentar en el 2023 y recién presentó comprobantes en 2024. Esos comprobantes tienen que estar cargados en el SICIA, el sistema contable y no los tenía cargados. Los cargó ahora en setiembre”, indicó.
Muzzino aclaró que la inspectora recibió intimaciones y multas, y que el tribunal había considerado que presentó algunos comprobantes, aunque fuera tarde. “Es inédito que una inspectora no rinda cuentas, lo hizo al último”, remató.

La versión de Scatolón
La inspectora suspendida insiste en que todo se trata de persecución por haber denunciado en la Justicia lo que ocurría con la tierra empetrolada en Lunlunta. “Hay una complicidad muy grande” le dice Scatolón a Los Andes vinculando a Marinelli, Alejandro Gennari (Consejero del Río Mendoza) y otros funcionarios, como el subdelegado y la coordinadora de inspecciones de cauce.
“Ellos fueron los que me pidieron la documentación y nunca me cargaron en el sistema. Tenés que llevar los papeles si tu contador no te los carga. Los dos contadores trabajan para Irrigación: Gonzalo de la Cruz y Silvia Giulidori. Ella es la misma que le firmó los balances a Currenti”, indicó, haciendo referencia al polémico inspector de cauce de Corralitos. Currenti también fue suspendido y la Inspección que tenía a su cargo intervenida, por diversas irregularidades.
Con respecto a la presentación de los comprobantes, Scatolón asegura que tiene una certificación de que “en el sistema nunca me cargaron nada. Ellos no me cargaron las cosas. Ya había saltado la denuncia de YPF. Desde enero que tenemos este problema”.
“En tres días cargaron cualquier cosa y tuve que ir con una escribana a pedir la documentación. Me la dieron en una bolsa de nylon. No es lindo lo que me han hecho, es muy triste. Me pidieron que renuncie, y que a cambio me limpiaban el expediente. Esto de la contaminación no es la primera vez, desde 2014 que denuncio”, remarcó la inspectora que lleva más de 8 años al frente de ese cauce.
Confirmó que su abogado hará una presentación pero se quejó de que debe hacerla ante el mismo tribunal que por unanimidad decidió suspenderla. También aseguró que sus críticas al Código de Aguas le valieron la represalia. “En mi inspección son 1700 hectáreas y manejo dos plantas potabilizadoras de agua que son de la Municipalidad de Maipú. Bajo este concepto, con el nuevo Código les conviene manejarlas. Si me intervienen la inspección se les meten a la Municipalidad en dos plantas de agua”, denunció.

La remediación
En tanto, el ingeniero a cargo de la gestión ambiental del agua, Fabio Lorenzo, dio la versión de Irrigación sobre el caso de contaminación. Lorenzo, quien es director de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico, informó que en el sitio afectado “ya se han implementado una serie de medidas, que tienen por objeto principal evitar que las sustancias que se han encontrado (en el suelo), puedan llegar al río por arrastre del agua. En este sentido, como suele hacerse en estos casos, se instalaron barreras oleofílicas, y se han realizado varios muestreos de agua”.
Lorenzo también señaló que se ha intimado a YPF para que realice “una caracterización completa del área afectada, es decir, saber bien qué extensión tiene, y qué volumen de suelo contaminado puede haber, para que ahora se implemente un programa de remediación del sitio. Este trabajo inicial esta prácticamente concluido. Las tareas que seguramente se implementarán, se relacionan con poder extraer el suelo afectado, y mientras tanto, tomar todas las medidas para evitar que no llegue ninguna sustancia contaminante al agua”.
“Los muestreos efectuados muestran que no ha habido afectación del río. No obstante, este sitio debe ser remediado, porque efectivamente hay suelo afectado con hidrocarburos, en una extensión que si bien es menor, requiere el debido saneamiento. La empresa debe asumir la total responsabilidad, y los organismos de control, como el DGI y la DPA deben auditar los procesos de remediación”, agregó Lorenzo.
El ingeniero agregó que hay procesos administrativos en pleno curso contra la empresa y que se ha dado intervención también a la Fiscalía de delitos ambientales, organismo que también esta participando en el seguimiento del tema.
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La sobrecontribución de investigadoras en ecología revela una nueva dimensión del sesgo de género

Fecha de Publicación: 10/10/2024
Fuente: Unidiversidad
Provincia/Región: Nacional


Un equipo de Conicet NOA Sur publicó el “Índice de Contribución de las Mujeres”, que analiza veinte años de publicaciones en la revista científica “Ecology”. El estudio revela que las mujeres hacen más aportes que los varones, pero están subrepresentadas en autorías principales y reconocimiento académico.
Un equipo de Conicet NOA Sur publicó un estudio en Plos One que pone en evidencia una sobrecontribución de las mujeres, en los últimos 20 años, en trabajos de investigación científica sobre ecología. Las autoras sostienen una “hipótesis de sobrecompensación femenina” como resultado de una reacción al sesgo de género en el entorno laboral y a la autopercepción de una desventaja. Explican que las mujeres deciden, entonces, hacer un esfuerzo extra para que su trabajo en ciencia sea valorado y reconocido al mismo nivel que el de los hombres: ellas representan solo el 30 % de las autorías en los artículos analizados, pero su aporte al contenido científico es significativamente mayor.
Para este estudio, en el que participaron 21 coautoras y que contempla más de dos décadas de publicaciones en la revista Ecology (desde 1999 hasta 2021), desarrollaron un innovador indicador denominado Índice de Contribución de las Mujeres (WCI, por sus siglas en inglés). El WCI se obtiene mediante cálculos matemáticos y estadísticos que toman en consideración diversas fuentes de información para obtener un valor de referencia sobre el objeto de estudio. Ese número es analizado por un lenguaje de programación desarrollado con este fin.
Gabriela Fontanarrosa y Lucía Zarbá son las autoras principales de la investigación, que analiza miles de publicaciones y revela una tendencia preocupante: aunque las mujeres participan activamente en la producción científica, sus contribuciones no son reconocidas de manera equitativa en términos de citaciones y visibilidad académica. El estudio concluye que este sesgo de género en la publicación científica no solo impacta negativamente en las carreras de las investigadoras, sino que también perjudica el desarrollo de la ciencia al limitar la diversidad de perspectivas y enfoques.
El Índice de Contribución de las Mujeres es una herramienta innovadora que permite cuantificar el aporte de las investigadoras en la producción científica. Según el Conicet, este índice ha revelado que, aunque las mujeres constituyen solo el 30 % de las autorías, su contribución científica es significativamente mayor. Esto indica que las investigadoras, a menudo invisibilizadas en las métricas tradicionales de autoría, están realizando un trabajo crucial que no siempre se refleja en la manera en que se otorga el crédito académico.
Este índice es una herramienta valiosa no solo para evidenciar la desigualdad de género en la producción científica, sino también para diseñar políticas que promuevan una mayor equidad. Al visibilizar las contribuciones femeninas, el índice permite una evaluación más justa y equitativa del impacto de las mujeres en la ciencia, y ayuda a desmantelar los sesgos que perpetúan su subrepresentación en la autoría principal.

El fenómeno de la “sobrecontribución”
El aspecto más interesante del análisis es la identificación de un fenómeno conocido como la “sobrecontribución” femenina. En muchos casos, las mujeres en ciencia tienden a asumir roles de gestión, mentoría y otras actividades que, si bien son esenciales para el éxito de los equipos de investigación, no son necesariamente recompensadas con autoría principal o citaciones. Este patrón de "sobrecontribución" refleja cómo, para ser reconocidas, las mujeres deben aportar más trabajo que sus colegas varones en áreas que, en última instancia, no les brindan el mismo nivel de visibilidad o avance profesional.
El artículo reciente del Conicet sobre el Índice de Contribución de las Mujeres refuerza esta idea al mostrar que, aunque subrepresentadas en las autorías, contribuyen de manera desproporcionada al desarrollo de los artículos científicos. El índice demuestra que las mujeres realizan más trabajo dentro de los equipos de investigación y su aporte es fundamental para el éxito de los proyectos, pero no reciben el mismo nivel de reconocimiento.

Barreras estructurales
Uno de los puntos clave que destaca el estudio es cómo las mujeres, a pesar de su creciente participación en la ciencia, enfrentan barreras estructurales que limitan su capacidad para ser reconocidas al mismo nivel que sus colegas varones. Aunque el número de investigadoras, sus oportunidades de liderazgo y autoría principal no han crecido al mismo ritmo, esto genera una situación en la que las mujeres participan activamente en la investigación, pero siguen siendo invisibilizadas en los espacios donde se otorgan el crédito y el reconocimiento.
Además, cuando las mujeres logran ser autoras de artículos científicos, sus trabajos tienden a ser citados con menos frecuencia que los de los hombres. El perjuicio es notorio, porque las citaciones son un factor clave en la evaluación del impacto académico y son fundamentales para acceder a becas, financiamiento y ascensos o promociones en el sector. La falta de reconocimiento de las contribuciones de la población femenina perpetúa un ciclo de desigualdad que impide que muchas investigadoras avancen en sus carreras.
Consecuencias para el campo de la ecología
La ecología, como campo científico, enfrenta desafíos globales urgentes, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la conservación de los ecosistemas. Para abordar estos problemas de manera efectiva, es crucial contar con una diversidad de perspectivas y enfoques. Sin embargo, la subrepresentación de las mujeres en la autoría principal limita la diversidad de ideas y enfoques en la ciencia ecológica.
La diversidad de género ha demostrado ser un factor clave para generar innovaciones científicas y para mejorar la calidad del trabajo colaborativo. Por eso, el sesgo de género no solo afecta a las científicas, sino que también tiene un impacto negativo en la calidad de la investigación. Explican que, al no aprovechar plenamente el potencial de las mujeres en la ciencia, el campo de la ecología está perdiendo oportunidades para generar soluciones más inclusivas y efectivas a los desafíos ambientales.
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“Falencias”: Milei eliminó por decreto un fondo fiduciario de casi $15.000 millones para protección de bosques nativos

Fecha de Publicación: 09/10/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Ya los gobiernos provinciales y entidades de la sociedad civil estaban en alerta ante la posibilidad de que la Rosada avanzara en esta decisión
Por decreto y en una medida en que se incluyeron varios fondos fiduciarios, la administración de Javier Milei eliminó el destinado a la “Protección Ambiental de los Bosques Nativos” (Fobosque) que para este año es de $14.710 millones (el mismo monto que en 2023, más los intereses generados por esos recursos). Ya hace unas semanas, desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) alertaron sobre la necesidad de “defender y reforzar la importancia de mantener el fideicomiso”. También unas 25 entidades ambientales se expresaron en el mismo sentido. Alertaron que se pone en riesgo el control de los desmontes ilegales e incendios forestales que hacen las provincias. El Gobierno, que tomó la medida con el argumento de la ley bases, argumentó, entre otras cosas, que se observaron “falencias”.
Hace unos días, la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, María Inés Zigarán, planteó que una eliminación del fondo provocaría “un enorme perjuicio a las provincias y a beneficiarios de la Ley de Bosques que mantienen bosques nativos y reciben una compensación por los servicios ambientales que estos prestan”. La funcionaria, que fue presidenta del Cofema tres períodos, subrayó que “esto representaría un retroceso en la política de conservación de los bosques nativos que hoy, en el contexto de la crisis climática, es una de las más urgentes, prioritarias y necesarias”. Dejó en claro que existe una “gran preocupación” en todas las provincias.
La medida adoptada por el Gobierno no sorprende porque ya se venía barajando la posibilidad y, además, porque es pública su posición de rechazo a las políticas que tratan de frenar el cambio climático, tema que ni siquiera mencionó en su última presentación ante Naciones Unidas.
El fideicomiso se creó en 2018 a través de la ley 27.431; funciona en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se estableció que las partidas presupuestarias “no podrán ser inferiores al 0,3%” del total; 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal y préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por organismos nacionales e Internacionales. Además, de donaciones, ventas de servicios y o publicaciones.
El proyecto de presupuesto 2025 que hoy empieza a tratarse en el Congreso le asignó al fideicomiso $9090 millones y al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $909.090 millones. Desde Greenpeace remarcan que esos montos son “apenas al 2,5% de lo que debiera destinarse para la protección de nuestros bosques, si la ley se cumpliera correctamente”, una situación que se viene repitiendo hace varios años.
Ese fiduciario permitía administrar los fondos destinados a la Ley de Bosques Nativos, tanto los que se destinan a las autoridades locales de aplicación, como los que financian las compensaciones a las personas titulares de las tierras en cuya superficie se conservan bosques nativos (art. 35, Ley 26.331), y el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos implementado por la autoridad nacional de aplicación.
En el decreto de Milei, que lleva el número 888, se consigna que “en el caso del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), previo a la transferencia al Tesoro Nacional de las sumas resultantes, corresponderá la aplicación de las sumas de dinero de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley N° 26.331″. Es la norma de protección de los bosques nativos.
Respecto de los fundamentos de la medida, el decreto consignó que “del Informe de Auditoría realizado al efecto por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) surgen importantes observaciones respecto del desenvolvimiento del referido Fondo”.
“Que, entre otras cuestiones, en dicho Informe se señalaron deficiencias en los registros utilizados que dificultan el seguimiento de las actuaciones y falencias que afectan a los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) originalmente aprobados”, dice el decreto. Agrega: “Que, asimismo, del aludido informe surge un déficit de capacidad institucional y logística de las jurisdicciones para informar y evidenciar la efectiva aplicación de los fondos, junto con la inexistencia de informes de gestión, estadísticas e indicadores y la inexistencia de un Manual Operativo”.

Situación
“La falta de fondos pone en riesgo el control de los desmontes ilegales e incendios forestales que hacen las provincias, ya que el 30% del presupuesto de la Ley de Bosques se destina a apoyo institucional de las mismas para esa función. Es grave teniendo en cuenta que más de la mitad de los desmontes son ilegales, y es por eso que venimos reclamando se penalicen”, dijo a LA NACION Hernán Giardini, responsable del área de Bosques de Greenpeace.
Por su lado, unas 25 organizaciones de la sociedad civil emitieron un comunicado hace unas semanas, pidiendo conocer el “proyecto superador” si se eliminaba el fiduciario. Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, repasó que en mayo solicitaron a la Subsecretaría de Ambiente de Nación información relativa a los fondos destinados para la implementación de la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. “Este pedido de información aun no fue respondido hasta la fecha”, añadió.
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Impulsan un corredor biológico interurbano en la ciudad de Salta

Fecha de Publicación: 09/10/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Con el proyecto "Ciudad de los pájaros" el objetivo es crear un espacio que preserve la biodiversidad y mejore la calidad de vida de los habitantes. La iniciativa tendrá su prueba piloto en el barrio El Huaico, donde se empezará la forestación de las plazas. Se proyecta su implementación por 10 años.
Desde Fundación Cebil empezarán a ejecutar un proyecto para crear el primer corredor biológico interurbano en la zona norte de la capital salteña, tomando como referencia el desplazamiento y necesidades de las aves presentes en la zona. Con "Ciudad de los pájaros", el objetivo es crear un espacio que preserve la biodiversidad y mejore la calidad de vida de los habitantes.
La iniciativa tendrá su prueba piloto en el barrio El Huaico, donde empezará la forestación de las plazas. El proyecto se presentó este sábado en la Feria de las Aves, que se realizó en el Parque del Bicentenario. Se proyecta su implementación en 10 años.
La coordinadora de programas de Fundación Cebil, Verónica Ardanaz, aseguró que el proyecto se sostiene en las bases del fortalecimiento de la conciencia ambiental y social. En este caso en particular, el corredor representa una fuerte articulación entre lo ambiental y el trabajo social, puesto que la “idea es trabajar, unir, hacer esa textura, volver a incorporar la mirada cultural de los pueblos originarios, que nos enseñan justamente a tener esa unidad, esa integración de lo social, de lo ancestral, de lo cultural, de lo ambiental, y de lo político y de lo ciudadano”, explicó Ardanaz.
Por esta razón el equipo que desarrollará el proyecto está conformado con integrantes de distintas disciplinas, incluyendo a egresados o estudiantes avanzados de la Universidad Nacional de Salta y la Universidad Católica de Salta, en cuyo caso “les permite profundizar la formación académica que realizan en la universidad con un trabajo en territorio”, señaló Ardanaz. Fundación Cebil está presente en la provincia desde hace 15 años y articula con comunidades indígenas en proyectos de arte y la defensa de los bosques nativos.
El proyecto "Ciudad de los pájaros" nació durante la pandemia cuando el equipo de la Fundación estuvo en el edificio de la Ciudad Judicial de Salta, en el norte de la capital, por causas de defensa ambiental. Allí “observábamos de pronto a pájaros que morían en los patios internos del edificio de Ciudad Judicial, ya que se golpeaban contra las superficies vidriadas del edificio. Nos quedamos muy sorprendidos”, contó Ardanaz. La organización presentó reclamos a las autoridades del Poder Judicial, que tomó la demanda y la arquitecta del organismo empezó a trabajar en un proyecto para solucionarlo.
Por su parte, la Fundación empezó a estudiar por qué de pronto había tantos pájaros en ese lugar. Se determinó que el norte de la capital salteña se transformó en una gran zona migrante de aves, que va desde las reservas de San Lorenzo (a 15 kilómetros de la ciudad de Salta) hasta el río Mojotoro (a 57 kilómetros), dado que se trata de una “zona extraordinaria, donde todavía hay bastante biodiversidad, pero el impacto de la urbanización, un poco sin tener en cuenta eso, ha quitado mucho de esa diversidad”, planteó Ardanaz.
“Estamos observando con mucha claridad que hay una gran mortandad de pájaros, sobre todo el año pasado, donde el cambio climático se hizo muy evidente”, contó la ambientalista. Recordó que a mediados de 2022 se incendiaron al menos 100 mil hectáreas en la provincia, y a su entender “se hizo poco” desde el propio Ejecutivo provincial. “No se activaron los protocolos del fuego como correspondía. Falta mejorar muchísimo, y la emergencia hídrica y ambiental no es la debida”, denunció, y subrayó en este sentido que Salta tiene uno de los mayores índices de desmonte del país.
Es por eso que impulsar la creación de un primer corredor biológico permitirá “poner estas semillas de esperanza, de sensibilidad, de participación ciudadana y de conciencia social”, destacó la coordinadora de Cebil.

En qué consiste “Ciudad de los pájaros”
La coordinadora del programa Sabiduría Verde, Delfina López, que tiene a cargo el proyecto “Ciudad de los pájaros”, contó que el área de estudio será en un principio la zona de norte de la capital salteña. La prueba piloto se iniciará en el barrio El Huaico, que tiene detrás la reserva General Belgrano. “Será la primera conexión donde se iniciará la forestación con árboles nativos en las áreas verdes de El Huaico”, donde hay al menos 30 plazas que presentan distintos grados de falta de mantenimiento, explicó.
“La idea es hacer forestación de árboles nativos en acompañamiento de los vecinos, donde los niños y niñas se convertirán en guardianes de los árboles”, agregó. Para eso se trabajará de manera sostenida con las escuelas primarias de la zona; la primera es la escuela Bicentenario de la Batalla Argentina, de El Huaico, donde además se pintará un mural colectivo con temática ambiental.
El proyecto se desarrollará durante diez años y pretende sostener articulaciones con la Universidad Católica de Salta, la Universidad Nacional de Salta, la Municipalidad de la ciudad de Salta. También, con el Parque del Bicentenario, las escuelas primarias de la zona, la Escuela Provincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”, y organizaciones de artistas y poetas de la provincia. Además, articulará con organizaciones ambientalistas, como Aves Salta Club de Observadores, junto a la administración de Parques Nacionales de la región NOA; la Red Comunitaria Zona Norte, el Poder Judicial y las reservas ecológicas de la zona.
La coordinación del proyecto recordó que Salta es la provincia de mayor biodiversidad y diversidad cultural de la Argentina, destacando que la biodiversidad posee un alto valor intrínseco interdependiente con las necesidades de los seres humanos y es la principal indicadora de la calidad de vida y sostenibilidad del desarrollo.
En ese marco, la coordinación resaltó que la zona norte de la ciudad de Salta, que tiene un acelerado crecimiento urbano, se ubica entre importantes cuencas hídricas y serranías representativas de la biodiversidad de los valles de transición y yungas. Además, alberga dos reservas biológicas, lagunas, el Parque del Bicentenario y dos campus universitarios. Por esto también demanda medidas urgentes para proteger la biodiversidad y garantizar la calidad ambiental de sus habitantes.
En relación a las aves, la provincia atesora una amplia variedad de especies, algunas de las cuales son endémicas y únicas en la región. Las zonas urbanas son un problema para las aves, principalmente las migratorias, ya que sus áreas de alimentación y descanso son reducidas. La Fundación Cebil indicó que las construcciones urbanas representan obstáculos físicos que aumentan el riesgo de colisiones, entre muchos otros factores negativos para las aves. Por lo que “Ciudad de los Pájaros” es el primer corredor biológico interurbano para las aves migrantes, como indicadores garantes de la biodiversidad de la zona norte de la ciudad de Salta, donde se propone una intervención participativa, articulada y compleja, que permita mejorar la calidad de vida de una manera integral, uniendo la esfera social y biológica.
En tanto, el secretario general de Fundación Cebil, Iñaki Morón, que también es coordinador del programa Gestión Comunitaria, sostuvo que “sin la adhesión de la ciudadanía a cualquier tipo de proyecto que se pueda emprender por parte de cualquier sector de la sociedad, ese proyecto no es sustentable en el tiempo y no está realmente previsto como un bien común de largo plazo”. Añadió que por eso el proyecto del corredor “es un desafío de articulación institucional muy importante”.
Morón insistió en que es crucial que las organizaciones de la sociedad civil se vinculen al medio. “Creemos firmemente que ese trabajo comunitario, acercándonos a todas las personas para poder expandir la conciencia en la diversidad medioambiental y cultural, es elemental para estas cosas que estamos haciendo”, sostuvo.
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Hackatón Energético 2024: buscan las mejores ideas para luchar contra el cambio climático en la Ciudad de Buenos Aires

Fecha de Publicación: 08/10/2024
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: CABA


El Hackatón Energético es un desafío competitivo, que busca encontrar ideas innovadoras para resolver problemas reales que tiene la Ciudad de Buenos Aires en el camino de la transición energética, en la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo podés participar?
Dado el contexto de cambio climático global, que requiere de esfuerzos mancomunados de todos los sectores para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs), especialmente en temas relacionados con la energía, se necesitan cambios tecnológicos, económicos y socio-culturales que apoyen la transición energética de las ciudades.
Buscan detectar y apoyar ideas innovadoras y disruptivas, que contribuyan a cambiar el paradigma energético de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
Hackatón Energético 2024 es un evento único, diseñado para generar un espacio de vínculo e intercambio entre los actores del sector energético, propiciando la colaboración y difusión de conocimientos, así como la divulgación de la importancia de esta transformación en la lucha contra el cambio climático.

¿Quiénes pueden participar?
Este desafío está dirigido a equipos conformados por personas mayores de 18 años, pueden ser estudiantes de instituciones universitarias, terciarias y técnicas para adultos, que cuenten con carreras relacionadas con temáticas energéticas. También está abierta a entusiastas y autodidactas, con la condición de referenciarse en alguna institución de las nombradas.
Sus propuestas deben aportar soluciones creativas e innovadoras, así como resultar factibles y viables desde el punto de vista económico, social, ambiental y técnico en el contexto de CABA.
Cuándo y dónde se realizará el Hackatón Energético 2024
Se deben tener en cuenta tres fechas importantes: por un lado, el 12 de octubre es el cierre de la inscripción, aún estás a tiempo de inscribir a tu equipo en este enlace.
Las primeras instancias se desarrollarán de forma completamente virtual, durante los meses de septiembre y octubre. La jornada de cierre será de manera presencial la última semana de octubre, en el Auditorio de la Sede del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El lanzamiento de la competencia será el lunes 14 de octubre de manera virtual. Los equipos luego tendrán 2 semanas para trabajar en sus ideas, para luego presentarlas en el evento de cierre el día viernes 1 de noviembre en el auditorio de la Sede del Gobierno de la Ciudad.

¿Cómo se desarrollará la competencia?
La competencia consistirá en cinco etapas o instancias:
- La convocatoria e inscripción de los equipos (entre tres y cinco integrantes).
- El evento de presentación y lanzamiento virtual, donde se brindarán charlas contextuales y se presentarán los desafíos, así como la explicación de la dinámica de la competencia.
- El periodo de desarrollo de las ideas, en el que durante cuatro semanas los equipos elaborarán sus propuestas de solución a los desafíos, y podrán realizar consultas a expertos multidisciplinarios, pertenecientes a un banco provisto por las instituciones organizadoras.
- La jornada de cierre presencial, donde los equipos podrán exponer sus ideas y responder preguntas del jurado. Como resultado, se establecerá un orden de mérito y se premiará a las mejores ideas presentadas.
- Difusión de las ideas ganadoras, a través de diferentes medios comunicacionales del Gobierno de la Ciudad.

La información brindada por los participantes tiene carácter de declaración jurada. El organizador podrá solicitar la remisión de la documentación respaldatoria mediante el correo electrónico constituido en la inscripción con el fin de acreditar los datos proporcionados.
El organizador constituirá y pondrá a disposición de los equipos participantes un banco de expertos, constituido por especialistas pertenecientes a empresas, Universidades, ONGs y GCBA. El objetivo de este banco es brindar asesoramiento y orientación a los participantes de la competencia durante el transcurso de la misma.
Esperamos el próximo mes, en una nueva nota, contarles cuál ha sido la mejor idea innovadora para aplicar en CABA, logrando combatir el cambio climático mientras alienta a fortalecer la transición energética.
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Siguen los desmontes ilegales: frenaron y secuestraron maquinaria en Pampa del Infierno

Fecha de Publicación: 08/10/2024
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Chaco


Este viernes, en la localidad de Pampa del Infierno, inspectores de la Dirección de Bosques detectaron un nuevo caso de desmonte ilegal, tras recibir un informe del departamento de Geoinformación de la misma repartición provincial.
Ingenieros e inspectores se trasladaron a un predio rural, donde constataron en el lugar la presencia de una topadora marca Caterpillar D6, que estaba siendo utilizada para realizar un cambio de uso de suelo sin autorización. A pesar de la rápida intervención, los trabajos ilegales ya habían afectado varias hectáreas de monte.
Las autoridades procedieron a detener las actividades, labraron el acta de infracción correspondiente y decomisaron la maquinaria empleada en el desmonte.
Con este decomiso, suman más de 40 las topadoras secuestradas por la Dirección de Bosques, bajo la dirección de Gustavo Vázquez, en la lucha contra la deforestación y el uso ilegal de los recursos naturales en la provincia.
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Presupuesto 2025: organizaciones cuestionan “el cepo” estatal a áreas ambientales clave

Fecha de Publicación: 07/10/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno decidió eliminar el ministerio y convertirlo en una subsecretaría y, según las ONG, achicar partidas para la Ley de Bosques; los fondos para el manejo del fuego crecieron, pero, de acuerdo a los ambientalistas, están subejecutados; para el Ejecutivo no hay reducción de fondos
El 15 de septiembre pasado, el presidente Javier Milei presentó el proyecto de presupuesto para el año próximo en el Congreso de la Nación, cuyo punto central es que los gastos estarán limitados por la meta máxima del gobierno nacional, que es lograr superávit fiscal. Tal como ya había quedado explicitado tanto por el DNU 70/2023 como por la Ley Bases, el presupuesto avanza en la disminución de capacidades estatales y el recorte del entramado jurídico en varias áreas, entre las que aparece la protección de la naturaleza.
Lo que antes era el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación ahora es una subsecretaría, que recibirá el 0,066% del total de los fondos, una caída de entre el 12,25% y el 25% respecto al año pasado, dependiendo de si se considera la inflación prevista para 2025 tanto en el proyecto de ley como en el Relevamiento de Expectativas del Mercado. Así se desprende del documento “Presupuesto 2025: con cepo a los derechos ambientales” presentado hace pocos días por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que agrega que en relación a los fondos para el cuidado de los bosques nativos, las partidas asignadas para el año próximo representan el 2,56% de lo que debería recibir según la Ley de Bosques, con una caída de un 27% en términos reales según esa ONG y otro informe de Vida Silvestre.
Para el manejo del fuego, los datos muestran un incremento de los fondos en términos reales de 46% en la comparación interanual, pero señalan que hay una fuerte subejecución de estos a septiembre pasado, ya que de un total de $14.000 millones, solo se ejecutaron $5500 millones. “Nos preocupa la falta de ejecución presupuestaria, hay partidas casi intocadas como las de la Ley de Bosques o las destinadas a la cuenca Matanza/Riachuelo y otras subejecutadas como las de manejo del fuego. Hay una baja ejecución de los fondos en general”, dijo Andrés Nápoli, el director de la FARN.
Para la Subsecretaría de Ambiente nacional (que depende de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que está a cargo de Daniel Scioli), “no hay recorte presupuestario” en manejo del fuego. “La ejecución del presupuesto se vio demorada por no haber encontrado, al comenzar la nueva gestión, procesos licitatorios en marcha. Ello no impidió que, por ejemplo, colaboraremos eficientemente con medios aéreos durante el incendio de Los Alerces iniciado en enero y en todos los casos que se demandó asistencia, gracias al esfuerzo realizado desde la Jefatura de Gabinete. El presupuesto será ejecutado”.
En relación a la Ley de Bosques, desde esa cartera señalaron que “la ejecución del presupuesto está supeditado a las rendiciones de fondos que deben realizar las provincias. En la medida que se acredita y verifica su cumplimiento se está en condiciones de girar nuevos fondos. A la fecha hay provincias que los recibirán próximamente”.

Fuego: fondos que no se gastan
La gravedad de los incendios de las últimas semanas en varias zonas serranas de Córdoba, donde la sequía no da tregua, volvió a actualizar el debate sobre cómo se trabaja en la prevención y la respuesta a estos eventos, cada vez más frecuentes e intensos en un contexto global de crisis climática. “No solo se trata de presupuesto, sino también de articulación con diferentes sectores productivos y sociales, porque más del 90% de los incendios son originados por la acción humana”, señalaron desde la FARN.
Desde esa organización puntualizaron que el proyecto de ley de Presupuesto 2025 asigna $28.603 millones para prevenir y proteger al ambiente de los incendios, lo que representa menos del 0,025% del total de gastos previstos. “En lo fáctico, si se compara el monto dispuesto en el presupuesto 2025 y el de 2024 en partidas orientadas al manejo del fuego, se observa un crecimiento en términos reales del 46%”, dijo Nápoli.
El experto agregó que algunos datos son contradictorios: mientras que el presupuesto 2023 proponía capacitar a 1120 agentes y garantizar 5100 horas de vuelo para el combate de los incendios de bosques, el nuevo proyecto aspira a capacitar más agentes (1700), pero baja las horas de vuelo a 3600. “Es difícil de entender que por un lado haya más agentes, pero menos horas de vuelo”.

Bosques nativos
En el presupuesto 2025 se asignan unos $9091 millones a la Ley de Bosques, una fuerte caída ya que –según la propia norma– ese fondo fiduciario debería recibir un mínimo del 0,3% del presupuesto, mientras que el monto asignado representa el 0,0077%. “Se incumple la Ley 26.331 y se le asigna 38,8 veces menos de lo que corresponde, apenas un 2,56% de lo que debería recibir. A su vez, la caída del dinero destinado al fondo es de un 27% en términos reales” señalaron desde la FARN. Desde Vida Silvestre avanzaron en el mismo sentido a través de un comunicado firmado por su presidente, Manuel Jaramillo: “La conservación de los bosques nativos no es solo una cuestión ambiental. El presupuesto 2025 asigna solo el 2,5% de lo estipulado, una reducción a un mínimo histórico que amenaza la preservación de más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos”.
Además de pocos y escasos, según indicaron las organizaciones, esos fondos están siendo subejecutados desde el gobierno nacional, tal como ocurre con las partidas para el manejo del fuego. De acuerdo con la FARN, al 11 de septiembre pasado “ha sido nula la ejecución de estos 10.000 millones asignados”, lo que “agrava los problemas climáticos e hídricos, incrementando los riesgos frente a olas de calor, incendios y posibles problemas sanitarios”. Este desmanejo llevó a que la Fundación Vida Silvestre solicitara formalmente información a las autoridades sobre la gestión del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, sin respuesta hasta ahora.

Menos control
Nápoli mencionó otro punto preocupante sobre los recortes en competencias ambientales, que tiene que ver con la caída del financiamiento en el programa de Evaluación y Control Ambiental, que pasó de tener $30.000 millones a $16.000 millones de presupuesto, una pérdida de entre el 52,9% y el 59,8% en términos reales, de acuerdo a las distintas estimaciones de inflación para el año próximo.
Este programa se encargaba, hasta ahora, de supervisar y realizar tareas de control y fiscalización en materia de residuos, sustancias químicas, efluentes, flora y fauna silvestre, así como de la evaluación de los estudios de impacto ambiental. “En el contexto de lo que plantea el RIGI, que son inversiones en recursos naturales en muchos casos, deberíamos reforzar las áreas de control, pero acá vemos que sucede lo contrario”, señaló Nápoli.
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9 de cada 10 argentinos perciben el impacto del cambio climático, desde los riesgos en la salud a más mosquitos

Fecha de Publicación: 07/10/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


El aumento de las temperaturas y la mayor presencia de vectores transmisores de patologías, como el dengue, son algunos de los factores que afectan a la mayoría de los ciudadanos. Cuáles son los efectos en la vida diaria, según un estudio del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina
El cambio climático dejó de ser un concepto abstracto, y se convirtió en un fenómeno ineludible para muchas personas en Argentina, que sienten que afecta tanto sus entornos inmediatos como sus condiciones de vida.
Un reciente estudio realizado por el Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, en colaboración con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja (IFRC), reveló que 7 de cada 10 personas han percibido un aumento de las temperaturas en sus zonas de residencia.
Este cambio no es solo una alteración en el clima, sino un factor que afecta la salud pública, el medio ambiente y las dinámicas de vida locales, según manifestaron.
El estudio también muestra que el 91% de los encuestados reporta un incremento en la cantidad de insectos transmisores de patologías, como los mosquitos Aedes aegypti, conocidos por propagar enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Este fenómeno, ligado directamente al cambio climático, está generando preocupaciones de salud entre la población.
Sin embargo, a pesar de estos efectos tangibles, el 55% de las personas encuestadas afirma estar poco o nada informada sobre el cambio climático y sus consecuencias, lo que resalta la necesidad urgente de campañas de sensibilización y educación sobre el tema.
El 76% de los encuestados indicó que se sienten muy o bastante preocupados por el cambio climático, pero esta emoción contrasta con el bajo nivel de información disponible para la mayoría. Esta paradoja entre preocupación y falta de conocimiento plantea un desafío importante para las políticas públicas y las acciones a nivel comunitario.
“Es evidente que la información y la educación sobre el cambio climático deben ser fortalecidas para fomentar una comprensión más profunda y una acción más efectiva”, indicaron desde el Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina y resaltaron que “abordar el cambio climático en Argentina requiere un enfoque multifacético que combine la educación, la acción comunitaria, la formulación de políticas ambientales y la colaboración entre diferentes sectores”
El estudio, llevado a cabo entre el 27 de mayo y el 1 de julio de 2024, recopiló información de 4.127 sondeos realizados en todo el territorio argentino; que incluyó las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las encuestas, tanto presenciales como en línea, estaban dirigidas a personas de entre 18 y 70 años, y el análisis de los datos se realizó utilizando el software SPSS. La privacidad de los participantes estuvo garantizada mediante la aplicación de las políticas de protección de datos de la IFRC, y no se recolectó información de identificación personal.

El impacto del cambio climático
Los resultados del estudio dejan claro que el impacto y los efectos del cambio climático en Argentina se sienten de manera inmediata y significativa.
El 72% de los encuestados ha notado un aumento en las temperaturas en sus regiones, lo que está modificando los patrones climáticos tradicionales y afectando la vida diaria de las personas. Este calentamiento se manifiesta en olas de calor más frecuentes, mayor sequedad del suelo y alteraciones en los ciclos agrícolas, lo que podría tener consecuencias para la seguridad alimentaria a largo plazo.
Otro efecto preocupante relacionado con el cambio climático es el aumento en la cantidad de mosquitos e insectos transmisores de enfermedades. El 91% de los encuestados, es decir 9 de cada 10, afirmó haber notado un incremento en la presencia de estos insectos en sus zonas, situación que genera un repunte en los casos de enfermedades transmitidas por vector.
Según el director del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, José Scioli, “el cambio climático representa uno de los desafíos más urgentes para la sociedad. Si bien se trata de un fenómeno global, sus impactos se manifiestan de manera específica en cada región, dependiendo de factores geográficos, sociales y económicos. Por lo tanto, la comprensión y la adaptación a estos cambios son fundamentales para la gestión de los riesgos climáticos en Argentina”.
Este fenómeno ha incrementado la preocupación de la población por la salud, ya que 8 de cada 10 personas creen que existe una relación directa entre el cambio climático y el aumento de enfermedades transmitidas por picaduras de insectos.
Sin embargo, a pesar de la creciente preocupación, más de la mitad de los encuestados indicó que tiene poco o ningún conocimiento sobre conceptos clave del cambio climático, como la mitigación y la adaptación.
Este vacío informativo resalta la urgencia de generar conciencia pública y educar a la población sobre cómo el cambio climático afecta su vida diaria y qué acciones pueden tomar para protegerse.

Qué acciones podrían mitigar el cambio climático
El estudio también exploró qué acciones consideran necesarias los encuestados para mitigar el impacto del cambio climático. Un aspecto positivo que se destaca es que, a pesar de la falta de información, la mayoría de las personas ya está tomando medidas a nivel personal y comunitario para enfrentar este desafío.
El 73% de los encuestados señaló que promover el reciclaje y la reutilización es una de las principales acciones que las comunidades deben implementar para mitigar el cambio climático. Estas prácticas no solo ayudan a reducir los residuos, sino que también contribuyen a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Además, un 62% de las personas considera que es fundamental fomentar el uso de energías renovables, como la solar o la eólica, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Estas medidas, combinadas con la promoción del uso de transporte público o bicicletas, pueden reducir significativamente la huella de carbono de las comunidades.
A nivel global, el 66% de los encuestados cree que deberían implementarse políticas ambientales más estrictas para regular las emisiones y promover el desarrollo sostenible.
Esta visión está en línea con los esfuerzos internacionales por cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados Celsius. Sin embargo, alcanzar estos objetivos dependerá no solo de las políticas gubernamentales, sino también de la cooperación entre los sectores privado y público, y de la concientización a nivel ciudadano.
Recomendaciones para enfrentar el cambio climático
El estudio ofrece una serie de recomendaciones clave para mejorar la preparación de las comunidades frente al cambio climático. Una de las principales conclusiones es la necesidad de aumentar la educación y la sensibilización sobre los efectos del calentamiento global y las medidas que se pueden tomar para mitigarlo.
Esto incluye campañas de concientización dirigidas a todos los grupos etarios, con materiales accesibles y comprensibles que expliquen los conceptos de mitigación, adaptación y sostenibilidad.
Además, el estudio resalta la importancia de fortalecer el rol de las organizaciones humanitarias en la adaptación al cambio climático. Según el trabajo, “no solo deben brindar asistencia en emergencias climáticas, sino que también deben desempeñar un papel clave en la educación y preparación de las comunidades para que puedan anticiparse a los eventos extremos y recuperarse de ellos de manera más efectiva”. Este enfoque preventivo es fundamental para mejorar la resiliencia de las comunidades y reducir la vulnerabilidad ante futuros desastres climáticos.
Entre las recomendaciones también se encuentra la implementación de sistemas de alerta temprana que permitan a las comunidades recibir información sobre posibles eventos climáticos extremos y prepararse adecuadamente.
Estos sistemas, combinados con programas de capacitación y planes de contingencia a nivel local, pueden salvar vidas y reducir el impacto de los desastres.
El cambio climático no es una amenaza distante; sus efectos ya se sienten en Argentina, alterando los patrones climáticos, aumentando la propagación de enfermedades y poniendo en riesgo la salud de las personas. Aunque la mayoría de la población está preocupada por estos efectos, cuando fueron consultados sobre “su percepción sobre el futuro en relación con el cambio climático, el 65% de los encuestados muestra una postura optimista. No obstante, 3 de cada 10 personas afirman tener una percepción ‘moderadamente optimista’”
De todas maneras, hay una gran brecha en cuanto a la información disponible y las acciones concretas que las personas pueden tomar. Es crucial que tanto los gobiernos como las organizaciones humanitarias trabajen en conjunto para educar, preparar y empoderar a las comunidades, no solo para enfrentar los efectos del cambio climático, sino también para mitigar su impacto y garantizar un futuro más seguro y saludable.
En ese sentido, la Cruz Roja Argentina, en su rol como organización humanitaria, tiene la capacidad de liderar estos esfuerzos y de trabajar con las comunidades más vulnerables para mejorar su capacidad de respuesta ante el cambio climático. Solo a través de la colaboración y la acción colectiva será posible enfrentar este desafío global y proteger a las generaciones futuras.
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Piden elevar a juicio a cuatro acusados por utilizar agroquímicos cerca de viviendas y escuelas

Fecha de Publicación: 05/10/2024
Fuente: Portal CodigoBaires
Provincia/Región: Buenos Aires


Cuatro personas fueron procesadas por fumigar zonas semiurbanas con herbicidas peligrosos para la salud y el ambiente, desobediendo una ordenanza municipal y una medida cautelar que delimita zonas de exclusión.
La Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de Matías Felipe Di Lello, solicitó elevar a juicio a cuatro personas procesadas por el delito de contaminación ambiental con agroquímicos con residuos calificados como peligrosos.
Los acusados fueron implicados por fumigar con herbicidas peligrosos para la salud zonas semiurbanas de Pergamino cercanas a viviendas, una escuela y un jardín de infantes, desacatando una ordenanza municipal y una medida cautelar que delimita áreas de exclusión.
Uno de los hechos investigados ocurrió en un campo ubicado a diez kilómetros de la localidad. Un camión fumigador esparció los agroquímicos desobediendo la prohibición de dicha actividad establecida por la ordenanza N° 8126, sancionada tres años atrás por el Concejo Deliberante local. Un vecino grabó el suceso y advirtió a las autoridades, ya que la aplicación de las sustancias se llevó a cabo a metros de la Escuela N°19 y del Jardín de Infantes N° 920, mientras sus estudiantes estaban dentro del establecimiento.
Los estudios de laboratorio y análisis del suelo arrojaron que las sustancias utilizadas eran enumeradas en la Ley de Residuos Peligrosos N° 24.051, como el glifosato, que fue categorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probablemente carcinógeno para humanos. También se descubrieron herbicidas cuyo uso podría envenenar, adulterar o contaminar la salud y el ambiente.
El otro caso tuvo lugar en Juan Manuel de Rosario 3500 de la localidad de Francisco Ayersa y fue denunciado telefónicamente por un vecino. En esa ocasión, se detectó la aplicación de agroquímicos tóxicos en un campo donde se cultivaba soja, en un área lindera a la Cooperativa Eléctrica de Pergamino. Tras la investigación, se determinó que no hubo aviso previo a la Municipalidad.
El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, indagó a los acusados y ordenó su procesamiento al considerarlos responsables, unificando las causas por su cercanía temporal.
"Si bien no existen dudas de que el delito en cuestión es de peligro, se consuma cuando la acción entraña un peligro para la salud de las personas; circunstancias que se pudieron determinar en esta investigación en virtud de los residuos peligrosos arrojados por los imputados en los campos señalados dentro de las zonas prohibidas, por existir poblados y establecimientos educativos" señaló Di Lello.
El magistrado también señaló que los hechos fueron constatados con evidencia documental y pericial así como con los testimonios de profesionales y especialistas en la materia, "lo que determina que todos los extremos se ven confirmados".
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Contaminación por desechos pesqueros mata fauna marina en patagonia argentina

Fecha de Publicación: 05/10/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Patagonia


En una extensa playa de Pico Sayago, cercana a Península Valdés, un área de gran riqueza natural de la Patagonia argentina, montañas de desechos plásticos de la industria pesquera cubren la costa llegando a provocar la muerte de lobos de mar, peces, pingüinos y ballenas que habitan el lugar.
La península, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO y uno de los principales destinos turísticos del país, se está viendo afectada por cajas, baldes, redes, boyas y otros elementos plásticos usados por los barcos pesqueros, que tiran al mar o caen durante las tormentas en el Atlántico Sur y llegan a las playas desiertas por efecto del viento y las corrientes.
"El problema principal con estos plásticos es el componente que se utiliza, que en general son químicos y contaminantes que producen una serie de enfermedades y de anomalías tanto en el cuerpo humano como en el de la fauna marina", explicó Diego González Ceballos, biólogo especialista en materiales plásticos de origen pesquero.
Pero hay otros efectos que no son tan visibles, ya que ocurren cuando los materiales se degradan.
"Por acción de las corrientes, del sol o del paso del tiempo, estos plásticos pasan a microplásticos. Cuando pasan a microplásticos es un problema no tan visible, comienzan a formar parte de las cadenas tróficas de las especies", relató el especialista del organismo nacional de investigación científica CONICET.
"Esto quiere decir que muchas especies lo consumen, estamos hablando de invertebrados marinos, de peces, y ahí nos lleva a una puerta directa con impacto en la salud humana", agregó en el Centro de Investigación Científica del CONICET, en Puerto Madryn.
La cantidad de desechos plásticos que fluye hacia el océano y mata la vida marina podría triplicarse en los próximos 20 años a menos que las empresas y los gobiernos reduzcan de manera drástica su producción, según una investigación científica de 2020 para The Pew Charitable Trusts y SISTEMIQ.
Península Valdés, ubicada 1.000 kilómetros al sur de Buenos Aires, es un sitio de preservación de mamíferos marinos que alberga grandes poblaciones de ballenas francas en peligro de extinción así como de elefantes, leones marinos y pingüinos.
Reuters pudo ver animales muertos y otros conviviendo directamente con los residuos plásticos.
Además de los efectos directos de la contaminación del ambiente y del impacto en la salud de animales y humanos, González Ceballos alertó también de las consecuencias para los mercados de la industria pesquera.
"Lo que preocupa de la presencia de microplásticos hoy por hoy, además de la salud humana, son los mercados, la economía, porque muchos de los productos pesqueros convencionales comienzan a tener concentraciones de microplásticos que podrían ser preocupantes y podrían conducir al cierre de algunos mercados", concluyó.
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Atropellaron a un yaguareté y huyeron: ofrecen recompensa por datos sobre el hecho

Fecha de Publicación: 04/10/2024
Fuente: Canal26
Provincia/Región: Misiones


"No descansaremos hasta dar con el conductor", aseguró el gobernador de Misiones, donde se produjo el hecho.
Una de las razones por las cuales el yaguareté se encuentra en peligro de extinción es la acción humana, y lo sucedido en la provincia de Misiones es un claro ejemplo. Una cachorra de este ejemplar falleció en las inmediaciones de Puerto Península, luego de haber sido atropellada por un conductor que escapó del lugar luego de impactar con el animal.
Esta triste noticia fue confirmada por el gobernador Hugo Passalaqcua, quien aprovechó para alertar a la sociedad sobre el impacto que estos hechos tienen en la biodiversidad local. Además, informó que se dará una recompensa a quienes puedan aportar datos que ayuden a resolver el caso.
A través de su cuenta de X (ex Twitter), el funcionario expresó: “Con profundo pesar, lamentamos informar que entre las 19:15 y las 19:29 del miércoles 2 de octubre una cachorra de yaguareté fue trágicamente atropellada en inmediaciones de Puerto Península, sobre la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 1627, en sentido a Puerto Iguazú”.
La muerte de este pequeño felino representa un duro golpe a la fauna de la selva misionera, dado que el portal provincial El Territorio aportó que, según el relevamiento difundido en 2023, "solo quedaban 93 ejemplares en la región". Por esta razón, diferentes organismos realizan campañas de concientización sobre la necesidad e importancia de reducir la velocidad en las áreas protegidas para evitar no solo el atropellamiento, sino también la pérdida de especies.
Por otra parte, el gobernador misionero añadió: “No descansaremos hasta dar con el conductor que, obviando con total negligencia por exceder los límites de velocidad establecidos en esta zona correspondiente a un área natural protegida, acabó de forma irresponsable con la vida de este ejemplar del máximo emblema de nuestra selva. Esta triste e indignante noticia es un duro golpe al gran trabajo que a diario realizamos el millón y medio de misioneros para cuidar nuestro mayor tesoro: la biodiversidad”
A su vez, instó a la población a "extremar los cuidados para circular en la zona, ya que presumiblemente la madre de la cachorra se encuentre aun buscándola en el área".
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Gualeguaychú: seis años después, declararon inconstitucional la prohibición de glifosato

Fecha de Publicación: 04/10/2024
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos


La Cámara Contencioso Administrativa de Concepción del Uruguay, declaró inconstitucional una ordenanza que sancionó el Concejo Deliberante de Gualeguaychú en abril de 2018. Pasaron seis años. La medida del Concejo prohibía el uso, venta y comercialización de glifosato en el ejido municipal. Varias entidades ruralistas se presentaron en la Justicia y pidieron que declaren inconstitucional la disposición local. Y lo consiguieron con un fallo que se publicó este 30 de septiembre.
A la noticia la dio a conocer este lunes el sitio Bichos de Campo. La ordenanza que estuvo bajo evaluación judicial lleva el número 12.216, y fue sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú el 16 de abril de 2018. La presentación judicial también comprendió el Decreto reglamentario 1771/18 DEM, dictado por el Departamento Ejecutivo municipal el 11 de junio de 2018.
Tras la disposición judicial, se quejaron la Sociedad Rural Argentina, la Sociedad Rural de Gualeguaychú, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), la Federación Entrerriana de Cooperativas Cooperativa Limitada, de las firmas El Tramo SA, El Potrero de San Lorenzo SA, Modena SA, Patacho SA e Inducampo SA, y de los Sres. Matías Ivan Martiarena, Ignacio Sánchez Alzaga, Carlos Sánchez Alzaga, Jorge Marcelo Tinti, Guillermo Domingo Bértora, María Eugenia Pons, Jorge Eduardo Pons, Manuel Fernán Feliz Olarra Lynch y José Leopoldo Ingold. Todos acudieron a los estrados judiciales representados por los abogados Guillermo Eduardo López Moras y Juan Manuel Gadea.
Según los argumentos de la resolución a la que accedió ANÁLISIS, los accionantes cuestionaron que se plantee como “un hecho cierto la vinculación entre glifosato y cáncer, por el solo hecho de haber sido incluido el herbicida dentro del Grupo 2A de principios activos como ‘probable carcinógeno’ para los seres humanos por un estudio realizado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (en adelante, IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sostuvieron que, pese a que el citado es uno de los cuatro programas a través de los cuales la OMS investigó el glifosato, resultó ser el citado el único que arribó a esa conclusión”.
Razonaron que “para la mismísima OMS, el glifosato es tan perjudicial para los seres humanos como el hecho de consumir carnes rojas o tomar mate con agua caliente. Luego de cuestionar al referido estudio, objetaron que, en lugar de tratar la exposición al producto, se haya eliminado directamente su causa. Hicieron énfasis en la existencia de muchísimos agentes contaminantes respecto de los cuales se ha comprobado resultar más perjudiciales que el glifosato y que, como corresponde, su uso no es objeto de prohibición, sino antes, bien de una razonable reglamentación”.
Las entidades rurales y agrarias admitieron que “el glifosato no debería calificarse ni tratarse como inocuo, tal como se lo consideraba mundialmente hasta el año 2009, deviene absurdo disponer su prohibición y no hacer lo mismo respecto del uso de otros agroquímicos de mayor peligrosidad”.
Entre otros argumentos, alegaron también que “a pesar de que la gravedad de la aplicación de agroquímicos es reconocida en Estados Unidos desde 1950, a nadie se le ocurrió allí prohibirlos”. Mencionaron que “el sexto considerando de la ordenanza atacada, alude a un informe del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), publicado en 2016, sobre el hallazgo de muestras de glifosato en la cuenca del río Paraná, documento que descalificaron por haber sido realizado por jóvenes en formación, además de no haberse especificado en aquél las consecuencias de tal observación”.
Aseveraron que “el uso y aplicación del producto en Gualeguaychú, al momento del dictado de la ordenanza, se hallaba especial y expresamente reglamentado, negando la enunciación de la norma impugnada de que pueda aplicarse sin receta de ingeniero agrónomo en el campo”. Señalaron que “el vigésimo noveno párrafo de los considerandos alude a que recientemente la Unión Europea (UE) habría aconsejado no comprar más productos que contengan residuos de glifosato. Contrariamente, evidenciaron que en noviembre de 2017 la Comisión de la Unión Europea prorrogó por cinco años más su licencia de uso, lo que a su criterio sería una muestra más de la parcialidad y falta de objetividad con la que se manejaron las autoridades municipales”.
Con posterioridad 2enfocaron sus reproches a la aptitud del municipio para dictar una norma como la objetada. En ese sentido, cuestionaron la competencia de la Municipalidad de Gualeguaychú para determinar una prohibición como la sindicada”.

Qué contestó el municipio
En representación de la Municipalidad de San José de Gualeguaychú se presentaron Mariano José Fiorotto, Hernán Leonel Castillo y Martín Germán Britos.
Contestaron que Sostuvieron que “tal como se refleja en los considerandos de la norma, todos los sectores fueron citados a los fines de traer aportes técnicos y científicos al debate previo a su sanción”.
Seguidamente, enumeraron los fundamentos de la ordenanza: “el informe de IARC confirmando la vinculación entre glifosato y cáncer; que dicha información fue receptada por diversas localidades; que luego de un año de trabajo la OMS categorizó el producto como la segunda categoría más alta vinculada a enfermedad causando daño en el ADN y cromosomas de las células humanas, detectándose glifosato en agua, alimentos, sangre y orina”, entre otros.
Resaltaron que “la ordenanza fue votada por mayoría, incluyendo el voto oficialista y del principal opositor, una facción vecinalista, con la sola oposición de la bancada representativa del sector de los promotores de la demanda”.
Arguyeron acerca del “carácter excepcional de la declaración de inconstitucionalidad y enfatizaron que su planteo requiere, para quien la invoque, la acreditación de un perjuicio directo y personal derivado de la vigencia de la norma”. Reseñaron “los requisitos que la Corte nacional fija para la procedencia de este tipo de acciones y subrayaron que en los presentes no existe la incertidumbre que fundamentaría la acción”.
Formularon “consideraciones sobre el glifosato. Describieron su acción, composición, características y efectos al contacto con personas”. Entendieron que “la única finalidad de la presente acción es la rentabilidad de un negocio de componentes inimaginables, y explicaron sobre la tecnología transgénica de la soja, del principal productor de la sustancia, a quien identificaron como Monsanto, y el sistema de siembra directa”.
Seguidamente desarrollaron acerca del “uso generalizado del glifosato y reseñaron los documentos de la OMS en orden a aseverar que el producto es predominante en las lluvias de nuestra provincia en el Río Paraná”.
Calificaron de “injustificablemente desactualizada la categorización de SENASA, que es el órgano autorizado para evaluar y revisar el uso de glifosato”. Resaltaron que “la ANMAT por su parte tiene competencia para autorizar y evaluar los formularios comerciales con el principio activo de glifosato para uso domiciliario”.
En relación a los efectos sobre la salud del producto, aseguraron “no ser inocuos, como pretenden sostener los actores, y efectuaron diversas consideraciones sobre el particular, a la vez que sostuvieron que sus fabricantes -volviendo a citar a Monsanto- utilizan leyes de secretos comerciales para negar al público el acceso a la información sobre la composición de sus productos y también evitan colocar etiquetas con indicaciones alusivas”.
Expusieron acerca de “las sustancias químicas y sus efectos”. Afirmaron que “el glifosato no solo afecta la salud de quienes viven en las zonas donde se aplica, sino que altera la existencia misma de los procesos naturales, convirtiendo a la tierra en un esclavo del producto”.

Decisión
El voto fundamentado fue el del vocal de Cámara Federico José Lacava, que propuso “acuerdo acceder parcialmente a la pretensión y declarar: 1) la inconstitucionalidad de lo dispuesto en el art. 1 de la Ordenanza 12216/18 HCD en cuanto prohíbe al interior de su ejido el uso y aplicación del producto llamado en forma general ‘Glifosato’ y aquellas formulaciones que lo contengan más allá de los límites impuestos por la normativa provincial en su versión interpretada por el Excmo. Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos; 2) la inconstitucionalidad de lo dispuesto en el art. 1 de la Ordenanza 12216/18 HCD en cuanto prohíbe en su ejido el expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del producto llamado en forma general Glifosato y aquellas formulaciones que lo contengan; 3) la inconstitucionalidad de las normas del Decreto 1771/18 DEM que reglamentan efectos derivados de los dispositivos cuya incompatibilidad constitucional aquí se declara”.
El presidente de cámara Mariano Alberto López adhirió a la solución propuesta y la vocal María Fernanda Erramuspe se abstuvo.  
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Por unanimidad, Diputados sancionó la emergencia en las zonas afectadas por los incendios en Córdoba

Fecha de Publicación: 03/10/2024
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


El proyecto, que destrabará fondos extra de la Nación para atender la catástrofe, fue incorporado a la sesión de este martes y fue aprobado con 218 votos a favor y ninguno en contra.
La Cámara de Diputados se sancionó la ley que declara la emergencia ambiental, económica y habitacional por 180 días en la provincia de Córdoba debido a los incendios forestales. Luego de que La Libertad Avanza decidiera acompañar el proyecto del Senado, hubo total consenso entre las fuerzas políticas para darle luz verde a la norma, que obtuvo 218 votos a favor y ninguno en contra en la madrugada del miércoles. Destrabará fondos extra de la Nación para atender la catástrofe ambiental.
El proyecto fue incorporado al temario de la sesión que inició este martes con tres cuartos de los votos tras una moción del diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), autor de otro proyecto similar presentado con anterioridad. De esa manera, la iniciativa será votada al final de la jornada.
“La razón política para que incluyamos esto en la sesión es que los satélites de la Conae nos arrojan un número de 70.000 hectáreas arrasadas este año en la provincia de Córdoba por incendios. Para que tomen dimensión, son tres veces y medio la Ciudad de Buenos Aires”, graficó Agost Carreño al presentar la moción, que fue acompañada por el resto de los bloques.
El legislador, también titular del PRO de Córdoba, sostuvo que “más adelante vamos a tener que discutir la eficacia del Plan de Manejo del Fuego, el destino de las partidas (que se componen del 3 por 1.000 de las primas de seguro que pagamos todos los argentinos en casi todos los seguros) y demás responsabilidades políticas. Pero no es el día hoy. Es hora de unirnos ante una catástrofe para dar respuestas concretas a la gente”.
El titular del bloque UCR, Rodrigo De Loredo, apuntó contra el gobierno de Martín Llaryora por la “absoluta carencia de políticas serias de prevención” a pesar de los impuestos cuya recaudación está destinada a combatir el fuego. “Córdoba tiene peor equipamiento que Santiago del Estero”, comparó.
De Loredo levantó el tono y se quejó de que “vienen las elecciones, las encuestas dicen que lo que rankea es la inseguridad, ponen a los miembros del Etac como policías urbanos no armados y no se cumple el objetivo”.
Por otra parte, se refirió al proyecto de su par Juan Brügge para elevar penas contra los autores de los incendios (comenzará a discutirse próximamente en Diputados) y señaló que “de todos los incendios que hemos tenido en Córdoba, no hay una sola causa penal que avance”.
Gabriela Estévez (Unión por la Patria), autora de otro proyecto para declarar la emergencia, destacó el acuerdo político transversal para avanzar con la ley, que surgió en el Senado por iniciativa conjunta de los tres representantes de la provincia (Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Alejandra Vigo).
“Hay pueblos donde el 60% ha sido quemado y eso significa proyectos de vida, económicos y familiares que quedan suspendidos en el tiempo”, lamentó Estévez, de La Cámpora.
Desde el PRO, Laura Rodríguez Machado también respaldó el proyecto. “No vamos a llevar agua para cada molino diciendo quién se equivocó o quién lo hizo antes o después”, dijo.
Por último, Gabriel Bornoroni aseguró que “el bloque de La Libertad Avanza va a acompañar esta emergencia como acompañó el presidente Milei desde el día cero a la provincia de Córdoba. Fue a la provincia, envió todos los insumos necesarios, y no solo eso, sino que el director nacional del Programa de Manejo del Fuego, Jorge Heider, estuvo a disposición al igual que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán”.
Bornoroni se expresó de esa manera luego de que el bloque oficialista se negara a acompañar la ley en el Senado debido a su costo fiscal. En Diputados, hubo coincidencias en que el impacto en las cuentas públicas será “mínimo”.
Según se informó este martes en la provincia, hay un foco en Salsacate ubicado en “una zona de muy difícil acceso”. Los bomberos fueron helitransportados hasta el lugar, apoyados por tres aviones hidrantes y seis helicópteros. En Punilla se sucedieron dos nuevos focos, cerca de San Marcos Sierra y Capilla del Monte. Allí trabajan bomberos de diversos cuarteles y aviones hidrantes, que lograron disminuir la intensidad del fuego.
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Alerta por la contaminación por microplásticos en el Río Colorado

Fecha de Publicación: 03/10/2024
Fuente: Cadena 3 Patagonia
Provincia/Región: Patagonia


Científicos del CONICET monitorean la creciente contaminación por microplásticos en la cuenca del río Colorado, alertando sobre los peligros para la biodiversidad y la salud humana.
Los microplásticos, partículas de plástico casi invisibles a simple vista, están causando una silenciosa crisis en los ecosistemas de agua dulce. En Argentina, la cuenca del río Colorado se ha convertido en el foco de un estudio que monitorea la creciente presencia de estos contaminantes. Guillermo Mora, becario doctoral del CONICET, trabaja junto al equipo del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG) en General Roca, Río Negro, para evaluar el impacto de los microplásticos en este importante sistema fluvial.
Mora explica que los microplásticos ingresan al agua a través de varias fuentes, como aguas residuales, erosión del suelo y residuos industriales. Estos contaminantes pueden ser ingeridos por una amplia variedad de organismos acuáticos, lo que no solo afecta su salud, sino que altera toda la cadena trófica. «El problema es irreversible y afecta tanto a los ecosistemas como a la salud humana», comenta el especialista, quien destaca que los microplásticos pueden transportar sustancias tóxicas que agravan su peligrosidad.
El equipo de investigación emplea técnicas avanzadas para identificar y medir los microplásticos en muestras de agua, sedimentos y peces. Además, la investigación es crucial para la gestión sostenible del agua, especialmente en un país con grandes reservas de agua dulce como Argentina. «Proteger la calidad de estos recursos es vital para las generaciones futuras», afirma Mora, subrayando la importancia de las iniciativas científicas en el contexto de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
La contaminación por microplásticos es un problema complejo que requiere soluciones integrales. Desde la regulación de las actividades que generan microplásticos hasta el desarrollo de tecnologías para eliminarlos del agua, los científicos buscan mitigar los impactos de este contaminante en la cuenca del río Colorado y otros cuerpos de agua en Argentina.
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Nación objeta el nuevo ordenamiento de bosques por no cumplir la ley federal

Fecha de Publicación: 02/10/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Un área de la Subsecretaría de Ambiente, que analiza y ejecuta los fondos que recibe el Chaco, emitió un duro informe técnico donde observa resultados que no se condicen con los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental.  
Un informe técnico de la Dirección Nacional de Bosques  (un área dentro de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación) evaluó en forma negativa e hizo duras observaciones a la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia del Chaco , en base a documentación presentada por la autoridad local de aplicación de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Fechado en junio de este año, con la firma de dos asesores ambientales del gobierno nacional, este segundo informe técnico sobre cómo el Chaco ejecuta y administra sus bosques nativos  en el marco de la legislación nacional vigente, no es nada favorable para la provincia, y menos en el marco de la actualización sancionada a fines de abril pasado por la Cámara de Diputados, la que en ámbitos judiciales (de provincia y federal) ya tiene algunos cuestionamientos, entre ellos y como efecto, la suspensión de los desmontes.  
NORTE accedió al documento técnico de siete carillas, organizado en varios puntos, dentro del cual la parte más relevante da cuenta de la "pérdida de bosque nativo", advirtiendo que Chaco es una de las provincias "más afectadas por los cambios en el uso de la tierra ligados a la habilitación de superficies para la producción agrícola y ganadera"; poniendo así en perspectiva lo ocurriendo en varios gobiernos anteriores, y la implicancia de modificar ahora la normativa sobre el ordenamiento territorial.
"El nuevo OTBN (Ley 4005R) no cumple con lo que indica la ley nacional sobre cómo debe desarrollarse, por lo cual la autoridad nacional de aplicación no lo puede acreditar y, en consecuencia, no deberían poder otorgarse nuevos permisos de desmonte. Además, se compromete la recepción de fondos de la Ley de Bosques", le dijo a NORTE un especialista en cuestiones ambientales y legales.
La Dirección Nacional de Bosques es la que elaboró el informe en base a la Ley 4005-R que aprueba actualización del OTBN en el Chaco y el Decreto 650/24 de su promulgación. Esta dependencia cumple un rol de área técnica en cuanto a autoridad nacional de aplicación . Es la que analiza los OTBN y sus actualizaciones como garantes del cumplimiento de los presupuestos mínimos establecidos en la ley nacional, considerando siempre "la no regresividad" en las nuevas normativas.
Desmonte en zona amarilla  
Una de las principales observaciones de la Nación es que el nuevo OTBN chaqueño "admite hasta un 20% de desmonte dentro de la categoría II (amarillo)",  advirtiendo así que eso "contraviene"  lo expresado por la ley nacional. Se trata de la misma observación que la Dirección de Bosques le hizo al primer ordenamiento presentado por el Chaco.
Se cuestiona también a la provincia no haber especificado claramente "la superficie de bosque nativo incluida en las categorías de conservación II (amarillo) y III (verde)",  pese a haber enviado como documentación un mapa que "muestra un balance de superficie por categoría de conservación". Por eso, el pedido es aclarar si ese balance es parte de la nueva ley.

Metodología
Por otra parte, la Nación advierte que el Chaco presentó una metodología para sustentar la categorización del OTBN, la cual finalmente no respeta a la hora de designar las áreas en categoría I (roja) y II (amarilla), quedando la aplicación de la metodología a una única categoría -la III (verde)-, lo que no tiene efectos en su clasificación final.
Con respecto a esa observación sobre la falta de un respaldo metodológico, implica que la "mesa técnica" que definió el mapa del nuevo OTBN del Chaco no pudo explicar la metodología que utilizó para llegar al resultado presentado, lo que podría implicar una manipulación de los datos. Y lo más severo es que no se condice con la metodología que ordena la Ley Nacional de Bosques, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y la autoridad nacional de aplicación de la Ley 26331 (que es la Dirección Nacional de Bosques).
Asimismo, y algo que llamó la atención no sólo de quienes elaboraron el informe sino de analistas en general, es que los incrementos en la categoría I (rojo) se relacionan, principalmente, con la inclusión del Parque Nacional El Impenetrable.  Aquí, el área nacional aclara que "esta superficie corresponde a bosque nativo de jurisdicción nacional que, si bien computa en la distribución de fondos en favor de la jurisdicción provincial, no se toma como parte del territorio clasificado  en dicha categoría por la autoridad local de aplicación".
Así, la Nación le pidió a la Provincia "aclaraciones" sobre cómo estableció los umbrales de las categorías de conservación o las razones de sus modificaciones; y por qué algunos sectores de bosque nativo asignados a categoría II (amarillo) disminuyen su nivel a categoría III (verde), pese a que no poseen potencial de sustentabilidad agrícola, lo que representa de 220.000 hectáreas.

Legalidad en duda
El informe técnico nacional menciona que "la pérdida de bosque ocurrida entre la sanción de la Ley Nacional 26.331 y el OTBN provincial, durante la veda de desmonte, fue de 72.151 hectáreas, mientras que la pérdida de bosques desde la sanción del OTBN en 2010 al año 2022 asciende a 416.648 hectáreas.  De esta última cifra, el 37 % se realizó en categorías que no admiten desmonte : 528 hectáreas en bosques de categoría I (rojo) de alto valor de conservación y 154.675 hectáreas en bosques de categoría II (amarilla) de mediano valor de conservación".
Así, la Nación pone bajo observación que "el planteo técnico de la actualización del OTBN no incorporó el análisis detallado de la legalidad de las áreas transformadas durante la vigencia de la Ley 26331",  sino que "sólo informa la superficie total de pérdida de cobertura boscosa asociada a cambios de uso de suelo aprobados (ejecutados/no ejecutados) y aquella superficie afectada por desmontes ilegales".
En concreto, significa que lo informado por la Provincia no permite diferenciar si la pérdida de masa boscosa fue legal o ilegal y, por tanto, no permitiría tomar las medidas que indica la ley para uno y otro caso; recordando al respecto que existen responsabilidades penales por desmontes ilegales o incumplimientos en los deberes de los funcionarios públicos encargados del control.
Acerca de la información presentada por el Chaco sobre áreas correspondientes a detecciones, aprovechamientos forestales, actividades silvopastoriles y eliminación de áreas quemadas o invasoras, la Nación alerta que "no queda claro el estatus legal, por lo que se requiere una aclaración".  "Sería necesario contar con las coberturas vectoriales correspondientes a la pérdida de cobertura de bosques nativos autorizados y no autorizados , indicando período analizado", agrega.

Cálculos cuestionables
Otro punto en el que Nación llama la atención a la provincia en cuanto a resultados presentados  es aquel relativo a áreas transformadas de manera no autorizada , las cuales "se excluyen del balance de superficie de bosques nativos aprobado formalmente" , cuando la ley nacional establece que deben mantener la categoría original,  diferenciando que corresponde su recuperación y restauración en caso de haber sido transformadas ilegalmente (por desmontes).
Se advierte asimismo que tampoco la Provincia comunicó "acciones para promover la recuperación de los bosques desmontados ilegalmente  ni ofreció información en el marco del Registro Nacional de Infractores".
Además, el área nacional señala que "se excluyen de la cobertura de actualización del OTBN las áreas desmontadas con permisos de recategorización" según la ley anterior; del mismo modo que "los remanentes de bosques no desmontados por este procedimiento, que originalmente estaban en categoría II (amarillo) y se asignaron a III (verde)".
Al comparar la legislación anterior y la nueva, el informe nacional advierte otro punto sustancial: "En el primer OTBN (2009), la provincia presentaba 1,5 millones de hectáreas en categoría III  (verde, donde se permite el desmonte), mientras que la actualización (2024) contempla 1,2 millones de hectáreas en esa categoría". "Sin embargo, durante la vigencia de la ley nacional (2008-22), la Dirección de Bosques registró una deforestación de 488.000 hectáreas  en las tres categorías de conservación y en áreas sin categoría. Si sumamos la pérdida de bosque a la superficie correspondiente a la categoría III (verde) de la actualización, se incrementa en 200 mil hectáreas el umbral de cambio de uso del suelo", indica el informe.
En este punto, el problema es cómo la autoridad chaqueña de aplicación de la ley calculó las hectáreas de las áreas sujetas a desmonte para el nuevo ordenamiento : para que la cifra sea menor a las del primer OTBN (1,5 millones versus las actuales 1,2 millones) y para cumplir así el principio de no regresión de la legislación ambiental argentina, no se incluyeron las hectáreas "verdes" desmontadas desde la última actualización (488.000).
El informe nacional observa también "huecos en la cobertura y sectores de bosque no identificados",  planteando así que la documentación elevada por el Chaco haría pasar como zonas donde no existen bosques a áreas que sí los tienen, algo que resultaría funcional para los desmontes sin tener que tramitar los permisos obligados por la ley.

Proceso participativo
Por último, Nación cuestiona las falencias en el proceso participativo: "La Ley 26331 requiere que las provincias realicen sus respectivos OTBN a través de procesos participativos. Si bien el proceso de actualización ha tenido una multiplicidad de eventos y comisiones de consulta y participación durante los años en que se desarrollaron diferentes propuestas de OTBN, la gran cantidad de denuncias documentadas y/o de público conocimiento, especialmente respecto al mapa contenido en la nueva ley, llevaría a concluir que éste no sería resultado de un proceso participativo de consensos".
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