Proyecto GNL: un Obispo de Chubut advierte sobre consecuencias ambientales y los peligros para la fauna

Fecha de Publicación: 06/08/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Es el primer pronunciamiento de la Iglesia sobre el emprendimiento. Se trata de Roberto Álvarez, obispo de Rawson. El impacto sobre ballenas, pingüinos y buceo. Su perfil.    
El Obispo de Rawson Roberto Álvarez envió una nota a todos los poderes del Estado, incluido el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres manifestando su preocupación por la instalación de la planta de GNL en Sierra Grande, siendo el primer pronunciamiento de la Iglesia en cuanto al mega emprendimiento que se realizará en Río Negro.
Álvarez cuestiona el impacto ambiental que podría tener dicha obra para dos provincias que comparten grandes espacios de diversidad bilógica marina.
Y aclara: “El único objetivo es ayudar a los poderes del estado provincial a preguntarse sobre la responsabilidad que les compete en el debate de este asunto tan delicado para el medioambiente y si este llegara a tener consecuencias para aquello que compromete en algo a nuestro territorio provincial su necesaria intervención. En ninguna de mis formulaciones-continúa- intento asentar posturas científicas y tampoco me mueve ningún posicionamiento ideológico”.
Y agrega: “Es sólo mi preocupación ciudadana a la que se le suma la carga de ser Obispo que tiene oficio pastoral sobre esa zona de la provincia de Chubut”.
Álvarez es conocido como “Chobi” y se dice que es gran contador de chistes. Le dicen “el obispo de la alegría”, tiene una gran comunicación con los jóvenes y buena relación con el gobernador Torres.
Dice en su nota el obispo (también enviada a los diputados y a todo el Poder Judicial con un pormenorizado informe sobre cantidad de barcos, metros cúbicos de petróleo, etc.) que: “tras realizar un pormenorizado detalle informativo sobre los alcances del proyecto pareciera que fuera un asunto que corresponde sólo a la jurisdicción de la Provincia de Río Negro, que para poder dar curso a este emprendimiento ha tenido que modificar la ley 3308 de 1995 que en su artículo 1º sostenía la prohibición de la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que los transporten en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrinos. No sé si es suficiente con que la legislatura de esa provincia haya modificado una ley o si su Tribunal Superior haya considerado improcedentes instancias superiores a sí mismo. También desconozco a cuál de los poderes del Estado le compete estudiar si lo proyectado no podría generar daños irreparables y atentar contra el artículo 99 de nuestra constitución que señala: “El Estado ejerce el dominio originario y eminente sobre los recursos naturales renovables y no renovables, migratorios o no, que se encuentran en su territorio y su mar, ejerciendo el control ambiental sobre ellos. Promueve el aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo, conservación, restauración o sustitución”.
“Sucede que compartimos con la provincia colindante este golfo, que aunque en menor proporción, también sus aguas bañan nuestras costas y el golfo San José. Muchos de los estudios que me han alcanzado afirman que las características geomorfológicas y oceanográficas, determinan que los golfos San Matías y Nuevo funcionen como ecosistemas subordinados al mar epicontinental adyacente y el golfo San José como un ecosistema subordinado al Golfo San Matías. Entonces es pertinente preguntarnos si no perjudicaría algunos ecosistemas propios de nuestro mar territorial y otros que compartimos con ellos, incluso si incidiría en la Península de Valdés que es considerada Patrimonio de la Humanidad…»
Y luego se pregunta: «¿Están Uds seguros que no incidirá en el asentamiento del Pingüino de Magallanes que es tan vulnerable a los derramamientos de petróleo? ¿Y en la repoblación de la ballena Franca Austral, antes diezmada por la caza y que ha elegido el golfo para reproducirse? ¿Qué sucederá con las principales actividades económicas de las comunidades locales, como son las pesquerías artesanales, el turismo orientado a la pesca deportiva, el buceo y el avistaje de fauna marina, si el tráfico de barcos cambia los hábitos de las especies o los derrames se suceden? Sólo puedo hacer preguntas, no me compete dar respuestas, porque ni por conocimiento ni por oficio estoy habilitado. En mi calidad de ciudadano y por amor a esta tierra de adopción a la que amo, es que escribo estas líneas; que sólo quieren ser un aporte al debate democrático canalizado a través de esta forma de gobierno representativa donde el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. También me dirijo al ámbito judicial sintiéndome interpelado por lo que señala nuestra constitución provincial en su artículo 111: “Todo habitante puede interponer acción de amparo para obtener de la autoridad judicial la adopción de medidas preventivas o correctivas, respecto de hechos producidos o previsibles que impliquen deterioro del medio ambiente.”
Si no canalizara esta duda que nos inquieta a muchos, si quedara en el ámbito privado de la duda o los comentarios suspicaces, en nada contribuiríamos y estoy seguro que Dios y la Patria nos lo demandarían, finaliza.

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Planta de GNL en Punta Colorada: ¿qué impacto ambiental podría traer?

Fecha de Publicación: 06/08/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Río Negro


"No tenemos que olvidarnos que la Península de Valdés es patrimonio de la humanidad", señaló la periodista ambiental Gabriela Vizental en su columna semanal en la 750.
En su columna semanal en La García, la periodista ambiental Gabriela Vizental enumeró los posibles peligros que traería la instalación de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) de YPF en en la ciudad rionegrina de Punta Colorada.
Vizental recordó que el área "estuvo protegida por la ley 3.308 durante más de 20 años", que en su primer artículo prohíbe la instalación de oleoductos, gasoductos o cualquier ducto que transporte hidrocarburo o sus derivados y haya terminales de carga y descarga de hidrocarburos el Golfo San Matías o en cualquier lugar en el mar territorial de la provincia".
"En 2022 modificaron esta ley entre gallos y medianoche, a través de un tratamiento express sin consulta previa, para que esto sucediera", agregó.
"La fundación Ambiente y Recursos Naturales presentó ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de queja con respecto a los impactos ambientales y la Corte se tiene que expedir o conceder una medida cautelar", agregó.
"No tenemos que olvidarnos que la Península de Valdés es patrimonio de la humanidad. No cabe ninguna duda de que va a haber un impacto en toda la fauna que está en ese lugar y sobre todo en un recurso tan importante como es la merluza", concluyó.
Directivos de YPF hicieron trascender que la planta de Gas Natural Licuado no se instalaría en la localidad bonaerense de Bahía Blanca sino en la ciudad rionegrina de Punta Colorada.
Sin comunicación oficial, el dato trascendió desde fuentes de la petrolera estatal sin un respaldo, al menos público, de la multinacional Petronas, socia del proyecto que contempla una inversión superior a los 30 mil millones de dólares que podría convertirse en la más grande de la historia para la República Argentina.
La instalación de la planta de GNL en Bahía Blanca fue oficializada y se firmó el 1 de septiembre de 2022, pero la presión política del Presidente Javier Milei terminó empujando al directorio de la petrolera estatal para definir su traslado a Punta Colorada, en el distrito donde gobierna Alberto Weretilneck, el primer gobernador en adherir al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que todavía no está vigente porque nunca fue reglamentado.
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Nueva era: tras el saneamiento, el Riachuelo vuelve a ser navegable

Fecha de Publicación: 06/08/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Riachuelo


Ayer se llevó a cabo la presentación del nuevo servicio de viajes turísticos que se desarrollará entre el Dique 1 de Puerto Madero y el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, en La Boca. El tramo se podrá recorrer en 40 minutos y tiene precios desdoblados entre turistas argentinos y extranjeros. La próxima semana se llevará a cabo una audiencia pública que tiene por objetivo ampliar el recorrido, porque se espera llegar hasta el puente de la Barraca Peña.
Luego de los trabajos de saneamiento y puesta en valor de las márgenes que se realizaron en la Cuenca Matanza-Riachuelo y, sobre todo, a partir del fallo del Juzgado Federal y Correccional N° 2 de Morón del 7 de septiembre de 2023 (causa Mendoza), que permitió la navegación comercial en el Riachuelo, desde este sábado quedó habilitada la posibilidad de realizar paseos fluviales en el tramo del Río de la Plata que va desde el muelle ubicado en Cecilia Grierson al 400, en el Dique 4 de Puerto Madero, hasta Pedro de Mendoza al 1.600, a pocos metros del Puente Trasbordador, y de la zona turística de La Boca. Es decir, en pleno Riachuelo.
La iniciativa forma parte del denominado “Paseo náutico­ Circuito turístico Quilmes­ Tigre”, en el tramo (denominado 1) que va desde Cuatro Bocas hasta el Puente Nicolás Avellaneda. El próximo tramo, que permite ampliar el recorrido hasta la Barraca Peña, se discutirá en la Audiencia Pública que se llevará a cabo el próximo 8 de agosto.
Se trata, en definitiva, de un plan que se impulsó desde el gobierno nacional, a través del entonces Ministerio de Turismo (hoy convertida en Secretaría de Ambiente, Turismo y Deportes) y de la Autoridad Cuenca Matanza - Riachuelo (Acumar); del Gobierno porteño, por medio del Ministerio de Espacio Público e  Higiene Urbana, y del Ente de Turismo, cuando se permitió la navegación comercial con fines turísticos.
La iniciativa, además, forma parte del nuevo servicio de paseo en catamarán que se sostiene en el Proyecto Sur, el plan de turismo de la Ciudad que impulsa la identidad de La Boca, la pasión por el fútbol, la historia de la inmigración y el tango. También contempla el regreso de la actividad nocturna en Caminito con un nuevo ordenamiento del espacio público, la reorganización del transporte y el refuerzo de la seguridad.
Recorrido. El recorrido estará a cargo de la empresa Sturla Viajes, que ya presta este tipo de servicio de viajes fluviales desde Tigre hasta Puerto Madero, pasando por los puertos de San Fernando y Olivos.
En este caso puntual, durante el paseo el viajero tendrá la oportunidad de observar la Reserva Ecológica desde otro ángulo al habitual, los rascacielos y edificios emblemáticos que bordean la Costanera Sur, la desembocadura del Riachuelo, pasando por debajo del antiguo Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, Monumento Histórico Nacional y uno de los últimos ocho puentes de su tipo aún en pie en el mundo. Aquí, el paisaje industrial se entremezcla con los colores vibrantes y el encanto del barrio de La Boca.
El recorrido tiene una duración aproximada de 40 minutos y diferentes horarios de partida. Desde el muelle de Puerto Madero los catamaranes saldrán a las 10.10, 11.50, 13.30, 15.10 y 16:50. Mientras que desde el muelle de La Boca zarparán a las 11, 12,40; 14,30; 16, y 17,40. Los recorridos podrán ser de ida y vuelta o solo de ida o de regreso.  
Respecto a los valores del paseo, desde la empresa Sturla informaron a PERFIL que habrá precios para locales y otro para extranjeros. En el caso de los residentes locales, el precio para la ida y vuelta será de 14 mil pesos, mientras que para los extranjeros, 17 mil pesos. Los menores de 3 a 5 años pagarán 6 mil pesos. Según adelantaron desde la firma, estos precios corresponden a una promoción por el lanzamiento del servicio.  
La presentación del servicio se llevó a cabo en el muelle de Sturla en La Boca, y participaron Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño; Daniel Scioli, secretario de Turismo de la Nación; Lucas Figueras, titular de Acumar, y Jorge Sturla, presidente de Sturla Viajes.
Víctor Iglesias, es uno de los vecinos de La Boca que pudo hacer el viaje inaugural. Apenas bajó del catamarán se detuvo a hablar con este diario. “Vi gente emocionada por poder navegar otra vez el Riachuelo, como  así también quienes lo hicieron por primera vez. El viaje es muy lindo y didáctico. También que podamos volver a aprovechar el río. Para mí fue algo especial porque soy remero y he remado por estas aguas cuando se podía. Soy vecino de La Boca desde hace tiempo y esto seguro también va a generar pertenencia con el barrio”, concluyó.
En el marco de la presentación, Macri señaló: “Poder recuperar la navegabilidad es un atractivo más para esta zona de la Ciudad. La recuperación del Riachuelo es increíble”, señaló Macri y detalló: “Uno viene acá y ya no hay malos olores. Antes nos habíamos acostumbrado a que olía mal. Además, está volviendo de a poco la flora y la fauna. Frente al edificio de la Fundación PROA se formó un islote natural. Es emocionante haber cumplido con este trabajo de saneamiento”, concluyó el titular del Ejecutivo comunal.
Saneamiento.  Como parte de la Acumar, la Ciudad trabaja en la recolección de residuos en el borde costero y en el lecho del río; la desinfección, desmalezamiento, fumigación de plagas y mosquitos y la limpieza del espejo de agua en toda la superficie, además del borde costero.
Los trabajos de limpieza del Riachuelo se realizan todos los días, incluso los fines de semana y feriados, en los que además de Acumar intervienen el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad, Prefectura Naval y APRA. Los mismos incluyen fumigación, desinfección, desmalezamiento y recolección diferenciada de residuos, todo de manera sustentable.
Por otra parte, la Ciudad, continúa con sus trabajos de recuperación en la costa del Río de la Plata. Al plan de recuperación de la costa sur se suma la puesta en valor del frente ribereño de la costanera norte con el Plan BA Costa, que contempla obras en 110 hectáreas. Hace unos días se inauguró el Parque Costero, una playa urbana que es un nuevo paseo frente al Río.

Audiencia por otro tramo
Tal como estaba previsto, la Acumar impulsa en esta oportunidad la ampliación del tramo navegable del Riachuelo hasta el Puente Barraca Peña, completando así más de 1.500 metros de tramo navegable, si se suma el ya habilitado por la Justicia en el año 2023.
Para ello llama a Audiencia Pública para tratar y debatir esta propuesta, sosteniendo el compromiso de  transparencia y participación ciudadana que caracterizó al organismo. Se llevará a cabo el próximo 8 de agosto a partir de las 10 en el Museo Benito Quinquela Martín, de La Boca.
La audiencia tiene por objetivo “permitir la navegabilidad de embarcaciones específicas con fines turísticos y deportivos, en el tramo comprendido entre el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda y el Puente Barraca Peña (Tramo 2)”.
“En 2011 la Justicia le pidió a Acumar que liberara el Riachuelo de todos los obstáculos, barcos hundidos, muelles y demás materiales, mientras suspendía las navegaciones. Esa tarea ya se cumplió y de hecho, en 2022 se autorizó a un primer tramo, que se corona con el circuito que se inauguró hoy. La audiencia que convocamos es para plantear una ampliación al tramo navegable hasta Barraca Peña. Proponemos navegaciones con embarcaciones de poco calado, que promuevan la integración entre Caminito y Barraca Peña, que incluya el cruce del Transbordador y que revitalice toda la zona sur, tanto del lado de la Capital como de la provincia”, aseguró Federico Gatti Lavisse, Director General Ambiental de Acumar.
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Tras la caza de un yaguareté piden frenar la deforestación

Fecha de Publicación: 05/08/2024
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Formosa


El animal, uno de los últimos de esta especie protegida, fue carneado en Formosa por cazadores furtivos y se generó un escándalo.
El pasado martes cazadores furtivos mataron y carnearon a un yaguareté en la localidad formoseña de Estanislao del Campo y la noticia, dada a conocer por el Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa, causó indignación.
Se trata de una especie que fue declarada en 2018 Monumento Natural Provincial en esa provincia por la Ley 1.673, sin embargo quedan menos de 20 ejemplares en la región chaqueña.
En este contexto, la organización Greenpeace advirtió que si se continúa con la caza indiscriminada, sumado a la deforestación “es prácticamente una condena al yaguareté”.
Dicha organización presentó en 2019 un proyecto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se declare la 'deforestación cero' en ambientes de las yungas, la región chaqueña y el litoral argentino.
Ahora advirtieron: “Recientemente se han entregado contundentes informes que demuestran cómo se viola la Ley de Bosques en las provincias demandadas, entre las que se encuentra Formosa. Esperamos un pronto pronunciamiento de la Corte, ya que ha quedado claro cómo se arrasa con el hábitat y los últimos yaguareté del Gran Chaco argentino”.
Nicolás Lodeiro Ocampo, cofundador y actual director ejecutivo de la Red Yaguareté, estimó que este ejemplar fue asesinado la semana pasada, porque en ese momento fue cuando recibió las primeras fotografías.
Descartó que sea una red de tráfico o cazadores organizados: “Suelen ser gente de campo que sabe ‘cuerear’, pero desde hace varias décadas que no existen los tigreros, que eran cazadores de yaguaretés”.
Natalia Cardozo, coordinadora de Asuntos Penales de la Administración de Parques Nacionales explicó que las penas para este tipo de delitos son mínimas "y resultan excarcelables".
Lodeiro Ocampo calcula que desde 2005 hasta ahora han ayudado a abrir 72 causas, en ningún caso hay presos.

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Jujuy: desalojos, desmontes e incendios contra campesinos en el Ingenio La Esperanza

Fecha de Publicación: 05/08/2024
Fuente: Jujuy Dice
Provincia/Región: Jujuy


Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena Jujuy (MNCI) expresaron en un comunicado que la destrucción del lugar se hace con el aval del Fiscal Mora y el Ayudante de Fiscal César Díaz.
La familia González es una familia campesina que cría vacas, chivos, chanchos, gallinas, ovejas, caballos y que siembra zapallo, choclos, sandía y hortalizas de hojas verdes. La familia habita la zona desde el año 1906, el primer habitante fue el bisabuelo de don Ernesto, Ausalón González. Desde entonces, se dedican a la producción agroganadera en la zona.
La provincia vendió en 2019 el Ingenio la Esperanza con todos sus habitantes, sin reconocer las numerosas posesiones familiares que había dentro de esas tierras. Desde hace dos meses su nuevo dueño, la empresa Productora del Noroeste SA, en complicidad con la justicia de la provincia y desconociendo los derechos posesorios de esos habitantes campesinos, comenzó a hostigar, violentar y arrinconar a la familia de don Ernesto.
La empresa viene avanzando con desmontes en el territorio, quemando ilegalmente los cordones de todo el monte topado. Intenta despojar a la familia González de la tierra que tradicionalmente ocupa con sus animales, desconociendo y destruyendo la infraestructura productiva que don Ernesto y sus antepasados habían levantado.
En este contexto, ante la cercanía de los desmontes hacia sus animales, la familia González hizo arreglos de mantenimiento de sus alambrados, lo cual fue aprovechado por la Empresa para denunciarlos penalmente por usurpadores. A partir de esa denuncia y en un tiempo récord, el pasado 11 de julio, el juez González ordenó como medida preventiva el desalojo exprés de la familia, sin derecho a la defensa y sin dejarles presentar las pruebas de sus derechos posesorios que datan de 1906.
En la zona hay más familias campesinas que están siendo hostigados y amenazados por la empresa.
El pedido del MNCI es “basta de despojar y atropellar a los humildes del campo”, que se solidarizan con la familia González y acompañan la defensa de la propiedad.
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La Asamblea Jáchal No Se Toca denuncia la «impunidad» de la Barrick Gold y lo que implicará el RIGI para la región

Fecha de Publicación: 03/08/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: San Juan - Nacional


En 2023 presentaron 71 mil firmas exigiendo a la jueza federal María Romilda Servini que fijara fecha de juicio oral contra la empresa minera por dos derrames ocurridos en 2015. Sin embargo, no hay avances en la causa. La Asamblea advierte que existe un sistema de injusticia, contaminación e impunidad.
Fueron 71 mil las firmas que la Asamblea Jáchal No Se Toca entregó hace, exactamente, un año al juzgado federal a cargo de María Romilda Servini. En aquel entonces, 11 integrantes viajaron a Buenos Aires desde la localidad de Jáchal en San Juan para exigirle a la justicia que fijara la fecha del juicio oral contra la Barrick Gold que hace casi 9 años causó dos derrames, sin ningún tipo de condena.
Reclamaban que, finalmente, se juzgara la responsabilidad por los graves delitos y daños cometidos en el mayor desastre ambiental minero que tuvo Argentina en toda su historia. En ese momento, nadie los recibió en el juzgado. Un año después, la fecha sigue en la incertidumbre.
Mientras tanto, ven con preocupación la política del actual gobierno nacional, promoviendo el extractivismo sin control y con extremas facilidades para las empresas extranjeras.

Un sistema a medida del RIGI
En un comunicado, la Asamblea denuncia la creación e implementación de un Sistema de Injusticia, Contaminación e Impunidad (SICI) en la provincia de San Juan, que atraviesa a las diferentes gestiones, desde José Luis Gioja y Sergio Uñac hasta la actual de Marcelo Orrego.
Según detallaron, este sistema nació “para proteger a la Barrick Gold por los continuos derrames de cianuro y mercurio desde su mina Veladero, y se ha extendido al ámbito nacional de tal manera que los expresidentes Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández encubrieron, junto con sus funcionarios”. Y enfatizan que Barrick Gold, «de manera persistente, concretó violaciones» a la ley nacional de protección de glaciares, a la ley general del ambiente, a la ley de residuos peligrosos e inclusive al Código de Minería.
No obstante la gravedad de lo reseñado, la gestión presidencial de Javier Milei –asegura el comunicado- con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) “pretende blindar a todas las corporaciones mineras que vengan a la Argentina y no no se preocupen en cumplir las leyes de protección ambiental”. De esta manera, de forma implícita, se continúa en resguardo de los intereses económicos de la minera canadiense Barrick Gold, pero también de la oriunda de China, Shandong Gold.

Impunidad que escala a la Corte Suprema de Justicia
La Asamblea señala que este sistema fue implementado y promovido, a su vez, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al determinar la competencia en la causa penal por el primero de los derrames conocidos de la mina Valedero. En este caso, la causa quedó en manos del juez Pablo Oritja de San Juan, y de esta manera “la Suprema Corte le garantizó la impunidad al ex CEO Guillermo Caló (y funcionarios públicos) por el derrame de cianuro y mercurio ocurrido en septiembre de 2015”.
La denuncia había sido iniciada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia por medio del expediente Nº 10049/2015 ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7 a cargo del Juez Sebastián Casanello. Pero ese magistrado “no pudo avanzar en la investigación sobre la responsabilidad del ex CEO Guillermo Caló por expresa disposición de la Corte Suprema que no le permitió al juez Casanello investigar a la Barrick Gold”.
Cabe mencionar que la Asamblea es querellante en el expediente mencionado después de haber acreditado su legitimidad con 3 mil firmas de ciudadanos jachalleros. No así en la causa penal que tramita ante el juez Oritja, quien rechazó su participación y donde, según denuncian, el juez sostuvo que el derrame fue producto de la rotura de una válvula que nunca fue peritada.

Sin fecha cierta de juicio oral
La Asamblea denuncia que existen dos causas penales acumuladas y elevadas en 2018 a juicio oral por el juez Casanello que esperan la fijación de una fecha por parte de María Romilda Servini de Cubría, jueza federal. “A pesar de haber entregado hace un año atrás las 71 mil firmas en el Juzgado de Servini no hemos logrado que ponga fecha para el juicio oral. Parece que la jueza también aplica el SICI a la perfección”, alertan en su comunicado.
La Asamblea asegura que la gestión de Javier Milei “utiliza el RIGI y el SICI de una manera brutal” y que, por ello, “los distintos poderes del Estado Argentino se confabulan para proteger a la Barrick Gold y sospechamos que nunca se llevará a cabo el juicio oral en Buenos Aires, de la misma forma que nunca avanzaron los juicios en la provincia de San Juan”.

Qué pasó hace casi 9 años
Entre el 12 y 13 de septiembre de 2015, la mina Veladero, ubicada en la localidad de Jáchal, San Juan y operada por la empresa canadiense Barrick Gold, derramó un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada, mercurio, entre otros metales pesados, sobre el agua de cinco ríos. Una válvula estalló y el veneno se filtró a las cuencas pero la empresa, en connivencia con funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales no alertó a la población de forma inmediata.
La información se filtró, los mensajes de texto comenzaron a circular y la población de Jáchal se autoconvocó en la plaza principal para exigir respuestas oficiales. Ese día acamparon allí, después instalaron una carpa que se sostiene, en reclamo de justicia, hasta el día de hoy, a casi 8 años desde el derrame. La Asamblea Jáchal No Se Toca nació a partir de esta resistencia de vecinas y vecinos.
La estrategia de Barrick Gold, la mayor minera de oro del mundo, fue primero el ocultamiento. Cuando se hizo imposible sostener la negativa, al día siguiente, reconoció un derrame de 15.000 litros de solución cianurada, pero aseguró que no había llegado al río y desmintió la contaminación. Pero una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que, al contrario de lo que afirmaba, sí había llegado al río.
Dos días después, cuando finalmente llegó la intervención judicial, la empresa reconoció el derramamiento de al menos 1.070.000 litros de solución cianurada sobre las aguas de los ríos. A pesar del escándalo y la gravedad de los hechos, tras el pago de una multa, la mina Valedero continuó en operaciones. En la actualidad se encuentra a cargo de Minera Argentina Gold SRL, una sociedad entre las empresas Barrick Gold y Shandong Gold (China).
A casi nueve años desde el mayor desastre ambiental minero que tuvo Argentina no se ha llevado a cabo el juicio oral, ordenado por la justicia federal hace ya seis años. Hace ya un año, la  Asamblea Jáchal No Se Toca junto a las organizaciones Ekō, Earthworks y MiningWatch Canadá, recolectaron 71 mil firmas en un petitorio donde reclamaron que se fije fecha para el juicio oral, entregado al juzgado de Servini. Además denunciaron que después del 2015, hubo otros dos derrames.
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La autorización para cazar fauna autóctona divide a la Patagonia

Fecha de Publicación: 03/08/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Patagonia


“Los parques nacionales son criaderos de pumas y guanacos”, aseguran los ganaderos. En el contexto actual de despoblamiento de los campos y cambio climático, recrudece el enfrentamiento entre productores y conservacionistas
El 27 marzo de 2024, el Consejo Agrario Provincial (CAP) de la provincia de Santa Cruz autorizó, mediante la Resolución N° 117, la temporada de caza por un periodo que se extiende desde el primero de abril hasta el 31 de agosto de este año. La medida contempla la caza sin límites de especies introducidas como visón, jabalí, liebre y conejo europeo, sumado a la caza deportiva de especies nativas como el zorro colorado, el zorro gris, el guanaco y el puma.
No es la primera vez que el CAP emite una resolución de este tipo. Más bien, se trata de algo realmente habitual y que revive, año tras año, una polémica que enfrenta históricamente a dos posturas en apariencia irreconciliables. De un lado, los productores ganaderos, en especial dedicados a la cría de ovejas; y del otro, las organizaciones ecologistas y conservacionistas.  
Durante abril, las campañas de rechazo a la caza de pumas, en particular, escalaron a niveles de viralidad en las redes sociales, donde se reprodujeron diversos petitorios para revertir la resolución provincial. Concretamente, los activistas exigen que Santa Cruz dé marcha atrás con la autorización para que cada persona que cuente con el permiso de caza deportiva pueda matar un zorro colorado, un zorro gris y un puma por semana y dos guanacos por día.
¿Cuál es el trasfondo de esta disputa? Según los testimonios recogidos por LA NACION (que incluyen opiniones a favor, en contra y otras matizadas), se trata de una problemática muy compleja que requiere de mucho diálogo para su resolución. Desde la introducción de ganado en la región patagónica, la disputa territorial con la fauna silvestre ha sido una constante. Luego, con el lento despoblamiento de los campos, sumado al cambio climático y la falta de políticas eficientes, la situación fue agravándose.
Más allá del ruido en las redes sociales y las declaraciones altisonantes, ¿es posible trazar un recorrido por las diversas voces involucradas en el conflicto? ¿Hay puntos posibles de acuerdo? ¿Por qué son el puma y el guanaco los señalados como parte del problema? ¿Es el turismo de avistaje, como el que está creciendo en Chile, una posible salida económica para los productores? ¿Es la incorporación de perros guardianes de ganado y luces disuasivas una posible solución? ¿Son los parques nacionales y las áreas protegidas parte del problema, como señalan los ganaderos, o tienen algo más para aportar en esta disputa?
Marcos Williams, miembro de la Mesa Ovina Nacional por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), reconoce la complejidad del problema: “Hay un conflicto entre producción y fauna, sin duda. El principal desafío es que los campos de Santa Cruz son grandes extensiones, desérticos y fríos, con majadas muy grandes”. Williams subraya la importancia de regular la fauna de manera integral, no solo a través de la caza, sino también mediante el uso de perros protectores, monitoreo, cercos y compensaciones para los productores afectados.  
Productor y presidente de la Asociación Rural de Puerto Santa Cruz, James Lewis hace un aporte sobre las raíces históricas del conflicto. Señala que la proliferación de la fauna silvestre, especialmente de los guanacos, se intensificó después de que se prohibiera la caza y comercialización de estos animales. Según su mirada, esta situación ha llevado a un aumento de los encuentros entre la fauna salvaje y la producción ganadera, exacerbando los problemas económicos de los productores, especialmente aquellos con estancias más pequeñas.
Los productores ganaderos no tienen duda de que el impacto de la sobrepoblación de guanacos –que disputa el forraje con el ganado ovino y su potencial efecto de desertificación– y el ataque de pumas al ganado doméstico, son el eje principal del problema.
“Esta es una problemática un poco más compleja”, contesta Andrés Novaro, director de Conservación Terrestre de WCS Argentina. Novaro va un poco más a fondo: “Cuando los humanos llegaron a la Patagonia hace 15 mil años, había otros predadores. Luego se fueron extinguiendo los más grandes y el predador tope que quedó fue el puma, mientras que el herbívoro dominante que quedó fue el guanaco”.
Ese fue el paisaje que se encontraron los productores ganaderos a finales del siglo XIX, cuando comenzó una verdadera guerra contra el puma. La población humana creció al ritmo del crecimiento de la producción de lana –que llegó a récords históricos para luego decaer sin freno– y el puma prácticamente desapareció del territorio. Para Novaro “esa forma de manejo hoy no es posible”. “Actualmente hay un montón de áreas donde hay pumas coexistiendo con guanacos y muchos campos vacíos donde se reproducen. También hay mucha menos cacería que, además, no es un método eficiente para controlar el problema”, advierte.
El asesor científico de la Fundación Azara, Claudio Bertonatti, identifica justamente ese proceso de expansión de la ganadería como “una práctica insostenible” con sobrepastoreo, la caza indiscriminada de fauna y la consecuente disminución de las poblaciones de guanacos. “Esa merma, sumada a la caza desmedida de choiques (ñandú patagónico) y maras, dejó a sus predadores sin comida suficiente y es ahí cuando el puma y el zorro colorado se volcaron a atacar a las ovejas”, explica. “La solución del ganadero frente a esto no fue regular sus majadas, sino declararle la guerra también al puma y a los zorros”, destaca.  
Advierte que “en lugar de reinventarse y reconvertir la producción lanera a guanaquera, su cultura pondera el ‘no innovar’, que no hace más que empujarlos más ‘cuesta abajo en la rodada’ ganadera. Echarle la culpa al guanaco, al puma y al zorro, promoviendo su caza, sin evaluaciones previas y sin capacidad alguna de control, no va a resolver el problema de fondo. Todo lo contrario: correrán el riesgo de quedarse sin ovejas ni guanacos”.

Parques en la mira
Williams como Lewis, en cambio, apuntan al impacto que tendrían “los parques y las áreas protegidas”, en especial el Parque Nacional Monte León, que estaría generando pérdidas millonarias en los campos vecinos. Lewis arriesga que, en las explotaciones cercanas al parque, se produjeron perjuicios por alrededor de 150 millones de dólares, además de la destrucción de puestos de trabajo y su consecuente despoblamiento. Según los productores, la falta de control de fauna en el parque estaría generando una reproducción desmedida de especies que afectan a las explotaciones ubicadas en las inmediaciones.
Desde la Administración de Parques Nacionales (APN), su presidente, Cristian Larsen, le baja el tono a la discusión. “Es fundamental que avancemos en un proceso de diálogo con las autoridades locales, provinciales, las áreas protegidas y los productores de la zona, para encontrar una solución a esta problemática que nos afecta a todos. Hablamos de una solución en la que el Parque Nacional pueda seguir con su tarea de conservación tal y como lo está haciendo, y que los productores puedan crear cada vez más valor en su tierra”, completa. Mariela Gauna, Intendenta del PN Monte León, el sitio apuntado por los productores ganaderos, desmiente en parte los dichos de los productores y asegura que los “resultados de los monitoreos e investigaciones con las que contamos no infieren que el área protegida sea un problema en la desertificación del territorio u otras afirmaciones que escuchamos hoy en día”. Gauna pugna también por encontrar un punto en común, en el que se respete el “rol fundamental” de los parques para “garantizar la biodiversidad biológica a largo plazo”, como así también “las actividades productivas que generan empleo y contribuyen al crecimiento económico”.
A la espera del resultado de investigaciones que WCS Argentina está realizando sobre el impacto de las áreas protegidas, Novaro arriesga que la afirmación de los ganaderos –acerca de la presunta responsabilidad máxima de estos sitios de conservación en la proliferación de fauna nativa– es “incorrecta”. “Si uno mira el mapa de campos vacíos en Santa Cruz, un fenómeno de vaciamiento que lleva varias décadas, es lógico que esos territorios se llenen de fauna silvestre, tanto de guanacos como de pumas. Eso es muchísimo más grande que las áreas protegidas”, señala. “Tratar de apuntar a las áreas protegidas como las culpables, es distraer el problema. Es elegir el culpable equivocado y generar enemistades”, advierte.
Para entender ese proceso de despoblamiento, la ingeniera agrónoma Carla Cepeda, investigadora del grupo de Recursos Naturales de la Estación Experimental INTA Santa Cruz, explica que el “ganado doméstico se introdujo a finales del siglo XIX en grandes estancias y por más de un siglo la zona estuvo sobrepastoreada: en 1952 los stocks alcanzaron los 20 millones de ovejas, 400.000 vacunos y 1,2 millones de cabras”. “A finales del siglo pasado los bajos rendimientos reproductivos y la alta mortalidad ovina redujeron los rebaños y algunos productores terminaron por abandonar los predios. Se perdieron dos tercios de las ovejas y, al liberarse recursos de la tierra, las poblaciones de guanacos, cuya presencia en Patagonia data desde hace al menos 13600 años, pasaron de alrededor de medio millón en 2000 a aproximadamente 2 millones en 2015. Esto convierte a las provincias de esta región en el principal reservorio mundial de la especie siendo Santa Cruz la que hoy posee mayor abundancia”, añade.
Si bien reconocen que el cambio climático y el abandono de los campos agravan la situación, tanto Lewis como Williams justifican la medida de la provincia (“tal vez su comunicación no fue muy efectiva”, comentan) frente a una situación que consideran “insostenible”. Sin embargo, Novaro advierte sobre la ineficacia “de este tipo de autorizaciones –como la aprobada en Santa Cruz–, que no sirven de mucho porque no son dirigidas, no se remueven pumas que efectivamente atacan al ganado, sino que se autoriza una caza indiscriminada”. “Lo que se termina afectando es la territorialidad –continúa– porque acá hay que hacer una distinción: los pumas territoriales suelen cazar guanacos y los pumas transeúntes son los que suelen atacar ganado”.
Según explica Novaro, cuando se caza al puma territorial, se abre paso al ejemplar transeúnte y termina agravando el problema. “Es mucho más eficiente establecer sistemas de protección de ganado –por ejemplo, con perros protectores, luces y cercos– que sistemas de remoción de pumas. Desde nuestra ONG no estamos en contra de algunas remociones de pumas, siempre y cuando esté comprobado que atacaron al ganado. Se trata de remociones dirigidas”, aclara Novaro.

El avistaje como recurso
“¿Quién soy yo para decirle a los estancieros que ahora tienen que hacer otra cosa? Está muy bien el avistaje, Santa Cruz fue pionera en el turismo rural, el productor lo ha incorporado naturalmente, pero esto no quita la responsabilidad de controlar el daño que genera la fauna”, reclama Williams, frente a la pregunta de si no es viable repensar las actividades productivas de la Patagonia y de las posibilidades que ofrecen nuevas propuestas turísticas que aparecen como posibles soluciones, en términos económicos y de sustentabilidad. Así lo plantean desde Chile, donde la problemática es similar, aunque la caza del puma está prohibida desde 1980. Allí han surgido experiencias que apuntan a la reconversión de estancias ganaderas en sitios de avistaje de pumas.  
“Muchos otros estancieros prefirieron cambiar y en vez de cazarlos, están haciendo turismo porque finalmente les deja más dinero que matarlos. La gran población de pumas se está moviendo en Torres del Paine y alrededores, incluso cruzan hacia El Calafate. Ha habido un cambio de mentalidad, pero todavía hay gente que piensa más a la antigua, que prefiere seguir haciendo ganadería”, cuenta José Vargas, fundador de Wayaja Puma, una empresa dedicada al turismo de avistaje. Su padre fue guardaparques del PN Torres del Paine y, cada vez que llegaban equipos de filmación de documentales, se encargaba de encontrar los pumas en las montañas. Así se convirtió en rastreador, un oficio que José aprendió desde chico.
Wayaja nació oficialmente en 2015 y desde entonces trabaja en el territorio aledaño a Torres del Paine, siguiendo y observando a las poblaciones de este controvertido felino. “Ver a un ejemplar de cerca es una cuestión de suerte, pero lo importante, además de la observación, es entender la importancia del puma para el ecosistema, cómo controla el territorio y protege a su especie. Queremos destacar su importancia como controlador biológico, como especie paraguas, que regula la población de guanacos. Alimenta a otros animales, como cóndores y zorros”, enseña. “Acá muchos estancieros trabajan con luces para desorientarlos, o con perros”, añade. Vargas enfatiza que el “turismo es una herramienta de conservación porque permite conocer a una especie que es muy menospreciada; la misma gente que está en las estancias, sabe dónde están los pumas. Sólo hace falta capacitarse en turismo para poder empezar a explotarlo”.
Para Pía Vergara, fotógrafa y creadora de la Fundación Cerro Guido Conservación (Chile), es fundamental la búsqueda de “soluciones más profundas que deben ser abordadas a nivel Estado, por ejemplo, capacitar en el uso de los perros protectores y manejos para cuidar el ganado, entre muchas otras acciones que se pueden tomar”. “El matar a los pumas no lleva a ninguna solución, más que satisfacer el deseo de venganza”, apunta. Vergara no está de acuerdo en absoluto con la decisión de Santa Cruz de autorizar la caza de pumas. “Desgraciadamente el matar es algo que está demasiado integrado en nuestra cultura, eso debe cambiar para después apuntar a las soluciones buscando el respeto mutuo, y por sobre todo, el cuidado y admiración de la naturaleza”.
“Es necesario hacer un cambio de paradigma: antes se cazaba a cualquier depredador que atacara al ganado, sin pensar en la importancia que estos tienen. Hoy, debemos hacer cambios urgentes; por un lado, entender la importancia del rol de los predadores en la cadena trófica, que a la vez beneficia las pasturas y por ende al ganado, además de controlar las poblaciones de los herbívoros; habiendo entendido esto, es imperioso reconvertir la ganadería a una menos extensiva, con un cuidado constante de la hacienda, el trabajo de perros protectores y más presencia humana en los campos para facilitar la acción de los perros”, enumera.
Del lado argentino, también hay proyectos que intentan darle una vuelta de rosca al asunto. En eso está Facundo Epul, guía de El Choique, un emprendimiento que hace avistaje de fauna silvestre y trekking en el Portal Cañadón Pinturas del Parque Patagonia, una iniciativa de Rewilding Argentina. Nacido en una familia dedicada a la ganadería, Epul pasó su infancia en la estepa patagónica y sus mesetas. Desde pequeño, dice, sentía muchísima curiosidad por conocer cuáles eran los animales que deambulaban a su alrededor.
Luego de hacer un curso de guía idóneo, Epul formalizó su propuesta turística y encontró el lugar ideal para desplegar su iniciativa. Entonces decidió focalizarse en el predador tope de la Patagonia: el puma.
“Es un animal que admiro muchísimo, es una pasión para mí”, asegura. Por eso, Epul celebra que este año se haya viralizado la decisión de Santa Cruz de autorizar su caza porque, en definitiva, es una forma de visibilización de una problemática que “sucede hace muchos años”.  Así lo explica: “Antes el gobierno pagaba por la piel de zorro y de puma, hoy estamos en otro contexto. Hay soluciones para convivir con la naturaleza, con trabajo genuino. Es importante que existan áreas protegidas, donde esos animales no sean cazados, con un ecosistema completo y funcional”.  
Para Epul “hay muchas alternativas” antes de habilitar la caza y desatar, nuevamente, la disputa entre bandos que están a favor o en contra. “Algunas ya se están aplicando. Rewilding, por ejemplo, trabaja con productores ovinos vecinos del parque en la incorporación de perros pirineos, que viven con las ovejas y las protegen. La presa natural del puma es el guanaco, que también es combatido: ¿qué va a comer el puma si no quedan guanacos en la Patagonia?”, se pregunta.
Sin embargo, más allá de las buenas intenciones de parte de los involucrados, Epul no visualiza una solución en el corto plazo. “Estamos en la misma situación desde hace mucho tiempo. Hay gente cazando, y mientras tanto, lo cierto es que la fauna convive”.  
Está claro que el complejo debate desatado en Santa Cruz refleja la dificultad de encontrar un equilibrio entre la conservación de la naturaleza y las necesidades económicas de la sociedad. En ese marco, el consenso, el diálogo y el conocimiento científico son herramientas fundamentales para abordar estos desafíos de manera efectiva y sostenible. ¿Es utópico pensar que eso es posible?
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Caza ilegal: mataron y cuerearon a uno de los cinco yaguaretés que había en Formosa

Fecha de Publicación: 02/08/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Formosa


La Justicia formoseña investiga la caza furtiva de uno de los pocos ejemplares de yaguareté que vivía en la selva provincial. Se trata de una especie en grave peligro de extinción, protegido por leyes provinciales y nacionales.
Un yaguareté fue cazado y cuereado por sus cazadores furtivos en Formosa, lo que despertó la indignación y el repudio de varios proteccionistas de animales y agrupaciones ambientalistas del país. Desde el Gobierno provincial informaron que los presuntos autores del crimen fueron detenidos y quedaron a disposición de la justicia provincial para su investigación.
El Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa precisó en un comunicado oficial que el asesinato del ejemplar de esta especie --considerada en peligro de extinción-- ocurrió en la zona norte de Estanislao del Campo, en el centro de la provincia. Desde Red Yaguareté, detallaron que solo había cinco ejemplares en la provincia norteña.
Tras confirmarse la muerte del animal, se radicó una denuncia ante la autoridad policial y tomó intervención el Juzgado de Instrucción y Correccional de la ciudad de Las Lomitas, a cargo de Gabriela Soledad Plazas.
El procedimiento se llevó adelante en forma conjunta con la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales (UEPE), la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), la comisaría de la localidad de Ibarreta, y el personal del Ministerio de la Producción y Ambiente (SRNOyCA y DRCyF).
Plazas informó que unas imágenes obtenidas del "yaguareté muerto" fueron "determinantes" para "la investigación" y la "detención de las personas involucradas en el hecho", dado que se trata del asesinato de "un valioso animal que se encuentra protegido por leyes nacionales y provinciales".
Al respecto, adelantó que desde el organismo provincial se va a realizar el seguimiento correspondiente a la causa judicial, para que "los autores materiales de la muerte de un animal tan importante para nuestra biodiversidad no quede sin la sanción que merece". Asimismo, indicó que van a invitar "a todas las organizaciones" que trabajan en la protección de estos ejemplos a que los acompañenen "como querellantes".
Según el Gobierno formoseño, el ejemplar asesinado era un macho de gran porte y el segundo registrado en 2024 por medio de cámaras trampa desde febrero.
El yaguareté es el felino más grande del continente americano y el tercero a nivel mundial, después del león y el tigre asiático. En Formosa fue declarado Monumento Natural Provincial por la Ley 1673, y es además Monumento Natural Nacional por la Ley 25463. Lamentablemente, la especie se encuentra en peligro crítico de extinción en el país debido a la pérdida y fragmentación de su hábitat, el atropellamiento en rutas, y la caza ilegal del felino y sus presas.
Como el mayor depredador del ecosistema, el yaguareté cumple un rol ecológico fundamental regulando las poblaciones de otros vertebrados, especialmente de los grandes herbívoros, por lo tanto, su presencia es un buen indicador de la salud de los ecosistemas.
Se estima que en Argentina quedan menos de 250 individuos, y solo 20 se encuentran en la región chaqueña, distribuidos en las provincias de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero.
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Chaco: una megadenuncia sacude la estructura de poder heredada por Leandro Zdero

Fecha de Publicación: 02/08/2024
Fuente: Letra P
Provincia/Región: Chaco


La presentación judicial describe el entramado político y empresarial detrás del avance sobre el bosque nativo. El ojo puesto sobre "la puerta giratoria".
La presentación ante la Justicia Federal chaqueña fue realizada a comienzos de este mes, justo en la previa del inicio de la feria, y está en manos de la jueza Zunilda Niremperger. Con la Justicia en funciones desde este lunes, se espera que la causa comience a avanzar.
Si bien el entramado que se detalla en la denuncia da cuenta de una situación que existe en la provincia desde hace años, el empuje definitivo que aceleró la presentación fue la sesión mediante la cual la Legislatura provincial sancionó, en la madrugada del 30 de abril, una normativa que reduce la protección del bosque nativo de Chaco y permite el avance de las topadoras sobre más de un millón de hectáreas, hoy protegidas.
Según la organización denunciante, la ley es inconstitucional y su formación legislativa tuvo gravísimas irregularidades. Por esa razón, se interpuso una cautelar para dejarla sin efecto hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Un desmontador en Chaco
El equipo letrado que presentó la denuncia llama al entramado que incluye a figuras poderosas de la política y el empresariado “la mafia del desmonte”. La definen como “una organización criminal que se enriquece a costa del ecocidio, que deja exclusión, pobreza y destrucción”.
En una exhaustiva investigación en la que participaron profesionales e investigadores de múltiples disciplinas, no deja de sorprender la nómina de empresas que aparecen mencionadas en una denuncia de 86 fojas que incluye mapas georreferenciados y análisis detallado de los datos, que dejan al descubierto un universo de intereses cruzados.
Halavacs, el ministro de Producción de Zdero que además es la máxima autoridad ambiental de la provincia, es la figura paradgimática de la denuncia. Dueño de una consultora, el ingeniero agrónomo fue la persona a la que mayor cantidad de permisos de desmonte se le otorgaron en los últimos diez años. De hecho, tramitó 353 de los 876 permisos que otorgó la Dirección de Bosques entre 2014 y 2021.
Su salto a la política es descripto por la denuncia como un caso de “puerta giratoria”. Es decir, cuando un hombre ligado al mundo empresario termina desembarcando en el Estado y atendiendo las necesidades de sus antiguos socios o, en este caso, clientes. La ley que actualizó el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en Chaco funciona como ejemplo.
Cuando se dedicaba a tramitar autorizaciones para el desmonte, Halavacs trabajó como consultor para la familia Vicentín y también cumplió el mismo rol para Las Guindas S.A, una empresa propiedad de la familia Urquía, que dirige el Grupo Aceitera General Deheza (AGD).

Más allá de Leandro Zdero
A medida que avanza, la denuncia excede a las responsabilidades de la gestión actual, que fue la que puso a Halavacs al frente de la autoridad de aplicación de la Ley de Bosques, y apunta a las gestiones peronistas que antecedieron al radical que asumió en diciembre del año pasado.
Uno de los asesores del ministro es Luciano Olivares, subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones provinciales de Domingo Peppo y Jorge Capitanich. Olivares era nada más ni nada menos que el encargado de otorgar los permisos de desmonte que gestionaba quien ahora es su jefe.
En la denuncia también están mencionados otros exfuncionarios del peronismo chaqueño como el exdirector de Bosques Miguel Ángel López, propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia, y el diputado provincial Atlanto Honcheruk, titular de la mayor empresa transportista de madera de la provincia.
No se agota allí. Entre otros empresarios también aparece Juan José Bergia, legislador por el Nuevo Espacio de Participación del Chaco (NEPAR), apuntado por sus actividades relacionadas con la explotación de la madera, en una megadenuncia que también llega hasta Santiago Bausili, el presidente del Banco Central.

Más allá del desmonte
Entre la decena de delitos imputados en la denuncia aparecen defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, el tráfico de influencias, el lavado de activos y la trata de personas. Un cúmulo de acciones penadas por el Código Penal cuyas consecuencias empiezan a escalar tensiones en el escenario político que ya trascendió las fronteras provinciales.
La organización de abogados y abogadas ambientalistas señala que la denuncia también pone la lupa sobre “las poderosas empresas asociadas a la extracción del tanino”, un subproducto de los quebrachos desmontados que se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros.
Según explican, se trata de una actividad “netamente extractivista que promueve una economía de enclave, que se realiza de manera cuasi minera y basada en la destrucción del monte”. “Es un monopolio controlado por un puñado de corporaciones, ligadas siempre al poder político, con escaso eslabonamiento local y concentración fundiaria, tal como sucede también con la soja”, explican.

Más allá de Chaco
Con todo, Enrique Viale, uno de los representantes públicos de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, protagonizará este viernes una charla en Resistencia, donde el tema comenzó escalar rompiendo incluso algunas de las tradicionales barreras mediáticas con las que se suelen resguardar los poderes locales.
Será en la librería La Paz y la expectativa en torno a la conversación empieza a generar un ruido político del que se alimenta la discusión pública provincial. Más allá de eso, los ambientalistas esperan que avance la cautelar que deje sin efecto la ley de reordenamiento. Además, analizan un pedido para que la Justicia los acepte como querellantes en la causa, para así poder seguir de cerca todo el proceso.
Están convencidos de que los daños producidos no terminan en Chaco, hablan de “efectos interjuridiccionales” y apuntan a las consecuencias climáticas y ecológicas que afectan a la vida más allá de las fronteras provinciales. Aunque también advierten que las prácticas políticas y empresarias que, además de la corrupción, habilitan acciones como la explotación laboral o directamente la trata de personas no empieza ni terminan en la provincia en la que nada parece haber cambiado demasiado, más allá de los gobiernos.
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Río Negro: la minería avanza a paso firme y Weretilneck logra un guiño de comunidades originarias

Fecha de Publicación: 01/08/2024
Fuente: Letra P
Provincia/Región: Río Negro


Organizaciones de la meseta le ponen fichas al desarrollo en la provincia. Algunas voces mapuches se desmarcan de sus pares. El mensaje del gobernador.
Mientras se ultiman las condiciones para que se inicie el proyecto Calcatreu, el reservorio de oro y plata que es la punta de lanza del desarrollo de la minería a gran escala en Río Negro, Ingeniero Jacobacci fue sede de un encuentro de organizaciones que se destacó por las manifestaciones a favor de la actividad y el aval de una comunidad originaria, que deja en carne viva la división del pueblo mapuche.
La reunión del último fin de semana congregó a diversas figuras de la política local, organizaciones sociales y sindicales. Se destacaron integrantes de la comunidad Peñi Mapu de Lepitrén Chico, que reconocieron a la explotación minera como principal esperanza regional. Esta expresión se diferencia de la de algunos voceros del Parlamento Mapuche-Tehuelche, un espacio crítico del gobierno provincial, que anticipó acciones si la minería sigue su curso.
Fue el gobernador Alberto Weretilneck el que celebró la reunión, utilizada para explicar aspectos técnicos del proyecto. “La comunidad participó con genuino interés, defendiendo el proyecto y mostrando su compromiso. Quiero destacar este respaldo masivo que refleja un profundo deseo de trabajo y bienestar”, matizó en sus redes.

Reunión ampliada
La foto en el estadio polideportivo de Jacobacci se capturó a poco de la convocatoria al Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Copeam), citado especialmente la última semana con el objetivo de inspeccionar el territorio. El Copeam está compuesto por integrantes de la Legislatura, representantes de universidades, comunidades mapuches donde se emplazan los yacimientos (en este caso, a 80 kilómetros de Jacobacci) y autoridades de la Secretaría de Energía rionegrina.
En las últimas horas se oficializó que la audiencia pública del proyecto se desarrollará a finales de agosto, luego de la visita de figuras del partido gobernante, Juntos Somos Río Negro, acompañadas por referentes de la oposición. El que condujo al segundo grupo fue Juan Martín, flamante presidente del PRO rionegrino.

A favor de la minería en Río Negro
Más de 600 personas llegaron a Jacobacci desde Comallo, Los Menucos, Maquinchao, Sierra Grande, San Carlos de Bariloche, Valcheta y Ñorquinco, convocadas a una charla informativa en la que se colgaron banderas a favor de Calcatreu y organizaciones sindicales de la actividad en la Patagonia.
La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) fue uno de los gremios que más movilizó, al igual que los trabajadores de la construcción bajo el paraguas protector de la UOCRA. Según confiaron fuentes de la organización, hay “enorme expectativa” por la generación de puestos de trabajo. Se espera que el proyecto garantice alrededor de 700 empleos directos e indirectos.
“Estamos todos en el mismo carril, con la expectativa de que esto salga. El gobierno rionegrino, en general, apuesta al cambio y a este proyecto”, reconoció a Letra P el secretario de la seccional rionegrina de AOMA, Maximiliano Castro. “Calcatreu es el primero de los proyectos, es importante para los trabajadores que esto avance”, se sinceró ante la consulta de este medio.
Castro recordó inversiones de otras empresas, de la producción de arenas silíceas para Vaca Muerta, uranio o litio en roca. "Hay enormes posibilidades de inversiones y puestos de trabajo", atizó el dirigente sindical.
La expectativa es enorme por el número que se maneja. Aunque suena estadísticamente bajísimo, en la denominada Región Sur de Río Negro, la más extensa de la provincia y menos poblada, reside apenas el 3% de algo más de 700.000 habitantes.

Guiño local
Una de las integrantes de Peñi Mapu, Camila Onorio, vaticinó un auge a través del proyecto y profundizó las diferencias con otros sectores de las comunidades originarias. “Podemos acceder a varias cosas para mejorar la vida de los campesinos. Los jóvenes tendrán una posibilidad, una salida laboral”, vislumbró Onorio.
Las declaraciones coinciden con las del intendente local, el periodista José Mellado (JSRN). De linaje radical, con pasado en la corresponsalía del diario Río Negro, construyó poder y reconocimiento desde los medios, como docente en el instituto universitario ligado a la minería y en la presidencia de la cooperativa de agua local.
“Hay información y se siente otra perspectiva con Calcatreu”, dijo el aliado del gobierno provincial, que publicó un manual para estudiantes de 5° grado para una batalla cultural sin consentimientos.
El próximo mes será trascendental. Se inicia la fase final de una discusión de vieja data.
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Piden mayor protección para la fauna silvestre

Fecha de Publicación: 01/08/2024
Fuente: Diario El Dia de La Plata
Provincia/Región: Buenos Aires


En el Senado de la provincia de Buenos Aires se presentó un proyecto para brindar mayor protección a la fauna silvestre, que ante las amenazas de la caza furtiva, mascotismo y/o captura y trafico, fuera declarada Monumento Natural de la Provincia.
La propuesta establece la prohibición de la caza, recolección, tenencia, tránsito y/o comercialización de ejemplares vivos y/o muertos y/o de cualquier producto o subproducto de las especies declaradas monumentos.
Además se prohíbe su industrialización primaria o manufacturación de productos derivados de la especie, su consumo y también la publicidad o cotización de productos, subproductos o despojos.
También se protege a toda actividad u obras a realizarse dentro del área de distribución actual o futura de los monumentos que pudiera modificar el sitio o provocar disturbios, en el que se deberá someter a la factibilidad técnica y científica al respecto y a las medidas de mitigación o compensación a implementarse.
“Nuestra fauna silvestre, particularmente los considerados monumentos naturales, son víctimas de la caza furtiva o tráfico, a la vez que los actores de esta práctica ilegal, en la mayoría de los casos no reciben sanciones o procesos judiciales, solo administrativas que aplica el Ministerio de Ambiente. Con esta propuesta podemos suministrar mayores herramientas a la justicia”, expresó el senador del PRO, Alex Campbell, autor de la iniciativa.
Según la propuesta serían Monumentos Naturales el Venado de las Pampas; el Ciervo de los Pantanos; Cauquén Colorado; el ave migratoria San Cayetano; Lagartija de las Dunas; Iguana de Cobre ; Franciscana o Delfín del plata.
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Vaca Muerta a un temblor de los 500 sismos desde la llegada del fracking

Fecha de Publicación: 31/07/2024
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Neuquén


El Observatorio de Sismicidad Inducida difundó un comunicado sobre el último movimiento telúrico registrado en Vaca Muerta.
Este sábado la cuenca neuquina volvió a temblar. El Observatorio de Sismicidad Inducida informó que durante la madrugada se registró un sismo de magnitud de 3,6 en la escala de Richter y a 9 kilómetros de profundidad, cerca de un equipo de fractura hidráulica.
Según el observatorio, este es el octavo sismo del mes de julio en la provincia de Neuquén, todos ellos asociados al fracking.
Además, informaron que son 52 los sismos totales ocurridos en la provincia de Neuquén durante 2024, de los cuales 42 están asociados al fracking y solo 10 son naturales.
El Observatorio de Sismicidad Inducida también destacó que, desde 2018, se registraron 499 sismos en la zona, aunque creen que la cifra real es mayor debido a la falta de información sobre sismos de magnitud menor a 2,5.
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Radiografía de la producción de etanol en Argentina: el papel de Córdoba

Fecha de Publicación: 31/07/2024
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


La Bolsa de Cereales de Córdoba acaba de publicar un detallado resumen con las características de la producción de etanol en Argentina, que a nivel mundial se se ubica en el octavo puesto como productor.
En el país, aproximadamente el 70% de la generación de este biocombustible se produce a base de maíz, mientras que el resto con caña de azúcar.
Córdoba es pionera en la producción, con el 52% de participación total y el 29% del cupo asignado, además explica el 46% de las ventas totales de bioetanol en el mercado interno.
Durante los primeros cinco meses del año, la producción de etanol batió un récord.
“La historia de los biocombustibles en Argentina data de la década del 80, sin embargo, recién en el año 2006 se legisla, en todo el país, el corte obligatorio de las naftas. Esto ocurrió bajo la presidencia de Néstor Kirchner, con un corte del 5% de las naftas, pero recién en el año 2010 (Gobierno de Cristina Fernández) se comienza a implementar efectivamente ese porcentaje”, señala el reporte de la BCCBA.

El corte de la naftas en el gobierno de Macri
“En 2013, ese nivel aumenta a un 7%, para luego, a principios de 2014, pasar a un 9% y vuelve a incrementarse en un 10% ese mismo año. Bajo la presidencia de Mauricio Macri, en el año 2016 el corte pasa a un 12%, valor que se mantiene hasta la actualidad. En las próximas semanas se enviaría al Congreso Nacional una nueva Ley de Biocombustibles, la cual considera un incremento en el corte de las naftas con bioetanol”, agrega.
En octubre del corriente, el corte alcanzaría el 13%, subiendo el año siguiente en el mismo mes al 14%, y en 2026, debería alcanzar el 15%. La evolución se puede observar el gráfico a continuación, donde se muestran los cambios en el corte de aprobarse la nueva Ley.
A nivel mundial, Estados Unidos, país que comenzó a aplicar leyes sobre los biocombustibles en tiempos similares a Argentina, pero con mejores y más incentivos, explica actualmente el 46,4% de la producción mundial de etanol, seguido por Brasil con el 25,2% y en tercer lugar China con el 7,9% de participación. Por su parte, Argentina se encuentra en el octavo puesto con el 1%.

Actualidad de la industria etanolera en Argentina
La producción nacional de bioetanol en los primeros cinco meses del 2024 se posiciona como la más elevada de los últimos 10 años, con la particularidad que el aumento respecto al año anterior se debe al crecimiento de la producción de bioetanol en base a caña de azúcar, indica el informe.
Sin embargo, el bioetanol en base a maíz representa el 71% de la producción mientras que el 29% es de caña de azúcar. Esta disparidad esta explicada, en parte, por el precio del azúcar que genera un mayor incentivo al uso del insumo (caña de azúcar) en la industria azucarera en detrimento de la bioetanolera.
Considerando la contribución de cada provincia a la generación de este biocombustible, más de la mitad de la producción se desarrolla en Córdoba (52%), seguida por Tucumán con el 19% y luego, aportando en un 12%, San Luis.
Respecto a la producción nacional de bioetanol en base a maíz, hasta el mes de mayo del corriente año se llevan producidos 298 mil metros cúbicos, donde el 73% de esta generación se realiza en la provincia de Córdoba a través de sus 3 plantas.
En cuanto al bioetanol producido en base a caña de azúcar, Tucumán tiene el mayor porcentaje de participación en el mercado, con 7 empresas en la provincia. Es así como, además, se posiciona como la región con mayor cantidad de plantas productoras.

Cupo nacional para bioetanol
El cupo asignado, se corresponde a la cantidad de metros cúbicos de bioetanol necesarios para cubrir el corte del 12% de la nafta que se estima que será consumida a nivel nacional.
En los primeros cinco meses del 2024, el cupo nacional para bioetanol se reparte en un 56% para bioetanol en base a maíz, que implica poco más de 248 mil metros cúbicos, quedando el 44% restante producido a partir de caña de azúcar (198 mil metros cúbicos).
Esto se deberá revisar en vista de una nueva Ley de Biocombustibles, donde el “…abastecimiento de los volúmenes periódicos de bioetanol a base de caña de azúcar será de seis puntos porcentuales de la mezcla mínima obligatoria del doce por ciento (12%)…”. Sin embargo, se prevé que, si no se puede asegurar esa participación en el mercado, el restante podrá ser licitado por el sector de bioetanol en base a cereales.
Teniendo en cuenta el cupo total asignado de bioetanol a cada provincia, Córdoba es la provincia que mayor participación recibe (29%), seguida por Tucumán con el 28% y en tercer puesto San Luis con el 27%. Se destaca que tanto la primer como tercera provincia tienen como insumo para producir este biocombustible el maíz, mientras que en el caso de Tucumán es la caña de azúcar.
Dentro del mercado de bioetanol producido a partir del maíz, hay 6 empresas en el país que tienen cupo, de las cuales 3 pertenecen a Córdoba. Estas se encuentran en el sur de la provincia, y explican el 51,3 % del cupo total. En San Luis, se encuentran otras 2 empresas, que explican el 48,4%, siendo Diaser S.A la que mayor aporte realiza y finalmente, una planta en Santa Fe, que explica el porcentaje de cupo restante.
En la práctica, los cupos pueden no reflejar lo producido efectivamente debido a que algunas empresas pueden no cumplir con los mismos. Esto suele ocurrir en la industria azucarera cuando el precio del azúcar sube y es más rentable producir para el mercado interno o externo en lugar de producir bioetanol. De esta manera, esos cupos que no alcanzan a cumplir las empresas azucares, son cumplidos con mayor producción de etanol en base a maíz.

Ventas totales de etanol
Las ventas totales constituyen lo efectivamente comercializado en el mercado. Este puede exceder al cupo (como se observa que lo hace) debido a operaciones que se consideran extra cupo, pero que tienen como fin la producción de biocombustibles.
En la actualidad, las empresas mezcladoras, el día 20 de cada mes, realizan la compra necesaria de bioetanol, teniendo en cuenta las estimaciones de consumo de nafta a nivel nacional. Esta compra, puede estar sujeta a fluctuaciones de la demanda del combustible, por lo que la adquisición de bioetanol en los próximos meses puede verse modificada de los planeado a través de los cupos.
Hasta mayo de 2024, se han vendido 461 mil metros cúbicos de bioetanol, donde el 56% se satisface con maíz y el restante 43% en base a caña de azúcar. Córdoba tiene el 46% de participación en la venta de bioetanol en total.
Desagregando por uso de insumo, en el caso del maíz, la provincia también es la principal comercializadora de este biocombustible, ya que abarca el 81% del mercado. En el caso del bioetanol en base a caña de azúcar, Tucumán tiene el 51% del mercado.

Precios del bioetanol: Argentina y Córdoba
En cuanto a los precios, Argentina posee el precio más bajo dentro del grupo considerado, de USD 0,6 por litro, seguido por Brasil con U$S 0,7 por litro. Mientras que, España se ubica como el país con el mayor precio, de U$S 2,3 el litro.
Con la reforma de la Ley, el precio de los mismos sería estipulado por una autoridad independiente, elegida por la Autoridad de Aplicación, mediante un sistema único de licitaciones transparentes y de acceso público.
El precio se determinaría a través de un promedio simple entre la paridad de importación del bioetanol y el valor promedio de la nafta de grado III de la refinería de YPF en Buenos Aires, además, se debería agregar un importe en concepto de cobertura de costos financieros y gastos correspondientes a las transacciones necesarias.
Esto se correspondería a los precios para productos puestos en planta de producción. Sumado a los anterior, la ley aclara que este precio sería único para todos los oferentes (que resulten seleccionados en el procedimiento de adjudicación) y se correspondería al mayor precio ofrecido durante el proceso. Con la Ley se busca asegurar un precio competitivo, que pueda estar a la par del precio internacional.
Actualmente, el precio del bioetanol para el mes de julio se posiciona en USD 0,63 por litro, en línea al percibido desde febrero del corriente año. Sin embargo, esto presenta una recuperación respecto a diciembre de 2023, donde la devaluación y la caída del precio del maíz hizo disminuir el precio del bioetanol a USD 0,56 por litro.

Empresas mezcladoras
El rol de las empresas mezcladoras cambiaría a partir de la renovación de la ley, las mismas podrían ajustar el volumen de compra al nivel que pueda ser satisfecho con la oferta disponible, cuando no se pueda cumplir con el porcentaje de corte mínimo obligatorio para el periodo.
Además, se les impondría una sanción monetaria en caso de omitir el retiro de volúmenes asignados en tiempo y forma.
Actualmente en Argentina hay 31 empresas mezcladoras, casi el 50% de las mismas se ubica en la provincia de Buenos Aires y solo una en la provincia de Córdoba.

Córdoba, en el mapa del bioetanol
Argentina se posiciona como el país con el precio de bioetanol más bajo dentro de los países productores, y en el puesto número ocho como generador de este biocombustible
La provincia de Córdoba es la primera productora de bioetanol del país, con el 52% de participación si se considera el mercado total (bioetanol de maíz y caña de azúcar), y 73% si solo hablamos de bioetanol en base al cereal, a través de 3 empresas que se localizan en el sur de la provincia.
Sumado a lo anterior, a Córdoba se le asigna el mayor cupo de bioetanol para corte, con el 29% del mercado total, o el 51% si solo consideramos el bioetanol en base a maíz.
“Mayores y mejores incentivos e inversiones en el sector de los biocombustibles impactarían no solo en esta área sino también en distintos sectores que atraviesan de forma transversal esta actividad”, indica la BCCBA.
“Estos incentivos, además, permiten diversificar la matriz energética, ahorrar divisas, transformar mayor cantidad de materia prima en origen y disminuir la generación de gases de efecto invernadero, todo ello en conjunto con la generación de mayores ingresos a nivel local y el fomento del arraigo territorial”, cierra el reporte.
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Alerta: Buenos Aires triplica en contaminación a Córdoba y Santa Fe

Fecha de Publicación: 30/07/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Un informe de ArgenData señala que la provincia bonaerense se ve afectada en este aspecto debido a la concentración industrial y urbana en el territorio. En este contexto, Argentina debe incrementar el uso de energías renovables.
Buenos Aires es, con mucha diferencia, la mayor emisora de gases de efecto invernadero (GEI) en Argentina, emitiendo casi tres veces más que sus seguidoras inmediatas, Córdoba y Santa Fe. Los GEI están directamente vinculados con el aumento de la temperatura del planeta y el cambio climático.
Las principales fuentes de estas emisiones son el sector energético y la agricultura, que contribuyen significativamente al total de gases de efecto invernadero del país.
El inventario nacional de gases de efecto invernadero (GEI) compartido por ArgenData ubica a Chaco en el cuarto lugar, detrás de las tres provincias más urbanizadas, en las que predominan las emanaciones de combustión y las provenientes de la gestión de ganado vivo y de estiércol, las emisiones de los suelos gestionados y las emisiones de las aplicaciones de fertilizantes.
Mientras que las provincias argentinas muestran diferencias notables en sus perfiles de emisiones de GEI, todas enfrentan el desafío común de adoptar políticas más sostenibles y reducir su impacto ambiental.

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Argentina
El informe con autoría de Ana Julia Aneise, Elisabeth Möhle, Daniel Schteingart revela que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) varían significativamente entre las diferentes provincias de Argentina.
"La magnitud y composición es bien diferente, ya que están muy influenciadas por la actividad económica y estructura productiva de cada provincia", escribió en su cuenta de X Aneise, quien se desempeña como investigadora sobre energía y cambio climático en Fundar Politicas.
La provincia de Buenos Aires es la mayor emisora de GEI en Argentina. Sus emisiones son significativamente superiores a las de las otras provincias, alcanzando cerca de 100 MtCOe en 2012 y 2013. Las principales fuentes son la energía y los procesos industriales, reflejando la alta concentración industrial y urbana de la provincia.
En contraste, provincias como Chaco y Santa Fe tienen una mayor dependencia de la agricultura como fuente de emisiones. En el caso de Córdoba, presenta una mezcla más "equilibrada" de fuentes de emisiones, incluyendo energía, agricultura y procesos industriales.
En 2018, las emisiones totales alcanzaron casi 30 MtCOe, con una contribución significativa del sector energético y agrícola. Los años con mayores emisiones fueron 2010 y 2018, indicando una tendencia general de incremento.

¿Quiénes son los países con mayor porcentaje de emisión de GEI?
Cuando se toman las emisiones acumuladas de CO2, Estados Unidos pasa a ser el principal responsable, con el 24% del total acumulado. Lo siguen el conjunto del Reino Unido y los países que actualmente componen la Unión Europea (21%). China aparece tercera con el 15%.
Por otro lado, mientras que países como el Reino Unido o Alemania emitieron en 2022 cerca del 0,9% y 1,8% del total global, su contribución histórica es del 4,4% y 5,3% respectivamente. El aporte histórico a las emisiones de todo Sudamérica es del 2,5%.
Argentina por su parte está trabajando en incrementar el uso de energías renovables, con la meta de alcanzar un 20% de energía verde para 2025 y reducir sus emisiones de carbono en un 30% para 2030, como parte de su compromiso con el Acuerdo de París. En este sentido, las medidas actuales y futuras serán cruciales para lograr estos objetivos y contribuir a la lucha global contra el cambio climático.
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La ley de pasivos ambientales prevé severas sanciones económicas por daños provocados al patrimonio natural

Fecha de Publicación: 30/07/2024
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


Durante la última Sesión Especial, la Legislatura aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos para la Gestión Sustentable de los Pasivos Ambientales de Chubut, una iniciativa que prevé establecer los pasivos ambientales de las actividades industriales y económicas en todo el territorio provincial, indicando «los recaudos mínimos para identificar, censar y registrar los pasivos provenientes de cualquier actividad, estableciendo obligaciones y regulando un procedimiento sancionatorio a fin de garantizar el debido proceso legal». Ahora convertida en ley, la iniciativa crea el Registro Provincial de Pasivos Ambientales, que funcionará en el ámbito de la correspondiente autoridad de aplicación, como así también prevé la creación del Fondo de Recomposición de Pasivos Ambientales, «integrado por las multas percibidas por el incumplimiento de la ley, las subvenciones y donaciones».

Principios
Uno de los fundamentos de la ley es «prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable».
Por tal motivo, el esquema se apoya en once principios, entre ellos el Principio de congruencia, donde «la normativa municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley»; el Principio de prevención, en el que «las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir», agregando el Principio precautorio, que indica que «cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente».
También establece el Principio de sustentabilidad, precisando que «el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras». Y los principios de Cooperación y de Cooperación Internacional. El primero detalla que «los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional» y que «el tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta»; mientras que el segundo establece que «los compromisos asumidos por la República Argentina en el ámbito internacional implican la implementación en la Provincia del Chubut de las ‘Buenas Prácticas Ambientales’ reconocidas en los Pactos internacionales y, en particular, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Resolución Nø 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha 25 de septiembre de 2015".

Duras sanciones por infringir la normativa
Por otro lado, la ley prevé una serie de sanciones, dependiendo del impacto generado por el pasivo ambiental. La primera es el apercibimiento, y luego le siguen una «multa de aplicación principal o accesoria entre 500 mil y 1.500.000 litros de gas-oil». La tercera sanción administrativa es la «suspensión o revocación de las autorizaciones, concesiones, licencias, según corresponda en cada caso», y luego están la «clausura temporal o definitiva, parcial o total del establecimiento», y la «cancelación definitiva de las habilitaciones e inscripciones de los registros correspondientes».
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Desmontes en Chaco: intensifican controles en zonas críticas

Fecha de Publicación: 29/07/2024
Fuente: Portal diariotag.com
Provincia/Región: Chaco


La Dirección de Bosques amplió su plantilla de inspectores para trabajar en zonas críticas en la provincia y evitar los desmontes.
"Estamos poniendo todos los recursos humanos y materiales para evitar los desmontes en la provincia, ese es nuestro objetivo, es una tarea difícil, porque los desmontes estaban sucediendo antes y venían con una velocidad alarmante y el año pasado fueron miles de hectáreas las que habían arrasado con esta práctica", comenzó explicando el director de Bosques de la Provincia Gustavo Vázquez.
Señaló que hace ya varios meses se implementaron una serie operativos, "pusimos muchos inspectores en sectores que nosotros consideramos críticos y de esa manera pudimos frenar este avance que tenían los desmontes".
Reconoció el funcionario que "los desmontes siguen ocurriendo, pero todo el esfuerzo del personal de Bosques y el apoyo de la policía se está trabajando para contrarrestar los mismos, además ahora tenemos otras tareas que cumplir, como por ejemplo frenar la salida de productos forestales en forma ilegal hacia Santiago del Estero".
La Dirección de Bosques tiene inspectores en distintos puntos de la provincia, "hay una casilla instalada en lo que se denomina la Picada Olmos, que está en un sector crítico, de donde sale nuestra madera, salida en forma ilegal hacia la zona de Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero. Y también del otro lado, en el límite con Salta, donde también salía un flujo importante de madera, sobre todo de postes que salían de la reserva, que sería zona roja, en Chaco, y los llevaban en forma ilegal hacia provincias como Salta, en esos puntos se está trabajando intensamente", dijo Vázquez.
Sobre los operativos y secuestros de maquinarias, topadoras que se realizan en forma conjunta con la Policía del Chaco y los Juzgados de Paz reconoció el Director de Bosques que casi semanalmente se realizan estos operativos con secuestros de maquinarias.   "Creemos que es la forma de contrarrestar el desmonte, sacando la maquinaria de los predios donde están realizando el desmonte, porque una maquinaria de grandes dimensiones, como una Caterpillar D8, son 100 y 100 hectáreas que derriba por día. Así que nuestra tarea es incautarlas, secuestrarlas, ponerla a resguardo, a disposición de la Dirección de Bosques y, de esa manera, estamos contrarrestando también el desmonte ilegal", sostuvo Vázquez.
Respecto a los desmontes recordó que partir del 2018, cuando hubo un amparo justamente contra el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, a partir de ese momento no se autorizó más ningún desmonte es decir que todo desmonte que está ocurriendo es ilegal.
Sobre el particular dijo que "hay algunas cuestiones permitidas, como por ejemplo los deslindes y todo lo que sea desmonte de bosques nativos no está autorizado y estamos esperando que la ley se implemente. Estamos también gestionando para que acredite Nación, y poder de esa manera implementarla en el Chaco, porque con ese instrumento legal vamos a tener las reglas claras, vamos a poder dar los permisos, pedir que o, mejor dicho, obligar a que se reforeste, vamos a tener un direccionamiento. El productor va a saber a qué atenerse. Y también tenemos que acrecentar lo que sean las sanciones, porque evidentemente, así como estamos con las multas que nosotros aplicamos, con eso no alcanza, porque la realidad nos demuestra que los desmontes siguen sucediendo".  
Por último, dijo que "si aquellos que derriban montes se sienten cómodos pagando solamente las multas y saben de qué crece su negocio inmobiliario, tenemos que actuar de otra manera, acrecentar las sanciones, buscar la forma para desalentar esta actividad ilícita".
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