Basurales a cielo abierto: ya existen más de 5000 en la Argentina

Fecha de Publicación: 29/03/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Solo el 8% de las industrias que generan residuos peligrosos le dan tratamiento con proveedores habilitados. En promedio, ascienden a dos basurales por municipio. Alerta por el elevado nivel de gas metano en el país.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señala que un tercio de los residuos generados en América Latina y el Caribe termina en basurales a cielo abierto o provocando daños ambientales debido a su mala gestión y el paso del tiempo. Se trata de sitios donde se disponen residuos sólidos de forma indiscriminada, sin control de operación y con escasas medidas de protección ambiental. Al no tratarse en forma adecuada, pone en riesgo la salud de las personas porque se contaminan recursos naturales como el agua, los suelos y el aire.
La expansión de los basurales a cielo abierto en Argentina está intrínsecamente relacionada a un crecimiento en la generación de residuos industriales por parte de las empresas y a un muy bajo nivel de tratamiento de los mismos. Se estima que en Argentina en el último año se produjeron 18.214.675 millones de toneladas de residuos industriales, de los cuales únicamente se trató el 7,1%, lo que equivale a unas 1.293.820 toneladas. Estos datos fueron obtenidos por un estudio realizado por el Observatorio de Residuos Peligrosos de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Buenos Aires, que determinó, además, que casi el 93% de los residuos industriales no reciben el tratamiento adecuado.

Poco o nulo tratamiento
Según los datos relevados, en el país existen 402.711 empresas responsables de la generación de residuos industriales y peligrosos, pero de este porcentaje, solo unas 33.983 firmas, es decir el 8,44%, les dan tratamiento con un proveedor habilitado. Así lo alertó el informe a partir de datos del sector que aportan la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos industriales y Especiales (Catries) y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa).
En este sentido, los basurales a cielo abierto implican un problema ambiental y de salud pública cada vez más grave en la Argentina y un desafío que muchas gestiones prometen solucionar pero que, en la mayoría de los casos, termina relegado. Para el 2017, el “Informe del Estado del Ambiente”, elaborado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, indicaba que existían más de 5000 basurales a cielo abierto en todo el territorio, lo que significa, en promedio, más de dos basurales por municipio, cubriendo un total de 8600 hectáreas. La situación en el país es alarmante y urge la implementación de políticas para poner un freno a la propagación de estos depósitos y erradicar los vigentes.
Si se toman en cuenta las cifras publicadas en el relevamiento anterior del Observatorio (mayo 2021 - abril 2022), en el país, se habían producido un total de 11.251.862 toneladas de residuos industriales y de este total, se había tratado el 9,6%, el equivalente a 1.080.029 toneladas. Esto implica que de un año a otro se generaron casi siete toneladas más, pero su tratamiento no creció en igual proporción. El saldo que se obtiene es un mayor descarte de materiales peligrosos, no peligrosos y patogénicos en el ecosistema.

Cifras en el mundo
Según los últimos datos actualizados por la ONU, cada año, se recolectan en el mundo 11.200 millones de toneladas de residuos sólidos. El proceso de desintegración que sufren al quedar estancados en basurales repercute en la emisión de gases tóxicos. De hecho, los residuos sólidos no tratados generan el 5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre los problemas directos que el cambio climático trae en la propagación de enfermedades entre las personas. Por ejemplo, en los últimos meses de 2022 y en los primeros de 2023, este organismo había marcado un aumento significativo en el número de casos registrados de dengue y chikungunya en la Argentina. La problemática lejos de resolverse no hace más que agravarse y 2024 ya registra cifras históricas. Según los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación, en lo que va de este año se notificaron 102.898 casos, mientras que, para el mismo período en 2023 se habían notificado 8.343 casos.

Alerta de salud pública
La presidenta de Catries, Claudia Kalinec, advirtió sobre las distintas consecuencias que tantas toneladas de basura se acumulen en los basurales: “Del 93% de los residuos que no se tratan la mayoría va a parar a estos sitios ilegales, contaminando el ambiente. Este es un tema que nos afecta a todos por igual, ya que redunda en una menor calidad de vida, ya sea por el impacto directo de la contaminación, por ejemplo, con la contaminación del agua, o por el humo que genera la quema ilegal de residuos en la vía pública que impacta directamente al ambiente y la salud, pero tiene consecuencias en la seguridad vial entre otras cosas. La agenda ambiental, fundamentalmente el capítulo de residuos es transversal a todas las áreas”.
Consultado por este mismo tema, Gustavo Solari, al frente de Caitpa, enfatizó sobre el hecho de que los basurales a cielo abierto, habitualmente, están en zonas habitadas por familias de bajos recursos, poniendo de relevancia otro problema estructural: el social y habitacional. “La gente que vive en estos lugares, muchas veces, extrae el agua de la napa freática, la que se encuentra a menor profundidad del nivel del suelo y, por ende, la primera que se contamina. También ocurre que familias construyen sus viviendas encima del suelo donde hubo un basural o sobre pisos que están rellenados con basura y la exposición a restos residuales sigue estando presente”, expresó Solari.
 Otro punto no menor es que la acumulación de basura produce un deterioro en la calidad del aire que se respira. Argentina se encuentra entre los cinco países con mayor cantidad de emisión de gas metano entre 2019 y 2023 por basurales a cielo abierto, según publicó una investigación en el diario inglés The Guardian. Los datos fueron tomados en base a un análisis de satélites globales de todo el mundo, que hizo la empresa privada Kayrros. Y hay más: una evaluación global del metano publicada por la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en el 2021, advirtió que los vertederos y las aguas residuales representan aproximadamente 20% de las emisiones.
“No solo se contamina el aire por un proceso lento de descomposición de estos residuos acumulados, sino que hay ciudades donde los basurales están al costado de rutas o autopistas. Es ilegal pero igual sucede y ha pasado que se quemen residuos de un basural y todo ese humo que se genera afecte directamente la visibilidad de los conductores que manejan por esos trayectos, una práctica sumamente peligrosa”, advirtió Kalinec.

Los residuos industriales
En la actualidad, la ley 25.916 establece que la responsabilidad por la gestión y la disposición de los residuos domiciliarios está a cargo de los gobiernos municipales. La herramienta de control que existe para asegurarse de que cumplen con la normativa es a través de certificados que se le otorga a cada municipio por disponer los residuos de particulares en una planta habilitada.
Con las empresas sucede lo mismo que con los municipios. Deben disponer sus residuos industriales en una planta habilitada y, así, reciben un certificado de disposición final. Sin embargo, al igual que con los domiciliarios, no abundan las políticas integrales que aborden el problema desde una perspectiva provincial y también nacional, frente a los más de 18 millones de toneladas de residuos industriales anuales que produce la Argentina.
La ausencia de políticas y planes federales para llevar adelante un control y monitoreo del manejo de residuos es una de las grandes falencias que tiene hoy la Argentina, según destacaron los referentes de Catries y Caitpa. “Nuestras entidades no relevan estos datos, sabemos qué municipios y cuáles empresas llevan sus residuos a las plantas que están asociadas a nuestras cámaras. Pero es el ministerio de Ambiente u organismo ambiental de cada provincia el que debe fiscalizar y controlar la gestión de los residuos”, aseguran.

Algunas mejoras
Desde hace algunos años, a nivel nacional se vienen realizando avances en la problemática de los basurales a cielo abierto. Según destacó el Centro de Formación Ambiental de Argentina, entre los años 2019 a 2023 se inauguraron centros ambientales en las ciudades de Formosa, Moreno, Concordia, Villa María, Quilmes y Luján (este último está judicializado y se paralizaron las obras). Son obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para reconvertir basurales en centros de gestión integral de los residuos sólidos urbanos (GIRSU) que permitan el reciclado, la correcta disposición de los desechos y promuevan la economía circular.
A mediados del año pasado, el ex viceministro del Ministerio de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky había anunciado una nueva línea de crédito del BID por hasta US$350 millones para la creación de más centros ambientales. Las obras iban a iniciar en las ciudades de Santiago del Estero y La Banda, con el cierre de basurales a cielo abierto y la construcción de un centro ambiental en la primera ciudad y una planta de separación y transferencia de residuos para la segunda, con obras que ya estaban adjudicadas.
En el mes de febrero, a través de un comunicado oficial, la nueva gestión a cargo de la Subsecretaría de Ambiente dio a conocer una inspección para dicho proyecto. Las autoridades ambientales informaron que la obra para la clausura del basural a cielo abierto de unas 29 hectáreas en la capital santiagueña cuenta “con un cierto grado de avance” y que se realizan tareas de saneamiento en el espacio. A su vez, equipos técnicos de Ambiente supervisan el estado de avance del centro de gestión ambiental en Villa Nueva, Villa María, que está pronto a finalizar, con un 80% de su obra completa.
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Se completó la restauración del cerro Arco por los incendios en 2018 y se plantaron unos 400 ejemplares de fauna nativa

Fecha de Publicación: 29/03/2024
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


Fue con aporte de voluntarios convocados por el gobierno para trabajar durante el fin de semana. Es la cumplonaion de un trabajo de 5 años y la última etapa del Plan Maestro de Restauración Ecológica de las zonas incendiadas en setiembre de ese año. Aseguran que se observa recuperación de la fauna nativa.
Este fin de semana se completó el proceso de restauración del cerro Arco para recuperar el entorno de los daños provocados por los incendios ocurridos en setiembre de 2018. Fue la concreción de un trabajo de 5 años y con ello se culminó la última etapa del Plan Maestro de Restauración Ecológica. Para lograrlo, este fin de semana desde el gobierno se convocó a voluntarios que quisieran poner manos a la obra. Aseguran que hubo una buena convocatoria y así se logró plantar unos 400 ejemplares de fauna nativa.
El plan fue elaborado con el aporte técnico de un equipo interdisciplinario de investigadores del Conicet Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, el Instituto Nacional del Agua y el apoyo de alumnos avanzados de Ingeniería en Recursos Naturales, todos ellos coordinados por la Fundación CRICYT.
“La de hoy fue una jornada abierta a la ciudadanía y estamos muy contentos de realizar el cierre de un gratificante y arduo proceso sostenido por más de 5 años con el objetivo de remediar los daños del fuego que se desató en este lugar en el año 2018″, dijo entusiasta al terminar el subsecretario de Ambiente, Sebastián Melchor.
Y agregó: “Principalmente, nos focalizamos en la plantación de especies dominantes sensibles, como es el caso de la jarilla. Durante estos años fuimos observando cómo, con la recolonización de flora, fue incrementándose la presencia de fauna nativa y el rebrote de arbustivas”. El funcionario explicó que durante esta última jornada de restauración de flora se plantaron más de 400 ejemplares de variedades de jarillas cuneifolia y divaricata, nítida y macho.
Por aquel entonces, se hablaba del mayor incendio en años. Se estimó que en total las llamas afectaron unas 1.500 hectáreas, convirtiéndose en el tercer incendio de mayor magnitud de los últimos 17 años hasta ese entonces. Esto sólo superados por el del 31 de enero del 2003 (15.000 hectáreas y que trascendió los límites del cerro propiamente dicho) y el del 24 de octubre de ese mismo año (2.500 hectáreas y que se propagó a lo largo de la ruta 13 también).
El 28 y 29 de octubre del año pasado, se produjeron nuevos incendios, de mayor magnitud: en la Dirección de Recursos Naturales Renovables advirtieron que resultaron afectadas más de 4.000 hectáreas, el mayor impacto desde 2003.

Compromiso con el ambiente
La convocatoria de voluntarios fue realizada por las redes del Ministerio de Energía y Ambiente y se reflejó en la multitudinaria asistencia a la actividad. “Hemos realizado un trabajo importante de cartelería que contiene señalización informativa y preventiva en el cerro”, concluyó Melchor.
Por otra parte, en vísperas del fin de semana extralargo –en el que seguramente aumentará la cantidad de visitantes al cerro Arco y otras zonas pedemontanas–, la Subsecretaría de Ambiente hace un llamamiento a la población a acatar y extremar precauciones para prevenir incendios. Se recuerda que encender fuego en lugares prohibidos es delito y tiene multas que pueden superar los $7,5 millones. Los carteles en los lugares donde está específicamente prohibido hacer fuego deben ser respetados.
Durante el fin de semana, se efectuarán controles, con sanciones severas a quienes no acaten las indicaciones y pongan en peligro vidas humanas y causen daños ambientales.
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Motosierra en Parques Nacionales: qué efectos tiene despedir a esos 1.200 trabajadores

Fecha de Publicación: 28/03/2024
Fuente: Vía País
Provincia/Región: Nacional


La Administración de Parques Nacionales se declaró en estado de “alerta y movilización” y peligra la apertura de estas áreas protegidas durante Semana Santa, un momento clave para el turismo en las provincias.
Javier Milei exigió a sus ministros un recorte en la cantidad de empleados públicos que tiene hoy el Estado Nacional. Esta medida se encuadra dentro del “Plan Motosierra” y afectaría al personal cuyos contratos habían sido prorrogados por tres meses y vencen este 31 de marzo.
Es por esto que trabajadoras y trabajadores de la Administración de Parques Nacionales (APN) declararon el estado de alerta y movilización frente a la posibilidad de desvinculación de más de 1.200 personas.
“En Parques Nacionales trabajamos con la convicción de que nuestra función aporta al cumplimiento de los derechos constitucionales de la sociedad argentina. Realizamos tareas que son fundamentales para la protección del ambiente a través de la gestión y conservación de las áreas protegidas y la promoción del desarrollo local de las comunidades vecinas”, afirman desde ATE en un comunicado.
“Reducir el personal de la APN constituye un retroceso en la política ambiental nacional y se contrapone a la agenda internacional, que propone el aumento del territorio protegido y su gestión eficiente”, aseguran.
La conservación del ambiente en Argentina es sostenida por trabajadores que se encuentra en cada rincón del país.
Virginia Gallardo es delegada de ATE y trabajadora del Parque Nacional Lanín, en la provincia de Neuquén. Allí se encargan de cuidar tres especies de árboles que no se conservan en ninguna otra área protegida del país: el Pehuén, el Raulí y el roble Pellín.
“También trabajamos en estrategias de conservación para mejorar el hábitat del huemul (considerado monumento natural nacional y especie en peligro de extinción). Damos asistencia a pobladores en producción sustentable. También activamos una primera respuesta ante eventos naturales como puede ser la erupción Volcán Puyehue, inundaciones, aludes y enfermedades zoonóticas como hanta virus o gripe aviar”, cuenta Virginia a Vía País.
Además, los trabajadores de Parques Nacionales son quienes gestionan un plan de manejo del fuego que implica la extinción de incendios forestales y se encargan de la gestión de sistemas de alerta temprana y la prevención de los mismos.
“Otra de nuestras tareas es la de conservar las cabeceras de cuencas hídricas de donde sale el agua que consumen gran parte de los neuquinos y rionegrinos”, explica Virginia.
Marcelo Rojas es geógrafo y trabajador de la Dirección Regional Patagonia Norte de Parques Nacionales. Allí se encargan de la protección de 717.261 hectáreas de Bosque Andino Patagónico y Estepa, de lagos, cursos de agua, flora y fauna que se encuentran en el Parque Nacional Nahuel Huapi.
“Somos responsables de la habilitación, control y fiscalización de los servicios turísticos que se brindan en este territorio. De cuidar a la gente que viene y de fomentar el turismo”, dice Marcelo a este medio.
Es que la promoción turística de Bariloche se basa, en gran parte, en los atractivos del Parque Nacional Nahuel Huapi. Se estima que el 90% de los visitantes que arriban, visitan el área protegida. Esto genera un impulso económico para ocho ciudades y parajes de la región cordillerana y costera de la provincia por la existencia de los Parques Nacionales.
Por último, consultamos a Paula Werber, quien es integrante del departamento de Conservación y Educación Ambiental del Parque Nacional Lago Puelo
“Nuestro aporte al país es la protección de 27.674 hectáreas de Bosque Andino Patagónico. Este parque cuenta con un microclima en el que habitan especies que no se encuentran en otras áreas protegidas”, nos cuenta.
Además de realizar las tareas que detallaron a este diario sus compañeros, Paula explica a Vía País que en Lago Puelo se encargan del mantenimiento de sendas, caminos e infraestructura como son los miradores y puentes. Y realizan la gestión ambiental de obras viales de la provincia, analizando sus impactos y las posibles emergencias ambientales que generan, como son los derrames.

Qué pasa si la motosierra pasa
“No sobra nadie”, es la consigna que adorna pancartas y banderas en las entradas de los Parques. Esta es la frase elegida por los trabajadores para visibilizar su conflicto. “Nosotros no somos la casta”, nos explican, sin poder creer que el ajuste caiga sobre ellos.
“Cada uno tiene una función que es irremplazable. Acá no soba nadie, al contrario, nos falta gente”, asegura Marcelo Rojas.
“Si no se renuevan los contratos en el Lanín, el parque se quedaría sin 123 agentes de conservación, todos profesionales, personal calificado y especializado con un promedio de contratos de más de 15 años”, cuenta preocupada Virginia Gallardo.
Paula Werber, por su parte, nos explica la situación en el Parque Nacional Lago Puelo: “Somos en total 47 trabajadores, de los cuales 16 son contratados. Si hay despidos, no podríamos realizar nuestros trabajos. Estamos muy lejos de la planta óptima de trabajadores, sería impensado reducirla aún más. Nos quedaríamos sin combatientes de incendios forestales, poniendo en riesgo a todas las áreas protegidas, a los visitantes, así como también a las localidades que nos rodean en caso de desatarse un incendio forestal, como ha ocurrido tantas veces ya”.
Esta misma situación se replica en los 55 Parques Nacionales de todo el país.
“Si hay despidos, se dejaría sin resguardo el patrimonio cultural y natural del país, como también la seguridad del visitante y las miles de especies que protegemos”, aseguran desde ATE.

Peligra la apertura de Parques Nacionales en Semana Santa
Se aproxima un fin de semana largo, donde los Parques Nacionales de las distintas provincias son un atractivo para el turismo. Sin embargo, miles de familias podrían encontrar las puertas cerradas de estos territorios por medidas de fuerza gremial. En asambleas se debate que pasos seguir para que el Gobierno frene el ajuste sobre los trabajadores estatales.
Actualmente, se están realizando movilizaciones e intervenciones artísticas en las puertas de distintos parques, donde el personal cuelga carteles e intenta visibilizar este conflicto.
“Hemos visto gobiernos pasar y hemos defendido lo que es de todos y todos los argentinos”, asegura Virginia Gallado.
Y finaliza: “Lo que estamos haciendo es abrazar la soberanía de los recursos naturales y culturales de todos”.
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Contaminación y pesca, las principales amenazas de la fauna marina

Fecha de Publicación: 28/03/2024
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional


Un registro y análisis de las principales afecciones que presenta la fauna marina al momento de ser rescatada y asistida dio cuenta de que la mano del hombre sigue siendo el principal peligro.
Todos los años el Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino lleva a cabo un registro y análisis de las principales afecciones que presenta la fauna marina al momento de ser rescatada y asistida. Durante el año 2023, un total de 330 animales fueron asistidos, entre aves, mamíferos y reptiles marinos.
Del total, 188 animales fueron encontrados vivos y pudieron recibir algún tipo de asistencia veterinaria. De esos animales, 98 fueron avistados o requirieron asistencia en playa y 90 debieron ser ingresados al Centro de la Fundación para recibir tratamiento por diversas causas y afecciones. De los animales que necesitaron ingresar al centro de rehabilitación, 42 pudieron ser exitosamente tratados y reintroducidos al mar. Lamentablemente, 48 animales, a pesar de todos los esfuerzos realizados por el equipo técnico, no lograron sobrevivir. En tanto, del total de 330 animales registrados, 142 fueron encontrados sin vida durante las tareas de monitoreo de playas.
Lo más llamativo fue  el número de Delfines Franciscanas encontrados muertos (76), poco más de tres veces que el año anterior (22). De hecho, sólo entre enero y febrero de 2023, aparecieron 40 franciscanas muertas durante las tareas de monitoreo de playa. “La Franciscana, por elegir aguas poco profundas cercanas a la costa es una especie que se encuentra amenazada tanto por la captura incidental en redes de pesca como por la contaminación de tipo física, química y acústica. En el caso de la captura incidental quedan atrapados en las redes de pesca y por tener respiración pulmonar y no poder salir a respirar a superficie terminan muriendo por asfixia. Hemos registrado casos de hembras preñadas muertas, así como de ejemplares con marcas de red e incluso con basura en contenido estomacal”, explica Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y responsable del Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino. Vale destacar que el delfín Franciscana se encuentra en estado vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y que la Fundación Mundo Marino participa activamente de la Alianza para la Investigación, Rescate y Rehabilitación de Delfines Franciscana (AFC3R).
El delfín Franciscana fue noticia, lamentablemente, en el verano de febrero de 2016 cuando unos turistas tomaron un ejemplar de su especie en las playas de Santa Teresita para tomarse una selfie, ocasionando la muerte del animal. Lo mismo sucedió un año después, en enero de 2017, pero en las playas de San Bernardo.
Por otra parte, en el caso de los pinnípedos, se registraron 14 casos de desnutrición en la especie del Lobo de Dos Pelos Sudamericano, casi la mitad (33) de lo registrado en 2022. Hay que tener en cuenta que el 2023 estuvo signado por la gripe aviar la cual afectó especialmente a esa especie e impidió durante ciertos meses el ingreso de ejemplares al centro de rescate por instrucción del SENASA.
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Lanzan un programa de IA para prevenir catástrofes ambientales en la Argentina

Fecha de Publicación: 27/03/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Terra es un software de IA que recopila datos y busca prevenir en materia de medio ambiente en la Argentina; está inspirado en un libro del juez de la Corte Lorenzetti
Inspirada en “El nuevo enemigo”, un libro del juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, y creada por un movimiento ambientalista que promueve el magistrado, surgió Terra, la activista argentina concebida por inteligencia artificial (IA) que “busca evitar las catástrofes ambientales”. Esta creación tiene “un tratamiento artístico de la vida real que le permite convivir simultáneamente en todas las dimensiones diseñadas por los seres humanos.
El proyecto comenzó a gestarse hace más de dos años a partir de las ideas plasmadas en el texto del integrante del máximo tribunal, que propone “una llamada a la acción ambiental conjunta” y a la cooperación entre sectores como la ciencia, la justicia, la religión, la educación, la política, la economía, la cultura y la sociedad, “desde una versión holística”.
“Queremos prevenir las catástrofes antes que reaccionar frente a los daños ya causados. Queremos igualdad de género, respeto por la diversidad biológica y cultural, y menos desigualdades económicas. Ésta es una lucha por un cambio moral. Cada uno en su lugar, a su modo, con sus medios; lo que no cabe es la indiferencia. Queremos cambiar el curso de la historia, porque no se pueden enfrentar los desafíos del siglo XXI con las políticas públicas del pasado”, señalan y aseguran que la idea es avanzar en “un nuevo idealismo, un cambio de conciencia y de valores, una nueva cultura; porque el ambientalismo no es una moda”.
Antes de que saliera a la luz, durante más de 24 meses, los desarrolladores de esta propuesta hicieron diversas presentaciones en todo el país para dejar “un mensaje de concientización” y para invitar a la ciuadadanía a “a sumarse a la reconstrucción de Argentina”.
En este sentido, el proyecto dio origen a una serie de causas ambientales que derivaron en resultados como, por ejemplo, la construcción de centros de acopio de semillas. Según estiman, la acción de esta IA posibilitará la recuperación de los humedales que se perdieron en la última catástrofe ocurrida en Corrientes ya que, debido a la labor conjunta realizada por el movimiento, en esa zona fue donde justamente se creó un espacio que permitió la recolección de las especies nativas de las 40.000 hectáreas de bosques quemados en 2022.
“En un mundo cada vez más convergente entre las nuevas tecnologías y el ambiente, TERRA exige la urgente protección de nuestro planeta. Ella es la síntesis virtual que nos permitirá estar presentes de manera simultánea en diferentes partes del mundo, pudiendo hablar en múltiples idiomas, cantar y ser protagonista activa de la transformación. Necesitamos un nuevo movimiento, un movimiento que nos una a todos y que entienda que el único enemigo que tenemos, es el colapso ambiental”, señalan.
Lorenzetti, expresidente de la Corte Suprema, fundó el Instituto Judicial Global Ambiental, que reúne a jueces de todo el mundo. Además, es copresidente del International Advisory Council de ONU Ambiente; integrante de la Comisión Medioambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana; embajador de buena voluntad para la Justicia Ambiental para promover el estado de derecho ambiental (OEA). Su libro sobre Derecho ambiental fue publicado en Argentina, Estados Unidos, Colombia, México, Panamá, Perú, Paraguay, Brasil, España e Italia.
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Energía limpia: Córdoba sigue siendo líder en generación distribuida y ahora busca incursionar en el mercado de créditos de carbono en EEUU

Fecha de Publicación: 27/03/2024
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba


La provincia tiene 786 generadores individuales y comunitarios por casi 15 MW. Además, hay otros 116 proyectos en análisis. La estrategia apunta a que los gases de efecto invernadero que dejan de emitir puedan monetizarse mediante su comercialización en subastas de créditos de carbono con empresas que necesitan reducir su huella. Mientras el Gobierno prepara una nueva licitación, planea que proyectos de captura de metano operen en el mercado de California
La Provincia de Córdoba lideró una vez más el ranking nacional de generación distribuida de energías renovables, tanto individual como comunitaria, al totalizar 786 proyectos activos de 14.542 kilovatios (KW) mientras esperan 116 en estudio por 3.465 KW.
Lejos, en segundo lugar, se ubica la Provincia de Buenos Aires, con 478 activos y 260 en estudio.
En total, Argentina tiene 1.679 proyectos activos por 35.241 KW y otros 591 en carpeta por 15.624 KW.
La foto muestra así que Córdoba tiene el 42% de toda la potencia instalada y operativa en proyectos de energía distribuida individual y comunitaria.
Los datos fueron informados a Comercio y Justicia por Sergio Mansur, secretario de Planificación Energética, área que depende del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a cargo de Fabián López.
Se trata de uno de los pilares para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, claves para mitigar el cambio climático y cuyos objetivos globales están lejos de alcanzarse.
Otro de los ejes es la sustitución a mayor escala, siempre en referencia a la generación eléctrica, de las plantas de producción con combustibles fósiles por proyectos de energía renovable, es decir, parques solares, eólicos, de producción de biogás o pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, entre otros.

Generación distribuida
Según la información oficial difundida por la Provincia, además de los generadores individuales, o sea quienes tienen equipamiento para un domicilio o comercio, por ejemplo, ya hay seis usuarios generadores comunitarios conectados a la red.
El Parque solar Oncativo con 76,44 KW de potencia; el de Arroyo Cabral, con 70,07 KWP; el de Jovita, con 101,92 KWP; el de Vicuña Mackenna, con 127,4 KWP; el de La Laguna, con 131,04 KWP, y el Maipú, con 828 KWP.
A éstos hay que sumarles dos parques en proceso de conexión: el de La Cumbrecita, con 315 KWP y el de Morteros, con 330 KWP.
“El liderazgo de Córdoba en la materia tiene que ver con la implementación de políticas públicas que tuvo siempre cinco grandes ejes o cinco grandes estrategias o marcos normativos claros y creados por consenso de todas las organizaciones. Una decisión política institucional muy fuerte para acompañar el proceso, una comunicación pública muy activa en muy diversos medios, una plataforma donde uno puede encontrar toda la guía para ser un usuario generador o una plataforma tecnológica en la web que puede servir para encontrar desde instaladores habilitados hasta tramitar las exenciones impositivas y por último un régimen financiamiento a través del Banco Provincia de Córdoba”, enumeró Mansur a este medio.
La inversión total estimada en esos parques comunitarios más los proyectos individuales ronda 30 millones de dólares, según estimó.
Mansur destacó el marco legal vigente -pionero en el país-, que dio sustento a la proliferación de los diferentes proyectos.
En paralelo, destacó el proyecto para generar energía a partir del biogás de residuos cloacales en la planta de saneamiento de Bajo Grande y el proyecto de Biofarma, primer usuario generador distribuidor del país a partir de residuos de feedlot.
Por lo demás, señaló que, en el predio de Arroyo Cabral -propiedad de EPEC- se buscará alojar proyectos importantes tanto de la propia empresa como de inversores privados que quieran generar desde ese lugar para diversos mercados de energía, aprovechando la infraestructura disponible para una potencia superior a los 50 MW.

Planes
En cuanto a los objetivos por delante, Mansur dijo que hay varios ejes para desarrollar, algunos ya avanzados.
“Vamos a mejorar el programa de beneficios para incentivar las inversiones y vamos a introducir la digitalización, la aplicación de blockchain para generar tres tokens: uno  asociado a la potencia instalada, otro que va a representar la monetización de la energía generada mediante una billetera virtual para pagar las facturas de energía y, por último, un token asociado a la reducción de emisiones por esa energía que podrá comercializarse en una plataforma vinculada al carbono”, señaló.
Al mismo tiempo y siempre respecto a los planes futuros, Mansur dijo que el objetivo es triplicar la potencia instalada en un plazo de aquí hasta junio de 2025 para llegar a los 40 o 45 MW de energía distribuida.
“A la par, vamos a avanzar fuerte en políticas de desarrollo de las bioenergías. También en un plan de eficiencia energética, para promover la acción climática y como paliativo para la realidad tarifaria que enfrentamos, y pensar el mediano y largo plazo con muchas herramientas de inteligencia territorial”, concluyó.

El camino a la monetización
“La generación distribuida es la plataforma para que uno pueda establecer subastas, es decir no hay subastas (de créditos de carbono) si no se pueden certificar reducciones de emisiones y compensaciones”, resumió Mansur para introducir el círculo virtuoso que, más allá de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, tienen aquellos que invierten en este tipo de tecnología para generar energía limpia.
En ese sentido, Córdoba es pionera en las subastas de créditos de carbono.
Ya a fines de 2022, se concretó la primera subasta de certificados de carbono desplazado.
Por medio del Ministerio de Servicios Públicos, se lanzó la prueba piloto, por la cual empresas pudieron compensar sus emisiones de carbono.
Se trató de una acción que otorga valor a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, para que luego sean compensadas por distintos actores en la órbita del Ministerio de Servicios Públicos.
“Córdoba vuelve a mostrar esa vocación por avanzar en el cuidado del ambiente, en reducir la emisión de carbono con esta subasta inversa que tiene una característica para destacar: no sólo es la primera que se hace en Argentina sino que expresa la participación de la sociedad cordobesa”, expresó entonces el gobernador Juan Schiaretti, quien agregó que hubo 68 oferentes que tomaron medidas para mitigar su huella de carbono y más de 120 interesados en entrar en la subasta y adquirir esa reducción.
La iniciativa tuvo por objetivo generar una plataforma para la puesta en valor de reducciones de emisiones a pequeña y mediana escalas, toda vez que a esa fecha no eran posibles de validar a través de estándares internacionales, en especial por los costos.
A su turno, el ministro López aseguró: “A través del mercado, voluntaria u obligatoriamente, buscaremos que personas jurídicas y físicas disminuyan su huella de carbono por medio de mecanismos de compensación y transitar así a una economía de bajas emisiones”.
En la primera subasta, el precio promedio por cada tonelada de CO2 equivalente fue cotizada en 550 pesos, unos cuatro dólares de entonces.
En tanto, ya desde comienzos del año pasado, las licitaciones que realizó el Ministerio de Servicios Públicos incluyeron en los pliegos un puntaje extra para las empresas que demuestren una reducción en sus emisiones contaminantes, o bien que compensen esas emisiones con la adquisición de bonos de aquellos que sí lograron reducirlas.
Mientras, a fines del año pasado se concretó una nueva subasta con características similares a la primera.

Los objetivos se mantienen
Un punto clave respecto al tema es la continuidad de las políticas públicas. Es que al igual que en la gestión de Juan Schiaretti, con el ministro Fabián López a la cabeza, también Martín Llaryora sostuvo la impronta, confirmando a López en el cargo y también a parte del equipo que impulsó esas políticas, entre ellos a Mansur y también a Pablo Gabutti, quien -si bien anteriormente se desempeñaba en la gerencia de energía del Ersep- hoy es el secretario de Transición Energética. Además, creó el Ministerio de Ambiente y Economía Circular a cargo de María Victoria Flores.
“A fines del año pasado se hizo la segunda subasta de créditos de carbono, que llamamos “unidades de carbono verificadas” y en coincidencia con la fecha de la Cumbre de la Economía Circular”, recordó Gabutti.

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Por qué llegan los salmones hasta el río Paraná y qué impacto pueden tener en el ecosistema

Fecha de Publicación: 26/03/2024
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Litoral Argentino

Un grupo de científicos estudió la aparición de esta especie no nativa en ríos de la Cuenca del Plata.
En los últimos años pescadores comerciales y deportivos han capturado ejemplares no nativos en el litoral argentino. Uno de los casos más sorprendentes es el del salmón del Pacífico (Oncorhynchus tshawytscha), el cual es originario de las regiones árticas del hemisferio norte que desembocan en el Océano Pacífico tanto desde el noroeste de América del Norte como desde el noreste de Asia.
Sin embargo, la especie fue introducida a la Patagonia Argentina a principios del siglo XX y cada vez es más común encontrarlos en los ríos que integran la Cuenca del Plata, como los ríos Paraná, Uruguay y de La Plata. “Es migrador de larga distancia y puede migrar más de 4.500 km”, explicó Luis Espínola, doctor en Ciencias Ambientales e investigador independiente del Conicet (Inali-UNL) en el laboratorio de hidroecología, quien junto a otros investigadores llevó adelante un estudio para explicar porqué aparecen en una región de la que no son originarios.
Respecto a la introducción de estas especies, Espíndola comentó a El Litoral: “Estos programas resultaron en el establecimiento de poblaciones residentes de agua dulce compuestas principalmente por trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) y trucha marrón (Salmo trutta) y, en menor medida, trucha de arroyo (Salvelinus fontinalis), pero no lograron introducir poblaciones o especies típicamente anádromas en ese momento. Sin embargo, se han registrado poblaciones de trucha arco iris, trucha marrón y trucha de arroyo en ríos más allá de la región patagónica, incluso en áreas con condiciones ambientales desfavorables (altas temperaturas del agua, Carter 2005) para el establecimiento de la especie, es decir, que mantengan una población autosustentable”.

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Diputados reanuda el debate sobre la regulación de agroquímicos en Entre Ríos

Fecha de Publicación: 26/03/2024
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


Este martes se tratará la continuidad del proyecto de ley que establece la regulación de la fumigación con agroquímicos. La iniciativa fue presentada durante la gestión de Gustavo Bordet.
El proyecto de ley será sometido a debate este martes 26 de marzo a las 10 horas en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
Se trata del proyecto de ley de “buenas prácticas en la utilización de fitosanitarios y domisanitarios en la provincia de Entre Ríos”, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Gustavo Bordet que tomó estado parlamentario en diciembre de 2022 y que recién comenzó a debatirse este mes en la comisión legislativa que preside el socialista Juan Manuel Rossi.
En el anterior encuentro de la comisión, el legislador había adelantado que se convocará a organizaciones productivas, vinculadas al cuidado del medio ambiente, referentes de salud, miembros de la comunidad científica, representantes de las Universidades y a organizaciones intermedias que trabajan en la temática”.
“Asumimos el compromiso de escuchar a todos los sectores involucrados en este tema para encontrar una propuesta superadora que contemple el ambiente, la producción y la salud de las y los entrerrianos”, señaló.
“Queremos contribuir para impulsar un modelo de producción sostenible ambiental y socialmente. Aspiramos a tener unas de las leyes más modernas del país referida a este tema que hace años debió ser tratado y quedó siempre guardado en algún cajón", enfatizó.

El proyecto
El proyecto establece que las distancias mínimas para las pulverizaciones con agrotóxicos donde haya personas es de 100 metros para las realizadas de forma terrestre y 200 metros para las aéreas.
A su vez, se dispone un régimen específico si en la zona hay instituciones educativas rurales: se establece “una distancia de 150 metros medidos desde el perímetro de la escuela para delimitar la zona de exclusión, siendo para aplicaciones aéreas la distancia de 500 metros, medidas desde el perímetro del establecimiento educativo”.
A partir de esta distancia se considera una zona de amortiguamiento que va desde el límite de la zona de exclusión (150 metros del perímetro) a 500 metros para equipos terrestre; desde el límite de la zona de exclusión para equipos aéreos (500 metros del perímetro de la escuela) hasta los 3.000 metros.
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La Cámara Federal de La PLata declaró inconstitucional el artículo que deroga la ley de Tierras

Fecha de Publicación: 25/03/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Los camaristas fallaron a favor del "amparo colectivo" del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) --que impugnaron la norma que consideran lesiva para la soberanía nacional-- por tratarse de "una asociación de quienes debieron empuñar las armas en su defensa". Además de considerar que no existieron causas "excepcionales" que justificaran la necesidad y la urgencia del Decreto. El fallo solo puede ser apelado ante la Corte Suprema.
La Sala III de la Cámara Federal de La Plata, con voto de los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que deroga la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales y que habilitó durante su vigencia la venta de latifundios a extranjeros aún en zonas de frontera. Los camaristas resolvieron a favor del “amparo colectivo” presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) que cuestionó el decreto ante los tribunales federales de la capital bonaerense, que en principio había sido aceptado por el juez Ernesto Kreplak durante la feria judicial y que tras la misma el magistrado Alberto Recondo rechazó al negar la representación “colectiva” de los ex combatientes. En atención al alcance colectivo de la resolución de amparo, la Cámara ordenó reinscribirla en el Registro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo que el fallo solo puede ser apelable ante el Máximo Tribunal.
En su presentación de amparo ante la Justicia Federal bonaerense, el CEMIM sostuvo que la derogación de la ley libera el mercado de tierras, “habilitando la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces”.
Amparo colectivo
Los camaristas –que tomaron la apelación relizada por los ex combatientes de Malvinas-- dijeron que la decisión (de Recondo) que rechazó la legitimación del CECIM constituía “una interpretación exageradamente restrictiva de las normas constitucionales y legales que gobiernan la solución del caso”. Tras repasar la jurisprudencia de la Corte Suprema, Vallefín y Lemos Arias agregaron que “no puede homologarse una solución que menoscaba la dignidad del orden jurídico de la Nación al impedir impugnar la constitucionalidad de una norma que se dice lesiva de la soberanía nacional a una asociación que nuclea a quienes, precisamente, debieron empuñar las armas en su defensa”.
En su extensa decisión, el Tribunal de apelación dedicó un apartado final de conclusiones donde reconoció la legitimación de la agrupación de veteranos para demandar en defensa de la soberanía nacional, un bien colectivo e indivisible que justifica la consideración judicial y el dictado de una sentencia de alcance nacional. Por lo que ordenó que la causa sea nuevamente inscripta (como lo había realizado el juez Kreplak) en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema y se publique su resolución.

Inconstitucionalidad
El Tribunal analizó los requisitos constitucionales del DNU que habilitan al Poder Ejecutivo a dictarlos a la luz de los criterios que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sobre ese punto, consideró que “no existieron circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes” dado que, según argumentaron los jueces, no hubo “impedimentos para que las cámaras del Congreso de la Nación se reunieran. Por el contrario, el DNU 70/2023 se publicó el 21/12/23 y entró en vigencia el 30/12/23 y el Poder Ejecutivo Nacional convocó –el 26/12/23, desde esa fecha, y hasta el 31/01/23- a Sesiones Extraordinarias del Poder Legislativo”.
El Congreso de la Nación –-constituye un hecho público y notorio, dijeron los camaristas-- sesionó durante el mes de enero del corriente año y, a partir de este 1° de marzo, se inauguró formalmente el período 142° de Sesiones Ordinarias con ambas cámaras en pleno funcionamiento.
Los camaristas agregaron que la derogación de la Ley de Tierras se hizo con “razones genéricas expuestas en los considerandos de los decretos de necesidad y urgencia” que “resultan inhábiles para justificar el dictado de medidas legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional”. Por lo que expresaron que “el fundamento del DNU impugnado –sólo tres líneas en lo que atañe a la derogación de la ley 26.737– no exhibe en forma concreta el modo en que ello impactaría en la mejora de la situación socioeconómica argentina y haría imposible de aguardar su tratamiento normal por parte del Congreso Nacional”.
Que además, en contraposición con la jurisprudencia de la Corte Suprema de los fallos “Consumidores Argentinos” y “Pino Seberino”, el DNU impugnado en materia de tierras “constituye una lisa y llana derogación de conveniencia de la ley 26.737”. Y que el decreto no se dirige a “paliar una supuesta situación excepcional” e introduce reformas que “revisten carácter permanente modificatorias de leyes del Congreso Nacional”, aspecto vedado por ese criterio del Máximo Tribunal.
Tras plasmar los fundamentos en la resolución, los camaristas concluyeron que el CECIM se encontraba legitimado para demandar en los tribunales en defensa de la soberanía nacional como bien jurídico colectivo y cuestionar un decreto que denunciaron como lesivo de aquella. A su vez, juzgó que el Poder Ejecutivo no estuvo habilitado para derogar la Ley de Tierras de la forma en que lo hizo, al no acreditarse circunstancias que justifiquen el dictado de un DNU de esa naturaleza.
Razones por la cuales la Cámara Federal de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 en cuánto a la derogación de la Ley 26.737 y ordenó reinscribir la causa en el Registro de Procesos Colectivos.
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Pesca ilegal: afirman que el buque chino capturó ejemplares jóvenes de merluza negra, algo prohibido para evitar su depredación

Fecha de Publicación: 25/03/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Las 163 toneladas de merluza negra encontradas en el buque Tai An, del empresario chino, Liu Zhinjang, incluían ejemplares juveniles lo cual dadas las características de las especie podría generar un daño considerable que pone en riesgo su supervivencia
Tras la ola de renuncias en el Gobierno por la pesca ilegal de merluza negra por parte de la empresa Prodesur (de capitales chinos) en el Mar Argentino, el buque Tai An arribó al puerto de Ushuaia con una carga de 163 toneladas de merluza negra, valuada en 5 millones de dólares. Pero distintos expertos ambientales advirtieron además que se hallaron ejemplares juveniles, de longitud menor a 30 centímetros, cuya captura está expresamente prohibido con el objetivo de preservar la especie.
Desde hace más de 15 años existe un sistema de cuotificación para la pesca de la merluza negra, una especie protegida a nivel global. Ni empresas locales ni extranjeras pueden pescar merluza negra sin autorización. Y en ningún caso se pueden pescar ejemplares en etapa de desarrollo de los que, en el caso del pesquero propiedad del empresario chino Liu Zhijiang, se hallaron 60 toneladas.
“La pesca indiscriminada de 163 toneladas de merluza negra, de las cuales gran parte son juveniles, significa una depredación a la vida marina y un ataque al frágil equilibrio del ecosistema”, dijo la organización ambiental Sin azul no hay verde, especializada en la protección del Mar Argentino y en combatir la destrucción y sobreexplotación de la biodiversidad y hábitats marinos.
“El caso del buque Tai An, que pescó toneladas de merluza negra juvenil sin tener permiso para hacerlo, refleja la impunidad de algunos actores de la pesca en Argentina y la falta de conciencia ambiental y del impacto negativo que tiene un hecho así en nuestro ecosistema marino”, agregó en X.
La ONG destacó no solo la ilegalidad del accionar “sino también la práctica utilizada (pesca de arrastre) y sus consecuencias ambientales. Si la pesca realizada fue directa o incidental a estas alturas en material ambiental ya no es relevante: el ecocidio ya sucedió”.
La entidad criticó la falta de controles y fiscalizaciones, a la vez que se preguntó: “¿Y si este no es un hecho aislado? ¿Y si en realidad hay más depredadores como el buque Tai An en el Mar Argentino?”. También pidió sanciones para el buque Tai An por incumplimiento del Régimen Federal de Pesca (ley 24.922) y la Ley General del Ambiente (ley 25.675).

Sobrepesca y sobreexplotación
La merluza negra, según Milko Schvarzman, especialista en conservación marina del Círculo de Políticas Ambientales; se descubrió en los años 90′ y a principios de los años 2000 se empezó a ver que la sobrepesca y sobreexplotación de la especie estaba generando un daño a su población, por lo que se empezaron a tomar medidas y restricciones a nivel global.
“Es una especie tan frágil y tan sensible porque tiene un largo periodo de vida y un ciclo muy lento. Puede llegar a vivir hasta 80 años en algunos casos y esto hace que cuando se la captura, la posibilidad de recuperación de la especie sea muy lenta, a diferencia de otras especies, como la merluza común de la Argentina que llega a vivir un máximo de 10 años, o el calamar que vive entre 1 y 2 años máximo y tiene una capacidad de reproducción mucho más rápida”, detalló el especialista.
“La captura de ejemplares juveniles causa un daño aún mayor en la especie ya que no han llegado a la edad de reproducción. Siempre hay medidas, tamaños y edades mínimos permitidos para la captura para evitar y asegurar que la especie se pueda reproducir”, agregó.
A partir del accionar del Tai An, quedaron involucrados funcionarios del gobierno, en particular del ministerio de Relaciones Exteriores, en medio de sospechas de la existencia de cierta protección a la empresa china. Ayer se conoció la tercera renuncia vinculada a este caso. Se trata de Guillermo Abdala Bertiche, quien se desempeñaba como director nacional de Acuicultura.
Esta dimisión, tras la polémica por las supuestas presiones de Cancillería para favorecer un buque pesquero perteneciente a un empresario chino que depredaba el Mar Argentino, se produjo días después de la polémica salida de Julián Suárez, ex director de Control y Fiscalización Pesquera que disparó la polémica. Ambos se conocían y tenía buena relación. Abdala Bertiche también se fue descontento por el desfinanciamiento de su área y el pedido de despedir personal calificado. Cerca suyo aseguraron que no estaba dispuesto a acompañar porque su estructura iba a ser reducida algo que le iba a impedir alcanzar cualquier objetivo técnico y productivo que se había fijado.
El supuesto motivo de la renuncia de Suárez fueron las presiones recibidas por parte de Pablo Ferrara Raisberg, Coordinador General en Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quien también tendría una relación familiar de Mondino, y otro de los renunciantes.
El conflicto se desató días atrás cuando se detectó el Tai An estaba pescando en una zona prohibida de la codiciada merluza negra. El barco no tenía ningún tipo de cuota extra autorizada y se detectó que tenía 163 toneladas de estas especies de merluza, por lo que se notificó a Prefectura y se le ordenó que regrese inmediatamente a puerto. En ese momento llegó el llamado de Cancillería para evitar ese regreso. Quien realizó el llamado fue Ferrara Raisberg.
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Clausuran la planta de Atanor tras la contaminación causada por las explosiones

Fecha de Publicación: 23/03/2024
Fuente: Diario La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia hizo lugar a una cautelar para que cesen las operaciones en la planta de San Nicolás. El Ministerio de Ambiente de Buenos Aires cerró el sector donde ocurrió el incidente
Tras la explosión de un reactor en la fábrica de agroquímicos Atanor, ubicada en San Nicolás, la Justicia ordenó este miércoles el cierre de la planta hasta que se tomen las medidas de seguridad necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. En caso de no atenerse a la medida, la firma deberá pagar 10 millones de pesos por cada día de incumplimiento.
La jueza de la provincia de Buenos Aires con jurisdicción en San Nicolás, Luciana Díaz Bancalari, resolvió hacer lugar a una medida cautelar solicitada por el abogado ambientalista Fabián Maggi, de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, en representación de los vecinos. La medida implica también librar oficio a la fiscalía y al ministerio de Medio Ambiente, que encabeza Daniela Vilar.
La Unidad de Respuestas Rápidas de la cartera bonaerense estuvo en San Nicolás e informó que "si bien los aparatos sometidos a presión están en regla, nos encontramos a la espera del informe de los peritos sobre los motivos exactos de lo sucedido".
"Entendiendo que la situación no admite demoras en la adopción de medidas, la empresa se encuentra sin actividad por seguridad y clausuramos el sector de la planta donde ocurrió la explosión hasta tanto estén dadas las condiciones normales de funcionamiento de la planta y se haya realizado y completado todas las tareas de reparación que garanticen la seguridad integral tanto del personal como de los vecinos", agregaron desde el Ministerio de Ambiente de Buenos Aires, que evaluará posibles sanciones contra Atanor además de solicitar un plan de remediación.

Otra clausura
La planta productora de agroquímicos que Atanor tiene en San Nicolás ya fue clausurada hace ocho años, en el marco de un allanamiento por el incumplimiento de medidas judiciales.
En septiembre de 2016, el juez Facundo Puente, por entonces titular del Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás, ordenó la clausura de la planta tras un allanamiento de Prefectura y Gendarmería en el que confirmó que la empresa no cumplía con ciertas restricciones impuestas por la Justicia para evitar el vuelco de aguas contaminadas al río Paraná, además del uso de grandes cantidades de agua subterránea.
La medida fue el desenlace de una larga lucha de vecinos y organizaciones que reclamaron y denunciaron, por más de 12 años, el impacto de la actividad de la compañía química en la salud de los pobladores, la contaminación del aire, el suelo y el cauce del río.

Condena por contaminar el río Paraná
El año pasado, Atanor fue condenada por vertir desechos tóxicos ilegalmente en el río Paraná. La Justicia de Ejecución Penal de San Nicolás hizo lugar a un amparo ambiental por daño ambiental de incidencia colectiva contra la empresa, considerada la tercera productora de herbicidas más importante del mundo, y dictó sentencia definitiva contra la firma ubicada en las inmediaciones del barrio Química de la ciudad nicoleña, donde se estima que murieron cerca de 200 personas en el transcurso de años producto de la contaminación ambiental que ocasionaba la empresa al verter sustancias tóxicas al curso del río Paraná sin tratamientos, además de enterrar de manera ilegal residuos peligrosos.
La causa fue presentada en 2015 y motivó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por reiteradas “demoras injustificadas” del Poder Judicial tanto en el ámbito federal como bonaerense, situación que se encuentra en trámite pese al fallo definitivo a la acción de amparo.

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Una explosión en una planta química en San Nicolás hace temer contaminación en la zona

Fecha de Publicación: 23/03/2024
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Buenos Aires


La empresa de agroquímicos Atanor sufrió una serie de detonaciones alrededor de las 3:30. Un operario resultó herido de gravedad y los vecinos temen contaminación.
Una explosión en la planta industrial de Atanor, ubicada en San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires, dejó un trabajador herido de gravedad y preocupación entre los vecinos de la zona ante una posible contaminación.
El accidente tuvo lugar durante la madrugada de este miércoles. Según un comunicado de la empresa, en horas de la madrugada, se produjo un incremento de presión en el proceso de síntesis química de atrazina que generó la ruptura de la tapa del reactor afectado al proceso.
“Esto dio origen a un incendio en el sector de aminación de la planta, que requirió la intervención de los bomberos de San Nicolás y Ramallo, quienes prontamente pudieron controlar el foco”, señalaron. El operario Julio César Corbalán que trabajaba en el lugar debió ser atendido de urgencia, producto de las heridas recibidas por el derrame de ácidos en el lugar. “Se encuentra internado en el Hospital Interzonal General de Agudos de San Felipe”, informaron fuentes oficiales.
Desde Atanor comunicaron que ahora se encuentran realizando tareas de limpieza de la planta e inmediaciones junto con el Comité Organizado ante Emergencias de San Nicolás y la firma RESTEC, especialista en la atención de emergencias tecnológicas.
La preocupación de los vecinos, que publicaron reportes sobre un fuerte olor a químicos en redes sociales, se debe a la liberación de una nube tóxica. “Debido a la liberación brusca de presión, se generó una emanación de gases propios del proceso productivo y luego, como consecuencia del incendio, se generaron gases de combustión”, indicaron desde la empresa y añadieron que las consecuencias esperables son irritación ocular y de vías aéreas superiores.
“La empresa dio intervención inmediata al Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y en conjunto con las autoridades de contralor municipales correspondientes está trabajando para determinar las causas del incidente y evaluando las consecuencias del mismo”, afirmaron.
Las autoridades locales recomendaron evitar circular por las inmediaciones de la planta y permanecer dentro de los hogares para evitar complicaciones en la salud, ya que los productos expulsados son altamente tóxicos.
Según informó La Vaca, hace un año el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás había probado la existencia de contaminación que los propios vecinos denunciaron hasta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde presentaron un censo con 200 muertes por diversas enfermedades en seis cuadras del barrio, y la jueza Luciana Bancalari consideró probado “el marco de ilegalidad manifiesta” en el que funcionaba la empresa.
Luego, la Cámara Primera de Apelación del distrito le fijó a la empresa, en un fallo histórico, una indemnización sustitutiva por el daño ambiental al Río Paraná de 150 millones de pesos.
Según el informe de una consultora que publica la página del Ministerio de Ambiente bonaerense, la planta de Atanor es la única productora y formuladora de atrazina del Mercosur. Además, sintetiza humectantes y formula herbicidas a base de Ácido 2,4-D, Ácido 2,4-DB, Éster Etilhexílico del Ácido 2,4-D, Ésteres Butílicos de 2,4-DB, MCPA, Dicamba, Imazetapir, SMetolacloro, Fomesafen, Cletodim e insecticidas.
La atrazina se descompone cuando se calienta intensamente, produciendo humos tóxicos entre los cuales figuran el cloruro de hidrógeno y óxidos de nitrógeno.
En la investigación del caso interviene en principio la Unidad Fiscal 14 de San Nicolás. A la vez, fue informado el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y las autoridades de contralor municipales.
No es la primera vez que Atanor es noticia por un siniestro en su planta de San Nicolás. En noviembre de 2016 hubo otra explosión que generó una densa columna de humo negro y obligó a los Bomberos a un trabajo de varias horas para controlar el fuego desatado en un depósito de bidones plásticos.

Qué es la atrazina
La atrazina, 2-cloro-4-(etilamina)-6-(isopropilamina)-1,3,5-triazina, es un compuesto químico utilizado como herbicida artificial para controlar malezas en la agricultura interfiriendo en el transporte de electrones durante el proceso de la fotosíntesis.
Las triazinas son el segundo grupo de herbicidas más usado en Estados Unidos, pero su uso es materia de controversia ya que produce efectos nocivos en especies a las que no va dirigida, como los anfibios, a causa de la contaminación de las aguas, o en el ser humano.
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Denuncian que en Salta se desmontaron más de 8 mil hectáreas en 2023

Fecha de Publicación: 23/03/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La extensión de enfermedades, como el dengue, a todo el país es vista como una de las consecuencias.
En 2023 se deforestaron más de 8 mil hectáreas en Salta, sin que hasta el momento se conozca el proyecto provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que está vencido desde 2014.
Aunque el proyecto ya fue elevado por el equipo técnics a cargo, se desconoce si se elevó a no a la Legislatura Pprovincial, en donde debe ser aprobado por ley. En el medio, desde el año pasado y de forma ininterrumpida, se siguen realizando audiencias por pedidos de permisos de desmontes en distintos lugares de la provincia.
En este contexto, las denuncias por la continuidad de la actividad deforestadora vinieron de la mano de Greenpeace, que advirtió que en 24 años, en toda la Argentina se desmontó una superficie similar a la de la provincia de Formosa.
Mientras, durante todo 2023 el desmonte “en el norte de Argentina alcanzó las 126.149 hectáreas (Chaco, 57.343 hectáreas; Santiago del Estero, 42.871 hectáreas, Formosa, 17.409 hectáreas y Salta, 8.526 hectáreas)”. La organización ambientalista explicó que la detección de esta actividad se hizo por comparación de las imágenes satelitales para el monitoreo de desmontes que tiene a su cargo.
“El consenso científico viene alertando sobre la emergencia climática y de biodiversidad en la que nos encontramos, y que empeorarán si no actuamos rápido. En ese sentido, más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desertificación, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades”, advirtió el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. Entre las enfermedades, se advierte que una de las que se extendió en el país (y que en el norte es endémica desde hace décadas) es el dengue.
Giardini analizó que “es evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes e incendios forestales; y los responsables rara vez son obligados a reforestar. En muchos casos es clara la complicidad de funcionarios. Es hora de penalizar la destrucción de los bosques”, agregó.
Los datos revelan que la pérdida de bosques en el norte del país en 2023 fue superior a la del año anterior (cuando se desmontaron 118.805 hectáreas). En la provincia del Chaco, la totalidad de los desmontes durante el año pasado fue ilegal, dado que rige una suspensión establecida por la justicia provincial desde el 16 de octubre de 2020, por la falta de actualización de su OTBN. Mientras que en Santiago del Estero el 80 por ciento de los desmontes fueron ilegales, ya que se realizaron en lugares donde no está permitido.
Frente a esta alarmante situación, Greenpeace reclamó una vez más la penalización de los desmontes y los incendios forestales, “para que haya prisión efectiva a quien destruya nuestros bosques nativos”. Y anunció que seguirá alerta ante posibles nuevos intentos de modificar la Ley de Bosques.
“Es muy preocupante que desde el gobierno nacional hayan intentado flexibilizar la Ley de Bosques y que, en la misma línea, los gobiernos de Salta y Chaco están promoviendo que las actualizaciones de sus leyes provinciales sean más permisivas a los desmontes. No podemos seguir perdiendo bosques”, afirmó Giardini.
Una vez más la ONG cuestionó los métodos del OTBN propuesto por el equipo técnico, afirmando que permitirá que zonas que deberían ser conservadas sean desmontadas.
Greenpeace recordó que con la participación de más de 260.000 argentinos de todo el país, el año pasado realizó una consulta popular durante tres meses para conocer si la ciudadanía está de acuerdo con penalizar desmontes ilegales e incendios forestales. El resultado fue contundente: el 99 por ciento votó por el sí.
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Un animal en peligro de extinción regresó a su hábitat tras décadas ausente

Fecha de Publicación: 22/03/2024
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Chaco


La historia de Keraná, la primera hembra yaguareté en pisar en Parque Nacional chaqueño en más de tres décadas.
En los últimos días, tuvo lugar un hecho histórico para una de las especies en peligro de extinción. Un yaguareté, que había sido rescatado del cautiverio en Paraguay, fue liberado en el Parque Nacional El Impenetrable, siendo la primera hembra en pisar suelo chaqueño en 35 años.
Keraná es el nombre de la hembra yaguareté a la que, el pasado viernes 15 de marzo, le abrieron las puertas del Centro de Reintroducción del Yaguareté en el Parque Nacional El Impenetrable (Chaco). “Su liberación en el área protegida se aprobó tras cumplir con diversos requisitos en materia social, económica y biológica establecidos en los protocolos de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza para justificar la introducción de individuos en poblaciones silvestres”, explicaron desde El Parque Nacional.
Esta acción viene a revertir la situación actual del ecosistema en el Chaco, puesto que “quedan menos de diez yaguaretés confirmados en el millón de kilómetros cuadrados de extensión del Gran Chaco argentino, y todos son machos”. Entonces, con la introducción de Keraná, la primera hembra que pisa el área protegida del noreste argentino, se busca recuperar una mayor la presencia del depredador en el ecosistema, además de contribuir al desarrollo local basado en el turismo de naturaleza.
Tras la liberación de Keraná, desde Rewilding Argentina aseguran que seguirá la liberación de Nalá, “la hija del yaguareté silvestre Qaramta y la hembra de cautiverio Tania, nacida en los corrales del Centro”. Además de la aparición de Qaramta en el suelo chaqueño en 2019, otros factores como el ambicioso proyecto de recuperación de la especie y la incorporación de las cámaras trampa, colaboraron con la reinserción del yaguareté al ecosistema.
El gobernador de la provincia del Chaco, Leandro Zdero, expresó al respecto: “La recuperación del ambiente en El Impenetrable y el mejoramiento de la calidad de vida y la economía de sus habitantes es una política de estado que vamos a potenciar. El retorno del yaguareté es un símbolo de prosperidad de los parajes y pueblos vecinos al parque nacional. El monte y su vida silvestre son parte de nuestra cultura y ahora, a través de su conservación, también de nuestro desarrollo”.
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CAEM: fallo de la Corte de Catamarca no alcanza a las actividades del litio en curso

Fecha de Publicación: 22/03/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Catamarca


La Cámara nacional minera se posicionó sobre el fallo de la Corte Suprema provincial, luego de la aclaración realizada por la Cámara Minera y de la Industria Minera de Catamarca.
La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) hizo referencia al fallo de la Corte Suprema de Catamarca que pone en riesgo unos 6.500 puestos de trabajo a futuro y aclaró que el mismo plantea la suspensión del otorgamiento de nuevos permisos mineros en la zona de Salar del Hombre Muerto hasta que el ministerio de Minería de la provincia desarrolle el informe de impacto ambiental acumulado integral.
Según un comunicado oficial de la entidad, "el fallo no se refiere a las actividades productivas en curso, dado que los proyectos de litio que se están desarrollando (ya sea los que están produciendo como aquellos en etapas de previas) han cumplido con todos los requerimientos de las leyes en temas ambientales y han obtenido todos los permisos y autorizaciones correspondientes".
La aclaración por parte de la Cámara va en la misma línea que el texto difundido por la Cámara Minera y de la Industria Minera de Catamarca, quien también aclaró que el fallo de la Corte Suprema provincial no afecta a los actuales proyectos de exploración y explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto.
"Con el litio, nuestro país cuenta con la posibilidad de potenciar las economías provinciales del NOA, a través de una producción responsable en lo ambiental y lo social", concluye el texto de la entidad minera nacional.

Qué dice el fallo anti minería de Catamarca
La Corte Suprema de Catamarca hizo lugar parcialmente a una demanda contra el Poder Ejecutivo local, que arrastraba desde 2022 y abarca a proyectos que iniciaron su actividad en 1997. En realidad, este caso comenzó en la Justicia federal, pero en 2021 pasó a la provincial, motivo de disputa y conflictos todavía abiertos.
En la demanda se le exigía a la Provincia una evaluación de impacto ambiental interjurisdiccional y “acumulativa” de todos los proyectos, además de determinar la línea de base ambiental de las Subcuencas del Hombre Muerto y Carachi Pampa-Incahuasi o Punilla, con la participación del Consejo Federal de Ambiente, la Subsecretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas del Estado Nacional, y en consulta permanente con la comunidad originaria.

Cómo se resuelve el conflicto minero en Catamarca
Según pudo saber Energy Report, en los próximos días el Gobierno de Jalil dará una contundente respuesta a la Justicia con documentación complementaria a los estudios de impacto ambiental que cada proyecto de litio ya presentó. Pero tampoco se descarta que la pulseada salarial se alivie y que la balanza de la Justicia se vuelva a equilibrar.
La cámara minera catamarqueña también se mostró dispuesta a colaborar para resolver el conflicto. “Dentro de nuestras competencias, seguiremos trabajando junto a todas las entidades que conforman la Cámara para asegurar el desarrollo productivo minero de la provincia, dentro del marco regulatorio vigente, y las garantías tanto de nuestras empresas socias como de la sociedad catamarqueña en su totalidad", remarcaron.
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El Gobierno prohibió la pesca de merluza negra: escándalo, presiones, renuncias y un buque chino con una carga millonaria

Fecha de Publicación: 21/03/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Según trascendió, el ahora exfuncionario recibió un llamado intimidatorio por parte de la cartera dirigida por Diana Mondino para que diera marcha atrás con una denuncia por pesca ilegal.
A 100 días del comienzo de su gestión, el gobierno de Javier Milei se encuentra en una ola de escándalos por la renuncia del exdirector de Control y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez. A esta situación se sumó la decisión gubernamental de suspender la pesca de merluza negra en el Mar Argentino, hasta tanto se aclaren los hechos que desencadenaron la salida del funcionario, tras las denuncias por un barco vinculado a dueños chinos.
De acuerdo a la denuncia que Suárez realizó al final de su estadía en el cargo, recibió presiones por parte de la Cancillería de pasar por alto intencionalmente a un buque con rótulo argentino, pero con dueños e inversiones chinas.
La renuncia de Suárez estaría vinculada a un tenso cruce con Cancillería por "amenazas" por el buque Tia An, una nave de bandera argentina, radicada en Tierra del Fuego, cuyo dueño es un empresario chino que vive en esa provincia dueño de la empresa Prodesur.
Prohíben la pesca de merluza negra: la denuncia que disparó el escándalo
Días atrás, el pesquero llamado Tai An, de matrícula 01530, estaba pescando en una zona prohibida la codiciada merluza negra. Surgió entonces un supuesto pedido de autoridades del Gobierno de desregular la pesca en el país. La presión implicaba un pedido de intervenir en favor del buque chino que pesca merluza negra en el Mar Argentino, en el sur del país.
El pesquero se llama Tai An de matrícula 01530, y es el buque más grande de la argentina. El mismo es gestionado por Prodesur S.A, pero con inversiones privadas de Lui Zhijiang, un hombre de origen chino pero naturalizado argentino hace más de 30 años. Liu está radicado en Tierra del Fuego, misma provincia el cual el buque se encuentra domiciliado.
El Tai An no tiene permitido pescar Merluza Negra, un pez que se encuentra en la zona de Tierra del Fuego. Es por esto que, luego de que Julián Suárez dé aviso a su superior sobre la situación, habría recibido un aviso desde Cancillería exigiendo de que se dé marcha atrás con la denuncia.

Julián Suárez denunció presión de Cancillería
Las empresas denunciantes son Argenova S.A., Estremar S.A.U. y Empresa Pesquera de la Patagonia y Antártida S.A. (Pesantar). Estas tres empresas, que tienen barcos pesqueros, están habilitadas para pescar Merluza Negra. Son quienes alertaron sobre la situación irregular en el barco Tai An. Desde Prodesur alertan que en realidad es un intento de volver al monopolio.
A diferencia del resto de las empresas, Prodesur tiene permitido pescar todo menos especies particulares como la merluza austral, langostino o la propia merluza negra. De este último se encontraron 142 toneladas a bordo. Esta especie se encuentra en una cadena de equilibrio delicado de ecosistema. Si se pesca sin medida, puede afectar enormemente el ecosistema, generando la extinción de la propia especie.
Según informó el medio especializado Revista Puerto, la cartera conducida por Diana Mondino presionó al funcionario de Pesca luego de que éste decidiera hacer volver el barco al puerto por pesca ilegal con la captura de 142 toneladas de merluza negra.
Ante esta situación, Suárez denunció que recibió llamadas intimidatorias de Pablo Ferrara, funcionario de Cancillería y sobrino de Mondino, para que diera de baja esta orden.
El mismo medio agregó que además "le pidieron, el viernes pasado, que confeccionara una lista con cincuenta nombres para ser despedidos y que preparara una desregulación, eliminando las resoluciones y disposiciones establecidas por la Secretaría de AGyP y la Subsecretaría de Pesca desde 2019 a 2023".
Un nuevo funcionario presentó su renuncia al Gabinete de Milei y ya son 15 bajas en 100 días de gestión
"Me dirijo a usted con el fin de presentar mi renuncia indeclinable a partir del día de la fecha, siendo este el último día trabajado, en el cargo de Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA", señala la nota de renuncia dirigida al subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla.
Suárez trabaja desde hace 15 años en el área y estuvo al frente durante todo el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, la gota que colmó la paciencia y por la que decidió renunciar fue la llamada recibida para interceder a favor de un barco pesquero llamado Tai An.
Cazorla tomó intervención en el caso y ordenó que no regrese, pero que se mantenga fuera de la zona de veda de la merluza negra.
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