Tensión por el oro blanco con comunidades originarias

 


Tensión por el oro blanco con comunidades originarias: "A través de la explotación del litio se van a ir desertificando las cuentas hídricas"

Fecha de Publicación
: 27/03/2023
Fuente: Agencia TSS  - Info Blanco sobre Negro
Provincia/Región: Nacional


Denuncian irregularidades en la aprobación de la licencia social para la exploración de litio en la cuenca de Salinas Grandes y continúan rechazando el avance de la minería en ese lugar. Temen que la actividad afecte la biodiversidad de la cuenca, que les impida acceder al agua y que los termine convirtiendo en "desplazados ambientales".
A 40 años del regreso a la democracia, este 24 de marzo, mientras en todo el país se recuerda a los 30 mil desaparecidos y a todas las víctimas de la última dictadura cívico-militar, en el salar de Olaroz, en Jujuy, se realizará un Festival por el Litio, organizado por el gobierno provincial con el auspicio de algunas empresas mineras, como Exar y Allkem Sales de Jujuy. El evento se produce en medio de un clima de tensión y descontento, y es considerado como una “burla” por algunas comunidades de la cuenca de Salinas Grande y Laguna Guayatayoc, adonde denuncian irregularidades en la aprobación de la licencia social para la exploración de litio.
El acuerdo fue firmado el 10 de marzo, en una asamblea extraordinaria convocada por la comisionada municipal de El Moreno, Angélica Castillo, con 20 votos a favor y 4 en contra. “Pero la convocatoria fue casi en secreto y a último momento, por eso la invitación llegó a personas puntuales y participaron mayoritariamente familiares y allegados de la comisionada”, denuncia Rubén Galean, secretario de Cultura de la Organización Comunitaria Aborigen Sol de Mayo.
Además, la misma comisionada apeló a su rol como secretaria de la presidenta de la comunidad de Lipan y redactó el acta de acuerdo con el gobierno de Jujuy, la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y una de las subsidiarias locales de la transnacional argentina/inglesa Pan American Energy, para que esa minera comience la exploración de litio en la mina Agonic, en el sur de Salinas Grandes. “Ella no debería haber podido hacer eso, porque está ocupando un rol como funcionaria del Gobierno”, cuestionó Galean, y advirtió que Castillo conoce cómo trabajan las comunidades en la mesa de Salinas Grandes porque ella misma era una de las participantes y fue comunera de Lipan durante 15 años.
Desde 2012, las comunidades de esta cuenca habían elaborado sus propias pautas para el procedimiento de la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, tal como lo estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al cual la Argentina adhiere. Se conoce como  Kachi Yupi (se terminó de redactar en 2015), y entre otras cosas estipula que las decisiones deben tomarse por consenso entre todas las comunidades y que ninguna puede decidir de manera individual o en secreto. Por eso, el acuerdo es considerado como una “traición” y es rechazado desde que se conoció.
“Cuando le pedimos explicaciones, nos dijo que le pidiéramos respuestas a la comunera de Lipan, que ella estaba en función de comisionada”, recuerda Galean, y agrega que en medio de esa presión la funcionaria se fue a San Salvador de Jujuy “como si estuviera escapando”, y que al día siguiente envió un despliegue de seguridad a toda la región. En medio de esta situación, los vecinos de El Moreno se enteraron que la comisionada viajó con la comitiva del gobernador de Jujuy y precandidato a presidente Gerardo Morales, a su presentación en Buenos Aires en el Teatro Gran Rex.
“Estamos preocupados, el Gobierno está siendo muy represivo, silenciosamente está dividiendo a las comunidades y es una cuestión muy grave, no sabemos lo que puede pasar, si van a entrar por la fuerza, si van a poner policía, si nos van a reprender a los comuneros”, reconoce Erika Cañari, presidenta de la comunidad de Pozo Colorado.
La policía continuó en las inmediaciones de El Moreno hasta el sábado por la tarde. Ese día se había convocado a una reunión con el gobernador en la plaza del pueblo, adonde alrededor de 300 personas exhibieron pancartas en rechazo a la exploración y explotación del litio, y en apoyo al cuidado del agua. “En los carteles hemos expresado nuestro malestar y, sobre todo, afirmamos la lucha en este territorio y por la defensa del agua, porque a través de la explotación del litio se van a ir desertificando las cuentas hídricas. Sabemos que el sistema de explotación es muy agresivo y requiere de millones de litros de agua para garantizar la exploración del litio”, afirma Galean.
“La última vez que vino el gobernador, ni siquiera escuchó a las comunidades, solamente dijo que va a dar la consulta pero nosotros, ya en el año 2019, cuando tuvimos un problema con una minera que estaba haciendo exploración en Pozo Dulce, afirmamos que ya no queremos la consulta porque directamente decimos que no al litio”, dice Cañari, y coincide en que lo que más les preocupa es el tema del agua: “Me preocupa el futuro de nuestros hijos que están en estas comunidades, no sé qué futuro tendrán, si verán el lugar como lo vemos ahora o si tendrán que elegir entre irse y migrar, o vivir en condiciones donde no hay agua para cocinar, para tomar, para tener una vida tranquila”, sostiene.
Al respecto, el licenciado en Gestión Ambiental Gustavo Romeo, que es parte del Grupo de estudios en Geopolítica y Bienes Comunes, especifica que en el desierto de Atacama, en Chile, por ejemplo, los registros indican que un solo pozo de aguas subterráneas construido en los bordes del salar adonde puede haber reservorio de agua dulce otorga 240 litros por segundo para ser utilizados en el proceso de obtención de sales de litio (más de 20 millones de litros al día).
Además, advierte que hay estudios que dicen que el agua salada que se evapora para la obtención de las sales de litio alcanza valores cercanos a los dos millones de litros por día. “Desde una lógica utilitarista, se dice que el agua salada no es para consumo y por eso no hay impacto, pero es agua que forma parte de un ecosistema sumamente frágil, en un ambiente muy árido y que llegó a ocupar esos reservorios subterráneos en otras eras de nuestro planeta; es decir que, en la actualidad, la recarga de esos reservorios no se da porque no existen lluvias continuadas”, subraya Romeo.

Los salares también son humedales
El biólogo Román Baigún, coordinador del Programa Humedales Altoandinos, de la Fundación Humedales, aclara que si bien no están en contra de la mineria, está comprobado que la metodología de piletones no es compatible con la conservación de estos ambientes ni con las sociedades que los usan, especialmente en áreas protegidas o de interés especial para la conservación. “El impacto existe y hay un caso que lo acredita en Catamarca, adonde la empresa Livent secó la vega del río Trapiche, en el Salar del Hombre Muerto”, ejemplifica el especialista, y recuerda que las salinas son humedales por definición de Ramsar, por su conformación tanto en el suelo que depende del agua, como en la biota que está adaptada y porque se inunda en forma periódica.
Al respecto, Romeo recuerda que el 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua, y que resulta “fundamental” entender que los salares de la Puna son humedales y que “el lobby que se mueve en el territorio tratando de comprar voluntades, de avanzar con informes técnicos y de desregular los marcos que protegen a las personas y al ambiente, también se mueve por los pasillos adonde se cajonea permanentemente la Ley de Humedales”.
Pía Marchegiani, directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destaca que los humedales altoandinos tienen roles de adaptación y mitigación en la agenda climática: “No solo cumplen roles en la regulación de ese recurso hídrico, sino que también alojan microorganismos que secuestran dióxido de carbono y liberan oxígeno”, ejemplifica la especialista, y advierte que sobre este tema es necesario contar con más información científica que sería importante poner en relieve a la hora de decidir.
Marchegiani destaca que no solo hay irregularidades y avallasamiento a las comunidades, sino también que se debe entender que el área implicada es una cuenca, y que, con esta actividad, posiblemente se vean afectadas más comunidades que las que aparecen vinculadas al permiso minero. “Romper con el equilibrio ecosistémico hídrico destruye toda la vida alrededor, que es mucha”, advierte la especialista, y agrega que hay una incompatibildad entre el derecho ambiental indígena y la forma en que está pensanda la regulación minera (que se refiere específicamente a las áreas de influencia a los proyectos, sin considerar la integralidad del sistema hídrico). Hay antecedentes judiciales, como el caso Matanza-Riachuelo, que establecen que la cuenca tiene que pensarse como un todo integral y así decidir los usos del agua, ya sean económicos, para la vida o ecosistémicos.
 
Territorios sacrificados
El 17 de febrero, el Gobierno de Jujuy aprobó un nuevo decreto ambiental minero, que establece el procedimiento por el cual se aprueban o no los proyectos. “La provincia de Jujuy arma sus propios procedimientos para un montón de cosas, y en gran medida, puede pero hay temas que no puede soslayar, hay una jerarquía constitucional de normas, con los derechos indígenas y al ambiente sano por encima. El Código de Mineria esta por debajo de la Constitución y por debajo de la norma 169 de la OIT”, sostiene Marchegiani.
Al respecto, Romeo agrega que, para poder avanzar en los territorios, las empresas, en connivencia con actores del Estado provincial y/o nacional, van avanzando y aprobando proyectos sin considerar tratados internacionales como el de la consulta libre previa e informada a las comunidades, y que tampoco están cumpliendo con el Acuerdo de Escazú, al que la Argentina adhiere desde hace unos años y que también tiene que ver con la participación de las comunidades en aquellos proyectos que puedan llegar a alterar o afectar el ambiente. Es algo que no solo está pasando en Jujuy, sino también en Chubut y en otras partes de América Latina.
Romeo recuerda que el 23 de marzo se cumplieron 20 años del “No a la mina” en Esquel: “Eso también hay que reafirmarlo, porque muchas veces se plantea que si no quieren la explotación, qué quieren. Pero si las comunidades no quieren que se avance en sus territorios, no tienen por qué generar una justificación superadora al proyecto que se presenta para la extracción del litio”, dice Romeo, que es de Comodoro Rivadavia y participa en la Unión de Asambleas de comunidades de Chubut. “No importa si dicen que la técnica no va a generar daños o pérdidas en el lugar, no importa si dicen que van a construir una salita de atención médica. Si las comunidades dicen que no, no hay que seguir avanzando tratando a las asambleas, a los pueblos y a las comunidades como si ignoraran o desconocieran, como tratando de decirles ‘en realidad ustedes no entienden, por eso dicen que no’”, agrega.
“A mayor extractivismo, menor democracia. Tiene que ver con quiénes determinan qué territorios van a ser sacrificados en nombre de una transición energética que ni siquiera vamos a ver en este Sur global que habitamos”, afirma Romeo, y concluye: “No hay posibilidad de llegar a algo semejante al desarrollo si no hay respeto por los derechos humanos. Este conflicto, que ahora le está tocando atravesar a la comunidad de El Moreno, nos exige hablar del extractivismo desde un lado en el que no prime exclusivamente lo técnico, lo tecnológico y los atributos físicos y biofísicos del ambiente, sino también lo social, la justicia ambiental, la autodeterminación de los pueblos y, al final de cuentas, un modelo de desarrollo y un modo de elegir vivir una vida, y que debe ser respetado lo que se defina en cada uno de los de los sitios que hoy están en resistencia”.
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Viedma proyecta una reserva para los loros barranqueros

 


Proyectan una Reserva Natural para proteger la colonia de loros barranqueros en El Cóndor

Fecha de Publicación
: 27/03/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


El Municipio de Viedma envió ese proyecto al Concejo Deliberante y ya tomó contacto con el doctor en biología Juan Masello, investigador del Instituto Max Planck de Alemania.
El Municipio de Viedma elevó al Concejo Deliberante el Proyecto de Ordenanza para crear la Reserva Natural Municipal «Acantilado de los Loros» para proteger y preservar la zona de nidificación de la colonia de loros barranqueros mas grande del mundo.
El intendente Pedro Pesatti envió el proyecto durante esta jornada con la intención de iniciar acciones frente al cambio climático, tendientes a mitigar los efectos sobre el monte nativo y la colonia de loros.
La comuna viedmense tomó contacto y recibió el asesoramiento del doctor en biología Juan Masello, investigador del Instituto Max Planck de Alemania y máximo referente en el estudio de los loros barranqueros. En noviembre de 2021 se reunió con el intendente Pedro Pesatti y le manifestó la necesidad de crear un área de protección de la especie.
«Luego de un largo proceso, principalmente político, académico y científico, hemos llegado a este proyecto que busca proteger no solo a la colonia de loros, sino promover la conservación de la biodiversidad regional dando un claro y contundente mensaje: el Gobierno de Viedma asume las riendas de las políticas públicas ambientales», expresó el jefe comunal.
Recordó que «hace dos años atrás iniciamos el proyecto Senderos del Monte, con la apertura del Centro de Valoración del Monte rionegrino en el Balneario El Cóndor. En el mismo se recolectaron, germinaron y plantaron mas 1100 ejemplares de plantas nativas en la zona de acantilados, y se encuentra el pleno desarrollo un proyecto para instalar una Estación Biológica para el estudio y monitoreo de la avifauna local, con servicios incluidos para los turistas», indicó Gastón Gutiérrez, secretario de Servicios, Espacio Público y Ambiente de la comuna viedmense.
Viedma cuenta con el antecedente de una iniciativa en la Legislatura de Río Negro en el año 2009 que buscaba crear el Área Natural Protegida Isla Villarino – Barranca Sur, para proteger el estuario del río Negro en la desembocadura, y el primer tramo de acantilados de la zona costera.
Ese proyecto de ley fue aprobado en primera vuelta, pero no fue tratado nuevamente por pedido expreso del vicegobernador Mendioroz y la Municipalidad de Viedma, porque vecinos reclamaban que no iban a poder seguir utilizando vehículos y cuatriciclos en las playas.
Luego de 14 años, se retoma esta iniciativa por parte del Gobierno de Viedma, para trabajar específicamente sobre la zona de acantilados, sin acciones meramente restrictivas, sino con objetivos de regulación de actividad en el marco del Turismo Sostenible, la protección de la avifauna y la flora nativa, así como la promoción de la actividad científica y académica.
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A veinte años del «No a la mina» en Esquel

 


Ecología Social. Veinte años del «No a la mina» en Esquel, Argentina: «Un pueblo dispuesto a luchar no tiene límites»

Fecha de Publicación
: 25/03/2023
Fuente: Resumen Latinoamericano
Provincia/Región: Nacional - Chubut


La tranquilidad del pueblo patagónico se vio sacudida en 2002 con la llegada de una multinacional minera que prometía trabajo y bienestar. Pero la población de Esquel se informó, organizó y, en una votación histórica, el 81% dijo «No» a la megaminería. Se transformó en una referencia en la lucha contra el extractivismo. Crónica de una victoria.
Esquel no conocía de megaminería, cianuro y drenajes ácidos. Pero tuvo un curso acelerado en 2002, cuando se enteraron por el diario que la multinacional Meridian Gold pretendía explotar oro y plata en las montañas a diez kilómetros del casco urbano. El pueblo vivió una revolución, tanto que fue el primer lugar de Argentina que votó contra la magerminería y el 81 por ciento dijo «No». Ese triunfo, inédito en el país, iluminó luchas en los 5000 kilómetros de Cordillera. A veinte años de aquella gesta, Viviana Moreno, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel, repasa aquellos días, las dos décadas de lucha y también el futuro: «Luchamos por el agua de todos, luchamos por el agua de las generaciones futuras».
Nacida en Santa Fe y afincada en Esquel desde hace casi cuatro décadas, Moreno estuvo desde la conformación de la Asamblea No a la Mina hasta la actualidad. En esta charla aborda todos los temas: de lo personal a lo colectivo, la política partidaria y la que se hace de forma horizontal, la defensa del territorio y los entregadores, el saber popular y el conocimiento científico. Y, a cuarenta años de la recuperación de la democracia, destaca una certeza: «Si estás a favor de los derechos humanos, no podés estar a favor del extractivismo».
Crónica de una victoria: «No a la mina»

—¿Cómo recuerda ese 23 de marzo de 2003?
—Lo recuerdo con mucha alegría y con mucha emoción. Sabíamos que íbamos a ganar, pero no me imaginé que sería por el 81 por ciento de los votos porque desde el gobierno y las mineras hicieron una campaña enorme para tratar de seducir a la gente, con plata, electrodomésticos, de todo. Pero la gente recibía lo que le daban y luego iban y votaban contra la megaminería. Y siempre destaco a los barrios más humildes, donde ya había problemas de acceso al agua, que fueron muy conscientes de lo que podía implicar la megaminería y de lo importante que era defender el agua.

—¿Qué importancia le asignan, en estos veinte años, a la movilización permanente (en Esquel se marcha todos los 4 de cada mes)?
—El 23 de marzo fue felicidad absoluta. Pero algo que marcó dónde pararnos en esta lucha fue que en ese momento, que estábamos en la calle celebrando, un vecino dijo: «Miren que esto es solo una batalla». Lo entendimos de esa manera y al mismo tiempo que valorábamos muchísimo ese triunfo, seguimos trabajando para la toma de conciencia sobre el agua, la organización colectiva y el no dejar la calle.

—¿Qué la motivo, en lo personal, a sumarse a la lucha?
—Trabajaba en el hospital y recuerdo cuando vi la tapa del diario con el cerro y el anuncio de la llegada de la minera. Era 2002. Era muy notoria la desocupación y prometían puestos de trabajo, progreso. Me pareció una buena opción. Hasta que mi compañero de trabajo, bacteriólogo, me dijo: «Te voy a dar un artículo canadiense que habla sobre cómo este tipo de minería actual genera drenaje ácido (que contamina las fuentes de agua)». Y fue un viaje de ida. Confirmaron que de ninguna manera esta actividad puede resolver el drenaje ácido. Yo no podía estar de acuerdo con esa contaminación. Ahí fue muy importante también el accionar de académicos como Silvia González, Marta Sahores y Lino Pizzolón, que comenzaron a explicar los aspectos químicos y técnicos de la minería. Ahí comenzamos hablar de cianuro de sodio, detonaciones y el «no» se fue haciendo más fuerte.

—Y comenzaron las asambleas masivas…
—Todo fue muy rápido. La información comenzó a circular. La primera reunión en la que participé, que era la segunda reunión que se convocaba, ya éramos 600 personas. Y fueron cada vez más masivas.

—¿Cómo jugó la crisis social post 2001 y, al mismo tiempo, el proceso asambleario que se había dado en distintas ciudades del país?
—La crisis había aportado desocupación, empobrecimiento y eso era tierra fértil para el extractivismo. Por otro lado, ese furor social que hizo del movimiento asambleario una práctica fundamental, se aplicó en nuestro caso. Hubo una participación social activa, involucramiento. Eso también jugó a favor de la lucha. Y también, claro, estuvo la lucha de los pueblos originarios, que ya venían luchando por sus territorios.

—¿Cómo fue la participación de los pueblos indígenas?
—Los pueblos originarios participaron desde un comienzo. Puntualmente recuerdo que, en diciembre de 2002, el Pueblo Mapuche hace un trawn (gran reunión) donde se nos invitó a todos. Mucha gente de la Asamblea del No a la Mina participó. Y de ahí salió un documento (que forma parte de la muestra por los 20 años) donde toman un posicionamiento muy claro respecto al agua y por el no a la magaminería. Muchas ideas de organización surgieron de ese famoso documento del trawn.

—¿Cómo llegan de juntarse en asambleas, cada vez más masivas, a impulsar el plebiscito?
—En noviembre de 2002 comenzamos a ir al Concejo Deliberante. Para que tome partido por el proyecto minero. La primera vez éramos tantos que fue caótico. Suspendieron la sesión y la hicieron en un gimnasio. Ahí fue muchísima gente, tanto a favor como en contra. Y el Concejo Deliberante pidió 15 días para poder tomar una posición. Pero empezó el receso legislativo. Entonces se hizo una sesión extraordinaria los primeros días de febrero. Nos enteramos y fuimos cientos, con bombos y no paramos de cantar, presionar, hasta lograr lo que queríamos.

—¿Qué querían?
—Surgieron tres ordenanzas. La de prohibición de cianuro en el ejido municipal de Esquel (que a los pocos días el intendente la vetó). La segunda implicaba desafectarse de las leyes mineras nacionales. Y la tercera fue el plebiscito por «Sí» o «No» al proyecto minero. Terminada esa sesión, estuvimos horas marchando alrededor de la ciudad. Festejando ese primer triunfo, el de lograr el plebiscito. Lo logramos con la gente en la calle.

Luchas conjuntas contra la megaminería

—En 2002 no existían las herramientas de comunicación actuales. ¿Cómo llegaban a la información? ¿Qué rol jugó la relación con otros territorios?
—En ese momento la única forma de conectarnos era a través de correo electrónico. Y una de las primeras comunidades que conectamos fue Tambo Grande (Perú). Ellos tuvieron algunas sugerencias que nos parecieron importantes, entre ellas, la de que fuéramos un movimiento con muchas cabezas, no solo una. Ellos hicieron un plebiscito previo al nuestro y a su líder lo asesinaron. Entonces ellos nos decían que teníamos que ser muchos. Hubo gente de acá que pudo viajar a Tambo Grande. Y luego también fue importante Andalgalá, que vinieron y nos contaron de qué trataba la megaminería en Catamarca (ya operaba Bajo la Alumbrera), que no era nada bueno para los pueblos.

—También hicieron mucho eje en las leyes mineras...
—La información fue clave, tanto como el estudiar cómo llegó la megaminería a nuestro país. Ahí conocimos de las leyes de la década de 1990 y empezamos a identificar que la minería era sinónimo de saqueo y contaminación. Así lo definimos y fue otra forma de explicar por qué no queríamos a Meriand Gold, ni a ninguna otra empresa. Y no podemos no mencionar a Javier Rodríguez Pardo, del Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH), que fue muy importante. Era un compañero muy claro y sumó a todo un trabajo colectivo que se estaba dando en Esquel y, de una u otra manera, se sostuvo estos veinte años.

—¿Qué aprendizaje le queda del rol de los gobiernos y empresas?
—Que las empresas y gobiernos nos subestiman. Pero los pueblos tenemos una enorme potencia organizativa y de lucha. Podemos cambiar las cosas y ya no aceptamos espejitos de colores.

Esquel, dos décadas de movilización

—¿Cómo ve hoy lo que sucedió en Esquel contra la megaminería y, también, en la provincia, por ejemplo el Chubutazo de 2021?
—Algo que aprendimos es que un pueblo dispuesto a luchar no tiene límites. Me emociona cada vez que hablo de esto. Fundamentalmente porque, por ejemplo, en el Chubutazo hubo mucha gente joven que salió a la calle. Fue el pueblo de Chubut que salió a la calle en toda la provincia. Yo creo de verdad que un pueblo unido jamás será vencido. Y fue así, era un pueblo unido por un objetivo determinado y estaba convencido. Luchamos por el agua de todos, luchamos por el agua de las generaciones futuras. Y cada uno de los que estuvieron poniéndole cuerpo a esto, a las balas, son héroes. Diciembre de 2021 fue una cacería organizada que tiraba contra todos, era tremendo, y ningún político de la provincia de Chubut se paró delante de una cámara de televisión o delante de una radio a repudiar lo que estaba pasando.

—En esos días, justo a veinte años de diciembre de 2001, se dijo que había un encadenamiento de resistencias. ¿Saben que ustedes también han inspirado otras luchas? Recuerdo Loncopué (Neuquén) con la minería y Gualeguaychú contra las pasteras y sus referencias hacia Esquel.
—Lo hemos escuchado pero creo que ni siquiera nosotros lo sabemos, quizá no somos conscientes. Imaginate una pequeña población luchando contra poderosos. Pudimos vencer a una multinacional apoyada por los gobiernos nacional, provincial y local. Me parece que el mensaje que dimos a la Argentina y a muchas otras luchas, no solo socioambientales, es que se puede. Unidos, decididos, convencidos: se puede. Creemos que los pueblos no deben estar sometidos a intereses ajenos y pueden elegir qué es lo que quieren para su presente y futuro.

—¿Cuáles son algunos de los hitos de estos veinte años?
—Siempre decimos que la embestida minera es cíclica. Ya sabíamos que puede parecer que se van pero al par de año vuelven. El oro y la plata están en la montaña e incluso ahora vale más que hace veinte años. Entonces la lucha nos enseñó que las mineras tienen mucho dinero y tiempo. Y contra eso resistimos. Una de los hechos más importantes es la conformación de la UACH (Unión de Asambleas de Chubut). Eso nos hace fuertes.

—¿Cómo fue ese proceso?
—Las asambleas de la Comarca nos acompañaron inmediatamente, desde el principio. El Bolsón, Lago Pueblo, El Hoyo, Epuyén. Estaban en nuestras marchas y ellos también hicieron, diríamos, el plebiscito con nosotros. Faltaba en ese momento el resto de la provincia. Pero la información comenzó a circular, nos fuimos conociendo y se fue fortaleciendo la lucha en la costa, con las asambleas de Madryn, Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia. Fue muy importante. Y después vino la Meseta (en centro geográfico de la provincia). El Gobierno en esos años decía que la minería iba a entrar por la Meseta. Y, entre todos, logramos también hacer fuerte la lucha ahí. La lucha y el «no a la minería» se provincializó, y eso es un logro enorme.
Gobiernos, organizaciones y Derechos Humanos

—En muchos de los escritos de la Asamblea queda claro la diferencia de qué es la democracia desde las asambleas y, por otro lado, cómo entienden la democracia los gobiernos, por ejemplo el actual gobernador Mariano Arcioni.
—El gobernador Mariano Arcioni siempre mostró una insensibilidad hacia el sentimiento del pueblo, sea éste un reclamo salarial o el rechazo a la megaminería. No puede o no quiere entender qué significan las luchas del pueblo. Muchas veces no actúa como un político, sino más bien como un patrón. En vez de mirarnos como el representante del pueblo votado en democracia, la mirada o la actitud para con nosotros fue siempre de patrón. Y esas actitudes son irreconciliables con la lucha socioambiental.

—¿Qué lectura hacen de los distintos gobiernos de estos 20 años?
—Desde el menimismo hasta hoy la megaminería es política del Estado y las leyes nacionales son absolutamente a favor del extractivismo. Esté quien esté, ya sea en el gobierno nacional o provincial, todos están a favor del extractivismo. En lo provincial se da que, muchas veces, apoyan la minería por conveniencias individuales, por dádivas, no por un convencimiento político. Hubo claros casos de legisladores que apoyaban la Iniciativa Popular (una propuesta de Ley impulsada por las asambleas) y, poco tiempo después, esos mismos aprobaron la zonificación a favor de la minería. Acá nos conocemos todos y también sabemos de cuestiones de dinero que circulan. Incluso el gobernador Mario Das Neves, que estaba a favor de la minería en su primer gobierno, pocos meses antes de fallecer reconoció que más importante que la minería era el agua. Contó las presiones que tenía de parte de Macri para explotar el proyecto Navidad (de la multinacional Pan American Silver) y decidió hacer una cumbre ambiental. En su discurso, que se puede ver en internet, reconoce que las mineras vienen con valijas de dinero para comprar a otros políticos.

—El 23 de marzo es una fecha histórica para Esquel y las luchas socioambientales. El 24 de marzo es una fecha emblemática para todo el país. ¿Cómo entienden que hay gobiernos, políticos, académicos y hasta organizaciones sociales, entre otros actores, que hablan de la defensa de los derechos humanos pero impulsan el extractivismo en los territorios?
—Yo lo veo como una enorme contradicción. Si vos estás a favor de los derechos humanos, no podés estar a favor del extractivismo de ninguna manera. Es muy claro que el extractivismo se impone con la violación de los derechos humanos. Latinoamérica lleva infinidad de muertos y en Chubut tuvimos criminalización y represiones. Incluso hubo servicios de inteligencia que hicieron espionaje. Y en otros lugares, como Andalgalá, se ve igual o peor, con mucha represión y decenas de judicializados. Entonces, o defendés de verdad los derechos humanos o estás con el extractivismo, no se pueden ambas cosas.
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Capacitación para empresas en el Riachuelo

 


Capacitan a Pymes para aplicar sistemas de gestión ambiental

Fecha de Publicación
: 25/03/2023
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Riachuelo


La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y la Universidad Tecnológica Nacional capacitan a pequeñas y medianas empresas para la aplicación de sistemas de gestión ambiental, informó Acumar.
Se trata de 24 empresas comprometidas que fueron seleccionadas por estar en condiciones de sostener la gestión ambiental, de las cuales cuatro son cooperativas, que van a ser beneficiarias de una asistencia gratuita para la implementación de sus sistemas.
"Esta iniciativa, encarada por Acumar junto a una institución pública de prestigio como la UTN, permitirá a las industrias dar un paso más y empezar a pensar en sus sistemas de gestión ambiental. A través de distintas líneas de acción, buscamos generar el involucramiento del mundo productivo con el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo y consolidar un desarrollo industrial con perspectiva ambiental", destacó el presidente de Acumar, Martín Sabbatella.
Los sistemas de gestión ambiental tienen como objetivo mejorar el desempeño ambiental, prevenir la contaminación y darle cumplimiento a la normativa vigente.
El proyecto en marcha con la UTN incluye la implementación de asesoramiento técnico; el estudio de factibilidad para el desarrollo de una normativa específica que atienda a la complejidad y particularidades del territorio; actividades de sensibilización y capacitación con el diseño de un manual de buenas prácticas; y la creación de dos centros regionales para el desarrollo de capacidades territoriales vinculadas a los sistemas de gestión ambiental, uno en Almirante Brown y otro en el campus de la UTN en Villa Lugano.
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Nuevo conficto por el agua para el litio en Jujuy

 


Explotación de litio en Lipán: comunidades alertan por la contaminación del agua

Fecha de Publicación
: 24/03/2023
Fuente: Jujuy al Momento
Provincia/Región: Jujuy


El gobernador Gerardo Morales se reunió con comunidades originarias, entre ellas la de Pozo Colorado, quien le expresó de manera directa su rechazo a la iniciativa.
Recientemente, integrantes de comunidades que pertenecen a la zona de El Moreno expresaron su preocupación por la iniciativa del gobierno jujeño de explotar litio en esa área de la provincia. Inicialmente, protestaron por no haber sido consultados y expresaron que su única intención era proteger los recursos naturales de la zona.
Horas más tarde se reunieron con referentes de instituciones de protección al consumidor, quienes sostuvieron que se debería haber realizado la consulta de la iniciativa.
Hoy, los habitantes de esas comunidades, especialmente de Pozo Colorado, representados por Érica Cañari, reafirman su oposición indicando que la explotación del mineral contaminará napas subterráneas de la zona.
Durante el fin de semana, se reunieron con el primer mandatario provincial pero indican que fue más un discurso que una charla: luego de que los comuneros le expresaran, esta vez de manera directa, su rechazo a la explotación de litio, Morales les habló de Cauchari, paneles solares, recursos hídricos, y lo que hará con el litio, cuya explotación podrá evitar la contaminación mundial.
Los integrantes de comunidades también piden la destitución de la Comisionada de la zona aduciendo que abandonó su puesto para acompañar a Morales en la presentación de su pre candidatura a Presidente en Buenos Aires.
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Logran frenar desmonte en Pampa del Infierno

 


Frenaron desmonte ilegal en Pampa del Infierno e incautaron maquinaria

Fecha de Publicación
: 24/03/2023
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


La Policía Rural secuestró tres tractores y se iniciaron actuaciones legales por infracción al Régimen Forestal.
Este martes, los agentes de las secciones rurales de Pampa del Infierno y Pampa Guanaco encabezaron un operativo para frenar un desmonte ilegal en la zona.  
Según informó la Policía, durante la mañana, escucharon la maquinaria pesada en un monte a 10 kilómetros del centro de la localidad de Pampa del Infierno y, siguiendo el sonido, dieron con tres tractores que desforestaban un terreno.
Frenaron las máquinas y buscaron al responsable de la actividad, quien no tenía permiso alguno para realizar es tipo de trabajo en la zona.  
Finalmente, los agentes secuestraron los tres tractores y notificaron al responsable por la causa de “Supuesta Infracción al régimen Forestal”.
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Vinculan las cianobacterias con el modelo agrícola

 


Aseguran que las cianobacterias tienen relación con el uso de agrotóxicos

Fecha de Publicación
: 23/03/2023
Fuente: CodigoBaires
Provincia/Región: Buenos Aires


En el último tiempo las cianobacterias se transformaron en un denominador común en la región de La Plata y alrededores, por su presencia en el Río de La Plata que afectó notablemente el abastecimiento de agua potable. En parte, en cada ola de calor que se vivió en el verano más caluroso de la historia argentina, aparecieron estos micro organismos celulares, que motivaron las alarmas de los organismos gubernamentales para evitar el contacto de la comunidad con el agua.
Allí, muchos científicos y especialistas en el tema adjudicaron su desarrollo al “cambio climático”, y la situación crítica que está atravesando el mundo en torno al incremento de la temperatura de agua.
Sin embargo un grupo de científicos de Uruguay realizó una toma de muestras para analizar el efecto de origen que tenían las cianobacterias en el Río Uruguay, uno de los afluentes del río de La Plata, y allí determinaron que su presencia se encuentra estrechamente relacionada con el incremento en el uso de agrotóxicos para la práctica del agronegocio.
Recordemos que la situación sanitaria del último tiempo, motivó que desde la Provincia se creara el Sistema de Alerta Temprana por Cianobacterias (SATC), el cual permite observar mediante el Ciano Semáforo el estado del agua en la costa del Río de La Plata en la Región Capital y Ramallo, y en diversos puntos de la Provincia que se van sumando de forma paulatina.
Asimismo incluye un punto que determina el estado de la provisión de agua de red por parte de la empresa ABSA en relación a la situación de cianobacterias en la región capital.

¿Que dice el estudio sobre las cianobacterias?
El grupo encabezado por la científica Carla Kruk, en el cual están incluidos, Ángel Segura, Gervasio Piñeiro, Pablo Baldassini, Laura Pérez, Felipe García, Gonzalo Perera y Claudia Piccini, elaboró un informe denominado “el aumento de las floraciones de cianobacterias tóxicas es promovido por la intensificación agrícola en la cuenca de un gran río subtropical de América del Sur”.
Allí mencionan que la predominancia de estos organismos se debe a la eutrofización del ecosistema, o dicho en otros términos, la abundancia anormalmente alta de nutrientes (procedentes normalmente de actividades humanas).
En esa línea, la comunidad científica plantea que los altos niveles de Fosforo y Nitrógeno, encontrados en las muestras del agua, potencian la reproducción de estos organismos celulares. Estos dos elementos suelen estar aplicados de manera excesiva, en los cultivos, utilizados como fertilizantes para incrementar la producción agrícola.
“El objetivo de este estudio fue desentrañar la contribución de diferentes impulsores ambientales en la determinación de la abundancia de cianobacterias”, señala el artículo que fue difundido por el portal La Diaria Uruguay.
“Para nosotros era algo evidente que la agricultura y la fertilización tenía un impacto. Pero en muchos ámbitos te preguntan si es el fósforo o no, si vemos más floraciones porque hacemos más monitoreos. Si le preguntás a la gente que vive en contacto con el río, te van a decir que hay más floraciones que antes”, comentó Carla ante la consulta del Diario.
Recordemos que en los últimos meses diferentes comunidades del interior bonaerense se han organizado para comenzar a estudiar los fenómenos extraordinarios que suceden en sus comunidades. Allí dieron con la presencia de estos químicos en el agua de las cuencas aledañas a General Belgrano, Lobos, Baradero, Pergamino, entre otras.
En los estudios se determinó un valor severo de agrotóxicos, por encima de la media permitida, en el que justamente abundan algunos químicos fertilizantes como el Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Asimismo las cuencas y napas subterráneas del interior bonaerense terminan (y algunas son afluentes) desembocando en el Río de La Plata, teniendo severos impactos en las localidades costeras.
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El Gobierno busca créditos para el cambio climático

 


Sumar dólares: Gobierno negocia financiamiento climático con multilaterales y FMI

Fecha de Publicación
: 23/03/2023
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno espera anunciar en los próximos meses créditos con bancos multilaterales y el FMI para financiar acciones para mitigación del cambio climático. Buscan sumar dólares ante una sequía que podría tener un costo de casi u$s20.000 millones en exportaciones.
Con bajas reservas, una sequía histórica que golpea al principal complejo exportador y la orden política de que no haya un salto cambiario, el ministro de Economía, Sergio Massa, busca sumar financiamiento. Una alternativa que buscan desbloquear en el Palacio de Hacienda es la “financiación climática” por parte de bancos multilaterales y del Fondo Monetario Internacional (FMI). El Gobierno estableció un plan de mitigación del cambio climático de cara a 2030 con un costo superior a los u$s200.000 millones.
Si bien existe un abanico de alternativas de financiamiento para acciones climáticas, que van desde bonos verdes y hasta canjes de deudas, el Gobierno espera que en el corto plazo puedan destrabarse créditos con bancos multilaterales y con el Fondo de Resiliencia que creó el año pasado el FMI, con posibilidad de préstamos a 20 años, a través de Derechos Especiales de Giro (DEG).
Las gestiones las lleva a cabo una mesa de finanzas sostenibles que conforma el Ministerio de Economía, con Marco Lavagna a la cabeza, y la Secretaría de Cambio Climático, cuya titular es Cecilia Nicolini. Lo que piden es que los créditos para financiamiento climático sean “nuevos fondos”, y no los que suelen destinarse para el desarrollo de países emergentes.
Otra opción que se analiza para el corto plazo es la “estrategia de mercados de carbono”, que está en el artículo 6 del Acuerdo de París. Permite que durante un período de tiempo los países puedan intercambiar certificados de carbono, es decir, el compromiso de reducción de emisiones a cambio de financiamiento. “Y luego con esos dólares poder trabajar en la mitigación climática y transición energética”, explicó Nicolini en una entrevista en la TV Pública. “Estamos con algunos proyectos piloto y acuerdos bilaterales que esperamos en los próximos meses avanzar y anunciar”, anticipó.
Una de las discusiones que se plantean cuando se negocian este tipo de créditos, que pueden ser para cambiar métodos de producción de las empresas, es que haya lugar para la “transferencia tecnológica” y que no sean procesos de venta “llave en mano”, dado que el Gobierno considera que se necesita “desarrollar capacidades nacionales y científicas para que la transformación productiva genere más trabajo”, explicó Nicolini.
La posición de Argentina es que los acreedores financieros del país son deudores ambientales. Massa llevó ese concepto a las últimas giras internacionales. El mes pasado, en la cumbre de ministros de finanzas del G20 que se realizó en India, pidió “discutir otras alternativas de financiamiento”, además de las que otorgan los organismos multilaterales, y proporcionar “alivio financiero”, sobre todo en un contexto de creciente suba en las tasas de interés.
Así lo aseguró Massa frente a sus pares del G20: “Tenemos en esta mesa países ricos en recursos económico-financieros y países ricos en recursos ecosistémicos. Nuestro país es deudor financiero pero es acreedor ambiental. El patrimonio natural y la biodiversidad de nuestros países sirve a la humanidad, lo que nos convierte en acreedores no reconocidos frente a los acreedores financieros”, indicó.
En el Palacio de Hacienda buscan conseguir dólares para que no se frene la actividad. La Bolsa de Comercio de Rosario volvió a recortar las proyecciones de la cosecha por la sequía, y la estimó en 50 millones menos de toneladas, un impacto en exportaciones de u$s19.000 millones. De no compensar la cantidad de dólares para abastecer las importaciones, la consultora PxQ estima una caída del PBI del 3%. Sin detallar medidas concretas, una alta fuente de Economía aseguró: “En el segundo trimestre va a haber medidas para compensar con otros instrumentos la menor entrada de dólares para que no haya caída en la actividad”.
En la Secretaría de Cambio Climático, que encabeza Nicolini, consideran que existe una correlación entre el cambio climático y la actual sequía, por cómo la suba de las temperaturas genera estrés hídrico, haciendo más extremos fenómenos como La Niña. A causa de las sequías, se estima que en las últimas dos décadas Argentina perdió más de u$s24.000 millones en la producción de soja y maíz.

Costos millonarios
A fines del año pasado, el Ministerio de Ambiente presentó un plan de mitigación y adaptación al cambio climático, con 250 medidas para llevar a cabo de cara al 2030, y así avanzar en la transición energética, movilidad sostenible, innovación en procesos productivos y conservación de la biodiversidad. En diálogo con Ámbito, Nicolini explicó que estiman el costo total en más de u$s200.000 millones. “El costo de inacción puede ser muy elevado también”, explicó.
Nicolini señaló que existe una “deuda” de los países desarrollados que en 2009 se comprometieron a otorgar u$s100.000 millones para los países en desarrollo para financiamiento climático que no se cumplió. Actualmente, los países en desarrollo reclaman que esa cifra se triplique, y llegar al billón anual. “En las convenciones internacionales nos exigen más esfuerzo en acelerar la descarbonización, la respuesta es que sí, fantástico, estamos comprometidos, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos un plan, pero para eso necesitamos fondos de cooperación”, explicó Nicolini.
Ante la consulta de este diario sobre si existe una contradicción entre los objetivos de descarbonización y los planes para desarrollar más la minería y los hidrocarburos en Vaca Muerta, Nicolini explicó que la clave no pasa por la “prohibición de actividades”, sino por buscar métodos de producción “más sostenibles”.
“Hay sectores que son funcionales para la transición ecológica, por ejemplo, la minería de litio y cobre se necesita para la electrificación, la electromovilidad y los parques eólicos y solares", explicó Nicolini. Sobre el caso puntual de Vaca Muerta, aseguró que “hay un consenso” sobre que el gas es importante para la transición energética, como una energía mucho menos contaminante que el carbón. “Hay países que tienen hasta el 50% de su matriz con carbón, exportando gas vamos a poder tener un impacto en la transición de nuestra matriz, pero también en la de otros países”, agregó.
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Nuevamente pesqueros amenzan recursos nacionales

 


Alerta en el Mar Argentino: un impresionante enjambre de pesqueros sin regulación amenaza a especies marinas

Fecha de Publicación
: 22/03/2023
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Buques poteros que capturan calamar operan en las zonas adyacentes a la milla 200, por fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA); si ingresan en aguas argentinas, la actividad se considera pesca ilegal
LA NACIÓN sobrevoló la milla 200, a la altura de Comodoro Rivadavia; en sus alrededores, buques extranjeros van tras el codiciado calamar Illex argentinus; una actividad que atenta también contra la industria nacional; ONG piden controlar la situación
Un ruido de turbinas anuncia el inminente despegue. El cielo, en llamas, amenaza con oscurecer pronto, y la negrura de una noche de luna menguante no tarda en aparecer. Una hora y media más tarde la luz vuelve furiosa, aunque no por acción del sol: cientos de buques poteros de bandera extranjera pescan en la zona adyacente a la milla 200 de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) –en la que el país es soberano en relación con la exploración y el uso de los recursos marinos– a la altura de Comodoro Rivadavia, Chubut.
Frente al Golfo de San Jorge, se encuentra el Agujero Azul, una región de gran biodiversidad que es fuente de alimentación de diversas especies que habitan el Mar Argentino. Allí está el codiciado calamar Illex argentinus que, además de tener un atractivo comercial en todo el mundo, es una especie migratoria y por ello no siempre se encuentra dentro de aguas nacionales.
La nubosidad de la noche convierte a los barcos repletos de lámparas en brumosas luciérnagas gigantescas. El piloto da vueltas, baja varios metros de altura de vuelo y rompe las nubes para poder visualizar los hechos con claridad. Quiere que no haya dudas.
Una voz se escucha por el altoparlante del Boeing 787 de la ONG Solidaire: “Damas y caballeros, buenas tardes, les habla el capitán, mi nombre es Enrique Piñeyro y les voy a dar información importante: el catering es de Anchoita [el nombre de su restaurante]”.
Cineasta, médico, emprendedor gastronómico, piloto, activista por los derechos humanos y actor. Piñeyro es multifacético y enigmático. Habla despacio, en un tono que raya lo inaudible, aunque se hace escuchar.
“A la derecha podrán ver todos los buques en actividad dentro de las 200 millas argentinas”, indica el piloto. Las lucecitas de los barcos se multiplican a medida que el avión avanza y deja atrás bancos de nubes.
Si bien el conteo exacto de barcos dentro de la ZEEA se hará una vez el avión haya aterrizado, Piñeyro especifica que durante un vuelo similar realizado durante abril de 2021, de las 500 embarcaciones avistadas, solo 170 tenían prendido el Sistema de Identificación Automática (AIS), que permite a los buques comunicar su posición y hacerse visibles. “Es la zona de mayor apagado de AIS en el mundo”, repite el capitán.
“Es un problema de la humanidad”, enfatiza Piñeyro sobre la pesca depredatoria, y precisa que la razón por la que organiza, costea y pilotea estos vuelos es para que el margen de incertidumbre sea cero. “Estos vuelos hacen que deje de ser una cuestión de opinión. Pone en contexto y es un principio de solución. Hasta ahora nadie parece hacerse cargo del problema. Al menos esto es el puntapié para plantearnos qué nos falta y qué podemos hacer para solucionarlo”, subraya.

¿Es pesca ilegal?
Ante la falta de una organización regional de ordenación pesquera en el espacio marítimo limítrofe a la ZEEA, las actividades que realizan los buques extranjeros por fuera de la milla 200 no cumplen con los aspectos de la definición de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr) establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y, por ello, no son consideradas ilegales. La pesca ilegal, entonces, se determina cuando los buques de flota extranjera ingresan a capturar especies, y no solo navegar, a nuestra zona económica sin autorización.
Si bien la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) introduce disposiciones relativas a la conservación de los recursos vivos del mar y delimita la jurisdicción de los espacios marítimos, la falta de una regulación regional implica que no haya determinaciones sobre cuotas de capturas y vedas de pesca por fuera de la milla 200 y eso supone un problema: la sostenibilidad de las especies marinas.
“Desde el momento en que, fuera de la ZEEA, estas actividades pesqueras están desreguladas, deben ser consideradas depredatorias. Producen daños ecosistémicos y ambientales de magnitud desconocida”, remarcan la doctora Marcela Ivanovic, jefa de Pesquerías de Cefalópodos; la doctora Claudia Carozza, directora nacional de Investigación; y el director de Pesquerías de Invertebrados y Ambiente Marino, el doctor Gustavo Álvarez Colombo del Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (Inidep).
“Los países del Atlántico Sudoccidental deben tomar conciencia de la gravedad de la situación y del peligro real para el ecosistema regional y adopten, Uruguay, Brasil y Argentina, una forma de cooperación regional para regular los espacios marítimos internacionales adyacentes a sus zonas económicas exclusivas bajo figuras de ordenamiento que no afecten el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas [Malvinas].”, explica a LA NACION Juan Redini, armador del buque potero “Villarino” -una de las 73 embarcaciones que componen la flota nacional- y presidente de la Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA).
Una oportunidad de controlar la sobrepesca y de preservar los recursos de los mares se abrió a principio de mes, con la celebración del tratado Global de los Océanos, un acuerdo histórico tras 10 años de negociaciones, por el que se pretende convertir el 30% de los océanos en zonas protegidas para 2030, con el objetivo de salvaguardar y recuperar la naturaleza marina.
Sin embargo, Flavia Broffoni, activista ambiental y cofundadora de XR (Extinction Rebellion), se muestra escéptica ante este nuevo tratado internacional. “No hay forma de que se regule la pesca en alta mar en tanto no haya un control. Lo que más me interesa como activista es ver cómo estamos tomando parte en los grandes conflictos ambientales. La pregunta es, ¿cómo tensionar esa voluntad política que no llega? Ya no negociamos más, debemos pasar a la desobediencia civil pacífica contra la crisis climática”, enfatiza.

El Illex Argentinus
Estos cefalópodos tienen un ciclo de vida de aproximadamente 1 año. Pasados los 8 meses, y luego de que las concentraciones reproductivas produzcan el desove dentro de aguas nacionales, se desplazan en sentido de la corriente marina dirigiéndose hacia el talud continental. En general, el cardumen sobrepasa el límite exterior de la ZEEA donde barcos de bandera extranjera capturan esta especie migratoria. Las mayores concentraciones de esta flota, se producen entre los meses de febrero a abril, con registros de casi 500 buques pesqueros extranjeros en operaciones.
“Las flotas pesqueras -en su mayoría de bandera china y en menor medida españolas, taiwanesas y coreanas- llegan del Océano Pacífico para cruzar al Atlántico a través del Estrecho de Magallanes en busca de calamar, merluza y otras especies ictícolas. Se trata, casi en su totalidad, de buques poteros, aunque también se detectan barcos arrastreros y palangreros de diferentes nacionalidades”, detalla a LA NACION el Prefecto Mayor Alfredo Oscar Panozzo, jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura Naval Argentina (PNA).
Los buques poteros realizan sus actividades extractivas durante la noche. Con máquinas automáticas, pescan por medio de líneas de tanzas y potas (señuelos), especialmente diseñadas sobre la base del comportamiento de los calamares.
La poderosa iluminación de las lámparas ubicadas sobre la cubierta del barco hace que el cardumen de calamar se concentre durante la noche debajo del casco del buque, lo que facilita su captura. “Se trata del arte de pesca más selectivo, dado que solo se puede pescar calamar, y no otras especies”, precisa Panozzo.

¿Cómo se patrulla la ZEEA?
La PNA posee cinco embarcaciones con las que se realiza el control de la actividad pesquera dentro de las 200 millas y su zona adyacente en los aproximadamente 700 kilómetros del litoral marítimo (Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca y Puerto Madryn). Una guardia que funciona las 24 horas y los 365 días del año patrulla la zona de manera alternada por dos semanas.
El patrullaje marítimo se complementa con un sistema integral de vigilancia electrónica denominado Sistema Guardacostas, aplicado al control y vigilancia del mar. Este Sistema de Información Geográfica (GIS) permite la detección y seguimiento de los buques en los diferentes espacios marítimos, incluso de aquéllos que apagan sus AIS para no ser detectados.
“Tenemos más infracciones de buques argentinos que de extranjeros. Las infracciones de los buques argentinos son por navegar o pescar en zona de veda, o por excederse en los cupos de captura -detalló Panozzo-. A lo largo de 4 años, hubo 450 infracciones de buques argentinos y solo tres de buques extranjeros, de los que fueron capturados dos de nacionalidad china y uno portugués”.

Perjuicios para la industria nacional
Según cifras del Consejo Federal Pesquero (CFP), organismo encargado de definir la política pesquera del país y el principal regulador de la actividad pesquera marítima a nivel nacional, la industria pesquera es el octavo complejo exportador que mayor cantidad de divisas genera en el país. Entre el 93% y el 97% de los productos pesqueros que se desembarcan en puertos argentinos son destinados a los mercados internacionales.
En diálogo con LA NACION, Juan Redini no duda en identificar lo que, para él, es el principal perjuicio de que flotas extranjeras pesquen en el límite de la milla 201: la competencia desleal.
“Nos cuesta el 100% más tener el barco en el mar. Pagamos impuestos y no tenemos el combustible subsidiado. La flota china tiene subsidios en el combustible, paga salarios de US$100 mensuales y no descarga en puertos, sino que transborda la carga en alta mar a barcos frigoríficos. Para nosotros, cada descarga de la bodega implica US$170.000 y pagamos salarios bajo convenio colectivo. No hay manera de competir con los costos de esa flota”, enfatiza Redini.
El mercado en donde operan, además, es el mismo. Tanto la flota china como la nacional venden su producto, con mayor o menor nivel de procesamiento, a Japón, China, la Unión Europea y Estados Unidos. Por eso, el armador del buque “Villarino”, repite: “Nuestro negocio no depende de nosotros, sino de lo que pescan otros con nuestro recurso”.
Y explica: “Entre 2014 y 2015 se capturó 1.000.000 de toneladas de Calamar. 300.000 toneladas por buques argentinos, y 700.000 de extranjeros, por fuera de la ZEEA. Por eso, muchos se fundieron, dado que el precio del calamar descendió abruptamente”.
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El 'Fracking seguro' de Vaca Muerta que induce sismos

 


Un informe vincula el fracking en Vaca Muerta con sismos inéditos en la región

Fecha de Publicación
: 22/03/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Neuquén


"Fracking seguro", fue el eslogan empresario al inicio de la explotación en Vaca Muerta. Del otro lado, pueblos originarios, asambleas socioambientales y académicos críticos alertaban respecto a los riesgos ambientales y sociales de la explotación petrolera. Los derrames y hechos de contaminación ya se cuentan por miles. Una prueba más la acaba de aportar una investigación científica que confirma lo temido: existe una relación directa entre la fractura hidráulica y los sismos. Entre 2017 y 2021 sucedieron 400 temblores en Vaca Muerta. El sábado 11 de marzo fue el último.
El pueblo de Sauzal Bonito está ubicado a 120 kilómetros de Neuquén capital y, en su subsuelo, está la formación hidrocarburífera Vaca Muerta. Jamás hubo casos de temblores de la tierra, ni en los registros oficiales ni en la memoria de los vecinos. Pero en 2017 todo comenzó a cambiar: un tarde vieron como las lámparas de las viviendas comenzaban a moverse de un lado al otro. Era un sismo. Algo que nunca habían vivido. A los pocos días, por la noche, hubo otro sismo, más fuerte. Era solo el comienzo. El 23 de enero de 2019 fue el récord: 30 temblores en un solo día.
Los vecinos y vecinas estaban seguros de dos hechos: que nunca había pasado algo similar en el pueblo. Y, lo segundo, que coincidía con la llegada de las petroleras y el fracking al lugar. El 7 de marzo se produjo el temblor más fuerte, magnitud 4,9 en la Escala Richter. El hecho ya no se podía ocultar, ni por los grandes medios de Neuquén ni por el poder político, aliados de las empresas petroleras.
"Evaluación de la deformación del suelo y la sismicidad en dos áreas de intensa producción de hidrocarburos en la Patagonia argentina", es el nombre de la publicación científica en la prestigiosa revista Nature Scientific Reports. En el trabajo se da cuenta de la directa relación entre la actividad petrolera y los terremotos. Está firmado por siete investigadores, de Argentina y España: Guillermo Tamburini Beliveau, Javier Grosso-Heredia, Marta Béjar Pizarro, Raúl Pérez-López, Juan Portela, Martín Cismondi-Duarte y Oriol Monserrat.
"La relación entre fracking y sismos es más que evidente, a esta altura, 2023, ya nadie la niega", afirma Javier Grosso, investigador de la Universidad del Comahue (UNCO) y, junto con Guillermo Tamburini Beliveau, impulsor del Observatorio de Sismicidad Inducida. Precisa que, hasta enero de 2023, registraron 400 sismos "inducidos por el fracking". 294 fueron ser georeferenciados con localización precisa (el resto se confirmaron por la ondas sísmicas pero --por su menor magnitud-- no pudieron ser georeferenciados). De los 400 temblores, diez tuvieron una magnitud mayor a 4 en la Escala Richter.
Y hacen una distinción clave. La magnitud es la medición de la liberación de energía del movimiento de la roca, se trata de una medida física (cuantificada en números de Magnitud Local --ML-- o Escala Richter). La intensidad es la percepción del terremoto que tiene la población. "Los sismos hasta ahora son de magnitudes bajas, aunque diez de ellos son de más de 4, las intensidades con las que se han percibido son altas, con roturas de vidrios y marcos de puertas, movimiento de las luces de las casas. Pero sobre todo algo muy importante, el temor por la imposibilidad de saber cuándo ocurrirá el próximo", remarca Javier Grosso. Y precisa que hubo casos de personas muy asustadas, niños llorando y pacientes cardíacos que debieron ser atendidos de urgencia. Cambió la cotidianidad del pueblo, para mal. Y cita a Andrés Folguera, director de la Asociación Geológica Argentina, quien advirtió que --dada las tendencias-- es esperable un sismo de 6 en Vaca Muerta.
La publicación científica abarca el periodo entre 2017 y 2020. Se trata de catorce carillas repletas de datos técnicos, información del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), gráficos, imágenes de radar y estadísticas (tanto de sismicidad como de perforaciones petroleras) que dan cuenta de cómo a medida que avanzaba la explotación en Vaca Muerta se multiplicaban los temblores.
El terremoto del 7 de marzo de 2019 es un caso emblemática, y no solo por la magnitud (4,9). Los investigadores analizaron el hecho mediante imágenes de radar e identificaron una deformación superficial, que los llevó a la localización exacta del sismo y, al mismo tiempo, confirmaron qué empresa estaba haciendo fracking, qué volúmenes de inyección utilizaron (de agua, químicos y arena). Toda la información los llevó hasta la petrolera Tecpetrol (Grupo Techint), que estaba haciendo fracking a siete kilómetros. "Cruzamos volúmenes inyectado, cantidad de pozos, volumen de extracción. Todo ese análisis nos lleva a la evidencia de que hubo una alteración del equilibrio preexistente en el subsuelo, lo que genera la activación del sistema de fallas (del subsuelo), que generan estos movimientos bruscos y provoca lo que se denomina sismicidad inducida", explica Grosso.
Los sismos modificaron radicalmente la vida del lugar. No solo en las casas con grietas (incluso con viviendas que tuvieron que ser demolidas), sino que alteró la tranquilidad del lugar, muchas personas con miedo (que repercutió en mudanzas y hasta casos de familias que comenzaron a dormir en carpas por temor a la caída de techos).
En la zona de los sismos operan las empresas Tecpetrol (Grupo Techint), YPF, Chevron, Total, Vista, Shell, Sinopec, ExxonMobil, Pan American Energy, Petronas, Pluspetrol, Wintershall y Pampa Energía, entre otras. "Lo de fracking seguro fue una consigna publicitaria que hoy evidencia su falsedad. El fracking genera sismicidad y una gran cantidad de residuos que ya no pueden ser tratados. Los pasivos ambientales son cada vez mayores", afirma el investigador.

Sismicidad inducida y contaminación del agua
Desde el Observatorio de Sismicidad Inducida, encabezado por Guillermo Tamburini Beliveau y Javier Grosso, afirman que las empresas que se instalaron en Vaca Muerta ya sabían (previo al 2012) de la relación entre el fracking y los sismos, por su accionar en Estados Unidos y Canadá, donde acumulaban denuncias. La investigación publicada en Nature Scientific Reports también alerta sobre la "contaminación de aguas subterráneas que ya afecta a la población" (en Vaca Muerta) y también abordó la situación en el Golfo de San Jorge, donde detectó un sismo de 5 en la Escala Richter. "Ambos casos (Vaca Muerta y Golfo San Jorge) son ejemplos interesantes y diferentes donde se muestra claramente la correlación entre la sismicidad y las operaciones de hidrocarburos", asegura la investigación.
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Mendoza: abordarán como gestionar los 'nuevos' incendios

 


Debatirán sobre el marco actual para la gestión futura de los incendios forestales

Fecha de Publicación
: 22/03/2023
Fuente: Argentina Forestal
Provincia/Región: Nacional - Mendoza


Será en un simposio organizado por la Red Forestal Argentina (REDFOR.Ar) y la Red de Manejo del Fuego Rural en el marco del congreso a realizarse del 27 al 29 de marzo. Se presentará oficialmente la primera Guía de Práctica para el Manejo Integral del Fuego Rural y estarán participando los creadores de “Satellites on Fire”, jóvenes de la ORT que crearon una aplicación multipremiada que reduce las pérdidas de activos forestales mediante la temprana detección y alerta de incendios con imágenes satelitales.
El próximo VIII Congreso Forestal Latinoamericano (CONFLAT) y V Congreso Forestal Argentino se realizará desde el lunes 27 al miércoles 29 de marzo de 2023 en el Centro de Congresos y Exposiciones “Dr. Emilio Civit” de la ciudad de Mendoza.
Con el tema central “El rol vital del bosque en tiempos complejos y cambiantes” se suma a las actividades académicas un día completo dedicado a visitas técnicas, el jueves 30 de marzo.
En este contexto, entre las propuestas que ya tienen más de 20 eventos paralelos dedicados a políticas forestales, bosque urbano, cadenas de valor para economías más resilientes, mercados de carbono, sustentabilidad, educación forestal, innovación productiva y competitividad económica, el lunes 27 de marzo de 10.45 a 16 horas, en el Salón Bustelo organizaron un Simposio sobre “Marco actual para la gestión futura de los incendios forestales”.
Es organizado por REDFOR.Ar y la Red de Manejo del Fuego Rural. luego de la apertura oficial, este evento paralelo dedicará toda la jornada, iniciando con la conferencia “De cara al futuro: desafíos, oportunidades y el rol de la ciencia en la gestión integral de fuegos de la vegetación” a cargo del Ingeniero Forestal Guillermo Deffosé, Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP) CONICET – Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco – Facultad de Ingeniería, Sede Esquel.
Continúa con la presentación del Profesor Peter Z. Fulé, del Laboratorio de Ecología Forestal Universidad de Arizona, de forma virtual desde EEUU en idioma español. Su charla ahondará en los “Conocimientos ecológicos tradicionales: importancia para adaptación a los incendios del futuro”.
En tercer lugar, llega el experto Guillermo Ferraris, con gran trayectoria en planes de manejo del fuego para exponer sobre los “Métodos participativos en la elaboración de mapas de modelos de combustibles: el rol de investigadores, técnicos gubernamentales y brigadistas”. Actúa como moderadora de esta primera etapa la Dra. Miryan Ayala (por REDFOR.Ar)
Luego del break, retomando la agenda de actividades, comienza a las 14 horas la Presentación de la Guía de Buenas Prácticas en Manejo del Fuego Rural  a cargo de Juan Manuel Conde, coordinador de la Red de Manejo del Fuego Rural.
“Este valioso documento convoca a todos los productores del campo a conocer cómo mitigar los impactos no deseados de los incendios rurales a través de actividades de educación ambiental, rural y de emergencias; de prácticas preventivas a nivel de predio y local; para generar espacios que contribuyan a un trabajo de extinción de incendios más seguro”, señalaron desde la organización.
Posteriormente, la Dra. Sandra Bravo explicará las “Demandas y posibilidades de formación profesional para brigadistas y bomberos en Argentina. ¿Qué nos debemos?” .

Profesionalización de los combatientes de incendios
Le sigue a las 15 horas la presentación sobre “Certificación de competencias Laborales: avances y desafíos” a cargo de la Lic. Claudia Peirano, directora ejecutiva de la Asociación Forestal Argentina (AFoA)
“Sabemos ya que los incendios rurales y forestales han aumentado su incidencia y peligrosidad en el contexto del cambio climático en todo el mundo. La situación de emergencia de sequía y altas temperaturas de los últimos años generó situaciones catastróficas de incendios que pueden reducir su incidencia con acciones de prevención y detección temprana, así como un ataque rápido de focos.  La colaboración es esencial para estos logros. Por eso es fundamental la importancia de la profesionalización de los combatientes de incendios y los avances realizados en el marco del sistema nacional de certificación de competencias laborales del MTEySS brinda una herramienta esencial para avanzar en la profesionalización del combatiente de incendio rurales y en la mejora de la seguridad en las operaciones vinculad as a la supresión del fuego” concluyó la directiva.
Más tarde, es el turno de los jóvenes creadores de Satellites on Fire”, una aplicación creada completamente por alumnos que tiene como objetivo prevenir grandes incendios forestales, utilizando para ello imágenes satelitales, cámaras e inteligencia artificial.
Será Joaquín Chamo, fundador de la compañía, quien disertará sobre “Nuevas Tecnologías en manejo del fuego rural”, explicando cómo funciona este Sistema de Alerta Temprana de incendios forestales.
Finaliza la jornada el director de División Nuevos Mercados, Nico Van Oosthuizen de la organización mundial Working on Fire/ Kishugu Group hablará sobre las “Tendencias en el Manejo Integrado de Incendios: La necesidad de colaboración y el cambio a la prevención”.
Working on Fire es una entidad integrada por un grupo de empresas internacionales, que brindan apoyo y capacidad a entidades públicas y privadas. Son referentes en el suministro de soluciones estratégicas e integradas en el manejo de fuego, desde la detección de incendios forestales, el equipamiento profesional de control de incendios, evaluaciones de riesgos, participación y colaboración activa en proyectos de desarrollo e investigación.
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La Patagonia es la más afectada por mamíferos introducidos

 


Patagonia es la región con más mamíferos introducidos que se volvieron invasores

Fecha de Publicación
: 21/03/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Patagonia


La Sociedad Argentina para el Estudio de los mamíferos publicó el primer libro sobre el problema ambiental. La publicación se baja gratis desde la web.
Patagonia es la ecorregión de la Argentina que ha sido más invadida por los mamíferos introducidos. A nivel provincial, Tierra del Fuego es la jurisdicción que mayor número de especies presenta: 18 en total. Así lo advierte el nuevo libro Mamífero introducidos invasores de Argentina, que se descarga gratis.
Fue publicado por la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos. Los editores fueron Alejandro Valenzuela, Christopher Anderson, Sebastián Ballari, que trabaja en el Parque Nacional “Nahuel Huapi”, y Ricardo Ojeda, del Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas en Mendoza, quienes coordinaron un equipo de 49 autores.
Los mamíferos introducidos invasores son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad y de cambio ambiental, tanto a nivel local como global. Son animales que fueron transportados intencionalmente por el ser humano, o involuntariamente por alguna de sus acciones. No solamente producen impactos negativos en las especies nativas y en los procesos ecosistémicos, sino también en la economía, la salud y en otras dimensiones sociales.
“En la Argentina existen 23 especies de mamíferos introducidos invasores que generan distintos impactos nocivos, pero que también poseen una diversidad de valores, percepciones y usos por parte de distintos actores sociales que pueden generar conflictos relacionados con su manejo”, afirmó Alejandro Valenzuela, investigador del Conicet y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNDTF).
Jabalíes, visones, castores, ciervos, búfalos e incluso perros y gatos son algunos ejemplos de mamíferos que se trajeron a la Argentina con diferentes fines, según se aclaró en el libro que se puede descargar desde la web (https://www.sarem.org.ar/libros/). La caza ha sido identificada como el principal motivo para la introducción de mamíferos que luego se transformaron en invasores.
Otro fue el uso peletero de las especies. También están los animales domésticos que se transforman en silvestres invasores como los perros, los gatos, las vacas, los caballos, los burros, las cabras y los chanchos, que en estado silvestre se los llama jabalíes.  “Otro caso es la ardilla, que se introdujo como mascota por una cuestión estética, y finalmente tenés los que se introdujeron por accidente, como ‘polizones’ en barcos, por ejemplo. En ese grupo están la rata negra, la rata marrón y el ratón de campo o laucha doméstica”, explicó Valenzuela.
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Denuncian que gobierno de Santa Fe no cumple la ley de IPA

 


Santa Fe no sabe/no contesta los pedidos

Fecha de Publicación
: 21/03/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe


Qué industrias cuentan con certificado ambiental en el Gran Rosario, por ejemplo, es una pregunta sin respuesta oficial, cuando es fundamental para ejercer el derecho a reclamar.
En relación con la democracia ambiental, que se ejerce a través del acceso a la información pública ambiental, el trabajo elaborado por el Taller Ecologista es concluyente: "Hay evidencias de que no se cumple en los hechos en Santa Fe". Por lo cual "es necesario revertir con urgencia esta situación", y a partir de ese cumplimento "también se logrará la participación ciudadana y el acceso a la justicia". Según la organización ambientalista rosarina, la información desarrollada "deja en evidencia las diferentes trabas y escollos que surgen cuando se ejercen acciones ciudadanas que buscan proteger el ambiente para disfrutarlo y, mantenerlo libre de contaminantes". Además, destaca que el acceso libre a la información ambiental vigente "evitaría consecuencias irreversibles y favorecería al cumplimiento de las normas". "Pedir información pública ambiental para saber cuáles son las emisiones de gases, si las industrias están habilitadas, si cuentan con certificado ambiental; si cumplen las normas ambientales son cuestiones fundamentales para ejercer el derecho a reclamar", dijo a Rosario/12 Florencia Sívori, asesora jurídica del Taller Ecologista, y autora del informe.
La apatía de los gobiernos, por decirlo en términos suaves, para impulsar decisiones políticas que apunten a defender el ambiente llega a extremos insondables, como la imposibilidad de acceder a la información pública ambiental. En el informe elaborado por el Taller Ecologista, presentado el pasado 13 de marzo, se describe el marco normativo nacional e internacional, como el Acuerdo de Escazú, vigente desde 2021, que garantiza este derecho democrático. Se analizaron los distintos modos de solicitar esta información y los conflictos existentes a la hora de ejercer estos derechos. Pero también se plantean recomendaciones para concretarla, como la digitalización de la información y las sanciones.
En la introducción del trabajo afirman que cuando se habla sobre democracia ambiental, se hace referencia a tres ejes: la información pública ambiental, la participación ciudadana y el acceso a la justicia. "Al analizar cada uno de estos, es imposible no vincularlo con los otros dos, pero el eje de la información pública ambiental es el más importante de los tres, ya que si no se garantiza este derecho, es imposible ejercer los restantes", argumentaron.
"El Estado en todos sus niveles debe implementar las herramientas para lograr el efectivo cumplimiento de estos derechos, agilizar procesos, y generar sistemas de información, participación y educación ambiental", señala el informe, y advierte que Santa Fe "tiene un largo camino por recorrer para lograr un cambio de paradigma en los órganos estatales, que rehúsan entregar la información ambiental, como así también para promover y fomentar la participación ciudadana en todos los ámbitos posibles".
Desde el Taller Ecologista plantean que al pasar al plano del ejercicio efectivo del derecho a la información pública ambiental y analizar la normativa, se podría inferir que el trámite es más que sencillo: el solicitante ingresa un pedido de información con sus datos y el detalle de la información que requiere, y en un plazo máximo de 30 días hábiles debería tener una respuesta. En caso de que la solicitud sea rechazada, se debe indicar el motivo; caso contrario, el solicitante debería recibir la información pública ambiental solicitada. "Lamentablemente esto no ocurre", subrayaron.
"Cuando pedimos los primeros informes, hace ya varios años, la gente que nos atendía no solamente no nos querían dar la información si no que desconocían esto. Más adelante, cuando desde el Taller Ecologista comenzamos a ver que faltaba información para las consultas que nos hacían los vecinos, tanto desde la provincia como desde el municipio nos decían que esa era información que tiene el Estado. De ahí salió la idea de realizar informes relacionados con temas que trabajábamos para ver cuál era la devolución del otro lado", recordó Sívori, docente de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNR.
"Allí nos dimos cuenta de que la provincia, puntualmente, fue la que más nos complicó, no te dan la devolución ni información, y llegado al caso cuando te la dan, es muy escueta, siempre amparados en que ellos no tienen que generar información, algo que no es así según lo dice la ley nacional de Presupuestos Mínimos", agregó la abogada de la organización ambientalista rosarina.
En efecto, el trabajo precisa que de los 31 pedidos de información solicitados y respondidos entre 2018 y diciembre 2022, no fueron respondidos 18, mientras que cuatro fueron judicializados y otros cuatro respondidos fuera de plazo. Solamente ocho se respondieron en plazo y quedan cinco para responder.
"En su momento hemos pedido información sobre el tema de la Petroquímica Bermúdez (ex Electroclor); de audiencias públicas, que recibimos la respuesta cuando ya estaba iniciado el expediente judicial, pero se solucionó. Cuando uno lo judicializa, al menos recibe parte de la respuesta, con lo cual consideramos que la pueden generar. Uno no quiere hacer una industria del juicio, lo que se busca es contar cuanto antes con la información, porque para la organización tiene un costo iniciar un juicio, son muchas horas de trabajo", dijo Sívori.
"Otro de los temas en los que se pidió información están referidos a los efluentes al río Paraná, un tema muy importante sobretodo por la bajante de los últimos tiempos, y nos respondieron con evasivas, que no tienen realizados relevamientos. Por eso nos preguntamos cómo hacen para realizar las inspecciones. También hicimos pedidos sobre los envases vacíos de productos de fitosanitarios, y están pendientes todos los que están relacionados con la cuenca del arroyo Ludueña y los barrios en la zona de Funes. Esos informes que tienen mucha importancia porque ahí está la presa retardadora y no han respondido nada", añadió.
"Sin contar con la información, qué derechos se van a poder ejercer después, no saber si la empresa, los colectivos, el vecino, el propio Estado, controla o no, cumple o no. Así no se puede acceder a una justicia ni pedir o reclamar como ciudadanos. Lamentablemente nos encontramos con un Estado provincial, no sólo el de esta gestión si no también la anterior, en el que el silencio es reinante. Y muchas veces la información que no dan es como si fuese un titular y falta la explicación", sostuvo Sívori.
La asesora jurídica del Taller Ecologista subrayó que la mayoría de la información pública solicitada es al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial que conduce Erika Gonnet. "No queremos decir con todo esto que en otros ministerios no se cumpla, y tal vez con información que es menos sensible de la que nosotros pedimos. Cuando le pedís a la provincia que te informe, por ejemplo, sobre mediciones de dióxido de carbono, y te tiran números terribles, nos preguntamos qué están haciendo, y después siempre se justifican al decirnos que están cortos de personal", lamentó.
De todos modos, Sívori destacó que "el sistema de Nación, a través de trámites a distancia, realmente funciona, es serio en cuanto a la instrumentación y brinda una información, como en el caso del pedido que hicimos sobre el tema de la Hidrovía que es bastante importante para la zona. Si bien cuando uno se pone a desentrañar hay algún punto que no está, pero te dan la información, acompañada incluso de documentación".
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Los sismos en Vaca Muerta llegan a la Corte Suprema

 


Los sismos en Vaca Muerta llegan a la Corte: los vecinos de Sauzal Bonito piden una audiencia pública contra el fracking

Fecha de Publicación
: 20/03/2023
Fuente: eldiarioar.com
Provincia/Región: Nacional - Neuquén


Luego de un nuevo temblor en Sauzal Bonito, la Comunidad Mapuche Lof Wirkaleo amplió su demanda contra la provincia del Neuquén y reclamó una audiencia pública a la Corte Suprema de Justicia. Apuntan a la actividad petrolera en Vaca Muerta de los últimos años como principal causante de los 400 sismos registrados desde 2015.
En la madrugada del sábado 11 de marzo, hubo un nuevo sismo cerca de Sauzal Bonito, 100 km al noreste de la capital de Neuquén. El Instituto de Prevención Sísmica (Inpres) determinó que tuvo una magnitud de 2,7 y una profundidad de apenas 4 kilómetros. Es el temblor número 401 registrado desde 2015, y para la Red Geocientífica de Chile son más, más frecuentes y más intensos de lo que se cree. El Inpres no difunde temblores menores a 2,5 por limitaciones en su red sismográfica.
Este martes, la Comunidad Mapuche Lof Wirkaleo de Sauzal Bonito y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ampliaron la demanda caratulada como “FARN y otro c/ provincia de Neuquén s/ amparo ambiental” y presentaron una nueva prueba, acompañada del informe técnico de los científicos Guillermo Tamburini y Javier Grosso:“Sismicidad a simple Vista: el fracking en Bajada del Palo Oeste y otras zonas de operación de Vista Oil & Gas”.
 Esta ampliación es sobre un recurso de amparo presentado en junio del 2021 contra el gobierno neuquino. Solicita a la Justicia Federal que ordene al Ejecutivo provincial exigir a los titulares de la explotación hidrocarburífera no convencional que incluyan o contemplen en sus Declaraciones de Impacto Ambiental la totalidad de los impactos que la explotación provoca, e incluyan medidas para prevenir la sismicidad inducida, hasta tanto se realicen estudios de impacto ambiental.
Cristian Fernández, coordinador de legales de la FARN explicó en diálogo con elDiarioAR que la Justicia de Neuquén se declaró incompetente ante esta denuncia, por lo que el expediente pasó a la Corte Suprema, la cual ahora debe resolver la competencia originaria. Por su parte, la Procuración General de la Nación recomendó que la Corte no es competente. “Antes de que se resuelva esta cuestión de la competencia, presentamos esta ampliación de demanda cuando ocurrió este sismo 401”, dijo.
Tanto en el escrito original como en esta última presentación, la medida cautelar pide el cese de actividades petroleras. El letrado menciona la información técnica de Tamburini y Grosso del Observatorio de Sismicidad Inducida, donde “analizan cómo se dan los sismos por la fracturación hidráulica, es decir la sismicidad inducida”. Pide también una audiencia pública ante el máximo tribunal, para debatir la cuestión de los temblores, la cual “está sucediendo y claramente es responsabilidad” de la actividad hidrocarburífera.
El concepto de “sismicidad inducida” implica un cambio en las relaciones de fuerza en la tierra, que produce temblores. “No es raro que produzcan actividad sísmica”, dice Tamburini, doctor en ingeniería por la Universidad de Rosario sobre el fracking. Al ser una zona sísmica, ya están las condiciones para estos eventos que se desatan por la explotación de recursos. Vaca Muerta es una formación geológica de shale, una roca de barro y arcilla poco permeable, por lo que la extracción necesita de técnicas de fractura y estimulación hidráulica. Esta técnica no convencional rompe la roca con agua, arena y sustancias químicas para extraer el petróleo y gas.
 “Todos los sismos de Sauzal Bonito son ocasionados por el fracking, esas son las conclusiones a las que hemos arribado”, anuncia Grosso, profesor de Geografía de la Universidad Nacional del Comahue sobre su investigación. “No habían sismos y desde el 2015 hasta acá hay 400. Algo pasó”, cuestionó. “No es aritmética la relación; no es a más pozos más sismos. A mayor nivel de fractura, hay potencialmente más sismos”, aclara. Tamburini explica que mientras antes habían 10 etapas de fractura por pozo, ahora estiman 50. Cada PAD puede tener 3, 4 ó 5 pozos.
Sauzal Bonito es una comisión de fomento de 500 personas a orillas del río Neuquén. Bajo sus tierras está la roca madre de Vaca Muerta, el segundo reservorio de gas y el quinto de petróleo del mundo. Tiene una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados y está entre 2500 y 3500 metros bajo tierra. En la otra orilla del río, está Fortín de Piedra, un área de 243 metros cuadrados desarrollada por Tecpetrol. “Le están prácticamente fracturando abajo del pueblo”, dice Grosso.
Todos estos terremotos tienen una intensidad de hasta de magnitud 5, y sus epicentros son a pocos kilómetros de profundidad, cercanas a las zonas de actividad y al yacimiento. Los vecinos de Sauzal Bonito denuncian grietas en sus casas, y en la zona se reportaron rocas caídas de los acantilados y las bardas y hasta temblores en Plottier, Neuquén Capital, Cinco Saltos, Cipolletti y General Roca. “Esto no es joda. Todavía no caímos”, reflexiona el profesor.
 “En el 2019, el Gobierno de la provincia de Neuquén tuvo que tirar tres casas abajo y construirlas nuevamente, y el año pasado anuncian la construcción de estas 50 nuevas viviendas antisísmicas”, recuerda Grosso. Cuenta que 5 de marzo de 2019, hubo un sismo de magnitud 5. Generó una “deformación superficial”, la cual identificaron con un sistema de imágenes satelitales. “Levantó 4 centímetros la superficie de la tierra de una zona de 3 o 4 hectáreas”, detalla.
“La primera, la más importante fue el 23 de enero de 2019, que tuvieron en un mismo día 36 sismos, una locura”, enumera el docente. Entre el 14 de abril y el 9 de mayo del año pasado, tuvieron 30. “Antes a un pozo le inyectabas 30 mil litros de agua o 6 mil toneladas de arena. Hoy hay pozos récord que le están inyectando 120 mil de litros de agua y 15 mil toneladas de arena sílica en ese cóctel. Es un montón, la presión que ejercés sobre el sistema es gigante.”
En Fortín de Piedra hay 167 pozos aproximados que ejercen presión de material tóxico sobre el subsuelo, entre activos, abandonados y sumideros. Desde el 2015, el fracking generó un proceso de activación sísmica en un lugar sin antecedentes sísmicos importantes, alejada de los sectores de movimiento tectónico natural de la Cordillera de los Andes. Entre 1963 y ese año, el Inpres registró dos sismos en Sauzal Bonito. Desde el boom del petróleo en Neuquén, la actividad sísmica no para. “En algunas áreas toda la infraestructura la calculaban para una zona de sismicidad mayor, un paso más allá del reglamento de construcción nacional”, advierte Grosso.
 “Hay mucha barda, que generan caídas naturales de roca. Esos procesos se han acelerado fuertemente con los sismos”, dice el técinco. En el Alto Valle, se llama así a la meseta que rodea a la región. La erosión de gigantes pedazos de piedra se están dando ahora “en simultáneo con los sismos, o algunos días después”. En el lago Mari Menuco, “en estos últimos veranos hubo varios accidentes, que terminaron con gente teniendo que ser trasladada por lanchas porque se había caído parte del acantilado”, continúa Grosso.
“Entendemos que es un debate que está ausente, fuera de agenda. Los partidos políticos en el centro de la escena tienen como consenso Vaca Muerta, ellos no van a discutirlo. Ojalá que la Corte abra el juego una audiencia pública donde puedan intervenir las partes”, manifestó Fernández. En cuanto a este litigio, describe un problema: “No se avanzó mucho en lo que es la etapa de debate entre las partes, porque en realidad todo quedó suspendido por una cuestión formal de competencias”. La Corte no tiene plazos para resolver.
“El punto es que a la Corte le interese tomar el tema, creo que es un tema de interés público, y esta Corte ha dictado distintas sentencias en materia ambiental”, recordó el abogado. Grosso apunta a una “microsismicidad asociada a las etapas de fractura, cuyos datos los tienen solamente las empresas, las frackers”, pero “hay un acuerdo de confidencialidad con la provincia para que esa información no sea pública”, dice Tamburini. “Si nosotros estamos equivocados en nuestras denuncias, que lo vengan a explicar pero con elementos técnicos, científicos, probatorios”, sentenció Fernández.
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Planificación urbana sostenible, otra iniciativa de Ambiente

 


Ambiente elabora plataformas digitales para la planificación urbana de ciudades sostenibles

Fecha de Publicación
: 20/03/2023
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Se da en el marco del programa “Inversiones Integradas Bajas en Carbono y Conservación en Ciudades Argentinas”, las plataformas tendrán información sistematizada para diversos municipios del país.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que conduce Juan Cabandié, desarrollará plataformas digitales de gestión que permitirán el acceso a la información por parte de tomadores de decisión, equipos técnicos y la ciudadanía en general, sobre proyectos en marcha en los municipios de Ushuaia, General Pueyrredón, Mendoza y Salta, en el marco del programa “Inversiones Integradas Bajas en Carbono y Conservación en Ciudades Argentinas”.
Se desarrollarán en el marco del programa “Inversiones Integradas Bajas en Carbono y Conservación en Ciudades Argentinas” y cuentan con el apoyo financiero del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por su sigla en inglés).
Estas herramientas brindarán datos georreferenciados e indicadores de sostenibilidad tales como: expansión urbana, uso de energía, gestión de residuos e inversión en conservación de biodiversidad, que aportarán al seguimiento y monitoreo de los proyectos, así como a la integración de buenas prácticas y conocimientos derivados de la experiencia en los territorios. Además, se incluirá el desarrollo de un módulo base para que los municipios interesados puedan diseñar e incluir al sistema su propia plataforma.
El diseño y puesta en marcha de estas plataformas será financiado con una donación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), cuyos fondos deben ser utilizados exclusivamente para la implementación de estas herramientas.
Las iniciativas pertenecientes a este programa beneficiarán a más de 823 mil personas. Además, representan una inversión de USD 207 millones, de los cuales 23 millones son aportados por el GEF y los 184 restantes por los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Obras Públicas de la Nación, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y los municipios intervinientes.
Entre las iniciativas en marcha destinadas a acelerar la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI), preservar la biodiversidad y reducir la degradación de la tierra en dichos territorios, se destacan la integración del Barrio Escondido de Ushuaia, el diseño del Plan de Turismo Sostenible de Mar del Plata, la creación de un corredor verde para mejorar la conectividad en barrios populares de Salta, la construcción de una planta de tratamiento integral de residuos reciclables en Mendoza, entre otras.
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