Ingresó a Legislatura el pedido de adhesión al RIGI

Fecha de Publicación: 09/08/2024
Fuente: Canal 12
Provincia/Región: Chubut


Este martes se envió el proyecto para que sea tratado por los diputados; deja expreso que la minería metalífera seguirá sin permitirse en Chubut y que sigue vigente la Ley 5001.
En la tarde de este martes tomó ingreso formal a la Legislatura del Chubut el proyecto de Ley 175/24 enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se impulsa la adhesión de Chubut al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que fuera aprobado por el Congreso de la Nación.
La iniciativa, y ante toda especulación al respecto, deja expresamente aclaro que la adhesión al RIGE excluye cualquier posibilidad de avanzar con la actividad minera metalífera en el territorio provincial y que sigue prohibida con la vigencia de la Ley Provincial 5001.  
Se espera que el proyecto enviado por el Ejecutivo tome estado parlamentario en la próxima sesión legislativa, suscitando el debate correspondiente. Sin embargo, desestimada cualquier posibilidad de habilitar la actividad minera metalífera se estima que tendrá acompañamiento al menos mayoritario. Tanto diputados del oficialismo como de la oposición reconocieron que Chubut necesita inversiones importantes y que esta puede ser una herramienta para tal fin.

El proyecto
El proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura consta de cinco artículos:
▪️ Artículo 1° Adherir al “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)” que establece la Ley Nacional N° 27.742, en su Título VII, Capítulo I, artículos del 164 a 228, inclusive.
▪️ Artículo 2° “Excluir de la adhesión dispuesta en el artículo 1° las actividades mineras prohibidas por la Ley XVII N° 68”.
▪️ Artículo 3° “El Ministerio de Producción o el organismo que institucionalmente lo reemplace, será la autoridad de aplicación en todo lo atinente a las competencias correspondientes a la Provincia del Chubut para la aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”.
▪️ Artículo 4° “Invitar a los Municipios a adherir al Título VII, Capitulo I, artículos del 164 al 228 de la Ley Nacional No 27.742 y a la presente ley”.
▪️ Artículo 5° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Los fundamentos para adherir al RIGI
En cuanto a los fundamentos presentado por el Gobierno de Chubut para que tenga acompañamiento de los diputados la adhesión al RIGI, se plante que ese sistema “constituye un mecanismo para promover inversiones del sector privado de gran escala en sectores estratégicos de la economía, con la finalidad de revertir la falta de crecimiento y desarrollo de nuestro país”.
 “El ingreso per cápita de la Argentina lleva años de estancamiento y uno de los principales factores que ha provocado ese resultado está dado por la falta de inversión privada”, se indica en el proyecto.
“La Argentina ha venido perdiendo densidad empresarial y ello ha repercutido en una dificultad creciente para crear empleo en el sector privado. Está claro que sin inversiones privadas en la economía real y sin empresas no será posible crear puestos de trabajo de calidad y buena remuneración”.
“No podemos seguir un camino en cual el PBI no crece en la misma proporción que la población y en el cual la única respuesta de la dirigencia política ha sido hasta acá multiplicar de modo exponencial el empleo público y los programas de asistencia social”, se esgrime en los fundamentos.
Más adelante se indica: “Debemos apostar al desarrollo y para ello hay que facilitar las inversiones privadas tal como lo viene haciendo este Gobierno provincial con las iniciativas de promoción de las inversiones turísticas y de la industria naval. Solo así podrá respetarse la dignidad de las personas que quieren incorporarse al mercado de trabajo para forjar su propio destino sin depender de ningún tipo de favor político”.
Se argumenta la necesidad de “revertir los escandalosos e inaceptables indicadores de pobreza que hoy existen en nuestro país y que dan lugar a una situación inexplicable para un país con el potencial y la historia de la Argentina”.
Es por ello que, “el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones se presenta como una herramienta que va en el mismo sentido que propicia este gobierno Provincial, en este caso para las inversiones de gran escala en sectores estratégicos, en muchos de los cuales la Provincia del Chubut tiene ventajas comparativas y competitivas indiscutibles, tal el caso del petróleo, gas, energía, forestoindustria, turismo e infraestructura”.
 “La necesidad de tratar la adhesión a la que invita el artículo 224 de la ley Nacional N°27.742 no puede ser postergada ya que el régimen tiene un plazo de vigencia acotado a dos años contados a partir de su entrada en vigencia”, indica el texto.
En la parte final señala: “Convencido entonces de que debemos propiciar y sostener todos aquellos instrumentos legales que propendan a engrandecer y desarrollar nuestra provincia pongo a consideración de esa Honorable Cámara el adjunto proyecto de ley”.
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Indignación en Santa Fe por turistas de Estados Unidos que cazaron decenas aves autóctonas y mostraron las fotos en redes sociales

Fecha de Publicación: 08/08/2024
Fuente: Santa Fe
Provincia/Región: Nacional


Un grupo de cazadores estadounidenses desató la indignación en San Javier, Santa Fe, por matar a decenas de patos de collar y cuturíes, especies autóctonas y protegidas por la ley provincial, y luego publicar las imágenes en las redes sociales.
Si bien la caza organizada por el coto MGW Outfitters ocurrió a fines de junio, el hecho tomó estado público recientemente tras la difusión del caso por parte del Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), una ONG de Entre Ríos, que recibió información de lo sucedido mediante un guardafauna local, según indicaron medios periodísticos de esa provincia.
Hasta el momento de la denuncia, las publicaciones de la organización MGW Outfitters, que siguen vigentes hasta hoy, habían pasado inadvertidas. Allí se ve, tanto en Facebook como Instagram, a los participantes que posan junto a las aves asesinadas, incluso formando las siglas del coto con los especímenes cazados.
En Santa Fe, la actividad está regulada por la Resolución 129/2024, que permite la caza de tres especies específicas de patos: sirirí, sirirí pampa y crestón, del 1 de mayo al 31 de julio, con un límite de seis ejemplares por especie y un máximo de 12 en total. Sin embargo, los cazadores ilegales estadounidenses superaron ampliamente estos límites.
Gabriel Bonomi, representante de Ceydas, criticó duramente tanto a los cazadores como a las autoridades provinciales. "La responsabilidad no es solo del coto, que está cazando ilegalmente. La gran responsabilidad cae en el gobierno de la provincia de Santa Fe, que autoriza algo que de antemano sabe que no tiene la capacidad para controlar", señaló el dirigente a La Capital.
Según Bonomi, la caza de estas aves no solo es ilegal, sino que también tiene un impacto ecológico significativo. "Las aves cazadas no son plagas, no son exóticas, ni tampoco abundantes. Son muy importantes para el ecosistema por su carácter migratorio. Al ser migratorias, la importancia ecológica se potencia porque en sus plumas, en sus picos y en sus patas llevan a lo largo de toda su ruta migratoria huevos de peces y semillas de plantas acuáticas y las dispersan", completó.
Este no es el primer caso de caza ilegal en la región. En una operación reciente en Santa Fe, un conocido operador cinegético y dos ciudadanos franceses fueron detenidos con casi un centenar de patos y equipo de caza prohibido. En enero, Gendarmería decomisó 99 patos crestones durante un control vehicular cerca de Los Amores.
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Amenazan con denuncias si se aprueba el nuevo OTBN tal como está

Fecha de Publicación: 08/08/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El mapa indica qué bosques se pueden desmontar y cuáles no. Pero debe pasar por la Legislatura.
Ante la inminente llegada del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) a la Legislatura provincial, distintas organizaciones de la sociedad civil afirmaron que el actual mapa va en contra de los principios que rigen la Ley de Bosques para la defensa del ambiente. Entre los firmantes, adhieren la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir, la Fundación entre Mujeres y el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades.
Del otro lado, a título personal, uno de los técnicos que participó de la elaboración del informe del nuevo OTBN respondió a los cuestionamientos, y esta nota pretende poder reflejar ambas posiciones.
En un escrito elevado al gobernador Gustavo Sáenz, las organizaciones afirmaron que el mapa propuesto extiende la posibilidad de desmontar 721.568 hectáreas. Sumaron que el desmonte de áreas que fueron recategorizadas (que en el mapa anterior habían sido catalogadas como lugares donde no se podía desmontar, pero el gobierno autorizó su deforestación con decretos que infrigieron la ley) generó una situación en la que los responsables de esa deforestación quedan en impunidad premiando así “conductas ilegales y de mala fe, de modo desigualitario y contrario a derecho”.
Afirmaron que las hectáreas desmontadas con esta estrategia podrían quedar como de “bajo valor de conservación”. Es decir que quedarían en la categoría 3 o verde en el OTBN. El mapa define la categoría 1 con el color rojo, de alto valor de conservación, y la 2 con el amarillo (con un grado de conservación menor al rojo pero que tampoco permite el desmonte), mientras que la categoría 3, verde, es para las áreas donde se puede desmontar.
Las organizaciones también criticaron que se haya instaurado una categoría marrón en el nuevo OTBN de la provincia, la cual permite que un posible desmonte se haga en las zonas que comparten el amarillo y verde, con un límite equis de hectáreas a desmontar. “La categoría marrón no está contemplada en la Ley Nacional de Bosques”, advirtieron en la carta.
Por último, cuestionaron la metodología de participación para trazar el nuevo mapa dado que sostuvieron “el procedimiento” fue “llevado a cabo de manera irregular, sin seguir los pasos establecidos por la Ley”. Entre otras falencias, señalaron que se dejó sin participación a organizaciones territoriales y comunidades originarias.
“En caso de avanzarse en el proceso del modo en que se lo viene haciendo, formulamos expresa reserva de presentar las denuncias correspondientes como de ejercitar la Acción Popular de Inconstitucionalidad prevista por el artículo 92 de la Constitución de Salta”, avisaron finalmente.

La respuesta de un técnico
Lucas Seghezzo, integrante del Consejo Técnico Asesor a cargo del informe y la metodología propuesta en el nuevo OTBN, respondió a título personal a las diversas críticas. “La participación pública estuvo siempre promovida”, afirmó en un escrito que hizo llegar a Salta/12.
Al comparar con el OTBN vigente actualmente (que se aprobó en 2009 y sigue en vigencia pese a que venció en 2014), sostuvo que en el nuevo mapa propuesto se redujo “el área potencial de verde (Categoría III, bajo valor de conservación)”, y se aumentó el área roja. “El área de zonas verdes del nuevo mapa propuesto representa sólo el 9,57 por ciento de la superficie total de bosques nativos de la provincia de Salta. Esta es la máxima superficie desmontable a futuro, lo cual no implica necesariamente que deba ser desmontada de manera obligatoria”, indicó.
Respecto de las áreas que fueron recategorizadas, afirmó que “cualquiera sea el resultado de las acciones administrativas o judiciales en curso, el nuevo mapa propuesto resta las tierras desmontadas de manera ilegal o irregular de las áreas verdes propuestas, lo cual es la mejor manera de evitar su legitimación o convalidación actual o futura. O sea que, en el peor de los casos, estos desmontes ilegales o irregulares no agregarán áreas verdes por encima de las técnicamente viables”.
Al responder sobre el agreado del color marrón, explicó que el “área transitoria denominada Área de Producción y Conservación (APC)", si bien no está incluida en la ley nacional, tampoco está explícitamente prohibido “establecer mecanismos adecuados para optimizar la distribución de zonas verdes si eso redunda en beneficios ambientales, sociales o productivos”, por lo que sostuvo, entienden que el área definida permitirá un “avance significativo”, en la planificación y gestión de bosques”.
“Es importante destacar que todas las zonas en las que existe información fehaciente de la presencia de especies amenazadas u otros valores biológicos sobresalientes ya fueron clasificadas como rojas, algo que no se había hecho con el mismo detalle y la misma precisión en el mapa anterior”, afirmó.
“Esta falsedad roza la difamación”, afirmó asimismo al responder que no es cierto que no se haya dado participación a campesinos e indígenas, dado que hubo talleres participativos en donde interactuaron referentes de las comunidades. Afirmó que incluso se revaloriza su participación ante la presentación de cualquier proyecto productivo.
“Las críticas de cualquier organización o institución interesada en la protección de los bosques nativos son siempre bienvenidas. Sin embargo, la nota presentada contiene errores, inconsistencias y preconceptos que pueden atribuirse a una lectura superficial o descontextualizada del Informe Final del Equipo Técnico”, aseguró Seghezzo. Sumó a sus consideraciones que rechazar un mapa que es innovador e inclusivo, posibilita que se siga aceptando un OTBN “mal hecho y obsoleto” (el trazado en 2009), que “sólo beneficia a un número pequeño de grandes productores y perjudica al ambiente y a las comunidades indígenas y campesinas que viven y trabajan en los bosques nativos”.
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Los negocios agropecuarios arrasan el segundo pulmón verde de Sudamérica

Fecha de Publicación: 07/08/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Los bosques del Gran Chaco Americano son el segundo pulmón verde de Sudamérica, después de la Amazonia, pero lejos de ser un área protegida, la tala y el desmonte avanzan sin pausa, lo mismo que la depredación de cazadores a especies en extinción, como el asesinato de uno de los cinco yaguaretés que quedaron en Formosa.
La amplia región comprende territorios de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay y reúne 3.400 especies de plantas, 500 de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios.
Durante el primer semestre de 2024 se deforestaron 59.557 hectáreas de bosque nativo en el norte del país.
La cifra significa la pérdida de una superficie equivalente a 327 canchas de fútbol por día.
Representa un 15% más que en el mismo período de 2023 (51.600 hectáreas). Los datos se desprenden de un relevamiento realizado por Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales.
La deforestación se debe en gran medida por el avance de la industria agropecuaria, que busca expandir su frontera para criar ganado y sembrar soja. Estos desmontes se realizan de manera irregular y no hay suficientes controles ni multas para quienes lo hagan, por lo que las provincias de Chaco y Santiago del Estero son las más perjudicadas.
La situación es más adversa en la actualidad con la reciente flexibilización de la normativa que protege a los bosques.

Deforestación en alza
Para la ONG, entre enero y junio pasados la deforestación alcanzó a 27.148 hectáreas en la provincia del Chaco; 21.047 hectáreas en Santiago del Estero; otras 7.162 hectáreas en Formosa y 4.200 más en Salta.
“Entre 1998 y 2022, en toda la Argentina se perdieron 7 millones de hectáreas de bosques”, explicó a El País de España, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace. De ese total, el 75% de la deforestación argentina se concentra en la región chaqueña, destacó.
“En un contexto de crisis climática, esto tiene un impacto muy grave en la biodiversidad. Hay especies que pueden desaparecer. En este momento quedan 20 ejemplares de yaguareté en el Gran Chaco”, alertó.
“La deforestación provoca inundaciones y también sequías. Un proceso paralelo al desmonte es el desalojo de comunidades de campesinos y pueblos originarios, lo que termina generando conflictos violentos”.
Ante esta situación de emergencia, Gardini pidió políticas gubernamentales de cuidado, ya que a los productores agropecuarios les conviene deforestar irregularmente y ampliar la frontera productiva: con las ganancias que obtienen por exportaciones, la multa representa un gasto mínimo.
Señaló que la mayoría de estos desmontes son ilegales porque violan los ordenamientos territoriales de bosque nativo (OTBN) que confeccionó cada provincia, según lo estableció en 2007 la Ley Nacional de Bosques.
Estos ordenamientos son normas provinciales que zonifican los bosques existentes con un criterio de preservación y —según la ley nacional— son la herramienta que debe regular el avance de la frontera agropecuaria y cualquier otro cambio de uso del suelo.
Ante el incumplimiento, Giardini explica: “Es evidente la complicidad entre gobiernos y empresarios agropecuarios para arrasar con nuestros bosques con total impunidad”.
En Chaco, enfatizaron desde la organización socioambiental, todos los desmontes registrados este año se realizaron en absoluta irregularidad.
Este abril, en la provincia que más deforestación registró en lo que va del año, se sancionó un nuevo OTBN que viola los principios de no regresión en materia de protección ambiental.
En los hechos, permite el desmonte de más de un millón de hectáreas, correspondientes al último reservorio de bosque nativo del país, poniendo en riesgo a especies como el yaguareté.
Por estos sucesos, en mayo Greenpeace presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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“Minería responsable”: el proyecto de un opositor para supervisar la actividad

Fecha de Publicación: 07/08/2024
Fuente: Diario NDI
Provincia/Región: Mendoza


El diputado del PJ, Gustavo Perret, presentó un proyecto mediante el cual apunta a crear un registro de ambientalistas para supervisar la actividad minera en Mendoza. El objetivo de esto “es defender los intereses y recursos naturales de nuestra provincia”, señala la iniciativa.
Los equipos que se conformen deberán tener participación dentro de las empresas mineras que realicen la actividad en Mendoza. Además, se exigirá que ninguno de los ambientalistas tengan vínculos familiares con la empresa.
Con esto Perret, apunta a lograr una “minería responsable” en la Provincia. Esto se da tras los cambios en el Código Minero que aprobó tiempo atrás la Legislatura.
“Que, en este contexto, la creación de un registro de ambientalistas profesionales para la supervisión de la actividad minera es esencial para asegurar una explotación sostenible de los recursos y proteger el medio ambiente”, señala el legislador en los argumentos del proyecto.
Además, hace mención a las consecuencias ambientales que puede traer la  controles estatales adecuados y confiables exponiendo a las comunidades a convivir con materiales tóxicos.
“Que, implementar auditorías externas e independientes de los procesos de inspección para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas puede asegurar que los informes y resultados de las inspecciones sean accesibles al público para aumentar la transparencia y la confianza de la ciudadanía, en el proceso”, añade entre los argumentos.
Tareas que cumplirán los ambientalistas profesionales que formen parte del registro:
- Monitorear y evaluar los impactos ambientales de las operaciones mineras de manera continua.
- Implementar medidas correctivas y de mitigación cuando se identifiquen riesgos o daños.  Asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales locales, nacionales e internacionales.  Verificar que las prácticas mineras cumplan con las leyes y regulaciones vigentes.  
- Realizar auditorías ambientales periódicas para asegurar el cumplimiento constante.  
- Promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión minera
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Proyecto GNL: un Obispo de Chubut advierte sobre consecuencias ambientales y los peligros para la fauna

Fecha de Publicación: 06/08/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Es el primer pronunciamiento de la Iglesia sobre el emprendimiento. Se trata de Roberto Álvarez, obispo de Rawson. El impacto sobre ballenas, pingüinos y buceo. Su perfil.    
El Obispo de Rawson Roberto Álvarez envió una nota a todos los poderes del Estado, incluido el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres manifestando su preocupación por la instalación de la planta de GNL en Sierra Grande, siendo el primer pronunciamiento de la Iglesia en cuanto al mega emprendimiento que se realizará en Río Negro.
Álvarez cuestiona el impacto ambiental que podría tener dicha obra para dos provincias que comparten grandes espacios de diversidad bilógica marina.
Y aclara: “El único objetivo es ayudar a los poderes del estado provincial a preguntarse sobre la responsabilidad que les compete en el debate de este asunto tan delicado para el medioambiente y si este llegara a tener consecuencias para aquello que compromete en algo a nuestro territorio provincial su necesaria intervención. En ninguna de mis formulaciones-continúa- intento asentar posturas científicas y tampoco me mueve ningún posicionamiento ideológico”.
Y agrega: “Es sólo mi preocupación ciudadana a la que se le suma la carga de ser Obispo que tiene oficio pastoral sobre esa zona de la provincia de Chubut”.
Álvarez es conocido como “Chobi” y se dice que es gran contador de chistes. Le dicen “el obispo de la alegría”, tiene una gran comunicación con los jóvenes y buena relación con el gobernador Torres.
Dice en su nota el obispo (también enviada a los diputados y a todo el Poder Judicial con un pormenorizado informe sobre cantidad de barcos, metros cúbicos de petróleo, etc.) que: “tras realizar un pormenorizado detalle informativo sobre los alcances del proyecto pareciera que fuera un asunto que corresponde sólo a la jurisdicción de la Provincia de Río Negro, que para poder dar curso a este emprendimiento ha tenido que modificar la ley 3308 de 1995 que en su artículo 1º sostenía la prohibición de la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que los transporten en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrinos. No sé si es suficiente con que la legislatura de esa provincia haya modificado una ley o si su Tribunal Superior haya considerado improcedentes instancias superiores a sí mismo. También desconozco a cuál de los poderes del Estado le compete estudiar si lo proyectado no podría generar daños irreparables y atentar contra el artículo 99 de nuestra constitución que señala: “El Estado ejerce el dominio originario y eminente sobre los recursos naturales renovables y no renovables, migratorios o no, que se encuentran en su territorio y su mar, ejerciendo el control ambiental sobre ellos. Promueve el aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo, conservación, restauración o sustitución”.
“Sucede que compartimos con la provincia colindante este golfo, que aunque en menor proporción, también sus aguas bañan nuestras costas y el golfo San José. Muchos de los estudios que me han alcanzado afirman que las características geomorfológicas y oceanográficas, determinan que los golfos San Matías y Nuevo funcionen como ecosistemas subordinados al mar epicontinental adyacente y el golfo San José como un ecosistema subordinado al Golfo San Matías. Entonces es pertinente preguntarnos si no perjudicaría algunos ecosistemas propios de nuestro mar territorial y otros que compartimos con ellos, incluso si incidiría en la Península de Valdés que es considerada Patrimonio de la Humanidad…»
Y luego se pregunta: «¿Están Uds seguros que no incidirá en el asentamiento del Pingüino de Magallanes que es tan vulnerable a los derramamientos de petróleo? ¿Y en la repoblación de la ballena Franca Austral, antes diezmada por la caza y que ha elegido el golfo para reproducirse? ¿Qué sucederá con las principales actividades económicas de las comunidades locales, como son las pesquerías artesanales, el turismo orientado a la pesca deportiva, el buceo y el avistaje de fauna marina, si el tráfico de barcos cambia los hábitos de las especies o los derrames se suceden? Sólo puedo hacer preguntas, no me compete dar respuestas, porque ni por conocimiento ni por oficio estoy habilitado. En mi calidad de ciudadano y por amor a esta tierra de adopción a la que amo, es que escribo estas líneas; que sólo quieren ser un aporte al debate democrático canalizado a través de esta forma de gobierno representativa donde el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. También me dirijo al ámbito judicial sintiéndome interpelado por lo que señala nuestra constitución provincial en su artículo 111: “Todo habitante puede interponer acción de amparo para obtener de la autoridad judicial la adopción de medidas preventivas o correctivas, respecto de hechos producidos o previsibles que impliquen deterioro del medio ambiente.”
Si no canalizara esta duda que nos inquieta a muchos, si quedara en el ámbito privado de la duda o los comentarios suspicaces, en nada contribuiríamos y estoy seguro que Dios y la Patria nos lo demandarían, finaliza.

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Planta de GNL en Punta Colorada: ¿qué impacto ambiental podría traer?

Fecha de Publicación: 06/08/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Río Negro


"No tenemos que olvidarnos que la Península de Valdés es patrimonio de la humanidad", señaló la periodista ambiental Gabriela Vizental en su columna semanal en la 750.
En su columna semanal en La García, la periodista ambiental Gabriela Vizental enumeró los posibles peligros que traería la instalación de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) de YPF en en la ciudad rionegrina de Punta Colorada.
Vizental recordó que el área "estuvo protegida por la ley 3.308 durante más de 20 años", que en su primer artículo prohíbe la instalación de oleoductos, gasoductos o cualquier ducto que transporte hidrocarburo o sus derivados y haya terminales de carga y descarga de hidrocarburos el Golfo San Matías o en cualquier lugar en el mar territorial de la provincia".
"En 2022 modificaron esta ley entre gallos y medianoche, a través de un tratamiento express sin consulta previa, para que esto sucediera", agregó.
"La fundación Ambiente y Recursos Naturales presentó ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de queja con respecto a los impactos ambientales y la Corte se tiene que expedir o conceder una medida cautelar", agregó.
"No tenemos que olvidarnos que la Península de Valdés es patrimonio de la humanidad. No cabe ninguna duda de que va a haber un impacto en toda la fauna que está en ese lugar y sobre todo en un recurso tan importante como es la merluza", concluyó.
Directivos de YPF hicieron trascender que la planta de Gas Natural Licuado no se instalaría en la localidad bonaerense de Bahía Blanca sino en la ciudad rionegrina de Punta Colorada.
Sin comunicación oficial, el dato trascendió desde fuentes de la petrolera estatal sin un respaldo, al menos público, de la multinacional Petronas, socia del proyecto que contempla una inversión superior a los 30 mil millones de dólares que podría convertirse en la más grande de la historia para la República Argentina.
La instalación de la planta de GNL en Bahía Blanca fue oficializada y se firmó el 1 de septiembre de 2022, pero la presión política del Presidente Javier Milei terminó empujando al directorio de la petrolera estatal para definir su traslado a Punta Colorada, en el distrito donde gobierna Alberto Weretilneck, el primer gobernador en adherir al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que todavía no está vigente porque nunca fue reglamentado.
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Nueva era: tras el saneamiento, el Riachuelo vuelve a ser navegable

Fecha de Publicación: 06/08/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Riachuelo


Ayer se llevó a cabo la presentación del nuevo servicio de viajes turísticos que se desarrollará entre el Dique 1 de Puerto Madero y el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, en La Boca. El tramo se podrá recorrer en 40 minutos y tiene precios desdoblados entre turistas argentinos y extranjeros. La próxima semana se llevará a cabo una audiencia pública que tiene por objetivo ampliar el recorrido, porque se espera llegar hasta el puente de la Barraca Peña.
Luego de los trabajos de saneamiento y puesta en valor de las márgenes que se realizaron en la Cuenca Matanza-Riachuelo y, sobre todo, a partir del fallo del Juzgado Federal y Correccional N° 2 de Morón del 7 de septiembre de 2023 (causa Mendoza), que permitió la navegación comercial en el Riachuelo, desde este sábado quedó habilitada la posibilidad de realizar paseos fluviales en el tramo del Río de la Plata que va desde el muelle ubicado en Cecilia Grierson al 400, en el Dique 4 de Puerto Madero, hasta Pedro de Mendoza al 1.600, a pocos metros del Puente Trasbordador, y de la zona turística de La Boca. Es decir, en pleno Riachuelo.
La iniciativa forma parte del denominado “Paseo náutico­ Circuito turístico Quilmes­ Tigre”, en el tramo (denominado 1) que va desde Cuatro Bocas hasta el Puente Nicolás Avellaneda. El próximo tramo, que permite ampliar el recorrido hasta la Barraca Peña, se discutirá en la Audiencia Pública que se llevará a cabo el próximo 8 de agosto.
Se trata, en definitiva, de un plan que se impulsó desde el gobierno nacional, a través del entonces Ministerio de Turismo (hoy convertida en Secretaría de Ambiente, Turismo y Deportes) y de la Autoridad Cuenca Matanza - Riachuelo (Acumar); del Gobierno porteño, por medio del Ministerio de Espacio Público e  Higiene Urbana, y del Ente de Turismo, cuando se permitió la navegación comercial con fines turísticos.
La iniciativa, además, forma parte del nuevo servicio de paseo en catamarán que se sostiene en el Proyecto Sur, el plan de turismo de la Ciudad que impulsa la identidad de La Boca, la pasión por el fútbol, la historia de la inmigración y el tango. También contempla el regreso de la actividad nocturna en Caminito con un nuevo ordenamiento del espacio público, la reorganización del transporte y el refuerzo de la seguridad.
Recorrido. El recorrido estará a cargo de la empresa Sturla Viajes, que ya presta este tipo de servicio de viajes fluviales desde Tigre hasta Puerto Madero, pasando por los puertos de San Fernando y Olivos.
En este caso puntual, durante el paseo el viajero tendrá la oportunidad de observar la Reserva Ecológica desde otro ángulo al habitual, los rascacielos y edificios emblemáticos que bordean la Costanera Sur, la desembocadura del Riachuelo, pasando por debajo del antiguo Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, Monumento Histórico Nacional y uno de los últimos ocho puentes de su tipo aún en pie en el mundo. Aquí, el paisaje industrial se entremezcla con los colores vibrantes y el encanto del barrio de La Boca.
El recorrido tiene una duración aproximada de 40 minutos y diferentes horarios de partida. Desde el muelle de Puerto Madero los catamaranes saldrán a las 10.10, 11.50, 13.30, 15.10 y 16:50. Mientras que desde el muelle de La Boca zarparán a las 11, 12,40; 14,30; 16, y 17,40. Los recorridos podrán ser de ida y vuelta o solo de ida o de regreso.  
Respecto a los valores del paseo, desde la empresa Sturla informaron a PERFIL que habrá precios para locales y otro para extranjeros. En el caso de los residentes locales, el precio para la ida y vuelta será de 14 mil pesos, mientras que para los extranjeros, 17 mil pesos. Los menores de 3 a 5 años pagarán 6 mil pesos. Según adelantaron desde la firma, estos precios corresponden a una promoción por el lanzamiento del servicio.  
La presentación del servicio se llevó a cabo en el muelle de Sturla en La Boca, y participaron Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño; Daniel Scioli, secretario de Turismo de la Nación; Lucas Figueras, titular de Acumar, y Jorge Sturla, presidente de Sturla Viajes.
Víctor Iglesias, es uno de los vecinos de La Boca que pudo hacer el viaje inaugural. Apenas bajó del catamarán se detuvo a hablar con este diario. “Vi gente emocionada por poder navegar otra vez el Riachuelo, como  así también quienes lo hicieron por primera vez. El viaje es muy lindo y didáctico. También que podamos volver a aprovechar el río. Para mí fue algo especial porque soy remero y he remado por estas aguas cuando se podía. Soy vecino de La Boca desde hace tiempo y esto seguro también va a generar pertenencia con el barrio”, concluyó.
En el marco de la presentación, Macri señaló: “Poder recuperar la navegabilidad es un atractivo más para esta zona de la Ciudad. La recuperación del Riachuelo es increíble”, señaló Macri y detalló: “Uno viene acá y ya no hay malos olores. Antes nos habíamos acostumbrado a que olía mal. Además, está volviendo de a poco la flora y la fauna. Frente al edificio de la Fundación PROA se formó un islote natural. Es emocionante haber cumplido con este trabajo de saneamiento”, concluyó el titular del Ejecutivo comunal.
Saneamiento.  Como parte de la Acumar, la Ciudad trabaja en la recolección de residuos en el borde costero y en el lecho del río; la desinfección, desmalezamiento, fumigación de plagas y mosquitos y la limpieza del espejo de agua en toda la superficie, además del borde costero.
Los trabajos de limpieza del Riachuelo se realizan todos los días, incluso los fines de semana y feriados, en los que además de Acumar intervienen el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad, Prefectura Naval y APRA. Los mismos incluyen fumigación, desinfección, desmalezamiento y recolección diferenciada de residuos, todo de manera sustentable.
Por otra parte, la Ciudad, continúa con sus trabajos de recuperación en la costa del Río de la Plata. Al plan de recuperación de la costa sur se suma la puesta en valor del frente ribereño de la costanera norte con el Plan BA Costa, que contempla obras en 110 hectáreas. Hace unos días se inauguró el Parque Costero, una playa urbana que es un nuevo paseo frente al Río.

Audiencia por otro tramo
Tal como estaba previsto, la Acumar impulsa en esta oportunidad la ampliación del tramo navegable del Riachuelo hasta el Puente Barraca Peña, completando así más de 1.500 metros de tramo navegable, si se suma el ya habilitado por la Justicia en el año 2023.
Para ello llama a Audiencia Pública para tratar y debatir esta propuesta, sosteniendo el compromiso de  transparencia y participación ciudadana que caracterizó al organismo. Se llevará a cabo el próximo 8 de agosto a partir de las 10 en el Museo Benito Quinquela Martín, de La Boca.
La audiencia tiene por objetivo “permitir la navegabilidad de embarcaciones específicas con fines turísticos y deportivos, en el tramo comprendido entre el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda y el Puente Barraca Peña (Tramo 2)”.
“En 2011 la Justicia le pidió a Acumar que liberara el Riachuelo de todos los obstáculos, barcos hundidos, muelles y demás materiales, mientras suspendía las navegaciones. Esa tarea ya se cumplió y de hecho, en 2022 se autorizó a un primer tramo, que se corona con el circuito que se inauguró hoy. La audiencia que convocamos es para plantear una ampliación al tramo navegable hasta Barraca Peña. Proponemos navegaciones con embarcaciones de poco calado, que promuevan la integración entre Caminito y Barraca Peña, que incluya el cruce del Transbordador y que revitalice toda la zona sur, tanto del lado de la Capital como de la provincia”, aseguró Federico Gatti Lavisse, Director General Ambiental de Acumar.
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Tras la caza de un yaguareté piden frenar la deforestación

Fecha de Publicación: 05/08/2024
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Formosa


El animal, uno de los últimos de esta especie protegida, fue carneado en Formosa por cazadores furtivos y se generó un escándalo.
El pasado martes cazadores furtivos mataron y carnearon a un yaguareté en la localidad formoseña de Estanislao del Campo y la noticia, dada a conocer por el Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa, causó indignación.
Se trata de una especie que fue declarada en 2018 Monumento Natural Provincial en esa provincia por la Ley 1.673, sin embargo quedan menos de 20 ejemplares en la región chaqueña.
En este contexto, la organización Greenpeace advirtió que si se continúa con la caza indiscriminada, sumado a la deforestación “es prácticamente una condena al yaguareté”.
Dicha organización presentó en 2019 un proyecto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se declare la 'deforestación cero' en ambientes de las yungas, la región chaqueña y el litoral argentino.
Ahora advirtieron: “Recientemente se han entregado contundentes informes que demuestran cómo se viola la Ley de Bosques en las provincias demandadas, entre las que se encuentra Formosa. Esperamos un pronto pronunciamiento de la Corte, ya que ha quedado claro cómo se arrasa con el hábitat y los últimos yaguareté del Gran Chaco argentino”.
Nicolás Lodeiro Ocampo, cofundador y actual director ejecutivo de la Red Yaguareté, estimó que este ejemplar fue asesinado la semana pasada, porque en ese momento fue cuando recibió las primeras fotografías.
Descartó que sea una red de tráfico o cazadores organizados: “Suelen ser gente de campo que sabe ‘cuerear’, pero desde hace varias décadas que no existen los tigreros, que eran cazadores de yaguaretés”.
Natalia Cardozo, coordinadora de Asuntos Penales de la Administración de Parques Nacionales explicó que las penas para este tipo de delitos son mínimas "y resultan excarcelables".
Lodeiro Ocampo calcula que desde 2005 hasta ahora han ayudado a abrir 72 causas, en ningún caso hay presos.

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Jujuy: desalojos, desmontes e incendios contra campesinos en el Ingenio La Esperanza

Fecha de Publicación: 05/08/2024
Fuente: Jujuy Dice
Provincia/Región: Jujuy


Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena Jujuy (MNCI) expresaron en un comunicado que la destrucción del lugar se hace con el aval del Fiscal Mora y el Ayudante de Fiscal César Díaz.
La familia González es una familia campesina que cría vacas, chivos, chanchos, gallinas, ovejas, caballos y que siembra zapallo, choclos, sandía y hortalizas de hojas verdes. La familia habita la zona desde el año 1906, el primer habitante fue el bisabuelo de don Ernesto, Ausalón González. Desde entonces, se dedican a la producción agroganadera en la zona.
La provincia vendió en 2019 el Ingenio la Esperanza con todos sus habitantes, sin reconocer las numerosas posesiones familiares que había dentro de esas tierras. Desde hace dos meses su nuevo dueño, la empresa Productora del Noroeste SA, en complicidad con la justicia de la provincia y desconociendo los derechos posesorios de esos habitantes campesinos, comenzó a hostigar, violentar y arrinconar a la familia de don Ernesto.
La empresa viene avanzando con desmontes en el territorio, quemando ilegalmente los cordones de todo el monte topado. Intenta despojar a la familia González de la tierra que tradicionalmente ocupa con sus animales, desconociendo y destruyendo la infraestructura productiva que don Ernesto y sus antepasados habían levantado.
En este contexto, ante la cercanía de los desmontes hacia sus animales, la familia González hizo arreglos de mantenimiento de sus alambrados, lo cual fue aprovechado por la Empresa para denunciarlos penalmente por usurpadores. A partir de esa denuncia y en un tiempo récord, el pasado 11 de julio, el juez González ordenó como medida preventiva el desalojo exprés de la familia, sin derecho a la defensa y sin dejarles presentar las pruebas de sus derechos posesorios que datan de 1906.
En la zona hay más familias campesinas que están siendo hostigados y amenazados por la empresa.
El pedido del MNCI es “basta de despojar y atropellar a los humildes del campo”, que se solidarizan con la familia González y acompañan la defensa de la propiedad.
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La Asamblea Jáchal No Se Toca denuncia la «impunidad» de la Barrick Gold y lo que implicará el RIGI para la región

Fecha de Publicación: 03/08/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: San Juan - Nacional


En 2023 presentaron 71 mil firmas exigiendo a la jueza federal María Romilda Servini que fijara fecha de juicio oral contra la empresa minera por dos derrames ocurridos en 2015. Sin embargo, no hay avances en la causa. La Asamblea advierte que existe un sistema de injusticia, contaminación e impunidad.
Fueron 71 mil las firmas que la Asamblea Jáchal No Se Toca entregó hace, exactamente, un año al juzgado federal a cargo de María Romilda Servini. En aquel entonces, 11 integrantes viajaron a Buenos Aires desde la localidad de Jáchal en San Juan para exigirle a la justicia que fijara la fecha del juicio oral contra la Barrick Gold que hace casi 9 años causó dos derrames, sin ningún tipo de condena.
Reclamaban que, finalmente, se juzgara la responsabilidad por los graves delitos y daños cometidos en el mayor desastre ambiental minero que tuvo Argentina en toda su historia. En ese momento, nadie los recibió en el juzgado. Un año después, la fecha sigue en la incertidumbre.
Mientras tanto, ven con preocupación la política del actual gobierno nacional, promoviendo el extractivismo sin control y con extremas facilidades para las empresas extranjeras.

Un sistema a medida del RIGI
En un comunicado, la Asamblea denuncia la creación e implementación de un Sistema de Injusticia, Contaminación e Impunidad (SICI) en la provincia de San Juan, que atraviesa a las diferentes gestiones, desde José Luis Gioja y Sergio Uñac hasta la actual de Marcelo Orrego.
Según detallaron, este sistema nació “para proteger a la Barrick Gold por los continuos derrames de cianuro y mercurio desde su mina Veladero, y se ha extendido al ámbito nacional de tal manera que los expresidentes Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández encubrieron, junto con sus funcionarios”. Y enfatizan que Barrick Gold, «de manera persistente, concretó violaciones» a la ley nacional de protección de glaciares, a la ley general del ambiente, a la ley de residuos peligrosos e inclusive al Código de Minería.
No obstante la gravedad de lo reseñado, la gestión presidencial de Javier Milei –asegura el comunicado- con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) “pretende blindar a todas las corporaciones mineras que vengan a la Argentina y no no se preocupen en cumplir las leyes de protección ambiental”. De esta manera, de forma implícita, se continúa en resguardo de los intereses económicos de la minera canadiense Barrick Gold, pero también de la oriunda de China, Shandong Gold.

Impunidad que escala a la Corte Suprema de Justicia
La Asamblea señala que este sistema fue implementado y promovido, a su vez, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al determinar la competencia en la causa penal por el primero de los derrames conocidos de la mina Valedero. En este caso, la causa quedó en manos del juez Pablo Oritja de San Juan, y de esta manera “la Suprema Corte le garantizó la impunidad al ex CEO Guillermo Caló (y funcionarios públicos) por el derrame de cianuro y mercurio ocurrido en septiembre de 2015”.
La denuncia había sido iniciada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia por medio del expediente Nº 10049/2015 ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7 a cargo del Juez Sebastián Casanello. Pero ese magistrado “no pudo avanzar en la investigación sobre la responsabilidad del ex CEO Guillermo Caló por expresa disposición de la Corte Suprema que no le permitió al juez Casanello investigar a la Barrick Gold”.
Cabe mencionar que la Asamblea es querellante en el expediente mencionado después de haber acreditado su legitimidad con 3 mil firmas de ciudadanos jachalleros. No así en la causa penal que tramita ante el juez Oritja, quien rechazó su participación y donde, según denuncian, el juez sostuvo que el derrame fue producto de la rotura de una válvula que nunca fue peritada.

Sin fecha cierta de juicio oral
La Asamblea denuncia que existen dos causas penales acumuladas y elevadas en 2018 a juicio oral por el juez Casanello que esperan la fijación de una fecha por parte de María Romilda Servini de Cubría, jueza federal. “A pesar de haber entregado hace un año atrás las 71 mil firmas en el Juzgado de Servini no hemos logrado que ponga fecha para el juicio oral. Parece que la jueza también aplica el SICI a la perfección”, alertan en su comunicado.
La Asamblea asegura que la gestión de Javier Milei “utiliza el RIGI y el SICI de una manera brutal” y que, por ello, “los distintos poderes del Estado Argentino se confabulan para proteger a la Barrick Gold y sospechamos que nunca se llevará a cabo el juicio oral en Buenos Aires, de la misma forma que nunca avanzaron los juicios en la provincia de San Juan”.

Qué pasó hace casi 9 años
Entre el 12 y 13 de septiembre de 2015, la mina Veladero, ubicada en la localidad de Jáchal, San Juan y operada por la empresa canadiense Barrick Gold, derramó un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada, mercurio, entre otros metales pesados, sobre el agua de cinco ríos. Una válvula estalló y el veneno se filtró a las cuencas pero la empresa, en connivencia con funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales no alertó a la población de forma inmediata.
La información se filtró, los mensajes de texto comenzaron a circular y la población de Jáchal se autoconvocó en la plaza principal para exigir respuestas oficiales. Ese día acamparon allí, después instalaron una carpa que se sostiene, en reclamo de justicia, hasta el día de hoy, a casi 8 años desde el derrame. La Asamblea Jáchal No Se Toca nació a partir de esta resistencia de vecinas y vecinos.
La estrategia de Barrick Gold, la mayor minera de oro del mundo, fue primero el ocultamiento. Cuando se hizo imposible sostener la negativa, al día siguiente, reconoció un derrame de 15.000 litros de solución cianurada, pero aseguró que no había llegado al río y desmintió la contaminación. Pero una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que, al contrario de lo que afirmaba, sí había llegado al río.
Dos días después, cuando finalmente llegó la intervención judicial, la empresa reconoció el derramamiento de al menos 1.070.000 litros de solución cianurada sobre las aguas de los ríos. A pesar del escándalo y la gravedad de los hechos, tras el pago de una multa, la mina Valedero continuó en operaciones. En la actualidad se encuentra a cargo de Minera Argentina Gold SRL, una sociedad entre las empresas Barrick Gold y Shandong Gold (China).
A casi nueve años desde el mayor desastre ambiental minero que tuvo Argentina no se ha llevado a cabo el juicio oral, ordenado por la justicia federal hace ya seis años. Hace ya un año, la  Asamblea Jáchal No Se Toca junto a las organizaciones Ekō, Earthworks y MiningWatch Canadá, recolectaron 71 mil firmas en un petitorio donde reclamaron que se fije fecha para el juicio oral, entregado al juzgado de Servini. Además denunciaron que después del 2015, hubo otros dos derrames.
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La autorización para cazar fauna autóctona divide a la Patagonia

Fecha de Publicación: 03/08/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Patagonia


“Los parques nacionales son criaderos de pumas y guanacos”, aseguran los ganaderos. En el contexto actual de despoblamiento de los campos y cambio climático, recrudece el enfrentamiento entre productores y conservacionistas
El 27 marzo de 2024, el Consejo Agrario Provincial (CAP) de la provincia de Santa Cruz autorizó, mediante la Resolución N° 117, la temporada de caza por un periodo que se extiende desde el primero de abril hasta el 31 de agosto de este año. La medida contempla la caza sin límites de especies introducidas como visón, jabalí, liebre y conejo europeo, sumado a la caza deportiva de especies nativas como el zorro colorado, el zorro gris, el guanaco y el puma.
No es la primera vez que el CAP emite una resolución de este tipo. Más bien, se trata de algo realmente habitual y que revive, año tras año, una polémica que enfrenta históricamente a dos posturas en apariencia irreconciliables. De un lado, los productores ganaderos, en especial dedicados a la cría de ovejas; y del otro, las organizaciones ecologistas y conservacionistas.  
Durante abril, las campañas de rechazo a la caza de pumas, en particular, escalaron a niveles de viralidad en las redes sociales, donde se reprodujeron diversos petitorios para revertir la resolución provincial. Concretamente, los activistas exigen que Santa Cruz dé marcha atrás con la autorización para que cada persona que cuente con el permiso de caza deportiva pueda matar un zorro colorado, un zorro gris y un puma por semana y dos guanacos por día.
¿Cuál es el trasfondo de esta disputa? Según los testimonios recogidos por LA NACION (que incluyen opiniones a favor, en contra y otras matizadas), se trata de una problemática muy compleja que requiere de mucho diálogo para su resolución. Desde la introducción de ganado en la región patagónica, la disputa territorial con la fauna silvestre ha sido una constante. Luego, con el lento despoblamiento de los campos, sumado al cambio climático y la falta de políticas eficientes, la situación fue agravándose.
Más allá del ruido en las redes sociales y las declaraciones altisonantes, ¿es posible trazar un recorrido por las diversas voces involucradas en el conflicto? ¿Hay puntos posibles de acuerdo? ¿Por qué son el puma y el guanaco los señalados como parte del problema? ¿Es el turismo de avistaje, como el que está creciendo en Chile, una posible salida económica para los productores? ¿Es la incorporación de perros guardianes de ganado y luces disuasivas una posible solución? ¿Son los parques nacionales y las áreas protegidas parte del problema, como señalan los ganaderos, o tienen algo más para aportar en esta disputa?
Marcos Williams, miembro de la Mesa Ovina Nacional por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), reconoce la complejidad del problema: “Hay un conflicto entre producción y fauna, sin duda. El principal desafío es que los campos de Santa Cruz son grandes extensiones, desérticos y fríos, con majadas muy grandes”. Williams subraya la importancia de regular la fauna de manera integral, no solo a través de la caza, sino también mediante el uso de perros protectores, monitoreo, cercos y compensaciones para los productores afectados.  
Productor y presidente de la Asociación Rural de Puerto Santa Cruz, James Lewis hace un aporte sobre las raíces históricas del conflicto. Señala que la proliferación de la fauna silvestre, especialmente de los guanacos, se intensificó después de que se prohibiera la caza y comercialización de estos animales. Según su mirada, esta situación ha llevado a un aumento de los encuentros entre la fauna salvaje y la producción ganadera, exacerbando los problemas económicos de los productores, especialmente aquellos con estancias más pequeñas.
Los productores ganaderos no tienen duda de que el impacto de la sobrepoblación de guanacos –que disputa el forraje con el ganado ovino y su potencial efecto de desertificación– y el ataque de pumas al ganado doméstico, son el eje principal del problema.
“Esta es una problemática un poco más compleja”, contesta Andrés Novaro, director de Conservación Terrestre de WCS Argentina. Novaro va un poco más a fondo: “Cuando los humanos llegaron a la Patagonia hace 15 mil años, había otros predadores. Luego se fueron extinguiendo los más grandes y el predador tope que quedó fue el puma, mientras que el herbívoro dominante que quedó fue el guanaco”.
Ese fue el paisaje que se encontraron los productores ganaderos a finales del siglo XIX, cuando comenzó una verdadera guerra contra el puma. La población humana creció al ritmo del crecimiento de la producción de lana –que llegó a récords históricos para luego decaer sin freno– y el puma prácticamente desapareció del territorio. Para Novaro “esa forma de manejo hoy no es posible”. “Actualmente hay un montón de áreas donde hay pumas coexistiendo con guanacos y muchos campos vacíos donde se reproducen. También hay mucha menos cacería que, además, no es un método eficiente para controlar el problema”, advierte.
El asesor científico de la Fundación Azara, Claudio Bertonatti, identifica justamente ese proceso de expansión de la ganadería como “una práctica insostenible” con sobrepastoreo, la caza indiscriminada de fauna y la consecuente disminución de las poblaciones de guanacos. “Esa merma, sumada a la caza desmedida de choiques (ñandú patagónico) y maras, dejó a sus predadores sin comida suficiente y es ahí cuando el puma y el zorro colorado se volcaron a atacar a las ovejas”, explica. “La solución del ganadero frente a esto no fue regular sus majadas, sino declararle la guerra también al puma y a los zorros”, destaca.  
Advierte que “en lugar de reinventarse y reconvertir la producción lanera a guanaquera, su cultura pondera el ‘no innovar’, que no hace más que empujarlos más ‘cuesta abajo en la rodada’ ganadera. Echarle la culpa al guanaco, al puma y al zorro, promoviendo su caza, sin evaluaciones previas y sin capacidad alguna de control, no va a resolver el problema de fondo. Todo lo contrario: correrán el riesgo de quedarse sin ovejas ni guanacos”.

Parques en la mira
Williams como Lewis, en cambio, apuntan al impacto que tendrían “los parques y las áreas protegidas”, en especial el Parque Nacional Monte León, que estaría generando pérdidas millonarias en los campos vecinos. Lewis arriesga que, en las explotaciones cercanas al parque, se produjeron perjuicios por alrededor de 150 millones de dólares, además de la destrucción de puestos de trabajo y su consecuente despoblamiento. Según los productores, la falta de control de fauna en el parque estaría generando una reproducción desmedida de especies que afectan a las explotaciones ubicadas en las inmediaciones.
Desde la Administración de Parques Nacionales (APN), su presidente, Cristian Larsen, le baja el tono a la discusión. “Es fundamental que avancemos en un proceso de diálogo con las autoridades locales, provinciales, las áreas protegidas y los productores de la zona, para encontrar una solución a esta problemática que nos afecta a todos. Hablamos de una solución en la que el Parque Nacional pueda seguir con su tarea de conservación tal y como lo está haciendo, y que los productores puedan crear cada vez más valor en su tierra”, completa. Mariela Gauna, Intendenta del PN Monte León, el sitio apuntado por los productores ganaderos, desmiente en parte los dichos de los productores y asegura que los “resultados de los monitoreos e investigaciones con las que contamos no infieren que el área protegida sea un problema en la desertificación del territorio u otras afirmaciones que escuchamos hoy en día”. Gauna pugna también por encontrar un punto en común, en el que se respete el “rol fundamental” de los parques para “garantizar la biodiversidad biológica a largo plazo”, como así también “las actividades productivas que generan empleo y contribuyen al crecimiento económico”.
A la espera del resultado de investigaciones que WCS Argentina está realizando sobre el impacto de las áreas protegidas, Novaro arriesga que la afirmación de los ganaderos –acerca de la presunta responsabilidad máxima de estos sitios de conservación en la proliferación de fauna nativa– es “incorrecta”. “Si uno mira el mapa de campos vacíos en Santa Cruz, un fenómeno de vaciamiento que lleva varias décadas, es lógico que esos territorios se llenen de fauna silvestre, tanto de guanacos como de pumas. Eso es muchísimo más grande que las áreas protegidas”, señala. “Tratar de apuntar a las áreas protegidas como las culpables, es distraer el problema. Es elegir el culpable equivocado y generar enemistades”, advierte.
Para entender ese proceso de despoblamiento, la ingeniera agrónoma Carla Cepeda, investigadora del grupo de Recursos Naturales de la Estación Experimental INTA Santa Cruz, explica que el “ganado doméstico se introdujo a finales del siglo XIX en grandes estancias y por más de un siglo la zona estuvo sobrepastoreada: en 1952 los stocks alcanzaron los 20 millones de ovejas, 400.000 vacunos y 1,2 millones de cabras”. “A finales del siglo pasado los bajos rendimientos reproductivos y la alta mortalidad ovina redujeron los rebaños y algunos productores terminaron por abandonar los predios. Se perdieron dos tercios de las ovejas y, al liberarse recursos de la tierra, las poblaciones de guanacos, cuya presencia en Patagonia data desde hace al menos 13600 años, pasaron de alrededor de medio millón en 2000 a aproximadamente 2 millones en 2015. Esto convierte a las provincias de esta región en el principal reservorio mundial de la especie siendo Santa Cruz la que hoy posee mayor abundancia”, añade.
Si bien reconocen que el cambio climático y el abandono de los campos agravan la situación, tanto Lewis como Williams justifican la medida de la provincia (“tal vez su comunicación no fue muy efectiva”, comentan) frente a una situación que consideran “insostenible”. Sin embargo, Novaro advierte sobre la ineficacia “de este tipo de autorizaciones –como la aprobada en Santa Cruz–, que no sirven de mucho porque no son dirigidas, no se remueven pumas que efectivamente atacan al ganado, sino que se autoriza una caza indiscriminada”. “Lo que se termina afectando es la territorialidad –continúa– porque acá hay que hacer una distinción: los pumas territoriales suelen cazar guanacos y los pumas transeúntes son los que suelen atacar ganado”.
Según explica Novaro, cuando se caza al puma territorial, se abre paso al ejemplar transeúnte y termina agravando el problema. “Es mucho más eficiente establecer sistemas de protección de ganado –por ejemplo, con perros protectores, luces y cercos– que sistemas de remoción de pumas. Desde nuestra ONG no estamos en contra de algunas remociones de pumas, siempre y cuando esté comprobado que atacaron al ganado. Se trata de remociones dirigidas”, aclara Novaro.

El avistaje como recurso
“¿Quién soy yo para decirle a los estancieros que ahora tienen que hacer otra cosa? Está muy bien el avistaje, Santa Cruz fue pionera en el turismo rural, el productor lo ha incorporado naturalmente, pero esto no quita la responsabilidad de controlar el daño que genera la fauna”, reclama Williams, frente a la pregunta de si no es viable repensar las actividades productivas de la Patagonia y de las posibilidades que ofrecen nuevas propuestas turísticas que aparecen como posibles soluciones, en términos económicos y de sustentabilidad. Así lo plantean desde Chile, donde la problemática es similar, aunque la caza del puma está prohibida desde 1980. Allí han surgido experiencias que apuntan a la reconversión de estancias ganaderas en sitios de avistaje de pumas.  
“Muchos otros estancieros prefirieron cambiar y en vez de cazarlos, están haciendo turismo porque finalmente les deja más dinero que matarlos. La gran población de pumas se está moviendo en Torres del Paine y alrededores, incluso cruzan hacia El Calafate. Ha habido un cambio de mentalidad, pero todavía hay gente que piensa más a la antigua, que prefiere seguir haciendo ganadería”, cuenta José Vargas, fundador de Wayaja Puma, una empresa dedicada al turismo de avistaje. Su padre fue guardaparques del PN Torres del Paine y, cada vez que llegaban equipos de filmación de documentales, se encargaba de encontrar los pumas en las montañas. Así se convirtió en rastreador, un oficio que José aprendió desde chico.
Wayaja nació oficialmente en 2015 y desde entonces trabaja en el territorio aledaño a Torres del Paine, siguiendo y observando a las poblaciones de este controvertido felino. “Ver a un ejemplar de cerca es una cuestión de suerte, pero lo importante, además de la observación, es entender la importancia del puma para el ecosistema, cómo controla el territorio y protege a su especie. Queremos destacar su importancia como controlador biológico, como especie paraguas, que regula la población de guanacos. Alimenta a otros animales, como cóndores y zorros”, enseña. “Acá muchos estancieros trabajan con luces para desorientarlos, o con perros”, añade. Vargas enfatiza que el “turismo es una herramienta de conservación porque permite conocer a una especie que es muy menospreciada; la misma gente que está en las estancias, sabe dónde están los pumas. Sólo hace falta capacitarse en turismo para poder empezar a explotarlo”.
Para Pía Vergara, fotógrafa y creadora de la Fundación Cerro Guido Conservación (Chile), es fundamental la búsqueda de “soluciones más profundas que deben ser abordadas a nivel Estado, por ejemplo, capacitar en el uso de los perros protectores y manejos para cuidar el ganado, entre muchas otras acciones que se pueden tomar”. “El matar a los pumas no lleva a ninguna solución, más que satisfacer el deseo de venganza”, apunta. Vergara no está de acuerdo en absoluto con la decisión de Santa Cruz de autorizar la caza de pumas. “Desgraciadamente el matar es algo que está demasiado integrado en nuestra cultura, eso debe cambiar para después apuntar a las soluciones buscando el respeto mutuo, y por sobre todo, el cuidado y admiración de la naturaleza”.
“Es necesario hacer un cambio de paradigma: antes se cazaba a cualquier depredador que atacara al ganado, sin pensar en la importancia que estos tienen. Hoy, debemos hacer cambios urgentes; por un lado, entender la importancia del rol de los predadores en la cadena trófica, que a la vez beneficia las pasturas y por ende al ganado, además de controlar las poblaciones de los herbívoros; habiendo entendido esto, es imperioso reconvertir la ganadería a una menos extensiva, con un cuidado constante de la hacienda, el trabajo de perros protectores y más presencia humana en los campos para facilitar la acción de los perros”, enumera.
Del lado argentino, también hay proyectos que intentan darle una vuelta de rosca al asunto. En eso está Facundo Epul, guía de El Choique, un emprendimiento que hace avistaje de fauna silvestre y trekking en el Portal Cañadón Pinturas del Parque Patagonia, una iniciativa de Rewilding Argentina. Nacido en una familia dedicada a la ganadería, Epul pasó su infancia en la estepa patagónica y sus mesetas. Desde pequeño, dice, sentía muchísima curiosidad por conocer cuáles eran los animales que deambulaban a su alrededor.
Luego de hacer un curso de guía idóneo, Epul formalizó su propuesta turística y encontró el lugar ideal para desplegar su iniciativa. Entonces decidió focalizarse en el predador tope de la Patagonia: el puma.
“Es un animal que admiro muchísimo, es una pasión para mí”, asegura. Por eso, Epul celebra que este año se haya viralizado la decisión de Santa Cruz de autorizar su caza porque, en definitiva, es una forma de visibilización de una problemática que “sucede hace muchos años”.  Así lo explica: “Antes el gobierno pagaba por la piel de zorro y de puma, hoy estamos en otro contexto. Hay soluciones para convivir con la naturaleza, con trabajo genuino. Es importante que existan áreas protegidas, donde esos animales no sean cazados, con un ecosistema completo y funcional”.  
Para Epul “hay muchas alternativas” antes de habilitar la caza y desatar, nuevamente, la disputa entre bandos que están a favor o en contra. “Algunas ya se están aplicando. Rewilding, por ejemplo, trabaja con productores ovinos vecinos del parque en la incorporación de perros pirineos, que viven con las ovejas y las protegen. La presa natural del puma es el guanaco, que también es combatido: ¿qué va a comer el puma si no quedan guanacos en la Patagonia?”, se pregunta.
Sin embargo, más allá de las buenas intenciones de parte de los involucrados, Epul no visualiza una solución en el corto plazo. “Estamos en la misma situación desde hace mucho tiempo. Hay gente cazando, y mientras tanto, lo cierto es que la fauna convive”.  
Está claro que el complejo debate desatado en Santa Cruz refleja la dificultad de encontrar un equilibrio entre la conservación de la naturaleza y las necesidades económicas de la sociedad. En ese marco, el consenso, el diálogo y el conocimiento científico son herramientas fundamentales para abordar estos desafíos de manera efectiva y sostenible. ¿Es utópico pensar que eso es posible?
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Caza ilegal: mataron y cuerearon a uno de los cinco yaguaretés que había en Formosa

Fecha de Publicación: 02/08/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Formosa


La Justicia formoseña investiga la caza furtiva de uno de los pocos ejemplares de yaguareté que vivía en la selva provincial. Se trata de una especie en grave peligro de extinción, protegido por leyes provinciales y nacionales.
Un yaguareté fue cazado y cuereado por sus cazadores furtivos en Formosa, lo que despertó la indignación y el repudio de varios proteccionistas de animales y agrupaciones ambientalistas del país. Desde el Gobierno provincial informaron que los presuntos autores del crimen fueron detenidos y quedaron a disposición de la justicia provincial para su investigación.
El Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa precisó en un comunicado oficial que el asesinato del ejemplar de esta especie --considerada en peligro de extinción-- ocurrió en la zona norte de Estanislao del Campo, en el centro de la provincia. Desde Red Yaguareté, detallaron que solo había cinco ejemplares en la provincia norteña.
Tras confirmarse la muerte del animal, se radicó una denuncia ante la autoridad policial y tomó intervención el Juzgado de Instrucción y Correccional de la ciudad de Las Lomitas, a cargo de Gabriela Soledad Plazas.
El procedimiento se llevó adelante en forma conjunta con la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales (UEPE), la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), la comisaría de la localidad de Ibarreta, y el personal del Ministerio de la Producción y Ambiente (SRNOyCA y DRCyF).
Plazas informó que unas imágenes obtenidas del "yaguareté muerto" fueron "determinantes" para "la investigación" y la "detención de las personas involucradas en el hecho", dado que se trata del asesinato de "un valioso animal que se encuentra protegido por leyes nacionales y provinciales".
Al respecto, adelantó que desde el organismo provincial se va a realizar el seguimiento correspondiente a la causa judicial, para que "los autores materiales de la muerte de un animal tan importante para nuestra biodiversidad no quede sin la sanción que merece". Asimismo, indicó que van a invitar "a todas las organizaciones" que trabajan en la protección de estos ejemplos a que los acompañenen "como querellantes".
Según el Gobierno formoseño, el ejemplar asesinado era un macho de gran porte y el segundo registrado en 2024 por medio de cámaras trampa desde febrero.
El yaguareté es el felino más grande del continente americano y el tercero a nivel mundial, después del león y el tigre asiático. En Formosa fue declarado Monumento Natural Provincial por la Ley 1673, y es además Monumento Natural Nacional por la Ley 25463. Lamentablemente, la especie se encuentra en peligro crítico de extinción en el país debido a la pérdida y fragmentación de su hábitat, el atropellamiento en rutas, y la caza ilegal del felino y sus presas.
Como el mayor depredador del ecosistema, el yaguareté cumple un rol ecológico fundamental regulando las poblaciones de otros vertebrados, especialmente de los grandes herbívoros, por lo tanto, su presencia es un buen indicador de la salud de los ecosistemas.
Se estima que en Argentina quedan menos de 250 individuos, y solo 20 se encuentran en la región chaqueña, distribuidos en las provincias de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero.
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Chaco: una megadenuncia sacude la estructura de poder heredada por Leandro Zdero

Fecha de Publicación: 02/08/2024
Fuente: Letra P
Provincia/Región: Chaco


La presentación judicial describe el entramado político y empresarial detrás del avance sobre el bosque nativo. El ojo puesto sobre "la puerta giratoria".
La presentación ante la Justicia Federal chaqueña fue realizada a comienzos de este mes, justo en la previa del inicio de la feria, y está en manos de la jueza Zunilda Niremperger. Con la Justicia en funciones desde este lunes, se espera que la causa comience a avanzar.
Si bien el entramado que se detalla en la denuncia da cuenta de una situación que existe en la provincia desde hace años, el empuje definitivo que aceleró la presentación fue la sesión mediante la cual la Legislatura provincial sancionó, en la madrugada del 30 de abril, una normativa que reduce la protección del bosque nativo de Chaco y permite el avance de las topadoras sobre más de un millón de hectáreas, hoy protegidas.
Según la organización denunciante, la ley es inconstitucional y su formación legislativa tuvo gravísimas irregularidades. Por esa razón, se interpuso una cautelar para dejarla sin efecto hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Un desmontador en Chaco
El equipo letrado que presentó la denuncia llama al entramado que incluye a figuras poderosas de la política y el empresariado “la mafia del desmonte”. La definen como “una organización criminal que se enriquece a costa del ecocidio, que deja exclusión, pobreza y destrucción”.
En una exhaustiva investigación en la que participaron profesionales e investigadores de múltiples disciplinas, no deja de sorprender la nómina de empresas que aparecen mencionadas en una denuncia de 86 fojas que incluye mapas georreferenciados y análisis detallado de los datos, que dejan al descubierto un universo de intereses cruzados.
Halavacs, el ministro de Producción de Zdero que además es la máxima autoridad ambiental de la provincia, es la figura paradgimática de la denuncia. Dueño de una consultora, el ingeniero agrónomo fue la persona a la que mayor cantidad de permisos de desmonte se le otorgaron en los últimos diez años. De hecho, tramitó 353 de los 876 permisos que otorgó la Dirección de Bosques entre 2014 y 2021.
Su salto a la política es descripto por la denuncia como un caso de “puerta giratoria”. Es decir, cuando un hombre ligado al mundo empresario termina desembarcando en el Estado y atendiendo las necesidades de sus antiguos socios o, en este caso, clientes. La ley que actualizó el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en Chaco funciona como ejemplo.
Cuando se dedicaba a tramitar autorizaciones para el desmonte, Halavacs trabajó como consultor para la familia Vicentín y también cumplió el mismo rol para Las Guindas S.A, una empresa propiedad de la familia Urquía, que dirige el Grupo Aceitera General Deheza (AGD).

Más allá de Leandro Zdero
A medida que avanza, la denuncia excede a las responsabilidades de la gestión actual, que fue la que puso a Halavacs al frente de la autoridad de aplicación de la Ley de Bosques, y apunta a las gestiones peronistas que antecedieron al radical que asumió en diciembre del año pasado.
Uno de los asesores del ministro es Luciano Olivares, subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones provinciales de Domingo Peppo y Jorge Capitanich. Olivares era nada más ni nada menos que el encargado de otorgar los permisos de desmonte que gestionaba quien ahora es su jefe.
En la denuncia también están mencionados otros exfuncionarios del peronismo chaqueño como el exdirector de Bosques Miguel Ángel López, propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia, y el diputado provincial Atlanto Honcheruk, titular de la mayor empresa transportista de madera de la provincia.
No se agota allí. Entre otros empresarios también aparece Juan José Bergia, legislador por el Nuevo Espacio de Participación del Chaco (NEPAR), apuntado por sus actividades relacionadas con la explotación de la madera, en una megadenuncia que también llega hasta Santiago Bausili, el presidente del Banco Central.

Más allá del desmonte
Entre la decena de delitos imputados en la denuncia aparecen defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, el tráfico de influencias, el lavado de activos y la trata de personas. Un cúmulo de acciones penadas por el Código Penal cuyas consecuencias empiezan a escalar tensiones en el escenario político que ya trascendió las fronteras provinciales.
La organización de abogados y abogadas ambientalistas señala que la denuncia también pone la lupa sobre “las poderosas empresas asociadas a la extracción del tanino”, un subproducto de los quebrachos desmontados que se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros.
Según explican, se trata de una actividad “netamente extractivista que promueve una economía de enclave, que se realiza de manera cuasi minera y basada en la destrucción del monte”. “Es un monopolio controlado por un puñado de corporaciones, ligadas siempre al poder político, con escaso eslabonamiento local y concentración fundiaria, tal como sucede también con la soja”, explican.

Más allá de Chaco
Con todo, Enrique Viale, uno de los representantes públicos de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, protagonizará este viernes una charla en Resistencia, donde el tema comenzó escalar rompiendo incluso algunas de las tradicionales barreras mediáticas con las que se suelen resguardar los poderes locales.
Será en la librería La Paz y la expectativa en torno a la conversación empieza a generar un ruido político del que se alimenta la discusión pública provincial. Más allá de eso, los ambientalistas esperan que avance la cautelar que deje sin efecto la ley de reordenamiento. Además, analizan un pedido para que la Justicia los acepte como querellantes en la causa, para así poder seguir de cerca todo el proceso.
Están convencidos de que los daños producidos no terminan en Chaco, hablan de “efectos interjuridiccionales” y apuntan a las consecuencias climáticas y ecológicas que afectan a la vida más allá de las fronteras provinciales. Aunque también advierten que las prácticas políticas y empresarias que, además de la corrupción, habilitan acciones como la explotación laboral o directamente la trata de personas no empieza ni terminan en la provincia en la que nada parece haber cambiado demasiado, más allá de los gobiernos.
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Río Negro: la minería avanza a paso firme y Weretilneck logra un guiño de comunidades originarias

Fecha de Publicación: 01/08/2024
Fuente: Letra P
Provincia/Región: Río Negro


Organizaciones de la meseta le ponen fichas al desarrollo en la provincia. Algunas voces mapuches se desmarcan de sus pares. El mensaje del gobernador.
Mientras se ultiman las condiciones para que se inicie el proyecto Calcatreu, el reservorio de oro y plata que es la punta de lanza del desarrollo de la minería a gran escala en Río Negro, Ingeniero Jacobacci fue sede de un encuentro de organizaciones que se destacó por las manifestaciones a favor de la actividad y el aval de una comunidad originaria, que deja en carne viva la división del pueblo mapuche.
La reunión del último fin de semana congregó a diversas figuras de la política local, organizaciones sociales y sindicales. Se destacaron integrantes de la comunidad Peñi Mapu de Lepitrén Chico, que reconocieron a la explotación minera como principal esperanza regional. Esta expresión se diferencia de la de algunos voceros del Parlamento Mapuche-Tehuelche, un espacio crítico del gobierno provincial, que anticipó acciones si la minería sigue su curso.
Fue el gobernador Alberto Weretilneck el que celebró la reunión, utilizada para explicar aspectos técnicos del proyecto. “La comunidad participó con genuino interés, defendiendo el proyecto y mostrando su compromiso. Quiero destacar este respaldo masivo que refleja un profundo deseo de trabajo y bienestar”, matizó en sus redes.

Reunión ampliada
La foto en el estadio polideportivo de Jacobacci se capturó a poco de la convocatoria al Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Copeam), citado especialmente la última semana con el objetivo de inspeccionar el territorio. El Copeam está compuesto por integrantes de la Legislatura, representantes de universidades, comunidades mapuches donde se emplazan los yacimientos (en este caso, a 80 kilómetros de Jacobacci) y autoridades de la Secretaría de Energía rionegrina.
En las últimas horas se oficializó que la audiencia pública del proyecto se desarrollará a finales de agosto, luego de la visita de figuras del partido gobernante, Juntos Somos Río Negro, acompañadas por referentes de la oposición. El que condujo al segundo grupo fue Juan Martín, flamante presidente del PRO rionegrino.

A favor de la minería en Río Negro
Más de 600 personas llegaron a Jacobacci desde Comallo, Los Menucos, Maquinchao, Sierra Grande, San Carlos de Bariloche, Valcheta y Ñorquinco, convocadas a una charla informativa en la que se colgaron banderas a favor de Calcatreu y organizaciones sindicales de la actividad en la Patagonia.
La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) fue uno de los gremios que más movilizó, al igual que los trabajadores de la construcción bajo el paraguas protector de la UOCRA. Según confiaron fuentes de la organización, hay “enorme expectativa” por la generación de puestos de trabajo. Se espera que el proyecto garantice alrededor de 700 empleos directos e indirectos.
“Estamos todos en el mismo carril, con la expectativa de que esto salga. El gobierno rionegrino, en general, apuesta al cambio y a este proyecto”, reconoció a Letra P el secretario de la seccional rionegrina de AOMA, Maximiliano Castro. “Calcatreu es el primero de los proyectos, es importante para los trabajadores que esto avance”, se sinceró ante la consulta de este medio.
Castro recordó inversiones de otras empresas, de la producción de arenas silíceas para Vaca Muerta, uranio o litio en roca. "Hay enormes posibilidades de inversiones y puestos de trabajo", atizó el dirigente sindical.
La expectativa es enorme por el número que se maneja. Aunque suena estadísticamente bajísimo, en la denominada Región Sur de Río Negro, la más extensa de la provincia y menos poblada, reside apenas el 3% de algo más de 700.000 habitantes.

Guiño local
Una de las integrantes de Peñi Mapu, Camila Onorio, vaticinó un auge a través del proyecto y profundizó las diferencias con otros sectores de las comunidades originarias. “Podemos acceder a varias cosas para mejorar la vida de los campesinos. Los jóvenes tendrán una posibilidad, una salida laboral”, vislumbró Onorio.
Las declaraciones coinciden con las del intendente local, el periodista José Mellado (JSRN). De linaje radical, con pasado en la corresponsalía del diario Río Negro, construyó poder y reconocimiento desde los medios, como docente en el instituto universitario ligado a la minería y en la presidencia de la cooperativa de agua local.
“Hay información y se siente otra perspectiva con Calcatreu”, dijo el aliado del gobierno provincial, que publicó un manual para estudiantes de 5° grado para una batalla cultural sin consentimientos.
El próximo mes será trascendental. Se inicia la fase final de una discusión de vieja data.
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