La CARU no monitorea con rigor la contaminación ambiental de UPM

Fecha de Publicación: 03/12/2022
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Nacional


La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) es hoy por hoy el mayor bloqueo que tiene la ciudadanía para sentirse segura en los controles ambientales que se le deberían realizar a manera de inspección a la pastera contaminante UPM (ex Botnia) en Fray Bentos.
Tan sólo para ilustrar con un ejemplo la desidia de las autoridades y el simulacro que se realiza bajo el título “Informes mensuales correspondientes al monitoreo del Comité Científico en la Planta Orión (UPM-Ex Botnia) y en el río Gualeguaychú en su desembocadura en el río Uruguay”, vale destacar que el último que se publicó es de diciembre de 2019. Desde entonces, la CARU ha dejado de realizar el monitoreo científico a la planta contaminante de la pastera UPM en Fray Bentos o al menos no lo ha hecho público, lo que sería aún peor.
De informe mensual, nada. Ya han pasado tres años sin que se supiera un nuevo “control”, si se puede llamar control a esa metodología de monitorear.
El último informe disponible es el que está registrado bajo el número 103 y en dicho informe (de apenas 26 páginas) al que accedió EL ARGENTINO, se explica que sobre la base de los resultados analíticos de los monitoreos efectuados, se evaluará el cumplimiento de la normativa vigente y que sea aplicable a los efluentes contaminantes de la pastera.
Se trata de la visita que se realizó a la planta el 17 de diciembre de 2019 acompañados por personal técnico de la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Uruguay (Dinama) y los miembros del Comité Técnico fueron Ricardo Juárez, Eugenio Lorenzo y Emilio Menvielle.
La normativa que se consideró fueron algunos puntos del Digesto sobre el Uso y Aprovechamiento del Río Uruguay y el decreto 253/79 con sus modificatorias del vecino país y dos resoluciones del Ministerio de Ambiente del Uruguay N° 63/05; 1334/17 y la norma R-DN-0148-2017 de la ya citada Dinama.
Y los laboratorios que participaron fueron los siguientes: Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu); Laboratorio de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner), PacificRim, Element y Econotech las tres de Canadá, y el Laboratorio del Comité Científico.
En el informe se aclaró que todas las tomas de muestras las realizó personal de la Dinama, quien a su vez fue la responsable de la operación del instrumental para las determinaciones en el lugar.
Y lo otro que se aclaró es que para el ingreso a la planta contaminante de UPM, la CARU previamente debe acordar con la Dinama la fecha y el rango horario de permanencia, que a su vez lo determina la propia UPM Botnia. Es decir, no tiene el carácter estricto de una inspección o control, sino apenas un monitoreo manipulado para disimular cierto control pero que, en resumen, sirve más para viaticar que para controlar ambientalmente. Se insiste, por este método se puede afirmar que hay cero inspección y nulo control. Solo ven, lo que las autoridades de UPM a través de la Dinama quiere que vean. Un simulacro total por donde se lo quiera analizar. Eso sí, con la anuencia de las autoridades de la CARU.
Llama mucho la atención que ante los impactos negativos en la calidad del agua del río Uruguay que se registran de manera permanente se hayan dejado de publicar dichos informes de monitoreos. Las autoridades de Argentina, de Entre Ríos y de Gualeguaychú debería elevar sus voces y sus exigencias, porque en el supuesto que sea necesario mitigar algún efecto negativo que erosione la calidad del agua, se necesitaría intervenir sin dilación y sin ocultar los datos de la realidad.
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Reclaman incorporar los delitos ambientales al Código Penal

Fecha de Publicación: 03/12/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Después de la matanza de pingüinos en Punta Tombo, tres ONGs vuelven a exigir que el ecocidio se convierta en una nueva figura legal.
A fines de noviembre de 2011, guardafaunas del extremo oriental de Chubut descubrieron una escena trágica: una topadora había arrasado con 175 nidos de pingüinos de Magallanes y matado a casi 300 pichones en la Reserva Natural Punta Tombo, la mayor colonia de esa especie en el mundo.
El responsable era un ganadero que, tras ocupar un terreno lindero, avanzó en un trazado para instalar un alambrado electrificado de 800 metros.
La maniobra también bloqueó el paso de los adultos al mar, un recorrido que los animales hacen constantemente en busca de alimento para sus crías. La presencia de vacas agravaba el impacto y la posibilidad del daño, en plena temporada reproductiva.
Además de motivar una querella penal de Greenpeace, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y la Fundación Patagonia Natura, el ecocidio generó la exigencia de que esta clase de episodios sean tipificados como delitos penales ambientales, figura que todavía no existe en Argentina.
“Necesitamos urgentemente un capítulo Ambiental en el Código Penal para que estos actos se paguen con prisión y no con una simple multa” por maltrato animal, insistió la ONG global.
Lucas Micheloud, codirector ejecutivo de la AAdeAA, habló con Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) sobre el contexto del reclamo.

¿Quiénes son los principales responsables de los delitos ambientales en Argentina?
Son frecuentemente delitos de los poderosos, liderados en el país y en la región por empresas nacionales y trasnacionales, en fusión con el Estado y el mercado.
En ese sentido Argentina es un gran laboratorio a cielo abierto, donde la profundización de los modelos de base extractivista viene generando enormes pasivos ambientales, afectando nuestros territorios y comunidades prácticamente sin consecuencias.

¿Qué delitos son especialmente preocupantes?
Los más graves están ligados al envenenamiento de cuencas por fumigaciones con agrotóxicos y el uso de sustancias químicas por parte de la mega minería; los incendios y deforestación de los bosques nativos y humedales para la expansión de la frontera agrícola-ganadera y la especulación inmobiliaria; los residuos petroleros del fracking; la destrucción de ecosistemas fluviales por obras de dragado sin estudios ambientales previos; la afectación de la diversidad marina por las actividades petroleras; y la contaminación atmosférica en las áreas metropolitanas por la actividad industrial y agro-portuaria.

¿Por qué sería importante incorporarlos al Código Penal?
En el marco de la actual crisis ecológica y climática (…) esto permitirá que se revierta la impunidad de los poderosos. Los crímenes ambientales son delitos de cuello blanco.
Por lo tanto, es necesario que se incorporen tipos penales ecocéntricos, que rompan con la lógica antropocéntrica que tiene nuestro Código Penal (…) estableciendo penas específicas para quienes destruyen los bosques nativos, humedales, glaciares, áreas naturales protegidas, sistemas de cuencas, monumentos naturales y, en general, al mundo animal no humano.
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Agenda 2030: sin acciones para remediar los daños ambientales mineros

Fecha de Publicación: 02/12/2022
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Nacional


En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, la Auditoría General de la Nación examinó el grado de implementación y seguimiento de acciones por parte del Estado Nacional con respecto al manejo de los pasivos ambientales mineros. Los hallazgos no fueron favorables.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de objetivos globales dispuestos por distintos gobiernos con el fin de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse hasta el año 2030.
La Agenda 2030 fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2015, y establece que cada país firmante debe priorizar y adaptar las metas definidas en el plano global para su implementación local.
Como parte de un informe, que fue aprobado en el 2020, la Auditoría General de la Nación revisó las medidas que fueron aplicadas, desde enero de 2018 a mayo de 2020, por la Secretaría de Minería para alcanzar las metas 12 y 15 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El documento expuso que no existieron acciones de articulación y coordinación concretas en línea con los objetivos.
Estos objetivos, catalogados como Producción y Consumo Responsables y Vida y Ecosistemas Terrestres, respectivamente, incluyen dentro de sí distintos puntos de acción que abarcan las esferas económica, social y ambiental. A su vez, están incluidos en un listado de 17 ODS, con sus 169 metas asociadas.
Lo más grave de lo observado por el reporte es que “el manejo integral de los pasivos ambientales mineros no se consideró como prioridad para la adopción/adaptación de las metas e indicadores referidos a los ODS 12 y 15.”
Esto quiere decir que, a la hora de la adaptación de las metas globales al ámbito local, no se tuvieron en cuenta las falencias que actualmente existen en materia de gestión de estos pasivos.
Para alcanzar estas metas aprobadas por la ONU, todos los actores tienen que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil pero, ¿por qué no se involucra el sector minero?

Pasivos mineros relegados
Los pasivos ambientales mineros son instalaciones o tareas mineras, incluyendo sus depósitos y residuos, paralizadas, inactivas o abandonadas. Este tipo de pasivo constituye un riesgo potencial permanente por los daños que puede generar en la salud humana y en el medio ambiente. Es por esto que es fundamental que su manejo sea el adecuado.
Según el informe, se constató que durante el período auditado no existieron acciones de articulación y coordinación concretas tendientes a la incorporación de esta temática para el seguimiento de los ODS.
Además, la AGN catalogó como limitado el proceso de adopción y adaptación del ODS 12- Producción y consumo responsables en Argentina-, ya que “el país adoptó 3 de las 8 metas establecidas en la Agenda 2030 y no tomó aquellas metas que guardan relación con la gestión sostenible, el uso eficiente de los recursos naturales y la minimización de las fuentes de contaminación que puedan ocasionar efectos adversos en la salud humana y el ambiente”.
Por último, con respecto al ODS 15- Vida y ecosistemas terrestres, la situación “es similar, ya que de las 9 metas internacionales, el país tomó 3, y estableció indicadores relacionados principalmente con la conservación de los bosques nativos”.

Implementación nacional
En materia de manejo de los pasivos ambientales mineros corresponden los ODS antes mencionados, en particular las metas 4 y 3, respectivamente.
La meta 4 del ODS 12 establece: “de aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente”.
Por su parte, la meta 3 del ODS 15 postula: “para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo”.
Argentina para los 17 ODS incorporó 80 metas (65 adoptadas y 15 adaptadas) y desarrolló un total de 244 indicadores de seguimiento. Aquí, el ODS 12 se definió como “Garantizar modalidades de producción y consumo sostenibles” y el ODS 15 se definió como “Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad”.
Es por esto que la AGN también afirmó que las metas priorizadas “no guardan relación alguna con el desarrollo de la minería ni con la gestión de los PAM”.
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Acusan al municipio de Bariloche de autorizar proyectos inmobiliarios en perjuicio del bosque nativo

Fecha de Publicación: 02/12/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Organizaciones ambientalistas acusaron al Ejecutivo municipal de habilitar emprendimientos privados en zonas restringidas.
Mediante una carta pública difundida esta semana, varias organizaciones ambientalistas acusaron al Ejecutivo municipal de “violar la ley” que preserva los recursos forestales al habilitar emprendimientos privados en zonas restringidas y denunciaron que su intención, junto al gobierno provincial, es “atentar contra los niveles de protección de nuestros bosques”.
Señalaron que en una reunión de comisión realizada en el Concejo semanas atrás el subsecretario de Planeamiento y Sustentabilidad Urbana, Claudio Romero, “confesó” que trabaja junto a técnicos de la provincia en la reformulación de la ley provincial 4552 “a fin de intentar disminuir el grado de protección del cual gozan extensas áreas boscosas de Bariloche”.
Citaron como un antecedente de gravedad la tragedia del complejo Villa Huinid, donde un deslave ocurrido en junio pasado le costó la vida a tres turistas uruguayos, y observaron que a las autoridades “no les alcanza con violar la ley, concediéndole licencia a un privado para construir en el kilómetro 1 de avenida de los Pioneros en zona amarilla, en la cual por ley está prohibido el desmonte”.
Las zonas definidas como “amarillas”, según la ley de Bosques, tienen un estatus de protección intermedio entre las “rojas” y las “verdes”. El mapa que define los límites de cada área debió ser actualizado y aprobado por la legislatura provincial en 2015. Ese ordenamietno todavia está pendiente y según la ley -subrayan los firmantes del comunicado-, las juirisdicciones “no podrán autorizar desmontes ni ningún otro tipo de utilización y aprovechamiento de bosques nativos”, pese a lo cual los desmontes en Bariloche “siguieron y aumentaron”.
Romero dijo que el “manifiesto” que firman Arbol de Pie, los vecinos pro reservas naturales urbanas El Trébol y Morenito Ezquerra, Jovenes por Bariloche, el Movimiento Vecinal Participativo y el Observatorio por los Derechos de la ciudad le causó “sorpresa” y se funda en una lectura errónea de sus palabras.
Durante el encuentro con los concejales el funcionario habia dicho que tiene hoy a su cargo un trabajo de reelaboración de la normativa y actualización del ordenamiento de bosques, junto a la subsecretaría de Recursos Forestales de Río Negro, y que “hay una superficie importante donde la ley puede aplicarse sin desmedro de los usos urbanos”.
Explicó que la idea es que en los sectores amarillos “aparezcan usos posibles que no estén directamente vinculados a la producción primaria”, sino enfocados en lo que denominó “servicios periurbanos”.
Ante una consulta de este medio, Romero dijo hoy que para las áreas amarillas la ley no habilita el cambio de uso del suelo pero sí “cierta explotación del bosque nativo, con plan de manejo y garantía de permanencia del bosque”, aunque observó que esos permisos están pensados “para espacios rurales”.
El planteo del Ejecutivo municipal en Bariloche “y lo mismo pasa en otras localidades” de la región, es el de “iaginar otros usos relacionados con la vida urbana” para las áreas categorizadas como amarillas, que en esta ciudad abarcan una importante extensión.
A modo de ejemplos Romero señaló que podrían autorizarse proyectos de “equipamiento, de residencia en muy baja densidad en convivencia con el bosque, o podría ser también un hotel boutique, con el correspondiente plan de manejo de la parcela”.
Aclaró que sobre todo eso no existen definiciones y “hay que trabajarlo”. Subrayó que desde lo técnico el trabajo consistiría en buscar una correspondencia entre lo que la ley ya autoriza para zonas amarillas en ámbito rural, adaptadas a un entorno urbano.
Sobre el ataque que le dedicaron las organizaciones Romero dijo que lo experimentó como un “agravio” y que le llama la atención que “se hayan acordado recién ahora, varias semanas después” de lo que dijo en la reunión, desarrollada a fines de octubre. También dijo que tiene buena relación con la mayoría y que la subsecretaría a su cargo “siempre estuvo abierta a todo tipo de diálogo”.
Opinó que “la interpretación que hicieron es sesgada”, que sus expresiones “no fueron una confesión” (como dice la nota) y lo atribuyó a un clima de recelo y “desconfianza” que considera injustificado. “Cada uno escucha lo que quiere escuchar” dijo Romero, para defender los lineamientos que expuso ante el Concejo y se preguntó “de dónde sacaron que eso es no cuidar el bosque”.
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Exploración petrolera: cae un contrato por la demora judicial

Fecha de Publicación: 01/12/2022
Fuente: La Capital de Mar del Plata
Provincia/Región: Buenos Aires


Lo reveló la Federación del Petróleo, Gas y Biocombustibles. Es el que tenía la empresa que realizaría la sísmica. La entidad afirmó que una medida favorable de la Cámara podría dar una última oportunidad para renegociarlo.
La Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles reveló que, por la demora judicial en torno a la autorización de la exploración petrolera frente a las costas de Mar del Plata, se canceló el contrato con la empresa que llevaría a cabo la sísmica.
“La incertidumbre y la demora en la resolución con respecto a la medida cautelar que aún está pendiente por parte de la Cámara de Apelaciones han llevado a tomar la decisión de cancelar el contrato con la empresa que realizaría la sísmica”, confirmaron desde la Federación a través de un comunicado.
Seguidamente, lamentaron que “se han perdido más de 5 millones de dólares a la espera de una definición”, a la vez que alertaron que mientras esta situación se prolongue “se reducen los tiempos para poder realizar la sísmica dentro de la ventana de verano 2022-2023”.
No obstante, aclararon que una decisión favorable de la Cámara podría dar una última oportunidad de renegociar el contrato, aunque en este contexto la factibilidad de llevar adelante la acción “ya no dependería de la operadora, sino de la disponibilidad del buque”.
“Hay muy pocos buques de sísmica a nivel mundial y tienen compromisos asumidos en otras partes del mundo”, explicaron y remarcaron que por eso “es clave tener previsibilidad para poder avanzar con los proyectos offshore”.
En este marco, desde la Federación señalaron que “más allá de la sísmica, la indefinición con respecto a la cautelar genera una gran incertidumbre para tomar decisiones estratégicas con respecto al pozo Argerich-1, sobre el cual aún está pendiente la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible de la Nación”.
“Una pronta decisión favorable de la Cámara con respecto a la sísmica creará un precedente para que eventuales nuevos amparos contra el pozo sean resueltos con mayor celeridad”, sostuvieron.
Asimismo, recalcaron que “la previsibilidad es una condición central en la industria del petróleo y del gas, y especialmente en la actividad costa afuera (offshore), ya que permite la planificación estratégica adecuada para realizar operaciones seguras”.
“Es fundamental una rápida resolución por parte de la Cámara con respecto a la cautelar para poder avanzar con las decisiones estratégicas y las diferentes contrataciones que requerirá la perforación del pozo Argerich-1”, subrayaron.
Por último, alertaron que, “en la medida que se mantenga la incertidumbre, se pone en riesgo la creación de miles de puesto de trabajo para Mar del Plata en este contexto económico y social que atraviesa nuestro país”.
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Buscan permitir la navegación en una parte del Riachuelo

Fecha de Publicación: 01/12/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Riachuelo


"Queremos empezar a pensar un Riachuelo posible a futuro. Somos conscientes de que todavía no tenemos una recuperación plena pero sí podemos comenzar un debate para abrirlo en un primer tramo", dijo a Página 12 Antolín Magallanes, director general de Gestión Política y Social de ACUMAR, a pocos días de la audiencia pública en la que se discutirá la apertura de la navegabilidad con fines turísticos y recreativos de una parte del Riachuelo. La posibilidad de navegar allí está vedada al público desde hace once años y ahora ACUMAR impulsa la apertura de un primer circuito entre La Boca e Isla Maciel. A principios de noviembre, más de 300 remeros navegaron ese tramo para impulsar la apertura del trayecto.
La navegación turística y recreativa del Riachuelo se encuentra prohibida desde el año 2011. En aquel momento, en el marco de la Causa Mendoza, y tras el histórico fallo de la Corte Suprema que en 2008 ordenó a los estados de Nación, Ciudad y Provincia sanear la cuenca Matanza - Riachuelo, la Justicia prohibió la navegación de forma preventiva. Once años después, ACUMAR abrirá el debate para hacer navegable, con fines turísticos y recreativos, un pequeño tramo desde el "kilómetro 0" del Riachuelo, a unos cien metros de la Autopista Buenos Aires - La Plata, hasta el puente transbordador Nicolás Avellaneda. Para debatir el proyecto, la autoridad de la cuenca convocó a una audiencia pública que se realizará el próximo viernes 2 de diciembre.
"En su momento el juez prohibió la navegabilidad de forma preventiva con la idea de favorecer la limpieza del curso de agua, en particular para retirar los barcos abandonados. Hoy queda un solo barco y se avanzó muchísimo con la recuperación del camino de sirga y en la limpieza del espejo de agua, que estaba prácticamente solidificado, lo que hacía imposible la navegación", señaló a este diario Magallanes sobre la situación actual de ese tramo del Riachuelo. La mudanza del Mercado de Liniers, aseguró, también disminuyó la contaminación del río. "Con todo esto se abre una nueva etapa y lo que queremos es empezar a mirar hacia el futuro, porque hasta ahora la tarea ha sido limpiar, limpiar y limpiar. Creemos que se puede empezar a pensar un Riachuelo posible a futuro", agregó el funcionario.
La propuesta de este primer trayecto se enmarca en un proyecto presentado por Nación y Ciudad ante la Justicia para habilitar un circuito navegable que conecte desde Tigre hasta Quilmes pasando por La Boca. En el marco de ese circuito sería posible navegar el tramo hasta el Puente Avellaneda, conectando también con circuitos turísticos para recorrer La Boca o Isla Maciel. "Unir todo ese proyecto con el barrio de La Boca y con la isla sería muy importante para los dos lugares. Se está haciendo un trabajo muy fuerte del lado de Isla Maciel para llevar turismo allí y en La Boca también ayudaría a revitalizar otros lugares que no son Caminito", dijo Magallanes en este sentido.
Desde ACUMAR son prudentes al señalar que el debate que comenzará el viernes se centra solo en ese tramo del río, pero también consideran que podría ser un puntapié inicial para pensar otras posibilidades más allá de la circulación turística o recreativa. En este sentido, el funcionario planteó la posibilidad de pensar a futuro la navegabilidad del río para transporte fluvial. "Hoy no tenemos mucha variedad de transportes más allá de los trenes, colectivos y subtes, y sin embargo tenemos todos estos kilómetros que a futuro podrían pensarse para esos fines", sostuvo.
En el documento de presentación del proyecto que se tratará en la audiencia, Acumar plantea que "el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo se encuentra atravesando una nueva etapa" y afirma que "para las poblaciones de Cuenca Baja la navegación y el transcurrir de embarcaciones turísticas es parte de lo que consideran su paisaje". "Esos sentires y saberes populares deberán ser tenidos en cuenta. Ese paisaje industrial signado por los puentes patrimoniales, las embarcaciones, barracas, grúas, deberá por tanto ser entendido como parte de la identidad de esa zona", agrega.
El pasado 4 de noviembre, más de 300 remeros en 90 embarcaciones navegaron parte de la cuenca desde el Puente de la Mujer en Puerto Madreo hasta Vuelta de Rocha, pasando por el Puente Avellaneda, en el marco de la decimosegunda "Remada por el Riachuelo" que organiza ACUMAR con la Fundación La Boca y la Federación Metropolitana de Remo. La remada buscó visibilizar la necesidad de sanear la cuenca y también fomentar la posibilidad de reabrir la navegabilidad del río.
La inscripción a la audiencia pública en la que se presentará y se debatirá el proyecto ya está abierta y cerrará el próximo miércoles 30 de noviembre a las 9 horas. Para anotarse es necesario completar un formulario que se encuentra en la página web de ACUMAR. La audiencia se realizará en la sede del Archivo General de la Nación de la calle Rondeau 2277, en el barrio de Parque Patricios, y comenzará a las 10 de la mañana del viernes. También se podrá seguir de forma online, ya que será transmitida a través del canal oficial de YouTube de ACUMAR.
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Corte de rutas en Vaca Muerta: vecinos de Añelo mantienen el bloqueo total y seguirá por la tarde

Fecha de Publicación: 30/11/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


Este martes, los vecinos sostienen su reclamo por el agua. A mitad mañana, se liberó por unos minutos la protesta sobre ruta 7. Tras una reunión, ayer se logró destrabar el conflicto con las comunidades mapuches.
Luego de una jornada de bloqueos en el punto neural de Vaca Muerta, las comunidades mapuches que exigían avances en el relevamiento territorial resolvieron levantar la protesta apostada en Puerto Hernández, Loma La Lama, Fortín de Piedra y Tratayen. En tanto, el grupo de vecinos de Añelo que cortaban las rutas 7 y 17, no llegaron a un acuerdo con las autoridades provinciales y locales. Este martes continúan reclamando soluciones para la falta de agua potable que afecta a la localidad desde hace varios años. Por la mañana, se liberó temporalmente uno de los cortes para el paso de camiones cisternas y luego volvió a interrumpirse el paso al tránsito, por el momento por tiempo indeterminado.
Un grupo de vecinos de la localidad de Añelo cortaron las rutas 7 y 17 desde la medianoche del lunes porque, según aseguraron, hace cuatro días están sin agua y exigen una respuesta por parte de las autoridades municipales y provinciales. Este mediodía, en el bloqueo sobre ruta 7 ya hay más de 100 camiones.
En este momento, se está realizando una prueba de agua con camiones cisternas. Alejandro, uno de los vecinos comentó que a mitad mañana se liberó por 30 minutos el corte sobre ruta 7 para que pasaran los vehículos que transportaban el agua. Esto descomprimió la congestión de vehículos y camiones que se encontraban sobre la calzada. Dijo que según les informaron se harán pruebas para ver si la presión es suficiente para que el líquido pueda llegar a las viviendas.
“Hace cuatro días que en el barrio La Meseta no hay agua y si siquiera nos están abasteciendo con camiones para llenar los tanques como habían hecho hasta hace un año atrás. Esto colmó la paciencia”, comentó una de las vecinas sobre su reclamo.
En un comunicado, Fernando Banderet, concejal de UP y señalado como el candidato de Rolando Figueroa, aseguró que nuevamente no tenían agua en la localidad y le exigió al intendente, Milton Morales, que se ponga al frente del reclamo, que los vecinos lo respaldarán. El mandatario es uno de los que rompió con la línea provincial para manifestar su apoyo al candidato a gobernador, Rolando Figueroa.
Los vecinos indicaron que el bloqueo seguirá hasta tener alguna respuesta. Sobre la orden de desalojo de ayer al mediodía, habían indicado que analizarían qué harían cuando llegue la policía. Manifestaron que es una problemática que ya lleva 12 años.
Estos cortes se levantan cada dos horas, pero no permiten el paso de los vehículos de empresas vinculadas a la industria de los hidrocarburos. Por eso, según contaron fuentes policiales, se formaron largas filas de camiones, que ocupan la ruta y las banquinas.
En la tarde de ayer, se realizó una reunión con funcionarios provinciales y locales, pero no pudieron llegar a ningún acuerdo, por lo que el corte se extiende a estas horas.

El reclamo por el relevamiento
En las primeras horas del lunes, la comunidades indígenas resolvieron bloquear los ingresos a Fortín de Piedra, Loma La Lata, Tratayen y Puesto Hernández. En un comunicado denunciaron que ni el Gobierno de Neuquén ni Nación quieren avanzar en el relevamiento territorial.
“A pesar de que somos parte del Equipo Técnico Operativo (ETO) nos cierran las puertas a observar el contenido de las Carpetas. Lo que es aún más grave: pretenden solo relevar lo acontecido hasta el 2006, como si fuéramos nosotros los responsables que se hayan atrasado 15 años en aplicar la Ley de relevamiento. Ahora comienzan nuestras carpetas a pasear de Neuquén a Buenos Aires buscando un acuerdo Nación/Provincia sin haber revisado nuestros técnicos y autoridades el contenido de dichas Carpetas Técnicas”, explicaron desde las comunidades.
En horas del mediodía, desde el gobierno provincial, el jefe de Gabinete, Sebastián González, aseguró que solo habría una instancia de diálogo si primero accedían a levantar las medidas de fuerza. Además, consideró que los reclamos “no son atendibles” porque afirmó que están cumpliendo el cronograma fijado para el relevamiento territorial.
Horas después, luego de una reunión con funcionarios de la provincia, los ingresos quedaron liberados. Desde el gobierno informaron que se acordó trabajar con más celeridad en el armado de las carpetas.
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Rechazos a la minería del litio

Fecha de Publicación: 30/11/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca, Jujuy, Salta


Comunidades indígenas, campesinos y asambleas socioambientales afirman que destruye ecosistemas vitales y viola derechos humanos.
"Podemos vivir sin litio, pero no podemos vivir sin agua". Es la frase que se repite en las comunidades de Catamarca, Jujuy y Salta donde existen explotaciones y proyectos de megaminería de litio. Pueblos originarios, campesinos y asambleas socioambientales dan cuenta de las consecuencias del extractivismo en las salinas: sobreconsumo de agua, contaminación y vulneración de derechos humanos. "¿Quién se hace responsable del saqueo, de la contaminación, del agua que usan? Conocemos a las mineras desde hace tres décadas, por eso decimos no a la minería de litio", remarca el cacique de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, Román Guitián.
Catamarca conoce de magaminería. Por un lado, la conocida Minera Alumbrera, inaugura en 1997 por Carlos Menem. Extrajo oro y cobre del oeste provincial (departamentos de Andalgalá, Santa María y Belén) y no se cumplieron las promesas de trabajo, desarrollo local ni cuidado del ambiente. De ahí el rechazo al nuevo megaproyecto MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera). También conoce de explotación de litio, en la zona de Antofagasta de la Sierra opera desde la década del 90 la multinacional FMC Corporation (bajo el nombre de Minera del Altiplano).
"Ya secaron el río Trapiche y no vamos a permitir que sigan haciendo eso", denuncia el cacique Guitián. Se refiere a la avanzada extractiva: en 2018 FMC Corporation, de origen estadounidense, anunció que su unidad de negocios de explotación de litio pasaba a llamarse Livent Corporation. Y presentó la ampliación de la explotación. Para lo cual requiere grandes volúmenes de agua, que pretende obtener del río Los Patos. Propuso la realización pozos de bombeo para obtener 650.000 litros de agua por hora y trasportar el caudal a través de un acueducto.
Las comunidades indígenas, las asambleas socioambientales y vecinos autoconvocados de Catamarca denuncian que está en riesgo el caudal del río, imprescindible para la vida del lugar. "El informe ambiental del acueducto tuvo 19 observaciones e igual el gobierno provincial autorizó la obra. Tampoco se respetaron los derechos indígenaS, no hubo consulta ni consentimiento, como dice la ley. Operan ilegalmente", denuncia el cacique Guitián.
De similar manera se posicionan desde la Asociación Campesinos del Abaucán (Acampa), organización de familias productoras que rechaza la explotación de litio porque "atenta contra la cultura y forma de vida campesina".
Fiambalá, a 300 kilómetros al noroeste de la capital provincial, es muy conocida por sus atractivos turísticos y su historia de agricultura. Todo comenzó a cambiar en 2016 con la llegada de la la empresa Liex, subsidiaria de la corporación canadiense Neo Lithium, para el proyecto de explotación de litio llamado "Tres Quebradas". En 2021, en acuerdo con el gobierno provincial y nacional, tomó reimpulso con la multinacional china Zijing Mining.
Yolanda Espinoza es parte de la Asamblea Fiambalá Despierta. "No aceptamos la imposición de un modelo extractivista ajeno a nuestras formas de vida. Atenta contra nuestras economías regionales. Y es imprescindible denunciar que el proyecto Tres Quebradas, de minería de litio, está instalado en sitio Ramsar, donde hay salares y lagunas altoandinas de gran importancia ecológica para la zona", afirma. Y resume: "Las empresas mineras cuentan con la complicidad de los gobernantes, tanto municipales como provinciales". Pide precisar nombres: la intendenta Roxana Paulón, y el gobernador, Raúl Jalil.
Desde la Asamblea denuncian falta de información respecto de los impactos de la explotación de litio, la ausencia de participación ciudadana, la violación de la Ley de Glaciares y exigen la aprobación de la Ley de Humedales. Recuerdan que los salares (donde se encuentra el litio) son también humedales. De allí que que entre los grandes opositores a la protección de humedales --además de sectores del agronegocio-- están las mineras y los gobiernos de Catamarca, Jujuy y Salta.
La compañía china ya comenzó la construcción de la plata de tratamiento químico, a solo cuatro kilómetros del pueblo. "Está en la orilla misma de Fiambalá, en tierras cedidas por la intendenta Paulón", cuestiona la asambleísta.
"Pucará" es la sigla de la organización Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación, que reúne a asambleas y organizaciones socioambientales de la provincia. Verónica Gostissa integra Pucará y señala que la década del 90 podía haber cierta ilusión respecto al "desarrollo" que prometía la megaminería porque era algo nuevo para la provincia. "Tres décadas después es ridículo que nos quieran hacer creer en las supuestas bondades que traería el proyecto MARA o la explotación de litio. Esta película ya la vimos. Los territorios ya saben lo que implica la marinería y por eso el rechazo es total", explica.
Desde Pucará trabajan respecto al mito de la "transición energética" de la mano del litio, como una supuesta solución a la crisis climática: "Es mentira que el litio es parte de una 'transición energética verde' (para utilizar menos petróleo). Porque la minería de litio implica la destrucción de salares y lagunas altoandinas, claves para combatir la crisis climática". Gostissa hace especial hincapié en la vulneración de derechos y tiende un vínculo con el pasado y el presente: "Desde los territorios que luchamos contra el extractivismo decimos que 'memoria, verdad y justicia' tiene que poder aplicarse no solo a los años de la dictadura cívico-militar, sino que tiene que aplicarse a los desastres ambientales, al ecocidio que sucede de la mano de gobiernos y multinacionales, es un modelo que viola sistemáticamente los derechos humanos. Y no se puede mirar para otro lado".

Derechos y agua
"Minería Transnacional de litio en Lagunas Altoandinas de Catamarca", es el título de la investigación de la organización BePe, de Catamarca. En 50 páginas detalla que el proyecto minero vulnera leyes ambientales (como la Ley General del Ambiente), la legislación indígena (Convenio 169 de la OIT) e incluso vulnera acuerdos internacionales como el Convenio Ramsar y el Acuerdo de Escazú. Y alerta por la falta de estudios respecto al impacto de la explotación en el agua.
Desde la Asamblea Fiambalá Despierta hacen eje en el mismo punto. Explican que el proyecto Tres Quebradas pone en riesgo la Cuenca de Abaucán, que alimenta de agua a todos los pueblos de la zona. "La minería consume millones de litros de agua por día. Y esta es una zona árida. No queremos ser un pueblo sacrificable, no creemos en las falsas promesas. El agua es de los pueblos, por eso no queremos a las mineras", resume la asambleísta Yolanda Espinoza.
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15 años de la Ley de Bosques: ¿cuál es el balance desde su sanción?

Fecha de Publicación: 29/11/2022
Fuente: Fundación Vida Silvestre
Provincia/Región: Nacional


La Ley N°26.331 fue sancionada en 2007 y Fundación Vida Silvestre hace una evaluación de sus principales debilidades y fortalezas.
La Ley N°26.331 fue sancionada en 2007, luego de un largo proceso legislativo y un fuerte consenso social, con el objetivo de frenar la deforestación creciente, promover la conservación y el manejo sostenible de los bosques nativos de nuestro país.
Hoy, 15 años después, Fundación Vida Silvestre Argentina hace una evaluación de sus principales debilidades y fortalezas.
El 28 de noviembre de 2007, en un contexto de emergencia forestal, en Argentina se sancionaba la ley N°26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Con tasas de deforestación que rondaban las 0,94% anual (aproximadamente 700.000 hectáreas por año) diferentes sectores de la sociedad civil se unieron para trabajar por un objetivo común: frenar la deforestación y proteger los bosques nativos y a las especies y comunidades asociadas.  A través de una gran movilización y participación ciudadana a nivel nacional, se logró juntar un millón y medio de firmas, poner en agenda legislativa la problemática y finalmente apoyar y fomentar la aprobación del proyecto de ley.
La Ley de Bosques marcó un hito en el país en materia de regulación ambiental. Su sanción modificó el escenario nacional de protección de bosques nativos, fortaleció técnica y económicamente a todas las jurisdicciones, visibilizó la problemática y la importancia de la conservación de estos ecosistemas, y se convirtió en una herramienta imprescindible para planificar su uso, brindando alternativas para equilibrar producción y conservación de la naturaleza. Pero durante los 15 años desde su sanción, su implementación fue parcial y adoleció de la falta de voluntad política necesaria para su plena implementación en la mayoría de las jurisdicciones.
Si bien al principio la Ley de Bosques fomentó una disminución progresiva en la tasa anual de deforestación en la Argentina -estabilizándose hasta el año 2019- en los dos últimos años volvió a incrementarse, en gran medida producto de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales. Los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose en zonas donde está prohibida la deforestación, en las cuales se avanza con el cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales. A su vez, las áreas deforestadas ilegalmente y las que se han quemado, no están siendo restauradas como indica la ley, y la ausencia de un registro nacional de infractores limita las posibilidades de articular esta información con otros elementos de la política pública, que permita facilitar la disuasión y la sanción de los responsables.
Por otra parte, desde su implementación, la Ley de Bosques nunca pudo contar con su presupuesto completo y recibió mucho menos de lo que le correspondería, tanto para el control, monitoreo y vigilancia, como para estimular el uso sustentable y la restauración. En relación al estímulo financiero para el año próximo, el Presupuesto 2023 aprobado recientemente en el Congreso le asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos 9.000 millones, lo que representa sólo el 10,36% de lo establecido por la Ley 26.331. Si bien el porcentaje se triplicó en comparación a los años 2021 y 2022, sigue siendo mucho menor del que debería asignarse.
Los bosques nativos son proveedores de servicios ecosistémicos esenciales: contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, facilitan la regulación hídrica, son hábitat de miles de especies, dan sustento a la vida de las comunidades locales y contribuyen a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Son proveedores de materias primas, alimentos, agua potable, medicinas y sirven como reguladores de eventos extremos como inundaciones, la erosión y la calidad del aire. Además, los bosques son hábitat de muchas especies y funcionan como “amortiguadores” de agentes patógenos -como virus y bacterias- que pueden afectar al ser humano. La pérdida de bosques ocasiona graves consecuencias sociales, ambientales y económicas, muchas veces, irreversibles, que atentan contra la salud y el bienestar de las personas y de muchas otras especies.
“Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos argentinos, es una obligación legal y una oportunidad para el verdadero desarrollo económico y social de las diversas jurisdicciones del país y de las personas que en ellas habitan. Es necesario que exista la voluntad política apropiada para el cumplimiento de esta norma en todos los niveles, la capacidad profesional, técnica y logística para su implementación y monitoreo, y la asignación de los fondos y los recursos correspondientes que permitan lo anteriormente mencionado. Aún estamos a tiempo de transformar esta ley en un modelo de gestión y gobernanza que trascienda las fronteras nacionales” afirma Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.

¿Cuáles son los principales problemas de implementación que enfrentó la ley desde su sanción?
- La desfinanciación sistemática de la Ley: aunque desde la sanción de la ley las partidas presupuestarias en general han aumentado en valores absolutos, no ha habido un período donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que expresamente la norma establece. Desde 2014, la ley recibe menos del 10% de lo que corresponde. A principios del año 2022, luego de los incendios de la provincia de Corrientes, se anunció la asignación extra de 10.000 millones de pesos, de los cuales finalmente solo se derivaron a las provincias 5.000 millones de pesos. Para el 2023, el monto asignado llegará a un 10,36%, lo que aún está muy lejos de lo que debería asignarse. Estos aumentos en valores absolutos no permiten aún una reducción significativa de la brecha entre lo que asigna y lo que la propia ley indica que debería asignarse año a año para la protección y manejo sustentable de nuestros bosques.
- Dificultades en los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): tanto en su elaboración como actualización, han sido y continúan siendo procesos lentos y con deficiencias que incluyen el incumplimiento de estándares determinados por la Ley, como, por ejemplo: fallas en la participación ciudadana requerida, retrasos de tiempos y falta de progresividad en la protección de los bosques.
- Falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos: la ley establece que se deben adoptar metas cuantitativas para la protección de bosques nativos y formas de medir su progreso y logro. Durante el 2022 el consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), emitió una resolución por la cual cada jurisdicción debe desarrollar Planes Estratégicos Provinciales de Bosques Nativos y sus respectivos Planes Estratégicos Anuales actualizados para acceder a las asignaciones presupuestarias anuales. Estos planes han sido presentados, resta ahora analizar si cuentan con metas e indicadores que permitan evaluar su impacto a corto, mediano y largo plazo.
- La deforestación ilegal persiste: a pesar de la implementación del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, es preocupante que alrededor del 54% de la deforestación en 2021 haya ocurrido en zonas prohibidas por la ley (amarillas y rojas), repitiendo tasas de años anteriores. Esto evidencia la falta de control y fiscalización en terreno, y las sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes que se reflejan en la ausencia de un registro nacional de infractores actualizado. Algunos sectores indican la necesidad de una prohibición total de la deforestación, lo cual sería de dudosa eficacia, ya que en los sectores donde la deforestación está prohibida hace más de 10 años sigue ocurriendo, sin mayores consecuencias para los responsables.  No ha habido avances en la tipificación del delito penal ambiental que permita mayores sanciones a quienes deforestan, ni se ha avanzado significativamente en la restauración de las áreas deforestadas y quemadas, como determina a Ley.
- Avances en la gestión y rendición de fondos: si bien la rendición de los fondos por parte de las Autoridades Locales de Aplicación es una cuestión que ha mejorado desde su creación y puesta en marcha, continúan habiendo demoras y problemas para una eficiente implementación y rendición de fondos.

¿Cuáles son los espacios de mejora en el marco de esta ley?
La correcta aplicación de la Ley de Bosques es el primer paso –y lo mínimo que deberíamos hacer- para proteger los bosques nativos. Pero también es importante ir más allá de la ley y asumir compromisos superadores que permitan conservar no sólo los bosques, sino también las culturas asociadas a ellos, la biodiversidad, y los servicios ambientales.
El refuerzo de las estructuras de control y fiscalización, el aumento en la capacitación y profesionalización de operarios forestales, agentes de conservación, técnicos de campo, responsables técnicos y funcionares públicos será central para avanzar en los desafíos que demanda la correcta implementación de la Ley.
La buena gobernanza, basada en el acceso a la información en tiempo y forma para los diversos grupos de interés permitirá la genuina participación en los procesos de revisión de las diferentes instancias de implementación de la Ley, desde la realización y audiencias públicas de Estudios de Impacto Ambiental a los procesos de revisión de los Ordenamientos Territoriales de los bosques nativos en las diversas Jurisdicciones.
"Quienes trabajamos desde hace años vinculados a la conservación y uso sustentable de los bosques nativos, sabemos que ha habido un salto de calidad en la gestión de los mismos desde la sanción de la Ley de bosques. Eso ha ocurrido a pesar que solo se le ha asignado aproximadamente el 8% del financiamiento establecido, que en algunas Jurisdicciones se ha carecido de la voluntad política apropiada para su plena implementación y que diversos sectores productivos han operado política y económicamente para evitar su plena implementación. Si en los próximos años logramos revertir estos factores que han atentado contra nuestros bosques y contra las comunidades que dependen de ellos, estaremos más cerca de lograr su verdadera conservación y manejo sustentable”, concluyó Manuel Jaramillo.
Fundación Vida Silvestre Argentina trabaja apoyando y monitoreando la Ley de Bosques Nativos desde su diseño, hasta su implementación, así como también evaluando su funcionamiento y propiciando propuestas de mejora. Es por eso que, a partir de pedidos de información pública ambiental a la autoridad nacional de aplicación, más  un exhaustivo análisis y recopilación de información, se desarrollaron fichas infográficas descargables para exponer las principales disposiciones de la Ley 26.331 y su situación actual, tanto a nivel nacional como provincial, con toda la información (perfil territorial de cada provincia, hectáreas deforestadas, especies en peligro, hectáreas bajo planes de manejo o conservación, el presupuesto correspondiente y el asignado y más). Las fichas buscan graficar la información y ser material de consulta y comparativo para diferentes actores clave y la presente actualización incluye la proyección de asignación de fondos para el año 2023, provincia por provincia.

Ver Infografías-fichas por provincias
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Con la minería “de la cuna a la tumba”

Fecha de Publicación: 29/11/2022
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


Uno mira en los países desarrollados que la minería se puede hacer siempre y cuando haya un control "de la cuna a la tumba" para resguardar el patrimonio climático y ambiental de nuestros bienes comunes.
Cerro Amarillo, flojo de papeles: Se ha puesto en discusión en la legislatura de Mendoza el proyecto minero Cerro Amarillo que busca desarrollar una mina de cobre, el mismo según informa el gobierno cumpliría con la Ley 7722, como si esta fuera la única Ley ambiental en la provincia. A las claras sale a la luz que en el apuro innecesario de intentar imponer la actividad minera están dispuestos a pagar cualquier costo, la declaración de impacto ambiental que presentaron, presenta grandes irregularidades ya que la duración de las mismas es de máximo 2 años y ésta que han llevado a la legislatura es la misma que fracasó en el 2014. Los cambios morfológicos y ambientales de la zona, el tipo de explotación propuesto y la posible modificación del medio ambiente, justifican que la misma sea nula, de nulidad absoluta, que impide su tratamiento legislativo, hasta tanto se realice una nueva. Y de hacerse valer la mayoría legislativa, va a ser un conflicto a resolver por el Poder Judicial.
Las autoridades de la provincia promueven la megaminería, sin poner a funcionar Policía Ambiental Minera (P.A.M.) creada por la Ley 7.722, para que la misma pueda garantizar debidamente los recursos naturales de la provincias, teniendo especial énfasis en la tutela del recurso hídrico. Mendoza atraviesa la peor mega sequía de los últimos 50 años y este proyecto se encuentra emplazado en una zona donde existen reservas de agua que son importantes para nuestra provincia por la crisis extrema vinculada al recurso hídrico. Vemos con preocupación que todavía no existan certezas de convocar a profesionales y técnicos para que se expresen al respecto, esperamos que en el apuro no olviden la importancia del rol legislativo para transformarlo en una mera escribanía del Gobernador Suarez.
Desde el Partido Verde, tercera fuerza política de la provincia entendemos que este proyecto y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) tiene graves falencias en el procedimiento lo que hace dudar de la transparencia del proceso y como férreos defensores de los bienes comunes, en estas condiciones vamos a rechazar el proyecto minero Cerro Amarillo, haciendo responsable al Poder Ejecutivo por incompetencia en la preparación técnica y legal del proyecto presentado. La 7722 no se toca y es solo una de las Leyes ambientales, cumplir con la 7722 no exceptúa de cumplir con toda la normativa ambiental que existe en nuestra provincia y la nación. Por otro lado vemos con preocupación que a pesar de que hemos marcado con insistencia que los entes de control no sirven en Mendoza y que no estamos en condiciones de cuidar ni las ripieras que socavaron el material de los dos puentes caídos de la Ruta 40 y que siguen poniendo en peligro los que han quedado en pie.
Presentamos la denuncia penal en el juzgado federal contra Vialidad Nacional, de todo lo investigado podemos saber qué actividad ininterrumpida de las canteras, y la inacción de la DNV respecto a la intimación a la Dirección de Hidráulica de la provincia y a la Dirección de Minería, para que cesen en la actividad irregular de dichas canteras aledañas; que están provocando daños graves en los cimientos, bases y estructuras de puentes; esto es lo que podría provocar nuevos derrumbes y posibles daños a miles de automotores que transitan diariamente”, desde el 05/03/21.
Otro ejemplo de la minería realizada sin control y sin cumplimiento de la remediación de los pasivos ambientales en su cierre es el caso de los 30 años que el emprendimiento minero Sierra Pintada dejó abandonado 14.000 kilos de uranio que actualmente se encuentran enterrados en las denominadas trincheras confinados en 5.223 tambores de 200 litros y disueltos en el agua almacenada por efecto de correntías, lluvias e infiltraciones en las antiguas canteras. Además, casi 1 millón de metros cúbicos de agua almacenada en las canteras con contenidos de uranio, radio y arsénico superiores a los límites admisibles.
Hace tres años se prometió empezar la remediación y no hemos visto avances concretos en los trabajos realizados, más que movimientos de camiones y tierra, sin dejar a los legisladores, como reclame en su momento, asistir al complejo a fin de tomar conocimiento “in situ” sobre los trabajos en la construcción de los diques para los líquidos del tratamiento y en el sistema de apertura segura de tachos correspondientes a la Fase1.  Seguiremos expuestos a que cualquier fenómeno meteorológico pueda causar un desastre ambiental por la dejadez e incompetencia de las autoridades de control.
Los legisladores del Partido Verde hemos avalado los proyectos de Ley que pusieron en funcionamiento los emprendimientos mineros de Hierro Indio y de Potasio Río Colorado (PRC), dado que los mismos fueron presentados y fundamentados correctamente y no exponían a la provincia a la contaminación del agua. No obstante rechazamos el intento de derogar la ley 7722 y también las modificaciones a la resolución 778/96 de DGI que facilita la contaminación del agua, por lo que más de 1450 empresas que no estaban en regla pueden estarlo mediante la nueva figura del "agente contaminante" y la ampliación de los límites de conductividad eléctrica. Por lo que el desarrollo minero en la provincia requiere importantes desafíos de política pública:
La necesidad de un fortalecimiento institucional de los mecanismos de control ambiental, cambiando la elección de funcionarios “a dedo del gobernador y sus legisladores”, por un sistema de concurso público donde prime la competencia y prestigio. Dotar de los recursos financieros necesarios para poder cumplir su rol, también acompañar sus dictámenes con los avales de institucionales de universidades y  auditoras externas
Dar solución a la conflictividad social que ha presentado los intentos de imponer proyectos de megaminería en la provincia, habla a las claras que se requiere mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. Es imprescindible el trabajo con las ONGs ambientalistas y las asambleas del agua para dar aval social a los proyectos que tienen potencialidad de contaminación,  a lo largo de todo el ciclo minero, en particular en las zonas de explotación.
- Verdaderos Ingresos Fiscales: en las condiciones fiscales actuales de la provincia la minería no constituye ni va a constituir una ampliación a la matriz productiva, ni generar mayores fuentes de trabajo, ni siquiera impactar en el PBG (producto bruto geográfico), incluso no se podría tener un fondo de garantía para hacer las remediaciones a los desastres y pasivos ambientales por las labores mineras abandonadas donde se involucra a las aguas ácidas, botaderos, bocaminas y relaves mineros.
Debemos lograr que sean reales los ingresos fiscales derivados de la minería y el diseño de un sistema impositivo adecuado, dado que dé el régimen actual del canon es irrisorio y desactualizado para la realidad que vive nuestro país, considerando además, que reviste gran importancia ya que determina la inversión mínima que debe realizar el concesionario y la modificación a la miserable suma que la Nación ha puesto como tome a las regalías con un tope a cobrar del  3% sobre el valor boca de mina del material extraído.  

Por Mario Vadillo, diputado provincial de Mendoza mandato cumplido y presidente del Partido Verde
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Para fortalecer el turismo: Cabandié anunció un plan de inversión en parques nacionales

Fecha de Publicación: 28/11/2022
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El ministro de Ambiente, en un acto en los Esteros del Iberá, presentó el proyecto que busca "fortalecer el turismo en todo el país".
Juan Cabandié, ministro de Ambiente, presentó hoy el plan "Más obras, mejores parques" que consiste en una inversión de más de 300 millones de pesos para remodelar y refaccionar la infraestructora de 120 zonas de reserva en todo el país. El anuncio lo hizo en los Esteros del Iberta, Corrientes, donde se encuentra uno de los 36 parques nacionales del país.
"Las obras que se van a realizar con este Programa apuntan a fortalecer el turismo en todo el país", explicó Cabandié durante la presentación en el portal Cambyretá de los Esteros del Iberá, sobre la localidad correntina de Ituzaingó.
En ese sentido el funcionario sostuvo que esta distribución de fondos "viene a fortalecer las Intendencias, que es uno de nuestros objetivos, reubicando los recursos para que ellas los ejecuten de una forma más ágil, lo que es también, hablar de federalismo".
Por orto lado destacó que "la importancia que tienen los parques no solo para los visitantes, sino también para cuidar la biodiversidad y nuestros ecosistemas".
La inversión apunta a refacciones y construcción de pasarelas, centros de visitantes, instalación de nuevas cartelerías en todo el país, acondicionamiento de áreas de acampe, creación de nuevos senderos interpretativos, arreglo de sanitarios y construcción de mangrullos para observación de fauna.
En el acto también estuvo presente el presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Federico Granato, quien aseguró en Corrientes que "este programa viene a potenciar a los parques nacionales para que además de conservar la biodiversidad mejoremos la experiencia turística y que las comunidades tengan trabajo a partir de los parques".
Además afirmó que el programa "busca generar obras de manera descentralizada y en simultaneo, generando trabajo local".
Por su parte, la responsable del Sector Medio Ambiente de Yacyretá, Cinthia Bogarín, aseveró que "es muy importante acompañar estas actividades desde la Entidad Binacional Yacyyretá ya que valorizan la preservación del medio ambiente en la región".
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Patagonia: investigan con imágenes satelitales el derretimiento acelerado de mantos de nieve

Fecha de Publicación: 28/11/2022
Fuente: Telam
Provincia/Región: Patagonia


La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) del Conicet y de Parques Nacionales buscan generar información sobre el derretimiento acelerado de nieve, por carbono negro.
Investigadores de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), del Conicet y de Parques Nacionales buscan generar información mediante el procesamiento de imágenes satelitales sobre el derretimiento acelerado de campos de nieve, en especial por carbono negro.
Para ello los científicos combinan muestreos en la Patagonia, análisis de laboratorio, información de los satélites Saocom y Sentinel, y un radiómetro.
El tránsito vehicular y la actividad industrial, provoca un derretimiento acelerado de la nieve y puede impactar sobre los cursos de agua a partir de la primavera, cuando comienza a aumentar la temperatura.
Giuliana Beltramone, becaria doctoral del Conicet en el Instituto Gulich de la Conae dijo a Télam que "elegimos concentrarnos en la nieve de no menos de dos meses y no más de un año porque es la que puede tener incidencias en avalanchas o en los deshielos que entre otras cosas condicionan el suministro de agua”.
La investigadora indicó que “el carbono negro y otras impurezas cuando se posan en la superficie de la nieve, le quita capacidad de reflejar la luz acelerando su derretimiento; por lo que detectar estas partículas es una señal certera de que esa nieve va a tardar menos tiempo en convertirse en agua”.
La científica detalló que, además del carbono negro, existen otros contaminantes que afectan a la nieve como las quemas de bosque nativo, las cenizas de erupciones volcánicas, el polvo, o incluso algas que pueden llegar en patas de animales o botas de visitantes.
Beltramone destacó que si bien se pueden identificar estas partículas "es más difícil evaluar la magnitud de su presencia porque para eso habría que diseñar una misión satelital específica".
Precisó que en el caso de las algas, el polvo o las cenizas volcánicas "son impurezas que siempre estuvieron ahí, pero el carbono negro o el carbono marrón tienen mucho que ver con la acción del hombre, por eso elegimos tomar muestras por un lado en mantos de nieve cercanos a Bariloche y en el Parque Nacional ‘Los Alerces’.
Este tipo de contaminación puede afectar la provisión de agua en las poblaciones y desestabilizar las laderas de las montañas, provocando avalanchas o inundaciones; además, tiene severas implicancias en el cambio climático y en el calentamiento global, lo cual repercute en los servicios ecosistémicos relacionados a la criósfera (áreas terrestres y marinas donde existe nieve o hielo) y sobre aspectos socio-económicos.
“El objetivo final es desarrollar un instrumento satelital para monitorear el oscurecimiento de las nieves a nivel global, capaz de detectar la presencia de contaminantes que absorben la luz y de discriminar las partículas del carbono negro de otras como el carbono marrón (generado por la quema de biomasa), cenizas volcánicas, polvo y algas, que pueden provocar un efecto similar”, sostuvo Beltramone.
La campaña actual sumó el desafío de subir a los cerros con el radiómetro, que pesa unos 15 kilos e incluye una computadora y baterías adicionales, en medio de grandes nevadas y tormentas de viento, que causaron el cierre de los caminos vehiculares.
Además de la información de los satélites Saocom, incorporaron al estudio imágenes ópticas de las misiones Sentinel 1, 2 y 3, de la Agencia Espacial Europea (ESA).
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Denuncian avance del monocultivo de pino, desmonte y erosión hídrica

Fecha de Publicación: 26/11/2022
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


El corredor verde “no existe más como tal” advierten y reclaman más inversión del gobierno. El Movimiento Agrario de Misiones (MAM) adhirió al pedido que hicieron organizaciones sociales, ambientales, gremios y de Derechos Humanos. Esperan más acción y menos relato. También exigen que se cumplan leyes ambientales y la expropiación de las 600 ha a Arauco  que está pendiente desde el año 2013.
La política de cuidado del medio ambiente que pregona el gobierno del Frente Renovador no genera convencimiento en algunas organizaciones con trayectoria en el tema. Es así que son cada vez más las que reclaman que se intensifiquen las políticas al respecto: más acción y menos relato.
En este sentido, el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) adhirió a un documento en el que un conjunto de organizaciones agrarias, sociales, de derechos humanos, gremiales, indígenas y ambientales alertó al Gobierno provincial por la dramática destrucción del Corredor Verde, área establecida por la Ley XVI-N°60 (antes 3631) para conservar lo que es considerado como el último remanente continuo de Selva Paranaense del mundo.
Valiéndose de imágenes satelitales como evidencia contundente, se advirtió que el Corredor Verde “no existe más como tal” ya que se encuentra “severamente fracturado” debido al desmonte, la erosión hídrica y el avance descontrolado del monocultivo del pino.
La postura de estas organizaciones choca de frente con el discurso oficial del Gobierno donde habla de una provincia verde con pocos fundamentos más que la creación de un Ministerio de Cambio Climático, que en tres años de funcionamiento no ha generado resultados visibles, como tampoco la anunciada venta de bonos verdes.
Por ello, se solicitó al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, que implemente con urgencia medidas que apunten a recuperar el monte y el agua y avanzar hacia un nuevo modelo productivo en la provincia, que priorice la inclusión social con la multiplicación de la producción de alimentos saludables en el territorio.
En la nota, presentada en Casa de Gobierno, se plantea que tales acciones deberían, además, fortalecer a la agricultura familiar, limitar la expansión del monocultivo de especies exóticas y el uso de agrotóxicos y resolver de manera definitiva la situación territorial de los pueblos originarios a través de la mensura de las tierras y reconociendo su preexistencia en la Constitución provincial.
Los diputados de Misiones sancionaron este año una ley en este sentido, que prohíbe progresivamente el uso de agroquímicos, sin embargo, las entidades productoras e industriales advirtieron que no hay ningún insumo que reemplace la función de los agroquímicos y aplicando esta ley se produciría un encarecimiento de los costos de producción. Pidieron que, antes de sancionar leyes, se consulte a los sectores que están día a día en el tema.
 Salvador Torres, secretario general del MAM, manifestó que se planteó que es impostergable una política estratégica en lo referido a cuestiones ambientales y productivas: “No podemos admitir que Misiones siga siendo considerada como ‘forestal’ y ‘energética’. Eso lo sufrimos durante demasiado tiempo y las consecuencias están a la vista. Y todavía se sigue vendiendo a Misiones como una ‘provincia verde’”.
“Hay que advertir que ese discurso es engañoso y peligroso, porque una cosa es el verde de la Selva Paranaense, donde existen miles de especies de flora y fauna autóctona; y otra el verde del pino, donde prácticamente no existe vida más allá de estas plantaciones exóticas”, dijo.
“Cuidar el Corredor Verde debe implicar acciones de control social, ciudadano, de este territorio importantísimo”, destacó Torres, quien valoró en ese sentido la iniciativa de trabajo articulado por parte de un amplio conjunto de organizaciones populares de la provincia que coinciden en esta preocupación.
Las organizaciones no sólo se quedaron en el reclamo sino que también elevaron propuestas.
La problemática del Corredor Verde ya había sido planteada al mandatario misionero a principios de agosto. En esta oportunidad, los referentes acercaron un nuevo documento que contiene un diagnóstico del Corredor Verde y propone medidas concretas, como la reglamentación y cumplimiento efectivo de las leyes y de organismos, el Instituto del Suelo; la restauración del monte y del agua; programas provinciales de cisternas y de sistematización de caminos para almacenar y retener agua de lluvia en las chacras, e iniciativas de prevención de incendios.
Las organizaciones también solicitan al Gobernador que priorice a las organizaciones sociales, agrarias y ambientales en la asistencia por parte del Estado en la asignación de tierras para la producción y multiplicación de alimentos sanos y nutritivos y reforestación con nativas; y el cumplimiento efectivo de la Ley XXIV- Nº11, que establece la expropiación de 600 hectáreas de la empresa Arauco para ser destinadas a Productores Independientes de Puerto Piray para la producción de alimentos.
La norma fue sancionada en el año 2013 y hasta la fecha, sólo 160 de las 600 hectáreas fueron transferidas a los trabajadores.
También, piden establecer mecanismos para facilitar la formalización de emprendimientos rurales y el trabajo rural (compatibilidad entre planes sociales y trabajo), el incentivo para la permanencia de jóvenes y adultos en la zona rural mediante la regularización de la tenencia de la tierra, la asignación de tierras fiscales y la creación de “comunidades eco agrarias”, donde el Estado provea viviendas, servicios de agua, luz, conectividad, transporte, insumos y herramientas para la agroecología.

Pueblos originarios
Específicamente sobre pueblos originarios, los referentes plantean la necesidad de un referéndum para que la sociedad de Misiones se expida sobre el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios con la enmienda de la Ley Provincial 4.000/03 y que ésta sea incorporada a la Constitución Provincial.
De la misma manera, que la designación del titular de la Dirección de Asuntos Guaraníes sea consensuada con todos los caciques de las comunidades originarias en Misiones, y que el Gobierno, a través de la dependencia que correspondiere, concrete los planos de mensura de territorios de comunidades originarias.
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Córdoba: ambientalistas inician acciones judiciales por el desmonte

Fecha de Publicación: 26/11/2022
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Córdoba


Aseguran que se trata de una zona de máxima conservación, tal lo estipula la Ley Provincial 9814 de Bosques Nativos.
En la provincia de Córdoba, las topadoras trabajan desde hace meses en la construcción de una obra vial de ensanchamiento y mejoramiento en el camino de Achiras Arriba, que llega hasta el departamento de San Javier. Pobladores del lugar denuncian que están destrozando el poco monte que queda, que usurpan partes de terrenos y que destruyen alambrados de los vecinos.
Por todo ello, la organización autoconvocada Guardianes del Monte inició acciones sumariales judiciales para proteger los recursos naturales. Denuncian también que varias personas que intentaron proteger los árboles molles fueron brutalmente golpeadas por varios hombres que «se movían en camionetas 4×4 blancas». Aseguran que la respuesta que recibieron de Vialidad Provincial fue incompleta y sin el plano de la obra.
«Los daños ambientales se producen mayoritariamente en el marco de la incompetencia, negligencia, falta de consideración de la problemática ambiental por parte de los funcionarios públicos que deberían proteger y cuidar el ambiente en el que vivimos», sostuvo Luis Jiménez, miembro de la organización Guardianes del Monte Traslasierra, a Tiempo. Continuó ahondando en la necesidad de que «la sociedad, o al menos parte de ella, reflexione sobre que hay que poner un límite a quienes cometen delitos contra la naturaleza».
A partir de estas consideraciones, decidieron informar a la comunidad «que la semana pasada nuestra organización ha iniciado actuaciones sumariales judiciales», aseveró Jiménez y continuó: «Lo hacemos por las diferentes irregularidades que producen severos e irreversibles daños ambientales en la ejecución de las obras viales».
En Córdoba, desde el pasado 1° de agosto Vialidad Provincial está realizando una obra y desmonte en el camino vecinal T281-17, que corre desde el paraje Los Molles, Las Rosas, hasta el paraje San Onofre, pedanía de San Javier y Yacanto. El mismo pasa por los parajes Rodeo de Piedra y Achiras Arriba.
Estas actuaciones sumariales judiciales que iniciaron las personas que protegen a los árboles están a cargo de la Fiscalía de Segunda Nominación de Villa Dolores, de la doctora Eugenia Ferreyra. Por su lado, la organización Guardianes del Monte es patrocinada por la abogada Eugenia Scarpinello.
«Queremos comunicar a la sociedad que en ningún momento nos hemos opuesto a la realización de las obras viales», sostuvo Jiménez y apuntó: «Solo exigimos que se realicen con la debida supervisión ambiental y que informen a los vecinos en el marco de los procedimientos administrativos para la obra pública como corresponde».
«Por el momento, no podemos revelar la tipificación de los delitos denunciados, tampoco la identificación de los actores denunciados ni la naturaleza de la documentación probatoria», explicó. Las acciones judiciales iniciadas se basan en la información recibida «por parte de la dirección de Vialidad Provincial en respuesta a la resolución legislativa 36147/R/22, que fue gestionada por la legisladora Noelia Agüero de la Izquierda Socialista–FIT Unidad».
«Habiéndonos constituido como querellantes, convocamos a los y las vecinas de Traslasiera a sumarse en calidad de testigos», contó Jiménez. También aseguró que «quienes lo hagan tendrán identidad reservada para que no sufran represalias de ningún tipo».
Cabe destacar que la organización Guardianes del Monte presentó ante la Justicia cordobesa declaraciones testimoniales de testigos oculares del desmonte, fotografías y vídeos. Muchos vecinos fueron afectados por las expropiaciones compulsivas de partes de sus terrenos y destrucción de sus alambrados perimetrales con las topadoras.

Foro Ambiental contra el desmonte
El Foro Ambiental Traslasierra -línea fundadora- con la activa colaboración de la organización Guardianes del Monte, hizo un llamado público a las demás organizaciones ambientales de Traslasierra. Porque se trata -aseguran- de una zona de máxima conservación, tal lo estipula la Ley Provincial 9814 de Bosques Nativos. Además, advierten que en Córdoba queda menos del 3% de los bosques nativos en alto valor de conservación.
«Debemos pensar entre todos nuevas estrategias y protocolos para la defensa de los bienes comunes, acciones necesarias y urgentes, como indica la reciente modificación de la Ley 10.208», explicó Jiménez. También dijo que esta norma alerta a «militantes y la opinión pública sobre la necesidad de generar decretos y disposiciones que protejan a la naturaleza».
«En Traslasierra se vive un momento histórico en cuanto al cuestionamiento del poder político regional, ahora más que nunca por lo que está pasando con la obra vial», aseguró Jiménez. Continuó explicando que los vecinos cuestionan «el modo en que se realiza el proyecto de asfaltado y la violencia sobre los pobladores».
«Utilizan una metodología mafiosa que es protagonizada por personajes locales que al amparo del poder político actúan en el territorio», denunció el guardián del monte. Agregó que estas personas que menciona tienen «causas penales en su contra por agresiones, pero no tienen investigación visible, no sabemos nada, ni una resolución recibimos por parte de la justicia, de este modo permite que continúen cometiendo delitos contra las personas y la naturaleza».
«Nosotros adherimos al pedido de expulsión del titular de la legislatura departamental de San Javier, para que sea sometido como cualquier otro ciudadano a los procedimientos legales correspondientes», reclamó Jiménez. Finalmente, expresó: «Basta de encubrimientos, privilegios y manejos oscuros para quienes tienen el poder político».

Denuncias por violencia
Este diario -cuando empezó la obra vial- tuvo acceso a videos que muestran a los maquinistas junto a varios hombres que se movían en camionetas 4×4 blancas, agrediendo verbal y físicamente a los y las vecinas que intentaban impedir que destruyan árboles molles.
Por todo ello, realizaron varias denuncias ante la Fiscalía N°1 de Villa Dolores a cargo de la doctora Lucrecia Zambrana. Las víctimas ya declararon, pero aún no tuvieron una respuesta por el ataque y los golpes que sufrieron.
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Aumenta la vigilancia sobre las empresas que contaminan el Riachuelo

Fecha de Publicación: 25/11/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Riachuelo


Un sistema de muestreo automático de los efluentes dará mayor precisión al monitoreo de la cuenca fluvial más dañada del país.
El monitoreo del Riachuelo está a punto de dar un salto de calidad. En el sistema actual, los inspectores van a las fábricas a tomar muestras de sus efluentes cada dos meses.
Pero próximamente habrá un registro automático que centralizará la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), que nuclea a los tres estados con competencia en ese territorio: Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires.
Con un financiamiento público-privado de 64 millones de pesos, las nuevas instalaciones permitirán detectar anomalías y emitir alertas para un control más estricto sobre la cuenca fluvial más contaminada de la Argentina, donde están el 70% de las villas y asentamientos del conurbano, y viven más de dos millones de personas.
El convenio entre ACUMAR, la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas y la Universidad Nacional de Almirante Brown habilita el desarrollo de nueve equipos con sensores capaces de tomar muestras de agua cada 30 segundos, discriminando por caudal del efluente, temperatura, acidez, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto, todos parámetros que se analizarán en la central del organismo público.
Hace ya 14 años, en el fallo más importante de la historia ambiental argentina, la Corte Suprema de Justicia había intimado a ACUMAR a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, y remediar el agua, aire y suelo a lo largo del río y su entorno.
Poco antes se había comprobado que el 88% de las muestras de niños en los alrededores del Polo Petroquímico Dock Sud tenía metabolitos de tolueno, un cancerígeno derivado del petróleo.
Aunque la reconversión de las industrias contaminantes avanza, la convivencia de familias sin cloacas, empresas petroleras y depósitos de productos químicos sigue siendo “una situación de alta complejidad con riesgos potenciales a la salud”, reconoció el propio organismo.
A pesar de los anuncios y compromisos gubernamentales a lo largo de estos años, la contaminación sigue ahí. En 2017 la Universidad de La Plata categorizó al 92% de las muestras de agua tomadas como “malas” o “muy malas”, ya que tenían rastros de plomo, cromo y la bacteria Escherichia coli.
Dos años más tarde había 466 casos en seguimiento por toxicología, la mayoría en Lomas de Zamora, Avellaneda y Lanús. Y en las primeras pruebas del nuevo equipamiento ya se comprobó que una capa negruzca lo recubre al poco tiempo de instalarse.
A partir de ahora, la información será cada vez más precisa. Sólo faltan las decisiones políticas y económicas que avancen hacia el saneamiento definitivo.
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