Pozos «olvidados»: Una fuente de contaminación subestimada

Fecha de Publicación: 16/09/2024
Fuente: Energía ON - Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


La falta de cumplimiento de los plazos normativos establecidos para el correcto abandono de pozos petroleros supone potenciales daños ambientales, que afectan tanto al aire como al agua subterránea.
Neuquén cuenta con casi 19.000 pozos hidrocarburíferos, con perforaciones que se remontan al año 1915, comenzando con el pozo YPF.Nq.-1 en Campamento Uno. Estos pozos se distribuyen a lo largo del territorio provincial, concentrándose especialmente en las zonas de Cutral Co-Plaza Huincul, norte de Plottier, Añelo y Rincón de los Sauces.
Cada pozo tiene un legajo detallado que documenta su historial operativo, características constructivas, y las formaciones geológicas atravesadas. Dentro de esta información se incluye la aislación correspondiente a la cañería y la cementación, cruciales para prevenir el contacto entre el interior del pozo y el exterior.
La correcta aislación, en vigor desde 1933 mediante el Decreto N°33598/33 en su apartado «Aislación de Aguas», es esencial para evitar la contaminación de napas de agua potable durante la perforación por gases, petróleo, o aguas no potables. El abandono de pozos se exige, además, por su improductividad.
El abandono adecuado de los pozos es vital desde un punto de vista ambiental, sobre todo para la protección del agua subterránea. Un pozo mal abandonado o «olvidado», como suele ocurrir, puede convertirse en un canal de comunicación entre capas profundas que contienen hidrocarburos o aguas salinas y los acuíferos más superficiales, que suministran agua potable.
Esto conlleva el riesgo de contaminación de las fuentes de agua subterránea, afectando su calidad y haciéndola inadecuada para el consumo humano, agrícola o industrial. Además, un pozo mal sellado podría estar emitiendo metano, un potente gas de efecto invernadero, lo que agrava el impacto ambiental.
El abandono técnico de los pozos implica un sellado eficiente y duradero que aísle las formaciones geológicas con agua subterránea de aquellas con hidrocarburos o aguas no aptas para el uso humano, protegiendo así los acuíferos y minimizando los riesgos para las generaciones futuras.
Esto es crucial en una región como Neuquén, donde la explotación de hidrocarburos se desarrolla en cuencas hídricas de gran magnitud y calidad.
Según datos oficiales, Neuquén cuenta con aproximadamente 19.000 pozos hidrocarburíferos, de los cuales unos 6,500 están en producción. El resto se clasifican como inactivos, a abandonar, en abandono transitorio, abandonados, o en estudio, a menudo permaneciendo en estas categorías durante décadas, a pesar de que los plazos normativos para el abandono son claros cuando no existe interés económico en los mismos.
De los 3.058 pozos declarados como abandonados, solo 1.347 han seguido el procedimiento de abandono adecuado. De estos, 693 fueron abandonados entre 1923 y 2006, sin aplicar el Decreto 1631/06, que establece el procedimiento correcto. Desde la aplicación de dicho decreto, solo 654 pozos han sido abandonados de manera técnica definitiva, representando un escaso 3,4% del total de pozos construidos en la provincia.

Cómo es el marco normativo del abandono de pozos
El marco regulatorio en Neuquén define claramente las obligaciones legales y ambientales que las empresas deben cumplir para asegurar una gestión segura y responsable de los pozos de hidrocarburos. Las normativas se centran en evitar que los pozos en desuso se conviertan en pasivos ambientales, asegurando que las actividades de abandono se realicen según los más altos estándares técnicos.
Las leyes provinciales, como la Ley de Hidrocarburos y su reglamentación a través del Decreto 3124/2004, establecen que el abandono de pozos es una obligación que debe cumplirse antes de revertir el área al Estado provincial.
El Artículo 36 del Decreto especifica que no se permitirá la reversión del área sin completar el proceso de abandono, ejecutado conforme a las normas de seguridad y protección ambiental. Este proceso incluye la remediación de cualquier daño ambiental, asegurando que las instalaciones no dejen rastros que puedan afectar el entorno futuro.
La Ley Provincial de Ambiente N° 1875 refuerza esta obligación, estableciendo que las empresas deben asumir la responsabilidad total por cualquier daño ambiental causado durante sus operaciones, incluyendo la etapa de abandono.
La normativa exige medidas exhaustivas para eliminar cualquier riesgo ambiental, asegurando que el entorno sea restaurado a un estado seguro y estable. Esto incluye realizar un análisis de impacto ambiental, aprobar un plan de gestión ambiental, y asegurar que todas las actividades cumplan con las regulaciones ambientales vigentes.
La Resolución 319/1993 de la Secretaría de Energía obliga a las empresas a declarar el estado de sus pozos, lo que facilita la supervisión y el control sobre su situación y las actividades de abandono. Cumplir con esta normativa es esencial para asegurar que las empresas cumplan con sus responsabilidades.
La Resolución 5/1996 establece procedimientos técnicos específicos para el abandono de pozos, diferenciando entre abandono temporario y definitivo. Obliga a las empresas a aplicar técnicas de sellado y remediación dependiendo de las características del pozo, y a presentar informes detallados que certifiquen que el abandono ha sido realizado correctamente. Esto asegura que los pozos no representen riesgos futuros para el medio ambiente ni para las comunidades cercanas.
El Decreto 1631/2006 complementa estos lineamientos, adaptando las normativas nacionales al contexto provincial y estableciendo procedimientos específicos para la gestión del abandono de pozos. También subraya la importancia de realizar controles periódicos en los pozos abandonados temporalmente, garantizando su integridad y seguridad.

Plazos para realizar el abandono de pozos
Los plazos para el abandono de pozos petroleros que no ofrecen interés comercial y han sido clasificados como «A Abandonar» o «Inactivos», varían según la proximidad y el riesgo que representan.
Para los pozos cercanos a zonas urbanas, el plazo es de tres meses, con la posibilidad de extenderlo por otros tres meses previa justificación y aprobación del Ministerio de Energía y Ambiente.
Los pozos ubicados en áreas más alejadas tienen un plazo de seis meses, con la opción de extenderlo por otros seis meses bajo las mismas condiciones.

Riesgos de los pozos sin abandono técnico adecuado
Los pozos que no se abandonan de manera técnica adecuada presentan riesgos ambientales y de seguridad significativos. La interconexión de capas geológicas es uno de los peligros más críticos, donde capas productoras de hidrocarburos pueden conectarse con acuíferos de agua dulce a través de vías de perforación. Esto puede llevar a la contaminación directa de fuentes de agua potable, causando daños irreversibles al ecosistema.
Además, la cementación deficiente o deteriorada puede resultar en fugas de hidrocarburos, gas, o agua salada hacia acuíferos, agravando los riesgos de contaminación. Las cañerías corroídas también pueden llevar a fugas de fluidos peligrosos y al colapso estructural del pozo, exacerbando los riesgos.
Otros riesgos incluyen la sismicidad inducida por la inyección de fluidos en pozos sumideros y el impacto ambiental por fugas de metano, un potente gas de efecto invernadero. Estos peligros subrayan la importancia de un abandono técnico adecuado para minimizar los impactos negativos en el ambiente y proteger la salud pública.

Cómo es el procedimiento de abandono de pozos
El Decreto 1631/06 establece un procedimiento riguroso para el abandono de pozos hidrocarburíferos, minimizando riesgos ambientales y cumpliendo con las normativas de seguridad. El abandono puede ser temporario o definitivo, y en ambos casos es obligatorio aislar las capas geológicas permeables mediante tapones de cemento. El decreto especifica la colocación de un mínimo de dos tapones de cemento, además de la realización de inspecciones para verificar la hermeticidad del pozo.
Las empresas deben presentar un cronograma detallado de las actividades de abandono y cumplir con los plazos establecidos. La Secretaría de Estado de Energía y Minería supervisa el cumplimiento de estos procedimientos y puede imponer sanciones en caso de incumplimiento.
Cumplir con estos procedimientos es esencial para evitar que los pozos abandonados se conviertan en pasivos ambientales que puedan afectar la seguridad y el entorno, garantizando así un manejo responsable y sostenible de los recursos hidrocarburíferos en Neuquén.
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El Distrito Minero en Malargüe pasó la prueba: gran apoyo en la audiencia pública

Fecha de Publicación: 16/09/2024
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


El cuidado ambiental y el respeto a la ley 7722 estuvo a la cabeza de las explicaciones por parte de los funcionarios. El río Atuel está excluido. Apoyo vecinal, empresario, de productores, comerciantes y profesionales de todo Mendoza al desarrollo de la actividad.
El Gobierno pasó la prueba y podrá seguirá adelante con la aprobación del Malargüe Distrito Minero Occidental. Con un gran apoyo de vecinos de distintos puntos de Mendoza como así también de especialistas, profesionales o productores, se desarrollo una extensa audiencia pública en la que se sometió a debate el ambicioso proyecto minero en el Sur.
La audiencia de evaluación de impacto ambiental de los 34 proyectos que están dentro del área se llevó a cabo en el departamento sureño y los oradores como así también la comunidad en general pudo seguir las alternativas de manera presencial, en el Centro de Congresos y Exposiciones, o por internet a través de la plataforma Zoom y YouTube.
Desde que Alfredo Cornejo llegó a Casa de Gobierno para hacer frente a un segundo mandato, inició de lleno el proceso para desarrollar la minería metalífera en el sur provincial.
La estrategia incluyó la creación y delimitación de los 18.000 km2 del Distrito Minero Occidental y la modificación al Código de Procedimiento Minero lo que permitió agilizar los pasos burocráticos para que exista una sola Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que englobe a todos los proyectos de exploración que luego será analizado por la Legislatura.
Antes de que la DIA pase a las Cámaras legislativas, “se decidió realizar la audiencia pública en el territorio sureño y extensiva a toda la provincia por medio de las plataformas digitales.

La audiencia
Para abrir la audiencia, el intendente justicialista Celso Jaque se expidió favorablemente por la actividad recalcando que “se puede hacer minería sustentable” respetando “el marco legal vigente”.
A su turno, Jimena Latorre, ministra de Ambiente y Energía, sostuvo que “queremos una minería que sea sostenible económicamente pero también, y sobre todo, social y ambientalmente. Por eso necesitamos una constante vinculación con la sociedad”.
Entrando de lleno en las exposiciones, los primeros en tomar la palabra fueron los funcionarios mendocinos que dejaron en claro que se sometió a debate la DIA de 34 proyectos, en la etapa de “exploración”, y luego hicieron un repaso por los procesos de control que están previstos llevarse a cabo.
A lo largo de la explicación que realizó Jerónimo Shantal, director de Minería, se encargó de remarcar que “no había obligación” de realizar la audiencia pública, y luego mencionó explícitamente que la ley 7722 se cumplirá a rajatabla ya que, son proyectos mineros metalíferos porque “sabemos que el potencial es cobre”.
Además recordó que es la única actividad que deberá actualizar “la DIA cada 2 años” y siguiendo los pasos que dicta la 7722, deberá pasar por la Legislatura.
En tanto, Emilio Guiñazú, gerente general de Impulsa Mendoza, hizo foco en un punto que siempre generó conflictos en el Sur: el agua y en particular el río Atuel.
Para desterrar todo tipo de dudas y cuestionamientos, Guiñazú aseguró que analizaron cuidadosamente la zona y tomaron “una muy importante decisión, no tocamos la cuenca del río Atuel”.
“No queríamos entrar en una discusión que no nos llevaba a ningún lado sobre el uso del recurso hídrico, entonces la decisión fue excluir específicamente la cuenca del Atuel de los límites del distrito minero”, sentenció.
Además indicó que explícitamente están excluidas “todas las áreas naturales protegidas de los límites del distrito minero” como “el parque provincial de la Laguna del Atuel, la Payunia o  Llancanelo”.

Licencia social para la minería
Los más de 70 oradores inscriptos tenían cinco minutos para defender su postura. En líneas generales, el Distrito Minero recibió el aval de la comunidad.
Se expresaron a favor desde vecinos del lugar como así también los que viajaron exclusivamente para participar en la audiencia entre los que había representantes de cámaras empresarias, profesionales, comerciantes, prestadores turísticos, productores agropecuarios y también estudiantes. Además hubo voces políticas como la de Hebe Casado, la vicegobernador, y legisladores.
Precisamente, un ganadero alvearense estuvo entre los primeros oradores y se mostró a favor del proyecto por “los puestos de trabajo que va a generar la actividad”. En la misma sintonía estuvo María Luz Freites, estudiante escuela técnica en Malargüe que pidió que “se abran las puertas a los desarrollos mineros. La minería no solo genera puestos de trabajo directos sino también indirectos, lo que nos permite crecer como y ciudad además la provincia. La minería no es un capricho, sino el futuro de todos”, afirmó.
La diputada provincial por Malargüe (LUM) Jimena Cogo utilizó sus 5 minutos para lanzar duras críticas al gobierno mendocino y hasta dejó en claro que no estuvo en todo de acuerdo con la modificación del Código de Procedimientos Mineros por lo que “me llamaron antiminera”, sin embargo, luego aclaró que está a favor “del desarrollo minero” porque “en Malargüe hay licencia social para hacer minería”.
David Sacarías, licenciado en administración y postgrado en psicología laboral, vive en Malargüe hace 6 años y llegó inicialmente por el tema turístico. También aclaró que tiene una trayectoria de 20 años en el rubro minero. “Nos debemos el compromiso de que esto funcione”, fue una de las frases que lanzó.
Matías Ávalos titular de una pyme alvearense dedicada al trabajo con aluminio mencionó que “es bueno que se desarrolle la minería porque se va a genera empleo, pero siempre hay que respetar el medio ambiente. Para crecer con nuestro trabajo en donde vivimos, actualmente tenemos que viajar bastante y para hacer una buena venta dependemos del mercado patagónico (Vaca Muerta). Por eso, si Malargüe crece se beneficia todo el Sur de Mendoza. Apoyo todas las actividades que generen desarrollo económico y mano de obra de calidad”.
Silvina Pietreli expresó sus preocupaciones sobre los proyectos mineros La Pechera y Los Galgos ya que están cerca de las áreas naturales protegidas, como el Parque científico de Observación del Espacio (Estación DS3), y La Payunia porque “son áreas de gran valor científico, ecológico y turístico y su protección es prioritaria”, pero al mismo tiempo destacó: “Creo firmemente que es posible conciliar el desarrollo económico como el que ofrecen en estos proyectos mineros con la preservación de nuestro entorno”.

Silvina aseguró que “la minería tiene el potencial de convertirse en una fuente de ingresos fundamental para la región impulsando la creación de empleo y el crecimiento económico que tanto necesitamos en Malargüe y en todo Mendoza” pero “por supuesto debe realizarse de manera responsable. Es clave que los proyectos cumplan con los más estrictos controles ambientales”, agregó.
Otro alvearense que se dio cita, Mariano Sancan, empleado público y con un incipiente proyecto familiar vinculado al turismo dijo sin vuelta que “la minería va a generar oportunidades y el sur necesita diversificar la matriz productiva para que el empleo crezca”.
En la participación vía Zoom, también se escuchó a profesionales como el caso de Bernardo Javier González, paleontólogo con especialización en dinosaurios, integrante de la UNCuyo e investigador del Conicet.
“Si se hacen las cosas bien siguiendo las reglamentaciones se puede hacer perfectamente una actividad y la preservación del patrimonio paleontológico. Y esto no lo digo en forma teórica si no que hemos trabajado como consultores en más de 20 proyectos petroleros y mineros” para que “sean rescatados y preservados restos fósiles, por más pequeños que sean”.
La vicegobernadora Hebe Casado eligió estar del lado de los oradores. En su exposición manifestó su apoyo “a la política pública que el Gobierno de Mendoza ha decidido llevar adelante. También vengo como ciudadana del sur mendocino, consciente de que en esta audiencia pública se requiere el apoyo de toda la población, especialmente de los sureños, quienes conocemos el significado de la minería”.
“Hemos visto cómo Malargüe, cuya principal actividad económica fue la minería durante muchos años, se vio coartada en algún momento. Es el momento de reactivar esta actividad para que la sociedad malargüina, el sur mendocino y toda la provincia puedan ver los frutos de la exploración de estos 34 primeros proyectos. Sabemos que esto tendrá un impacto positivo en toda la sociedad, ya que no solo trabajarán aquellos en el lugar de exploración, sino también proveedores, prestadores de servicios y técnicos”, dijo Casado.

Un aviso
José Pasos de la agencia espacial DS3, no se explayó en contra del Distrito Minero, pero si lanzó una voz de alerta por los proyectos que “invaden” el perímetro del Parque Provincial de Observación del Espacio.
“Hemos observado que existen dos proyectos llamados La Pechera y Huemul que invaden el área y nos vemos en la obligación de presentarnos aquí para enfatizar que esto viola el perímetro y las actividades permitidas dentro del Parque y el acuerdo internacional firmado entre la Argentina y la Agencia Espacial Europea”.
Tampoco dejó de remarcar que “hemos observado también, con mucha satisfacción, que la Subsecretaría de Ambiente en el dictamen sectorial exhorta a los autores del distrito minero a excluir de la superficie del proyecto, al parque”.

En contra
Durante las más de 6 horas que duró la audiencia pública, dentro del salón Tesaurus en Malargüe casi no hubo voces en contra del proyecto. La faz crítica y totalmente opuesta a la actividad llegó por medio del uso de la plataforma Zoom.
Por lo general fueron integrantes de distintas asambleas por el agua o “mujeres militantes” como dijo Paula, que están “a favor de la vida” y se oponen férreamente a “la mega minería”. Tal fu el caso de María Teresa Cañas, de la asamblea de Luján, que lucha contra el “extractivismo” y afirmó que la minería “no tiene licencia social” en Mendoza.
Marta López, una docente mendocina se presentó como una “defensora del agua” y puso en duda “cómo van a garantizar la protección de las áreas naturales”.

Que es Malargüe Distrito Minero
El distrito se ubica en el sector cordillerano y centro-sur del departamento de Malargüe. Cuenta con una superficie de 18.000 km2 y 1,9 millones ha. Sus principales vías de acceso son las rutas nacionales 40 y 188.
Las propiedades mineras ubicadas dentro de esta zona representan el 37,5% de la superficie total del distrito, es decir, 703.000 ha.
En la zona del distrito minero de Malargüe, hay potencialidad para explorar el cobre, uno de los minerales críticos para la transición energética.
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Estudian la mortandad de peces en las orillas del Río Paraná ante riesgo de contaminación

Fecha de Publicación: 14/09/2024
Fuente: Radio UNR
Provincia/Región: Litoral Argentino - Santa Fe


Andrés Sciara, Decano de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR dialogó con Apuntes y Resumen y brindó un panorama sobre este hecho que sorprendió y del que todavía no hay certezas, aunque descartan que sea por una cuestión natural. Para el investigador del Conicet “hay indicios de efectos toxicológicos, pero no podemos confirmar qué fue lo que ocurrió sin hacer las muestras de exámenes en laboratorios”.
Este lunes 9 de septiembre pescadores y ambientalistas se sorprendieron con una gran cantidad de peces muertos y otros tantos buscando las orillas del Río Paraná en la zona sur de Rosario por lo cual el gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial, investigará cuáles son las causas detrás de este hecho.
Andrés Sciara, Decano de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas docente investigador de la UNR dialogó con Radio Universidad y brindó un panorama de la situación que “sorprendió a todos”.
“Nos llamó la atención a los equipos de trabajos del laboratorio del Acuario como también a trabajadores de fauna de la provincia las características de esta mortalidad que no estaría emparenta con situaciones extremas de temperaturas o por falta de oxígeno o frío”, dijo el especialista en ecología e investigador del ecosistema del Río Paraná.
Según contó estas situaciones ocurren “en aguas cerradas, en este sentido son hechos más naturales, pero en este caso se ven en el cauce principal del río en donde no debería haber problemas de oxigenación. Sumado a esto la forma de mortalidad que presentan los peces con movimientos espasmódicos y búsqueda de la costa nos parece muy extraño”.
Por tal motivo Sciara relató que siguiendo protocolos “se tomaron muestras y en un tiempo prudencial queremos ver que es lo que ocurrió”.
Para el investigador “hoy es difícil determinar que pasó solo por el comportamiento de los peces”.
Esta situación se produjo en el cauce del Río Paraná en zona sur de Rosario y se fue extendiendo por la corriente; “por lo cual si se habla de alguna contaminación debemos hablar que la misma es de dimensiones significativas”.
Para Sciara “hay indicios de efectos toxicológicos, pero todavía no podemos confirmar qué fue lo que ocurrió sin hacer las muestras de exámenes en laboratorios”.
Se tomaron muestras de agua y especies enteras. Estudios de plasmas de peces que no llegaron a morir por si existen restos toxicológicos.
Sciara realiza una advertencia a la sociedad cuando comenta que “todo lo que nosotros tiramos a una alcantarilla en la ciudad, llega al río a través de los desagües pluviales o cloacales” y es por esto que comenzaron con una investigación para llegar a determinar qué produjo esta mortandad de la fauna del mayor curso de agua que baña las costas santafesinas.
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Misiones redobla esfuerzos para prevenir incendios forestales con tecnología avanzada, capacitaciones y colaboración interinstitucional

Fecha de Publicación: 14/09/2024
Fuente: Portal Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones


El ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, Martín Recamán, puso de relieve los avances en la prevención y manejo de incendios forestales en la provincia, gracias a la adopción de nuevas tecnologías y una mayor colaboración entre distintas fuerzas y organismos.
Cada año, durante el mes de agosto, los incendios forestales en Misiones aumentan debido a la práctica del rozado, una técnica agrícola que coincide con la temporada de sequía y altas temperaturas. “La verdad que impresionante el humo que hay en todos lados y bueno eso nos alerta sobre algo que ya conocemos los misioneros, los incendios forestales2, indicó el ministro.
A pesar de los esfuerzos de concientización y prevención, la amenaza persiste. Recamán subrayó la importancia del índice de peligrosidad de incendios, una herramienta que fue ganando visibilidad entre la población. “Cuando fueron los grandes incendios de Misiones, esa herramienta no existía prácticamente”, afirmó. El conocimiento del índice permite a la sociedad prepararse y actuar con mayor responsabilidad en días de alto riesgo a fin de reducir la actividad del fuego.
En este sentido, el ministro hizo hincapié en la relevancia de las políticas de estado y la planificación estratégica para combatir los incendios. “Hemos trabajado en cuestiones de mapeo de recursos hídricos para el uso de nuestros helicópteros, el tener una mesa de articulación”, explicó. La coordinación entre la policía, bomberos y otras fuerzas permite una respuesta más rápida y eficiente ante emergencias.
Recamán destacó la creación de una base operativa en Apóstoles, fortalecida en conjunto con la Nación, y la capacitación continua de brigadistas y guardaparques. “Capacitar es permanente, concientizar es permanente, equiparnos es permanente e involucrarnos entre las diferentes fuerzas de una mesa, es tarea permanente”, sostuvo.

Incorporación de tecnologías avanzadas
La implementación de tecnologías avanzadas resulta nodal para la detección y manejo de incendios. “Hemos desarrollado un sistema de alerta que nos anticipa los focos de calor”, mencionó. Dicho sistema no solo detecta focos de calor a través de satélites, sino que también categoriza su gravedad. “Hoy en mi celular, a través del WhatsApp, a mí me llega si hay un foco de calor y de una intensidad alta dentro de un parque”, precisó el funcionario.
La información pormenorizada permite a las autoridades priorizar focos de mayor peligro, como áreas con comunidades, aserraderos o plantaciones de pino, que actúan como combustibles fuertes. De esta manera, la tecnología mejoró significativamente la respuesta ante incendios, pues evita que se extiendan y causen mayores daños.
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La “seguridad productiva” de Bullrich contra el derecho a la protesta y al ambiente sano

Fecha de Publicación: 13/09/2024
Fuente: Portal Canal Abierto
Provincia/Región: Nacional


La creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva colisiona con garantías que la Constitución y los convenios internacionales consagran. “No comprenden la naturaleza de las problemáticas ni la forma para hallar una salida democrática”, señalan desde FARN.
El 6 de septiembre pasado, el Ministerio de Seguridad anunció la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva “con el objetivo específico de ejecutar tareas destinadas a la prevención y control del orden en los enclaves productivos del país”, según reza la Resolución 893/2024 publicada este viernes 6 en el Boletín Oficial.
Entre los considerandos de la norma con la firma de la Patricia Bullrich, se argumenta “que se han originado graves hechos de violencia, bloqueos e impedimento por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción”, y cita ejemplos específicos como zonas portuarias (Bahía Blanca, San Lorenzo-Timbúes), Vaca Muerta y zonas mineras, entre otros. “Existen sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte (…) requieren de una seguridad especial”, concluye.
“La resolución parece desconocer el origen de los conflictos que supuestamente busca resolver mediante la creación de un comando de despliegue de fuerzas de seguridad sin preparación ni integración de especialistas que comprendan la naturaleza de las problemáticas y la forma de diálogo necesario para hallar una salida democrática”, sostienen desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) consultada por este medio. “Dicho comando insumirá recursos del Estado en momentos en los que se recortan aportes y partidas necesarias para asegurar los derechos y el bienestar de la mayoría de la población”, agregan.
Por otra parte, desde la organización ambientalista destacan cuáles son los sujetos sociales que este Comando enfrentará. “Esta resolución desconoce que la mayoría de las veces quienes protestan de manera pacífica son comunidades locales, indígenas, campesinas o urbanas, consideradas personas defensoras del ambiente, que se encuentran especialmente protegidas por normas internacionales como el Acuerdo de Escazú, debido a que precisamente América Latina es la región más peligrosa para defender la naturaleza como fue descripto en sucesivas investigaciones por la organización internacional Global Witness”.
Según el informe “Voces silenciadas” de la ONG mencionada, recientemente publicado, 196 personas defensoras de la tierra y el ambiente murieron asesinadas en 2023; 79 en Colombia y 25 en Brasil, los países con más crímenes a esta población en el mundo. Argentina no integra esta lista. “Eso debe permanecer de la misma forma. La conformación de una fuerza de seguridad como la propuesta podría marcar un rumbo diferente”, advierten desde FARN.
El Acuerdo de Escazú -Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe- es el primer convenio ambiental de la región. Fue adoptado en 2018 y nuestro país lo aprobó en 2020 mediante la Ley 27.566, entrando en vigencia en abril de 2021. Según FARN, este tratado “garantiza un entorno seguro y propicio para que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad obligando a los Estados a tomar las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de las personas defensoras incluidos el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad de opinión y expresión, el derecho de reunión y asociación pacíficas y el derecho a circular libremente”.
Mientras que Bullrich sostiene que los bloqueos o hechos de protestas ponen “en peligro colectivo a la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes y de las empresas o la libre circulación de los trabajadores, como también de su actividad productiva”, las personas y colectivos mencionados actúan justamente en defensa de su propia vida, la de sus comunidades y la del ambiente, o luchan por defender sus derechos laborales conquistados o por alcanzar nuevos.
“Estas personas cuestionan justamente un modelo de producción de enclave caracterizado por un elevado impacto ambiental (consumo de agua de la minería a gran escala, contaminación de acuíferos mediante hidrocarburos, sismicidad inducida por la fractura hidráulica)”, señalan desde FARN, a la vez que denuncian una práctica ampliamente comprobada llevada adelante por funcionarios, gobernadores y legislaturas provinciales: “Muchas veces estos proyectos son aprobados incumpliendo las herramientas de política y gestión ambiental y los derechos de acceso en materia ambiental y el consentimiento previo libre e informado a pueblos y comunidades indígenas. De esa manera recurren a la justicia para hacer valer sus derechos, o utilizan las protestas pacíficas en el espacio público como recurso luego de haber intentando acceder vía los múltiples canales institucionales, para lograr la vigencia de sus derechos ampliamente reconocidos, pero no efectivamente aplicados”.
Es evidente que para el partido gobernante y sus mandantes -no necesariamente sus votantes- el concepto de “seguridad productiva” está por delante de otros derechos como el de la protesta o el derecho a un ambiente sano. “No se debe limitar ni amenazar el derecho constitucional a la protesta social. En sentido contrario, el Estado debe garantizar la libertad de expresión, el derecho a peticionar a las autoridades y el derecho a la protesta social, piedras angulares de la participación democrática”, señala FARN. “Este tipo de enfoques, en vez de promover un diálogo democrático sobre el tipo de actividades a desarrollarse, o las distintas visiones sobre aquellas, así como sobre cómo lograr la vigencia del derecho al ambiente sano en tiempos de crisis económicas, estigmatiza a las personas defensoras del ambiente, y disminuye la calidad de la democracia”, concluyen.
Por último, destaquemos que, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se ha explicado que “a lo largo de la historia las protestas y manifestaciones han sido motores de cambio y factores importantes que contribuyeron a la promoción de los derechos humanos. En todas las regiones del mundo y en todas las épocas de la historia, defensores anónimos y activistas reconocidos han liderado e inspirado movimientos de protesta que prepararon el terreno para los logros conseguidos en la esfera de los derechos humanos”. El entrecomillado es parte del Informe de la Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (2007).

Presupuesto Nacional: fuerte caída de los fondos destinados al ambiente
En consonancia con esta mirada que privilegia la “seguridad productiva”, las prioridades económicas del gobierno reflejadas a través de la ejecución del Presupuesto Nacional 2024 fueron analizadas por el equipo de FARN en el documento “Monitor ambiental del Presupuesto”.
En el informe, que abarca las ejecuciones presupuestarias de los primeros seis meses del año, señalan que “en un contexto de fuerte ajuste fiscal, como el que se vive en Argentina, algunas partidas son sacrificadas en favor de mantener otras”.
Por ejemplo, desde la fundación explican que los montos destinados a la Deuda Pública mantienen la caída más leve entre todas las partidas analizadas, con una disminución del 11% en términos reales. “Si consideramos la inflación del 79,8% entre enero y junio del 2024, la participación de la deuda en el Presupuesto Nacional tuvo un aumento del 30% con respecto al 2023. Mientras que los fondos destinados a las partidas ambientales tuvieron caídas que van desde un 35% hasta más del 44%”, detalla FARN.
Entre las partidas recortadas se encuentran las destinadas al manejo del fuego, protección de bosques nativos y de áreas marinas, entre otras.
“El análisis del Presupuesto de este año nos deja una clara evidencia. No es que no haya plata, sino que no hay voluntad política para distribuirla entre todos los sectores y áreas que la necesitan”, señala Matías Cena Trebucq, economista del área de Investigación de FARN.
El detalle de partidas desfinanciadas que analiza el informe son: Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo (la ejecución de la partida presupuestaria registra una caída del 95,9% con respecto al 2023); Ley de Manejo del Fuego (se ejecutó el 26,7% del presupuesto vigente); Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (este fondo es más de 18 veces menor a lo que debería por ley. En estos primeros 6 meses del año no se ejecutó ni un sólo peso); Subsecretaría de Ambiente y Administración de Parques Nacionales (sufrieron recortes de más del 40% para el primer semestre del 2024); Sistema de Áreas Marinas Protegidas (a diferencia del resto, esta partida posee una mayor ejecución que en años anteriores); Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía (en lo que va del año se ejecutó el 1,6% del presupuesto destinado a energías renovables, una caída del 97,3% respecto al mismo periodo del año anterior).
“Hasta el momento, vimos como el actual gobierno desfinanció y subejecutó partidas fundamentales para el cuidado, prevención y reparación del ambiente. Esto ocurre mientras las grandes empresas hidrocarburíferas continúan siendo beneficiadas por el Estado Nacional. Si el gobierno continúa fomentando las exportaciones primarias, sin los cuidados ambientales pertinentes a estas actividades extractivas, podemos esperar que el escenario continúe siendo complejo para el ambiente y para las comunidades que lo habitan”, expresa en el informe Guillermina French, responsable del área de Investigación de FARN.
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“Lluvia negra” en Argentina: la amenaza invisible de los incendios forestales en Sudamérica

Fecha de Publicación: 13/09/2024
Fuente: Portal Unidiversidad
Provincia/Región: Nacional

El humo generado por los incendios forestales en áreas cercanas de Bolivia, Brasil y Paraguay llegó a distintas zonas de Argentina, con el deterioro de la calidad del aire y la preocupación general por sus efectos en la salud de la población. Hubo avisos de advertencia para más de diez provincias. ¿A qué se llama "lluvia negra" y por qué es un fenómeno peligroso?
En los últimos días, el humo generado por los incendios forestales en Bolivia, Brasil y Paraguay ha llegado a distintas zonas de Argentina, lo que ha deteriorado considerablemente la calidad del aire y generado preocupaciones por sus efectos en la salud de la población. En este caso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido avisos para más de diez provincias, incluyendo la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con la advertencia de que la interacción del humo con los sistemas de bajas temperaturas podría desencadenar la aparición de lluvia negra, un fenómeno en el que las precipitaciones caen cargadas de contaminantes y afectan tanto el agua como el medio ambiente circundante.

¿Qué es la lluvia negra?
La “lluvia negra” debe su nombre a que es una precipitación que adquiere un color oscuro por la presencia de contaminantes en el aire, como hollín, carbono negro o cenizas, generalmente asociada a la contaminación ambiental. Este fenómeno es común en áreas con alta actividad industrial, uso intensivo de carbón o grandes incendios forestales.
Aunque no siempre es literalmente negra, el término describe la apariencia turbia de las gotas de agua cargadas de contaminantes. Este fenómeno no solo deteriora la calidad del aire y reduce la visibilidad, sino que también puede tener efectos negativos en el medio ambiente y las infraestructuras. En situaciones como las que actualmente afectan a Argentina, el humo de los incendios forestales en la Amazonía, Bolivia y Paraguay es arrastrado por los vientos hacia el sur del continente.
Cuando el humo se mezcla con la humedad y los sistemas meteorológicos, se generan lluvias contaminadas que depositan partículas peligrosas en la superficie. Estas precipitaciones, además de dañar el entorno natural, pueden afectar negativamente la salud de las personas al impactar en los sistemas respiratorios, la piel y los ojos.

¿Cuáles son las principales causas de la lluvia negra?
En Argentina, la principal causa de la lluvia negra son los grandes incendios forestales que están devastando vastas áreas del Amazonas, Bolivia y Paraguay. Estos incendios han consumido cerca de 4 millones de hectáreas de bosques y pastizales solo en Bolivia, con la consiguiente liberación de enormes cantidades de humo, hollín y cenizas a la atmósfera.
El SMN ha emitido advertencias debido a que la llegada de este humo está afectando la calidad del aire y reduciendo la visibilidad en varias provincias. Estas partículas no solo causan problemas ambientales, sino que también pueden tener efectos adversos en la salud de la población.

Principales causas de la lluvia negra:
- Quema de combustibles fósiles: las centrales eléctricas de carbón y las plantas industriales emiten partículas como carbono negro y otros contaminantes a la atmósfera. Estas partículas se elevan y, cuando llueve, se mezclan con las gotas de agua y oscurecen la precipitación;
- Incendios forestales: durante grandes incendios, se liberan enormes cantidades de cenizas y carbono negro, que permanecen en el aire hasta que son arrastradas por la lluvia, que se vuelve oscura en las áreas afectadas;
- Contaminación urbana y emisiones vehiculares: en las ciudades, las emisiones de vehículos y fábricas, especialmente de motores diésel y la quema de biomasa, liberan partículas que contribuyen a la formación de lluvias contaminadas, conocidas como lluvia negra.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la lluvia negra impactará principalmente en las regiones del norte y centro de Argentina

Zonas afectadas por la lluvia negra en Argentina y su duración
La lluvia negra impactará principalmente en las regiones del norte y centro de Argentina. Según el SMN, las provincias más afectadas serán Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Tucumán, Jujuy, Salta, Catamarca y Buenos Aires, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Se espera que el humo continúe desplazándose hacia el sur en los próximos días y afectando la calidad del aire y la visibilidad. Este fenómeno persistirá al menos hasta el fin de semana, cuando las condiciones climáticas podrían empeorar con la llegada de lluvias y tormentas aisladas.

Efectos de la lluvia negra en la salud y cómo prevenirlos
La exposición a la lluvia negra y al humo denso puede tener serias implicaciones para la salud, especialmente para quienes tengan enfermedades respiratorias crónicas como el asma y la Epoc, así como para personas con alergias o problemas cardiovasculares. La inhalación de partículas contaminantes como cenizas y hollín puede agravar estas condiciones y causar síntomas como dificultad para respirar, tos e irritación ocular.
Según el Ministerio de Salud de la Nación, la calidad del aire en las zonas afectadas podría seguir empeorando, aumentando la posibilidad de complicaciones para las personas vulnerables. Los principales riesgos incluyen:
- Problemas respiratorios: inhalar partículas de humo y hollín puede agravar enfermedades respiratorias preexistentes, como el asma y la Epoc;
- Irritación ocular y de las vías respiratorias: las partículas contaminantes pueden causar irritación en ojos, nariz y garganta, y provocar tos, dificultad para respirar y enrojecimiento ocular;
- Daños a nivel celular: las partículas más pequeñas pueden penetrar en el sistema respiratorio, llegar al torrente sanguíneo y causar inflamación y daño celular;
- Aumento del riesgo cardiovascular: la exposición prolongada al humo puede incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como ataques cardíacos;
- Posibilidad de infecciones respiratorias: las partículas contaminantes pueden debilitar el sistema inmunológico del sistema respiratorio, lo que aumenta la vulnerabilidad a infecciones.

Cómo prevenir los efectos negativos
Para minimizar los efectos negativos de la lluvia negra y el humo en la salud, se recomienda:
- Permanecer en interiores: mantener las ventanas y puertas cerradas para evitar que el humo entre en el hogar;
- Usar purificadores de aire: los purificadores de aire pueden ayudar a reducir la cantidad de partículas contaminantes en el aire interior;
- Evitar actividades al aire libre: limitar las actividades físicas al aire libre, especialmente si hay antecedentes de problemas respiratorios;
- Usar mascarillas: si se necesita salir, usar mascarillas N95 o P100, que pueden filtrar partículas finas;
- Consultar a un médico: si se experimentan síntomas graves, buscar atención médica de inmediato.
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Motosierra brutal: los despidos en Atucha amenazan con paralizar un proyecto clave de energía nuclear

Fecha de Publicación: 12/09/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


La gestión de Javier Milei despidió otros 250 trabajadores que se desempañaban en la construcción del reactor nuclear CAREM. La medida puede comprometer el desarrrollo de un proyecto que podría ubicar al país en un lugar clave a nivel global en el desarrollo de energía consdiderada "limpia".
El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva ola de despidos en el Complejo Atucha, donde desvinculó a 250 trabajadores directos y afectó a otros 350 indirectos de las obras que se estaban llevando a cabo en la estratégica construcción del reactor nuclear CAREM, el primero hecho ciento por ciento en Argentina, que tras su puesta en marcha podría ubicar al país en un lugar clave en el desarrollo de energía considerada "limpia".
En declaraciones a la 750, el secretario general de UOCRA-Zárate, Julio González, explicó que se trata de una medida “desastrosa”, y graficó que desde hace meses padecen los despidos. "Del mes pasado a la fecha se despidieron más de 250 trabajadores directos. Tenemos que contar más de 600 con los indirectos”, lamentó el sindicalista.
Para el sindicalista “es una decisión criminal que tiene que ver con el mensaje del país del norte en cuanto a la competencia de Argentina”. Esto se debe a que el reactor ponía a Argentina entre los líderes de un mercado estratégico a nivel mundial, compitiendo con grandes actores como Estados Unidos, China y Rusia.
Por eso, González aseguró que el Gobierno tiene un acuerdo con “el país del norte” para que esto no pase. “Y los que padecen esta situación son los trabajadores. Hoy no solamente el riesgo era la parálisis, sino la pérdida de lo más preciado, que es el salario digno para darle una vida digna a su familia”, afirmó.
La UOCRA lleva a cabo por este motivo diversas medidas de fuerza en el marco de una huelga por tiempo ininterrumpido hasta que el Gobierno vuelva a contratar al 100 por ciento de los despedidos.
La medida es aún más dramática si se tiene en cuenta que el país se encuntra a la vanguardia del desarrollo de este tipode reactores, que no sólo tienen un impacto fundamental en el desarrollo de energía, sino que además alcanza al campo de la salud, la ciencia y la industria, en un negocio que, además, ofrece márgenes de rentabilidad a nivel global. Entre los planes originales, la Argentina proyectaba contar con reactores entre 2025 y 2028.
Tal como publicó Página/12, Carem ya lleva invertidos 650 millones de dólares y requeriría algo así como 200 millones más para concluir; cuando un proyecto de la misma envergadura en Estados Unidos cuesta 1400 millones de dólares. En relación a las ganancias que se podrían obtener, la venta de un reactor de la magnitud del Carem podría significar un ingreso de 4 mil millones de dólares.
“Las consecuencias son gravísimas. Los trabajadores de la región sabemos la situación que genera. Genera un problema social y económico inmediato en la economía regional. Son muchos los trabajadores que dependen de estos proyectos donde se mueve toda la economía de la región”, agregó González.
Luego, finalizó: “El impacto va a ser gravísimo. En este momento no hay interlocutores válidos. Escuchaba a Cordero más temprano hablar de un crecimiento del trabajo y eso no pasa. No pasa en ningún lado. Contamos más de 3600 despidos en estos nueve meses de Gobierno solamente en nuestra seccional”.
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En Entre Ríos los “Bambi” agravan la invasión de la temible Acacia Negra, que ya causa graves problemas ecológicos y productivos en todo el país

Fecha de Publicación: 12/09/2024
Fuente: Portal  Bichos de Campo
Provincia/Región: Entre Ríos


Dentro del catálogo de las especies invasoras más agresivas del país, la Acacia Negra o Gleditsia triacanthos es una de las que más se destaca por su implacable capacidad de adaptación, que con los años la convirtió en un grave problema ecológico, productivo y social.
Un reciente estudio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) analizó el grado de influencia que tiene la fauna en la diseminación de esta especie en la provincia de Entre Ríos, donde la densidad de sus semillas ya está cerca de las 10 mil por hectárea. En el trabajo se encontró que dos especies exóticas como los ciervos y los jabalíes son actores clave de ese proceso.
“Solemos causar invasiones biológicas al introducir individuos de especies no nativas en sitios donde naturalmente no se encuentran. Estas invasiones alteran los ecosistemas a tal punto que afectan, entre otras cosas, los servicios que brinda la naturaleza y que nos dan bienestar”, explicó Melina Aranda, docente de Dasonomía en Fauba.
Respecto al caso de Entre Ríos, en donde hubo una introducción deliberada de especies no nativas, tanto animales como vegetales, está afectando la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas de casi toda la provincia, Aranda ejemplificó: “Entre los animales se introdujeron el ciervo axis —o Axis axis— y el jabalí —Sus scrofa—, originalmente con propósitos de caza. Sus poblaciones crecieron muy rápido y se expandieron, y ahora están por todos lados”.
La Acacia, por su parte, también fue introducida desde Estados Unidos a comienzos del siglo XIX, con el objetivo de producir madera para alambrados y otras construcciones. Sin embargo, en poco más de 200 años se convirtió en protagonista de una colonización territorial tan amplia como silenciosa. Es por esa razón se sancionó Ley 10.485/2017, que declara de interés provincial su manejo y control.
Y si bien por sí sola la planta un poder germinativo muy alto, ya que puede reproducirse en todo tipo de condiciones dada su plasticidad genética, los investigadores analizaron como esto puede potenciarse aún más de la mano de la fauna local.
“Para estudiar la invasión de la Acacia negra en esa provincia nos preguntamos qué rol tendría la fauna en el proceso, quiénes comían sus semillas y cómo las diseminaban. Y lo hicimos relevando heces en cultivos y en el monte nativo en una estancia del departamento de Gualeguaychú”, relató Francisco Guerra Aldazabal, egresado de la Licenciatura en Ciencias Ambientales.
La recolección se muestras se realizó durante junio de 2023, e implicó la clasificación de las heces entre aquellas pertenecientes a especies introducidas como el ciervo y jabalí, y de especies nativas como el ñandú y el zorro.
“El ciervo, por ejemplo, defeca en bolitas. En una muestra podés tener entre 10 y 90 bolitas, y cada una puede contener, o no, semillas de Acacia o de otras plantas. En el laboratorio te ponés los guantes de látex y vas desmenuzando una por una a ver qué semillas encontrás. La verdad que fue un laburazo. Nos tomó más de un mes procesar todas las heces y clasificar cada semilla que aparecía”, dijo Aldazabal.
Y añadió: “Vimos que más del 70% de las heces correspondía al ciervo axis; y en segundo lugar, al jabalí. En promedio, estimamos que hay una semilla de Gleditsia por metro cuadrado, que es una cantidad altísima. En las heces encontramos números similares de semillas de Acacia negra y de espinillo, una especie nativa”.
Otro experimento consistió en analizar los efectos del paso de las semillas de Gleditsia por el tracto digestivo de los animales, que llevó al investigador a confirmar que las mismas siguen siendo viables y pueden perdurar en el suelo, soportar sequías y otras condiciones adversas, hasta el momento de germinar frente a condiciones ambientales favorables.
“La tesis de Francisco nos cambió el panorama de la invasión de Gleditisia porque demostró el rol protagónico del ciervo en el proceso, lo cual trae complicaciones. Un productor puede controlar la Acacia en su campo, pero los ciervos no conocen límites, saltan los alambrados… Salvo que todos coordinen el control, estos animales van a dispersar las semillas en todo el paisaje”, afirmó Luis Pérez, docente de Ecología en la FAUBA y director de la tesis de Aldazabal.
“Ahora sabemos que no se puede controlar a esta leñosa sin controlar a los ciervos. Esto agrega una dimensión al problema, ya que existe consenso en que ‘no hay problema’ en cortar un árbol invasor, pero no en si está bien controlar al ciervo, a Bambi… Es una discusión ética que vale la pena desarrollar”, concluyó.
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Incendios en Córdoba: la contracara del desarrollismo de Juan Schiaretti que quema a Martín Llaryora

Fecha de Publicación: 11/09/2024
Fuente: Portal Letra P
Provincia/Región: Córdoba


El fuego aviva las sospechas políticas y económicas. Culpas cruzadas entre el gobierno provincial y municipios. El uso de la tierra, en el centro del debate.
La sucesión de incendios forestales, que podrían recrearse esta semana con la continuidad de condiciones climáticas, ha vuelto a poner a Córdoba en el centro de la cobertura periodística. Las mismas llamas reavivaron cuestionamientos sobre las políticas ambientales de los 25 años de gobiernos cordobesistas y tienen a Martín Llaryora como heredero.
Buena parte de las críticas se concentra en las últimas gestiones deJuan Schiaretti, el gobernador que intentó dar proyección nacional a un modelo cordobesista caracterizado como desarrollista, con grandes obras públicas y expansión de la producción agrícola ganadera como sellos distintivos.
Al modelo le llueven cuestionamientos que advierten sobre las consecuencias del avance de la frontera urbana, con megaproyectos inmobiliarios, sobre menguantes reservas de bosque autóctono. Valga como referencia que, de 12 millones de hectáreas de superficie cubierta con vegetación nativa que poseía la provincia a principios del siglo XX, hoy sólo quedan unas 500 mil hectáreas.
Sobre crecientes extensiones deforestadas, donde ahora crecen pasturas y vegetaciones bajas, alternan sequías, incendios y hasta inundaciones por la pérdida de capacidad de absorción de los suelos.

Los años de Juan Schiaretti
Aunque los trazos gruesos del cordobesismo hayan sido definidos por José Manuel de la Sota, a fines del siglo pasado, las críticas por el manejo de la cuestión ambiental señalan una marcada tendencia al uso de la tierra para fines económicos, antagónicos con la preservación ambiental, en años de gestión Schiaretti.
“Desde 2014 el sector agropecuario se consolidó como la actividad de mayor peso en la economía provincial, superando a la industria manufacturera y al comercio”, reza el informe Ambiente, Economía y Presupuesto en Córdoba, elaborado por el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) en julio de 2022.
Buena parte de las críticas se concentra en las últimas gestiones de Juan Schiaretti, el gobernador que intentó dar proyección nacional a un modelo cordobesista caracterizado como desarrollista, con grandes obras públicas y expansión de la producción agrícola ganadera como sellos distintivos.
Al modelo le llueven cuestionamientos que advierten sobre las consecuencias del avance de la frontera urbana, con megaproyectos inmobiliarios, sobre menguantes reservas de bosque autóctono. Valga como referencia que, de 12 millones de hectáreas de superficie cubierta con vegetación nativa que poseía la provincia a principios del siglo XX, hoy sólo quedan unas 500 mil hectáreas.
Sobre crecientes extensiones deforestadas, donde ahora crecen pasturas y vegetaciones bajas, alternan sequías, incendios y hasta inundaciones por la pérdida de capacidad de absorción de los suelos.

Los años de Juan Schiaretti
Aunque los trazos gruesos del cordobesismo hayan sido definidos por José Manuel de la Sota, a fines del siglo pasado, las críticas por el manejo de la cuestión ambiental señalan una marcada tendencia al uso de la tierra para fines económicos, antagónicos con la preservación ambiental, en años de gestión Schiaretti.
“Desde 2014 el sector agropecuario se consolidó como la actividad de mayor peso en la economía provincial, superando a la industria manufacturera y al comercio”, reza el informe Ambiente, Economía y Presupuesto en Córdoba, elaborado por el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) en julio de 2022.
Especial indignación despiertan aquellos que emergen en áreas protegidas. Según las sospechas, las llamas logran eliminar vegetaciones como primer paso para el cambio de un restrictivo uso de suelo.
Tales denuncias apuntan a un aspecto medular: el ordenamiento territorial de la provincia. En especial el correspondiente al bosque nativo, hoy tutelado por la ley 9814.
Sancionada en 2010, dividió a la provincia en zonas de alta, media y baja restricción. Su promulgación no dejó conformes a la referencias ambientalistas. La posibilidad de desmontes para minería y rolado sigue recibiendo críticas. La falta de actualización de sus mapas, prevista cada cinco años, alienta suspicacias. El mapa vigente, admiten funcionarios, no se corresponde con la foto actual. La vegetación típica ha perdido número. El cambio de especies de altura por arbustos y pasturas favorece la recurrencia de incendios.

Herencia para Martín Llaryora
Tal actualización es uno de los compromisos que recae ahora en Llaryora. Congruente con su mirada “verde”, el gobernador ratificó su compromiso con la cuestión: por primera vez la provincia cuenta con un Ministerio de Ambiente. Su titular, Victoria Flores, manifestó su decisión de poner a la cuestión en el centro de la agenda.
Desde esta cartera bajan el tono a las suspicacias. “No hay cambio de uso del suelo, aunque haya incendios. Si una zona de alta protección es incendiada, eso no significa que automáticamente se cambie su categoría de conservación”, dicen.
Las mismas fuentes apuntan a las administraciones municipales por incumplimientos en la normativa. Particularmente por aprobaciones de urbanizaciones en zonas prohibidas, en uso de sus autonomías para ordenar usos de suelos.
La acusación transparenta otras ausencias en la política provincial. Por un lado, la falta de planificación en el área metropolitana, con acciones conjuntas para evitar diversidad de criterios entre localidades vecinas que absorben migraciones. Cada proyecto inmobiliario de gran escala supone ingentes fondos frescos para intendencias poco restrictivas.
Por otra parte, la falta de regularización de ejidos en zonas del Gran Córdoba. Esas zonas grises, atravesadas por pujas entre municipios y entre privados, suelen escenificar focos de rápida propagación en secos inviernos.
“La ley 9.814 se ha violado en muchos lugares. Muchos incendios han tenido intencionalidad sobre ese uso del suelo. Pero el mapa no cambia. La decisión política es no dar viabilidad a ningún proyecto que esté en zona roja o amarilla. Desde diciembre del 2023 no se ha habilitado nada”, afirma una fuente oficial.

Más fuego
Los incendios de los primeros días de septiembre consumieron casi 25 mil hectáreas. La cifra equivale a la mitad de lo que las llamas devoraron en 2023, lejos aún de los registros del 2020, año en que el fuego devoró 340 mil hectáreas.
El principal foco de este invierno tuvo lugar en Yacanto de Calamuchita, una región que ha recibido a miles de nuevos vecinos y que concentra buena parte de la actividad turística.
Según la Agencia Córdoba Turismo, en la temporada de verano 2023/2024 más de cinco millones de personas visitaron la provincia. Los valles de Punilla, Calamuchita y Traslasierra nuclearon aproximadamente un 75% de la actividad turística. En todos ellos, con la conectividad como argumento, se han desarrollado obras viales de gran impacto ambiental.
Otros dos focos de magnitud ocurrieron en el Gran Córdoba. Uno a la vera de la ruta 20, que conecta la capital con Villa Carlos Paz. El otro en la Reserva Natural de la Defensa, en zonas pertenecientes al Tercer Cuerpo de Ejército. Desde allí se dirigieron a La Calera, ciudad serrana que triplicó habitantes gracias a la proliferación de barrios cerrados.
Sobre esa misma región sobrevuelan especulaciones. Proyectos aún informales esperan guiños para sumarse a un circuito de urbanizaciones “de montaña”, con habitantes de elevado perfil económico.

Las críticas de la oposición
En esas zonas permanecen guardias de bomberos que, por años, han esperado reconocimientos que trasciendan lo simbólico. La oposición pide explicaciones por ellos. Legisladores de Juntos por el Cambio apuntan a la ausencia de personal específico, hoy destinado a las denominadas guardias urbanas, y al manejo de fondos.
Desde el Gobierno responden con fastidio. Según explican desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil, los 120 efectivos del Equipo Técnico de Ayuda ante Catástrofes que se han sumado, en pase, a tareas de seguridad urbana representan un 10% del total y mantienen facultades para intervenir en siniestros. Además, remarcan que el gobierno ha elevado de 1500 a 5000 millones de pesos el Fondo Permanente para Situaciones de Desastre.
Por lo bajo, voces calificadas admiten que, como tantas administraciones, no parece suficiente la preparación para afrontar las consecuencias del cambio climático. Tampoco para desandar el camino emprendido desde 1999. “La crisis económica los frenó, pero no hay aún replanteo para dejar de lado obras públicas de gran impacto ambiental. Tampoco para reforestar zonas hoy destinadas al agro, donde los propios productores se involucran en la materia”, fustigan.
"En menos de 20 años, los focos arrasaron una superficie equivalente a 12 ciudades de la provincia. Eso no se recupera", lamentan foros ambientales.
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Crisis Ambiental en Mendoza: Derrame de Petróleo en Lunlunta Despierta Alarmas y Temores en la Comunidad

Fecha de Publicación: 11/09/2024
Fuente: Portal  La Política Ambiental
Provincia/Región: Mendoza


Un reciente hallazgo de agua y tierra empetrolada en Maipú genera preocupación por el impacto ambiental y la posible expansión de la contaminación. La diputada Gabriela Lizana exige respuestas y la justicia investiga el origen de este pasivo ambiental.
La tranquilidad de Lunlunta, en Maipú, Mendoza, se ha visto sacudida por un descubrimiento inesperado y preocupante. Mientras los productores locales realizaban una zanja para drenar el exceso de agua de las napas saturadas, encontraron una sustancia negra, viscosa y con un fuerte olor a combustible. El hallazgo reveló la presencia de petróleo en el agua y la tierra, desatando una alarma ambiental en la región.

Un Hallazgo Preocupante: ¿Qué Está Pasando en Lunlunta?
La maniobra que buscaba aliviar la saturación de las napas subterráneas terminó mostrando un panorama inesperado. La sustancia encontrada es petróleo, probablemente proveniente de pasivos ambientales mal gestionados en el pasado. Esto no solo genera preocupación por el impacto en el medio ambiente, sino que también afecta a los viñedos y olivos que rodean la zona. La presencia de estos contaminantes podría tener consecuencias graves para la salud de los residentes y la producción agrícola local.

Acciones en Marcha: Diputada y Justicia Tomando Cartas en el Asunto
La diputada Gabriela Lizana, del Frente Renovador, no tardó en reaccionar. El 6 de septiembre presentó un pedido de informes al Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, exigiendo detalles sobre la contaminación encontrada y las acciones a tomar. “Queremos saber qué está pasando y qué medidas se van a implementar para solucionar este problema”, expresó Lizana.
Mientras tanto, la justicia ha comenzado una investigación para rastrear el origen de la contaminación y determinar responsabilidades. El Departamento General de Irrigación (DGI), encargado de realizar la zanja, descubrió las manchas de petróleo y documentó el hallazgo. Los productores locales han presentado muestras de agua, tierra y vegetación para respaldar su denuncia.

Un Problema Recurrente: Casos de Derrames en Argentina
Este no es el primer incidente de contaminación por petróleo en Argentina. Aquí algunos ejemplos de derrames que han marcado el país:
- Las Heras, Santa Cruz (2011): Un derrame masivo afectó el suelo y las aguas subterráneas debido a una falla en una tubería. Este evento requirió una operación de limpieza extensa y mostró las fallas en la gestión de los residuos petroleros.
- Río Colorado, Buenos Aires (2016): Una ruptura en una tubería de YPF contaminó el río Colorado. El incidente subrayó la necesidad urgente de una mejor regulación y control de la industria petrolera.
- Vaca Muerta, Neuquén (2017): Un derrame en la formación de Vaca Muerta reveló la vulnerabilidad de las operaciones de extracción de hidrocarburos. Este evento destacó la necesidad de mejoras en la regulación y supervisión.

Impacto en la Comunidad: ¿Qué Pasa en Lunlunta?
En Lunlunta, la situación es crítica. El petróleo encontrado podría haber estado oculto en el subsuelo durante años. La preocupación es que, si se realizan más excavaciones, podrían aparecer más restos de pasivos ambientales. Esto afectaría no solo la salud de los residentes, sino también el entorno productivo y turístico de la zona.
La calle Franklin Villanueva, un corredor clave para la economía local, está cerca del área afectada. Este corredor incluye bodegas, plantaciones y estructuras petroleras, lo que aumenta la preocupación sobre los efectos de la contaminación en la industria y el turismo.

Qué Se Está Haciendo: Medidas y Recomendaciones
Para enfrentar esta crisis, se proponen varias medidas:
Revisión de Normativas: Es fundamental fortalecer las regulaciones ambientales y garantizar que los pasivos ambientales sean gestionados y remediados adecuadamente.
Tecnología de Monitoreo: Invertir en tecnologías avanzadas para detectar y controlar la contaminación de manera temprana.
Participación Comunitaria: Involucrar a la comunidad en la vigilancia ambiental y en la toma de decisiones, asegurando una mayor transparencia y colaboración.

Conclusión
El hallazgo de petróleo en Lunlunta es un llamado de atención sobre la necesidad de una mejor gestión ambiental en Mendoza y en Argentina en general. La situación actual destaca la urgencia de tomar medidas para proteger la salud pública y el medio ambiente, y para evitar que incidentes como este se repitan en el futuro.
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El humo llegó al AMBA y hay alerta en 15 provincias

Fecha de Publicación: 10/09/2024
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional


El Servicio Meteorológico Nacional sostuvo que el fenómeno persistirá hasta el miércoles.
La cortina de humo proveniente de los incendios que se desarrollan en el Amazonas y algunas regiones de Bolivia y Paraguay llegó hoy al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), al tiempo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para 15 provincias por visibilidad reducida.
“Se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social”, explicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa.
Las provincias bajo advertencia, situadas todas en la zona norte son Misiones, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero y Chaco, así como partes de Jujuy, Salta, Catamarca, Santa Fe y Tucumán.
Según el SMN, por el humo “se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social”.
En diálogo con Marcelo Longobardi y equipo en Esta mañana, el programa que se emite por Radio Rivadavia, la vocera del organismo, Cindy Fernández, señaló que el fenómeno “persistirá hasta el miércoles en la zona central de la Argentina”.
En este sentido, resaltó que Chaco, Formosa y Corrientes tuvieron presencia de humo entre el jueves y el viernes pasado, mientras que advirtió: “Se incrementará en Córdoba, Santa Fe y la zona norte de la provincia de Buenos Aires que incluye a toda el Área Metropolitana”.
Por otra parte, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia declaró la “emergencia nacional” debido a los incendios forestales que han afectado más de 3,8 millones de hectáreas de bosques y pastizales en el país vecino.

Las recomendaciones del SMN
La autoridad aconseja a la población evitar actividades al aire libre, proteger las vías respiratorias y oculares, no circular en la vía pública, pero, en caso de hacerlo, se deben tomar las precauciones necesarias en las rutas con baja visibilidad por humo.
Además, piden que los conductores manejen despacio, mantengan la distancia y que usen las luces bajas.
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Cayó una red de venta ilegal de fauna marina en CABA

Fecha de Publicación: 10/09/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Capital Federal


Cinco locales fueron clausurados en la Ciudad de Buenos Aires por dedicarse a la cría y comercialización ilegal de especies marinas. Las inspecciones a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), revelaron la existencia de más de mil corales, cuyo valor en el mercado negro asciende a $400 millones. Los responsables enfrentan cargos por infringir la Ley de fauna silvestre y operar sin habilitación.
El caso surgió a partir de una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), que descubrió que los locales simulaban ser acuarios legítimos, cuando en realidad operaban fuera del marco legal.
Las especies secuestradas, protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), no contaban con la documentación legal requerida.
Los responsables de los comercios fueron imputados por infracción a la Ley Nacional de Fauna Silvestre (22.421) y por ejercer actividades comerciales sin habilitación. Para tener una referencia, en acuarios bonaerense se consiguen corales desde 5.000 hasta 550.000 pesos. Los más vendidos, por caso, se cotizan de 50.000 a $400 mil.
Durante las inspecciones, realizadas en conjunto con la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA) y otros organismos del Gobierno de la Ciudad, se procedió a la clausura inmediata de los establecimientos.
A su vez, secuestraron más de 1200 corales de diversas especies. Se estima que su valor en el mercado negro ronda los 400 millones de pesos.
Además se encontraron otros animales, como estrellas de mar y peces cartilaginosos protegidos como las rayas. Cabe señalar que la cría de estas especies está expresamente prohibida en la Ciudad. Por estos motivos, posteriormente, se labraron actas y se procedió a clausurar los cinco locales implicados.
Finalmente, el fiscal Carlos Rolero Santurián, quien está a cargo de la UFEMA, imputó a los cinco responsables de los negocios por infracción a la Ley de fauna silvestre y por ejercicio de actividad sin habilitación.
Este tipo de comercio ilegal representa un grave peligro para la biodiversidad marina, ya que las especies son utilizadas no solo para acuarios ornamentales, sino también en la elaboración de medicinas y otros productos.
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Vuelos aéreos revelan el impacto de los residuos plásticos en las costas de Chubut

Fecha de Publicación: 10/09/2024
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut


El Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, realizó el primer relevamiento aéreo de las costas de Chubut con el fin de dimensionar el impacto de la contaminación plástica de origen pesquero en sitios claves para la conservación de la biodiversidad marina.
Para dimensionar el impacto de la contaminación plástica de origen pesquero en sitios clave para la conservación de la biodiversidad marina, el Gobierno de la Provincia realizó el primer relevamiento aéreo de las costas chubutenses, cubriendo una zona que supera los 1.300 kilómetros de recorrido.
Se trató de dos vuelos enmarcados en el Proyecto MaRes, que fueron coordinados por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, la Secretaría de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Pesca y la Administración de Parques Nacionales.
Los relevamientos aéreos, autorizados por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut y la Administración de Parques Nacionales, se realizaron en dos etapas: en una primera instancia se cubrió el Área Natural Protegida Península Valdés y en la segunda se sobrevoló el territorio que comprende el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral y parte de la costa provincial; registrando así una cobertura total de 1.329 kilómetros, entre los dos vuelos.

Protección y conservación
Respecto a los vuelos, la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo, aseguró que “son un recurso muy valioso para la toma de decisiones. Nos permiten identificar, a lo largo de toda nuestra costa y especialmente en nuestras Áreas protegidas, los puntos más afectados y críticos”.
Cabe resaltar que también participaron de la actividad los equipos técnicos del Instituto de Conservación de Ballenas y el CCT CONICET - CENPAT, quienes comparten la necesidad de evaluar en forma integral la dinámica de los residuos plásticos de origen pesquero e identificar los sitios de acumulación y sus grados de impacto, a lo largo de toda la costa chubutense.

Optimizar acciones de limpieza
Por último, desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas se remarcó que la información se complementará con el análisis de las corrientes oceánicas, imágenes satelitales e incluirá el mapa de catastro de los campos costeros, lo cual permitirá a las autoridades organizar y optimizar acciones de limpieza y remediación de playas como así también evaluar la accesibilidad a diferentes sitios con grados de impacto variables.
Además, el análisis de resultados permitirá conocer la efectividad e identificar posibles mejoras sobre la gestión de los residuos en embarcaciones y puertos.
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Por qué hay 95 proyectos de medio ambiente cajoneados en el Congreso: “Es un escenario inédito”

Fecha de Publicación: 09/09/2024
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


Los que habitan los montes y los bosques. Los que viven frente al mar. En lo alto de las montañas o al pie de los glaciares, experimentan una sensación de olvido. Es una idea que se potencia en el seno de las organizaciones que trabajan sobre temas de naturaleza. “Nadie firma nada, no hay gestión. El Gobierno no toma decisiones ambientales. Todo es una parálisis, mientras los ríos del norte se secan y se extinguen y los animales mueren de sed. Volvieron los incendios. Cuál es el plan para el verano. Lo mismo pasa en los mares o donde sea. Avanzan proyectos industriales pero nadie repara en el cuidado del ambiente. Es un escenario inédito”, dice la titular de una ONG dedicada a la restauración de ecosistemas.
Los ambientalistas están desconcertados. Están que trinan. Pero no saben bien a quién dirigirse. La información que surge, por indagaciones de Clarín, es que la secretaria de Ambiente, Ana Lamas, estaría sin margen para conducir nada, sin poder para tomar decisiones y hasta cerca de abandonar su cargo, jaqueada por internas cruzadas en el ex ministerio. Pasaron nueve meses del gobierno de Javier Milei y no hay interlocutores válidos para tratar las urgencias ambientales que abundan en la Argentina.
“El cuidado del medioambiente nos corresponde a todos y tiene un gran valor para nuestro país, ya que nos permitirá generar riqueza, a la vez nos permitirá vivir más y mejor”, escribió el diputado Carlos D’alessandro a días de su nombramiento como presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente Humano. Sin embargo, desde ese nombramiento en abril, D’alessandro jamás convocó a una reunión y ya son 95 los proyectos que se apilan en la comisión permanente desde diciembre del 2023.
Las presentaciones incluyen leyes, pedidos de informes, resoluciones y declaraciones de toda índole. Algunos con más urgencia que otros, como el pedido para extender la emergencia por incendios, la creación de un fondo contra desastres climáticos o garantizar un presupuesto mínimo para la restauración de los humedales.
La agenda ambiental en la era Milei esté postergada y no es una novedad. El presidente fue categórico en el Pacto de Mayo y poco margen queda para pensar a corto o mediano plazo. El abandono de la comisión no solo preocupa a ambientalistas sino también a sectores exportadores que necesitan posicionarse en mercados internacionales cada vez más exigentes con la trazabilidad ambiental de los productos que demandan. Uno de los hitos de este años fue la aparición de un regulación sobre deforestación para productos que se exportan a la Unión Europea.
Algunos diputados que integran la comisión están desconcertados y preocupados por la situación. Por la bajo, no son pocos los que aseguran que la expresión “cambio climático” ha pasado a estar prácticamente prohibida y si se encuentra en algún proyecto se sabe que dormirá el sueño de los justos”. La comisión, encabezada por D’Alessandro, está integrada por 30 diputados entre los que se encuentra Máximo Kirchner, Martín Yeza, Maximiliano Ferraro y Margarita Stolbizer, quien está como vicepresidenta segunda.
El diputado de la UCR Fabio Quetglas, integrante de la comisión, ensayó a pedido de Clarín, las posibles razones de la demora. La pregunta fue única: por qué se demora la puesta en marcha de la discusión medioambiental en la Argentina, a contramano de lo que ocurre en el mundo. Dijo Quetglas: “Se combinan varias cosas: por un lado, el Gobierno parece considerar a la totalidad de la legislación ambiental como un obstáculo al desarrollo económico. A lo que añade una evaluación exagerada, al considerar la legislación existente como estéril para alcanzar objetivos de sostenibilidad. El cuidado del ambiente y el rol federal en los presupuestos mínimos son obligaciones constitucionales. No son optativos Una cuestión es discutir alcance y eficacia de las medidas que se legislan y otra caer en el negacionismo ambiental. Un razonable sentido contemporáneo nos obliga a una acción legislativa no voluntarista ni negadora de la enorme agenda ambiental que tenemos pendiente”.
El freno de mano a la agenda ambiental parece ir en contra de las declaraciones que hizo el mismo D’Alessandro, en artículos de prensa publicados días atrás: “Los esfuerzos por cuidar nuestro entorno, generan beneficios en la economía de nuestro país. (...) la correcta conservación de nuestros paisajes permitirá que sigamos teniendo destinos atractivos para el turismo interno y extranjero, incrementando los ingresos de nuestro país. También, podemos pensar en los frutos que podría tener el desarrollo de una economía circular, en la generación de nuevos empleos y la valorización de aquello que solíamos desechar. Finalmente, si logramos posicionarnos como referentes en el uso responsable de nuestros recursos naturales, podemos convertirnos en una fuente de inversiones destinadas a este propósito”.
A juzgar por la inercia reinante, parecería haber cambiado de postura. Existen algunos proyectos, por ejemplo, de creación de Áreas Marinas Protegidas, que podrían traducirse en un impulso concreto para el turismo ecológico. Sin reuniones de la comisión, se ve demorada la creación de empleo vinculado al turismo.
Desde su aparición, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano dictamina “sobre todo asunto o proyecto vinculado con el aprovechamiento racional e integral de los recursos naturales y con la conservación o la contaminación ambiental”. ¿Acaso no sería importante al menos que haya debate sobre crear o no un fondo para catástrofes climáticas? ¿No es necesario restaurar los humedales que sufrieron incendios de cientos y cientos de hectáreas? Nada en el mundo -ni en política local ni en la alta política y mucho menos en la macroeconomía- se mueve dejando de lado la “cuestión ambiental”. Como dice el mismo D’Alessandro: “Debemos tomar con seriedad nuestro proceder en esta comisión y trabajar codo a codo para abordar esta temática, ya que el deterioro de nuestro planeta nos afectaría a todos, sin distinción política”. Palabras sobran.
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Ambientalistas piden que se declare la inconstitucionalidad del decreto que regula la actividad minera en Jujuy - Política

Fecha de Publicación: 09/09/2024
Fuente: Jujuy Dice
Provincia/Región: Jujuy


Organizaciones ambientales, de derechos humanos piden la insconstitucionalidad del decreto 7751/23, además de una serie de incumplimiento de la provincia que hacen a derechos indígenas y ambientales .
Organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc presentaron una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de Jujuy para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto N° 7751/2023, el cual regula los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de las actividades mineras en la provincia.
Además en la Corte Suprema de Nación, hay un expediente que iniciaron las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc que demandan al estado provincial de Jujuy y Salta, demanda que marca un precedente para evitar que los recursos naturales y las comunidades sufran daños irreparables.
El Decreto 7751/2023, que deroga al Decreto 5772/2010, establece las etapas, requisitos exigibles, contenido e instancias de relacionamiento con los superficiarios en el contexto de actividades de prospección, exploración y explotación minera en la provincia.
La provincia no garantiza  un abordaje integral de la cuenca, la ausencia de información y  la necesidad de protección y conservación del ambiente y del agua ante los potenciales efectos adversos de la minería de litio, los derechos ambientales y humanos de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, para que sus territorios y modos de vida no se conviertan en una nueva zona de sacrificio en la disputa geopolítica por el litio.
El decreto cuestionado vulnera los derechos colectivos de las comunidades y pueblos indígenas como al consentimiento libre, previo e informado, ya que permite a las empresas obtener sus permisos mineros tras reunirse con una o más comunidades identificadas unilateralmente como afectadas -sobre la base del área de influencia definida sólo por la empresa en total contravención de los mandatos del Convenio 169 de la OIT-, o con el aval de un gobierno que aún no ha reconocido los territorios comunitarios.
Excluye del proceso a comunidades que también habitan en la misma cuenca hídrica y pueden verse afectadas por posibles impactos de los proyectos.
Bajo este mecanismo, el Gobierno de Jujuy aprobó la exploración de Mina Agonic (operada por la empresa minera Lition Energy, subsidiaria de la empresa Pan American Energy, propiedad de la británica BP y la argentina BC Energy Investment, perteneciente a su vez a China National Offshore Oil Corporation y a Bridas Corporation, de la familia Bulgheroni) en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, lo que despertó graves conflictos en el territorio.
La situación derivó en la judicialización de la autorización por comunidades afectadas por el proyecto; por no haber sido admitidas en el proceso de aprobación, pese a sus reiterados reclamos en ese sentido.
Además de estas irregularidades, se pudo constatar con especialistas, el uso de GPS y en presencia de escribana, la empresa instaló un campamento en territorio de la comunidad aborigen El Angosto Distrito Moreno, una de las comunidades que se opone al avance de la minería y a la que se prohibió participar del proceso de discusión de evaluación del proyecto. La Dirección Provincial de Minería y la Secretaria de Pueblos Indígenas de la provincia negaron que el territorio de la comunidad esté en la zona de concesión, a pesar de que la constatación en campo demuestra lo contrario.
A su vez, el decreto avasalla los derechos de acceso a la información y a la participación en asuntos ambientales garantizados en instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú, y en la Constitución Nacional y provincial. Por lo tanto, se cercena la posibilidad del desarrollo de un debate público y que las observaciones presentadas sean debidamente tenidas en cuenta en el proceso de toma de decisiones, lo que implica un claro retroceso a los derechos adquiridos.
El decreto tampoco incorpora herramientas clave para la protección del ambiente, como la realización de estudios de impacto ambiental acumulativo, fundamental para medir los daños reales que puede ocasionar la minería del litio en ecosistemas como los humedales andinos, en los que la interconexión del agua hace necesario analizar el impacto de todos los proyectos que existen y/o se proyectan en la cuenca, en conjunción con los usos de agua pre-existentes de las comunidades. La Corte de Justicia de Catamarca, en el fallo “Guitian”, reconoció la necesidad de realizar este tipo de estudios para prevenir el daño en los salares al constatar daños irreversibles provocados por la minería del litio, y suspendió el otorgamiento de nuevos permisos.
La adecuada reglamentación de la protección ambiental en la actividad minera y respeto de los derechos humanos resulta trascendental, máxime ante los elevados impactos ambientales que puede provocar. Los daños serán irreversibles en los territorios, en el acceso al agua principalmente afectando las formas de vida de comunidades indígenas que mantienen un vínculo armónico con el entorno desde tiempos ancestrales.
La provincia de Jujuy adhirió de manera parcial y reciente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el cual da privilegios por 30 años a grandes empresas inversoras, beneficio adicional a los otorgados por la Ley 24.196 a las empresas mineras que les permitiría ampliar la estabilidad fiscal ya concedida, y prioriza a sus proyectos antes que a los argentinos y argentinas en el uso de bienes como el agua. Esto nos debe poner en especial alerta en la defensa y protección de los recursos naturales.
La presentación, realizada tiene fecha de 26 de agosto de 2024, cuenta con las firmas de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), y las comunidades indígenas Santuario de Tres Pozos, El Angosto Distrito Moreno, San Francisco de Alfarcito, Aguas Blancas, Cianzo, Cochagaste, Casabindo, Tambillos y Tusaquillas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.
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