Lanzan un programa de IA para prevenir catástrofes ambientales en la Argentina

Fecha de Publicación: 27/03/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Terra es un software de IA que recopila datos y busca prevenir en materia de medio ambiente en la Argentina; está inspirado en un libro del juez de la Corte Lorenzetti
Inspirada en “El nuevo enemigo”, un libro del juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, y creada por un movimiento ambientalista que promueve el magistrado, surgió Terra, la activista argentina concebida por inteligencia artificial (IA) que “busca evitar las catástrofes ambientales”. Esta creación tiene “un tratamiento artístico de la vida real que le permite convivir simultáneamente en todas las dimensiones diseñadas por los seres humanos.
El proyecto comenzó a gestarse hace más de dos años a partir de las ideas plasmadas en el texto del integrante del máximo tribunal, que propone “una llamada a la acción ambiental conjunta” y a la cooperación entre sectores como la ciencia, la justicia, la religión, la educación, la política, la economía, la cultura y la sociedad, “desde una versión holística”.
“Queremos prevenir las catástrofes antes que reaccionar frente a los daños ya causados. Queremos igualdad de género, respeto por la diversidad biológica y cultural, y menos desigualdades económicas. Ésta es una lucha por un cambio moral. Cada uno en su lugar, a su modo, con sus medios; lo que no cabe es la indiferencia. Queremos cambiar el curso de la historia, porque no se pueden enfrentar los desafíos del siglo XXI con las políticas públicas del pasado”, señalan y aseguran que la idea es avanzar en “un nuevo idealismo, un cambio de conciencia y de valores, una nueva cultura; porque el ambientalismo no es una moda”.
Antes de que saliera a la luz, durante más de 24 meses, los desarrolladores de esta propuesta hicieron diversas presentaciones en todo el país para dejar “un mensaje de concientización” y para invitar a la ciuadadanía a “a sumarse a la reconstrucción de Argentina”.
En este sentido, el proyecto dio origen a una serie de causas ambientales que derivaron en resultados como, por ejemplo, la construcción de centros de acopio de semillas. Según estiman, la acción de esta IA posibilitará la recuperación de los humedales que se perdieron en la última catástrofe ocurrida en Corrientes ya que, debido a la labor conjunta realizada por el movimiento, en esa zona fue donde justamente se creó un espacio que permitió la recolección de las especies nativas de las 40.000 hectáreas de bosques quemados en 2022.
“En un mundo cada vez más convergente entre las nuevas tecnologías y el ambiente, TERRA exige la urgente protección de nuestro planeta. Ella es la síntesis virtual que nos permitirá estar presentes de manera simultánea en diferentes partes del mundo, pudiendo hablar en múltiples idiomas, cantar y ser protagonista activa de la transformación. Necesitamos un nuevo movimiento, un movimiento que nos una a todos y que entienda que el único enemigo que tenemos, es el colapso ambiental”, señalan.
Lorenzetti, expresidente de la Corte Suprema, fundó el Instituto Judicial Global Ambiental, que reúne a jueces de todo el mundo. Además, es copresidente del International Advisory Council de ONU Ambiente; integrante de la Comisión Medioambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana; embajador de buena voluntad para la Justicia Ambiental para promover el estado de derecho ambiental (OEA). Su libro sobre Derecho ambiental fue publicado en Argentina, Estados Unidos, Colombia, México, Panamá, Perú, Paraguay, Brasil, España e Italia.
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Energía limpia: Córdoba sigue siendo líder en generación distribuida y ahora busca incursionar en el mercado de créditos de carbono en EEUU

Fecha de Publicación: 27/03/2024
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba


La provincia tiene 786 generadores individuales y comunitarios por casi 15 MW. Además, hay otros 116 proyectos en análisis. La estrategia apunta a que los gases de efecto invernadero que dejan de emitir puedan monetizarse mediante su comercialización en subastas de créditos de carbono con empresas que necesitan reducir su huella. Mientras el Gobierno prepara una nueva licitación, planea que proyectos de captura de metano operen en el mercado de California
La Provincia de Córdoba lideró una vez más el ranking nacional de generación distribuida de energías renovables, tanto individual como comunitaria, al totalizar 786 proyectos activos de 14.542 kilovatios (KW) mientras esperan 116 en estudio por 3.465 KW.
Lejos, en segundo lugar, se ubica la Provincia de Buenos Aires, con 478 activos y 260 en estudio.
En total, Argentina tiene 1.679 proyectos activos por 35.241 KW y otros 591 en carpeta por 15.624 KW.
La foto muestra así que Córdoba tiene el 42% de toda la potencia instalada y operativa en proyectos de energía distribuida individual y comunitaria.
Los datos fueron informados a Comercio y Justicia por Sergio Mansur, secretario de Planificación Energética, área que depende del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a cargo de Fabián López.
Se trata de uno de los pilares para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, claves para mitigar el cambio climático y cuyos objetivos globales están lejos de alcanzarse.
Otro de los ejes es la sustitución a mayor escala, siempre en referencia a la generación eléctrica, de las plantas de producción con combustibles fósiles por proyectos de energía renovable, es decir, parques solares, eólicos, de producción de biogás o pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, entre otros.

Generación distribuida
Según la información oficial difundida por la Provincia, además de los generadores individuales, o sea quienes tienen equipamiento para un domicilio o comercio, por ejemplo, ya hay seis usuarios generadores comunitarios conectados a la red.
El Parque solar Oncativo con 76,44 KW de potencia; el de Arroyo Cabral, con 70,07 KWP; el de Jovita, con 101,92 KWP; el de Vicuña Mackenna, con 127,4 KWP; el de La Laguna, con 131,04 KWP, y el Maipú, con 828 KWP.
A éstos hay que sumarles dos parques en proceso de conexión: el de La Cumbrecita, con 315 KWP y el de Morteros, con 330 KWP.
“El liderazgo de Córdoba en la materia tiene que ver con la implementación de políticas públicas que tuvo siempre cinco grandes ejes o cinco grandes estrategias o marcos normativos claros y creados por consenso de todas las organizaciones. Una decisión política institucional muy fuerte para acompañar el proceso, una comunicación pública muy activa en muy diversos medios, una plataforma donde uno puede encontrar toda la guía para ser un usuario generador o una plataforma tecnológica en la web que puede servir para encontrar desde instaladores habilitados hasta tramitar las exenciones impositivas y por último un régimen financiamiento a través del Banco Provincia de Córdoba”, enumeró Mansur a este medio.
La inversión total estimada en esos parques comunitarios más los proyectos individuales ronda 30 millones de dólares, según estimó.
Mansur destacó el marco legal vigente -pionero en el país-, que dio sustento a la proliferación de los diferentes proyectos.
En paralelo, destacó el proyecto para generar energía a partir del biogás de residuos cloacales en la planta de saneamiento de Bajo Grande y el proyecto de Biofarma, primer usuario generador distribuidor del país a partir de residuos de feedlot.
Por lo demás, señaló que, en el predio de Arroyo Cabral -propiedad de EPEC- se buscará alojar proyectos importantes tanto de la propia empresa como de inversores privados que quieran generar desde ese lugar para diversos mercados de energía, aprovechando la infraestructura disponible para una potencia superior a los 50 MW.

Planes
En cuanto a los objetivos por delante, Mansur dijo que hay varios ejes para desarrollar, algunos ya avanzados.
“Vamos a mejorar el programa de beneficios para incentivar las inversiones y vamos a introducir la digitalización, la aplicación de blockchain para generar tres tokens: uno  asociado a la potencia instalada, otro que va a representar la monetización de la energía generada mediante una billetera virtual para pagar las facturas de energía y, por último, un token asociado a la reducción de emisiones por esa energía que podrá comercializarse en una plataforma vinculada al carbono”, señaló.
Al mismo tiempo y siempre respecto a los planes futuros, Mansur dijo que el objetivo es triplicar la potencia instalada en un plazo de aquí hasta junio de 2025 para llegar a los 40 o 45 MW de energía distribuida.
“A la par, vamos a avanzar fuerte en políticas de desarrollo de las bioenergías. También en un plan de eficiencia energética, para promover la acción climática y como paliativo para la realidad tarifaria que enfrentamos, y pensar el mediano y largo plazo con muchas herramientas de inteligencia territorial”, concluyó.

El camino a la monetización
“La generación distribuida es la plataforma para que uno pueda establecer subastas, es decir no hay subastas (de créditos de carbono) si no se pueden certificar reducciones de emisiones y compensaciones”, resumió Mansur para introducir el círculo virtuoso que, más allá de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, tienen aquellos que invierten en este tipo de tecnología para generar energía limpia.
En ese sentido, Córdoba es pionera en las subastas de créditos de carbono.
Ya a fines de 2022, se concretó la primera subasta de certificados de carbono desplazado.
Por medio del Ministerio de Servicios Públicos, se lanzó la prueba piloto, por la cual empresas pudieron compensar sus emisiones de carbono.
Se trató de una acción que otorga valor a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, para que luego sean compensadas por distintos actores en la órbita del Ministerio de Servicios Públicos.
“Córdoba vuelve a mostrar esa vocación por avanzar en el cuidado del ambiente, en reducir la emisión de carbono con esta subasta inversa que tiene una característica para destacar: no sólo es la primera que se hace en Argentina sino que expresa la participación de la sociedad cordobesa”, expresó entonces el gobernador Juan Schiaretti, quien agregó que hubo 68 oferentes que tomaron medidas para mitigar su huella de carbono y más de 120 interesados en entrar en la subasta y adquirir esa reducción.
La iniciativa tuvo por objetivo generar una plataforma para la puesta en valor de reducciones de emisiones a pequeña y mediana escalas, toda vez que a esa fecha no eran posibles de validar a través de estándares internacionales, en especial por los costos.
A su turno, el ministro López aseguró: “A través del mercado, voluntaria u obligatoriamente, buscaremos que personas jurídicas y físicas disminuyan su huella de carbono por medio de mecanismos de compensación y transitar así a una economía de bajas emisiones”.
En la primera subasta, el precio promedio por cada tonelada de CO2 equivalente fue cotizada en 550 pesos, unos cuatro dólares de entonces.
En tanto, ya desde comienzos del año pasado, las licitaciones que realizó el Ministerio de Servicios Públicos incluyeron en los pliegos un puntaje extra para las empresas que demuestren una reducción en sus emisiones contaminantes, o bien que compensen esas emisiones con la adquisición de bonos de aquellos que sí lograron reducirlas.
Mientras, a fines del año pasado se concretó una nueva subasta con características similares a la primera.

Los objetivos se mantienen
Un punto clave respecto al tema es la continuidad de las políticas públicas. Es que al igual que en la gestión de Juan Schiaretti, con el ministro Fabián López a la cabeza, también Martín Llaryora sostuvo la impronta, confirmando a López en el cargo y también a parte del equipo que impulsó esas políticas, entre ellos a Mansur y también a Pablo Gabutti, quien -si bien anteriormente se desempeñaba en la gerencia de energía del Ersep- hoy es el secretario de Transición Energética. Además, creó el Ministerio de Ambiente y Economía Circular a cargo de María Victoria Flores.
“A fines del año pasado se hizo la segunda subasta de créditos de carbono, que llamamos “unidades de carbono verificadas” y en coincidencia con la fecha de la Cumbre de la Economía Circular”, recordó Gabutti.

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Por qué llegan los salmones hasta el río Paraná y qué impacto pueden tener en el ecosistema

Fecha de Publicación: 26/03/2024
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Litoral Argentino

Un grupo de científicos estudió la aparición de esta especie no nativa en ríos de la Cuenca del Plata.
En los últimos años pescadores comerciales y deportivos han capturado ejemplares no nativos en el litoral argentino. Uno de los casos más sorprendentes es el del salmón del Pacífico (Oncorhynchus tshawytscha), el cual es originario de las regiones árticas del hemisferio norte que desembocan en el Océano Pacífico tanto desde el noroeste de América del Norte como desde el noreste de Asia.
Sin embargo, la especie fue introducida a la Patagonia Argentina a principios del siglo XX y cada vez es más común encontrarlos en los ríos que integran la Cuenca del Plata, como los ríos Paraná, Uruguay y de La Plata. “Es migrador de larga distancia y puede migrar más de 4.500 km”, explicó Luis Espínola, doctor en Ciencias Ambientales e investigador independiente del Conicet (Inali-UNL) en el laboratorio de hidroecología, quien junto a otros investigadores llevó adelante un estudio para explicar porqué aparecen en una región de la que no son originarios.
Respecto a la introducción de estas especies, Espíndola comentó a El Litoral: “Estos programas resultaron en el establecimiento de poblaciones residentes de agua dulce compuestas principalmente por trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) y trucha marrón (Salmo trutta) y, en menor medida, trucha de arroyo (Salvelinus fontinalis), pero no lograron introducir poblaciones o especies típicamente anádromas en ese momento. Sin embargo, se han registrado poblaciones de trucha arco iris, trucha marrón y trucha de arroyo en ríos más allá de la región patagónica, incluso en áreas con condiciones ambientales desfavorables (altas temperaturas del agua, Carter 2005) para el establecimiento de la especie, es decir, que mantengan una población autosustentable”.

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Diputados reanuda el debate sobre la regulación de agroquímicos en Entre Ríos

Fecha de Publicación: 26/03/2024
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


Este martes se tratará la continuidad del proyecto de ley que establece la regulación de la fumigación con agroquímicos. La iniciativa fue presentada durante la gestión de Gustavo Bordet.
El proyecto de ley será sometido a debate este martes 26 de marzo a las 10 horas en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
Se trata del proyecto de ley de “buenas prácticas en la utilización de fitosanitarios y domisanitarios en la provincia de Entre Ríos”, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Gustavo Bordet que tomó estado parlamentario en diciembre de 2022 y que recién comenzó a debatirse este mes en la comisión legislativa que preside el socialista Juan Manuel Rossi.
En el anterior encuentro de la comisión, el legislador había adelantado que se convocará a organizaciones productivas, vinculadas al cuidado del medio ambiente, referentes de salud, miembros de la comunidad científica, representantes de las Universidades y a organizaciones intermedias que trabajan en la temática”.
“Asumimos el compromiso de escuchar a todos los sectores involucrados en este tema para encontrar una propuesta superadora que contemple el ambiente, la producción y la salud de las y los entrerrianos”, señaló.
“Queremos contribuir para impulsar un modelo de producción sostenible ambiental y socialmente. Aspiramos a tener unas de las leyes más modernas del país referida a este tema que hace años debió ser tratado y quedó siempre guardado en algún cajón", enfatizó.

El proyecto
El proyecto establece que las distancias mínimas para las pulverizaciones con agrotóxicos donde haya personas es de 100 metros para las realizadas de forma terrestre y 200 metros para las aéreas.
A su vez, se dispone un régimen específico si en la zona hay instituciones educativas rurales: se establece “una distancia de 150 metros medidos desde el perímetro de la escuela para delimitar la zona de exclusión, siendo para aplicaciones aéreas la distancia de 500 metros, medidas desde el perímetro del establecimiento educativo”.
A partir de esta distancia se considera una zona de amortiguamiento que va desde el límite de la zona de exclusión (150 metros del perímetro) a 500 metros para equipos terrestre; desde el límite de la zona de exclusión para equipos aéreos (500 metros del perímetro de la escuela) hasta los 3.000 metros.
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La Cámara Federal de La PLata declaró inconstitucional el artículo que deroga la ley de Tierras

Fecha de Publicación: 25/03/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Los camaristas fallaron a favor del "amparo colectivo" del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) --que impugnaron la norma que consideran lesiva para la soberanía nacional-- por tratarse de "una asociación de quienes debieron empuñar las armas en su defensa". Además de considerar que no existieron causas "excepcionales" que justificaran la necesidad y la urgencia del Decreto. El fallo solo puede ser apelado ante la Corte Suprema.
La Sala III de la Cámara Federal de La Plata, con voto de los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que deroga la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales y que habilitó durante su vigencia la venta de latifundios a extranjeros aún en zonas de frontera. Los camaristas resolvieron a favor del “amparo colectivo” presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) que cuestionó el decreto ante los tribunales federales de la capital bonaerense, que en principio había sido aceptado por el juez Ernesto Kreplak durante la feria judicial y que tras la misma el magistrado Alberto Recondo rechazó al negar la representación “colectiva” de los ex combatientes. En atención al alcance colectivo de la resolución de amparo, la Cámara ordenó reinscribirla en el Registro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo que el fallo solo puede ser apelable ante el Máximo Tribunal.
En su presentación de amparo ante la Justicia Federal bonaerense, el CEMIM sostuvo que la derogación de la ley libera el mercado de tierras, “habilitando la extranjerización de las mismas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces”.
Amparo colectivo
Los camaristas –que tomaron la apelación relizada por los ex combatientes de Malvinas-- dijeron que la decisión (de Recondo) que rechazó la legitimación del CECIM constituía “una interpretación exageradamente restrictiva de las normas constitucionales y legales que gobiernan la solución del caso”. Tras repasar la jurisprudencia de la Corte Suprema, Vallefín y Lemos Arias agregaron que “no puede homologarse una solución que menoscaba la dignidad del orden jurídico de la Nación al impedir impugnar la constitucionalidad de una norma que se dice lesiva de la soberanía nacional a una asociación que nuclea a quienes, precisamente, debieron empuñar las armas en su defensa”.
En su extensa decisión, el Tribunal de apelación dedicó un apartado final de conclusiones donde reconoció la legitimación de la agrupación de veteranos para demandar en defensa de la soberanía nacional, un bien colectivo e indivisible que justifica la consideración judicial y el dictado de una sentencia de alcance nacional. Por lo que ordenó que la causa sea nuevamente inscripta (como lo había realizado el juez Kreplak) en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema y se publique su resolución.

Inconstitucionalidad
El Tribunal analizó los requisitos constitucionales del DNU que habilitan al Poder Ejecutivo a dictarlos a la luz de los criterios que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sobre ese punto, consideró que “no existieron circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes” dado que, según argumentaron los jueces, no hubo “impedimentos para que las cámaras del Congreso de la Nación se reunieran. Por el contrario, el DNU 70/2023 se publicó el 21/12/23 y entró en vigencia el 30/12/23 y el Poder Ejecutivo Nacional convocó –el 26/12/23, desde esa fecha, y hasta el 31/01/23- a Sesiones Extraordinarias del Poder Legislativo”.
El Congreso de la Nación –-constituye un hecho público y notorio, dijeron los camaristas-- sesionó durante el mes de enero del corriente año y, a partir de este 1° de marzo, se inauguró formalmente el período 142° de Sesiones Ordinarias con ambas cámaras en pleno funcionamiento.
Los camaristas agregaron que la derogación de la Ley de Tierras se hizo con “razones genéricas expuestas en los considerandos de los decretos de necesidad y urgencia” que “resultan inhábiles para justificar el dictado de medidas legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional”. Por lo que expresaron que “el fundamento del DNU impugnado –sólo tres líneas en lo que atañe a la derogación de la ley 26.737– no exhibe en forma concreta el modo en que ello impactaría en la mejora de la situación socioeconómica argentina y haría imposible de aguardar su tratamiento normal por parte del Congreso Nacional”.
Que además, en contraposición con la jurisprudencia de la Corte Suprema de los fallos “Consumidores Argentinos” y “Pino Seberino”, el DNU impugnado en materia de tierras “constituye una lisa y llana derogación de conveniencia de la ley 26.737”. Y que el decreto no se dirige a “paliar una supuesta situación excepcional” e introduce reformas que “revisten carácter permanente modificatorias de leyes del Congreso Nacional”, aspecto vedado por ese criterio del Máximo Tribunal.
Tras plasmar los fundamentos en la resolución, los camaristas concluyeron que el CECIM se encontraba legitimado para demandar en los tribunales en defensa de la soberanía nacional como bien jurídico colectivo y cuestionar un decreto que denunciaron como lesivo de aquella. A su vez, juzgó que el Poder Ejecutivo no estuvo habilitado para derogar la Ley de Tierras de la forma en que lo hizo, al no acreditarse circunstancias que justifiquen el dictado de un DNU de esa naturaleza.
Razones por la cuales la Cámara Federal de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 en cuánto a la derogación de la Ley 26.737 y ordenó reinscribir la causa en el Registro de Procesos Colectivos.
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Pesca ilegal: afirman que el buque chino capturó ejemplares jóvenes de merluza negra, algo prohibido para evitar su depredación

Fecha de Publicación: 25/03/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Las 163 toneladas de merluza negra encontradas en el buque Tai An, del empresario chino, Liu Zhinjang, incluían ejemplares juveniles lo cual dadas las características de las especie podría generar un daño considerable que pone en riesgo su supervivencia
Tras la ola de renuncias en el Gobierno por la pesca ilegal de merluza negra por parte de la empresa Prodesur (de capitales chinos) en el Mar Argentino, el buque Tai An arribó al puerto de Ushuaia con una carga de 163 toneladas de merluza negra, valuada en 5 millones de dólares. Pero distintos expertos ambientales advirtieron además que se hallaron ejemplares juveniles, de longitud menor a 30 centímetros, cuya captura está expresamente prohibido con el objetivo de preservar la especie.
Desde hace más de 15 años existe un sistema de cuotificación para la pesca de la merluza negra, una especie protegida a nivel global. Ni empresas locales ni extranjeras pueden pescar merluza negra sin autorización. Y en ningún caso se pueden pescar ejemplares en etapa de desarrollo de los que, en el caso del pesquero propiedad del empresario chino Liu Zhijiang, se hallaron 60 toneladas.
“La pesca indiscriminada de 163 toneladas de merluza negra, de las cuales gran parte son juveniles, significa una depredación a la vida marina y un ataque al frágil equilibrio del ecosistema”, dijo la organización ambiental Sin azul no hay verde, especializada en la protección del Mar Argentino y en combatir la destrucción y sobreexplotación de la biodiversidad y hábitats marinos.
“El caso del buque Tai An, que pescó toneladas de merluza negra juvenil sin tener permiso para hacerlo, refleja la impunidad de algunos actores de la pesca en Argentina y la falta de conciencia ambiental y del impacto negativo que tiene un hecho así en nuestro ecosistema marino”, agregó en X.
La ONG destacó no solo la ilegalidad del accionar “sino también la práctica utilizada (pesca de arrastre) y sus consecuencias ambientales. Si la pesca realizada fue directa o incidental a estas alturas en material ambiental ya no es relevante: el ecocidio ya sucedió”.
La entidad criticó la falta de controles y fiscalizaciones, a la vez que se preguntó: “¿Y si este no es un hecho aislado? ¿Y si en realidad hay más depredadores como el buque Tai An en el Mar Argentino?”. También pidió sanciones para el buque Tai An por incumplimiento del Régimen Federal de Pesca (ley 24.922) y la Ley General del Ambiente (ley 25.675).

Sobrepesca y sobreexplotación
La merluza negra, según Milko Schvarzman, especialista en conservación marina del Círculo de Políticas Ambientales; se descubrió en los años 90′ y a principios de los años 2000 se empezó a ver que la sobrepesca y sobreexplotación de la especie estaba generando un daño a su población, por lo que se empezaron a tomar medidas y restricciones a nivel global.
“Es una especie tan frágil y tan sensible porque tiene un largo periodo de vida y un ciclo muy lento. Puede llegar a vivir hasta 80 años en algunos casos y esto hace que cuando se la captura, la posibilidad de recuperación de la especie sea muy lenta, a diferencia de otras especies, como la merluza común de la Argentina que llega a vivir un máximo de 10 años, o el calamar que vive entre 1 y 2 años máximo y tiene una capacidad de reproducción mucho más rápida”, detalló el especialista.
“La captura de ejemplares juveniles causa un daño aún mayor en la especie ya que no han llegado a la edad de reproducción. Siempre hay medidas, tamaños y edades mínimos permitidos para la captura para evitar y asegurar que la especie se pueda reproducir”, agregó.
A partir del accionar del Tai An, quedaron involucrados funcionarios del gobierno, en particular del ministerio de Relaciones Exteriores, en medio de sospechas de la existencia de cierta protección a la empresa china. Ayer se conoció la tercera renuncia vinculada a este caso. Se trata de Guillermo Abdala Bertiche, quien se desempeñaba como director nacional de Acuicultura.
Esta dimisión, tras la polémica por las supuestas presiones de Cancillería para favorecer un buque pesquero perteneciente a un empresario chino que depredaba el Mar Argentino, se produjo días después de la polémica salida de Julián Suárez, ex director de Control y Fiscalización Pesquera que disparó la polémica. Ambos se conocían y tenía buena relación. Abdala Bertiche también se fue descontento por el desfinanciamiento de su área y el pedido de despedir personal calificado. Cerca suyo aseguraron que no estaba dispuesto a acompañar porque su estructura iba a ser reducida algo que le iba a impedir alcanzar cualquier objetivo técnico y productivo que se había fijado.
El supuesto motivo de la renuncia de Suárez fueron las presiones recibidas por parte de Pablo Ferrara Raisberg, Coordinador General en Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quien también tendría una relación familiar de Mondino, y otro de los renunciantes.
El conflicto se desató días atrás cuando se detectó el Tai An estaba pescando en una zona prohibida de la codiciada merluza negra. El barco no tenía ningún tipo de cuota extra autorizada y se detectó que tenía 163 toneladas de estas especies de merluza, por lo que se notificó a Prefectura y se le ordenó que regrese inmediatamente a puerto. En ese momento llegó el llamado de Cancillería para evitar ese regreso. Quien realizó el llamado fue Ferrara Raisberg.
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Clausuran la planta de Atanor tras la contaminación causada por las explosiones

Fecha de Publicación: 23/03/2024
Fuente: Diario La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia hizo lugar a una cautelar para que cesen las operaciones en la planta de San Nicolás. El Ministerio de Ambiente de Buenos Aires cerró el sector donde ocurrió el incidente
Tras la explosión de un reactor en la fábrica de agroquímicos Atanor, ubicada en San Nicolás, la Justicia ordenó este miércoles el cierre de la planta hasta que se tomen las medidas de seguridad necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. En caso de no atenerse a la medida, la firma deberá pagar 10 millones de pesos por cada día de incumplimiento.
La jueza de la provincia de Buenos Aires con jurisdicción en San Nicolás, Luciana Díaz Bancalari, resolvió hacer lugar a una medida cautelar solicitada por el abogado ambientalista Fabián Maggi, de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, en representación de los vecinos. La medida implica también librar oficio a la fiscalía y al ministerio de Medio Ambiente, que encabeza Daniela Vilar.
La Unidad de Respuestas Rápidas de la cartera bonaerense estuvo en San Nicolás e informó que "si bien los aparatos sometidos a presión están en regla, nos encontramos a la espera del informe de los peritos sobre los motivos exactos de lo sucedido".
"Entendiendo que la situación no admite demoras en la adopción de medidas, la empresa se encuentra sin actividad por seguridad y clausuramos el sector de la planta donde ocurrió la explosión hasta tanto estén dadas las condiciones normales de funcionamiento de la planta y se haya realizado y completado todas las tareas de reparación que garanticen la seguridad integral tanto del personal como de los vecinos", agregaron desde el Ministerio de Ambiente de Buenos Aires, que evaluará posibles sanciones contra Atanor además de solicitar un plan de remediación.

Otra clausura
La planta productora de agroquímicos que Atanor tiene en San Nicolás ya fue clausurada hace ocho años, en el marco de un allanamiento por el incumplimiento de medidas judiciales.
En septiembre de 2016, el juez Facundo Puente, por entonces titular del Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás, ordenó la clausura de la planta tras un allanamiento de Prefectura y Gendarmería en el que confirmó que la empresa no cumplía con ciertas restricciones impuestas por la Justicia para evitar el vuelco de aguas contaminadas al río Paraná, además del uso de grandes cantidades de agua subterránea.
La medida fue el desenlace de una larga lucha de vecinos y organizaciones que reclamaron y denunciaron, por más de 12 años, el impacto de la actividad de la compañía química en la salud de los pobladores, la contaminación del aire, el suelo y el cauce del río.

Condena por contaminar el río Paraná
El año pasado, Atanor fue condenada por vertir desechos tóxicos ilegalmente en el río Paraná. La Justicia de Ejecución Penal de San Nicolás hizo lugar a un amparo ambiental por daño ambiental de incidencia colectiva contra la empresa, considerada la tercera productora de herbicidas más importante del mundo, y dictó sentencia definitiva contra la firma ubicada en las inmediaciones del barrio Química de la ciudad nicoleña, donde se estima que murieron cerca de 200 personas en el transcurso de años producto de la contaminación ambiental que ocasionaba la empresa al verter sustancias tóxicas al curso del río Paraná sin tratamientos, además de enterrar de manera ilegal residuos peligrosos.
La causa fue presentada en 2015 y motivó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por reiteradas “demoras injustificadas” del Poder Judicial tanto en el ámbito federal como bonaerense, situación que se encuentra en trámite pese al fallo definitivo a la acción de amparo.

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Una explosión en una planta química en San Nicolás hace temer contaminación en la zona

Fecha de Publicación: 23/03/2024
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Buenos Aires


La empresa de agroquímicos Atanor sufrió una serie de detonaciones alrededor de las 3:30. Un operario resultó herido de gravedad y los vecinos temen contaminación.
Una explosión en la planta industrial de Atanor, ubicada en San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires, dejó un trabajador herido de gravedad y preocupación entre los vecinos de la zona ante una posible contaminación.
El accidente tuvo lugar durante la madrugada de este miércoles. Según un comunicado de la empresa, en horas de la madrugada, se produjo un incremento de presión en el proceso de síntesis química de atrazina que generó la ruptura de la tapa del reactor afectado al proceso.
“Esto dio origen a un incendio en el sector de aminación de la planta, que requirió la intervención de los bomberos de San Nicolás y Ramallo, quienes prontamente pudieron controlar el foco”, señalaron. El operario Julio César Corbalán que trabajaba en el lugar debió ser atendido de urgencia, producto de las heridas recibidas por el derrame de ácidos en el lugar. “Se encuentra internado en el Hospital Interzonal General de Agudos de San Felipe”, informaron fuentes oficiales.
Desde Atanor comunicaron que ahora se encuentran realizando tareas de limpieza de la planta e inmediaciones junto con el Comité Organizado ante Emergencias de San Nicolás y la firma RESTEC, especialista en la atención de emergencias tecnológicas.
La preocupación de los vecinos, que publicaron reportes sobre un fuerte olor a químicos en redes sociales, se debe a la liberación de una nube tóxica. “Debido a la liberación brusca de presión, se generó una emanación de gases propios del proceso productivo y luego, como consecuencia del incendio, se generaron gases de combustión”, indicaron desde la empresa y añadieron que las consecuencias esperables son irritación ocular y de vías aéreas superiores.
“La empresa dio intervención inmediata al Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y en conjunto con las autoridades de contralor municipales correspondientes está trabajando para determinar las causas del incidente y evaluando las consecuencias del mismo”, afirmaron.
Las autoridades locales recomendaron evitar circular por las inmediaciones de la planta y permanecer dentro de los hogares para evitar complicaciones en la salud, ya que los productos expulsados son altamente tóxicos.
Según informó La Vaca, hace un año el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás había probado la existencia de contaminación que los propios vecinos denunciaron hasta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde presentaron un censo con 200 muertes por diversas enfermedades en seis cuadras del barrio, y la jueza Luciana Bancalari consideró probado “el marco de ilegalidad manifiesta” en el que funcionaba la empresa.
Luego, la Cámara Primera de Apelación del distrito le fijó a la empresa, en un fallo histórico, una indemnización sustitutiva por el daño ambiental al Río Paraná de 150 millones de pesos.
Según el informe de una consultora que publica la página del Ministerio de Ambiente bonaerense, la planta de Atanor es la única productora y formuladora de atrazina del Mercosur. Además, sintetiza humectantes y formula herbicidas a base de Ácido 2,4-D, Ácido 2,4-DB, Éster Etilhexílico del Ácido 2,4-D, Ésteres Butílicos de 2,4-DB, MCPA, Dicamba, Imazetapir, SMetolacloro, Fomesafen, Cletodim e insecticidas.
La atrazina se descompone cuando se calienta intensamente, produciendo humos tóxicos entre los cuales figuran el cloruro de hidrógeno y óxidos de nitrógeno.
En la investigación del caso interviene en principio la Unidad Fiscal 14 de San Nicolás. A la vez, fue informado el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y las autoridades de contralor municipales.
No es la primera vez que Atanor es noticia por un siniestro en su planta de San Nicolás. En noviembre de 2016 hubo otra explosión que generó una densa columna de humo negro y obligó a los Bomberos a un trabajo de varias horas para controlar el fuego desatado en un depósito de bidones plásticos.

Qué es la atrazina
La atrazina, 2-cloro-4-(etilamina)-6-(isopropilamina)-1,3,5-triazina, es un compuesto químico utilizado como herbicida artificial para controlar malezas en la agricultura interfiriendo en el transporte de electrones durante el proceso de la fotosíntesis.
Las triazinas son el segundo grupo de herbicidas más usado en Estados Unidos, pero su uso es materia de controversia ya que produce efectos nocivos en especies a las que no va dirigida, como los anfibios, a causa de la contaminación de las aguas, o en el ser humano.
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Denuncian que en Salta se desmontaron más de 8 mil hectáreas en 2023

Fecha de Publicación: 23/03/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La extensión de enfermedades, como el dengue, a todo el país es vista como una de las consecuencias.
En 2023 se deforestaron más de 8 mil hectáreas en Salta, sin que hasta el momento se conozca el proyecto provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que está vencido desde 2014.
Aunque el proyecto ya fue elevado por el equipo técnics a cargo, se desconoce si se elevó a no a la Legislatura Pprovincial, en donde debe ser aprobado por ley. En el medio, desde el año pasado y de forma ininterrumpida, se siguen realizando audiencias por pedidos de permisos de desmontes en distintos lugares de la provincia.
En este contexto, las denuncias por la continuidad de la actividad deforestadora vinieron de la mano de Greenpeace, que advirtió que en 24 años, en toda la Argentina se desmontó una superficie similar a la de la provincia de Formosa.
Mientras, durante todo 2023 el desmonte “en el norte de Argentina alcanzó las 126.149 hectáreas (Chaco, 57.343 hectáreas; Santiago del Estero, 42.871 hectáreas, Formosa, 17.409 hectáreas y Salta, 8.526 hectáreas)”. La organización ambientalista explicó que la detección de esta actividad se hizo por comparación de las imágenes satelitales para el monitoreo de desmontes que tiene a su cargo.
“El consenso científico viene alertando sobre la emergencia climática y de biodiversidad en la que nos encontramos, y que empeorarán si no actuamos rápido. En ese sentido, más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desertificación, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades”, advirtió el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. Entre las enfermedades, se advierte que una de las que se extendió en el país (y que en el norte es endémica desde hace décadas) es el dengue.
Giardini analizó que “es evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes e incendios forestales; y los responsables rara vez son obligados a reforestar. En muchos casos es clara la complicidad de funcionarios. Es hora de penalizar la destrucción de los bosques”, agregó.
Los datos revelan que la pérdida de bosques en el norte del país en 2023 fue superior a la del año anterior (cuando se desmontaron 118.805 hectáreas). En la provincia del Chaco, la totalidad de los desmontes durante el año pasado fue ilegal, dado que rige una suspensión establecida por la justicia provincial desde el 16 de octubre de 2020, por la falta de actualización de su OTBN. Mientras que en Santiago del Estero el 80 por ciento de los desmontes fueron ilegales, ya que se realizaron en lugares donde no está permitido.
Frente a esta alarmante situación, Greenpeace reclamó una vez más la penalización de los desmontes y los incendios forestales, “para que haya prisión efectiva a quien destruya nuestros bosques nativos”. Y anunció que seguirá alerta ante posibles nuevos intentos de modificar la Ley de Bosques.
“Es muy preocupante que desde el gobierno nacional hayan intentado flexibilizar la Ley de Bosques y que, en la misma línea, los gobiernos de Salta y Chaco están promoviendo que las actualizaciones de sus leyes provinciales sean más permisivas a los desmontes. No podemos seguir perdiendo bosques”, afirmó Giardini.
Una vez más la ONG cuestionó los métodos del OTBN propuesto por el equipo técnico, afirmando que permitirá que zonas que deberían ser conservadas sean desmontadas.
Greenpeace recordó que con la participación de más de 260.000 argentinos de todo el país, el año pasado realizó una consulta popular durante tres meses para conocer si la ciudadanía está de acuerdo con penalizar desmontes ilegales e incendios forestales. El resultado fue contundente: el 99 por ciento votó por el sí.
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Un animal en peligro de extinción regresó a su hábitat tras décadas ausente

Fecha de Publicación: 22/03/2024
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Chaco


La historia de Keraná, la primera hembra yaguareté en pisar en Parque Nacional chaqueño en más de tres décadas.
En los últimos días, tuvo lugar un hecho histórico para una de las especies en peligro de extinción. Un yaguareté, que había sido rescatado del cautiverio en Paraguay, fue liberado en el Parque Nacional El Impenetrable, siendo la primera hembra en pisar suelo chaqueño en 35 años.
Keraná es el nombre de la hembra yaguareté a la que, el pasado viernes 15 de marzo, le abrieron las puertas del Centro de Reintroducción del Yaguareté en el Parque Nacional El Impenetrable (Chaco). “Su liberación en el área protegida se aprobó tras cumplir con diversos requisitos en materia social, económica y biológica establecidos en los protocolos de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza para justificar la introducción de individuos en poblaciones silvestres”, explicaron desde El Parque Nacional.
Esta acción viene a revertir la situación actual del ecosistema en el Chaco, puesto que “quedan menos de diez yaguaretés confirmados en el millón de kilómetros cuadrados de extensión del Gran Chaco argentino, y todos son machos”. Entonces, con la introducción de Keraná, la primera hembra que pisa el área protegida del noreste argentino, se busca recuperar una mayor la presencia del depredador en el ecosistema, además de contribuir al desarrollo local basado en el turismo de naturaleza.
Tras la liberación de Keraná, desde Rewilding Argentina aseguran que seguirá la liberación de Nalá, “la hija del yaguareté silvestre Qaramta y la hembra de cautiverio Tania, nacida en los corrales del Centro”. Además de la aparición de Qaramta en el suelo chaqueño en 2019, otros factores como el ambicioso proyecto de recuperación de la especie y la incorporación de las cámaras trampa, colaboraron con la reinserción del yaguareté al ecosistema.
El gobernador de la provincia del Chaco, Leandro Zdero, expresó al respecto: “La recuperación del ambiente en El Impenetrable y el mejoramiento de la calidad de vida y la economía de sus habitantes es una política de estado que vamos a potenciar. El retorno del yaguareté es un símbolo de prosperidad de los parajes y pueblos vecinos al parque nacional. El monte y su vida silvestre son parte de nuestra cultura y ahora, a través de su conservación, también de nuestro desarrollo”.
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CAEM: fallo de la Corte de Catamarca no alcanza a las actividades del litio en curso

Fecha de Publicación: 22/03/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Catamarca


La Cámara nacional minera se posicionó sobre el fallo de la Corte Suprema provincial, luego de la aclaración realizada por la Cámara Minera y de la Industria Minera de Catamarca.
La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) hizo referencia al fallo de la Corte Suprema de Catamarca que pone en riesgo unos 6.500 puestos de trabajo a futuro y aclaró que el mismo plantea la suspensión del otorgamiento de nuevos permisos mineros en la zona de Salar del Hombre Muerto hasta que el ministerio de Minería de la provincia desarrolle el informe de impacto ambiental acumulado integral.
Según un comunicado oficial de la entidad, "el fallo no se refiere a las actividades productivas en curso, dado que los proyectos de litio que se están desarrollando (ya sea los que están produciendo como aquellos en etapas de previas) han cumplido con todos los requerimientos de las leyes en temas ambientales y han obtenido todos los permisos y autorizaciones correspondientes".
La aclaración por parte de la Cámara va en la misma línea que el texto difundido por la Cámara Minera y de la Industria Minera de Catamarca, quien también aclaró que el fallo de la Corte Suprema provincial no afecta a los actuales proyectos de exploración y explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto.
"Con el litio, nuestro país cuenta con la posibilidad de potenciar las economías provinciales del NOA, a través de una producción responsable en lo ambiental y lo social", concluye el texto de la entidad minera nacional.

Qué dice el fallo anti minería de Catamarca
La Corte Suprema de Catamarca hizo lugar parcialmente a una demanda contra el Poder Ejecutivo local, que arrastraba desde 2022 y abarca a proyectos que iniciaron su actividad en 1997. En realidad, este caso comenzó en la Justicia federal, pero en 2021 pasó a la provincial, motivo de disputa y conflictos todavía abiertos.
En la demanda se le exigía a la Provincia una evaluación de impacto ambiental interjurisdiccional y “acumulativa” de todos los proyectos, además de determinar la línea de base ambiental de las Subcuencas del Hombre Muerto y Carachi Pampa-Incahuasi o Punilla, con la participación del Consejo Federal de Ambiente, la Subsecretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas del Estado Nacional, y en consulta permanente con la comunidad originaria.

Cómo se resuelve el conflicto minero en Catamarca
Según pudo saber Energy Report, en los próximos días el Gobierno de Jalil dará una contundente respuesta a la Justicia con documentación complementaria a los estudios de impacto ambiental que cada proyecto de litio ya presentó. Pero tampoco se descarta que la pulseada salarial se alivie y que la balanza de la Justicia se vuelva a equilibrar.
La cámara minera catamarqueña también se mostró dispuesta a colaborar para resolver el conflicto. “Dentro de nuestras competencias, seguiremos trabajando junto a todas las entidades que conforman la Cámara para asegurar el desarrollo productivo minero de la provincia, dentro del marco regulatorio vigente, y las garantías tanto de nuestras empresas socias como de la sociedad catamarqueña en su totalidad", remarcaron.
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El Gobierno prohibió la pesca de merluza negra: escándalo, presiones, renuncias y un buque chino con una carga millonaria

Fecha de Publicación: 21/03/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Según trascendió, el ahora exfuncionario recibió un llamado intimidatorio por parte de la cartera dirigida por Diana Mondino para que diera marcha atrás con una denuncia por pesca ilegal.
A 100 días del comienzo de su gestión, el gobierno de Javier Milei se encuentra en una ola de escándalos por la renuncia del exdirector de Control y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez. A esta situación se sumó la decisión gubernamental de suspender la pesca de merluza negra en el Mar Argentino, hasta tanto se aclaren los hechos que desencadenaron la salida del funcionario, tras las denuncias por un barco vinculado a dueños chinos.
De acuerdo a la denuncia que Suárez realizó al final de su estadía en el cargo, recibió presiones por parte de la Cancillería de pasar por alto intencionalmente a un buque con rótulo argentino, pero con dueños e inversiones chinas.
La renuncia de Suárez estaría vinculada a un tenso cruce con Cancillería por "amenazas" por el buque Tia An, una nave de bandera argentina, radicada en Tierra del Fuego, cuyo dueño es un empresario chino que vive en esa provincia dueño de la empresa Prodesur.
Prohíben la pesca de merluza negra: la denuncia que disparó el escándalo
Días atrás, el pesquero llamado Tai An, de matrícula 01530, estaba pescando en una zona prohibida la codiciada merluza negra. Surgió entonces un supuesto pedido de autoridades del Gobierno de desregular la pesca en el país. La presión implicaba un pedido de intervenir en favor del buque chino que pesca merluza negra en el Mar Argentino, en el sur del país.
El pesquero se llama Tai An de matrícula 01530, y es el buque más grande de la argentina. El mismo es gestionado por Prodesur S.A, pero con inversiones privadas de Lui Zhijiang, un hombre de origen chino pero naturalizado argentino hace más de 30 años. Liu está radicado en Tierra del Fuego, misma provincia el cual el buque se encuentra domiciliado.
El Tai An no tiene permitido pescar Merluza Negra, un pez que se encuentra en la zona de Tierra del Fuego. Es por esto que, luego de que Julián Suárez dé aviso a su superior sobre la situación, habría recibido un aviso desde Cancillería exigiendo de que se dé marcha atrás con la denuncia.

Julián Suárez denunció presión de Cancillería
Las empresas denunciantes son Argenova S.A., Estremar S.A.U. y Empresa Pesquera de la Patagonia y Antártida S.A. (Pesantar). Estas tres empresas, que tienen barcos pesqueros, están habilitadas para pescar Merluza Negra. Son quienes alertaron sobre la situación irregular en el barco Tai An. Desde Prodesur alertan que en realidad es un intento de volver al monopolio.
A diferencia del resto de las empresas, Prodesur tiene permitido pescar todo menos especies particulares como la merluza austral, langostino o la propia merluza negra. De este último se encontraron 142 toneladas a bordo. Esta especie se encuentra en una cadena de equilibrio delicado de ecosistema. Si se pesca sin medida, puede afectar enormemente el ecosistema, generando la extinción de la propia especie.
Según informó el medio especializado Revista Puerto, la cartera conducida por Diana Mondino presionó al funcionario de Pesca luego de que éste decidiera hacer volver el barco al puerto por pesca ilegal con la captura de 142 toneladas de merluza negra.
Ante esta situación, Suárez denunció que recibió llamadas intimidatorias de Pablo Ferrara, funcionario de Cancillería y sobrino de Mondino, para que diera de baja esta orden.
El mismo medio agregó que además "le pidieron, el viernes pasado, que confeccionara una lista con cincuenta nombres para ser despedidos y que preparara una desregulación, eliminando las resoluciones y disposiciones establecidas por la Secretaría de AGyP y la Subsecretaría de Pesca desde 2019 a 2023".
Un nuevo funcionario presentó su renuncia al Gabinete de Milei y ya son 15 bajas en 100 días de gestión
"Me dirijo a usted con el fin de presentar mi renuncia indeclinable a partir del día de la fecha, siendo este el último día trabajado, en el cargo de Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA", señala la nota de renuncia dirigida al subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla.
Suárez trabaja desde hace 15 años en el área y estuvo al frente durante todo el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, la gota que colmó la paciencia y por la que decidió renunciar fue la llamada recibida para interceder a favor de un barco pesquero llamado Tai An.
Cazorla tomó intervención en el caso y ordenó que no regrese, pero que se mantenga fuera de la zona de veda de la merluza negra.
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Por qué no logran contener la superpoblación de jabalíes en el parque Nahuel Huapi

Fecha de Publicación: 21/03/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


La especie exótica invasora se reproduce varias veces al año y tiene grandes camadas de crías.
La superpoblación de jabalíes afecta cada vez más al parque nacional Nahuel Huapi, pero, a su vez, la dispersión de estos mamíferos invasores traspasa los límites. El problema se refleja en el registro cada vez más frecuente de los animales en los centros urbanos.
Las acciones de control de la población, a través de la caza, no arrojan resultados palpables.
“El problema que representa a nivel ecológico y productivo se da también en países como Estados Unidos o Australia y hasta en regiones donde la especie es nativa, como por ejemplo Europa. La razón es el crecimiento demográfico a nivel global”, resumió Sebastián Ballari, investigador adjunto del Conicet.
¿A qué se debe semejante crecimiento de la población? Los especialistas explican que esta especie exótica invasora se reproduce muchísimo. Pero no solo tiene camadas grandes de crías sino que además, se puede reproducir varias veces al año. Por otro lado, tiene muy buena resistencia a diferentes tipos de clima: puede vivir en una zona desértica y hasta en una selva, con alto nivel de precipitaciones.
“Si bien su distribución siempre está relacionada con la disponibilidad de agua, tenemos ejemplos de la presencia de jabalíes en el desierto del Monte en Mendoza que es una región seca. Se adapta a diferentes condiciones climáticas y geográficas. Eso es otra característica que le confiere ser una exitosa especie invasora”, apuntó Ballari.
Años atrás, se detectaron jabalíes en el barrio Costa del Sol, al este de Bariloche. Parques Nacionales instaló jaulas y lograron atrapar a uno de los animales. También preocupa la presencia de jabalíes en varios sectores del cerro Ventana.
Ballari explicó que estos animales se acercan el núcleo urbano por diferentes motivos. En algunos casos, se debe a la disminución de la vegetación del ambiente nativo. “Acá, por suerte, no sucede tanto porque estamos próximos a un parque nacional. Pero sí hay un uso más intensivo del turismo, hay construcciones o urbanizaciones en lugares donde antes no las había. Eso genera un movimiento de los animales hacia lugares menos agrestes y quedan inmersos en una matriz de urbanizaciones”, precisó.
Más allá del crecimiento poblacional de la especie, hoy la disponibilidad de un teléfono celular hace que los registros de estos animales sea mucho más frecuente. Días atrás, un guía de pesca filmó a un grupo de jabalíes cruzando el lago Nahuel Huapi, desde Villa Tacul a la Isla Centinela. La imagen se viralizó por las redes sociales.

Un animal crepuscular
Al haber una abundancia de jabalíes, los animales se empiezan a ver también durante el día. “El animal es crepuscular. Tiene más actividad durante la tarde o noche hasta la madrugada. Ahí es cuando se lo puede ver más comúnmente, pero ante el crecimiento de la población, se generan estos encuentros diurnos”, especificó.
Hoy no hay datos certeros sobre la densidad poblacional de jabalíes en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Ballari advirtió que es aún más difícil calcular el número “al tratarse de una población silvestre que no tiene nada que la restrinja. Ni los alambrados ni las urbanizaciones ni la topografía del lugar. Son animales que pueden moverse muchos kilómetros entre las montañas y valles sin inconvenientes”.
El rastro típico del jabalí es el hozado, el levantamiento del suelo en busca de alimentos como lombrices, larvas de insectos, raíces, y tubérculos. “También lo hacen en lugares donde hay cultivos. Entonces, un productor que haya cultivado maíz, trigo, soja, pierde toda la cosecha con el levantamiento de la tierra. Estamos registrando este problema en varias regiones del país, sobre todo en La Pampa, Córdoba o Buenos Aires. Hace unos 10 o 15 años no eran tan comunes los registros de daños en el sector agrícola, pero actualmente los productores ven que es un problema que crece año a año”, advirtió.
Además, el jabalí genera impactos ecológicos a través de la depredación de especies nativas como aves, roedores y anfibios. Impacta también en la producción ganadera, con la depredación de las crías de ovejas y vacas. Los especialistas agregan que el jabalí alberga gran cantidad de patógenos que son nocivos no solo para las especies silvestres y el ganado sino también para las personas.
Hoy solo se implementan estrategias a nivel regional, a través de acciones de caza. Sin embargo, la especie está presente en todo el Cono Sur.
“Uruguay tiene muchos problemas relacionados con la especie, al depender tanto de los cultivos y de la ganadería. En Brasil el problema es cada vez más grande sobre todo en el sur. Chile sufre de los impactos de la especie en diferentes áreas protegidas. Hace tiempo que venimos trabajando sobre la dinámica y avance de la especie en Argentina y la región y no teníamos dudas que esto iba a pasar. Lamentablemente todavía no se aborda la problemática con una estrategia a nivel nacional para lidiar con esta especie”, afirmó.
El jabalí atenta contra la biodiversidad y los cultivos
Los problemas que trae aparejado el jabalí también cambian de acuerdo a las regiones. En el Parque Nacional Nahuel Huapi, por ejemplo, el objetivo es proteger a la biodiversidad nativa de los impactos. Al este, en el sector productivo de Río Negro, en cambio, se intenta cuidar a los cultivos y al ganado de este animal invasor. A nivel nacional, preocupa el atropellamiento de los animales en las rutas.
Ballari recalcó que la caza es una de las estrategias más comunes para controlar la especie. En países como Australia o Estados Unidos, la efectividad es a largo plazo aunque se la combina con otras modalidades, como la utilización de trampas. “Todo depende mucho del lugar donde está la especie. No se puede replicar un mismo sistema de manejo y control a diferentes lugares o regiones”, señaló al tiempo que insistió en adaptar el programa de manejo a cada a cada lugar.
“No es lo mismo el manejo que se pueda hacer en Nahuel Huapi que en los esteros del Iberá o en Mendoza. Cambia mucho”, dijo y puso como ejemplo la situación del Parque Nacional El Palmar donde se logró controlar la especie a través de la caza con un plan sistemático implementado desde 2006. Sin embargo, se trata de un área pequeña de 8.500 hectáreas que se contraponen a las 700.000 hectáreas del parque Nahuel Huapi.
“Si bien la especie está incluida dentro de diferentes acciones de manejo en el Parque Nacional Nahuel Huapi, todavía no hay un efecto significativo sobre la especie. En Llao Llao, por ejemplo, hasta hace unos años existían solo registros ocasionales de la especie o sus hozadas. Hace unos meses fui relevar el área y los mallines cercanos al Puente Romano están destruidos. Fueron literalmente dados vuelta por el jabalí. Incluso hay muchísimos rastros por las sendas donde caminan los turistas”, concluyó Ballari.
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Cinco problemas ambientales que preocupan a la población argentina

Fecha de Publicación: 20/03/2024
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


Una investigación reciente de la Fundación COLSECOR permitió conocer cuáles son los cinco problemas ambientales centrales que preocupan a la población argentina.
Los resultados de este estudio fueron publicados al inicio de esta semana en el documento titulado Problemas y percepciones respecto a prácticas ambientales y gestión de residuos en Argentina.
El estudio  fue desarrolladoentre el 6 y el 27 de noviembre de 2023, mediante una encuesta digital implementada en todo el territorio nacional. Con precisión, se diseñó un cuestionario estructurado, a través del cual se logró recolectar la opinión de 1456 casos, calibrados según parámetros censales de género, edad, nivel educativo y tamaño de ciudad. Para la realización del trabajo, se contó con la participación de los politólogos Mario Riorda y Griseña Ibaña.
“Como fundación cooperativa, consideramos que es fundamental producir información y poner en agenda el tema ambiental, teniendo en cuenta su importancia para la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas. Cabe resaltar que el estudio se presenta además en clave territorial, lo que significa que sus resultados están detallados según cantidad de habitantes”, indicó sobre la importancia del estudio Alberto Calvo, del área de Relaciones Institucionales de fundación.
En detalle, se pudo conocer que para las personas que habitan el suelo argentino existen cinco problemáticas ambientales principales. En primer lugar el cambio climático (17,9%), seguido de la contaminación del agua (13,1%), los residuos (9,9%), la contaminación del aire (8,2%) y la deforestación (7,6%). Luego, en menor orden de importancia, se sitúan otras temáticas como la sequía, la falta de hábitos de consumo sostenibles, la contaminación del suelo, los incendios forestales, y la limpieza de las ciudades, entre otras cuestiones señaladas por las personas encuestadas.
En cuanto a la relación de los temas clave con el género, también se pudo observar que el cambio climático preocupa más a las mujeres, mientras que quienes señalaron identificarse con el género masculino encontraron como más preocupante la contaminación del agua y el destino de los residuos.
“Las personas de 60 años o más manifestaron más preocupación por el cambio climático que los jóvenes. A su vez, los jóvenes están mucho más preocupados por el tema de los residuos que las personas adultas”, precisó en tanto el comunicado de la fundación, al correlacionar la percepción de las problemáticas con la edad de quienes contestaron las encuestas.
Mientras, en lo relacionado al lugar de residencia, el tamaño de las ciudades no pareció incidir en la selección de las diferentes problemáticas, aunque el equipo investigador notó que en las grandes urbes existe una mayor preocupación por la contaminación del aire.

Conciencia
Por otro lado, el estudio también indagó sobre la conciencia ambiental de la población.
“Frente a una serie de opciones valorativas, las personas consultadas acordaron ampliamente (ya sea porque están “muy de acuerdo” o “algo de acuerdo”) en que el ambiente debe ser protegido cueste lo que cueste (94,1%)”, indicó el comunicado de prensa de la Fundación COLSECOR.
“También hay amplio acuerdo con que el deterioro ambiental puede detenerse con un cambio en el modo de vida (93,4%) y con que en los últimos diez años la situación ambiental empeoró considerablemente en el país (90,4%)”, advirtió el estudio.
Mientras, respecto de otras dos afirmaciones que lograron  los mayores porcentajes de acuerdo fueron “creo en las cuestiones ambientales porque tengo conciencia ambiental´ (90%) y “la elección de un consumo energético se relaciona con el estilo de vida” (89,2%).
En cuanto a las correlaciones por género, las mujeres se mostraron más de acuerdo que los varones en estas afirmaciones.
Además,  se puedo observar que sólo 20% de los casos se manifestó de acuerdo con que el cambio climático “no es un problema del que haya que ocuparse”.
Y en vinculación a la edad, las personas de 60 años o más y las mujeres indicaron -en mayor proporción que los hombres- estar preocupadas por el cambio climático y mostraron una mayor tendencia a los hábitos saludables con el ambiente, precisó el parte de prensa de la entidad, donde se consignaron los principales hallazgos de la investigación.

Residuos
Sobre la problemática de los residuos -que se ubicó porcentualmente en tercer lugar de importancia-, 49,1% de las personas que participaron del estudio respondió afirmativamente a la pregunta sobre si realiza separación en origen.
Mientras, al consultar qué tipo de separación se efectúa, 58,3% indicó que deja papeles y cartones por separado, en tanto 57,2% indicó que deja aparte los vidrios. Por otro lado,  51,7% manifestó separar el plástico y  41,3% declaró disponer los residuos secos todos juntos.
Con respecto a los residuos orgánicos, 50,3% de las personas sostuvo que los separa, con una mayor predominancia entre las mujeres.
Finalmente, la investigación  también consultó sobre las estrategias más usadas para desechar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Dejarlos en un contenedor destinado a ese fin o donarlos son las alternativas más frecuentes. “Es un dato alentador que solo un 19,1% indicó dejarlos en la calle, aunque el porcentaje debiera ser 0”, aseguró la Fundación.
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Las ONGs ambientales reclaman un cambio de políticas ecológicas

Fecha de Publicación: 20/03/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


En un contexto de crisis ambientales recurrentes por eventos extremos –sequías, olas de calor, tormentas e inundaciones frecuentes– varias ONGs especializadas reclamaron a las autoridades que actualicen la estrategia nacional sobre cambio climático. Las medidas.
Olas de calor extremo en varias provincias, inundaciones por lluvias torrenciales en el GBA y nubes de mosquitos transmisores del dengue en medio país fueron tres temas que ocuparon la centralidad mediática en apenas una semana. Y todo indica que seguirán siendo recurrentes en los próximos meses.
A esto se le suman datos como la decisión de eliminar el Ministerio de Ambiente y el hecho de que, según ONGs especializadas, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud cayó 40% en lo que va del año.
Ante esta agudización de eventos que afectan a la salud pública las organizaciones están resaltando la necesidad urgente de cambios en las políticas públicas de este tema: piden actualizar las estrategias y las políticas nacionales relacionadas con el cambio climático y la salud.
“Tenemos que entender que el cambio climático está íntimamente ligado a la salud. Un ejemplo es el aumento de la temperatura que provoca una expansión de las zonas geográficas donde habitan mosquitos. Y las lluvias abundantes facilitan su proliferación”, le dijo a PERFIL Camila Mercure, especialista e integrante del área de “Política Climática” en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Y la especialista agregó “necesitamos encarar medidas que no solo aborden la “adaptación al” y “la mitigación del” cambio climático. También debemos darle prioridad a temas de salud pública”.
Según Mercure, uno de los problemas a resolver, y que también está en plena crisis, es el del financiamiento. “Se necesita mucho dinero para estas situaciones. Y en este momento no hay plata, por lo que no se están implementando las políticas necesarias para lo que viene”. Los expertos proponen buscar nuevas fuentes de financiamiento.

Puntos a considerar
Los planes actuales –muchos de ellos hoy en pausa– proponen puntos concretos para mejorar la educación y destacar la relación íntima que hay entre cambio climático y salud pública. Por ejemplo, los programas ya trazados proponían mejorar los sistemas de alerta temprana ante inundaciones. Y cómo abordar la salud en esa instancia, que –aparte de sacar a la gente del riesgo inmediato– debería contemplar, temas como el manejo de residuos y campañas de descacharramiento que  inicien apenas baja el agua, antes de que surjan nuevas camadas de mosquitos.
Los expertos sintetizaron: “Argentina necesita ya políticas integrales. Y el Gobierno debe actualizar la estrategia nacional sobre salud y el cambio climático”. Entre estas necesidades urgentes destacan implementar el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación, iniciar un gran ordenamiento ambiental, hacer mejor vigilancia epidemiológica y retomar las campañas de prevención. Finalmente se necesita un mapa de riesgo que identifique las zonas más proclives a sufrir estos impactos.
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La Asamblea por el Agua se opone a que se trate la Declaración de Impacto Ambiental de 250 proyectos mineros a la vez

Fecha de Publicación: 19/03/2024
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


Tampoco quieren que se modifique ninguna ley ni normativa relacionada con la actividad minera y critican al director de minería por querer suprimir el Consejo Minero. Además critican al Gobierno Nacional de Javier Milei por el Pacto de Mayo y su inclusión de la explotación de los recursos naturales.
A través de un comunicado que publicaron a principios de marzo y que volvieron a difundir, distintos grupos que integran diferentes Asambleas por el Agua señalaron que “Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura estamos en estado de alerta y movilización, ante el nuevo embate extractivista impulsado por el Gobierno Provincial de Alfredo Cornejo, y sus aliados políticos y empresariales, a partir de los anuncios de proyectos para modificar el Código de Procedimientos Minero, y la creación en Malargüe del “Distrito Minero Occidental”.
A través de un comunicado que publicaron a principios de marzo y que volvieron a difundir, distintos grupos que integran diferentes Asambleas por el Agua señalaron que “Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura estamos en estado de alerta y movilización, ante el nuevo embate extractivista impulsado por el Gobierno Provincial de Alfredo Cornejo, y sus aliados políticos y empresariales, a partir de los anuncios de proyectos para modificar el Código de Procedimientos Minero, y la creación en Malargüe del “Distrito Minero Occidental”.
“Para quienes defendemos el agua de Mendoza desde hace más de 20 años, no es sorpresa escuchar de boca de funcionarios estatales la entrega de nuestros bienes naturales comunes, poniendo en altísimo riesgo al agua, el territorio, y las economías regionales de nuestra provincia, amparándose en crisis económicas, sociales y laborales creadas por ellos mismos, tras años de malas gestiones”.
“Indigna que se utilice la gran sensibilidad social hacia el cuidado ambiental como argumento para desarrollar megaminería en Mendoza y se engañe a la población aludiendo a la búsqueda de sustentabilidad y protección del ambiente. ¿Acaso quieren convencernos de eso cuando los anuncios se realizan para inversores trasnacionales en la Feria Internacional de Minería en Canadá?”
“Rechazamos la búsqueda manifiesta de concentrar todo el poder en manos del Director de Minería, suprimiendo un órgano colegiado como el Consejo Minero y estableciendo al primero como única autoridad de aplicación del nuevo Código. No podemos olvidar que el designado para tal cargo es Jerónimo Shantal, quien no sólo no cumple con los requisitos mínimos del mismo - por ello también es necesaria la reforma - sino que además es quien impulsa la judicialización de defensores ambientales tras la enorme movilización popular que recuperó la ley 7722, en diciembre de 2019″.
“Repudiamos la creación del Distrito Minero Malargüe y la intención de enviar a la Legislatura Provincial un proyecto para aprobar en un solo paso la Declaración de Impacto Ambiental de más de 250 áreas mineras para la explotación de cobre en una superficie equivalente a más de la mitad del departamento de Malargüe (22.000 km2 sobre un total de 41.317 km2). No podemos tolerar que aquellos que deben gobernar para toda la provincia invisibilicen y desconozcan a los pobladores del territorio y sus economías regionales, como así también la existencia de comunidades originarias, que se verán severamente afectadas por la explotación megaminera. En contextos de cambio climático, retroceso de glaciares, pérdida de caudales de ríos y crisis hídricas permanentes la disputa por el agua se vuelve latente en estos proyectos: el agua para las mineras será el agua que falte para consumo humano y riego de los oasis agrícolas del sur mendocino”.
“No aceptamos que Malargüe sea zona de sacrificio ni punta de lanza para el avance de otros proyectos megamineros como San Jorge y Paramillos. Acompañamos a quienes resisten dentro del territorio gritando con fuerza que en Malargüe, como en toda Mendoza, NO HAY LICENCIA SOCIAL PARA LA MEGAMINERÍA”.
“Desde las Asambleas por el Agua de toda la provincia, sabemos que el agua une y atraviesa territorios, y que las cuencas de los ríos no conocen de límites políticos ni zonificación. Somos un pueblo consciente y defensor del agua para la vida, para la producción de alimentos y la agroecología, para los barrios, y para garantizar el derecho de habitar en un ambiente sano”.
Finalizan señalando que “Como en 2007, en 2015 y en 2019 tenemos 7722 razones y más para defender el agua pura. EL AGUA DE MENDOZA NO SE NEGOCIA. LA 7722 NO SE TOCA. MALARGÜE NO ES ZONA DE SACRIFICIO”.
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