Presupuesto 2025: organizaciones cuestionan “el cepo” estatal a áreas ambientales clave

Fecha de Publicación: 07/10/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno decidió eliminar el ministerio y convertirlo en una subsecretaría y, según las ONG, achicar partidas para la Ley de Bosques; los fondos para el manejo del fuego crecieron, pero, de acuerdo a los ambientalistas, están subejecutados; para el Ejecutivo no hay reducción de fondos
El 15 de septiembre pasado, el presidente Javier Milei presentó el proyecto de presupuesto para el año próximo en el Congreso de la Nación, cuyo punto central es que los gastos estarán limitados por la meta máxima del gobierno nacional, que es lograr superávit fiscal. Tal como ya había quedado explicitado tanto por el DNU 70/2023 como por la Ley Bases, el presupuesto avanza en la disminución de capacidades estatales y el recorte del entramado jurídico en varias áreas, entre las que aparece la protección de la naturaleza.
Lo que antes era el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación ahora es una subsecretaría, que recibirá el 0,066% del total de los fondos, una caída de entre el 12,25% y el 25% respecto al año pasado, dependiendo de si se considera la inflación prevista para 2025 tanto en el proyecto de ley como en el Relevamiento de Expectativas del Mercado. Así se desprende del documento “Presupuesto 2025: con cepo a los derechos ambientales” presentado hace pocos días por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que agrega que en relación a los fondos para el cuidado de los bosques nativos, las partidas asignadas para el año próximo representan el 2,56% de lo que debería recibir según la Ley de Bosques, con una caída de un 27% en términos reales según esa ONG y otro informe de Vida Silvestre.
Para el manejo del fuego, los datos muestran un incremento de los fondos en términos reales de 46% en la comparación interanual, pero señalan que hay una fuerte subejecución de estos a septiembre pasado, ya que de un total de $14.000 millones, solo se ejecutaron $5500 millones. “Nos preocupa la falta de ejecución presupuestaria, hay partidas casi intocadas como las de la Ley de Bosques o las destinadas a la cuenca Matanza/Riachuelo y otras subejecutadas como las de manejo del fuego. Hay una baja ejecución de los fondos en general”, dijo Andrés Nápoli, el director de la FARN.
Para la Subsecretaría de Ambiente nacional (que depende de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que está a cargo de Daniel Scioli), “no hay recorte presupuestario” en manejo del fuego. “La ejecución del presupuesto se vio demorada por no haber encontrado, al comenzar la nueva gestión, procesos licitatorios en marcha. Ello no impidió que, por ejemplo, colaboraremos eficientemente con medios aéreos durante el incendio de Los Alerces iniciado en enero y en todos los casos que se demandó asistencia, gracias al esfuerzo realizado desde la Jefatura de Gabinete. El presupuesto será ejecutado”.
En relación a la Ley de Bosques, desde esa cartera señalaron que “la ejecución del presupuesto está supeditado a las rendiciones de fondos que deben realizar las provincias. En la medida que se acredita y verifica su cumplimiento se está en condiciones de girar nuevos fondos. A la fecha hay provincias que los recibirán próximamente”.

Fuego: fondos que no se gastan
La gravedad de los incendios de las últimas semanas en varias zonas serranas de Córdoba, donde la sequía no da tregua, volvió a actualizar el debate sobre cómo se trabaja en la prevención y la respuesta a estos eventos, cada vez más frecuentes e intensos en un contexto global de crisis climática. “No solo se trata de presupuesto, sino también de articulación con diferentes sectores productivos y sociales, porque más del 90% de los incendios son originados por la acción humana”, señalaron desde la FARN.
Desde esa organización puntualizaron que el proyecto de ley de Presupuesto 2025 asigna $28.603 millones para prevenir y proteger al ambiente de los incendios, lo que representa menos del 0,025% del total de gastos previstos. “En lo fáctico, si se compara el monto dispuesto en el presupuesto 2025 y el de 2024 en partidas orientadas al manejo del fuego, se observa un crecimiento en términos reales del 46%”, dijo Nápoli.
El experto agregó que algunos datos son contradictorios: mientras que el presupuesto 2023 proponía capacitar a 1120 agentes y garantizar 5100 horas de vuelo para el combate de los incendios de bosques, el nuevo proyecto aspira a capacitar más agentes (1700), pero baja las horas de vuelo a 3600. “Es difícil de entender que por un lado haya más agentes, pero menos horas de vuelo”.

Bosques nativos
En el presupuesto 2025 se asignan unos $9091 millones a la Ley de Bosques, una fuerte caída ya que –según la propia norma– ese fondo fiduciario debería recibir un mínimo del 0,3% del presupuesto, mientras que el monto asignado representa el 0,0077%. “Se incumple la Ley 26.331 y se le asigna 38,8 veces menos de lo que corresponde, apenas un 2,56% de lo que debería recibir. A su vez, la caída del dinero destinado al fondo es de un 27% en términos reales” señalaron desde la FARN. Desde Vida Silvestre avanzaron en el mismo sentido a través de un comunicado firmado por su presidente, Manuel Jaramillo: “La conservación de los bosques nativos no es solo una cuestión ambiental. El presupuesto 2025 asigna solo el 2,5% de lo estipulado, una reducción a un mínimo histórico que amenaza la preservación de más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos”.
Además de pocos y escasos, según indicaron las organizaciones, esos fondos están siendo subejecutados desde el gobierno nacional, tal como ocurre con las partidas para el manejo del fuego. De acuerdo con la FARN, al 11 de septiembre pasado “ha sido nula la ejecución de estos 10.000 millones asignados”, lo que “agrava los problemas climáticos e hídricos, incrementando los riesgos frente a olas de calor, incendios y posibles problemas sanitarios”. Este desmanejo llevó a que la Fundación Vida Silvestre solicitara formalmente información a las autoridades sobre la gestión del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, sin respuesta hasta ahora.

Menos control
Nápoli mencionó otro punto preocupante sobre los recortes en competencias ambientales, que tiene que ver con la caída del financiamiento en el programa de Evaluación y Control Ambiental, que pasó de tener $30.000 millones a $16.000 millones de presupuesto, una pérdida de entre el 52,9% y el 59,8% en términos reales, de acuerdo a las distintas estimaciones de inflación para el año próximo.
Este programa se encargaba, hasta ahora, de supervisar y realizar tareas de control y fiscalización en materia de residuos, sustancias químicas, efluentes, flora y fauna silvestre, así como de la evaluación de los estudios de impacto ambiental. “En el contexto de lo que plantea el RIGI, que son inversiones en recursos naturales en muchos casos, deberíamos reforzar las áreas de control, pero acá vemos que sucede lo contrario”, señaló Nápoli.
.

9 de cada 10 argentinos perciben el impacto del cambio climático, desde los riesgos en la salud a más mosquitos

Fecha de Publicación: 07/10/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


El aumento de las temperaturas y la mayor presencia de vectores transmisores de patologías, como el dengue, son algunos de los factores que afectan a la mayoría de los ciudadanos. Cuáles son los efectos en la vida diaria, según un estudio del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina
El cambio climático dejó de ser un concepto abstracto, y se convirtió en un fenómeno ineludible para muchas personas en Argentina, que sienten que afecta tanto sus entornos inmediatos como sus condiciones de vida.
Un reciente estudio realizado por el Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, en colaboración con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja (IFRC), reveló que 7 de cada 10 personas han percibido un aumento de las temperaturas en sus zonas de residencia.
Este cambio no es solo una alteración en el clima, sino un factor que afecta la salud pública, el medio ambiente y las dinámicas de vida locales, según manifestaron.
El estudio también muestra que el 91% de los encuestados reporta un incremento en la cantidad de insectos transmisores de patologías, como los mosquitos Aedes aegypti, conocidos por propagar enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Este fenómeno, ligado directamente al cambio climático, está generando preocupaciones de salud entre la población.
Sin embargo, a pesar de estos efectos tangibles, el 55% de las personas encuestadas afirma estar poco o nada informada sobre el cambio climático y sus consecuencias, lo que resalta la necesidad urgente de campañas de sensibilización y educación sobre el tema.
El 76% de los encuestados indicó que se sienten muy o bastante preocupados por el cambio climático, pero esta emoción contrasta con el bajo nivel de información disponible para la mayoría. Esta paradoja entre preocupación y falta de conocimiento plantea un desafío importante para las políticas públicas y las acciones a nivel comunitario.
“Es evidente que la información y la educación sobre el cambio climático deben ser fortalecidas para fomentar una comprensión más profunda y una acción más efectiva”, indicaron desde el Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina y resaltaron que “abordar el cambio climático en Argentina requiere un enfoque multifacético que combine la educación, la acción comunitaria, la formulación de políticas ambientales y la colaboración entre diferentes sectores”
El estudio, llevado a cabo entre el 27 de mayo y el 1 de julio de 2024, recopiló información de 4.127 sondeos realizados en todo el territorio argentino; que incluyó las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las encuestas, tanto presenciales como en línea, estaban dirigidas a personas de entre 18 y 70 años, y el análisis de los datos se realizó utilizando el software SPSS. La privacidad de los participantes estuvo garantizada mediante la aplicación de las políticas de protección de datos de la IFRC, y no se recolectó información de identificación personal.

El impacto del cambio climático
Los resultados del estudio dejan claro que el impacto y los efectos del cambio climático en Argentina se sienten de manera inmediata y significativa.
El 72% de los encuestados ha notado un aumento en las temperaturas en sus regiones, lo que está modificando los patrones climáticos tradicionales y afectando la vida diaria de las personas. Este calentamiento se manifiesta en olas de calor más frecuentes, mayor sequedad del suelo y alteraciones en los ciclos agrícolas, lo que podría tener consecuencias para la seguridad alimentaria a largo plazo.
Otro efecto preocupante relacionado con el cambio climático es el aumento en la cantidad de mosquitos e insectos transmisores de enfermedades. El 91% de los encuestados, es decir 9 de cada 10, afirmó haber notado un incremento en la presencia de estos insectos en sus zonas, situación que genera un repunte en los casos de enfermedades transmitidas por vector.
Según el director del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, José Scioli, “el cambio climático representa uno de los desafíos más urgentes para la sociedad. Si bien se trata de un fenómeno global, sus impactos se manifiestan de manera específica en cada región, dependiendo de factores geográficos, sociales y económicos. Por lo tanto, la comprensión y la adaptación a estos cambios son fundamentales para la gestión de los riesgos climáticos en Argentina”.
Este fenómeno ha incrementado la preocupación de la población por la salud, ya que 8 de cada 10 personas creen que existe una relación directa entre el cambio climático y el aumento de enfermedades transmitidas por picaduras de insectos.
Sin embargo, a pesar de la creciente preocupación, más de la mitad de los encuestados indicó que tiene poco o ningún conocimiento sobre conceptos clave del cambio climático, como la mitigación y la adaptación.
Este vacío informativo resalta la urgencia de generar conciencia pública y educar a la población sobre cómo el cambio climático afecta su vida diaria y qué acciones pueden tomar para protegerse.

Qué acciones podrían mitigar el cambio climático
El estudio también exploró qué acciones consideran necesarias los encuestados para mitigar el impacto del cambio climático. Un aspecto positivo que se destaca es que, a pesar de la falta de información, la mayoría de las personas ya está tomando medidas a nivel personal y comunitario para enfrentar este desafío.
El 73% de los encuestados señaló que promover el reciclaje y la reutilización es una de las principales acciones que las comunidades deben implementar para mitigar el cambio climático. Estas prácticas no solo ayudan a reducir los residuos, sino que también contribuyen a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Además, un 62% de las personas considera que es fundamental fomentar el uso de energías renovables, como la solar o la eólica, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Estas medidas, combinadas con la promoción del uso de transporte público o bicicletas, pueden reducir significativamente la huella de carbono de las comunidades.
A nivel global, el 66% de los encuestados cree que deberían implementarse políticas ambientales más estrictas para regular las emisiones y promover el desarrollo sostenible.
Esta visión está en línea con los esfuerzos internacionales por cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados Celsius. Sin embargo, alcanzar estos objetivos dependerá no solo de las políticas gubernamentales, sino también de la cooperación entre los sectores privado y público, y de la concientización a nivel ciudadano.
Recomendaciones para enfrentar el cambio climático
El estudio ofrece una serie de recomendaciones clave para mejorar la preparación de las comunidades frente al cambio climático. Una de las principales conclusiones es la necesidad de aumentar la educación y la sensibilización sobre los efectos del calentamiento global y las medidas que se pueden tomar para mitigarlo.
Esto incluye campañas de concientización dirigidas a todos los grupos etarios, con materiales accesibles y comprensibles que expliquen los conceptos de mitigación, adaptación y sostenibilidad.
Además, el estudio resalta la importancia de fortalecer el rol de las organizaciones humanitarias en la adaptación al cambio climático. Según el trabajo, “no solo deben brindar asistencia en emergencias climáticas, sino que también deben desempeñar un papel clave en la educación y preparación de las comunidades para que puedan anticiparse a los eventos extremos y recuperarse de ellos de manera más efectiva”. Este enfoque preventivo es fundamental para mejorar la resiliencia de las comunidades y reducir la vulnerabilidad ante futuros desastres climáticos.
Entre las recomendaciones también se encuentra la implementación de sistemas de alerta temprana que permitan a las comunidades recibir información sobre posibles eventos climáticos extremos y prepararse adecuadamente.
Estos sistemas, combinados con programas de capacitación y planes de contingencia a nivel local, pueden salvar vidas y reducir el impacto de los desastres.
El cambio climático no es una amenaza distante; sus efectos ya se sienten en Argentina, alterando los patrones climáticos, aumentando la propagación de enfermedades y poniendo en riesgo la salud de las personas. Aunque la mayoría de la población está preocupada por estos efectos, cuando fueron consultados sobre “su percepción sobre el futuro en relación con el cambio climático, el 65% de los encuestados muestra una postura optimista. No obstante, 3 de cada 10 personas afirman tener una percepción ‘moderadamente optimista’”
De todas maneras, hay una gran brecha en cuanto a la información disponible y las acciones concretas que las personas pueden tomar. Es crucial que tanto los gobiernos como las organizaciones humanitarias trabajen en conjunto para educar, preparar y empoderar a las comunidades, no solo para enfrentar los efectos del cambio climático, sino también para mitigar su impacto y garantizar un futuro más seguro y saludable.
En ese sentido, la Cruz Roja Argentina, en su rol como organización humanitaria, tiene la capacidad de liderar estos esfuerzos y de trabajar con las comunidades más vulnerables para mejorar su capacidad de respuesta ante el cambio climático. Solo a través de la colaboración y la acción colectiva será posible enfrentar este desafío global y proteger a las generaciones futuras.
.

Piden elevar a juicio a cuatro acusados por utilizar agroquímicos cerca de viviendas y escuelas

Fecha de Publicación: 05/10/2024
Fuente: Portal CodigoBaires
Provincia/Región: Buenos Aires


Cuatro personas fueron procesadas por fumigar zonas semiurbanas con herbicidas peligrosos para la salud y el ambiente, desobediendo una ordenanza municipal y una medida cautelar que delimita zonas de exclusión.
La Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de Matías Felipe Di Lello, solicitó elevar a juicio a cuatro personas procesadas por el delito de contaminación ambiental con agroquímicos con residuos calificados como peligrosos.
Los acusados fueron implicados por fumigar con herbicidas peligrosos para la salud zonas semiurbanas de Pergamino cercanas a viviendas, una escuela y un jardín de infantes, desacatando una ordenanza municipal y una medida cautelar que delimita áreas de exclusión.
Uno de los hechos investigados ocurrió en un campo ubicado a diez kilómetros de la localidad. Un camión fumigador esparció los agroquímicos desobediendo la prohibición de dicha actividad establecida por la ordenanza N° 8126, sancionada tres años atrás por el Concejo Deliberante local. Un vecino grabó el suceso y advirtió a las autoridades, ya que la aplicación de las sustancias se llevó a cabo a metros de la Escuela N°19 y del Jardín de Infantes N° 920, mientras sus estudiantes estaban dentro del establecimiento.
Los estudios de laboratorio y análisis del suelo arrojaron que las sustancias utilizadas eran enumeradas en la Ley de Residuos Peligrosos N° 24.051, como el glifosato, que fue categorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probablemente carcinógeno para humanos. También se descubrieron herbicidas cuyo uso podría envenenar, adulterar o contaminar la salud y el ambiente.
El otro caso tuvo lugar en Juan Manuel de Rosario 3500 de la localidad de Francisco Ayersa y fue denunciado telefónicamente por un vecino. En esa ocasión, se detectó la aplicación de agroquímicos tóxicos en un campo donde se cultivaba soja, en un área lindera a la Cooperativa Eléctrica de Pergamino. Tras la investigación, se determinó que no hubo aviso previo a la Municipalidad.
El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, indagó a los acusados y ordenó su procesamiento al considerarlos responsables, unificando las causas por su cercanía temporal.
"Si bien no existen dudas de que el delito en cuestión es de peligro, se consuma cuando la acción entraña un peligro para la salud de las personas; circunstancias que se pudieron determinar en esta investigación en virtud de los residuos peligrosos arrojados por los imputados en los campos señalados dentro de las zonas prohibidas, por existir poblados y establecimientos educativos" señaló Di Lello.
El magistrado también señaló que los hechos fueron constatados con evidencia documental y pericial así como con los testimonios de profesionales y especialistas en la materia, "lo que determina que todos los extremos se ven confirmados".
.

Contaminación por desechos pesqueros mata fauna marina en patagonia argentina

Fecha de Publicación: 05/10/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Patagonia


En una extensa playa de Pico Sayago, cercana a Península Valdés, un área de gran riqueza natural de la Patagonia argentina, montañas de desechos plásticos de la industria pesquera cubren la costa llegando a provocar la muerte de lobos de mar, peces, pingüinos y ballenas que habitan el lugar.
La península, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO y uno de los principales destinos turísticos del país, se está viendo afectada por cajas, baldes, redes, boyas y otros elementos plásticos usados por los barcos pesqueros, que tiran al mar o caen durante las tormentas en el Atlántico Sur y llegan a las playas desiertas por efecto del viento y las corrientes.
"El problema principal con estos plásticos es el componente que se utiliza, que en general son químicos y contaminantes que producen una serie de enfermedades y de anomalías tanto en el cuerpo humano como en el de la fauna marina", explicó Diego González Ceballos, biólogo especialista en materiales plásticos de origen pesquero.
Pero hay otros efectos que no son tan visibles, ya que ocurren cuando los materiales se degradan.
"Por acción de las corrientes, del sol o del paso del tiempo, estos plásticos pasan a microplásticos. Cuando pasan a microplásticos es un problema no tan visible, comienzan a formar parte de las cadenas tróficas de las especies", relató el especialista del organismo nacional de investigación científica CONICET.
"Esto quiere decir que muchas especies lo consumen, estamos hablando de invertebrados marinos, de peces, y ahí nos lleva a una puerta directa con impacto en la salud humana", agregó en el Centro de Investigación Científica del CONICET, en Puerto Madryn.
La cantidad de desechos plásticos que fluye hacia el océano y mata la vida marina podría triplicarse en los próximos 20 años a menos que las empresas y los gobiernos reduzcan de manera drástica su producción, según una investigación científica de 2020 para The Pew Charitable Trusts y SISTEMIQ.
Península Valdés, ubicada 1.000 kilómetros al sur de Buenos Aires, es un sitio de preservación de mamíferos marinos que alberga grandes poblaciones de ballenas francas en peligro de extinción así como de elefantes, leones marinos y pingüinos.
Reuters pudo ver animales muertos y otros conviviendo directamente con los residuos plásticos.
Además de los efectos directos de la contaminación del ambiente y del impacto en la salud de animales y humanos, González Ceballos alertó también de las consecuencias para los mercados de la industria pesquera.
"Lo que preocupa de la presencia de microplásticos hoy por hoy, además de la salud humana, son los mercados, la economía, porque muchos de los productos pesqueros convencionales comienzan a tener concentraciones de microplásticos que podrían ser preocupantes y podrían conducir al cierre de algunos mercados", concluyó.
.

Atropellaron a un yaguareté y huyeron: ofrecen recompensa por datos sobre el hecho

Fecha de Publicación: 04/10/2024
Fuente: Canal26
Provincia/Región: Misiones


"No descansaremos hasta dar con el conductor", aseguró el gobernador de Misiones, donde se produjo el hecho.
Una de las razones por las cuales el yaguareté se encuentra en peligro de extinción es la acción humana, y lo sucedido en la provincia de Misiones es un claro ejemplo. Una cachorra de este ejemplar falleció en las inmediaciones de Puerto Península, luego de haber sido atropellada por un conductor que escapó del lugar luego de impactar con el animal.
Esta triste noticia fue confirmada por el gobernador Hugo Passalaqcua, quien aprovechó para alertar a la sociedad sobre el impacto que estos hechos tienen en la biodiversidad local. Además, informó que se dará una recompensa a quienes puedan aportar datos que ayuden a resolver el caso.
A través de su cuenta de X (ex Twitter), el funcionario expresó: “Con profundo pesar, lamentamos informar que entre las 19:15 y las 19:29 del miércoles 2 de octubre una cachorra de yaguareté fue trágicamente atropellada en inmediaciones de Puerto Península, sobre la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 1627, en sentido a Puerto Iguazú”.
La muerte de este pequeño felino representa un duro golpe a la fauna de la selva misionera, dado que el portal provincial El Territorio aportó que, según el relevamiento difundido en 2023, "solo quedaban 93 ejemplares en la región". Por esta razón, diferentes organismos realizan campañas de concientización sobre la necesidad e importancia de reducir la velocidad en las áreas protegidas para evitar no solo el atropellamiento, sino también la pérdida de especies.
Por otra parte, el gobernador misionero añadió: “No descansaremos hasta dar con el conductor que, obviando con total negligencia por exceder los límites de velocidad establecidos en esta zona correspondiente a un área natural protegida, acabó de forma irresponsable con la vida de este ejemplar del máximo emblema de nuestra selva. Esta triste e indignante noticia es un duro golpe al gran trabajo que a diario realizamos el millón y medio de misioneros para cuidar nuestro mayor tesoro: la biodiversidad”
A su vez, instó a la población a "extremar los cuidados para circular en la zona, ya que presumiblemente la madre de la cachorra se encuentre aun buscándola en el área".
.

Gualeguaychú: seis años después, declararon inconstitucional la prohibición de glifosato

Fecha de Publicación: 04/10/2024
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos


La Cámara Contencioso Administrativa de Concepción del Uruguay, declaró inconstitucional una ordenanza que sancionó el Concejo Deliberante de Gualeguaychú en abril de 2018. Pasaron seis años. La medida del Concejo prohibía el uso, venta y comercialización de glifosato en el ejido municipal. Varias entidades ruralistas se presentaron en la Justicia y pidieron que declaren inconstitucional la disposición local. Y lo consiguieron con un fallo que se publicó este 30 de septiembre.
A la noticia la dio a conocer este lunes el sitio Bichos de Campo. La ordenanza que estuvo bajo evaluación judicial lleva el número 12.216, y fue sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú el 16 de abril de 2018. La presentación judicial también comprendió el Decreto reglamentario 1771/18 DEM, dictado por el Departamento Ejecutivo municipal el 11 de junio de 2018.
Tras la disposición judicial, se quejaron la Sociedad Rural Argentina, la Sociedad Rural de Gualeguaychú, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), la Federación Entrerriana de Cooperativas Cooperativa Limitada, de las firmas El Tramo SA, El Potrero de San Lorenzo SA, Modena SA, Patacho SA e Inducampo SA, y de los Sres. Matías Ivan Martiarena, Ignacio Sánchez Alzaga, Carlos Sánchez Alzaga, Jorge Marcelo Tinti, Guillermo Domingo Bértora, María Eugenia Pons, Jorge Eduardo Pons, Manuel Fernán Feliz Olarra Lynch y José Leopoldo Ingold. Todos acudieron a los estrados judiciales representados por los abogados Guillermo Eduardo López Moras y Juan Manuel Gadea.
Según los argumentos de la resolución a la que accedió ANÁLISIS, los accionantes cuestionaron que se plantee como “un hecho cierto la vinculación entre glifosato y cáncer, por el solo hecho de haber sido incluido el herbicida dentro del Grupo 2A de principios activos como ‘probable carcinógeno’ para los seres humanos por un estudio realizado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (en adelante, IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sostuvieron que, pese a que el citado es uno de los cuatro programas a través de los cuales la OMS investigó el glifosato, resultó ser el citado el único que arribó a esa conclusión”.
Razonaron que “para la mismísima OMS, el glifosato es tan perjudicial para los seres humanos como el hecho de consumir carnes rojas o tomar mate con agua caliente. Luego de cuestionar al referido estudio, objetaron que, en lugar de tratar la exposición al producto, se haya eliminado directamente su causa. Hicieron énfasis en la existencia de muchísimos agentes contaminantes respecto de los cuales se ha comprobado resultar más perjudiciales que el glifosato y que, como corresponde, su uso no es objeto de prohibición, sino antes, bien de una razonable reglamentación”.
Las entidades rurales y agrarias admitieron que “el glifosato no debería calificarse ni tratarse como inocuo, tal como se lo consideraba mundialmente hasta el año 2009, deviene absurdo disponer su prohibición y no hacer lo mismo respecto del uso de otros agroquímicos de mayor peligrosidad”.
Entre otros argumentos, alegaron también que “a pesar de que la gravedad de la aplicación de agroquímicos es reconocida en Estados Unidos desde 1950, a nadie se le ocurrió allí prohibirlos”. Mencionaron que “el sexto considerando de la ordenanza atacada, alude a un informe del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), publicado en 2016, sobre el hallazgo de muestras de glifosato en la cuenca del río Paraná, documento que descalificaron por haber sido realizado por jóvenes en formación, además de no haberse especificado en aquél las consecuencias de tal observación”.
Aseveraron que “el uso y aplicación del producto en Gualeguaychú, al momento del dictado de la ordenanza, se hallaba especial y expresamente reglamentado, negando la enunciación de la norma impugnada de que pueda aplicarse sin receta de ingeniero agrónomo en el campo”. Señalaron que “el vigésimo noveno párrafo de los considerandos alude a que recientemente la Unión Europea (UE) habría aconsejado no comprar más productos que contengan residuos de glifosato. Contrariamente, evidenciaron que en noviembre de 2017 la Comisión de la Unión Europea prorrogó por cinco años más su licencia de uso, lo que a su criterio sería una muestra más de la parcialidad y falta de objetividad con la que se manejaron las autoridades municipales”.
Con posterioridad 2enfocaron sus reproches a la aptitud del municipio para dictar una norma como la objetada. En ese sentido, cuestionaron la competencia de la Municipalidad de Gualeguaychú para determinar una prohibición como la sindicada”.

Qué contestó el municipio
En representación de la Municipalidad de San José de Gualeguaychú se presentaron Mariano José Fiorotto, Hernán Leonel Castillo y Martín Germán Britos.
Contestaron que Sostuvieron que “tal como se refleja en los considerandos de la norma, todos los sectores fueron citados a los fines de traer aportes técnicos y científicos al debate previo a su sanción”.
Seguidamente, enumeraron los fundamentos de la ordenanza: “el informe de IARC confirmando la vinculación entre glifosato y cáncer; que dicha información fue receptada por diversas localidades; que luego de un año de trabajo la OMS categorizó el producto como la segunda categoría más alta vinculada a enfermedad causando daño en el ADN y cromosomas de las células humanas, detectándose glifosato en agua, alimentos, sangre y orina”, entre otros.
Resaltaron que “la ordenanza fue votada por mayoría, incluyendo el voto oficialista y del principal opositor, una facción vecinalista, con la sola oposición de la bancada representativa del sector de los promotores de la demanda”.
Arguyeron acerca del “carácter excepcional de la declaración de inconstitucionalidad y enfatizaron que su planteo requiere, para quien la invoque, la acreditación de un perjuicio directo y personal derivado de la vigencia de la norma”. Reseñaron “los requisitos que la Corte nacional fija para la procedencia de este tipo de acciones y subrayaron que en los presentes no existe la incertidumbre que fundamentaría la acción”.
Formularon “consideraciones sobre el glifosato. Describieron su acción, composición, características y efectos al contacto con personas”. Entendieron que “la única finalidad de la presente acción es la rentabilidad de un negocio de componentes inimaginables, y explicaron sobre la tecnología transgénica de la soja, del principal productor de la sustancia, a quien identificaron como Monsanto, y el sistema de siembra directa”.
Seguidamente desarrollaron acerca del “uso generalizado del glifosato y reseñaron los documentos de la OMS en orden a aseverar que el producto es predominante en las lluvias de nuestra provincia en el Río Paraná”.
Calificaron de “injustificablemente desactualizada la categorización de SENASA, que es el órgano autorizado para evaluar y revisar el uso de glifosato”. Resaltaron que “la ANMAT por su parte tiene competencia para autorizar y evaluar los formularios comerciales con el principio activo de glifosato para uso domiciliario”.
En relación a los efectos sobre la salud del producto, aseguraron “no ser inocuos, como pretenden sostener los actores, y efectuaron diversas consideraciones sobre el particular, a la vez que sostuvieron que sus fabricantes -volviendo a citar a Monsanto- utilizan leyes de secretos comerciales para negar al público el acceso a la información sobre la composición de sus productos y también evitan colocar etiquetas con indicaciones alusivas”.
Expusieron acerca de “las sustancias químicas y sus efectos”. Afirmaron que “el glifosato no solo afecta la salud de quienes viven en las zonas donde se aplica, sino que altera la existencia misma de los procesos naturales, convirtiendo a la tierra en un esclavo del producto”.

Decisión
El voto fundamentado fue el del vocal de Cámara Federico José Lacava, que propuso “acuerdo acceder parcialmente a la pretensión y declarar: 1) la inconstitucionalidad de lo dispuesto en el art. 1 de la Ordenanza 12216/18 HCD en cuanto prohíbe al interior de su ejido el uso y aplicación del producto llamado en forma general ‘Glifosato’ y aquellas formulaciones que lo contengan más allá de los límites impuestos por la normativa provincial en su versión interpretada por el Excmo. Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos; 2) la inconstitucionalidad de lo dispuesto en el art. 1 de la Ordenanza 12216/18 HCD en cuanto prohíbe en su ejido el expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta del producto llamado en forma general Glifosato y aquellas formulaciones que lo contengan; 3) la inconstitucionalidad de las normas del Decreto 1771/18 DEM que reglamentan efectos derivados de los dispositivos cuya incompatibilidad constitucional aquí se declara”.
El presidente de cámara Mariano Alberto López adhirió a la solución propuesta y la vocal María Fernanda Erramuspe se abstuvo.  
.

Por unanimidad, Diputados sancionó la emergencia en las zonas afectadas por los incendios en Córdoba

Fecha de Publicación: 03/10/2024
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


El proyecto, que destrabará fondos extra de la Nación para atender la catástrofe, fue incorporado a la sesión de este martes y fue aprobado con 218 votos a favor y ninguno en contra.
La Cámara de Diputados se sancionó la ley que declara la emergencia ambiental, económica y habitacional por 180 días en la provincia de Córdoba debido a los incendios forestales. Luego de que La Libertad Avanza decidiera acompañar el proyecto del Senado, hubo total consenso entre las fuerzas políticas para darle luz verde a la norma, que obtuvo 218 votos a favor y ninguno en contra en la madrugada del miércoles. Destrabará fondos extra de la Nación para atender la catástrofe ambiental.
El proyecto fue incorporado al temario de la sesión que inició este martes con tres cuartos de los votos tras una moción del diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), autor de otro proyecto similar presentado con anterioridad. De esa manera, la iniciativa será votada al final de la jornada.
“La razón política para que incluyamos esto en la sesión es que los satélites de la Conae nos arrojan un número de 70.000 hectáreas arrasadas este año en la provincia de Córdoba por incendios. Para que tomen dimensión, son tres veces y medio la Ciudad de Buenos Aires”, graficó Agost Carreño al presentar la moción, que fue acompañada por el resto de los bloques.
El legislador, también titular del PRO de Córdoba, sostuvo que “más adelante vamos a tener que discutir la eficacia del Plan de Manejo del Fuego, el destino de las partidas (que se componen del 3 por 1.000 de las primas de seguro que pagamos todos los argentinos en casi todos los seguros) y demás responsabilidades políticas. Pero no es el día hoy. Es hora de unirnos ante una catástrofe para dar respuestas concretas a la gente”.
El titular del bloque UCR, Rodrigo De Loredo, apuntó contra el gobierno de Martín Llaryora por la “absoluta carencia de políticas serias de prevención” a pesar de los impuestos cuya recaudación está destinada a combatir el fuego. “Córdoba tiene peor equipamiento que Santiago del Estero”, comparó.
De Loredo levantó el tono y se quejó de que “vienen las elecciones, las encuestas dicen que lo que rankea es la inseguridad, ponen a los miembros del Etac como policías urbanos no armados y no se cumple el objetivo”.
Por otra parte, se refirió al proyecto de su par Juan Brügge para elevar penas contra los autores de los incendios (comenzará a discutirse próximamente en Diputados) y señaló que “de todos los incendios que hemos tenido en Córdoba, no hay una sola causa penal que avance”.
Gabriela Estévez (Unión por la Patria), autora de otro proyecto para declarar la emergencia, destacó el acuerdo político transversal para avanzar con la ley, que surgió en el Senado por iniciativa conjunta de los tres representantes de la provincia (Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Alejandra Vigo).
“Hay pueblos donde el 60% ha sido quemado y eso significa proyectos de vida, económicos y familiares que quedan suspendidos en el tiempo”, lamentó Estévez, de La Cámpora.
Desde el PRO, Laura Rodríguez Machado también respaldó el proyecto. “No vamos a llevar agua para cada molino diciendo quién se equivocó o quién lo hizo antes o después”, dijo.
Por último, Gabriel Bornoroni aseguró que “el bloque de La Libertad Avanza va a acompañar esta emergencia como acompañó el presidente Milei desde el día cero a la provincia de Córdoba. Fue a la provincia, envió todos los insumos necesarios, y no solo eso, sino que el director nacional del Programa de Manejo del Fuego, Jorge Heider, estuvo a disposición al igual que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán”.
Bornoroni se expresó de esa manera luego de que el bloque oficialista se negara a acompañar la ley en el Senado debido a su costo fiscal. En Diputados, hubo coincidencias en que el impacto en las cuentas públicas será “mínimo”.
Según se informó este martes en la provincia, hay un foco en Salsacate ubicado en “una zona de muy difícil acceso”. Los bomberos fueron helitransportados hasta el lugar, apoyados por tres aviones hidrantes y seis helicópteros. En Punilla se sucedieron dos nuevos focos, cerca de San Marcos Sierra y Capilla del Monte. Allí trabajan bomberos de diversos cuarteles y aviones hidrantes, que lograron disminuir la intensidad del fuego.
.

Alerta por la contaminación por microplásticos en el Río Colorado

Fecha de Publicación: 03/10/2024
Fuente: Cadena 3 Patagonia
Provincia/Región: Patagonia


Científicos del CONICET monitorean la creciente contaminación por microplásticos en la cuenca del río Colorado, alertando sobre los peligros para la biodiversidad y la salud humana.
Los microplásticos, partículas de plástico casi invisibles a simple vista, están causando una silenciosa crisis en los ecosistemas de agua dulce. En Argentina, la cuenca del río Colorado se ha convertido en el foco de un estudio que monitorea la creciente presencia de estos contaminantes. Guillermo Mora, becario doctoral del CONICET, trabaja junto al equipo del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG) en General Roca, Río Negro, para evaluar el impacto de los microplásticos en este importante sistema fluvial.
Mora explica que los microplásticos ingresan al agua a través de varias fuentes, como aguas residuales, erosión del suelo y residuos industriales. Estos contaminantes pueden ser ingeridos por una amplia variedad de organismos acuáticos, lo que no solo afecta su salud, sino que altera toda la cadena trófica. «El problema es irreversible y afecta tanto a los ecosistemas como a la salud humana», comenta el especialista, quien destaca que los microplásticos pueden transportar sustancias tóxicas que agravan su peligrosidad.
El equipo de investigación emplea técnicas avanzadas para identificar y medir los microplásticos en muestras de agua, sedimentos y peces. Además, la investigación es crucial para la gestión sostenible del agua, especialmente en un país con grandes reservas de agua dulce como Argentina. «Proteger la calidad de estos recursos es vital para las generaciones futuras», afirma Mora, subrayando la importancia de las iniciativas científicas en el contexto de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
La contaminación por microplásticos es un problema complejo que requiere soluciones integrales. Desde la regulación de las actividades que generan microplásticos hasta el desarrollo de tecnologías para eliminarlos del agua, los científicos buscan mitigar los impactos de este contaminante en la cuenca del río Colorado y otros cuerpos de agua en Argentina.
.

Nación objeta el nuevo ordenamiento de bosques por no cumplir la ley federal

Fecha de Publicación: 02/10/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Un área de la Subsecretaría de Ambiente, que analiza y ejecuta los fondos que recibe el Chaco, emitió un duro informe técnico donde observa resultados que no se condicen con los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental.  
Un informe técnico de la Dirección Nacional de Bosques  (un área dentro de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación) evaluó en forma negativa e hizo duras observaciones a la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia del Chaco , en base a documentación presentada por la autoridad local de aplicación de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Fechado en junio de este año, con la firma de dos asesores ambientales del gobierno nacional, este segundo informe técnico sobre cómo el Chaco ejecuta y administra sus bosques nativos  en el marco de la legislación nacional vigente, no es nada favorable para la provincia, y menos en el marco de la actualización sancionada a fines de abril pasado por la Cámara de Diputados, la que en ámbitos judiciales (de provincia y federal) ya tiene algunos cuestionamientos, entre ellos y como efecto, la suspensión de los desmontes.  
NORTE accedió al documento técnico de siete carillas, organizado en varios puntos, dentro del cual la parte más relevante da cuenta de la "pérdida de bosque nativo", advirtiendo que Chaco es una de las provincias "más afectadas por los cambios en el uso de la tierra ligados a la habilitación de superficies para la producción agrícola y ganadera"; poniendo así en perspectiva lo ocurriendo en varios gobiernos anteriores, y la implicancia de modificar ahora la normativa sobre el ordenamiento territorial.
"El nuevo OTBN (Ley 4005R) no cumple con lo que indica la ley nacional sobre cómo debe desarrollarse, por lo cual la autoridad nacional de aplicación no lo puede acreditar y, en consecuencia, no deberían poder otorgarse nuevos permisos de desmonte. Además, se compromete la recepción de fondos de la Ley de Bosques", le dijo a NORTE un especialista en cuestiones ambientales y legales.
La Dirección Nacional de Bosques es la que elaboró el informe en base a la Ley 4005-R que aprueba actualización del OTBN en el Chaco y el Decreto 650/24 de su promulgación. Esta dependencia cumple un rol de área técnica en cuanto a autoridad nacional de aplicación . Es la que analiza los OTBN y sus actualizaciones como garantes del cumplimiento de los presupuestos mínimos establecidos en la ley nacional, considerando siempre "la no regresividad" en las nuevas normativas.
Desmonte en zona amarilla  
Una de las principales observaciones de la Nación es que el nuevo OTBN chaqueño "admite hasta un 20% de desmonte dentro de la categoría II (amarillo)",  advirtiendo así que eso "contraviene"  lo expresado por la ley nacional. Se trata de la misma observación que la Dirección de Bosques le hizo al primer ordenamiento presentado por el Chaco.
Se cuestiona también a la provincia no haber especificado claramente "la superficie de bosque nativo incluida en las categorías de conservación II (amarillo) y III (verde)",  pese a haber enviado como documentación un mapa que "muestra un balance de superficie por categoría de conservación". Por eso, el pedido es aclarar si ese balance es parte de la nueva ley.

Metodología
Por otra parte, la Nación advierte que el Chaco presentó una metodología para sustentar la categorización del OTBN, la cual finalmente no respeta a la hora de designar las áreas en categoría I (roja) y II (amarilla), quedando la aplicación de la metodología a una única categoría -la III (verde)-, lo que no tiene efectos en su clasificación final.
Con respecto a esa observación sobre la falta de un respaldo metodológico, implica que la "mesa técnica" que definió el mapa del nuevo OTBN del Chaco no pudo explicar la metodología que utilizó para llegar al resultado presentado, lo que podría implicar una manipulación de los datos. Y lo más severo es que no se condice con la metodología que ordena la Ley Nacional de Bosques, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y la autoridad nacional de aplicación de la Ley 26331 (que es la Dirección Nacional de Bosques).
Asimismo, y algo que llamó la atención no sólo de quienes elaboraron el informe sino de analistas en general, es que los incrementos en la categoría I (rojo) se relacionan, principalmente, con la inclusión del Parque Nacional El Impenetrable.  Aquí, el área nacional aclara que "esta superficie corresponde a bosque nativo de jurisdicción nacional que, si bien computa en la distribución de fondos en favor de la jurisdicción provincial, no se toma como parte del territorio clasificado  en dicha categoría por la autoridad local de aplicación".
Así, la Nación le pidió a la Provincia "aclaraciones" sobre cómo estableció los umbrales de las categorías de conservación o las razones de sus modificaciones; y por qué algunos sectores de bosque nativo asignados a categoría II (amarillo) disminuyen su nivel a categoría III (verde), pese a que no poseen potencial de sustentabilidad agrícola, lo que representa de 220.000 hectáreas.

Legalidad en duda
El informe técnico nacional menciona que "la pérdida de bosque ocurrida entre la sanción de la Ley Nacional 26.331 y el OTBN provincial, durante la veda de desmonte, fue de 72.151 hectáreas, mientras que la pérdida de bosques desde la sanción del OTBN en 2010 al año 2022 asciende a 416.648 hectáreas.  De esta última cifra, el 37 % se realizó en categorías que no admiten desmonte : 528 hectáreas en bosques de categoría I (rojo) de alto valor de conservación y 154.675 hectáreas en bosques de categoría II (amarilla) de mediano valor de conservación".
Así, la Nación pone bajo observación que "el planteo técnico de la actualización del OTBN no incorporó el análisis detallado de la legalidad de las áreas transformadas durante la vigencia de la Ley 26331",  sino que "sólo informa la superficie total de pérdida de cobertura boscosa asociada a cambios de uso de suelo aprobados (ejecutados/no ejecutados) y aquella superficie afectada por desmontes ilegales".
En concreto, significa que lo informado por la Provincia no permite diferenciar si la pérdida de masa boscosa fue legal o ilegal y, por tanto, no permitiría tomar las medidas que indica la ley para uno y otro caso; recordando al respecto que existen responsabilidades penales por desmontes ilegales o incumplimientos en los deberes de los funcionarios públicos encargados del control.
Acerca de la información presentada por el Chaco sobre áreas correspondientes a detecciones, aprovechamientos forestales, actividades silvopastoriles y eliminación de áreas quemadas o invasoras, la Nación alerta que "no queda claro el estatus legal, por lo que se requiere una aclaración".  "Sería necesario contar con las coberturas vectoriales correspondientes a la pérdida de cobertura de bosques nativos autorizados y no autorizados , indicando período analizado", agrega.

Cálculos cuestionables
Otro punto en el que Nación llama la atención a la provincia en cuanto a resultados presentados  es aquel relativo a áreas transformadas de manera no autorizada , las cuales "se excluyen del balance de superficie de bosques nativos aprobado formalmente" , cuando la ley nacional establece que deben mantener la categoría original,  diferenciando que corresponde su recuperación y restauración en caso de haber sido transformadas ilegalmente (por desmontes).
Se advierte asimismo que tampoco la Provincia comunicó "acciones para promover la recuperación de los bosques desmontados ilegalmente  ni ofreció información en el marco del Registro Nacional de Infractores".
Además, el área nacional señala que "se excluyen de la cobertura de actualización del OTBN las áreas desmontadas con permisos de recategorización" según la ley anterior; del mismo modo que "los remanentes de bosques no desmontados por este procedimiento, que originalmente estaban en categoría II (amarillo) y se asignaron a III (verde)".
Al comparar la legislación anterior y la nueva, el informe nacional advierte otro punto sustancial: "En el primer OTBN (2009), la provincia presentaba 1,5 millones de hectáreas en categoría III  (verde, donde se permite el desmonte), mientras que la actualización (2024) contempla 1,2 millones de hectáreas en esa categoría". "Sin embargo, durante la vigencia de la ley nacional (2008-22), la Dirección de Bosques registró una deforestación de 488.000 hectáreas  en las tres categorías de conservación y en áreas sin categoría. Si sumamos la pérdida de bosque a la superficie correspondiente a la categoría III (verde) de la actualización, se incrementa en 200 mil hectáreas el umbral de cambio de uso del suelo", indica el informe.
En este punto, el problema es cómo la autoridad chaqueña de aplicación de la ley calculó las hectáreas de las áreas sujetas a desmonte para el nuevo ordenamiento : para que la cifra sea menor a las del primer OTBN (1,5 millones versus las actuales 1,2 millones) y para cumplir así el principio de no regresión de la legislación ambiental argentina, no se incluyeron las hectáreas "verdes" desmontadas desde la última actualización (488.000).
El informe nacional observa también "huecos en la cobertura y sectores de bosque no identificados",  planteando así que la documentación elevada por el Chaco haría pasar como zonas donde no existen bosques a áreas que sí los tienen, algo que resultaría funcional para los desmontes sin tener que tramitar los permisos obligados por la ley.

Proceso participativo
Por último, Nación cuestiona las falencias en el proceso participativo: "La Ley 26331 requiere que las provincias realicen sus respectivos OTBN a través de procesos participativos. Si bien el proceso de actualización ha tenido una multiplicidad de eventos y comisiones de consulta y participación durante los años en que se desarrollaron diferentes propuestas de OTBN, la gran cantidad de denuncias documentadas y/o de público conocimiento, especialmente respecto al mapa contenido en la nueva ley, llevaría a concluir que éste no sería resultado de un proceso participativo de consensos".
.

Desmantelamiento nuclear como meta

Fecha de Publicación: 02/10/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


La disputa interna por los cortes programados, ambiciones cruzadas por negocios y el plan nuclear como víctima
En medio de disputas internas por el control de la gestión y los negocios en el sector energético, el gobierno va ingresando en un territorio cada vez más conflictivo, sin planificación sobre la prestación del servicio y con un único objetivo claro pero de poco transparente concreción: la privatización y concentración del sector en un puñado de empresas "amigas" que le sirvan de sostén al deteriorado plan económico.
Después que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, disparara que "el próximo verano se realizarán cortes programados por falta de energía eléctrica", la Secretaría de Energía esbozó un “Programa de Emergencia Verano 2024-2025″ que incluye desde posibles sobrecargos por exceso de consumo, amplio uso de generadores móviles, “swaps” de energía con Brasil y Paraguay y menos provisión a grandes usuarios.
Francos intentó liberar de toda responsabilidad al actual gobierno, culpando a los anteriores de que "no ha habido inversiones durante años". En cambio, en estos últimos diez meses de gestión hubo cambios notables en el sector eléctrico: tarifazos que multiplicaron en hasta diez veces el valor de las facturas para los meses equivalentes del año pasado, anuncios de futuras privatizaciones de empresas públicas del sector que está aletargando la actividad en áreas sensibles del servicio, reducciones de personal y de sueldos en sectores operativos, y paralización de la obra pública a partir de diciembre de 2023 que interrumpió tareas que afectaron también a la oferta eléctrica.
En cambio, jugó a favor de evitar el exceso de la demanda sobre la oferta otro logro clave del gobierno en estos meses: el colapso industrial en diversos sectores y el derrumbe del consumo que se verá reflejado en una fuerte caída de la demanda eléctrica en plantas fabriles, comercios y hogares.
"La política energética del gobierno nacional, que a simple vista parece que careciera de una planificación, deja entrever que su objetivo último es la privatización y concentración del sector energético en un puñado de empresarios con el fin último de maximizar sus ganancias", sostiene Nicolás Malinovsky, director de Oecyt (Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología).
"En estos diez meses vimos aumento de tarifas, leyes que avalan futuras privatizaciones, y ahora el anuncio de cortes programados, que intentan generar un sentido común en la sociedad, como fue a finales del gobierno de Alfonsín, para rematar nuevamente el sector energético".
Argentina pareciera marchar a contramano del mundo en materia energética. En un contexto global de disputa por el control de recursos naturales necesarios para la transición energética, el gobierno impulsa la pérdida de control de espacios en los que se desarrolla el conocimiento tecnológico y las capacidades profesionales para su implementación.
"En el mundo hay una disputa y carrera tecnológica por las fuentes de generación de energía limpia, ", entre las cuales se encuentra la energía nuclear, señala el director de Oetec. "La decisión del presidente Javier Milei de impulsar la privatización de Nucleoeléctrica Argentina SA y otras empresas energéticas (Enarsa, YCF) va a contramano de lo que hoy debe hacer el país y la región en materia energética y de desarrollo de capacidades cientifico-tecnologicas que aporten a un entramado industrial", afirma.
Nucleoeléctrica, o NASA por su sigla, es la empresa encargada de construir y operar las centrales eléctricas. Actualmente son tres: Embalse, Atucha I y Atucha II. Pero estaban proyectadas otras dos, la cuarta y quinta central que se iban a construir en colaboración con China. "Los grandes proyectos nucleares han sido paralizados a partir del gobierno de Mauricio Macri, bajo el objetivo de Estados Unidos de evitar que china ingrese en América latina con inversiones en el sector, pero por otro lado con la intención de desmantelar el sector nuclear argentino", asegura.
"El sector nuclear viene de ocho años de retroceso y el plan actual se inscribe en ese mismo proyecto según el cual la política energética argentina está comandada por el sector petrolero", asegura Malinovsky. Esta última semana, el director de Oetec formó parte de una delegación de expertos en energía nuclear que visitaron al bloque de senadores de Unión por la Patria para advertir los riesgos que supondría la privatización de Nucleoeléctrica y los probables intereses que se ocultan detrás del proyecto.
Las tres centrales nucleares en funcionamiento representan el 4,1 por ciento de la potencia instalada de la matriz eléctrica nacional y el 7 por ciento de la energía generada. "Nucleoeléctrica se ubica entre los principales grupos empresarios de generación de energía eléctrica, con lo cual su privatización aboga al aumento de concentración por parte del sector privado en el segmento de generación de energía eléctrica. Es por ello que privatizar total o parcialmente la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A significa abrir una puerta al desmantelamiento del sector nuclear y la consecuente pérdida de las capacidades desarrolladas", señala el documento que entregaron los expertos a los senadores de la oposición.
El Plan Estratégico de NASA 2021/2030  contemplaba, en sus aspectos centrales, la ingeniería para la extensión de la vida útil de Atucha I (la empresa ya ejecutó un plan similar exitoso para Embalse), asistir a la Comisión Nacional de Energía Atómica en el proyecto CAREM (reactor modular íntegramente diseñado y construído en el país), conseguir el financiamiento para la cuarta central nuclear (Atucha III) según el contrato comercial firmado con China en febrero de 2022, y poner en marcha el proyecto de la quinta central.
En lugar de ello, el nuevo directorio encabezado por Alberto Lamagna está llevando a cabo un proceso de acuerdo con profesionales altamente calificados para su retiro (ya han desertado más de veinte), ordenó la paralización del proyecto CAREM y la cancelación de la cuarta y quinta central nuclear y generó un clima social y laboral de malestar generalizado por la suspensión de proyectos y con salarios a la baja.
Paradójicamente, Nucleoeléctrica fue creada en la década del 90 como instrumento para el desmantelamiento del sector, que promovía el secretario de Energía de Domingo Cavallo, el mediterráneo Carlos Manuel Bastos. Uno de sus principales asesores era el actual secretario del área, Eduardo Rodríguez Chirillo.
Nucleoeléctrica Argentina S.A es creada en la década del 90 con el objetivo de privatizar las centrales nucleares, como parte del proceso de la reforma y desmantelamiento del sector energético, llevado adelante por Carlos Bastos, ex Secretario de energía de Carlos Menem y miembro de la Fundación Mediterránea, quien tuvo de asesor al actual Secretario de energía, Eduardo Rodriguez Chirillo.
El documento que los expertos dejaron en manos de los senadores se pregunta si Rodríguez Chirillo, quien sigue ligado a Bastos y a Cavallo, no vino ahora a completar el desmantelamiento del sector, en línea con los intereses de Estados Unidos, que dejó inconclusa en los 90.
.

Los incendios exponen a fauna silvestre, algunas aves y organismos de suelo al peligro de extinción

Fecha de Publicación: 01/10/2024
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


Especialistas afirman que ante la avanzada pérdida de hábitat, pueden desaparecer muchas especies que habitan las sierras de Córdoba. Los reiterados incendios y la pérdida de bosque alteran el funcionamiento de los ecosistemas.
Una de las tantas consecuencias de los incendios es el daño al hábitat de muchas especies que viven en las sierras cordobesas. Hay muchos animales que fueron alcanzados por el fuego y que tienen susceptibilidad a la extinción por sus características biológicas. Por ejemplo, hay especies endémicas, únicas en los lugares, que, si su hábitat es alterado, no tienen dónde ir. Por eso desaparecen. Otras especies consumen un solo tipo de recurso y, si no lo tienen, se extinguen.
“Los ambientes naturales en Córdoba están deteriorados. Los pocos relictos de bosque concentran muchos individuos de cada especie. Los incendios reducen aún más estos lugares y complican a los animales encontrar alimento y desarrollarse. Muchos animales se han muerto quemados”, explica Daniela Tamburini, doctora en biología e investigadora del Conicet en diálogo con La Voz.
La particularidad de esta época del año es que es fundamental para la reproducción debido a las mejores condiciones climáticas. Muchas especies tienden a huir del fuego, pero algunas son alcanzadas por él con crías o poniendo huevos. Existe una cadena que configura el funcionamiento del ecosistema.
Los árboles, durante estos meses, comienzan a florecer para tener frutos en verano. A su vez, los insectos son fuentes de alimentos de muchos animales. “No es sólo que simplemente sobrevivan. Necesitan hábitat, otro congénere para reproducirse y alimento de plantas y bichos. En los bosque quemados, tienen que moverse más para conseguir el alimento que necesitan. El bosque quemado lleva años recuperarse. Reforestar no es hacer un bosque. Lo mejor es cuidarlo a él y a la fauna”, argumentó la especialista.
Fuentes del Ministerio de Ambiente consideraron que particularmente en la zona donde ocurrieron los incendios, no hay gran presencia de animales endémicos. En sí, los incendios han afectado directamente la distribución que tenían mamíferos y reptiles. “Queda analizar cuál es la reacción de estas especies y cómo influye en su existencia”, reconocieron, sin embargo.
“En la zona de los incendios podíamos encontrar: especies de aves como rey del Bosque (en peligro crítico previo a los incendios), carpintero negro, carpintero lomo blanco, águila coronada, reina Mora y loro hablador (en zona de Chancaní). También mamíferos como pumas, zorro gris, zorrino, corzuela parda, gato montés, pecarí de collar y reptiles como la yarará grande , yarará chica y serpiente de coral”, detallaron.
A su vez, expertos señalaron que el chancho quimilero, endémico de toda la región chaqueña y en peligro de extinción, complica aún más su supervivencia por la reducción de hábitat.
El chancho pecarí es un mamífero que ocupa la región chaqueña. La gente lo caza y, sumado a esto, la pérdida de hábitat altera su existencia. Esta especie se puede mover, pero en esta época suelen estar con crías, lo que les dificulta huir. Los animales que logran escapar no encuentran alimento porque todo está quemado.
“Hay especies que ya estaban complicadas antes de los incendios. Por ejemplo, en el oeste de la provincia de Córdoba, en los bosques chaqueños, en zonas de llanuras, hay mamíferos endémicos que sólo viven ahí. Estos incendios los afectan aún más”, agregó la especialista.
Los yaguaretés y los pumas son especies que necesitan mucha superficie, si se reduce su hábitat, es posible que su población se disminuya. Lo que puede derivar en una extinción, explican los especialistas. También se ven afectados los zorros. En la semana que pasó se vio a uno de esos animales quemado, escapando de las llamas, en la zona de Capilla del Monte. También fue noticia en La Cumbre cuando un gato montés fue atacado por perros mientras deambulaba por una zona urbana. Las autoridades creen que el animal estaba intentando salvar su vida, escapando de los incendios.
Otros animales que sufren las consecuencias de los incendios son los tuco-tuco, una especie endémica de la región. Se trata de roedores que van de 150 a 300 gramos y que habitan debajo de la tierra en distintas zonas de las Sierras de Córdoba.
Córdoba es la provincia más deforestada de Latinoamérica. Cada vez se ve menos fauna. “Hace más de 20 años que voy al campo y veo menos animales. Son los incendios, las rutas, la urbanización, reducción de hábitat. Córdoba no cuida sus ambientes naturales”, dice la experta.

El efecto del fuego sobre los organismos del suelo
Poca atención le prestamos a las especies que habitan nuestros suelos. Lo cierto es que allí se albergan millones de organismos que se conforman un ecosistema en miniatura. Las investigadoras, María Laura Moreno, María Fernanda Chiappero, María Rosa Rossetti y Natalia Pérez-Harguindeguy, en un trabajo conjunto sobre el tema, explicaron a La Voz: “Se ha estimado que en tan solo un gramo de suelo pueden encontrarse cientos de especies de bacterias, hasta doscientas mil hifas de hongos y una gran diversidad de invertebrados, entre los que se encuentran ácaros (parientes de garrapatas), escarabajos, hormigas y lombrices, entre otros. Estos organismos son esenciales para mantener la estructura, capacidad de infiltración, y fertilidad del suelo. Sin ellos, los suelos se vuelven menos fértiles, más compactos, y menos capaces de retener agua”
Los incendios afectan también su hábitat y sus recursos de alimentación. Además, tiende a la extinción de organismos que son fundamentales para determinados ciclos, como por ejemplo reciclar materia orgánica. Algunas especies, como las lombrices, logran escapar del calor adentrándose en las profundidades de la tierra. Pero muchas otras, se pierden.
“La biodiversidad del suelo es clave para recuperar el funcionamiento del ecosistema. La restauración depende en gran medida de no perturbar el suelo de modo que especies de plantas nativas y organismos del suelo puedan volver a crecer y recuperarse después de un incendio”, concluyeron.

Las aves, en peligro
Dentro de la fauna de Córdoba afectada por los incendios forestales que llevan más de una semana, se encuentran la aves. Si bien son las que menos sufren el impacto del fuego en el momento, por su capacidad de volar, estas buscan emigrar hacia otras zonas.
Una vez que salieron de la zona de llamas, ¿a dónde van? ¿Pueden regresar a las zonas afectadas? ¿Cuál es el impacto que genera su ausencia en la biodiversidad? Estas son las preguntas que responde el biólogo Gabriel Orso, especialista en ornitología.
“Las aves pueden anticiparse al fuego por la detección visual y a diferencia de los mamíferos estas no tienen sentido del olfato. Ellas se salvan porque vuelan. Sin embargo, las perdices, que son más caminadoras y tienen un vuelo corto de 50 metros, podrían verse afectadas por el fuego”, dijo el especialista.
Las aves pueden volar hasta cientos de kilómetros en busca de mejores condiciones de hábitat y cumplir sus necesidades. Las palomas nativas de Córdoba son excelentes voladoras y pueden hacer un vuelo continuo y por más tiempo. Lo mismo las golondrinas que planean por grandes distancias. En el caso de “los pajaritos”, estos tienen que hacer vuelos más cortos para descansar.
Emigran a las áreas que no fueron afectadas y el regreso a la zona incendiada depende de la especie. Por ejemplo: las que habitan en zonas de bosques no podrían hacerlo y buscan otros sitios donde instalarse.
También hay una gran cantidad de aves que anidan en sotobosques (las zonas herbáceas y arbustivas que se forma por debajo de las copas de los árboles), que es lo primero que consumen las llamas, por más que se escapen después no tienen dónde resguardarse y anidar.
Algunas buscan alimentos, como semillas, en las áreas abiertas que deja el incendio, pero por lo general abandonan el lugar porque no tienen los requisitos que necesitan para sobrevivir. “Se van y buscan otros refugios porque sino quedan expuestas”, agregó Orso.
Y aseguró que por más que no mueran por la acción del fuego, el impacto indirecto producido por este flagelo se ve reflejado en las generaciones futuras.
Además, el problema se acentúa porque en Córdoba, según especialistas queda menos del 3% de bosque nativo, porcentaje que seguramente disminuyó con los últimos incendios, el 2024 ya supera las 80 mil hectáreas quemadas, y cada vez se achican más las posibilidades de conservación de las especies.

Son esenciales
Las aves son reforestadoras porque pueden defecar en la zona incendiada y a medida que el bosque se va restaurando por debajo quedan semillas que pueden resurgir. Si no se interviene, el bosque rebrota tras ser colonizado por las especies llamadas generalistas, las que pueden adaptarse a distintos ambientes y favorecen la recuperación.
Las últimas en volver, cuando el bosque está reparado, son las especialistas porque necesitan un tipo de hábitat para sobrevivir.
En Córdoba hay alrededor de 400 aves. El noreste que es zona de bosque chaqueño, desde Miramar de Ansenuza hasta Las Salinas Grandes, también Ongamira y Chancaní, hay comunidades de aves de bosques y en Pampa de Achala, donde hay pastizales de altura, son comunidades de aves que están relacionadas con especies andinas.
Ya en el sureste de la provincia se encuentran las especies de pastizales de llanura, como las de la zona de la pampa húmeda. “Córdoba tiene una ubicación estratégica que vincula varios tipos de ambientes y se ve favorecida con la riqueza de aves”, expresó Orso. Además, tiene especies endémicas (se encuentran solo en un área específica) como la monjita salinera, que habita en las Salinas Grandes.
Estas aves son esenciales no solo desde el punto de vista ecológico sino también económico por la gran cantidad de turismo que recibe la provincia para avistarlas. Y con los incendios se pierde esa valoración.
Orso detalló cuáles son las aves de Córdoba que están en peligro de extinción y cuyas zonas fueron afectadas por el fuego.
En el caso del águila coronada, que vive en la zona de Chancaní, dónde se encuentra ubicado el Parque Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní y fue uno de los sectores que registró un fuerte foco de incendios esta temporada. Es una de las aves más grandes de la zona y se encuentra en peligro. También el loro hablador, queda muy poca población debido a los incendios, la deforestación y el mascotismo.
El carpintero negro es otra especie que está en peligro a nivel mundial (se distribuye desde Bolivia hacia Argentina), ya que depende mucho de los bosques, pero a pesar del tamaño reducido de su población es más fácil verlo en Córdoba, por eso muchos observadores visitan la provincia.
Otra es el rey del bosque, un ave que sufre la devastación porque habita en bosques serranos como los de las Sierras Chicas, valles de Punilla y Calamuchita. Viven en los árboles, y cuando se quema el bosque, se ven perjudicado.
Y dentro de las aves amenazadas se encuentran: la reina mora, el pepitero gris, el pepitero de collar, el halconcito gris y el águila mora especies. Lamentablemente, el que ya se extinguió en Córdoba es el cardenal amarillo.
“A las problemáticas existentes que ponen en peligro de extinción de las aves, como la frontera urbana y agrícola-ganadera, se le suma la del fuego. Estamos cada vez peor”, señaló el ornitólogo.

Preocupación regional y global
Hernán Casañas, director Ejecutivo de Aves Argentinas, contó que la organización inició un proceso de trabajo de restauración, junto a la Provincia, en sitios preseleccionados dentro del territorio provincial, a través de la plantación de árboles nativos cuyos resultados se verán a largo plazo.
A la vez, reconoció que hay una preocupación global sobre la perdida de la biodiversidad, incluida las aves. Este es un grupo muy fácil de detectar y también para quienes estudian, por ende la información que se desprende es muy valiosa para entender lo que está sucediendo con el ambiente.
La pérdida de biodiversidad se debe a las practicas humanas. “A esta era la llamamos Antropoceno, donde se concentra la actividad humana de una forma muy lejana de la sostenibilidad, que es perjudicial para las otras especies y para el hombre “, destacó.
Esas otras especies entregan servicios ecosistémicos (agua dulce, aire limpio, polinización de los insectos), pero todo eso se ve afectado por la pérdida a gran escala de lo que es la biodiversidad global.
“La disminución de las especies es algo muy evidente. Tuvimos la suerte de contribuir a la creación de parques nacionales, uno de ellos Pinas- Traslasierra, y parque nacional Ansenuza. Esperamos que estos procesos sirvan para contribuir a las observaciones de especies y brindar una oportunidad para potenciar el turismo que es generador de puestos de trabajo”, afirmó.
Pero, recomendó promover formas de producción sustentables y premiar esos sistemas de producción con bonos verdes (fondos financieros destinados a proyectos verdes).
.

Instalan cámaras en nidos de águilas coronadas en Mendoza

Fecha de Publicación: 01/10/2024
Fuente: Diario Mendoza
Provincia/Región: Mendoza


El Ministerio de Energía y Ambiente, junto a varias organizaciones, ha comenzado a instalar cámaras en los nidos de águila coronada para investigar su temporada reproductiva. La especie, en peligro de extinción, es el foco de un programa que busca asegurar su supervivencia.
Con el inicio de la temporada reproductiva del águila coronada (Buteogallus coronatus) en septiembre y octubre, el Ministerio de Energía y Ambiente ha lanzado un programa de monitoreo enfocado en el proceso de cría de esta ave en peligro de extinción. En colaboración con la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, el Departamento de Fauna Silvestre y la Dirección de Áreas Protegidas, entre otras entidades, se están instalando cámaras trampa en los nidos para estudiar el comportamiento reproductivo de estas aves y entender mejor los desafíos que enfrentan.
Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque, señaló que las cámaras permitirán documentar todas las etapas del proceso reproductivo del águila coronada. "La información obtenida será crucial para desarrollar herramientas que contribuyan a la supervivencia de esta especie", afirmó.
Francisco Immerso, coordinador de la Dirección de Áreas Protegidas, destacó la importancia del trabajo conjunto entre el gobierno y organizaciones civiles para fortalecer las estrategias de conservación. Además, recordó que estas acciones se suman a otras medidas, como la instalación de rampas de escape en los tanques australianos, utilizados para el riego de fincas, que buscan evitar la muerte de animales silvestres atrapados.
.

Arde el Senado: aprobaron la emergencia ambiental por 180 días en Córdoba

Fecha de Publicación: 30/09/2024
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Córdoba - Nacional


«En vez de poner guita para que vayan las brigadas de Defensa Civil de todo el país a Córdoba, pone a brigadas de trolls a inventar que 17 militantes de La Cámpora fueron los que prendieron fuego Córdoba», reprochó la legisladora Di Tullio.
El Senado aprobó un proyecto que establece la emergencia ambiental en la provincia de Córdoba durante 180 días, en respuesta a los devastadores incendios que han afectado la región. La votación culminó con 55 votos a favor, mientras que tres senadores de La Libertad Avanza (LLA) se abstuvieron, argumentando falta de claridad en la iniciativa y la ausencia de partidas asignadas.
Ezequiel Atauche, líder del bloque LLA, expresó que la abstención se debió a que “algunas cuestiones no les quedan claras”. Este argumento provocó una fuerte reacción entre los senadores que representan a Córdoba, como Alejandra Vigo, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero.

Reacciones de los senadores

Luis Juez no escatimó en críticas hacia el gobierno del presidente Javier Milei, señalando: “¿Qué mierda más nos tiene que pasar en Córdoba para que el Gobierno sepa que la estamos pasando como el culo?” Juez enfatizó que los senadores cordobeses habían acordado no utilizar la tragedia con fines políticos, pero consideró que la situación exigía una respuesta inmediata.
Por su parte, Juliana Di Tullio criticó la ejecución del presupuesto en el área ambiental, señalando que “en el primer trimestre ejecutó cero” y resaltando que el programa nacional de manejo de fuego representa apenas “el 0,025% del total del gasto”. Además, cuestionó la visita reciente de Milei a Córdoba y los comentarios de ciertos militantes libertarios, indicando que en lugar de apoyar la lucha contra los incendios, el gobierno se enfocó en difundir desinformación.

Medidas a implementar

El proyecto aprobado instruye a la Secretaría de Turismo para que asigne “una partida extraordinaria para intervenir y asistir inmediatamente a los fines de la reconstrucción de infraestructura y recuperación de las actividades económicas afectadas”. Las acciones se llevarán a cabo en “coordinación con el gobierno de la provincia de Córdoba y los gobiernos municipales de las localidades afectadas”, siguiendo los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego.
Asimismo, se faculta a la Casa Rosada a “adoptar medidas financieras especiales que brinden apoyo directo a las economías regionales y a los habitantes de las zonas afectadas por los incendios en las Sierras de Córdoba”, conforme a la Ley N° 27.287 sobre gestión de desastres.
.

Estadounidenses piden nueva audiencia para desmontar unas 12 mil hectáreas

Fecha de Publicación: 30/09/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Es el quinto proceso que inicia la empresa Quebracho Colorado. Los anteriores fueron para deforestaciones en los departamentos Anta y Rivadavia, sur y norte salteño.  
La Secretaría de Ambiente de la provincia convocó a una audiencia pública a pedido de la empresa Quebracho Colorado SA, de los hermanos estadounidenses Paul David Gabel y David Kent Gabel. Son integrantes de “una familia estadounidense de agricultores y ganaderos que se mudó a Argentina en 2004”, indica una página de Internet en la cual se ofrecen servicios agrícolas.
La audiencia pública apunta a autorizar a la firma Quebracho Colorado el desmonte de 11.955 hectáreas de bosques, con fines agroganaderos en la finca Chaguaral, y está convocada para el próximo 18 de octubre en la Despensa y comedor Los Hermanos Torres, ubicada en el paraje La Estrella, del departamento Orán.
Este es el quinto procedimiento solicitado por la empresa en 17 años; la primera audiencia fue solicitada en 2007 cuando pidió autorización para desmontar 30.962 hectáreas en la finca El Álamo, del departamento Rivadavia. Con el pedido de ahora, la firma se apresta a completar la deforestación de unas 68 mil hectáreas solamente en los departamentos Rivadavia, Orán y Anta.
El primero de los desmontes fue polémico. En su momento Catalina Buliubasich, quien fue secretaria de Política Ambiental durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, presentó su renuncia tras haber suspendido el desmonte de más de 30 mil hectáreas solicitado por la firma estadounidense. Los permisos habían sido otorgados durante el gobierno del hoy senador nacional Juan Carlos Romero.
Al advertir sobre la nueva convocatoria a este desmonte, Greenpeace recordó que la empresa ya había sido denunciada en 2013 por este primer desmonte que afectó a las comunidades wichí El Traslado, Pozo El Bravo y Desemboque.
Los otros pedidos de desmonte fueron en la estancia El Guayacán, de Anta, donde requirieron permiso para el desmonte de 11.432 hectáreas, solicitud que hicieron en 2010. En 2014 instaron la deforestación de 7.993 hectáreas en el Establecimiento Agroganadero El Chaguaral, en Orán. En 2020, en tanto, pidieron desmontar 5.724 hectáreas en otra matrícula de este mismo establecimiento.

“Mucha tierra y poca gente” y el halago al macrismo
En el portal argentinafarmandranch.com, Argentina Granja y Rancho, los hermanos Gabel explican por qué decidieron producir en el país. “El razonamiento (al momento de decidir radicarse en la Argentina) era simple: mudarse de una zona con mucha gente y poca tierra a una zona con mucha tierra y poca gente”.
Sobre la situación de 2015, gobierno de Mauricio Macri, en el portal, en el que se promocionan oportunidades para invertir en granjas y ganadería en el país, se destacaba que era “un momento emocionante para invertir en el sector agrícola y ganadero de Argentina", dado que "Argentina eligió en diciembre de 2015 a un presidente favorable a las empresas y al sector agrícola y ganadero, el presidente Macri. Ya ha realizado cambios positivos que han mejorado el clima empresarial y el sector agrícola en Argentina”, afirmaban.

El peligro de un “festival de desmontes”
“El gobierno de (Gustavo) Sáenz prepara los trámites para legalizar la impunidad y el ecocidio: mientras realiza audiencias públicas para autorizar enormes desmontes a grandes productores agropecuarios, propone en la legislatura una flexibilización de la ley provincial de bosques”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Detalló que además de esta audiencia, el gobierno de Salta realizó otras entre noviembre del año pasado y septiembre de este año, para autorizar el desmonte de 47.300 hectáreas a varias empresas. Las audiencias se vienen realizando, pero los desmontes aún no. Mientras, el nuevo proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) sigue sin ser presentado en la Legislatura provincial. Se estima que una vez que sea aprobado, será el turno de la materialización de los desmontes.
La organización ecologista elaboró a comienzos de este año un documento señalando los puntos de la propuesta de actualización de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta que violan lo establecido por la Ley Nacional de Bosques: permite desmontes en una superficie sumamente excesiva; valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración; incluye una categoría que no existe, la de color marrón, para autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; fragmenta el territorio de grandes mamíferos como el yaguareté, y no fueron consultadas previamente todas las comunidades indígenas.
“La nueva ley de bosques de Salta tendría una categoría color marrón, que abarca 3 millones de hectáreas, y que no existe en lo establecido por la Ley Nacional de Bosques. Así se busca permitir desmontes donde hasta hoy no se puede. De sancionarse, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar esta catástrofe para los bosques y para las comunidades indígenas y campesinas”, advirtió Giardini.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques, a fines de 2007, hasta fines de 2022, en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas.
.

Incendios en Córdoba: en lo que va del gobierno de Javier Milei se ejecutó el 40% del presupuesto destinado al manejo del fuego

Fecha de Publicación: 28/09/2024
Fuente: Chequeado
Provincia/Región: Nacional


- El Presidente viajará a Córdoba, donde los incendios arrasaron con más de 69 mil hectáreas en lo que va de 2024 y aún hay 4 focos activos.
- Según datos oficiales analizados por Chequeado, en los primeros 8 meses del año se ejecutó un 40% del presupuesto anual para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el programa más importante para prevenir y combatir incendios.
- El Presupuesto 2025 presentado por el Gobierno plantea un aumento presupuestario real del 46% en las partidas orientadas al manejo del fuego.

El presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) viajó el miércoles, tras su regreso de Nueva York -donde dio su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas-, a la provincia de Córdoba, que está siendo afectada por incendios desde hace semanas.
Según un monitoreo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el fuego ya afectó a más de 43 mil hectáreas en Punilla y Calamuchita. La provincia de Córdoba suma al 24 de septiembre cerca de 69.900 hectáreas arrasadas por incendios en lo que va del 2024.
De acuerdo con la información oficial del Gobierno de Córdoba, existen 4 focos activos de incendios en la provincia al momento de la publicación de esta nota.
¿Qué está pasando con los fondos para el manejo del fuego en el gobierno de Javier Milei? ¿Cuántos fondos dispone el proyecto de Presupuesto 2025 para combatir incendios?

Los fondos subejecutados para el manejo del fuego en 2024
La Subsecretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales sufrieron recortes de más del 40% en el primer semestre del 2024, según datos analizados por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
En relación a los incendios, el programa más importante es el del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que depende de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. Estos fondos sirven tanto para la prevención como para el combate de los incendios.
Según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto analizados por Chequeado, entre abril y agosto de 2024 se ejecutó un 40% del presupuesto anual para el SNMF, que dispone, actualmente, de $ 12.107 millones. En el primer trimestre no hubo ejecución presupuestaria para combatir el fuego.
Si se compara con el mismo período de los años anteriores, esta proporción es similar al porcentaje ejecutado del SNMF en los primeros 8 meses en 2022 (41,92%) y 2023 (41,22%), durante el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos).
Según un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) publicado en agosto último, hasta junio se habían ejecutado un 26% de los fondos del presupuesto vigente. Esto incluye las partidas presupuestarias de SNMF pero también de “Manejo del Fuego”, dentro del Programa de Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas de la Administración de Parques Nacionales.
En relación a esta última partida, a marzo de 2024 se ejecutaron, de acuerdo con el informe de FARN, $ 275 millones de la actividad “Manejo del Fuego”.
Como explicamos en esta nota, el presupuesto ejecutado para el SNMF aumentó más de un 300% (2020-2023) durante todo el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos).
Sin embargo, en 2023 descendió un 65% en términos reales en relación a 2022, según datos analizados por Chequeado.

El Presupuesto 2025 para combatir los incendios
El proyecto de Ley de Presupuesto 2025, presentado por Milei en el Congreso, asigna $ 28.603 millones al SNMF para prevenir y proteger al ambiente de los incendios. Según explicó FARN, esto representa menos del 0,025% del total.
“En lo fáctico, si se compara el monto dispuesto en el Presupuesto 2025 y el que tienen vigente en 2024 las partidas orientadas al manejo del fuego, se observa un crecimiento en términos reales de un 46%”, explicó FARN.
A nivel general, los presupuestos de la Subsecretaría de Ambiente y de la Administración de Parques Nacionales presentan una caída que va del 12,25% al 25% si se considera la inflación del Presupuesto 2025 y la estimada por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) para 2025, según la organización ambiental.
Los fondos son necesarios para afrontar los incendios que se producen en el país. Tan solo durante 2023, el fuego afectó a 500 mil hectáreas y causó al menos 2.212 incendios en toda la Argentina, según datos del Ministerio del Interior obtenidos por este medio a través de un pedido de acceso a la información pública.
Un informe del SNMF señala que en el 95% de los casos los incendios son provocados por la acción humana, y entre las primeras causas se encuentra el uso del fuego para la preparación de áreas de pastoreo.
.