Fracking en Vaca Muerta: se esperan más inversiones y récord de productividad

Fecha de Publicación: 15/01/2024
Fuente: El Economista
Provincia/Región: Neuquén


El escenario del fracking en Vaca Muerta hoy presenta mejores perspectivas ante el anuncio de las nuevas medidas económicas por parte del Gobierno de Javier Milei.
La radiografía del sector actualmente está dada por la cantidad de etapas de fracturas de diciembre, los objetivos fijados para finales de 2024 y el plan de inversiones en un contexto de libre exportaciones y de eliminación de las SIRAS.
Todos estos factores apuntan a un objetivo de máxima: alcanzar las 18.000 etapas de fractura para diciembre de 2024.
Consultado por El Economista, Luciano Fucello, presidente de la Fundación Contactos Energéticos y Country Manager en NCS Multistage, aseguró que estas proyecciones son posibles en la medida que se den ciertos factores clave.
Pese a que en diciembre pasado hubo una leve disminución de las fracturas (1.125), fue un año donde se rompió el récord mensual dos veces y se llegó en 2023 a la cifra de 14.722 fracturas, una marca récord que significó un incremento de 17,6% respecto al año anterior.
La marca récord del año se registró en septiembre cuando las operadoras realizaron 1.398 etapas de fractura, el mejor desempeño desde agosto de 2022 cuando se realizaron 1.379 etapas.
Fucello explicó que la leve caída de la actividad del fracking en diciembre se debió a diversas cuestiones: incertidumbre electoral, presupuestos limitados por la época del año y un dato operativo en YPF (que realiza el 50% del fracking en Vaca Muerta) donde el ritmo de terminación de las fracturas fue más rápido que el ritmo de perforación de pozos. De este modo, de los cinco sets de fractura solo operaron dos, dando de baja a tres equipos: dos de ellos de Halliburton y otro de la empresa Schlumberger.
En lo que respecta al salto de la actividad y de los planes de 2024 para el fracking, Fucello explicó que la meta es pasar de las 14.233 etapas en 2023 a más de 18.000 este año, lo cual representa un incremento de más del 20%.
Pero, aclaró que este escenario estará supeditado a lograr varios desafíos: superar niveles de inversión y a la cantidad de equipos disponibles.
"Ahora están faltando al menos 5 equipos de perforación. Hay que ser muy eficientes con los equipos de terminación de fractura actuales para completar las 18.000 etapas de fractura. Sólo YPF tiene esa condición", señaló.
En el caso de importar ese equipamiento cada uno tiene un costo de US$ 50 millones, lo cual representa un gasto muy importante para cualquier empresa se servicio petrolero donde los tiempos de repago superan los 10 años.
"La otra opción -según relató Fucello- es tomar equipamiento de otras áreas existentes por ejemplo para darle prioridad a Vaca Muerta. La principal cuestión es dar señales a los inversores extranjeros para la libre disponibilidad de divisas y eso generaría confianza en este tipo de decisiones de traer al país este tipo de equipamiento".
Para poner a Vaca Muerta en perspectiva para mediano plazo se espera llegar a los 400.000 barriles de producción diaria para 2024; más de 600.000 barriles para 2025 y más de 1 millón de barriles para el año 2030. El desafío parece ambicioso pero es posible.
"Este será un año de transición. Todo lo que se haga hoy es para dar el gran salto para los próximos cinco años", señaló Fucello.
La decisión del Gobierno de Milei de liberar las exportaciones trajo aparejado un nuevo escenario en la industria Oil & Gas.
"Hasta hace poco toda la industria se peleaba por contar con permisos de exportación en un mercado ultra regulado. Este cambio de rumbo pone a la Argentina en el radar de las opciones de países interesantes para poder invertir, sin cepo y sin barril criollo y con precios más cerca de la paridad de exportación", subrayó.
Asimismo, el experto consideró que el fin de las SIRAS y la libre importación de productos relaja toda la tensión que hubo el año pasado donde continuamente estaba en riesgo la paralización de las operaciones en Vaca Muerta por falta de insumos.
La contracara de esto seguramente se verá reflejada en precios más altos y un proceso de renegociación entre privados.
"Vemos más inversión este año frente al nuevo rumbo económico. Esperamos el gran salto de productividad para 2025. Y en la segunda mitad de este año debería ser una bisagra para lo que viene en materia de producción y evacuación de todo ese crudo", remarcó.
La mirada de Fucello coincide con la mayoría de los empresarios de la industria. Todas las medidas que se están dando son para facilitar el aumento de la actividad del fracking en Vaca Muerta.
No obstante, el gran riesgo para el país sigue siendo la extremada precaución que aún tienen los inversores internacionales que a esta altura de las circunstancias ya ha  entendido que Argentina es un país cíclico y que no resulta atractivo cambiar las reglas de juego cada cuatro años.
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Apareció un yaguareté con cría en la selva: "Nuestra alegría es mayúscula"

Fecha de Publicación: 13/01/2024
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


Es la primera vez que ven a la madre con descendencia. Emoción por el hallazgo y el trabajo de conservación.
La presencia de fauna y flora autóctona en el monte habla de cómo se conserva el entorno natural. En este caso, una buena noticia fue confirmada en las últimas horas de ayer por la Red Yaguareté, una ONG que monitorea al felino en la selva misionera. Se trata de la aparición de una ejemplar hembra de la especie con cría en la Reserva Natural de la Defensa Puerto Península, un predio de uso científico y militar colindante con el Parque Nacional Iguazú en el Norte misionero.
El avistaje de Panambí -nombre de la madre- fue posible gracias a las cámaras trampa que la ONG tiene en ese sitio. "Panambí es madre. La fantástica noticia la conocimos en la tercera revisada de cámaras de 2023, casi sobre fin de año, y nuestra alegría es mayúscula. La joven hembra que venimos viendo en la Reserva desde el año 2021 ahora tiene la mejor de las compañías", señaló la Red Yaguareté en un comunicado acompañado de un video de 20 segundos donde se ve a la flamante madre en horas de la noche con su cría.
Hasta ahora no se pudo determinar el sexo del ejemplar, aunque el personal del Ejército Argentino de la Escuela Militar de Monte de Puerto Iguazú, que desempeña labores allí, le está eligiendo apodo mediante un concurso interno y la semana próxima se conocerá el nombre. Es la primera vez que Panambí -una hembra de alrededor de 5 años- es vista con descendencia.
"Esto no hace más que reforzar y reafirmar lo que venimos sosteniendo desde hace varios años: este predio debe ser conservado y custodiado fuertemente ante cazadores ya que constituye un área de alta importancia para nuestros yaguaretés", agregaron.
En diálogo con El Territorio, Nicolás Lodeiro Ocampo, cofundador y director Ejecutivo de la Red Yaguareté mostró su alegría por el hallazgo y amplió. "Para nosotros es un notición", dijo y contó que por el tamaño de la cría tiene ya varios meses de edad pero es la primera vez que se deja ver. Al tiempo que no descartó que pueda haber otra cría más de la misma madre en la zona.
Por otra parte valoró el buen estado de conservación de todo el predio y destacó que es uno de los que más ejemplares de felinos concentra en Misiones. "Allí nosotros registramos seis individuos adultos y dos cachorros ya crecidos, estamos hablando de ocho yaguaretés solo en el periodo del Ejército Argentino. Eso es algo súper importante teniendo en cuenta que se estima que en Misiones hay alrededor de 100 yaguaretés y solo ahí pudimos ver el año pasado ocho machos, hembras y cachorros. Hablo de ejemplares nuevos que no estaban registrados y ejemplares que vienen siendo registrados en años anteriores", señaló Lodeiro Ocampo.
"Eso habla de un lugar que está resultando óptimo para la especie, porque encontramos que los procesos ecológicos de la dinámica poblacional están dándose, así que lo que nos queda es asegurar a perpetuidad la preservación de ese predio", agregó.

Conservación
Para el referente de la Red, avistar al felino no solo es un momento de alegría sino también un punto de inflexión y reflexión para pensar que las cosas se están haciendo de manera correcta.
"Nos lleva a pensar que tenemos lugares que todavía están bien, si bien nosotros creemos que hay que avanzar mucho en cuestiones de conservación, en particular del predio militar, esto también tiene que ver con el trabajo sobre todo de fiscalización y control que hace la Provincia con el cuerpo de guardaparques, que hace Parques Nacionales y también se reforzó mucho el control en el predio militar, que sufría históricamente intromisiones -sobre todo desde el Paraguay- para robo de madera, palmitos, cacería. Evidentemente todo eso se conjugó, junto con un montón de otras cuestiones como educación, concientización y otros factores interrelacionados para que la población de yaguaretés de la zona Norte de la provincia haya mejorado en los últimos años", destacó.
Además de Puerto Península también resaltó al Parque Nacional Iguazú y el Parque Urugua-í como sitios con buena estructura de conservación "donde la especie se encuentra de manera saludable. Hay hembras, crías, hay ejemplares que tienen territorios que se llaman residentes y otros que son transeúntes, o que están por un tiempo en un lugar y luego se van hacia otra zona. Esto es lo saludable".
Por último hizo hincapié en la importancia de la incorporación del personal militar en el proceso de conservación. "Ellos están haciendo un concurso interno para buscarle un apodo que les satisfaga, que les guste. Normalmente los apodos que utilizamos tienen que ver con cuestiones de la zona. La mayoría son en guaraní, pero también en algunos lugares, como en la Reserva Militar, hay apodos que tienen que ver con cuestiones militares. Entonces tenés un yaguareté macho grande apodado Baigorria, que ahora lo registramos en el Parque Iguazú porque se movió para allá, o Cabral. También es una forma de que ellos sepan y se involucren, porque muchos desarrollan actividades desde hace años ahí, pero nunca habían visto un yaguareté, porque es como un fantasma de la selva que no se deja ver en forma directa, salvo muy pocas ocasiones. Entonces esto del apodo es importante para involucrarlos en este proceso de conservación", sostuvo.

Sobre el predio
La Reserva de la Defensa Puerto Península es un área militar y reserva natural ubicada en el Campo Iguazú del Ejército Argentino. Se encuentra en cercanías de la ciudad de Puerto Iguazú, encontrándose a 30 kilómetros al sudoeste del centro urbano. Debe su nombre al embarcadero existente en la zona y a la forma de península que adquiere debido al recodo que forma el río Paraná.
Es administrada por el Centro Regional de Adiestramiento Operacional (CRAO) del Ejército Argentino y allí se desarrollan actividades relacionadas con la Escuela Militar de Monte.
La Reserva se creó el 4 de febrero de 2009, por Protocolo Adicional Nº2 y atesora 8.800 hectáreas de la ecorregión Selva Paranaense. Se trata de un eslabón clave del Corredor Verde Misionero. Además, mejora el diseño del Parque Nacional Iguazú al reducir el estrangulamiento existente en el Área de Cataratas, defiende la cuenca del arroyo Mbocay y aumenta la viabilidad a largo plazo de especies con grandes requerimientos territoriales, como el amenazado yaguareté.
Ampara la empinada costa del Alto Paraná, donde la selva se ve enriquecida con especies de las regiones colindantes y algunas del Chaco Seco, como el zapallo caspi, la tuna y el ibirá o caraguatá. Monte adentro se encuentran la simira y el urunday, densos manchones de palmito y palo rosa, la heliconia e imponentes matorrales de tacuaruzú, la mayor de nuestras cañas nativas.
La superficie original de las tierras del Ejército Argentino eran de 17.000 hectáreas aproximadamente; 2.000 hectáreas fueron transferidas al municipio de la ciudad de Puerto Iguazú en 1990 y otras 7.000 a la provincia de Misiones, debido a la creación del parque provincial en 2004.
El Ejército utiliza el campo de instrucción para la capacitación de las tropas de monte en operaciones de bajo impacto ambiental.
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Greenpeace cuestionó la propuesta de ordenamiento territorial de bosques

Fecha de Publicación: 13/01/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La organización sostuvo que el OTBN debería establecer la prohibición total de los desmontes; en sintonía, consideró "sumamente excesiva" la deforestación de 721.568 hectáreas que permite el nuevo ordenamiento.
“Este mecanismo es similar al utilizado para permitir las recategorizaciones prediales ilegales”. Esta es una de las críticas que lanzó la asociación ambientalista Greenpeace contra el informe que elaboró el Equipo Técnico Asesor a cargo del trazado del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia de Salta.
Las conclusiones de la ambientalista se refieren a la nueva categoría que se dispone en el propuesto mapa del OTBN. En el nuevo Ordenamiento se dispone un “amarillo potencial” que se define según la cantidad de hectáreas que se podrían desmontar en una zona en particular, delimitadas a su vez por otros factores como el estado de las cuencas.
Entre los principios sostenidos por Greenpeace se encuentra la necesidad de establecer la prohibición total de los desmontes en el entendimiento de que un “desmonte legal” de 721.568 hectáreas (como propone el informe técnico del OTBN) involucra una “superficie sumamente excesiva”.
Esta afirmación se toma sobre la base del hecho de que, según los datos oficiales, desde la sanción de la Ley de Bosques, a fines de 2007, hasta fines de 2022, en la provincia se desmontaron 714.052 hectáreas. O sea, en 15 años, se deforestaron menos hectáreas de las que se propone que podrían desmontarse ahora en el nuevo OTBN.
“Cabe advertir que gran parte de los desmontes se realizaron en zonas donde no está permitido (Categorías I - rojo, II - amarillo)”, recordó Greenpeace. En esta línea señaló que durante la gestión de Juan Manuel Urtubey “el gobierno provincial realizó numerosas recategorizaciones prediales (algo no permitido por la ley nacional) mediante las cuales autorizó desmontes en zonas protegidas”.
El procedimiento de recategorización de bosques enmarcado en dos decretos que terminaron por desvirtuar el OTBN provincial aprobado en 2009, fue considerado ilegal tanto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación como por la Auditoría General de la Nación.
Sin embargo, “las fincas que fueron ilegalmente deforestadas no fueron restauradas y deberían mantener su categoría original en la actualización del OTBN. La nueva zonificación no debe dejar en suspenso ni validar la deforestación ilegal anterior”, indicó la organización.
Asimismo, recordó que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en 2022 un compromiso de Deforestación Cero para 2030. “Las actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de las provincias deberían ir en esa dirección”, sostuvo.
Añadió que la zonificación propuesta no respeta el “principio de no regresión ambiental ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I - rojo y II - amarillo, algo prohibido por la normativa nacional”.
Es por ello que lo comparó con las recategorizaciones habilitadas durante el urtubeycismo, generando “una zonificación flexible, lo que en la práctica no es una zonificación, ya que no determina claramente dónde se puede y dónde no se puede desmontar. Además, la Categoría marrón no está contemplada en la Ley Nacional de Bosques. Esta metodología puede implicar decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo provincial y no favorecen al control social de los desmontes ilegales", aseguró.

Fragmentación de los bosques
La organización ambientalista indicó que al permitir desmontes en las actuales categorías I (rojo) y II (amarillo), la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques de Salta “además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continuas”.
Esto, afirmó, pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté.
Además, recordó que la Ley 26.331, de Bosques Nativos, destaca la importancia de respetar los territorios de los pueblos originarios. “Resulta fundamental concluir el relevamiento territorial de comunidades indígenas establecido por la Ley 26.160”, indicó sobre este aspecto.
Sucede que en Salta, como en la mayoría de las provincias, el relevamiento que debe realizar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no fue concluido aún. “Se trata de información indispensable para la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, afirmó Greenpeace.
La última observación fue sobre la falta de realización de talleres en los territorios indígenas y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por la Argentina. "La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas", concluyó.
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“La situación es crítica y angustiante”: evacuados, caminos cortados y desesperación por las graves inundaciones en dos provincias

Fecha de Publicación: 12/01/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Litoral Argentino


Por las intensas lluvias, están afectados Corrientes y el norte santafecino; en esta última zona cayeron 420 mm en solo en 48 horas; la región está en alera porque hay probabilidades de precipitaciones el domingo
No hay respiro para el extremo nordeste del país. Si bien desde la medianoche no se registran lluvias, solo aisladas en zonas puntuales, el norte santafecino, toda la provincia de Corrientes y el sur de Misiones se encontraban hoy en alerta naranja por la eventual ocurrencia de tormentas fuertes, que podrían incluir granizo y fuertes ráfagas de viento.
“En el norte de nuestra provincia, la situación es crítica y angustiante. Vamos a estar hasta que el agua baje y hasta que los ciudadanos y ciudadanas de aquí puedan volver a sus hogares”, sostuvo el gobernador, Maximiliano Pullaro, anoche al término de una intensa jornada en aquella región, que desde el domingo hasta esta mañana registra un acumulado de 420 milímetros.
Pero la incertidumbre continúa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la posibilidad de precipitaciones de entre 80 y 100 mm en toda la región. No se advierte tranquilidad en la zona, porque el cielo sigue cubierto y además ya se anticipa que a partir del domingo próximo las precipitaciones volverían a la intensidad que en las últimas horas provocaron una emergencia casi sin precedentes en centenares de pueblos y ciudades de esas provincias.
Pullaro, junto a parte de su gabinete, se instaló ayer en la zona y encabezó tanto en Reconquista como en Vera reuniones del Comité de Emergencia, de la que participaron ministros y secretarios de diferentes áreas para monitorear y definir acciones.

Emergencia hídrica
En tanto, en esta provincia se reanudaron esta mañana los operativos de asistencia a ciudades como Reconquista, Vera y Malabrigo, las tres más perjudicadas que ayer colapsaron cuando la acumulación de agua obligó a masivas evacuaciones de viviendas en ejidos urbanos.
En Reconquista, se declaró la emergencia hídrica “por tiempo indeterminado”, que fija al municipio la atención, con absoluta prioridad, a las políticas activas ante la contingencia.
El cese de las precipitaciones provocó que distintos barrios de Reconquista y Vera recuperaran esta mañana parte de su fisonomía habitual. Bajó el agua, comenzaron las tareas de limpieza para permitir el regreso de las familias a sus viviendas y lentamente comenzó a normalizarse la actividad comercial. En la primera ciudad, ayer hubo “alrededor de 40.000 personas a las que les ingresó agua a sus domicilios. A algunos, pocos centímetros, pero a otros hasta un metro de agua. Cada uno de los ministerios activó sus protocolos de trabajo en estas circunstancias”, señaló el gobernador, que afirmó: “Todas las herramientas del gobierno provincial están a disposición en esta emergencia hídrica de la región”.
Hubo situaciones críticas que debieron resolver las fuerzas de seguridad, como la que protagonizaron vecinos del llamado Barrio Nuevo de Reconquista, que cavaron un canal, sobre la ruta provincial 40, para desagotar una zona densamente poblada, cuyas viviendas quedaron cubiertas con más de 60 centímetros de agua. Con esa acción los habitantes bloquearon el camino. Recién a la medianoche, personal de Vialidad logró obturar la brecha para normalizar la circulación vehicular, que impedía la comunicación de varias localidades ubicadas al oeste, ya en el departamento Vera.
Pero la asistencia está demorada en aquellas poblaciones sin conexión pavimentada con otros centros poblados, ya que en el norte santafecino hay pocas rutas asfaltadas. “Estamos viendo la accesibilidad para llegar a los distintos lugares y conocer qué requerimientos tienen sus pobladores y garantizarles que lo que ellos necesitan se lo vamos a suministrar”, afirmó el secretario de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo.
Por su parte, Paula Mitre, intendenta de Vera, sostuvo: “Ayer vivimos un día muy duro, de mucha tristeza y angustia, sobre todo para el padecimiento de muchas familias que tuvieron el agua dentro de sus casas, la ciudad en su mayoría estuvo anegada. La gente que la está pasando mal. Se vienen días bastantes difíciles”.
La funcionaria informó que “llegamos a tener 60 personas en el centro de evacuados, un número reducido por la cantidad de agua que tuvimos en la ciudad y la cantidad de afectados. Lo que ocurre es que las personas se resisten a dejar sus casas. Los que se evacuaron son los casos extremos”.

Corrientes
Un panorama que se complica horas tras horas enfrenta este jueves la provincia de Corrientes. En el centro sur de este territorio cayeron 400 milímetros en apenas 12 horas, a partir de la tarde del miércoles.
“Hay partes del interior que están muy complicadas. Goya fue la ciudad más afectada, con una intensidad de 160 mm/h,. Pero también se le suma Esquina y Santa Lucía, que estaban procediendo a evacuar personas productos de la crecida del río por lluvias en zonas al norte”, comentó Eulogio Márquez, titular de Defensa Civil de la provincia.
Los municipios de Santa Lucía y Esquina se declararon en emergencia hídrica. Y en Esquina se reportó, además, el desprendimiento de una parte de su paseo costero a raíz del socavamiento en esa zona ribereña. Producto de esto, colapsó parte del muro de contención y vereda de la nueva costanera. El tránsito y la circulación en la zona quedaron inhabilitados hasta garantizar la seguridad en el sector y realizar las tareas pertinentes.
En total, el gobierno informó que hay más de 700 evacuados tras el temporal.
El otro tema que desvela a las autoridades correntinas es el corte de rutas por anegamientos. Al respecto, se indicó que la nacional 12 registra dos interrupciones, cerca de Mantilla y otra en el departamento de Carolina.
“Para ir de Goya a Curuzú [Cuatiá] hay que ir hasta Desmochado por la 123 hasta la rotonda, y hay retomar la ruta provincial. Lo mismo la gente que llega al sur tiene que ir a Saladas, desviar a Bella Vista y retomar la 123″, agregó Márquez.
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Ley Ómnibus: el Gobierno dará marcha atrás con más cambios ambientales, pero hay dudas entre los diputados

Fecha de Publicación: 12/01/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


La subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, expuso en comisión y aseguró que no se admitirán los desmontes en áreas protegidas. También que la Argentina cumplirá con los acuerdos internacionales para combatir el cambio climático.
Durante la tarde del miércoles, la subsecretaria de Ambiente, Ana María Lamas, expuso en la comisión de Diputados en donde se está tratando desde esta semana la Ley Ómnibus. Ante los reclamos por el retroceso ambiental que implicaba los cambios que quiere hacer el Gobierno a través de la normativa, la funcionaria hizo algunas aclaraciones e incluso adelantó que se dará marcha atrás con una modificación clave en la Ley de Bosques.
“Estamos con el desarrollo sustentable, lo ecológico, lo económico y lo social. Nuestro accionar está dirigido a eso y a la protección del capital. Natural y humano”, comenzó diciendo la funcionaria en una exposición que duró apenas 4 minutos (de 13.57 a 14.01).
“Vamos a acompañar todos los compromisos que la Argentina ha asumido con el Acuerdo de París y en la COP28. Vamos a estar atrás de los temas de los gases de efecto invernadero, su minimización y el uso de todo el financiamiento internacional que existe para atacar, mitigar y adaptar al cambio climático”, agregó.
Puntualmente, Lamas aseguró que quitarán el artículo 500 en donde se modificaba la Ley de Bosques (26.331) y que iba a permitir desmontes en zonas amarillas y rojas (I y II), algo que hoy está prohibido.
“El tema de bosques nativos es muy importante, es un tema de financiamiento internacional muy importante que tenemos y estos cambios nos impedirían exportaciones muy importantes. Si no cuidamos nuestros bosques, no las vamos a poder hacer. Por un error se incluyeron las categorías 1 y 2 y se va a eliminar ese punto de la ley”, dijo. Esta sería la segunda marcha atrás que da el gobierno en términos ambientales en una semana. Ya lo había hecho con la desregulación del régimen pesquero que pretendía establecer y que fue rechazada por gobernadores patagónicos y el sector.
Sin embargo, Lamas no hizo referencia a otra modificación que se haría en la normativa si se aprueba la Ley Ómnibus que es que la Ley de Bosques ya no se financiaría con una parte del presupuesto, sino a través de la voluntad del Ejecutivo, donaciones y créditos internacionales.
Después, la funcionaria aclaró que los cambios en la Ley de Quema -que habilitarían quemas en campos de manera tácita si no se recibe respuesta del Estado en 30 días- es una herramienta “fundamental” y que está permitida, pero que “se tiene que hacer con cuidado”. “Las provincias tienen que controlar”, aseguró.
Finalmente, se refirió a la Ley de Glaciares, uno de los puntos que más rechazo generó porque modificaba la definición y daba a entender que podían realizarse actividades productivas en las áreas que rodean a los glaciares. “Con respecto a la Ley de Glaciares, lo que intentamos hacer aquí fue brindar una definición y seguridad jurídica. Nunca los glaciares van a ser tocados para hacer ningún tipo de actividad, tampoco los periglaciares activos. Solo estamos diciendo que las provincias tienen la facultad, con sus leyes, de verificar que si se quiere hacer alguna actividad sobre el periglaciar no haya ningún impacto, sobre todo en los temas hídricos”, dijo Lamas.
Pese a que esta es la primera vez que el Gobierno comunica formalmente ciertos ejes ambientales y se comprometió a rever algunos artículos, muchos diputados no quedaron conformes con la exposición de Lamas.
“Con sus palabras, la subsecretaria dice que van a respetar los convenios y metas internacionales y nacionales comprometidas, pero el texto de los artículos dicen otra cosa”, dijo a TN Carolina Yutrovic, diputada de Unión por la Patria. Y sumó: “Nos pide que estemos tranquilos, que fue un error incluir las zonas de bosques I y II, pero no ingresan formalmente esas modificaciones”.
Yutrovic, como parte de Unión por la Patria, pide que el proyecto se debata en las comisiones específicas y se convoquen a las organizaciones de la sociedad civil que “trabajan y contribuyen activamente en cada uno de los temas”.
En la misma línea se expresó Maximiliano Ferraro de la CC: “Aclaró un tema que nos preocupaba bastante que era la habilitación de desmontes en zonas protegidas por la Ley de Bosques, que aparentemente se habría tratado de un error. Sin embargo, no ahondó en distintas modificaciones que implican regresión o al menos una falta de prevención en materia de protección ambiental. Por ejemplo, la habilitación de desmontes sin autorización previa ni participación pública en la categoría de menor protección”.
Y agregó: “Nos hubiera gustado tener más información sobre los proyectos productivos que requerirían flexibilizaciones a la Ley de Glaciares, o las razones que justifican habilitar autorizaciones tácitas para la actividad de quema, que si bien existe y tiene fines productivos, también implica riesgos que deben observarse”.
“Fue pobre la exposición, se limitó a dar un par de respuestas bastante restringidas dentro de los muchos temas que se plantearon”, analizó a TN Carlos Villalonga, ambientalista y exdiputado. “Queda claro que sí se eliminan los fondos de la Ley de Bosques lo que es muy complicado porque esta ley le encomienda a las provincias a que hagan un esfuerzo y ese esfuerzo se sostiene con un fondo nacional, sino no hay manera que puedas desarrollar un plan de gestión, de contención y de compensaciones para bosques que no van a ser talados. El costo no lo pueden pagar solo las provincias que tienen bosques nativos”.
“No hay ninguna indefinición o de inseguridad en cuanto a la ley. Al contrario, lo que la modificación nos trae es incertidumbre y abre todos los conflictos de nuevo, en un tema en el cual no tenía necesidad. La minería no está teniendo un parate por la ley de glaciares.
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Esperanza a pesar del peligro de extinción: nació un cóndor andino en Mendoza

Fecha de Publicación: 11/01/2024
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


El Gobierno de Mendoza comunicó que una cría de cóndores nació en el Parque Provincial Tupungato. Mirá las fotos.
En nuestro país, se estima que hay más de 500 especies en peligro de extinción, según los relevamientos de la Fundación de Vida Silvestre Argentina. Una de ellas, es el cóndor andino (Vultur gryphus), ave que fue declarada bajo este alerta por el Gobierno nacional y, tras ello, protegida por la Ley Nacional N°22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.
Afortunadamente, esta semana, se dio a conocer una noticia esperanzadora. La Dirección de Recursos Naturales Renovables anunció, a través del Departamento de Fauna, que nació un cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato, en Mendoza, aportando una dosis de fe en la lucha por su preservación.
Desde el organismo de Ambiente señalaron que “ya se está monitoreando el crecimiento de un nuevo pichón de cóndor, en el marco del 13° Censo Simultáneo de Cóndor Andino, que se llevó a cabo durante la última primavera”.
El Parque Provincial Tupungato comenzó a funcionar como un nuevo centro de monitoreo, lo que hizo posible el avistaje del cóndor pichón. Los encargados del monitoreo sospechaban el nacimiento de un nuevo cóndor, luego de que “se pudo avistar, mediante el uso de monoculares, a dos ejemplares adultos ingresando en una cueva en un costado del paredón que se estaba observando”.
Luego de 3 a 5 días de monitoreo, finalmente el nuevo ejemplar de cóndor andino se dejó capturar por las cámaras. Se trata de una noticia positiva para esta especie que, además, fue declarada Monumento Natural de Provincia de Mendoza por la Ley 6599/98.
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Definen como "histórico" el inicio en la Antártida de la misión contra la contaminación

Fecha de Publicación: 11/01/2024
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


 "Terminamos con el Presidente de la Nación el inicio de una campaña científica por primera vez en la historia entre el Organismo Internacional de Energía Atómica y la República Argentina, destinada a determinar la presencia de plásticos en el medio antártico", señaló el director del organismo, Rafael Grossi.  
 El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, calificó como "histórico" el inicio de la campaña científica en la Antártida con la colaboración de la Argentina, "destinada a determinar la presencia de plásticos" en el medio marino y advirtió que el problema es "global" y que la comunidad internacional "carece de datos científicos".
"Terminamos con el Presidente de la Nación el inicio de una campaña científica por primera vez en la historia entre el Organismo Internacional de Energía Atómica y la República Argentina, destinada a determinar la presencia de plásticos en el medio antártico", señaló el diplomático en un video distribuido hoy por la oficina de prensa de OIEA antes de su regreso a Viena, Austria.
Grossi dijo en referencia al comienzo de la campaña científica que "ha sido un día en el que no dudaría en caracterizarlo como histórico".
El exembajador de Argentina en Austria pronunció estas palabras el sábado acompañado por el presidente Javier Milei y la comitiva integrada por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la canciller Diana Mondino; los ministros del Interior, Guillermo Francos, y de Defensa, Luis Petri.
 El sábado último Milei visitó las bases Marambio y Esperanza en la Antártida, donde dio inicio al acuerdo de cooperación entre Argentina y el OIEA para el uso de tecnología nuclear en el control de la contaminación por plásticos en el continente blanco, y posteriormente regresó a la ciudad de Río Gallegos, en Santa Cruz, para retornar a la ciudad de Buenos Aires.
Sobre la presencia de plásticos en el medio antártico, Grossi advirtió que "es un problema global, pero desafortunadamente la comunidad internacional carece de datos científicos que puedan avalar cualquier decisión que se pueda tomar".
La implementación del acuerdo es coordinada por el Programa Antártico Argentino a través de la Dirección Nacional del Antártico (DNA), que depende de Cancillería, y de acuerdo al Sistema del Tratado Antártico.
"El programa tratará de saber cuál es el problema que tenemos y cómo poder enfrentarlo", sostuvo el director general de la OIEA, nombrado al frente del organismo el 3 de diciembre de 2019.
 Por su parte, desde Presidencia se informó que las actividades que se desarrollarán "incluyen la organización de misiones de expertos y capacitaciones para la toma y análisis de muestras, además de apoyo logístico para facilitar el acceso del personal científico a la Antártida, incluidas publicaciones y las mejores prácticas en el ámbito de la cooperación".
El programa incluye la iniciativa Nutec Plastics, un proyecto para el estudio de la contaminación marina por plásticos que abarca casi todos los mares del mundo, excepto los antárticos, y a través de este convenio, Argentina extenderá este programa a estas regiones polares.
El proyecto "Microplásticos en el Ambiente Antártico: Implementación de la Iniciativa Nutec Plastics" fue aprobado por la Cancillería e incluido en el Plan Anual Antártico 2023-2024.
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Para 80 organizaciones ambientales, más que Ley Ómnibus es una ley topadora que se lleva puesto todo

Fecha de Publicación: 10/01/2024
Fuente: El Ciudadano Web
Provincia/Región: Nacional


Entidades de todo el país enviaron una carta a la Cámara de Diputados en la que analizan y advierten, punto por punto, la degradación que implica el megaproyecto enviado por el gobierno al Congreso, y piden el rechazo de 22 de sus artículos
Más de 80 organizaciones ambientales y sociales, fundaciones y redes enviaron una carta a la Cámara de Diputados de la Nación para expresar su rechazo al proyecto de “Ley Ómnibus” enviada por el Poder Ejecutivo Nacional porque indicaron que supone “serios retrocesos en la legislación ambiental” que protege al país, a la que incluso muchas entidades consideran aún insuficiente y permisiva. “Bajo el pretexto de la libertad, el proyecto de ley pretende avanzar sobre ecosistemas protegidos y dar beneficios económicos a sectores como la minería, el agro y el sector hidrocarburífero en detrimento de los derechos de las personas y la protección de los ecosistemas”, sostiene el comunicado que firman colectivos de todo el país. El documento –con puntos de encuentro con un previo documento de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas– previene los nuevos escenarios ambientales que supondría dar luz verde a las modificaciones pretendidas, encontrando que la degradación consecuente ni siquiera habilitaría un aumento de la cantidad y calidad de las exportaciones, sino lo contrario.
Las entidades consideraron “un avasallamiento a la democracia constitucional” tanto al proyecto legislativo como al voluminoso decreto de necesidad y urgencia que está siendo resistido en Tribunales con una catarata de presentaciones. Las organizaciones de defensa del ambiente, en forma masiva, apuntaron al nuevo andamiaje legal “desregulador” por “derogar y modificar regresivamente leyes ambientales sancionadas por el Congreso de la Nación y respaldas por la sociedad civil de todo el país”.
“El proyecto pretende realizar reformas a leyes cruciales para la protección del ambiente, entre las cuales se incluyen la ley de Bosques (26.331), la ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema (26.562), la ley de Glaciares (26.639) y la ley Federal de Pesca (24.922)”, remarcaron las entidades.
En la carta, además, las organizaciones advierten que el proyecto de ley contraviene “el principio de no regresión ambiental del Acuerdo de Escazú, un pacto internacional que establece que la legislación no puede empeorar la situación del derecho vigente”. La cuestión del no retroceso en materia ambiental tiene rango constitucional, por lo que no puede ser alterada por normas de catergoría inferior como una ley, y menos un decreto de necesidad y urgencia.
“Evidentemente, las modificaciones propuestas en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo implicarían una disminución en los niveles de protección ambiental y, por ende, tendrían un impacto negativo en el bienestar de las personas”, sostienen las organizaciones.
Las organizaciones, algunas de alcance local y regional, otras de presencia nacional e incluso capítulos en la Argentina de fundaciones internacionales, recuerdan que la legislación ambiental vigente fue lograda “tras mucho esfuerzo, discusiones parlamentarias y trabajo de consenso entre diversos actores sociales, a lo largo de los últimos años”, y citan el artículo 41 de la Constitución Nacional, que obliga a los gobiernos a resguardar el derecho de las y los habitantes del país a “un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.
“En pos del cumplimiento de este mandato constitucional, la sociedad argentina ha comprometido, tiempo y esfuerzo para el desarrollo de un importante plexo normativo que, aunque incompleto y de implementación parcial ha permitido generar un adecuado balance entre el estímulo a la producción, la conservación y restauración del ambiente y el desarrollo social”, remarca la nota enviada a la Cámara de Diputados referida al proyecto “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”.
“Rechazamos este proyecto de ley que constituye un intento de retroceder en la protección y conservación del ambiente alcanzado y, por ende, es ilegal e inconstitucional”, señaló Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Las reformas proyectadas forman parte del Capítulo III del Título VI –Interior, Ambiente, Turismo y Deporte– y el director de la Fundación Vida Silvestre Argentina, Manuel Jaramillo, denunció que así “se propone avanzar sobre legislación construida de manera participativa entre diversos sectores de la sociedad”. Uno de los ejemplos es la ley de Bosques, “que existe desde hace 15 años, producto del trabajo conjunto entre diferentes organizaciones y legisladores junto con diversas jurisdicciones, y que ha permitido visibilizar los bosques nativos, reducir inclusive las tasas de deforestación”, subrayó Jaramillo.
Las entidades marcaron en su documento que incluso el tratamiento previsto para la Ley Ómnibus en la Cámara baja es defectuoso, ya que abarca temas ambientales sin convocar a las comisiones respectivas. “En algunos casos van más allá de las capacidades de las comisiones a las cuales actualmente tiene giro (Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales y de Legislación General). En línea con los temas analizados en este documento, las comisiones faltantes para el análisis del proyecto son: de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, de Energía y Combustibles, de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y de Agricultura y Ganadería”, remarcaron.

Topadora de tierra, agua y aire
Uno de los puntos que las organizaciones reprochan con firmeza es la modificación a la ley de Manejo del Fuego, cuya letra final pretendida por el gobierno de Javier Milei deja habilitada cualquier tipo de quema en caso de que en 30 días hábiles la autoridad competente no responda a una solicitud. “El silencio es interpretado de manera positiva y autoriza de manera tácita a avanzar con quemas sin presencia ni control de parte de las autoridades locales especializadas en manejo del fuego”, expusieron.
Otro de los puntos es la degradación de la ley de Bosques: “En caso de aprobarse la modificación propuesta por el proyecto de ley, las exigencias legales de evaluación de impacto ambiental y participación ciudadana ya no serán requeridas” en un 19% de las áreas resguardadas por la normativa vigente. Esto es 10.192.063 hectáreas sujetas a desmonte. Pero además alertan que la ley “pretende habilitar desmontes hoy prohibidos” en las dos categoría con mayor protección: “Se trata de bosques de muy alto valor de conservación a proteger a perpetuidad, que no debe transformarse” y “de mediano valor de conservación, a manejar de forma sostenible”. Así se afecta a 10.992.353 hectáreas de máxima protección (21% de los bosques nativos), y a 32.000.085 hectáreas categorizadas en amarillo, nada menos que el el 60% de los bosques argentinos.
También se remarca que el mamotreto enviado al Congreso “elimina la mención específica al acceso a la información de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas”, lo que implica desconocer leyes y tratados internacionales, como la ley general de Ambiente, la ley de Acceso a la Información Pública Ambiental, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a Pueblos Indígenas.
“El proyecto de ley hiere de muerte a nuestros bosques nativos, su biodiversidad y los medios y modos de vida de comunidades enteras. Implica además anular las 23 leyes provinciales de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que fueron dictadas al ritmo de los parámetros que la ley 26.331 y de las actividades permitidas y de las prohibidas.
Y también alerta sobre el daño que –¿por desconocimiento?– puede infligirle a las exportaciones nacionales que deben sortear normativa internacional, como lo es el Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación, adoptado en junio de 2023 y “con efecto directo sobre las exportaciones de Argentina en materia de soja, ganado bovino y madera”. Y Europa no es el único mercado que exige para la introducción de productos “que el país muestre una fuerte política combatiendo la deforestación y la degradación forestal”.
Además el documento puntualiza que el proyecto Ómnibus “deroga la obligación del Estado nacional de constituir anualmente el Fondo Nacional de Conservación y Enriquecimiento de Bosques Nativos”, que se conforma con dos fuentes fijas –0,3% del Presupuesto Nacional y 2% de las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas y forestales– para plantear un financiamiento a discreción del gobierno de turno.
Sobre la ley de Glaciares, en tanto, la nota denuncia que “para facilitar la intervención sobre estos ambientes protegidos, el texto propuesto recorta la definición amplia de glaciar presente en la ley vigente y la restringe a una protección limitada a determinados glaciares”. Las ONG asimilan que la intención es atender “un reclamo histórico del sector minero en detrimento de la protección ecosistémica”, lo cual es simplemente “una clara vulneración al principio de no regresión ambiental” que tiene vigencia en la Argentina.
A su vez, la carta denuncia que la protección sobreviniente “está condicionada a una serie de requisitos restrictivos y discrecionales que redundan en la desprotección de áreas hoy preservadas por la ley vigente como, por ejemplo, la limitación a glaciares sólo incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares”. Y remarcan que, de hecho, el Inventario “es incompleto por excluir pequeños glaciares”. Pero también las modificaciones desafían la protección de una porción que está en el inventario al plantear la exigencia de “función hídrica efectiva y relevante como condición necesaria para justificar la protección de glaciares y ambiente periglacial”.
“Sumado a ello, el mensaje presidencial al inicio del proyecto de ley señala que de este modo se revierte un “avasallamiento” del poder federal sobre las provincias. Esta posición desconoce el mandato constitucional de la Nación de establecer un umbral mínimo de protección del ambiente”, cita la carta al artículo 41 de la Constitución Nacional.
En esa línea también se señala que el proyecto “aduce serias contradicciones legales, confunde la naturaleza de herramientas como el Inventario Nacional de Glaciares, entre otras falencias”. Como consecuencia, en definitiva “se vulnera la protección de ambientes que ya están en retroceso y que son centrales como reservorios de agua dulce, y que tienen funciones clave para la adaptación y mitigación al cambio climático y para la regulación hídrica, especialmente en zonas desérticas, no sólo para la vida humana sino para sostener el funcionamiento de los ecosistemas”.
Como cuarto punto, el documento apunta al Régimen Federal de Pesca, que generó una airada protesta de las provincias patagónicas –junto a Buenos Aires, las únicas colindantes con el mar– y el paso atrás del gobierno nacional. Pero el ministro del Interior, Guillermo Francos, se limitó a hablar de “clarificaciones”, entre ellas la defensa de la zona económica exclusiva de 200 millas marinas, a la que el proyecto de ley dejaba troquelada. Aunque admitió las quejas planteadas y abrió el juego para una mesa de diálogo con los distintos sectores involucrados, el ministro Francos no precisó cómo se iban a implementar los cambios.
Para las organizaciones ambientalistas la cuestión no sólo pasa por lo económico. El documento recuerda que el proyecto de Ley Ómnibus “propende a flexibilizar el proceso para otorgar permisos de pesca” cambiando condiciones y prioridades “sin involucramiento del Consejo Federal Pesquero”, y además “deroga la obligatoriedad de desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos” dejando así habilitados la descarga en otros puertos o el tranbordo en el alta mar, “lo que puede afectar la transparencia y trazabilidad de la pesca”. Y esto, precisamente cuando en todo el planeta los países avanzan hacia el punto contrario, que es una legislación “que desalienta la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”. La alteración de esas premisas, advierten las organizaciones, puede vedar el ingreso a Europa y a Estados Unidos de productos pesqueros nacionales propios o bajo licencia.
Pero el documento centra su atención en que una cosa que se debe mejorar, se empeora. Ya la normativa en vigencia “adolece de insuficientes previsiones” en las consecuencias la actividas sobre el ambiente, “lo cual es necesario atender con fines de mejora, entrecruzando los principios que trajo la legislación ambiental vigente, particularmente el enfoque ecosistémico, el acceso a la información y la participación ciudadana”, señala el documento. Pues bien, las modificaciones no atienden ninguno de estos señalamientos, y en su lugar puede “facilitar una profundización del extractivismo en el mar, con usos que no sigan pautas de conservación ni consideren los impactos sobre la biodiversidad marina”.
En cuanto a la transición energética, otro punto que toma la Ley Ómnibus y por el que las organizaciones ambientales vienen expresando reparos hacia las gestiones anteriores, la observación es que reduce todo a una cuestión comercial, el modelo de “mercantilización de la naturaleza”. En ese aspecto, la suma de cambios legislativos propuestos “lejos está de proponer de qué manera se llevará a cabo la transición energética hacia una matriz energética más limpia en Argentina, y cuál será la hoja de ruta para cumplir con los compromisos internacionales”, denuncia el documento. Y y puntualiza que el proyecto meramente “se enfoca en el establecimiento de mercados de derechos de emisión de gases de efecto invernadero”. En esa línea “pretende asignar derechos de emisión de gases de efecto invernadero a cada sector y subsector de la economía”, que serán “compatibles con el cumplimiento de las metas” comprometidas por el país. “Sin embargo, no hace referencia a la necesidad y urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero desde las fuentes”, como el sector energético y la agricultura y ganadería.
En todos los casos se “faculta al Poder Ejecutivo Nacional para la asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, establecimiento de límites de emisión, monitoreo de avances, establecimiento de un mercado y sus reglas, además de la plataforma de registro, y penalización en caso de incumplimiento”, apelando de nuevo a una lógica discrecional que deja de lado la masa de conocimiento gestada a lo largo de tiempos históricos por comunidades locales, organizaciones, institutos de investigación, grupos especializados y actores clave en temáticas específicas. “Para que Argentina sea una potencia mundial es crucial construir sobre lo ya construido evitando destruir los logros alcanzados”, advierten las organizaciones, subrayando que entre esos logros “se encuentran las normas que este proyecto de ley pretende reformar y que conforman la columna vertebral de la protección del ambiente y los recursos naturales en la Argentina”.
“Exhortamos a la Cámara de Diputados a no hacer lugar a estas propuestas que colisionan de lleno contra principios jurídicos y normativa nacional e internacional vigente en el país, afectando los resultados económicos productivos de diversas actividades socioeconómicas que se pretenden beneficiar y arriesgando seriamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en los foros multilaterales ambientales”, concluye la misiva.
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Aseguran que la creciente del Paraná trajo consigo “una explosión de vida”

Fecha de Publicación: 10/01/2024
Fuente: Diario El Once
Provincia/Región: Litoral Argentino


La llegada del agua en gran cantidad al sistema de humedales trae beneficios inmediatos para el ecosistema porque obliga a cambiar la actividad humana y favorece la biodiversidad. Regenera la vida del mundo vegetal y la fauna nativa.
Después de una bajante extraordinaria que duró casi cuatro años y que ya figura como la más larga desde que existen registros, el río Paraná recuperó la memoria durante los últimos meses para instalarse en una situación de creciente a lo largo de los miles de kilómetros que componen su extensísima cuenca.
Tal como sostiene Damián Lescano, naturalista, biotecnólogo y técnico en el Acuario del río Paraná de la ciudad de Rosario, la llegada del agua en gran cantidad al sistema de humedales trae dos beneficios inmediatos para la salud ambiental: el cese de actividades humanas como los incendios y una importante merma de cría de ganado en zona de islas. “Ya no se puede quemar más porque todo está lleno de agua y la carga de ganado se redujo casi a cero, aunque quedan algunas vacas en tierras altas. Solo eso le quita una presión enorme al sistema respecto de sus usos humanos”, detalló.
Además, el agua regenera la vida de todo tipo, tanto del mundo vegetal como la fauna nativa, que vuelve a verse en abundancia y diversidad como no se veía desde hacía años. Un capítulo aparte merecen las poblaciones de peces, muy castigadas por los largos años de sequía. “Llama la atención que en cualquier parte de la costa de Rosario, a simple vista pueden observarse un montón de peces, ya sea en la Rambla, en la Fluvial o en los clubes se ven cardúmenes de mojarritas o sabalitos. Me interesa charquear y, entre los camalotes, se ven juveniles de todas las especies de peces, que están teniendo una reproducción masiva en este momento”, continuó Lescano en declaraciones al diario La Nación.
Invisibles a la vista por la opacidad de las aguas marrones del Paraná, las poblaciones de peces que pueblan este gran río son las grandes beneficiadas por la creciente, ya que su ciclo reproductivo no es igual al de otros animales y buena parte de su éxito depende de las condiciones hídricas del ambiente. “Los peces funcionan de forma particular porque, aunque cumplen un ciclo anual, las poblaciones se recuperan con un reclutamiento en un año bueno, con creciente en verano”, dijo el especialista.
Y agregó: “Hacen falta determinadas condiciones para que esa reproducción sea masiva y esa masividad prospere y haya un aumento de biomasa, de cantidad y tamaños de individuos mucho mayor que cualquier otro año. Por eso los años de creciente en verano son claves para la recuperación de las especies, desde las grandes más comerciales como el sábalo, el dorado o el surubí, a las más pequeñas como morenas o mojarritas”.
El alto nivel del Paraná permite entonces que, durante estos meses, haya abundancia de crías de peces, algo que no ocurría desde 2016, cuando se dio la última gran crecida veraniega. “El stock pesquero de hoy sigue siendo el de ese año, pero esta temporada se va a crear una nueva generación de peces que en unos años serán adultos y ayudarán a reponer lo perdido”, indicó el biotecnólogo.
Las crecientes, como las bajantes, son parte del ciclo natural de los grandes ríos de llanura como el Paraná. Y si bien generan inconvenientes para los usos humanos del ecosistema (como la necesidad de evacuar el ganado de las islas), quien tiene tradición de vivir y producir en la zona “conoce esos ciclos y se adapta”, según Lescano. “El agua, los nutrientes, la materia orgánica, son una explosión de vida; se regeneran todos los ambientes, crece la vegetación de forma más exuberante y aumenta la productividad del humedal en su totalidad”, enumeró.
Otra expresión del dinamismo del sistema cuando vuelve el agua son los camalotes, que a veces son percibidos como un problema o “suciedad”. Contra esto, Lascano argumentó que todas las plantas flotantes “son una matriz que sirve para que se desarrolle la vida del ecosistema, ya que las crías de los peces y de otros animales pueden alimentarse, prosperar y encontrar refugio en esa vegetación”.

¿Qué pasará con el comportamiento del río en los próximos días?
Según el último reporte semanal emitido por el Instituto Nacional del Agua (INA), el Paraná en su tramo argentino seguirá con un nivel de aguas “entre medias y altas”, ya que en la última semana se registraron precipitaciones leves sobre las áreas de aporte en la zona de Corrientes, así como desde el río Salado.
Para el tramo que va desde la ciudad de Corrientes hasta Goya se espera una “tendencia general descendente”, con oscilaciones acopladas. “Es probable que la tendencia de gradual descenso persista sobre las secciones superiores del río Paraná, en rango propio de aguas medias”, señalaron desde ese organismo.
Finalmente, en Rosario y el Delta del Paraná el río se comporta de manera oscilante “en culminación de la fase de ascenso del último tránsito de la onda de crecida”. “Actualmente se lo observa iniciando la fase de descenso en Rosario, en aguas medias altas, por debajo de los niveles de alerta y culminando en el tramo medio e inferior del Delta, con niveles más significativos sobre la margen izquierda debido al efecto combinado del tránsito de onda sobre el Paraná y de las últimas crecientes de los afluentes locales que alimentan las lagunas de la planicie aluvial del Delta”.
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Derrame de petróleo en la ría: Susbielles y Aristimuño denunciaron penalmente a la empresa

Fecha de Publicación: 09/01/2024
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Buenos Aires


"La justicia debe expedirse y delimitar responsabilidades acerca de la posible negligencia empresarial", dijo el intendente bahiense en sus redes sociales.
 Tras el reciente derrame de petróleo en la ría bahiense, el intendente Federico Susbielles anunció hoy que presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal, junto con su homólogo de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, contra la empresa Oiltanking Ebytem S.A. Terminal Marítima Puerto Rosales, responsable de este incidente.
"Tal cual lo expresado oportunamente, y en virtud del derrame de petróleo producido por Oiltanking en el estuario de Bahía, en conjunto con el intendente de Coronel Rosales Rodrigo Aristimuño, realizamos una denuncia penal en el Juzgado Federal Número 1, a cargo del Dr Lopez Da Silva", comunicó Susbielles a través de sus redes sociales.
"Según la información brindada por la propia empresa, el incidente se habría producido a las 19:15 hs del 26 de diciembre y recién habrían activado el PLANACOM a las 15:45 hs del 27 de diciembre, es decir diecinueve horas después", agregó.
"El estuario bahiense es un humedal único, un vital reservorio de biodiversidad. El petróleo derramado sobre el ecosistema local generó severos daños. La justicia debe expedirse y delimitar responsabilidades acerca de la posible negligencia empresarial. El ambiente se protege", concluyó.
La semana pasada, se registró un derrame de petróleo en la ría, durante una maniobra de amarre de un buque en la empresa Oiltanking, con sede en Coronel Rosales. La operación fallida afectó también la zona bahiense del estuario.
Días atrás, Susbielles había afirmado que "si la petrolera hubiera activado en forma oportuna el PLANACOM para contener a tiempo el derrame, habría evitado impactos ambientales de gravedad”.
“Esta medida no se tomó y hoy las consecuencias están a la vista", había indicado.
En consonancia con esto, el jefe comunal de Coronel Rosales había señalado que el derrame es una situación que “se minimizó, pero que ha tenido un impacto importante”.
“La empresa falló en la comunicación hacia la sociedad. A veces, la responsabilidad social queda en otra órbita, pero es fundamental que se entienda que hay una comunidad que convive con la ría, por lo que tienen la obligación de informar al respecto”, había manifestado.
También había asegurado que una vez que se conozcan los informes correspondientes, “vamos a accionar tanto desde el Consorcio de Gestión del Puerto de Coronel Rosales —que también tiene un sumario interno—, como desde el Municipio".
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Agua con glifosato en La Matanza: la Justicia ordenó entregar bidones de agua potable a una familia fumigada

Fecha de Publicación: 09/01/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires


Ante los constantes problemas de salud de sus hijos, una mamá golpeó puertas hasta dar con una toxicóloga que asoció esas dolencias a los agrotóxicos del entorno. Comenzó así una lucha que logró alejar las fumigaciones del Barrio Nicole. Ahora, un nuevo fallo de la Cámara Federal prioriza su derecho al acceso al agua segura.
El último día hábil del año que se fue, la Cámara Federal de San Martín otorgó una medida cautelar que obliga a la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de La Matanza a entregar bidones de agua potable a una familia de Barrio Nicole que lleva años luchando contra los agrotóxicos y sus efectos. Tras conseguir frenar las fumigaciones a su alrededor, el nuevo fallo entiende que los niveles de glifosato detectados en el agua representan un riesgo y que debe respetarse su derecho a acceder a agua segura.
La lucha de Erika Gebel empezó por los problemas de salud de sus hijos. Sarpullidos, erupciones, sangrados de nariz, dolores de cabeza, descomposturas, pérdida de peso, molestias en las articulaciones. En la búsqueda de explicaciones a esos síntomas dio con una toxicóloga que apuntó a los agroquímicos en su entorno. Y el reclamo de una familia se convirtió en el reclamo de todo un barrio, en el municipio que es corazón del territorio bonaerense.
El reciente fallo de la Justicia Federal implica un paso más y hace lugar al pedido de acceso a agua potable planteado por esa familia, que logró reunir pruebas sobre la presencia de glifosato en sus cuerpos y también en el agua de pozo que consumen. Lo que sigue: hacer extensiva la exigencia de bidones a todo el barrio, también afectado por el agua contaminada.

La cuestión del agua y el glifosato
“Si bien la Cámara está resolviendo sobre la cautelar y no el tema de fondo, pone sobre la mesa la cuestión de cuál tiene que ser el valor de seguridad del agua. Lo venimos sosteniendo en causas como Pergamino: se tiene que tomar el valor de referencia de la Unión Europea (UE), que estableció que los residuos de agrotóxicos en agua de consumo humano no tienen que superar los 0,1 ug/l (microgramos por litro) por cada uno, y si hay varios el cóctel no puede superar los 0,5”, dijo el abogado Fernando Cabaleiro, referente de la ONG Naturaleza de Derechos y representante de la familia demandante.
“El problema es que Código Alimentario, que es la pauta de referencia en Argentina, incluye un par de agrotóxicos pero -salvo dos- los otros fueron prohibidos hace 30 años”, agregó el abogado. El glifosato, sospechado de cancerígeno, no está incluido en ese parámetro. “La Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) trajo como referencia la normativa de Estados Unidos y Canadá, que usan niveles exorbitantes. Lo que decimos es que se tiene que aplicar principio pro homine: el mejor criterio de protección que exista. Porque lo que está en juego es la salud”, remarcó Cabaleiro. Y cuestionó la “complicidad de Acumar”, que hizo el primer informe sobre el agua del Barrio Nicole, en el laboratorio de AYSA, y concluyó que no había glifosato, “pero el sistema que se usó tiene un nivel de detección a partir de los 500 microgramos, lo cual es una barbaridad”. Luego, un estudio de la Universidad de Buenos Aires costeado por la comunidad arrojó la presencia de 2,5 microgramos por litro de glifosato en el agua que consumía la familia en su vivienda.
“En el caso resulta de fundamental importancia el derecho de acceso al agua potable y la aplicación del principio de prevención y, aun en la duda técnica, del principio precautorio, como sustento de ese derecho”, firmaron los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, al revocar la resolución emitida en mayo y ordenar “que se adopten las medidas necesarias para la entrega de agua segura a la familia actora”.

La lucha de una familia
Hace once años, cuando Érika llegó al barrio, le gustaba ver el vehículo que pasaba regando el campo frente a su casa. Porque ella, en un primer momento, creía que eso que arrojaban sobre los cultivos era agua. Pero no. Era un mosquito fumigando plantaciones de soja.
Pasó un tiempo hasta que asoció esa postal con los olores que percibía. Y, luego, con los síntomas en los cuerpos de sus hijos e hijas. Atravesó un largo periplo de tres años hasta que una voz médica le advirtió sobre el riesgo que implicaba para esos cuerpos la exposición a agroquímicos.
“Vine a vivir acá cuando mis hijos tenían 7 y 5 años, y 8 meses. Al toque empezaron los síntomas. Llegué un verano y al mes que habían fumigado yo empecé a ir al hospital. Los primeros síntomas son similares a una alergia. Nadie me dijo ‘señora, es porque vive ahí, se tiene que ir’. Yo no sabía. Vine a vivir al campo creyendo que iba a respirar aire puro”, lamentó, en diálogo con Tiempo.
Según consta en la causa judicial, en 2020 la Unidad de Toxicología del Hospital Gutiérrez –a cargo de Elda Cargnel- le dijo que los problemas de salud de la familia “podían estar relacionados con la exposición a los agrotóxicos, por lo que se les indicaron análisis de orina sobre presencia de glifosato, que dieron positivo en dos de sus integrantes”.
Al año siguiente, la toxicóloga les recomendó “que no tomen agua de la perforación y que debían mudarse de continuar las fumigaciones con agrotóxicos”. Érika pudo irse a alquilar a otro sitio, pero solo por un tiempo. Después, no le quedó otra que volver y seguir luchando por cuidar el entorno y la salud de su familia. Y en ese camino impulsó la organización de la Asamblea de vecinos envenenados por glifosato en la Matanza y el reclamo comunal.
“Se logró una cautelar sobre mil metros de distancia para las fumigaciones y después que el Consejo Deliberante sacara una resolución por mil metros en toda La Matanza. La ordenanza es del 28 de diciembre de 2022, pero no se publicaba en el Boletín Oficial. Hasta que se hizo una marcha y se planteó el tema y se logró recién en agosto de 2023”, recordó el abogado Cabaleiro. Tras ese logro, faltaba resolver el acceso al agua limpia.
“Esto es una de las victorias para festejar. No es el fin, es apenas el comienzo. Vengo solventando el agua de mi casa hasta para lavarme los dientes. Compro agua mineral, que sale muy cara. No sé cuándo empezarán a llegar los bidones, pero ya deberían estar hace dos años”, planteó la mujer que encabezó esta lucha.
El nuevo fallo fue una buena noticia en ese sentido. Pero queda pendiente no sólo alcanzar el cumplimiento efectivo de la medida sino que también llegue al resto de las vecinas y vecinos afectados por el agua contaminada, algo en lo que trabaja el abogado de Naturaleza de Derechos, junto a una ONG que se presentará en representación de la comunidad.
“Sabemos que si no lo hacemos público, esto queda en el silencio. La labor de nuestra asamblea es alertar a la población de que el agua está contaminada, que hay una ordenanza que limita las fumigaciones, que se debe extender la red de agua potable. Al menos, para que otras personas no digan ‘no sabía’.”, cerró Érika.
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“La hija de Juruna”: la historia del nuevo yaguareté silvestre descubierto en el Parque Nacional Iberá

Fecha de Publicación: 08/01/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Corrientes


Se trata de una cachorra nacida en mayo de 2022 cuya presencia los científicos intuían pero nunca habían confirmado. En los últimos tres años, la población de este felino, en serios peligros de extinción, en Corrientes pasó de cero a 21 y ya representa casi el 10% de la población de total de yaguaretés en Argentina
Hace apenas dos años la presencia del mítico yaguareté en uno de sus hábitats naturales, los esteros correntinos, era un recuerdo de otro siglo. Durante los últimos 70 años, el felino desapareció de esta zona del norte argentino, víctima de la caza “deportiva” y la extensión de las fronteras agropecuarias. Sin embargo, las cosas cambiaron en el último tiempo. Apenas unas horas después de iniciado el año 2024, los científicos que trabajan para la reinserción de la especie dentro del Parque Nacional Iberá encontraron un nuevo ejemplar silvestre mientras repasaban las capturas tomadas por las cámaras trampa ubicadas en el territorio.
El equipo de científicos que monitorea la zona esperaba encontrar a esta hembra. Sabían que había nacido hace alrededor de un año porque habían visto que su madre, Juruna, huérfana traída desde Brasil y reinsertada por la Fundación Rewilding Argentina, estaba embarazada. “Hace poco pudimos ver a uno de sus cachorros pero faltaba este. Ahora sabemos que está vivo. Y parece que es una hembra”, celebró Sebastián Di Martino, biólogo y director del área de Conservación de Rewilding. La imagen dura apenas un segundo. La cachorra cruza delante de la cámara trampa, ubicada bajo un monte. Como las manchas de los yaguaretés son únicas para cada animal, del mismo modo que lo son las huellas dactilares para los humanos, los especialistas pudieron detectar que no era ninguno de los habitantes conocidos de la zona.
El animal se suma a otros 20 detectados entre los yaguaretés que nacieron en cautiverio y fueron reintroducidos y los hijos de estos nacidos en libertad. Las estimaciones indican que en Argentina habría entre 200 y 250 yaguaretés, por lo que la población del Parque Nacional Iberá ya representa el 10% aproximadamente del total y Corrientes es ahora la provincia de la región chaqueña argentina con mayor cantidad registrada del felino más grande del continente.
La hembra nueva es hija de Juruna, una yaguareté nacida en Brasil que quedó huérfana y fue traída a los esteros para, una vez estabilizada, intentar su reinserción en el hábitat natural. En 2021 finalmente los científicos de Rewilding le abrieron la jaula. Salió junto a dos cachorras hembras. Las tres lo hicieron, con collares que emiten una señal que permite su seguimiento y, a través de este, y las cámaras trampa, entender su comportamiento.
El yaguareté es un animal que puede caminar decenas de kilómetros en un solo día. Si se observa que se quedan mucho tiempo en un mismo lugar es porque parió. Si anda alrededor de un espacio muy pequeño es porque está comiendo alguna presa allí, lo que pasados unos días les permite ir a los investigadores y detectar cuál fue su bocado.
Más tarde, los observadores detectaron que Juruna estaba nuevamente embarazada. Pero si bien se dieron cuenta que había parido por su geolocalización, nunca pudieron verla con los cachorros. Cada vez que se iban a la zona donde creían que estaba, ella estaba presente y era imposible aproximarse a los animales.
“Y después se empezó a mover con los cachorros”, explica Di Martino y agrega: “Hace un tiempo logramos ver un yaguareté del tamaño que tendrían esos cachorros pero nos faltaba un segundo y creemos que este es el que nos faltaba”.
Como el 90% de las veces los yaguaretés dan a luz dos cachorros, intuyeron que había dos nuevos integrantes en el Iberá. Esto fue en mayo del 2022, por lo que se cree que el ejemplar recientemente visto tiene un año y siete meses.
Los nacidos en libertad no tienen los collares y no se les pueden colocar hasta que alcancen el tamaño adulto y puedan eventualmente ser capturados. Por ese motivo, las cámaras trampa adquieren una relevancia trascendental a la hora de identificar y seguir a estos individuos.
“Los resultados obtenidos en Iberá hasta el momento son muy auspiciosos. Es el primer proyecto a nivel mundial que intenta restablecer al yaguareté en una región donde se había extinguido, y es observado como ejemplo a ser replicado en la Mata Atlántica de Brasil y en el sur de los Estados Unidos. El éxito del proyecto incluso llevó a la fundación Rewilding Argentina, junto a Parques Nacionales, a trabajar para replicar el proceso en el Parque Nacional El Impenetrable”, explicaron desde la fundación.
No obstante, el cambio de gobierno tiene los trabajos en pausa. Como no hay autoridades designadas aún en la Administración de Parques Nacionales, no pueden ser reinsertadas dos hembras en el Impenetrable (donde se sabe que al menos dos machos silvestren caminan por el territorio), una nacida en cautiverio y la otra traída, huérfana, de Paraguay.
“A pesar de lo ambiciosos o titánicos que parezcan cuando comienzan, estos proyectos son necesarios para que las especies regresen a los lugares en donde desaparecieron por causas humanas y vuelvan a cumplir sus roles ecológicos, en este caso el de depredador tope. La presencia del yaguareté es esencial para mantener la salud del ecosistema ya que regula las poblaciones de las otras especies presentes en los esteros del Iberá, incluyendo especies vegetales”, detallaron desde Rewilding.
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Lanzan alertas por la presencia de cianobacterias en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires

Fecha de Publicación: 08/01/2024
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Buenos Aires


Es en el balneario de Laguna de Lobos y la Laguna Hinojo partido bonaerense de Trenque Lauquén.
La provincia de Buenos Aires continúa con el Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, con un mapa de alerta temprana y actualización diaria en 28 municipios, que advierte posibles floraciones de cianobacterias y permite activar mecanismos de prevención en la comunidad, informó el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.
A través del Sistema de Alerta Temprana y mediante el cianosemáforo emitió hoy un alerta rojo por la presencia de cianobacterias en el balneario de Laguna de Lobos y la Laguna Hinojo partido bonaerense de Trenque Lauquén.
En este sentido, informa que el agua se observa color verde intenso, azul o azul verdoso, con una acumulación extensa de cianobacterias en la superficie formando una capa continua de floración consolidada.
Al respecto, recomienda no utilizar el agua para consumo de forma directa o para higiene personal, alejar a los niños y mascotas hasta que la floración desaparezca, y no consumir alimentos del espejo de agua.
En tanto, la laguna de Chascomús y el Río Salado a la altura del Puente de la Ruta 5, Puente de Ladaga y Puente de la ruta 51 en Achupallas del municipio de Alberti, se encuentran con Alerta Naranja, por lo que se aplica la bandera sanitaria correspondiente.
En este sentido, según se informa a través del cianosemáforo, esta condición puede darse por condiciones de bajante o sequía y, además, el agua se ve de un color verde brillante en la superficie y en la arena.

Sobre las cianobacterias en Buenos Aires
Las cianobacterias se acumulan en la columna de agua o en la superficie, pero no en una capa continua, y en este sentido se recomienda evitar el contacto con las manchas verdes, lavarse con agua limpia en caso de entrar al río o laguna.
La actualización de este mapa tiene como principal objetivo que bañistas y deportistas no pongan en riesgo su salud en aguas recreativas.
Además del trabajo conjunto con los municipios en el monitoreo visual, se implementó también un sistema satelital a cargo de profesionales de la Autoridad de Agua que acompañan una detección más eficiente de posibles floraciones.
El cianosemáforo se puede consultar en el link gba.gob.ar/cianobacterias dónde también se puede encontrar material descargable para difusión sobre qué son y cómo actuar ante su contacto.
Al respecto y para conocimiento de la población, desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense informaron que las cianobacterias son organismos que viven en el agua generalmente presentan un color azul verdoso, pudiendo ser algunas especies nocivas para la salud.
En tanto indicaron que los efectos en la salud más comunes son: vómitos, diarrea, dolor de cabeza, debilitamiento muscular y alergias en la piel.
Por último, señalaron que en caso de sentir olor u observar color en el agua no se debe tomar contacto y, a la vez, consultar en el centro de salud más cercano en el caso de intoxicación.
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UICN Argentina pidió al Congreso Nacional que se rechace las modificaciones en materia ambiental propuestas en el proyecto de Ley Ómnibus

Fecha de Publicación: 06/01/2024
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Nacional


Desde el Comité Argentino de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) emitieron una declaración pública para dar a conocer su preocupación por los alcances del proyecto de Ley Ómnibus del Poder Ejecutivo Nacional en que proponen modificaciones que implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados con la Ley de Bosques, Ley de Quema y Ley de Glaciares. «Colisionan de lleno contra principios jurídicos vigentes y normas que conforman la columna vertebral de la protección del ambiente y los recursos naturales en la Argentina», señalaron.
UICN Argentina pidió al Congreso Nacional que se rechace las modificaciones en materia ambiental propuestas en el proyecto de Ley Ómnibus Las organizaciones de la sociedad civil integrantes del Comité Argentino de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) expresaron sábado – a través de un comunicado- su “profunda preocupación” por las medidas contenidas en el proyecto de Ley ómnibus enviado este 27 de diciembre al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
“El proyecto vulnera el principio de no regresión ambiental, consagrado en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) dado que los cambios propuestos a la normativa vigente implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados”, advierten desde la UICN Argentina.
Por otra parte, indican que varias de las medidas propuestas de modificación suponen “serios retrocesos en la legislación ambiental lograda tras mucho esfuerzo, discusiones parlamentarias y trabajo de consenso entre diversos actores sociales, a lo largo de los últimos años en la Argentina”, remarcaron.

En particular, el texto incluye modificaciones en:
-  Una modificación a la Ley 26.331 de Presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos aprobada en el año 2007, permitiendo el desmonte en las zonas categorizadas como rojo y amarillo, en las cuales el desmonte está prohibido por ser áreas con indicadores de valor ambiental o ecosistemas únucis, debiendo conservarse a perpetuidad o destinarse a uso sostenible, respectivamente. Según la modificación propuesta se habilitarían, previo cumplimiento de los requerimientos de la Ley General del Ambiente, “proyectos de desmonte de bosques nativos para los que se encuentren bajo la categoría I y II”, es decir, categoría roja y amarilla. Así, estas áreas que hoy suponen más del 70% de los ordenamientos territoriales declarados por las provincias pasarían a quedar desprotegidas.
Por su parte, el proyecto flexibiliza el desmonte en áreas verdes, hoy sujeto a previa evaluación de impacto ambiental y audiencia pública.
Además el proyecto vacía de financiamiento a la Ley de Bosques ya que quita de las fuentes que aportan anualmente al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos al 0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones al agro. La Ley 26.331 pasaría a obtener los fondos que anualmente decida asignar el PEN y otras fuentes menores.
Propone, asimismo, eliminar la mención al acceso a la información y participación de pueblos indígenas y las comunidades campesinas, en contradicción con el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT, marginando al mismo tiempo a los sectores en mayor vulnerabilidad en relación con los bosques nativos.
-  En materia de Ley de quemas, el proyecto del gobierno mantiene la definición vigente de “quema” pero agrega una de “aprovechamiento productivo” como toda “actividad que tenga una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno”. Esto permitiría el avance sin control ni autorización previa de quemas para desarrollo de infraestructura diversa, plantaciones, cultivos que no se comercialicen, etc.
Por otro lado, mantiene la prohibición de actividad de quema sin autorización. Pero el proyecto propone un plazo de 30 días hábiles para que la autoridad competente responda a la solicitud. En caso de falta de respuesta, se considerará que la quema ha sido autorizada “tácitamente”.
De esta manera, el silencio es interpretado de manera positiva generando una ficción legal que permitiría de manera tácita avanzar con quemas sin presencia ni control de parte de las autoridades locales especializadas en Manejo del Fuego, y sin ponderación de parámetros ambientales, incluyendo acumulativos, de tipo técnicos relativos al manejo del fuego, y cuidado de la seguridad y salud pública.
Para atender el flagelo de los incendios que arrasan con bosques, pastizales y humedales se necesita de un robusto y permanente monitoreo y accionar preventivo de parte de las autoridades, trabajando mano a mano con la comunidad y con financiamiento.
-  Se propone modificar la Ley 26.639 de Glaciares a fin de habilitar (con los informes ambientales exigidos por la normativa) la actividad económica en la zona periglaciar prohibido hoy en la norma vigente, recortando su definición amplia vigente y condicionando su protección al cumplimiento de requisitos restrictivos y discrecionales. Esta medida es una clara respuesta a un reclamo histórico del sector minero, que busca aumentar sus beneficios económicos en detrimento de la preservación socioambiental y la protección de áreas resguardadas por ley.
-  Modificaciones propuestas para la Ley 24.922 de régimen federal de pesca promulgada en 1998. Se propende a flexibilizar el proceso para otorgar permisos de pesca con cambios a las condiciones y prioridades hoy dispuestas y concentrando ese otorgamiento en la autoridad de aplicación, sin involucramiento del Consejo Federal Pesquero.
Por otro lado, implicaría liberar las aguas tradicionalmente reservadas a pesqueros de bandera argentina, derogando preferencia de personas de nacionalidad argentina en tripulaciones y la obligatoriedad de desembarcar la producción pesquera en puertos argentinos. Esto podría tener consecuencias graves para el sector, puestos de trabajo, y promover usos que no sigan pautas de conservación ni consideren los impactos sobre la biodiversidad marina.
-  Respecto a los mercados de carbono, el proyecto de ley se enfoca en el establecimiento de estos mercados que suponen una visión mercantilizadora de la naturaleza y sin hacer referencia a la necesidad y urgencia de reducir las emisiones desde las fuentes, ni a los compromisos internacionales de reducción de emisiones.

Por todo lo mencionado, las organizaciones de la sociedad civil del Comité Argentino de la UICN realizaron un llamado público a ambas Cámaras del Congreso Nacional a “no hacer lugar a estas propuestas del proyecto de Ley ómnibus del PEN que colisionan de lleno contra principios jurídicos vigentes y normas que conforman la columna vertebral de la protección del ambiente y los recursos naturales en la Argentina.
Modificar estas leyes ambientales no sólo impactará negativamente en la conservación, uso sostenible y restauración de la biodiversidad, sino también en los resultados económicos productivos de las distintas actividades socioeconómicas involucradas que se pretende beneficiar”.
Finalmente, sostuvieron que además “arriesgan seriamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en los foros multilaterales ambientales”.
El Comité Argentino de la UICN actualmente nuclea a 11 miembros: Administración de Parque Nacionales (APN), Centro Desarrollo y Pesca Sustentable (CeDePesca); Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Fundación Bosques Nativos Argentinos; Fundación Biodiversidad (FB); Fundación Habitat y Desarrollo; Fundación Patagonia Natural (FPN); Fundación ProYungas (FPY); Fundación RIE; Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) y Secretaría de Ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .
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