Por qué Córdoba certificará soja y carne bovina como productos libres de deforestación

Fecha de Publicación: 15/04/2024
Fuente: Vía País
Provincia/Región: Córdoba


El ministerio de Agrobioindustria busca que la provincia sea pionera en la producción.
A raíz de un acuerdo firmado entre el Ministerio de Biogroindustria con la plataforma Visión Sectorial del Gran Chaco Argentino (Visec), la provincia de Córdoba certificará a la soja y la carne bovina como productos libres de deforestación.
“Hoy dimos un paso para una producción más sostenible: Córdoba es la primera provincia en promover la comercialización de soja y carne bovina libre de deforestación”, afirmó Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria.
En su momento, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó que “el agro y el campo son parte integral de la historia y la construcción política de la provincia”. De esta manera, se busca “realiza acciones concretas hacia la sostenibilidad en la producción agropecuaria”, indicó Busso.

Por qué Córdoba certifica productos libres de deforestación
La medida responde a las regulaciones anti-deforestación europeas que entrarán en vigor en enero de 2025. A partir del 1° de enero de ese año, la Unión Europea no permitirá el ingreso de productos agroindustriales provenientes de zonas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.
Esta medida afectará a productos como aceite de palma, carne vacuna, soja, café, madera, carbón vegetal y caucho, así como a sus derivados. Se trata de un desafío significativo para la producción agropecuaria argentina y resalta la urgencia de adoptar prácticas sostenibles en el sector, concluyeron.
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Diputados piden informes por el pasivo ambiental y concesiones de YPF

Fecha de Publicación: 15/04/2024
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz


Se trata de un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados por el bloque de Unión por la Patria. Además, solicitan el relevamiento de pozos de explotación petrolera, a fin de realizar una evaluación de los mismos.
Este jueves, los diputados de Santa Cruz llevan adelante una nueva sesión ordinaria en la Legislatura Provincial. La tarea parlamentaria en la Cámara de Diputados vuelve a tener varios proyectos en la agenda, poniendo sobre el tapete temas claves en la política provincial.
Esta semana, el bloque de Unión por la Patria elevó un pedido de informes sobre los pasivos ambientales de YPF, luego que se diera inicio al proceso de retiro de las áreas de Santa Cruz, Chubut, Mendoza, Río Negro y Tierra del Fuego, en el marco del “proyecto Andes”, que pone en el centro de las operaciones al “segmento no convencional”, es decir, a Vaca Muerta. La empresa le solicitó al banco Santander que empiece con el proceso de venta de las áreas -55 en total- de explotación de petróleo y gas. La operadora bancaria inició el contacto con aquellas interesadas. La ida de YPF de la provincia era algo que se había anunciado con anterioridad y había encendido alertas en el sector petrolero.
El primer proyecto de Unión por la Patria pide al Poder Ejecutivo Provincial que, a través del Ministerio de Salud y Ambiente, informe sobre la situación y las acciones tomadas conforme a la determinación de los valores correspondientes al pasivo ambiental producto de la explotación petrolera por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. (YPF).
Además, exige al Ministerio de Salud y Ambiente el relevamiento de la situación de las piletas y pozos producidos por la actividad extractiva. Esta iniciativa lleva las firmas de Daniel Peralta, Agostina Mora, Rocío García y Elba Ponce.
“Es función nuestra, como representantes de la provincia, actuar en pos de la protección de los ciudadanos. La remediación de áreas contaminadas a través de los pasivos ambientales ayudaría a restaurar los ecosistemas afectados, preservar la biodiversidad y garantizar la calidad del agua, suelo y aire, para las generaciones presentes y futuras. La contaminación ambiental derivada de la explotación petrolera puede tener graves impactos en la salud de las comunidades locales, incluyendo enfermedades respiratorias, problemas de piel, entre otros”, indican los firmantes.
“Es por ello, que las empresas petroleras tienen la responsabilidad ética y social de remediar los daños ambientales causados por sus operaciones; y responder a esto de acuerdo a la legislación vigente en nuestro suelo. No debe existir posibilidad de relegar tal obligación a un segundo plano, respecto a cualquier objetivo de producción o renta petrolera que se obtenga por ello, en la rescisión de los contratos con Y.P.F”, argumentaron.

Datos específicos
En otro proyecto, que lleva la firma de Peralta y Mora, piden al Poder Ejecutivo Provincial que  través del Ministerio de Energía y Minería, informe sobre el estado de situación respecto a las concesiones de explotación petrolera.
Además, requieren al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, detalle de manera pormenorizada las regalías, Ingresos Brutos y cánones percibidos de la producción. Lo propio hacen para saber el número exacto de trabajadores santacruceños, a la cartera laboral.
Por último, solicitan al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Energía y Minería, se informe de manera pública y exhaustiva la estructura y condiciones de todo acuerdo entre la provincia y la operadora.
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Ley de Agroquímicos: Diputados escucharon a ambientalistas

Fecha de Publicación: 13/04/2024
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


La comisión de Recursos Naturales recibió a referentes ecologistas para enriquecer el proyecto de ley de Agroquímicos, que avanza en su tratamiento.
Se reunió nuevamente la comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara Baja para continuar con el debate sobre el proyecto de ley de Agroquímicos, formalmente llamada "Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios".
En el Salón de los Pasos Perdidos continuaron el abordaje del proyecto junto con representantes de organizaciones ambientalistas, quienes dieron a conocer sus opiniones sobre la iniciativa.
El presidente de la comisión, Juan Manuel Rossi (Juntos por Entre Ríos), consideró que fue una reunión “muy positiva” con más de 10 oradores. “Como habíamos dicho, cada 15 días convocamos a los diferentes actores de la sociedad civil, fundamentalmente relacionados al ambiente, salud y producción, a los funcionarios y a toda la gente que entienda que tiene algo para aportar”, manifestó.
El legislador indicó que cuando llegue el momento la comisión emitirá el dictamen con el consenso de los diputados. “Tenemos responsabilidad de gobierno y de legislar. Por eso tenemos que avanzar en estándares mucho más modernos en términos ambientales, tener consideración sobre la salud de la población y darle algún tipo de previsibilidad a los productores”, agregó.

Palabra de ambientalistas
Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista de Paraná, una de las entidades que estuvo presente en el encuentro, expresó: “Vinimos a exponer lo que se viene discutiendo hace más de 20 años sobre el modelo de producción y la incidencia que tienen los productos que se utilizan sobre la salud de la población”.
“De acuerdo con lo que ha expresado la Justicia, el Estado debe reglamentar la actividad a través de un rigorismo científico que demuestre que no habrá ningún tipo de consecuencias sobre la salud”, agregó Sasia.
En la anterior reunión, realizada el 26 de marzo, los legisladores escucharon la opinión de especialistas del ámbito de la salud pertenecientes a diferentes organismos vinculados con la temática.
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El brote de dengue generó una "angustia ambiental" en los argentinos: de qué se trata

Fecha de Publicación: 13/04/2024
Fuente: La Mañana de Cipolletti
Provincia/Región: Nacional


Más del 90% de la población cree que nos acercamos a un “colapso ambiental”. Esta inquietud es mayor en sectores medios y bajos.
El brote de dengue que está sufriendo argentina preocupa y angustia a una población que ya carga con la tensión e incertidumbre de la crisis económica y la inflación. Según un informe de la consultora “Sentimientos Públicos”, más del 90% de la población argentina considera a la problemática ambiental como “importante” o “muy importante”, generando una “angustia ambiental”.
El informe arrojó que esta inquietud es mayor en sectores medios y bajos que en los de nivel socioeconómico alto. En el mismo sentido, la preocupación por el futuro de las nuevas generaciones ante la cuestión medioambiental supera al 86%. Esta respuesta se acentúa en jóvenes menores a 29 años y en adultos mayores a 59 años, es decir, quienes están preocupados por el futuro propio o el de sus nietos.

La angustia ambiental por el dengue en números
El consenso sobre la “angustia ambiental” (91%) supera a otras reflexiones analizadas previamente por la consultora, como que Argentina es “el mejor país del mundo” (83,8% de acuerdo) o que el Estado “debe ser lo más pequeño y lo más eficiente posible” (68,5% de acuerdo).
Según revela el informe, más del 90% cree que nos acercamos a un colapso ambiental y casi el 75% de los centennials (jóvenes entre 16 y 28 años) siente que vivirá este colapso. Las mujeres lo perciben más cercano que los hombres. De hecho, más del 50% de las encuestadas cree que sucederá en diez años como máximo. En consecuencia, el 85% de la población considera “urgente” tomar medidas.
 “La sociedad argentina tiene una notable ‘angustia ambiental’, que no logra articularse del todo en el debate público, pero se alimenta ante conmociones como la expansión del dengue”, plantea el investigador Hernán Vanoli. Y agrega: “la sociedad reclama imaginación política para conjugar bienestar generalizado y eficiencia ambiental, reduciendo los daños al mínimo posible. Y se hace cargo de estos anhelos: sus prácticas privadas de reducción del daño son frecuentes y masivas”.
Sin embargo, esta “angustia ambiental” no implica necesariamente una postura crítica del desarrollismo. Mientras que el 43,7% de la población considera que “existe una contradicción entre cuidado del medioambiente y desarrollo industrial”, el 38,6% no acuerda con esa reflexión. Sí es mayoritaria la preocupación por otras problemáticas, como la quema de humedales (56%).
Finalmente, la encuesta revela que más del 73% de las argentinas y argentinos asegura que separa los materiales reciclables de los desperdicios dentro de su hogar, tendencia que se profundiza entre adultos y adultos mayores.
Este nuevo análisis cuantitativo de las transformaciones subjetivas argentinas está basado en una muestra representativa, acorde a los datos del INDEC a nivel nacional, de 5200 casos, con un margen de error de un 3,5%.

Dengue: llegaron al país 22 mil repelentes donados por México
Este lunes llegó al Aeropuerto de Ezeiza la primera carga de repelentes desde el exterior, luego de que el Gobierno anunciara la quita de trabas a la importación de este tipo de productos debido a la falta de stock en el país y al aumneto de casos de dengue. Se trata de 22.320 unidades de la marca comercial "Off Family", del Laboratorio SC Johnson, que, en carácter de donación, arribaron en varios lotes desde México.
La carga, que ingresó en las últimas horas al país, no estará a la venta porque es una donación de SC Johnson, por lo que será entregada a la organización Cáritas, que será la encargada de hacer llegar los repelentes a distintos barrios vulnerables.
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Denuncian que están “dejando morir” el programa Pro-Huerta: menos semillas y alimentos para miles de familias

Fecha de Publicación: 12/04/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Nació hace más de 30 años y fue sostenido por diversos gobiernos, pero está dejando de existir por decisión o inacción del Ministerio de Capital Humano, que no renueva el convenio con el INTA y paraliza su funcionamiento. Pro-Huerta da sustento a más de 600 mil huertas en todo el país y repartió más de un millón de kits de semillas.
“Lo están dejando morir”. Así definen trabajadores y trabajadoras la situación del programa Pro-Huerta, que desde hace más de tres décadas funciona como herramienta de facilitación de recursos alimenticios y capacitación para miles de familias en todo el país. Su existencia depende de un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social (hoy Capital Humano) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Pero el área que conduce Sandra Pettovello no dispuso autoridad que firme su renovación. En los hechos, eso implica su final.
Además de la no firma del convenio, no fueron renovados los contratos de más de 40 trabajadores que integran el programa a través del Ministerio (el resto del personal depende del INTA).
“Hay una situación de abandono y de dejar morir un programa que lleva más de 30 años de existencia, dándole respuesta a miles de familias en todo el país. Y son 43 trabajadores y trabajadoras que no tienen respuesta. Son quienes le dan vida al programa, a esta política pública”, advirtió Julieta Boedo, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en INTA.
“Desde la coordinación nacional de ATE en INTA venimos exigiendo para que se agoten todos los canales en la búsqueda de esa firma por parte de Capital Humano, que es quien debiera terminar de cerrar este convenio. Porque sabemos que desde INTA elevaron una resolución donde se reubicaba al programa en la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF), pero esa firma por parte de Capital Humano nunca se concretó. Es simplemente dejar morir. Al no renovar, simplemente cae”.
Hasta el cierre de esta nota, no hubo información sobre el futuro del programa por parte de la cartera de Pettovello. “Lo que queremos remarcar es la importancia de Pro-Huerta y sobre todo en este momento de brutal miseria planificada. Porque multiplica el alimento a familias empobrecidas por este sistema y sobre todo por el gobierno de Javier Milei”, resumió Boedo.

El riesgo alimentario sin Pro-Huerta
Pro-Huerta permitió impulsar más de 600 mil huertas familiares y escolares, entregó más de un millón de kits de semillas y sustentó 15 mil granjas agroecológicas. Hubo más de 200 mil aves entregadas y unas 170 mil personas capacitadas, según los datos que aportan desde el programa. Su importancia aumenta en contextos de hambre creciente.
“El programa tiene 34 años de antigüedad. Nació en una de las tantas emergencias económicas que tuvimos, como paliativo a la situación de necesidad de las familias. Empezó por algunas regiones y fue un éxito notable, con muy buena acogida en las comunidades y buen desempeño. Eso lo consolidó año a año como programa ejemplar en Argentina e incluso en el mundo”, destacó Roberto Cittadini, coordinador de Pro-Huerta entre 2006 y 2013.
Agregó: “En América Latina tuvo mucha repercusión. Estuve en una misión de trabajo en Francia y cuando uno presentaba el programa se quedaban sorprendidos; se presentó en la FAO (la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) como ejemplo. Eso ha llevado a que todos los gobiernos los sostengan, hasta el momento”.
“En una situación crítica como la actual, con la desocupación que se está generando y la baja de ingresos, se vuelve más estratégico aun. Es inentendible -o entendible desde una visión donde la justicia social no interesa- que no continúe”, cuestionó el especialista.
“Hay un tema de ineficacia y desidia también. Porque no hay una noticia firme que diga que se cerró Pro-Huerta. Deja de existir porque nadie se ocupa. El INTA tiene listo el convenio firmado, pero no tiene interlocutor. Todos los años se renueva el convenio, el Ministerio financia gran parte y el INTA instrumenta a través de su red en todo el país. En los hechos, sin renovación, está dejando de funcionar sin que nadie diga que terminó”.
Según difundió un investigador del INTA en la red social X, trabajadores del espacio recibieron días atrás una notificación por Whastapp: “El logo del Pro-Huerta no se continuará usando ya que no existe el programa, desde abril se discontinúa el uso”.

El mercado y las semillas
Cittadini explicó que en gran medida las semillas de Pro-Huerta en lo que va del año se llegaron a distribuir, porque se habían licitado el año pasado. “Pero para la próxima temporada no va a haber más. Eso implica no solo un perjuicio muy grande para huerteros, sino también para las familias que producen las semillas: una cooperativa de minifundistas de San Juan que vienen de un proyecto de INTA con la misma antigüedad de Pro-Huerta o más”.
Todo esto se da, además, en un marco en que el gobierno de Javier Milei viene intentando favorecer la mercantilización de las semillas, como reclaman las multinacionales. “Todo tiene relación. Los sectores más concentrados del agro-negocio propugnan la modificación de la Ley de Semillas para cobrar regalías o patentes por todo uso de semillas. Desde Pro-huerta y la agricultura familiar se venía promoviendo el intercambio y el uso de semillas propias, pero quieren terminar con todo eso”.
Tanto en la primera como en la segunda versión de la Ley Ómnibus –que se intenta volver a impulsar por estos días- figuraba el intento del Gobierno de adherir a una convención internacional que da más poder sobre las semillas a corporaciones trasnacionales como Bayer-Monsanto y locales como Bioceres. Desde otro lado pero en el mismo sentido, se desmantelaron el mes pasado el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar (CNAF).
“Esperemos que se revierta lo de Pro-Huerta –deseó Cittadini- Esto ya pasó una vez hacia el año 2000, con la Alianza. Se había discontinuado el programa y hubo cuatro o cinco meses sin cobrar, incluso se acudió a la Justica. Fue tan fuerte la reacción de la comunidad y los técnicos que siguieron trabajando sin cobrar, que se revirtió. Esa experiencia podría servirnos para ponernos firmes contra este avasallamiento de los derechos”.
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Se habilitó la caza de guanaco en Chubut: En una semana se pidieron más de mil permisos

Fecha de Publicación: 12/04/2024
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


Lo reveló el titular del área de Flora y Fauna de Chubut. Repasó cuáles son los requisitos para poder cazar y explicó los pormenores de los permisos.
Fernando Bersano, director de Flora y Fauna del Chubut, explicó que a una semana de habilitada la temporada de caza de guanaco en la provincia ya se han tramitado más de mil permisos para la actividad.
El funcionario explicó a Martín Busi en RADIOACTIVA, por FM EL CHUBUT, que la temporada de caza se encuentra habilitada desde el 1º de abril y hasta el 31 de julio, recordando que el permiso habilita al transporte de dos ejemplares machos adultos por día.
"La temporada se divide en dos, la mayor general que es la más importante y es de guanaco y jabalí", señaló Bersano, añadiendo que en el caso del guanaco "tiene restricciones en cupos, solamente se permite el transporte de dos ejemplares machos adultos por día y no puede haber sumatoria de días de salida".
El funcionario remarcó que en esta primera semana "la temporada arrancó muy fuerte" y "ya pasamos los mil permisos" tramitados.
En cuanto a los requisitos, señaló que "se encuentra la autorización por escrito del dueño del predio donde se realizará, porque no se puede realizar de forma libre en cualquier lugar, tiene que haber un consentimiento del propietario del campo".
Además, "hay una regulación por calibres, están extremadamente claros" en los permisos correspondientes.
Por último, Bersano se refirió a la oblación de guanacos en Chubut y estimó que no sería menor a la censada en 2018. "Estamos gestionando ante el CFI fondos para hacer un censo -pero- no hay un problema con la población en general, hay lugares con distribución abundante y otros con distribución baja, pero no hay estallido ni baja".
Cerró subrayando que "está estable la población" del camélido en la provincia.
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El viernes se realiza la audiencia preliminar por la masacre de pingüinos en Punta Tombo

Fecha de Publicación: 11/04/2024
Fuente: Diario Crónica
Provincia/Región: Chubut


El próximo viernes 12 de abril, desde las 9 , en la Oficina Judicial de Rawson se prevé el inicio de la audiencia preliminar al juicio por la causa conocida públicamente como la masacre de pingüinos de Punta Tombo.
La Fiscal Jefe de Rawson, Florencia Gómez llevó adelante toda la investigación, presentó la hipótesis del caso conforme las pruebas y testimonios recabados, “los hechos que se investigaron son de extrema crueldad hacia la vida animal, de forma desmesurada, al momento de realizar el trazado de los caminos, desmonte, triángulo y tajamar, en presencia de Pingüinos de Magallanes en época reproductiva” señaló.
La destrucción de sus nidos y hábitat reproductivo, también connota un impacto para la especie, debido a sus características de historia natural.
El hecho tuvo lugar en el núcleo de Reserva de Biosfera de la UNESCO Patagonia Azul, que constituye un espacio que alberga el 40% de la población reproductiva mundial del pingüino de Magallanes, siendo este sector una de las áreas de mayor relevancia global para la reproducción de la especie.
En la audiencia de apertura que se concretó con antelación, tras el avance en la investigación, y en línea con los daños ocasionados por maquinaria pesada sobre una de las Colonias de pingüinos de Magallanes en la Provincia del Chubut, la jueza Breckle dispuso la apertura de investigación por el plazo de 6 meses.
Así, el próximo viernes la audiencia preliminar contará con la presencia de representantes del Ministerio de Ambiente de Nación, Greenpeace, National Geographic, Ministerio de Ambiente de Chubut, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Fiscalía de Estado y Patagonia Natural, CONAE, UFEMA, todos en carácter de querellantes.

El caso
Cabe recordar que se investigaron los hechos ocurridos entre los días 10 de agosto y 26 de noviembre de 2021, cuando sin autorización previa sobre impacto ambiental y mediante la utilización de maquinaria pesada (retro excavadora) produjo daños sobre fauna y flora silvestre autóctonas del lugar, sito en Punta Clara “Estancia La Perla
Dicho establecimiento que limita con el Área Natural Protegida de Punta Tombo, lugar que se encuentra dentro del Sistema de Áreas Naturales Protegidas (El Área Punta Tombo – Punta Clara es a su vez, núcleo de la Reserva Biosfera de UNESCO Patagonia Azul), siendo además designada internacionalmente como Área de importancia para la Conservación de las Aves (AICA).

Contexto del daño
En momentos en el que mediante la utilización de maquinaria pesada, retro excavadora, se trazaron caminos, se realizó desmonte y movimientos de suelo sobre el Área de colonia de Pingüino de Magallanes y sobre la ribera marítima, generando daños varios a la especie de fauna silvestre protegida aludida y el consiguiente impacto ambiental de carácter irreversible.
Dicha franja atravesó un área de nidificación de pingüinos de Magallanes, incluyendo zonas de alta densidad de nidos, trazó sobre la colonia, en al menos dos oportunidades, un camino de 170 mts de largo y de 3 mts a 6 mts de ancho, desmontando la vegetación nativa de dicha franja.

El alambrado
Sobre el trayecto de la franja, se instaló un alambrado de 6 hilos, que anexa un boyero electrificado, conectado a una batería con alimentación solar, el que impidió el libre tránsito de la fauna nativa, encontrándose en varios sectores a una altura que impedía el paso de los pingüinos. Parte de la remoción de vegetación y/o suelo con maquinaria pesada, fue realizado en el momento crítico del ciclo reproductivo, donde los pichones están eclosionando o tienen muy pocos días de vida, y deben ser alimentados con frecuencia por los pingüinos adultos.

Sobre el informe técnico científico
Del informe realizado por los expertos surge que se pudo observar el trazado de caminos, desmontes y movimientos de suelo sobre el área de la colonia de Pingüinos de Magallanes y sobre la ribera marítima.
Asimismo, que la construcción de los caminos y desmontes provocaron la destrucción den 2.049 mts2  del hábitat de nidificación del Pingüino de Magallanes. Al menos, el 58% de esta superficie de nidificación (1.181 mts2) corresponde al desmonte y triángulo, la que fue impactada el día 26 de noviembre de 2021, como indican las imágenes satelitales y evidencia fotográfica, en plena temporada reproductiva, cuando los pingüinos estaban en sus nidos incubando huevos o empollando pichones menores a 1 mes de vida.

Imágenes satelitales
Surge, de las observaciones en el lugar de los sucesos, y las imágenes satelitales, un desmonte de 770 mts2 y el triángulo de 411mts2 realizados el día 26 de noviembre de 2021 fecha en la que los Pingüinos se encuentran en sus nidos con pichones chicos, y en algunos casos también con huevos por eclosionar.
Se pudo verificar y constatar que se realizaron al menos dos pasadas de maquinaria pesada en la zona, una anterior al tendido del alambrado, y la otra después del tendido.
Se concluyó que el primer camino se realizó entre los días 10 y 14 de agosto de 2021, lo que coincide con las estimaciones a campo realizadas respecto de la primera pasada de la máquina (90 días antes del peritaje).
De acuerdo a las imágenes satelitales, se desprende que las alteraciones al ambiente realizadas en las zonas de desmonte y triángulo fueron realizadas entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre de 2021, periodo que coincide con el nacimiento y crianza de pichones.
La Fiscalía de Rawson, representada por su Fiscal Jefe Florencia Gómez concluyó que conforme los hechos investigados corresponden a todas luces, con el delito de Daños Agravados en concurso real -tres hechos-, concursando idealmente el Hecho N° 3 con la Figura de Actos de crueldad a los animales, según lo previsto y reprimido por los arts. 45°, 54°, 55°, 184° incisos, 5° del CP y Artículos 1° y 3° Inciso 7° de la Ley 14.346 de Malos Tratos y Actos de crueldad a los animales. Todo ello en relación con el Art. 41° y 124° Constitución Nacional, Art. 99° y 104° Constitución de Chubut, Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), Convenio sobre Diversidad Biológica (Ley 24.375), Convención sobre las Especies Migratorias de Animales Silvestres (Ley 23.918), Ley Política Ambiental Nacional N°25.675 art.27, Art. 14°, 240° y 241° CCy CN y Ley Yolanda 27.592 (Ley N° 1173). No se advierte en el caso la concurrencia de causas de justificación ni circunstancias de inculpabilidad que a criterio de este Ministerio Público puedan ser alegadas con éxito.
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La Corte Suprema pidió informes a ACUMAR por el incumplimiento del fallo de saneamiento del Riachuelo de 2008

Fecha de Publicación: 11/04/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo


A dieciséis años del fallo que ordenó el saneamiento del Riachuelo, la Corte Suprema de la Nación pidió hoy a ACUMAR y a la Justicia de Morón informes que expliquen el incumplimiento de esa tarea.
A dieciséis años del fallo que ordenó el saneamiento del Riachuelo, la Corte Suprema de la Nación pidió hoy a ACUMAR y a la Justicia de Morón informes que expliquen el incumplimiento de esa tarea.
La diligencia encargada por el máximo tribunal se enmarca en la causa "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza Riachuelo)", que se dictó en 2008.
La Corte solicitó informes a ACUMAR y a los juzgados Criminal y Correccional Federal N° 12 y Criminal y Correccional Federal N° 2 de Morón, a los fines de "evaluar el grado de cumplimiento de la condena dictada el 8 de julio de 2008 en la causa Mendoza, vinculada al saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo".
En esa resolución se condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo a cumplir con el Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
El plan debe perseguir tres objetivos simultáneos, consistentes en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, la recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción.
Ante las deficiencias advertidas en el cumplimiento del Plan Integral de Saneamiento Ambiental, el 27 de diciembre de 2016 la Corte había requerido a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo que estableciera indicadores para medir el grado de ejecución de la decisión judicial e informara un calendario de cumplimiento de los objetivos propuestos.
El 9 de noviembre de 2017, la Corte afirmó que el informe presentado por la autoridad administrativa resultaba insuficiente y no respetaba los términos de la sentencia, razón por la cual le solicitó su readecuación.
A raíz del tiempo transcurrido, la Corte ahora requirió a ACUMAR que "en un plazo de 30 días presente un informe circunstanciado sobre el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones judiciales, con particular referencia a los plazos ciertos informados y, en su caso, la debida justificación de los incumplimientos".
El alto tribunal también señaló que la ejecución de la sentencia se encuentra delegada en los magistrados a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12.
A éste le corresponden las competencias vinculadas al control de los contratos del plan de obras de provisión de agua potable y cloacas, del tratamiento de la basura y de su nivel de ejecución presupuestaria, mientras que al primero las restantes competencias que comprendan la cuenca baja, media y alta.
Por lo tanto, a los fines de evaluar el estado de cumplimiento de la sentencia del año 2008, el máximo Tribunal del país también ordenó a esos juzgados que presenten en un plazo de 30 días un informe sucinto y suficiente sobre el estado de los expedientes que se encuentren en trámite vinculados a la ejecución de la decisión.
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Tras el análisis de las muestras tomadas en el Paraná, multarán a la empresa Papel Misionero

Fecha de Publicación: 10/04/2024
Fuente: El Terrritorio
Provincia/Región: Misiones


La empresa, explicó que la mancha blanca en el río, fue debido a un hecho aislado por la rotura del caño de descarga de efluentes a una altura por encima del pelo de agua, provocando que el vuelco de efluente ya tratado libre sobre el Paraná generara espuma
En los últimos días se conoció el resultado del análisis hecho a las muestras tomadas en el río Paraná, el pasado mes de marzo, al detectarse en el agua una mancha de espuma frente a Puerto Mineral, municipio de Puerto Leoni, correspondiente a una fuga del caño de descarga de efluentes de la empresa Papel Misionero.
El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables tomó conocimiento del hecho a raíz de una denuncia pública y llevó adelante una inspección y se tomaron muestras en el lugar, con la presencia del Subsecretario de Ecología, Facundo Ringa, del Director de Recursos Vitales, Ing. Juan Antonio Statkiewicz, y del Director de Impacto Ambiental, Geólogo Franco García Sosa.
La empresa, explicó que la mancha blanca en el río, fue debido a un hecho aislado por la rotura del caño de descarga de efluentes a una altura por encima del pelo de agua, provocando que el vuelco de efluente ya tratado libre sobre el Paraná generara espuma.
El análisis de las muestras recolectadas se realizó en el Laboratorio Central de la Provincia de Misiones, que funciona en el Parque Industrial, y concluyó que en los efluentes detectados en el río había valores que se encontraban fuera de los estándares permitidos por la normativa vigente, por lo que se configura una infracción ambiental.
Si bien estos valores arrojados no significan un peligro para la salud humana, igualmente configuran una infracción ambiental por superar los límites permitidos por la norma, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes por el incidente en la Dirección de Asuntos Jurídicos, donde se determinará la multa que se aplicará a Papel Misionero.
Además, desde el Ministerio de Ecología se procederá a llevar adelante un seguimiento estricto y un monitoreo con nuevas tomas de muestras periódicas a los fines de corroborar el cumplimiento de la normativa vigente, asegurando así el cuidado de los recursos naturales de nuestra provincia.
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Proponen derogar normas que garantizan derechos de comunidades indígenas sobre tierras

Fecha de Publicación: 10/04/2024
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


El diputado Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto que busca derogar la Ley 26160, que frenó el desalojo y la expulsión de comunidades indígenas de tierras que reclaman como propias.
El decreto que resguarda derechos sobre territorios lo firmó Alberto Fernández, en 2021, suspendiendo el estado de emergencia vigente desde el 2006, cuando se sancionó aquella manda.
La iniciativa busca dejar sin efecto la pertenencia de las comunidades indígenas sobre terrenos y que se declare a nulidad de cualquier disposición del accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sobre tierras públicas.
En declaraciones a Noticias Argentinas, el vocero y referente indígena del Pueblo Mapuche en Río Negro, Orlando Carriqueo, aseveró que Pichetto “quiere legislar para atrás, algo que está expresamente prohibido”. Además, afirmó que “las tierras ya están reconocidas por el Estado” y que mantenerlas “es una obligación internacional de Derechos Humanos”.

INAI
En diciembre pasado, a días de que Fernández dejara el gobierno, el INAI reconoció decenas de comunidades de pueblos originarios en distintas partes del país.
De las 118 resoluciones publicadas el año pasado, 81 se redactaron después de que Javier Milei fue elegido presidente.
Las decisiones se publicaron en el Boletín Oficial los días 30 de noviembre y cuatro de diciembre. En ellas, el INAI dio por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral que dispone la ley nacional reconoció la ocupación “actual, tradicional y pública” en sus respectivas provincias.
A su vez, contienen un mapa que delimita el territorio sobre el que se asientan.
De acuerdo con la normativa, a partir de estas resoluciones concluye un proceso que otorga a las comunidades un dictamen jurídico o informe legal que conglomera sus antecedentes legales de la comunidad, información catastral, inmuebles y dominio sobre la tierra que se relevó.

Mendoza
Cabe recordar que hace poco más de un año, en febrero de 2023, el INAI emitió la resolución 47, que reconoció la “ocupación actual, tradicional y pública” de la Comunidad Lof Limay Kurref, perteneciente al pueblo mapuche, en la provincia de Mendoza.
Consideró que el artículo 18 del Código Civil establece que “las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad” de las tierras que “tradicionalmente ocupan” y de otras “aptas y suficientes para el desarrollo humano” según lo establezca la ley, de conformidad con el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional.
También alegó que el Estado nacional, en el marco de “sus políticas publicas indígenas”, creía que era “absolutamente necesario” relevar y demarcar los predios que ocupan aquellas comunidades “para generar las condiciones tendientes a la instrumentación y efectivización” de su reconocimiento constitucional.
El otorgamiento de más de 4.477 hectáreas, antecedido por el de otras 21.500, fue repudiado por el por entonces arco político opositor.
El ex ministro de Gobierno mendocino, Víctor Ibáñez Rosaz, fustigó la decisión y afirmó que era nula.
En diálogo con Radio Mitre Mendoza, consideró que antes de ceder terrenos “el análisis tiene que ser completo” y que debe abarcar lo jurídico, lo institucional y lo histórico.
Además, dijo que en Mendoza no hay mapuches y adelantó que la jurisdicción iba a cuestionar la resolución.

Activos
El ex gobernador Rodolfo Suárez expresó su malestar en las redes sociales y acusó a la administración de Fernández de entregar propiedad privada y activos económicos de su provincia porque hay hectáreas con actividad petrolera.
Por su parte, Alfredo Cornejo, actual mandatario de Mendoza y ex senador por la UCR, sostuvo, también en sus redes sociales: “Es increíble lo del INAI, no atendieron el reclamo del Gobierno de Mendoza y ahora entregaron nuevas tierras en Malargüe, a supuestas comunidades mapuches”.
En su descargo vía Twitter, agregó que un Instituto Nacional, que depende de un Ministerio, no puede decidir sobre recursos provinciales.
Por su parte, la diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) presentó un proyecto pidiendo que se citara al Legislativo al director del INAI para que explicara “por qué se violó la Ley 26160” con la adjudicación de 25 mil hectáreas en forma unilateral y sin consulta con las autoridades de Mendoza.
“Es una vergüenza la gestión del INAI en Argentina”, estimó.
Paralelamente, planteó que Mendoza “es más bien la regla” porque no era la primera vez que el INAI era acusado de negligencia, arbitrariedad y mal desempeño”.

Emergencia
En 2006, el Congreso Nacional sancionó la ley 26160, que declaró la emergencia en materia territorial de las comunidades indígenas originarias del país por el término de cuatro años.
La norma se prorrogó sucesivamente. La última vez, mediante un DNU, en noviembre de 2021, se extendió su vigencia hasta fines de 2025.
El decreto asignó un presupuesto extra de 290 millones de pesos por año para hacer relevamientos.
“La ley de emergencia para relevar las comunidades originarias tiene 17 años. Ya van ocho informes de la Auditoria General de la Nación que advierten los problemas de este organismo, pero pasan los gobiernos y la ley se prorroga sin que el INAI rinda cuentas”, planteó Carrizo el año pasado.
“Desde 2021 venimos pidiendo que lo haga, porque ese año vencía la Ley 26160; no ocurrió. Entonces, el presidente terminó prorrogándola por DNU, sin debate ni evaluación. En 2022, exigimos que, cumpliendo el mismo DNU, el INAI informe el avance de los relevamientos en las tierras. Tampoco ocurrió y en agosto renunció la titular. El organismo estuvo acéfalo por meses hasta fin de año. Y ahora vemos que la nueva gestión, en vez de resolver conflictos, sigue la misma línea que la gestión anterio”, enfatizó.
“Cambian las autoridades, se prorroga una ley sin debate y los conflictos continúan. La mala gestión del INAI es total. Necesitamos que una voz institucional informe en Diputados. Sobran proyectos pidiendo esto; debería el presidente incluirlos en las sesiones extraordinarias para evitar que sea una convocatoria fantasma”, concluyó.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) también rechazó la decisión del INAI
El presidente de la entidad, Nicolás Pino, juzgó que las amenazas contra la propiedad privada venían multiplicándose en forma considerable en varias regiones del país; principalmente, en la Patagonia.
Durante su participación de la 80° Exposición Ganadera de Comodoro Rivadavia, en Chubut, dijo que “la amenaza contra la propiedad privada no se puede admitir en ningún punto del país” y vinculó la problemática a “la inacción judicial y a la complicidad de la política”.
El dirigente que integra la Mesa de Enlace también cuestionó que el Estado nacional le otorgue tierras públicas a comunidades supuestamente originarias.
“La propiedad privada, como todo derecho, debe ser garantizado y no se negocia, y eso también sucede con la propiedad pública”, recalcó, y aseveró que la Sociedad Rural “continuará alzando su voz en cada ocasión en que un productor se vea afectado”.
La Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA) se pronunció en la misma línea.
En un comunicado, expuso que la decisión del Ejecutivo nacional era inconstitucional.
Además, recordó que si bien la mayoría de las tierras que se otorgaron a los mapuches son fiscales, hay derechos de propiedad de empresas en juego.
“Basta de regalar tierras fiscales y basta de atropellos al derecho de propiedad. Es un camino peligroso y sin retorno. Pongámosle freno ya a todo esto”, precisó AAPA en el documento que difundió.
“Defendemos a los pueblos originarios pero condenamos a los pseudo mapuches que en muchos casos son cómplices de políticos inescrupulosos. Basta de avasallamiento contra la propiedad de las tierras en la Argentina. Pongámosle freno ya”, agregó.

Río Negro
El septiembre de 2022 más de 20 legisladores de Juntos por el Cambio pidieron citar a la por entonces máxima autoridad del INAI para que aportara datos sobre un nuevo ataque ocurrido en Villa Mascardi, Río Negro, a una casilla de Gendarmería Nacional por parte de un grupo de personas pertenecientes, presuntamente, a una agrupación mapuche.
Reclamaron que explicara qué medidas tomaba el Gobierno nacional en relación a los conflictos territoriales vinculados a pueblos indígenas de Argentina.
Después de otro episodio de violencia en la Patagonia, los legisladores se preguntaron si cabía renovarle el presupuesto a la INAI.
“¿Cómo sostener el pedido de recursos si no hay rendición de cuentas?”, se preguntaron.
 “Necesitamos que una voz institucional del INAI informe en Diputados cómo está administrando el dinero público. No puede ser que tengamos que esperar a que se vuelva a vencer el régimen de la Ley 26160 para debatirlo cuando los conflictos están aumentando”, concluyeron los legisladores Rodrigo de Loredo y Sabrina Ajmechet, entre otros.
Tras cerrar el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI), la Administración de Milei planifica eliminar el INAI.
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YPF pone a la venta 14 pozos de Mendoza para enfocarse en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 09/04/2024
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Mendoza


El "Proyecto Andes", dentro del plan estratégico 4x4 liderado por el recién nombrado presidente y CEO de la empresa, Horacio Marín, representa un cambio importante en la dirección de la empresa estatal. Esta iniciativa será gestionada por el Banco Santander.
YPF, la empresa petrolera de mayoría estatal en Argentina, ha dado un paso significativo en su estrategia corporativa al encomendar al Banco Santander la gestión de la venta de 55 áreas de extracción de petróleo y gas convencionales, en lo que ha sido denominado el "Proyecto Andes" y de los cuales 14 pertenecen a la provincia de Mendoza, segùn informó Infobae.
Este proyecto, impulsado por el nuevo presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, forma parte de una iniciativa más amplia destinada a reorientar los recursos financieros y tecnológicos de la compañía hacia el desarrollo de los denominados recursos no convencionales.
El proceso de venta, supervisado por el Banco Santander, ha comenzado con el envío de una presentación inicial a posibles compradores interesados en estas áreas, que YPF identifica como "campos maduros" y que busca desprenderse en aras de optimizar sus operaciones y enfocarse en nuevas oportunidades de crecimiento. Esta medida refleja la creciente importancia que la empresa otorga a la exploración y explotación de recursos no convencionales, especialmente en la formación geológica de Vaca Muerta.
El diseño de la estrategia de venta se ha basado en la creación de "clusters" que agrupan áreas con diferentes niveles de viabilidad y potencial, con el objetivo de garantizar que los activos más atractivos no queden en manos exclusivas de YPF, sino que estén disponibles para operadores independientes y especializados. Los interesados en participar en el proceso de compra deben presentar ofertas por clusters en lugar de por activos individuales, lo que permite una mayor eficiencia en la gestión de los recursos disponibles.
Un ejemplo concreto de esta estrategia es el cluster "Mendoza Sur", que abarca territorios tanto en la provincia de Mendoza como en la vecina Neuquén, aprovechando sinergias regionales y optimizando la gestión de los recursos. Desde YPF, se destaca que esta iniciativa forma parte del plan estratégico "4x4" impulsado por Horacio Marín, cuyo objetivo es lograr que antes de fin de año empresas más pequeñas estén operando en estas áreas, mientras YPF se concentra en el desarrollo pleno de Vaca Muerta, considerada la joya energética de Argentina en materia hidrocarburífera.
Esta decisión de YPF refleja la realidad del mercado petrolero argentino, donde la producción de hidrocarburos convencionales ha experimentado una disminución constante durante más de una década. Aunque este declive ha sido parcialmente compensado por el crecimiento en la producción de Vaca Muerta en los últimos años, es evidente la necesidad de adaptar las estrategias empresariales para aprovechar al máximo el potencial de los recursos disponibles en un entorno cambiante y desafiante.
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Funcionaria de Nación asegura que EEUU no quiere el desarrollo nuclear del país

Fecha de Publicación: 09/04/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional


La presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Serquis, habló sobre la visita de la general de Estados Unidos, en la que el presidente Milei tomó el compromiso de frenar el proyecto de una cuarta central nuclear. "Es una situación muy compleja", señaló.
Tras la visita de la jefa militar de Estados Unidos, Laura Richardson, el gobierno de Javier Milei se comprometió a cancelar el proyecto para una cuarta central nuclear en el país. «Estados Unidos debe estar haciendo sus inteligencias. Quieren que nosotros sigamos teniendo tecnologías, pero que no nos desarrollemos completamente«, expresó la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Serquis.
Según un comunicado firmado por autoridades de la CNEA, «durante el encuentro que mantuvieron en Ushuaia, Milei y Laura Richardson del Comando Sur, el Presidente argentino se comprometió a frenar el avance del proyecto de Atucha III así como el resto de las obras comprometidas con China tanto en el acuerdo de cooperación como en la Ruta de la Seda».
Al respecto, la titular de CNEA, quien se mantiene a la espera de su reemplazo, dialogó con Radio Con Vos y expresó que «el sector nuclear siempre pujó para poder garantizar la soberanía tecnológica y energética del país. Puede ser que la cuarta central no se construya ahora. Sería un error que no avancemos con los compromisos asumidos. Ahora seguimos empujando para que suceda».
La visita de la general expuso que «Estados Unidos (EEUU) debe estar haciendo sus inteligencias. En sus expresiones públicas, ellos están en buenas relaciones. Quieren que nosotros sigamos teniendo tecnologías, pero que no nos desarrollemos completamente», indicó Serquis. El área nuclear «en particular ha sido un ejemplo en el país y una oportunidad única que espero que no perdamos«, marcó.
Según la referente, que está en el cargo desde 2021, «es probable que la visita esté influyendo en la decisión de qué proyectos se financian y cuáles no, o si es que va a financiar alguno. Esto es porque dicen todo el tiempo que tienen que cerrar las cuentas fiscales por encima de cualquier decisión soberana o estratégica, lo cual es preocupante».
Serquis sigue a cargo de la CNEA, aun habiendo expresado sus diferencias con la actual gestión nacional. «Estoy a la espera de alguien en mi reemplazo. Por la ley nuclear y los compromisos que tenemos del Estado argentino, hay ciertas responsabilidades respecto de las instalaciones nucleares y las normativas nacionales e internacionales, por lo que este cargo no puede quedar acéfalo«, indicó.
Estaba previsto que después de Semana Santa se defina su reemplazo. «Más allá de eso, mi compromiso con el país y con la gente que trabaja en la institución y los proyectos es empujar y seguir peleando para que las cosas sucedan. Es una situación compleja«, señaló.

CNEA: cuál es el estado de los proyectos nucleares con el cambio de gestión
Desde la Comisión informaron que el presupuesto destinado para los proyectos nucleares para este año «no se está cumpliendo«. A la vez, el fideicomiso creado para el desarrollo de Carem, el primer reactor nuclear de potencia diseñado y construido en el país, tampoco «estamos pudiendo ejecutarlo, pero la obra no está completamente paralizada«, expresó la titular de CNEA.
Tanto desde la secretaría de Hacienda como desde la de Energía «nos dijeron que ese fideicomiso no se vería afectado por la decisión de revisarlos. Pero en la práctica, no se está pudiendo hacer ningún pago hace más de 20 días. La deuda que lleva el proyecto espera los 7.000 millones de pesos porque en ningún momento hubo una definición de que el proyecto se detuviera. Seguimos las instancias de denuncia sobre esta situación«, expuso.
En el proyecto ya se efectuaron unos 80 despidos de trabajadores empleados por la empresa Masoero, que a su vez está contratada por Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), que, también está contratada por la CNEA para la obra civil del proyecto Carem. «El juez dictó conciliación obligatoria el jueves pasado. Nosotros dependemos del presupuesto nacional y es la Secretaría de energía la que debería estar citada para poder dar respuestas«, indicó.
En cuanto a Atucha III, la cuarta central nuclear en Argentina financiada con fondos de China, «hubiera sido una gran oportunidad para el país tanto a nivel energético como a nivel de la transferencia de conocimiento. En nuestro sector siempre se ha tratado de abrir el paquete tecnológico y poder seguir apostando a un desarrollo propio», expresó.
«Quienes somos parte de la CNEA seguimos pensando que es posible desarrollar grandes proyectos como el Carem, el RA10, el centro de Protonterapia y la puesta en marcha de la PIAP (Planta Industrial de Agua Pesada). Por eso lamentamos que el recorte presupuestario atente contra el avance de estas obras«, comentó.
«A pesar de los magros salarios, me enorgullece que los equipos de cada uno de todos los Proyectos de la Institución sigan apostando al futuro. En Ciencia y Tecnología no sobra nadie«, expresó la funcionaria en sus redes sociales.
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Denuncian quemas y desmonte donde se iba a ubicar el tercer parque nacional entrerriano

Fecha de Publicación: 08/04/2024
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


Una ONG ambientalista denunció que se practican quemas y desmonte en el corazón del anunciado Parque Nacional "Selva de Montiel", que quedó sólo en anuncio.
Unas 300 hectáreas de la Estancia San Juan del Puerto, corazón de lo que iba a ser el Parque Nacional Selva de Montiel, sufrieron quemas y tala, denunció la organización “Defendamos Nuestro Montiel”.
Luego de firmar un acta acuerdo entre el ex Ministerio de Ambiente nacional y la Provincia, en 2021, se anunció la creación del tercer Parque Nacional en territorio entrerriano. El Parque sería el tercero en Entre Ríos, junto con el Pre Delta en Diamante y El Palmar en Colón, e incluye palmares de yatay y carandilla y cientos de especies de aves, como el cardenal amarillo, el ñandú y el capuchino de pecho blanco.

El proyecto de Parque Nacional
El área natural protegida se iba a ubicar en el departamento Federal. La propuesta proyectaba la compra de un campo privado con dinero de la Fundación Wyss y sumar dos lotes de un área natural provincial con apoyo de la ONG Aves Argentinas. El malogrado Parque Nacional Selva de Montiel fue anunciado en agosto de 2021, mediante un acuerdo entre el entonces ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, y el gobernador de ese momento, Gustavo Bordet. La iniciativa nunca avanzó más allá de los anuncios.
La Estancia San Juan del Puerto iba integrar el área nacional de protección junto con las reservas provinciales de usos múltiples “El Gato” y “Lomas Limpias”, en el departamento Federal, al norte de la localidad de Colonia Federal y al sur del arroyo Feliciano.
El Parque tendría en total 6.780 hectáreas en su etapa final, un sector de reserva nacional integrada por unas 20.000 hectáreas y 110.000 hectáreas más pertenecientes a las reservas provinciales.
No es la primera vez que este tipo de episodios totalmente ilegal sucede, recordó ERA Verde. Según trascendió extraoficialmente, en la sede administrativa de la Coordinación de Bosques Nativos del Ministerio de Producción se acumulan presentaciones y actas de constatación de este tipo de accionar ilegal que nunca avanzan en las sanciones.

Quemas prohibidas por ley
La ONG “Defendamos Nuestro Montiel” recordó que en Entre Ríos se encuentra vigente la ley de Bosques Nativos, que delimita los bosques con colores: rojo y amarillo marcan zonas donde no se puede realizar el cambio total del uso del suelo. El frustrado Parque Nacional está dentro de estas áreas especiales.
“Si bien la ley es clara en todos sus artículos, la realidad de nuestra provincia durante años es que esta ley no se cumple. Los expedientes caen en saco roto y no prosperan, no existe una estructura capacitada", advirtieron desde la entidad. Y señalaron que el organismo de fiscalización de esta ley es el Ministerio de Producción, hoy Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Finalmente instaron al gobernador Rogelio Frigerio a que "asuma un compromiso real con el ambiente y nuestros recursos naturales y pueda intervenir" con el cumplimiento de la ley y las sanciones a los responsables de vulnerarla.
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La media sanción de un nuevo código minero pone en alerta a las asambleas por el agua pura

Fecha de Publicación: 08/04/2024
Fuente: Canal Abierto
Provincia/Región: Mendoza


La aprobación parcial en la Cámara de Diputados de Mendoza de un nuevo Código de Procedimientos Mineros “es la punta de lanza de la megaminería”, sostienen las asambleas ambientales que consiguieron detener su avance en 2019 y se declararon en estado de alerta y movilización.
El gobierno de Mendoza presentó en marzo en la Legislatura provincial un proyecto de ley para modificar el Código de Procedimientos Mineros. Desde la administración del radical cambiemita Alfredo Cornejo, sostienen que el objetivo es “modernizar normativas vigentes desde 1945 para agilizar los procedimientos y darle un fuerte impulso a la minería metalífera”, con epicentro en el departamento de Malargüe que se propone como una nueva meca para el extractivismo del cobre.
“Esta iniciativa viene a transparentar, a mejorar los procedimientos, sanciones y controles en una actividad que debe tener regulaciones claras y controles eficientes”, sostuvo en marzo el gobernador que desde Canadá, cuna de muchas de las más grandes multinacionales mineras, anunció la presentación de este proyecto.
Este martes 3 de abril, con 35 votos a favor, 10 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados provincial le dio media sanción al proyecto del Ejecutivo que actualiza el marco normativo de la minería en la provincia. “El Código de Procedimientos Mineros es el que reglamenta cómo aplicar administrativa y procedimentalmente el Código de Minería de la Nación. Así como existe un Código Penal Nacional y las provincias tienen los códigos de procedimiento penales, lo mismo sucede con este código”, sostiene Marcelo Giraud, asambleísta socioambiental de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza y docente, en diálogo con Canal Abierto.
Con la excusa de lo obsoleto del código vigente “Cornejo envió este proyecto de ley para -según ellos- modernizar, transparentar y agilizar los procedimientos relativos al otorgamiento y mantenimiento de las concesiones mineras de la provincia, de cómo los empresarios mineros titulares de concesiones deben ir avanzando hasta llegar a la eventual explotación de un yacimiento, y también de cómo se puede producir la caducidad de esas concesiones”.
“Quien venía fogoneando esta ley es Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de la provincia -¡ups! lindo oxímoron ese ministerio-. Para eso logró el acuerdo de varios partidos que venían cabildeando en relación a la megaminería. La aprobación se dio con el apoyo de sectores del peronismo, del PRO, del oficialismo de la UCR, de Unión Mendocina (LUM) e incluso el voto del Partido Verde”, comenta en comunicación con Canal Abierto Ramón Gómez Mederos, ambientalista e integrante histórico de la CTA de la vecina San Juan. “La particularidad que tiene el problema del agua en la región es que las cuencas son compartidas y lo que suceda en Mendoza afecta también a San Juan y La Pampa”.
Entre quienes votaron en contra hay 6 diputados y diputadas de LUM, fuerza aliada a la Libertad Avanza, 3 del PJ y una diputada del Frente Renovador. El voto favorable más cuestionado fue el de Emanuel Fugazzotto, legislador por el Partido Verde, fuerte opositor al momento de presentarse esta reforma. “Sin dudas este código es mucho mejor del que llegó para el ambiente y eso es gracias al Partido Verde. Nunca fue una opción para nosotros esquivar los debates o abstenerse a todo como hacen algunos”, sostuvo en un extenso hilo publicado en la red social X justificando su decisión en la cámara.

No pasarán
Esta novedad puso en alerta a las organizaciones ambientales de una provincia que tiene el orgullo de haber detenido el avance de la megaminería. Primero, cuando en el año 2007 logró la sanción de la Ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas en los procesos mineros de forma de proteger y garantizar el agua, escasa en la región y fundamental para su economía. Y luego, en 2019, cuando el 23 de diciembre la “marcha más grande de la historia” de la provincia “en defensa del agua pura”, hizo retroceder al gobernador Rodolfo Suárez en su intención de modificarla.
“Desde las asambleas mendocinas por el agua pura la lectura que hacemos es ante todo política. Repudiamos este avance como punta de lanza de una política minera por parte del Estado provincial en absoluta sintonía con la política del Estado nacional y en continuidad con lo que venían llevando adelante los gobiernos anteriores, pero dando una vuelta de rosca, buscando facilitar y profundizar este modelo”, explica Giraud.
“Señalamos la ceguera y la obstinación del gobernador Cornejo y de sus funcionarios y legisladores en no querer aceptar lo que la ciudadanía mendocina ya les dijo de una manera muy contundente en diciembre de 2019: No queremos megaminería metalífera en nuestra provincia”.
Según la lectura de los asambleístas el Gobierno pretende apurar la exploración de decenas o cientos de áreas mineras, principalmente en el departamento de Malargüe, zona del sur provincial con menos áreas naturales protegidas. “Allí, gobierno y empresarios dicen que habría una supuesta licencia social para la práctica de la minería, pero esa licencia social no es tal, hay una importante proporción de la población malargüina que tampoco quiere megaminería”.
“Cualquier explotación que se realice en ese departamento pondría en riesgo las aguas de los ríos Atuel, que continúa por San Rafael y General Alvear y riega el oasis mendocino, y el Río Grande que es el principal afluente del Colorado e implica también a las aguas interprovinciales incidiendo en las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires”, describe el ambientalista.
Lithium Americas, Pan American Silver, Lundin Mining, Barrick Gold son algunas de las megamineras canadienses a las que Cornejo intenta abrir la puerta de la provincia. “En este ofrecimiento al capital transnacional minero Cornejo también anunció que iban a crear o pretenden crear el distrito minero Malargüe Occidental que comprende más de 200 concesiones mineras de las cuales más de 80 están en plena vigencia. Dentro de este área se encuentran los proyectos de exploración ya autorizados y en marcha de Cerro Amarillo, El burrero, Las Choicas y La Adriana. Justamente, en la cordillera malargüina amplias porciones corresponden al ambiente glaciar y periglacial, el mismo ambiente que el Gobierno Nacional pretendía eliminar de la Ley de Protección de Glaciares con la caída Ley Ómnibus”.

Aberración ambiental y jurídica
Para el distrito minero Malargüe Occidental, la intención del gobierno provincial es aprobar en bloque las concesiones. “Es un disparate jurídico, un atropello al derecho ambiental aprobar en bloque la exploración de todos los proyectos que se encuentren en ese distrito minero. Nosotros entendemos que las leyes ambientales requieren que cada proyecto pase por un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental específico y no se puede aprobar en bloque decenas o cientos de proyectos como si todos fueran lo mismo”, sostiene Giraud.
Una semana atrás se conoció la noticia de la reactivación del megaproyecto minero San Jorge, en Uspallata, que fue absolutamente rechazado por la ciudadanía mendocina e inclusive por la propia Cámara de Diputados en el año 2011. Los actuales concesionarios, capitales rusos, presentaron una nueva evaluación de impacto de un proyecto muy similar al anterior que ya fue rechazado. “Este proyecto pone en altísimo riesgo al principal oasis productivo de nuestra provincia donde vivimos más de la mitad de la población provincial. Hace 15 días fue reactivado administrativamente por parte del gobierno provincial cuestión que rechazamos absolutamente y nos motiva suma preocupación”, concluye el ambientalista.
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Vaca Muerta logró superar una vez más su propio récord de etapas de fractura

Fecha de Publicación: 06/04/2024
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


En marzo se realizaron 1643 punciones en Vaca Muerta y se logró un nuevo registro histórico tras superar el top de septiembre del año pasado.
Ya es una costumbre. Vaca Muerta logró romper su propio récord en etapas de fractura. Es que en el tercer mes del año se contabilizaron 1643 operaciones en el segmento shale, lo que significa un nuevo número top al superar las 1389 etapas que se alcanzaron en septiembre del año pasado.
El registro implica un 17% más con respecto al noveno mes del 2023, un aumento del 22% con respecto a febrero de este año y un incremento interanual del 38%.
El récord se explica gracias a que las operadoras aceleran sus operaciones en los proyectos en la formación no convencional.
Según el informe del country manager de NCS Multistage, Luciano Fucello, YPF es quien lidera las tareas en el shale. La empresa de mayoría estatal solicitó 662 punciones durante marzo.
Vista contabilizó 323 fracturas. La empresa que lidera Miguel Galuccio fue la segunda más operativa en el shale.
El podio fue completado por Shell. La operadora anglo-holandesa desarrolló 153 etapas de fractura.
Después se posicionaron Pampa Energía con 133 operaciones, Tecpetrol con 130 punciones, Pluspetrol con 117 fracturas, TotalEnergies con 59 punciones, Chevron operaciones 34 y Pan American Energy (PAE) con 32 etapas de fractura.

Las más requeridas de Vaca Muerta
El nuevo récord de fracking en la formación no convencional también implicó que las empresas de servicio tuvieran un crecimiento en sus actividades. Todas las compañías tuvieron operaciones que superaron las 100 fracturas en el tercer mes del año.
En el informe del también presidente de la Fundación Contactos Petroleros, la más solicitada por las operadoras durante marzo fue Halliburton. Los trabajadores de mameluco rojo realizaron 729 etapas de fractura repartidas entre 409 de YPF, 153 de Shell, 133 de Pampa Energía y 34 de Chevron.
En segundo lugar quedó Schlumberger. La empresa contabilizó 430 operaciones que se dividieron en 241 de YPF y 189 de Vista.
Otra de las empresas que tuvo una buena performance fue Calfrac. La empresa con mamelucos verdes realizó 166 operaciones que fueron solicitadas por Vista (134) y PAE (32).
Asimismo, Tenaris completó 189 etapas de fractura. La empresa realizó 130 operaciones para Tecpetrol, su hermana del Grupo Techint. También sumó 59 para TotalEnergies.
El registro cierra con Weatherford. La compañía registró 129 punciones divididas entre 117 para Pluspetrol y 12 para YPF.

El cuello de botella
Tal como viene informando +e, el próximo cuello de botella que deberá resolver Vaca Muerta es la limitación de perforadores. La falta de equipos pone dudas sobre el cumplimiento de los planes de inversión de las compañías.
Para tener un parámetro de lo que es la actividad, el año pasado se tuvo que bajar un cambio en la velocidad de las etapas de fractura. Es que los sets no tenían pozos para fracturar debido a que los perforadores no cumplieron con la demanda de las empresas.
Fucello proyectó que para este año se planean unas 18.000 etapas de fractura en la formación no convencional. Esto significa cerca de 4 mil punciones más que el año pasado con un promedio de entre 1.200 y 1.400 fracturas por mes.
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