Por qué Neuquén aún no tiene un plan contra la contaminación de sus ríos y lagos

Fecha de Publicación: 02/08/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


El alerta hídrico se sancionó hace cinco años y ahora se prorrogó por uno más. Especialistas de la Universidad del Comahue serían la clave para cerrar el trabajo.
Neuquén prorrogó por un año la ley de alerta hídrico ambiental, que busca tomar medidas contra la contaminación de los ríos y lagos. Se sancionó hace cinco años, luego de una fuerte organización social. La norma contempla obligaciones para todos los niveles del estado y del ámbito privado, pero su extensión se debe a un objetivo: terminar el plan estratégico integral para lo que se creó una comisión ad hoc, con la Universidad Nacional del Comahue como actor clave. Por supuesto, hay críticas y reclamos alrededor.
El primer impulso de la ley de alerta hídrico 3076 fue el reclamo de medidas para frenar los vertidos cloacales en los ríos Neuquén, Limay y Río Negro. La sanción de la norma, y su reglamentación recién al año siguiente, no frenó los reclamos, por ejemplo, con las marchas acuáticas realizadas en enero del 2019 y 2020, tomando muestras de las cauces, organizadas, entre otras, por la agrupación «Salvemos los ríos».
A la par de las protestas, comenzó a funcionar el comité de alerta hídrico ambiental (CAHiA), que realizó mesas regionales de diagnóstico. Su conformación contempla 15 integrantes, entre representantes de organismos, ministerios y cuatro de la sociedad social. Estos últimos fueron elegidos entre las asambleas por el agua que existen en la provincia, pero el año pasado, la Legislatura tomó en sus manos esa designación.
Durante abril del 2021 se aprobó la resolución 1108, propuesta por el MPN. Las organizaciones protestaron, asegurando que se trataba de un artilugio para dejarlas fuera de la tarea. A fines de ese mismo mes se cerró la convocatoria de los postulantes a ocupar cuatro puestos titulares y cuatro, suplentes. Para participar había que explicar las motivaciones e indicar si se pertenecía a alguna agrupación. La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable fue la encargada de la selección. En junio, de 35 postulantes, se informó que fueron elegidos Lorena Peña (Aluminé), Claudia Pels (Zapala), Luis Callejas (Plottier) y Mario Heber Morán quien falleció en diciembre (Centenario) como titulares, más Candela Duarte (Neuquén), Silvia Roca (Neuquén), Oscar Navarro (Neuquén) y Emiliano Sapag (Neuquén) como suplentes.
Sapag y Callejas fueron los únicos representantes que figuraron como presentes en la última reunión del comité, en junio de este año. El primero es licenciado en ciencia política, hijo del fallecido diputado Luis Sapag, secretario de vinculación de la Universidad de Flores y se muestra afín al candidato a la gobernación, Marcos Koopmann. El segundo es licenciado en saneamiento y protección ambiental, con una maestría en economía y política energética ambiental. Fue parte de la gestión de la intendencia de Andrés Peressini, actual diputado que también forma parte del comité, como gerente del Ente de Desarrollo Económico de Plottier. Actualmente es secretario de vinculación de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud.
Callejas resumió a RÍO NEGRO el panorama actual del CAHiA. Indicó que la gran deuda era que contara con un presupuesto, lo que se pudo abordar recién en la primera reunión de este año, y destacó que se pudo reactivar la comisión de indicadores ambientales. Aclaró que los mandatos vencen en agosto de este año, por lo que hay que resolver si se prorrogan o se realiza un nuevo llamado. El especialista en Ambiente está convencido que en el año que les da prorroga, podrán terminar el plan si se realizan dos reuniones por mes.

Los especialista de la Universidad vuelven a escena
La Universidad Nacional del Comahue fue parte del trabajo del plan de alerta hídrico desde los comienzos, recordó Callejas. En octubre del 2020, el quipo de especialistas publicó en la revista Planeo un relevamiento del trabajo que se realizó con las mesas regionales, destacando la participación ciudadana. El escrito está firmado por las geógrafas Anahí Membribe, Miriam Ambrosio y el geógrafo Germán Gabriel Pérez.
Los especialistas recopilaron que su trabajo como equipo consultor comenzó en 2019, dedicado al acompañamiento metodológico de las actividades a cargo del comité. Así fueron parte de las mesas regionales, en las que contaron a 206 participantes entre las del norte, sur, este y centro.
Estas mesas eran parte del diagnostico inicial, en el que los vecinos y asociaciones pudieron plantear los problemas que veían con el cuidado de los cuerpos de agua y plantear posibles soluciones. Este es un insumo esencial para la elaboración del plan, que, según lo planificado, debe ser escrito y puesto a consulta para que le sumen aportes y, finalmente, implementado.
La tarea del equipo consultor se interrumpió durante la pandemia, pero todo se puso en marcha para que retomen la fase final. Callejas celebró que se destrabó el proceso de contratación para los próximos cinco meses, durante los que se cerraría el plan.

Un plan de alerta hídrico dentro de una crisis climática
En su artículo 17, la ley de alerta hídrico estableció que si en el plazo de seis meses no se confeccionaba el plan, podía hacerlo el mismo Ejecutivo. Debe contener un cronograma de acciones, proyectos y obras a desarrollar, con el detalle de plazos de ejecución y origen de los fondos.
Callejas aclaró que, para elaborar el plan, hay que entender que no está escindido del cambio climático, por lo que propuso pensar aspectos centrales: áreas de conocimiento, gestión de recursos hídricos, planes de adaptación ante el avance de la desertificación y la sequía y financiamiento.
El especialista en ambiente recordó los estudios de Carolina Vera, titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y vicepresidenta del Grupo de trabajo I del IPCC. Este último es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático que publica los informes que se utilizan en las cumbres sobre cambio climático.
Vera, como parte del Centro de Investigación del Mar y de la Atmósfera, integró una investigación del 2015 que reveló que durante los últimos 50 años, la temperatura en la Patagonia fue la que más se incrementó en la zona porque había aumentado un grado y mostraba tendencia a la aridez. Según Callejas, esto permite estimar que la próxima sequía «llegará más rápido y durará más tiempo».
El especialista puntualizó que el plan deberá estar integrado a la ley general de ambiente de Neuquén y al Código del Agua, como una normativa complementaria.
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La deforestación en el norte del país se convirtió en un ecocidio

Fecha de Publicación: 01/08/2022
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional


Riccardo "Dardo" Tiddi es Físico y Técnico en Imágenes Satelitales y Lauxo Karina Alonso es integrante del Pueblo Qom y docente de la Escuela Bilingüe Cacique Pelayo de la localidad de Fontana. Forman parte de Somos Monte Chaco, una asamblea conformada por vecinos y organizaciones sociales. El Gran Chaco Americano es una de las regiones más deforestadas del planeta durante las últimas tres décadas. La principal causa de esto es el avance de la frontera agropecuaria, es decir, ganadería y soja transgénica que en gran medida se exportan a China y Europa.
"El Gran Chaco -Argentina, Bolivia y Paraguay- en los últimos 13 años, ha perdido una cuarta parte de todos los bosques y el equivalente se había perdido en las décadas anteriores. Este ritmo no está disminuyendo, por lo cual es posible que de acá a 2050 su bosque deje de existir. Van a quedar los bosques de algunas reservas, parques, comunidades indígenas, pero el resto va a volar. Este escenario es escalofriante para quienes vivimos acá, pensar que cuando vamos a tener 70 años no va a quedar nada, da miedo", nos adelanta Riccardo sobre la urgencia de la problemática.
"La primera reacción es ver lo que hacen las empresas, donde hay muchos episodios de corrupción, actúan en contra de la Ley de Bosques abiertamente. Y el otro interlocutor es el Gobierno, pero particularmente con los locales es muy difícil tener confianza, su palabra no tiene ningún valor, firman acuerdos que al día siguiente no cumplen. Y cuando vemos que no son de confianza, recurrimos a la Justicia pero ahí también vemos que hay intereses muy poderosos que bloquean o ralentizan el actuar de la Justicia", denunció y agregó: "Los únicos actores de confianza, serios y comprometidos en la defensa de los bosques son las comunidades locales, las campesinas, las indígenas, a pesar de la presión que reciben".

Lo más urgente
Dardo explicó que hace unos 10 días se enteraron que "el Ministerio de la Producción de Chaco presentó un nuevo mapa actualizado del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que plantea la Ley Nacional de Bosques. Un grupo de empresas y funcionarios, a puertas cerradas, han decidido hacer un mapa que consideramos regresivo y completamente ilegal, donde se pasó de categoría "amarilla" a categoría "verde" amplias regiones en El Impenetrable.
La urgencia es visibilizar esto para que la Justicia actúe. Estamos siguiendo dos juicios abiertos en contra del Estado provincial por la mala gestión de los bosques".
Las categorías "verde" y "amarilla" que menciona Riccardo Tiddi corresponden a la zonificación que establece la Ley Nacional de Bosques, sancionada en 2007. La Categoría I (rojo) es para los sectores de un alto valor de conservación que no deben transformarse; la Categoría II (amarillo) es para los sectores de mediano valor de conservación, es decir, zonas que pueden estar degradadas, pero que con adecuadas actividades de restauración pueden tener un alto valor de conservación y usarse para prácticas sustentables; y la Categoría III (verde) es para los sectores de bajo valor de transformación que pueden transformarse parcial o totalmente, con la previa realización de una Evaluación de Impacto Ambiental.
Sobre la llegada del yaguareté a la Corte Suprema de Justicia, Dardo explicó: "Es una buena noticia que a nivel federal se esté encarando el juicio, porque el animal de alguna forma viene a hacernos de paraguas para la situación local que es muy complicada".
En Chaco, por la falta de controles, siguen los desmontes a pesar de estar suspendidos por la justicia provincial: "Disminuyó la deforestación respecto a un año atrás, pero deberían ser cero", contó Tiddi.

La (no) participación en las decisiones sobre el bosque
"Las comunidades están desinformadas de lo que ocurre y ahí es donde está fallando este proceso que debería ser participativo. La participación no se está cumpliendo", dijo Riccardo. Y agregó: "Nosotros estábamos participando, pero para que haya real participación se necesita que haya información. Y cuando en el año 2020 empezamos a hacer pedidos de informes al Gobierno y en particular a la Dirección de Bosques para preguntar cuáles eran los permisos que se habían otorgado o donde había terminado la madera, cosas que ellos tienen que conocer por Ley, no nos brindaban, nos cerraban las oficinas".
"En el nuevo mapa que presentaron, muchos de los campos que han sido desmontados ilegalmente en zona amarilla, pasan a categoría verde. En lugar de decir "tenemos 192 mil hectáreas de desmonte ilegal", blanquean la situación. Esto es inaceptable", finalizó Tiddi.

El surgimiento de "Somos Monte Chaco"
"Varios amigos y yo vivíamos en El Impenetrable y nos empezó a dar impotencia la situación de ver pasar todos los días varios camiones de maderas. Investigamos y aprendimos que existía una Ley Nacional de Bosques. Empezamos a capacitarnos, a invitar más gente como abogados que nos explicaron cómo funcionaba la Ley y conformamos un espacio que después se convirtió en la asamblea permanente de "Somos Monte Chaco", a principios del 2019", cuenta Riccardo en las afueras de Resistencia.
 Y agregó: "En El Impenetrable constantemente escuchábamos voces y quejas de gente que no daba más. Episodios de violencia o estafa, y en lo que se dice mal llamado "interior" es muy difícil hacerse escuchar, no sólo por las presiones, sino que también porque no hay medios de comunicación o visibilidad. Por eso llegamos a Resistencia, para abrir una puerta en la ciudad donde se toman decisiones. Era importante conectar estos dos mundos, porque muchos han olvidado o no conocen lo que es la realidad del campo y el bosque".
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Ambiente multó a Irrigación por una obra en un área natural de Potrerillos

Fecha de Publicación: 01/08/2022
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


La Secretaría provincial aprobó un estudio de impacto ambiental para el entubamiento de un arroyo en el Parque Provincial Cordón del Plata. No obstante, impuso una sanción de $250.000 al organismo regulador del agua por avanzar con los trabajos en contravención con la normativa vigente.
La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial dictó una resolución en la que aprobó el estudio de impacto ambiental presentado por el Departamento General de Irrigación para la obra de entubamiento de un arroyo en el Parque Provincial Cordón del Plata, en la zona de Las Vegas de Potrerillos. No obstante, impuso una multa de $250.000 al organismo encargado de la regulación de los recursos hídricos por haber avanzado con los trabajos en contravención con la normativa ambiental.
Se trata de una obra controvertida ya que en agosto de 2020 fue paralizada tras una inspección de la Secretaría de Ambiente y posteriormente el caso devino en una causa judicial contra Irrigación por daño ambiental, iniciativa impulsada por la organización ambientalista Oikos.
A través de la Resolución 639, publicada este viernes en el Boletín Oficial, la cartera conducida por Humberto Mingorance declaró que Irrigación cumplió con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “Entubamiento Arroyo Morteritos”, ubicado y ejecutado en Quebrada de Los Morteritos, en el Parque Provincial Cordón del Plata, en la localidad Valle del Sol, Distrito Potrerillos del departamento de Luján de Cuyo.
Al mismo tiempo, aprobó el estudio de impacto ambiental presentado por el organismo liderado por Sergio Marinelli en la modalidad de “Informe de Partida”, de conformidad con lo que dispone la normativa ambiental.
No obstante, en la misma disposición se impone una multa de $250.000 a Irrigación por haber iniciado las obras vinculadas al proyecto de entubamiento “en contravención a lo dispuesto en el punto 2 del Artículo 26º del Decreto N° 2109/94”, norma que reglamentó la Ley 5961 de Preservación del Medio Ambiente y que regula las declaraciones de impacto ambiental.
Asimismo, la Secretaría concedió un plazo de cinco días para que se haga efectivo el pago de la multa bajo apercibimiento de proceder a su reclamo por la vía de apremio.
Por otro lado, establece que los responsables de la obra (proponente/ejecutor/operador) deberán dar cumplimiento a una serie de especificaciones, previsiones, recomendaciones e instrucciones surgidas de los Dictámenes Técnico y Sectoriales, bajo apercibimiento de ser pasibles de las sanciones, haciendo expresa advertencia de disponer la paralización de la obra en caso de incumplimientos.
Entre los considerandos de esta resolución se hace un repaso del largo proceso que llevó hasta la aprobación del estudio de impacto ambiental para esta obra. El 5 de agosto de 2020 se realizó una inspección en esta obra y surgió que Irrigación no presentó “documentación alguna que acredite la habilitación o autorización para la ejecución de la obra, por lo que se ordena la paralización de las misma”.
En el lugar se constató la “remoción de suelos y flora nativa, desviación de cauce, apertura de caminos existentes, también maquinaria pesada, equipamiento y materiales de construcción al lado del cauce. Todo esto en la confluencia de los arroyos de Las Mulas y Los Morteritos”. A la vez se advierte que la obra tiene lugar en las cercanías de un sitio arquelógico.
Posteriormente, a través de la Resolución N° 232/2020, la Secretaría de Ambiente dispone la continuidad de la paralización ordenada en el acta de inspección y se intima al Departamento General de Irrigación a presentar un Informe de Partida de la obra de entubamiento del Arroyo Morteritos en un plazo de 15 días a partir de la notificación de la resolución.
En su descargo frente a esa acta de inspección, Irrigación manifiesta que las tareas y acciones constatadas “surgen de las obras de Entubamiento del Arroyo Morteritos, que la intervención en el terreno es mínima, que no se interfiere en lo absoluto con el sitio arqueológico denunciado y que no afecta la flora y fauna autóctona”.
Por otra parte, a través de otra resolución, la N° 331/2020, la Secretaría de Ambiente autorizó el inicio del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de la obra.
Luego se convocó a una audiencia pública en la que algunos participantes manifestaron a favor de las obras de entubamiento. “Se puede concluir que la obra es necesaria para mejorar y optimizar la calidad del suministro de agua de los habitantes permanentes y temporarios de las Villas Cordilleranas, sobre todo en los meses de temporada alta de turismo, donde aumenta la demanda del recurso y como consecuencia de las crecidas de verano se corta el suministro de agua a raíz de la bentonita que se deposita en las válvulas de la red de agua”, se resalta en la más reciente resolución acerca de las conclusiones de esa instancia.
No obstante, hubo algunas objeciones sobre la obra, una fue la Asociación Mendocina de Pesca con Mosca por el impacto sobre el ecosistema de la cuenca.
En tanto, los arqueólogos del laboratorio de paleoecología de la Universidad Nacional de Cuyo manifestaron durante la Audiencia Publica haber estado estudiando desde más de una año el sitio arqueológico Los Morteritos, ubicado próximo a las obras de Irrigación, donde “además de informar la presencia de residuos en la zona de obra, ponen en manifiesto la constatación de materiales arqueológicos y de materiales arqueológicos estratificados muy cercanos al sitio de obra, considerando que el potencial arqueológico es alto y no medio como se destaca en Informe de Partida, destacando que las evaluaciones de impacto arqueológico se tienen que realizar en base a instancia de trabajo de terreno y no solamente en revisiones bibliográficas. Asimismo, consideran que dado el avance de la obra y puntualmente a las acciones de movimiento de suelo y de sedimentos efectuados coinciden con la Dirección de Patrimonio que resulta imposible evaluar si se afectaron bienes patrimoniales”.
Por otro lado, el Dictamen Técnico elaborado por el Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA) concluyó que “el proyecto cuenta con fundamentos válidos para su ejecución desde el punto de vista de la demanda hídrica para uso antrópico y que en caso de aprobarse en términos ambientales se deberán tener en consideración en la reanudación de la obra las recomendaciones y conclusiones efectuadas”.
A su vez, la Unidad Técnica del Departamento de Áreas Naturales Protegidas de la Dirección de Recursos Naturales Renovables entiende que “la integralidad de los ecosistemas que conserva el Parque Provincial Cordón del Plata no se encuentra amenazada por la ejecución de la obra, siempre y cuando se tomen y acaten las medidas de mitigación y recomendaciones efectuadas por el Dictamen Técnico y Sectoriales correspondientes”.
En base a estas consideraciones, la Secretaría de Ambiente entendió que “en zonas cercanas a las obras se han llevado a cabo hallazgos arqueológicos y de materiales arqueológicos estratificados y que atento a que no se realizaron los procedimientos previos de evaluación arqueológica y/o paleontológica que establece la legislación vigente referida a la protección del patrimonio cultural y el estado de avance de la obra y puntualmente las acciones que significaron excavaciones, desmonte y movimiento de suelo, resulta imposible recuperar y/o evaluar si se afectaron bienes patrimoniales”.
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Las expectativas ante la futura exploración petrolera y la preocupación del sector de la pesca

Fecha de Publicación: 30/07/2022
Fuente: La Capital de Mar del Plata
Provincia/Región: Buenos Aires


Como se informara en este medio, marplatenses se capacitan para trabajar en la industria del petróleo. Sindicatos y empresas de la ciudad pusieron en marcha en los últimos días las primeras charlas y capacitaciones tendientes a instruir a trabajadores y trabajadoras en el desarrollo y las potencialidades de la industria offshore, que el Gobierno nacional y múltiples sectores productivos proyectan concretar a partir de la exploración y explotación petrolera a más de 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata a partir de 2023. Según lo establecido, cerca del 80% de la mano de obra que genere la actividad debe estar radicada en la ciudad. El concejal y ahora expresidente de la CGT local, Miguel Guglielmotti, aseguró que “es fundamental la capacitación para los nuevos empleos que se generen en la ciudad”. Al mismo tiempo, remarcó que las jornadas se realizaron “a partir del convenio que firmamos entre la CGT, la Universidad Popular de los y las Trabajadoras de Mar del Plata y la Zona Atlántica, el IAPG y la Secretaria de Energía de la Nación”.
Un estudio de impacto económico del Desarrollo Hidrocarburífero Costa Afuera en Argentina realizado por la consultora Ecolatina, al cual tuvo acceso LA CAPITAL, considera que en caso de existir nuevos descubrimientos offshore en la Cuenca Argentina Norte, “el impacto de la economía argentina sería muy grande”, con un crecimiento frente al actual en promedio anual durante treinta años. En tal sentido, se resalta que el PBI tendrá un crecimiento de entre 0,24% (1 descubrimiento) y 1,88% (10 descubrimientos), mientras que en el año puntual de mayor crecimiento (mayores ventas) el PBI crecería entre 0,36% y 3,61%. Cabe recordar que en los últimos diez años la economía argentina decreció 0,4% por año. El Valor Bruto de la Producción tendrá un crecimiento similar al PBI, la balanza comercial se incrementará entre el 3,4% y el 26,2% al tiempo que en materia de empleo, se crearían 27 mil puestos de trabajo promedio entre directo, indirecto e inducido, con un descubrimiento y 212 mil con diez descubrimientos.
En tanto, si se analiza cada etapa del Proyecto Tipo (exploración, dos años; delineación, cuatro años; desarrollo, ocho años; y producción, 22 años), los efectos se van incrementando fuertemente por etapa, consigna Ecolatina. Los sectores más beneficiados serían el transporte marítimo aéreo (0,5%-3,7%), electricidad, gas y agua (0,2%-2%) y restaurantes (0,2%-1,5%). Actualmente, el offshore tiene una gran importancia en la economía argentina: participa en un 0,2% del PBI y del Valor Bruto de Producción, lo que genera empleo para 72 mil personas. “La industria hidrocarburífera offshore -se consigna en el extenso trabajo- precisa del desarrollo de una amplia cadena de valor de proveedores, embarcaciones de alta mar, aviación, construcción y mantenimiento de plataformas, buceo, ingeniería, hotelería, etcétera.
La relevancia del sector no solo se restringe a sus impactos directos, sino que también posee importantes efectos indirectos y de derrame en el resto de la economía. Pese a la aparente concentración del mercado entre pocos grandes jugadores, el impacto de la actividad en el resto del entramado productivo es muy importante, dado que genera un fuerte desarrollo de proveedores locales, que son principalmente pequeñas y medianas empresas, se consigna en el informe. Y se añade que los impactos indirectos del sector en el resto de la economía son importantes, lo cual se debe no solo a los múltiples requerimientos de bienes y servicios, sino a que en Argentina se ha podido construir un importante entramado de proveedores locales que evitan concurrir -al menos en parte- a bienes y servicios extranjeros, tal como lo resaltaron el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, en el encuentro que mantuvieron semanas atrás con empresarios marplatenses. Los multiplicadores de producción de los sectores de petróleo y gas natural offshore y onshore poseen valores de 3,67 y 3,47 respectivamente. De esta manera, por cada peso de incremento en la demanda final de la actividad offshore se generan 3,67 pesos en el total de la economía.
Nada nuevo. Se hace hincapié también en el estudio de Ecolatina que en la Costa Afuera en Argentina, históricamente se perforaron 187 pozos, de los cuales solamente 36 fueron productivos (todos en la Cuenca Austral). Estos son pozos de aguas someras (menos de 100 metros de profundidad), por lo que se utilizan plataformas que se apoyan en el lecho marino. En tanto, en aguas profundas en el país, el único pozo perforado es en la Cuenca Malvinas -el pozo número 1 del consorcio YPF, PAE y Petrobras (500 metros de profundidad). Por otro lado, se ha realizado gran cantidad de sísmica 2D en el Mar Argentino. En las costas bonaerenses, desde los años 60 se han registrado alrededor de 50 mil kilómetros de sísmica y se perforaron 18 pozos (1969-1997). En cuanto al relevamiento sísmico -lo que se realizará a más de 300 kilómetros de Mar del Plata-, se efectuará con un buque que remolca tres fuentes de energía y diez cables submarinos (streamers) con una longitud de entre 8.000 y 12.000 metros, en los cuales se encuentran situados receptores de ondas (hidrófonos).
En cuanto al trabajo específicamente a realizarse, se informó que las fuentes de energía utilizan aire comprimido que, al ser liberado progresivamente, genera ondas de sonidos. Dichas ondas son reflejadas en las distintas capas del subsuelo y vuelven a la superficie, donde son registradas por los hidrófonos. Este proceso se repite a lo largo de líneas de navegación que acaban cubriendo la totalidad del área de adquisición de datos sísmicos. El tiempo que tardan en propagarse las ondas de sonido desde la fuente hasta los receptores y la intensidad de éstas son procesados para generar imágenes en tres dimensiones del subsuelo. La información obtenida de esta manera es analizada e interpretada para identificar diferentes tipos de rocas y posibles acumulaciones de petróleo y gas. “La actividad exploratoria -explican los especialistas- es una actividad de riesgo, en el sentido de que nada asegura que el pozo resulte comercialmente exitoso. Y, en general, son altas las chances de que no lo sea, ya que uno de cada diez pozos exploratorios resulta productivo”. Después de la adquisición, los datos sísmicos se procesan en tierra en las instalaciones de procesamiento de alta gama de una empresa. “La mayoría de las empresas -confesó un funcionario del Consorcio Portuario- tienen entre cinco y quince centros de procesamientos de datos ubicados en todo el mundo”.
En aquella reunión en Mar del Plata, el gobernador Axel Kicillof refirió que será necesario realizar obras de infraestructura de importancia en el puerto local. Y, precisamente, el documento de Ecolatina indica que hay que disponer de una zona portuaria capaz de recibir y abastecer a los buques de apoyo utilizados durante la operación. También hay que contar, en sus proximidades en tierra, con un área suficientemente equipada para recibir los materiales destinados a la operación y mantenimiento de las instalaciones, como repuestos, víveres, herramientas de perforación, tubulares, pulverulentos (embolsados y a granel), agua, combustibles, entre otros, así como todo el equipo necesario para su manipuleo (grúas, montacargas, contenedores, camiones, pickups, etcétera). Además, deberá tener oficinas equipadas para el control del movimiento de materiales y equipos de radiocomunicaciones para el contacto permanente con el equipo de perforación, buques de apoyo y helicópteros.
El transporte del personal para los cambios de turno se hace desde la misma área elegida para la base de operaciones o de otra, según se utilicen para su transporte helicópteros, los mismos buques de apoyo o botes para transporte de personal (crew boats). Finalmente, se necesitan galpones para el resguardo de materiales que por su valor o calidad no pueden quedar expuestos en el exterior. La base logística deberá contar con helipuerto y hangar, según la normativa internacional y nacional vigente, así como sistemas de extinción, sistemas de iluminación y navegación. “El papel de los puertos en la logística offshore -coinciden en destacar empresarios del puerto local- es estratégico. Además de las actividades de un puerto tradicional, los puertos offshore deben ofrecer áreas industriales para la fabricación y el montaje de equipos, mantenimiento y reparaciones, consolidación de carga y depósitos para guardas existencias de seguridad, etcétera”. Estas actividades -añadieron- son fundamentales para la cadena offshore, ya que agregan valor y hacen más competitivos a los operadores.
La exploración y producción de petróleo en alta mar plantea grandes desafíos para la logística, entre ellos, el alto número de jugadores de distintos continentes, grandes distancias que aumentan el tiempo de entrega y, en consecuencia, el costo de transporte y carga de inventarios. Estas operaciones involucran una gran cantidad de artículos, con demandas variadas y en un entorno sujeto a eventos inesperados (marea, vientos, etc.), así como poca flexibilidad con producción restringida a ciertas regiones y transporte limitado a oleoductos o camiones cisterna. “El margen de maniobra es limitado y el reto es garantizar el nivel de servicio”, se consignó.
“En Mar del Plata hay mucho por hacer”, reconocen desde el Cluster de Energía. De hecho, mencionan, la mayoría de las plataformas marinas están construidas para estar en funcionamiento durante 20 a 25 años, por lo que es imperativo que se satisfagan las necesidades de seguridad y comodidad y se mantengan actualizadas. “La buena comida y el alojamiento -se indicó- también sirven como un atractivo para el reclutamiento de una industria acosada por una escasez sustancial de mano de obra calificada y su naturaleza cíclica”. En este sentido, se puntualizó que muchas empresas de aprovisionamiento proporcionan la vía de entrada más importante a la industria del petróleo y el gas en alta mar al ofrecer oportunidades de primeros trabajos. “Algunos de los empleados de la industria con más experiencia comenzaron a trabajar para una empresa de provisión”, se apuntó.
Como se sabe, la tarea de exploración del lecho marino va a ser llevada adelante por el consorcio de empresas que encabeza la noruega Equinor en sociedad con la petrolera nacional YPF y la angloholandesa Shell. Noruega es uno de los países con mayores reservas de petróleo y gas en Europa. Estos reservorios se encuentran en alta mar y en 2016 había ochenta pozos en producción. Con treinta pozos, Equinor es responsable del 70% de la producción de petróleo y gas en Noruega. Actualmente, opera 34 plataformas fijas y 18 flotantes, 8 Anchor Handling Vessels AVH (embarcaciones utilizadas para anclar plataformas de perforación y otros equipos marinos), 20 Platform Supply Vessels, 6 bases para helicópteros y 22 helicópteros que transportan 190 mil pasajeros por año. En tanto, tres empresas brindan servicios logísticos a Equinor. NorSea Group es el más grande, con 9 bases de apoyo a lo largo de la costa de Noruega. Alrededor de las bases se establecieron una amplia variedad de proveedores de servicios, lo cual seguramente se replicará en Mar del Plata.
En contraposición, la difícil coyuntura económica que se vive en el país también afecta a uno de los sectores productivos más importantes de la ciudad como lo es la pesca. En este contexto, la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa) emitió un informe en el que alerta que las variables económicas actuales afectan sus “posibilidades de desarrollo y continuidad”, por lo que reclaman que su situación sea “considerada en forma urgente”, destacando que la actividad le genera a General Pueyrredon ingresos por aproximadamente mil millones de dólares anuales.
“La industria pesquera argentina tiene mucho potencial para ser una generadora genuina de divisas para nuestro país y, si se adoptan medidas adecuadas, de incrementar ese potencial”, indicaron. No obstante, lamentaron que “diversas medidas y actitudes que se han tomando últimamente solo pueden perjudicar toda la actividad y, además, poner a las empresas en situación de riesgo”. En este contexto, apuntaron que la pesca es uno de los siete principales complejos exportadores de nuestro país, llegando incluso a superar con sus exportaciones en los últimos años a las exportaciones de carnes rojas. Para poner en contexto la importancia que tiene la actividad para todo el país, y particularmente para la ciudad, desde Caipa informaron que, según datos proporcionados por la Aduana de Mar del Plata, en 2021 se oficializaron permisos de exportación de productos por un total de 880.780.280 dólares. Además, indicaron que “a ese importe se le debe agregar todo lo que produce Mar del Plata, principal proveedor de productos pesqueros que se comercializan en el mercado interno de nuestro país, donde no existen estadísticas certeras, pero ese comercio se puede cuantificar en más de 100.000.000 de dólares anuales”. “En conclusión, no es aventurado poder afirmar que la pesca origina ingreso en el Partido de General Pueyrredon por aproximadamente mil millones de dólares anuales”, enfatizaron.
 Se explica, además, que la mayoría de los cardúmenes han tenido un desplazamiento hacia el sur de nuestro país, lo que ha ocasionado para la pesca con buques de asiento en Mar del Plata, un incremento en el consumo de combustible, uno de los elementos que más indicen en el costo de la explotación”. “Ante esa situación, es necesario que las autoridades tengan en cuenta esa situación y, para el supuesto de restablecerse beneficios por las exportaciones desde puerto patagónicos como están solicitando las provincias del sur, se otorguen a las exportaciones pesqueras realizadas desde puertos atlánticos. De esa forma, se espera compensar el mayor gasto de combustible que tiene la flota de Mar del Plata y que se la ponga en pie de igualdad con la flota que opera desde los puertos patagónicos, que tiene un acceso al caladero en forma más próxima”, confiaron.
La Cámara manifestó también que “la circunstancia de una alta inflación que afecta a nuestro país ha llevado a que las cámaras empresarias y los sindicatos han tenido que reunirse para ajustar los salarios dos veces por año”. “Como es fácil deducir, las diferencias entre esas variables lo único que lograron fue la pérdida de rentabilidad en las empresas y, muchas situaciones, el tener que producir con quebranto”, afirmaron. Además, denunciaron un incremento en los valores de insumos importantes utilizados por la actividad, como el combustible, el aceite que utilizan en sus motores los buques, y las cajas y el nylon empleados en la industria. Como si esto fuese poco, desde Caipa expusieron que se registra una caída en la demanda y precio del langostino, principal producto de exportación argentina. A la vez, añadieron que la conflictividad en el sector “afecta la rentabilidad empresaria”. Finalmente, indicaron que existe una “distorsión de las variables económicas relacionadas con la actividad pesquera que afecta su posibilidades de desarrollo y continuidad y que merecen que sean consideradas en forma urgente por las autoridades del sector”.
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Las Guardias Ambientales de ACUMAR continúan las recorridas por la Cuenca Matanza Riachuelo

Fecha de Publicación: 30/07/2022
Fuente: Diario La Ciudad de Avellaneda
Provincia/Región: Riachuelo

Los equipos de prevención del organismo recorrern diariamente el territorio y sus alertas han permitido actuar más rápido, preveniendo así daños ambientales en la Cuenca.
Las Guardias Ambientales de ACUMAR, creadas hace un año mediante la Disposición Conjunta 1/2021, recorren aleatoriamente y en distintos horarios el territorio de la Cuenca Matanza Riachuelo los siete días de la semana.
Estos equipos de prevención tienen como objetivo supervisar y advertir mediante alertas tempranas situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad ambiental, trabajando en articulación con las fuerzas de seguridad, las jurisdicciones y los distintos organismos públicos, según el tipo de incidente.
De esta manera, se puede actuar velozmente frente a distintos eventos y controlar ilícitos o procedimientos que sean posibles causantes de daño o contaminación en la Cuenca.
Se vinculan en forma directa con la vigilancia que protege el Camino de Sirga -el espacio ribereño del cauce principal- para evitar que se dejen desperdicios y escombros, realizan control de cargas junto a la fuerza de seguridad competente en cada territorio, y también reciben avisos sobre humos, olores o peligros por parte de la comunidad.
“Las guardias ambientales son una política pública de cercanía que nos permite una presencia los siete días de la semana en la Cuenca, establecer una relación de proximidad con la comunidad y detectar diferentes problemáticas que se dan en el territorio para poder intervenir de forma inmediata”, destaca Antolín Magallanes, director general de Gestión Política y Social de ACUMAR.
Durante el último año, las Guardias Ambientales han permitido agilizar detecciones de distintos derrames que llegan al río o arroyos, e implican un riesgo de contaminación, cuidaron el mantenimiento de obras en marcha, y ampliaron la coordinación con instituciones como Defensa Civil, Bomberos o servicios de salud.
Forman parte, asimismo, de operativos de fiscalización, tales como los que se realizaron en las últimas semanas, por ejemplo, en Lomas de Zamora y General Las Heras, en los que se clausuraron vuelcos clandestinos de efluentes industriales.
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BID aprueba crédito de US$1.140 millones para integrar proyectos de energía renovable

Fecha de Publicación: 29/07/2022
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó hoy la aprobación de una línea de crédito para la Argentina por un monto total de US$1.140 millones con el objetivo de integrar proyectos de generación de energía renovable, que en la actualidad tienen problemas para incorporarse al sistema nacional por falta de capacidad.
Como parte de la línea de crédito se aprobó una primera operación de US$200 millones del BID, que contará con un aporte adicional de 100 millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otros 100 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI), precisó la entidad multilateral en un comunicado.
Esta línea permitirá financiar el Plan Federal de Transporte Eléctrico Regional III, impulsado por la Subsecretaría de Energía Eléctrica y la Secretaría de Energía, mediante el cual realizarán obras en áreas postergadas del país.
Estas obras son de particular relevancia para integrar proyectos de generación renovable que tiene dificultades para incorporarse al sistema nacional por falta de capacidad, señalaron a Télam desde la Subsecretaría de Energía Eléctrica.
En su mayoría se trata de la construcción de líneas de 132kv y estaciones transformadoras, con un fuerte eje en el federalismo, para lo que está prevista una obra por provincia, que fueron definidas en el Consejo Federal de Energía Eléctrica, donde están representados los gobiernos provinciales.
Las obras promoverán el trabajo argentino tanto directo como para la fabricación de insumos nacionales.
Si bien durante la gestión anterior hubo un impulso a la generación renovable, al no realizar inversiones en transporte, las redes se saturaron al punto de no resultar posible incorporar nueva potencia de ese tipo, que en su mayoría está ubicada en regiones alejadas de los grandes centros de consumo.
El préstamo del BID de US$200 millones tiene un plazo de amortización de 25 años, un período de gracia de 5,5 años y medio, y una tasa de interés basada en SOFR (tasa de referencia a un día de la Reserva Federal de Estados Unidos).
Esta primera operación tiene como objetivo contribuir a la descarbonización del sector eléctrico al disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero y al desarrollo humano, a través de la ampliación y modernización de los sistemas de transporte de energía eléctrica.
Dentro de las inversiones a realizar se encuentran obras que permitirán el fortalecimiento y modernización de los sistemas de transmisión localizados en distintas provincias del país.
Al respecto, el BID señaló que «se priorizarán obras que permitan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mediante el aumento de la capacidad para el trasporte de energía renovable, la reducción de pérdidas técnicas, y la eliminación de generación eléctrica a base de diésel».
Esas inversiones, añadió, «permitirán la mejora de la calidad y la confiablidad del servicio para la atención de nueva demanda derivada del crecimiento tendencial y de una mayor electrificación del consumo energético, habilitando un mayor desarrollo productivo en las provincias».
Como parte del diseño de cada una de las intervenciones se considerarán medidas para aumentar la resiliencia y mejorar la adaptación al impacto climático. Adicionalmente, el programa destinará fondos para reforestación de árboles y especies nativas, en áreas a ser acordadas con las autoridades forestales de cada provincia.
La operación además apoyará el desarrollo de una política de género y diversidad para el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, junto a un plan de acción con medidas específicas para las obras de transmisión con el objetivo de alcanzar una mayor participación de las mujeres en el sector, que en la actualidad es menor al 20%, y mitigar la violencia basada en género durante todas las etapas del proyecto.
La aprobación del préstamo fue dada a conocer luego de que el presidente del BID, Mauricio Claver Carone, sostuviera -en una columna de opinión- que no podía «aprobar automáticamente y sin estudio previos» el otorgamiento de fondos a la Argentina.
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Contaminación ambiental: Piden Juicio contra el Ingenio «LA CORONA»

Fecha de Publicación: 29/07/2022
Fuente: InfoBaires
Provincia/Región: Tucumán


En Tucumán la empresa azucarera contaminó el río GASTONA.
Jorge Alberto Larry está acusado de verter al cauce del río Gastona efluentes industriales considerados residuos peligrosos para la salud y el medioambiente, por encima de los máximos permitidos por ley.
El titular a cargo de la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, Agustín Chit, solicitó la elevación a juicio del gerente del ingenio “La Corona” por contaminación ambiental. Jorge Alberto Larry está acusado de verter al cauce del río Gastona efluentes industriales considerados residuos peligrosos para la salud y el medioambiente, por encima de los máximos permitidos por ley.
También fue señalada como responsable Alicia Inés Petit, presidenta de Distribuidora Tucumana de Azúcares, la sociedad que explotaba el predio.
La investigación comenzó con una presentación realizada por el fiscal general Antonio Gustavo Gómez, donde adjuntó una noticia del diario digital “Contexto” que indicaba que camiones pertenecientes al Ingenio La Corona estarían arrojando litros de vinaza al cauce del Río Medinas a la altura de la localidad de Monteagudo, desembocando dicho afluente en el Río Chico con desembocadura en el embalse Río Hondo, en Santiago del Estero, cuyas aguas posteriormente derivan en el Río Dulce de aquella provincia.
Esta presentación llevó a la apertura de una investigación que fue delegada en la fiscalía federal, entonces a cargo de Pablo Camuña, a partir de lo cual se realizaron medidas tendientes a confirmar los extremos de la denuncia. Así, se realizó un informe técnico efectuado por División de Delitos Federales y Tributarios de la Policía Federal Argentina, del que se desprende por testimonios receptados de los vecinos de la zona el constante vuelco de vinaza u otros desechos tóxicos por parte de los ingenios azucareros La Trinidad y Corona. En el informe se recabaron declaraciones de vecinos que señalaron afecciones en la piel, laceraciones y erupciones producto del contacto con los efluentes industriales.
Mediante una inspección ocular se pudo comprobar que el ingenio La Corona cuenta con cuatro salidas de agua que cruzan la calle bajo tierra y desembocan en una acequia externa paralela al predio. Más adelante se pudo determinar y localizar la ubicación de las corrientes de aguas aparentemente contaminadas que fluían del interior del ingenio por medio de cañerías y piletones hacia cursos de agua de ríos cercanos como el Río Gastona, Medina y Chirimayo que desembocan en la Cuenca Salí Dulce. en Santiago del Estero. Además, en esos afluentes se observaron distintas coloraciones como también olores nauseabundos.
En relación con el Ingenio La Trinidad, se observó que de sus desagües fluían aguas que por su densidad y color podrían estar contaminadas circulando por medio de cañerías o tuberías subterráneas que arrojaban los efluentes en horario de la tarde. Por este motivo, se solicitó allanar ambos predios, junto con el registro, allanamiento y toma de muestras en ambos lugares.
El 31 de octubre de 2017, el personal policial se presentó en la Distribuidora Tucumana De Azúcares, la firma encargada de explotar el ingenio La Corona, para tomar muestras de los efluentes para establecer si en dichas muestras había valores de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y sólidos sedimentables, en exceso a los límites permitidos por ley. El informe concluyó que: los valores de los parámetros de cromo, cinc y cobre en los puntos de muestreo excedían los valores establecidos por el Decreto Nº 831/93 de la Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos.
Las muestras también superaron ampliamente los índices de Demanda Química de Oxígeno permitidos por la Resolución 1265/2003  de la provincia de Tucumán. Al expediente se agregaron además las constancias de Convenio y Planes de Reconversión Industrial celebrados por la remitidas por la Dirección de Ambiente de la Provincia y Distribuidora Tucumana de Azúcares, donde se estableció entre otras cosas, la prohibición de volcar vinaza a cauces de río o eliminar corrientes de agua provenientes del ingenio del canal de desagüe. Esa dirección remitió cuatro resoluciones de imposición de multas a la firma por infracciones.
Por estos motivos, Chit señaló a Alicia Petit, en su carácter de presidenta de la sociedad Distribuidora Tucumana de Azúcares, y a Jorge Alberto Larry, en su carácter de gerente de planta del ingenio La Corona a la fecha de los hechos investigados, de haber realizado vuelcos al lecho del río Gastona de afluentes industriales con residuos peligrosos para la salud y el medioambiente y que estaban por encima de los máximos permitidos por ley.
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, las pericias practicadas por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales del MPF Salta e informes técnicos de la División de Delitos Federales y Tributarios de la Policía Federal Argentina arribaron a la conclusión de que los efluentes industriales no permitidos contaminaron los cursos de agua del río Gastona adonde fueron vertidos, y generaron un daño interjurisdiccional ya que el curso de agua desemboca finalmente en aguas de la provincia de Santiago del Estero, produciendo así un peligro concreto y grave a la salud pública y al ambiente.
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Invasiones biológicas: cómo enfrentar un problema que pocos ven

Fecha de Publicación: 28/07/2022
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


Las invasiones biológicas son una de las consecuencias más preocupantes del proceso de globalización. Por eso el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Argentina aprobó una guía de políticas públicas destinada a enfrentar uno de los principales desafíos que enfrenta nuestro ambiente.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Argentina aprobó recientemente la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (EEI), una guía de políticas públicas destinada a enfrentar uno de los principales desafíos que enfrenta nuestro ambiente.
¿Qué tienen en común el visón americano, un predador voraz que está llevando al borde de la extinción al macá tobiano y a otras especies de aves acuáticas de la Patagonia, el mosquito tigre que transmite el dengue, las fiebres zika y chikungunya, afectando a miles de argentinos cada año, la velosilla, una hierba que cubre los pastizales de Tierra del Fuego afectando la producción ovina, y el ligustro, que avanza sobre los cerros de Jujuy, empobreciendo la selva de montaña y afectando recursos usados durante siglos por nuestros pueblos indígenas?.
Todas estas especies provienen de otras regiones del mundo, y todas fueron introducidas de manera voluntaria o accidental en nuestro país. Una vez en el nuevo territorio consiguieron reproducirse y avanzar con éxito configurando lo que se conoce como invasiones biológicas.
Las invasiones biológicas son una de las consecuencias más preocupantes del proceso de globalización. Plantas, animales y microorganismos originarios de distintas regiones del planeta son transportadas cada día e introducidas en nuevos sistemas ecológicos. Los medios de transporte humano permiten que estas especies superen barreras como océanos, montañas y desiertos, que probablemente nunca habrían atravesado por sus propios medios. Los recién llegados dejan atrás sus enemigos naturales y eso les confiere una ventaja por sobre las especies nativas, así consiguen convertirse en elementos dominantes de los paisajes.
Las especies exóticas invasoras actúan como predadores, herbívoros, competidores o transmisores de enfermedades, y así como cuando tratamos de insertar una pieza ajena en un rompecabezas, desplazan a la biodiversidad propia de nuestros ambientes. Otras producen cambios aún más drásticos, aumentando la frecuencia e intensidad de los incendios o consumiendo depósitos subterráneos de agua y alterando así la dinámica de ecosistemas completos. De este modo, estas especies se han convertido en una de las causas más importantes de empobrecimiento biológico a nivel global.
El impacto de las EEI no se limita a sus efectos sobre la biodiversidad. En 2016 el impacto de un conjunto de las EEI sobre la economía nacional se estimó en más de 3400 millones de dólares al año. Muchos patógenos y vectores de enfermedades también han sido introducidos desde otras regiones del planeta, y así, nuestra población y nuestros sistemas de salud tienen que enfrentar nuevos desafíos incluyendo enfermedades como el cólera, la fiebre amarilla o la malaria.
Finalmente, las EEI también ponen en riesgo la conservación de nuestro patrimonio cultural afectando los conocimientos y prácticas ancestrales de nuestros pueblos indígenas asociadas con el uso de los recursos naturales nativos.
En mayo de 2022, el Ministerio de Ambiente argentino aprobó la estrategia nacional destinada a enfrentar este problema. Se trata de una guía para la implementación de políticas públicas orientadas a prevenir el ingreso y la dispersión de las EEI, detectar de forma temprana aquellas que consiguen llegar, priorizar los casos que requieren una intervención más urgente, controlar o erradicar sus poblaciones y restaurar los valores socioambientales afectados.
Se desarrollaron herramientas destinadas a evaluar los pedidos de ingreso de nuevas especies y ordenar las actividades productivas que dependen de especies exóticas, entre otras. Se aprobó la primera lista oficial de EEI (https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/242964/20210414), poniéndole así, por primera vez, nombre y apellido a esta amenaza ambiental. A todo eso se sumó una estrategia de comunicación que resulta vital considerando que las invasiones biológicas ocupan un lugar periférico en la agenda ambiental que otros problemas incluso de impacto mucho menor.
El proyecto se desarrolló durante más de siete años con la coordinación de la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la participación de organismos públicos y privados de todo el país. Se cuenta así, por primera vez y de manera pionera en la región, con una herramienta poderosa para frenar el avance de las invasiones biológicas y proteger nuestro patrimonio natural y cultural.
Sergio M. Zalba, consultor especialista en invasiones biológicas del proyecto Fortalecimiento de la Gobernanza para la Protección de la Biodiversidad mediante la Formulación e Implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. FAO/Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS)/ Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).
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«Salvemos los ríos» tiene un año más para hacer un plan contra la contaminación en Neuquén

Fecha de Publicación: 28/07/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


El gobierno prorrogó por un año la ley que daba cinco años para hacer un informe sobre la contaminación de los ríos y arroyos en la provincia y plantear mecanismos de vigilancia.
El comité formado por organismos públicos y representantes de organizaciones civiles que tenía como objetivo escribir un plan para que no se siga contaminando los ríos no pudo terminar su trabajo.
Tenía cinco años para hacerlo, según la ley aprobada por la legislatura en 2017, y como admitió que el trabajo era de mayor magnitud, pidió un año más. El gobierno, efectivamente, le dio ese nuevo plazo.
En efecto, el gobierno de la provincia del Neuquén prorrogó la vigencia de la Ley 3076 de alerta hídrico ambiental, destinada a prevenir, vigilar, corregir y evitar la contaminación de ríos, lagos, acuíferos y sus ecosistemas.
Lo hizo a partir de un decreto que firmó el gobernador Omar Gutiérrez y que la da continuidad por un año, tal como estaba contemplado en la propia norma.
Sancionada por la Legislatura neuquina en 2017 y puesta en vigencia por un decreto de 2018, dicha ley vino a proteger a los cursos y cuerpos de agua, por el término de cinco años.
Establece que, a través la subsecretaría de Recursos Hídricos, el Ejecutivo provincial debe determinar el nivel de alerta de acuerdo con el valor de los indicadores ambientales internacionales.
Implica la identificación, evaluación y solución oportuna de las amenazas que pudieran surgir sobre el patrimonio hídrico de la provincia y que, en el largo plazo, puedan afectar de manera negativa a las personas.
«La declaración de la alerta implica una respuesta efectiva para reducir la vulnerabilidad humana al cambio ambiental, reforzando, a tiempo, mecanismos y estructuras ambientales básicas existentes», dice expresamente dicha norma.
También dispone que el Ejecutivo provincial y los municipios adopten medidas para conservar la calidad del agua; tales medidas serán de cumplimiento obligatorio.
El comité de alerta hídrico ambiental tiene, entre sus funciones, la de elaborar el plan estratégico integral de alerta (PEIA) de los cursos y cuerpos de agua, y acuíferos de la provincia.
Está integrado por representantes de organismos oficiales, de la sociedad civil, de la Cámara de Diputados, y de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC).
Al comité avanzó con la redacción de un documento diagnóstico del PEIA, pero en virtud de las dificultades que conlleva elaborar un instrumento de tal magnitud, requiere más tiempo y es precisamente el que le ha otorgado este decreto.
Como en las declaraciones de emergencia que sancionan los gobiernos, se admite que se pueden utilizar fondos que no están presupuestados.
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Tierra arrasada y especies en riesgo: viaje a la zona cero de la deforestación en la Argentina

Fecha de Publicación: 27/07/2022
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Las provincias del Gran Chaco (Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Salta) concentran el 75% del desmonte de los últimos 25 años
Apenas diez metros separan al monte silvestre de algo que empieza a parecerse a un páramo. Alcanza con girar la cabeza a ambos lados para ver el contraste entre la maraña verde de quebrachos blancos y colorados, algarrobos y espinillos, y la tierra arrasada y revuelta tras el paso reciente de las topadoras. En un puñado de días, una porción de monte vivo, colorido, diverso y sonoro del Gran Chaco argentino cambió para siempre.
LA NACION llegó junto a un equipo de la ONG ambientalista Greenpeace hasta el corazón de la deforestación en la Argentina. A una hora en camioneta hacia el norte desde Las Lomitas, en Formosa, no muy lejos de la frontera con Paraguay, se acaban de desmontar centenares de hectáreas. Desde la ruta no se ve, pero un sobrevuelo previo y las imágenes satelitales no dejan dudas sobre su ubicación. El proceso de desmonte es brutal y no hay sutilezas: para “limpiar” una parcela, en la mayoría de los casos se usan dos topadoras separadas decenas de metros entre sí y entre ellas se tensa una gruesa cadena que, de forma literal, arranca y derriba todo a su paso al avanzar las máquinas. Como en las películas de guerra, el lugar queda lleno de restos apilados, aplastado, polvoriento y en silencio.
Formosa, Salta, Santiago del Estero y Chaco concentran el 75% de la deforestación en la Argentina del último cuarto de siglo. Según el Ministerio de Ambiente de la Nación, entre 1998 y 2020 la pérdida de bosques nativos orilló los 7 millones de hectáreas.
La Ley de Bosques, sancionada en 2007, no detuvo esa tendencia: datos de Greenpeace muestran que, desde ese año y hasta 2021, esas cuatro provincias perdieron 3.367.308 hectáreas de bosques nativos. Según la organización, casi la mitad de ese desmonte es ilegal porque se hizo en zonas que, en los papeles, debían protegerse.
Para Hernán Giardini, a cargo de la campaña de bosques de la ONG y conocedor de esta región bella y llena de contrastes, la deforestación es sinónimo de “más crisis climática”. Esto significa más inundaciones, enfermedades, pérdida de alimentos, desalojos de comunidades campesinas e indígenas y desaparición de especies como el yaguareté.

Un ecosistema en la mira
Con más de un millón de kilómetros cuadrados de superficie, el Gran Chaco es el segundo ecosistema forestal de América del Sur, después del Amazonas. Cubre porciones del norte de la Argentina y partes de Paraguay y de Bolivia. Es, también, una de las regiones más deforestadas del planeta durante las últimas tres décadas, como consecuencia del avance de la frontera agropecuaria.
El valor ecológico del Gran Chaco es único: abarca 3400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios. Por la caza y el desmonte, varias especies de mamíferos están amenazadas, como el yaguareté, el tatú carreta y el tapir.
El monitoreo de deforestación de Greenpeace muestra que entre enero y junio de este año se perdieron en el norte argentino 41.332 hectáreas, el equivalente a dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires: 16.106 en Santiago del Estero, 10.223 en Chaco, 10.056 en Formosa y 4947 en Salta. En el último año y medio, esa cuenta llega a las 150.000 hectáreas, y se estima que la mitad de esos desmontes fueron ilegales.
¿Por qué la Ley de Bosques no alcanzó para detener la deforestación? Según Giardini, el problema es la implementación que hacen las cuatro provincias, que armaron planes de ordenamiento “a la medida del sector agropecuario”. El ambientalista explicó que en la región se autorizaron desmontes en bosques protegidos y que Formosa armó un ordenamiento tan laxo que se autorizó a desmontar hasta el 75% de sus bosques: “Formosa pasó de destruir 7500 hectáreas por año hasta 2006 a 30.000 por año entre 2008 y 2021”, dijo.

Formosa y Chaco
Según Hugo Bay, subsecretario de Recursos Naturales de Formosa, la información que brinda Greenpeace “es falsa” cuando expresa que su plan de ordenamiento territorial permite deforestar el 75% de los bosques. “Nuestra ley crea una zonificación que establece grandes restricciones para los cambios de uso de suelo, aun dentro de la categoría verde”, dijo. Y agregó: “Fue elaborada en seis talleres regionales con amplia participación de miles de formoseñas y formoseños, y aprobada por unanimidad de todos los sectores políticos de la provincia en 2018.
Desde la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), que trabaja con las comunidades wichi y nivaclé del centro-oeste de Formosa, denunciaron que, si bien uno de los diez criterios de la Ley de Bosques establece que los pueblos originarios deben ser consultados para los planes de ordenamiento, esto no ocurrió. “Nadie los escucha y las audiencias no son vinculantes”, advirtió Pablo Chianetta, el secretario de la APCD. Hace más de 30 años decidió instalarse en Las Lomitas, en el extremo norte del país, la zona que recorrió LA NACION hace una semana.
Chaco es otra provincia que está bajo la lupa de las organizaciones: según Somos Monte, el gobierno prepara una actualización de un plan provincial más permisivo que el anterior y hay poco o nulo control sobre los desmontadores. Si bien la justicia provincial prohibió esa actividad a principios de noviembre pasado hasta que haya un nuevo plan de ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN), Greenpeace detectó que más de 10.000 hectáreas desaparecieron en el primer semestre de 2022.
“Nuestros datos oficiales son bastante coincidentes, las superficies desmontadas son las mismas. Se trata de desmontes ilegales porque la Justicia falló que no se pueden desarrollar cambios de uso del suelo”, ratificó Paula Soneira, subsecretaria de Ambiente y Biodiversidad del Chaco.
En relación al nuevo ordenamiento dijo que “ya se avanzó mucho” y que existe una decisión del gobernador, Jorge Capitanich, de no demorarlo más, ya que lleva siete años vencido. “Presentamos una propuesta muy elaborada el año pasado, con mucha información y una etapa de consultas. Estamos hablando de una actualización muy integral con más superficie protegida en el Impenetrable”, agregó Soneira.
Ricardo Tiddi y Karina Alonso, de Somos Monte Chaco, ven las cosas de otra manera. Antes de la charla, que tiene lugar en Fontana, en la periferia de Resistencia, preparan el lugar: eligen un espacio al aire libre, se sientan sobre el pasto y despliegan un cartel de la ONG. “El proyecto del gobierno es regresivo y en el Chaco nadie controla nada. Se desmontaron 10.000 hectáreas este año, aun con una prohibición expresa de la Justicia”, dice Tiddi. Alonso, que pertenece al pueblo qom, informa que las comunidades de pueblos originarios “ni se enteraron de que estaban haciendo un nuevo mapa”. A su lado, sobre una manta, colocó una estatuilla de arcilla que representa una mujer, un bolso tejido con chaguar, un cuenco con hojas y frutos, varias piedras y un caracol. “Esto representa a mi cultura”, aclara.

Proyecto Yaguareté
Uno de los efectos directos de la deforestación es la pérdida de hábitat para especies como el yaguareté, el mayor felino de América. Panthera onca para los científicos, tigre para los lugareños, se estima que quedan unos 250 individuos en la Argentina, de los cuales 20 viven en el Gran Chaco.
Seguir sus rastros es una tarea detectivesca que la guardaparque Lucero Corrales encara a diario junto a la voluntaria y también guardaparque Rocío Cardona. Las dos mujeres son parte del interinstitucional Proyecto Yaguareté. A la vera del Bermejito, un brazo del río Bermejo, reciben a LA NACION y explican su trabajo: recorrer, durante semanas, cada paraje de esta geografía inmensa en busca de relatos que hablen de huellas, excrementos, arañazos o cualquier indicio que sirva para confirmar la presencia de algún felino de esta especie. “El contacto permanente con los habitantes es clave para detectar si hay animales, ya que la geografía es tan grande que resulta inabarcable de otra manera”, cuenta Lucero, mientras despliega mapas, folletos y hasta un boletín: El tronco donde se rasca el tigre. Su primer objetivo es compartir información científica con los pobladores para explicarles que el animal no es peligroso (contra la creencia popular) y que su caza está prohibida por ley.
En 2019, Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema para frenar la destrucción del bosque y para preservar el hogar de los últimos 20 yaguaretés del Gran Chaco argentino. La audiencia será en pocas semanas y la organización busca visibilizar al máximo el pedido. Por eso idearon una espectacular intervención de activistas disfrazados de yaguaretés en el río Bermejo (que separa Formosa y Chaco), donde con gomones y kayaks desplegaron un cartel de 230 m2 con el slogan “Deforestación Cero”.

Comunidades originarias
“Las topadoras borran posibilidades de vida, no solo árboles y animales. Borran creencias, cultura, identidad y potencialidades de los pueblos originarios. Los pueblos originarios vivieron siglos en el Gran Chaco sin destruirlo, nosotros en menos de 100 años ya rompimos todo. Ellos tienen mucho por enseñarnos”, detalla Chianetta. Se estima que el 8% de los habitantes del Gran Chaco argentino pertenecen a pueblos originarios que, desde siempre, encontraron en el monte su refugio, alimentos, agua, materiales de construcción y medicamentos.
Una de esas comunidades wichi es la de Tres Pozos, ubicada a 30 kilómetros de Las Lomitas. Allí viven 96 familias que crían chivos, chanchos, gallinas, algunas vacas y ovejas, y hacen algo de apicultura y artesanías. Los referentes de la comunidad, todos hombres, dialogan con LA NACION en una sala sencilla que antes se usaba como salón escolar. Sentados en ronda, explican que para preservar su forma de vida precisan tener acceso a un territorio sano, que conserve sus beneficios ecosistémicos: “Estamos muy en contra del desmonte, nosotros queremos preservar el territorio, pensamos al revés que el gobierno. Pensamos que tenemos que cuidar al monte y a sus animales”, sintetiza Florencio González.
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Ya son más de 65 mil las hectáreas afectadas por los incendios en el Delta del Paraná

Fecha de Publicación: 27/07/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos


Desde hace dos semanas el fuego no cesa en las islas de Santa Fe y Entre Ríos. Desde 2020, se quemaron más de un millón de hectáreas en la zona. La necesidad urgente de la ley de humedales.
Otra vez arde Santa Fe. Desde distintos puntos de la provincia, se observan las grandes columnas de humo que impregnan el aire de la ciudad y dañan la salud de sus habitantes. “El aire que estamos respirando en esta región contiene un nivel de toxicidad muy elevado. Esto tiene que parar. Están atentando contra nuestros territorios, contra nuestras vidas”, dice el fotógrafo Sebastián López Brachs en sus redes sociales.
Desde hace dos semanas el fuego no cesa en las islas del Delta del Paraná y según un informe del Museo Scasso las hectáreas afectadas producto de las quemas intencionales superaron las 65 mil en lo que va del año. Si se mira en retrospectiva, las cifras son aún más alarmantes: desde 2020 se quemaron más de 1.000.000 de hectáreas del Delta del Paraná; 112 veces la superficie de la ciudad de Rosario. Las llamas atraviesan el cielo y el humo no deja respirar. La situación es crítica en todo el país: se registraron focos también en la localidad cordobesa de Mar Chiquita, en el norte santafecino y en el Delta del Río del Paraná en Entre Ríos.

El peligro de la época de “La invernada”
A su vez, en esta época del año se suele producir “la invernada”: temporada en que el fuego se usa como mecanismo para generar rebrotes que sirven de alimento para el ganado. “Estamos en temporada alta de incendios”, dice Roberto Rioja, Secretario de Protección Civil de la Provincia de Santa Fe en el programa radial rosarino “Nadie es perfecto”. El repudio popular no se hizo esperar. Activistas, vecinos e integrantes de organizaciones socioambientales llevaron a las calles, una vez más, la demanda histórica por una normativa que proteja y regule la actividad humana en los humedales.
“Con la convicción de seguir defendiendo lo único que nos garantiza la vida, nuestros bienes comunes, nuestro Paraná y nuestros humedales, estaremos donde haya que estar. Frente al silencio cómplice seguimos gritando BASTA DE QUEMAS, ¡LEY DE HUMEDALES YA!”, expresan desde la Multisectorial de Humedales, organización de ciudadanos autoconvocados por la preservación y restauración de los humedales del Delta del Paraná y de todo el país.

La importancia de los humedales
Los humedales no son un paisaje más: regulan el clima, permiten la retención de sedimentos y sustancias tóxicas, son una fuente fundamental de agua potable y albergan una rica y variada flora y fauna. Sin embargo, son utilizados principalmente para la actividad agrícolaganadera, la explotación minera y forestal y para el desarrollo de negocios inmobiliarios. En consecuencia, el ecosistema se degrada cada vez más, se pierde biodiversidad y se aceleran fenómenos climáticos extremos como sequías e inundaciones.
De todas formas, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó el aumento de la producción de carne para garantizar la entrada de divisas. Para ello, desde el gobierno pusieron en marcha el Plan Ganadería Argentina 2022-2023 (GanAr) que prevé incrementar en 600 mil toneladas la producción para fomentar el consumo interno y lograr exportar 1,5 millón de toneladas de carne.
A su vez, la actual Ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, propone un proyecto para “poner en valor y convertir aproximadamente 1.5 millones de hectáreas en tierras productivas”. La pregunta que se hacen especialistas es ¿productivas para quienes y bajo qué condiciones?

¿En qué estado está la Ley de Humedales?
A pesar de la emergencia climática y ecológica, aún no contamos con una Ley de Humedales. Si bien en marzo el diputado nacional Leonardo Grosso encabezó una nueva presentación del dictamen, no hubo avances significativos en cuanto al tratamiento en las Cámaras. Por su parte, el pasado 11 de julio, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié anunció un nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación y Uso Sostenible de los Humedales en la Asamblea Ordinaria 103 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Este nuevo proyecto pretende basarse en el presentado por Grosso, pero cuenta con modificaciones claves que generaron un rechazo contundente en la sociedad civil. “Eliminaron la moratoria y el plazo para el inventario de humedales, modificaron la definición de humedal dejando a muchos afuera, minimizaron la participación ciudadana y de las organizaciones territoriales y suprimieron más de 11 principios”, sostienen desde la Multisectorial de Humedales y agregan: “Queremos nuestra ley, la que nos incluye, la que construimos y que ya fue apoyada. Queremos que se habilite el tratamiento en Comisiones del proyecto consensuado. Queremos plenario de comisiones. Queremos #LeyDeHumedalesYA”.

¿Cuál es la salida?
Desde el Acuerdo Basado en Plantas, se plantea abordar la problemática desde una perspectiva ambiental, de derechos humanos y animales y cuestionando nuestros hábitos más inmediatos. La transición hacia sistemas alimentarios más justos, soberanos y basados en plantas es la punta de lanza para redefinir el modelo de producción y consumo actual y sentar las bases para un futuro con comida sana, libre de agrotóxicos e impacto ambiental.
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Ambientalistas proponen incorporar el delito de “ecocidio” al Código Penal

Fecha de Publicación: 26/07/2022
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


La Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático (Aidpac), fundada por Dino Bellorio Clabot, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano y liderada por el profesor de la alta casa de estudios Miguel Ángel Asturias, propone incorporar el delito de ecocidio al Código Penal (CP), con penas de hasta 20 años de prisión para las personas físicas y de suspensión de actividades para las empresas.
La iniciativa sigue el ejemplo DE otras que ya se promovieron en varios países del mundo, como Bielorrusia, Francia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Ucrania y Vietnam. Incluso, el Parlamento Europeo resaltó recientemente la necesidad de legislar el ecocidio en las normas internas, y estados como Bélgica y España están trabajando en ello.
En tanto, en Latinoamérica, algunas jurisdicciones mexicanas, como Jalisco, ya sumaron la figura a su legislación, y hay proyectos al respecto en Brasil, Chile y Ecuador.
En Latinoamérica, algunas jurisdicciones mexicanas, como Jalisco, ya sumaron la figura a su legislación, y hay proyectos al respecto en Brasil, Chile y Ecuador.
La propuesta de la Aidpac consiste en reprimir con una escala de prisión de tres años y seis meses a 10 años a quien cometa cualquier acto ilícito o arbitrario que pueda causar daño grave, extenso o duradero al ambiente, que será de ocho a 20 años si aquél efectivamente tiene lugar.
Las penas aumentan si interviene en la ejecución del delito un funcionario público o existe una conexión con una organización criminal internacional; si el delito se comete en una zona protegida o una reserva natural; si resulta en la muerte o lesiones graves o gravísimas de personas o afecta bienes de organizaciones públicas o privadas.
También prevé que si en el delito interviene o se beneficia una persona jurídica cabe la imposición de una multa equivalente a de dos a diez veces el valor del posible daño, junto con la obligación de restablecer la afectación del ambiente; la suspensión total o parcial de actividades o de participar en concursos o licitaciones estatales; la cancelación de la personería y la pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviera, entre otras sanciones.
Como ejemplos de crimen ambiental, Asturias, el impulsor de la iniciativa, citó los incendios forestales intencionales en nuestro país y en el Amazonas; la destrucción de los humedales; la extracción indiscriminada de recursos naturales; el tráfico ilícito de flora y fauna; la contaminación del agua, la tierra y el aire; la pesca ilegal y el tráfico de recursos naturales como metales y piedras preciosas.
“El grave daño y la destrucción masiva de los ecosistemas, es decir, el ecocidio, cometido durante décadas y sin una ley que lo sancione, es una de las causas de la actual crisis ambiental y climática, así como del colapso de la biodiversidad”, sentenció el docente
“Si bien la incorporación del ecocidio como crimen no es la única solución para combatir los delitos ambientales, resulta la piedra angular para proteger la vida en nuestro planeta”, estimó.
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Dura condena por contaminación contra empresas petroquímicas, la Provincia y la municipalidad de Bahía Blanca

Fecha de Publicación: 26/07/2022
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


Es un fallo por una denuncia de los pescadores artesanales de Bahía Blanca. Detección de metales pesados y otros agentes. Cuál es la pena.
Un fallo de la justicia provincial determinó que existe contaminación en la ría de Bahía Blanca y condenó a las empresas del Polo Petroquímico, al Consorcio del Puerto, municipalidad y la Provincia.
La resolución establece que existe un perjuicio ambiental del estuario, que deberán generar fondo de 20 millones de pesos por daño moral colectivo, y presentar planes de remediación y control y modificar los parámetros de monitoreo.
“Encuentro probado que la variedad del material contaminante existente en el Estuario de Bahía Blanca en su conjunto ha provocado un daño ambiental”, dijo el juez en lo Contencioso Administrativo, Agustín López Coppola, sobre la presentación judicial hecha por pescadores artesanales hace 12 años.
Estudios de análisis del agua, que hizo el Comité Técnico Ejecutivo, el Conicet y OPDS, detectaron metales pesados que en algunos casos superan los límites de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y los parámetros establecidos en el Dec. 831/93 y Res. 336/03 de la Autoridad del Agua. También herbicidas, pesticidas, fertilizantes y otros desechos clandestinos.
Incluso, un informe de la Facultad de Agronomía de la UBA advirtió que "el nivel de bioacumulación en hígado, branquias y músculo" en ciertos peces "conlleva a pensar que el nivel de acción antrópica sobre el sistema está afectando seriamente el mismo”.
Entre las empresas responsables, se menciona a Absa, Dow, Profertil, Mega, Cargill, PBB Polisur, Solvay, Petrobras y Transportadora de Gas del Sur.
Respecto a la papel del estado, se exige que tanto la municipalidad de Bahía como el gobierno bonaerense, presenten en un plazo de 60 días, un plan que permita la totalidad de los agentes contaminantes. Y una de las mayores preocupaciones es el volcado de líquidos cloacales, que sospechan, llega sin un tratamiento suficiente para evitar semejante impacto.
Lucas Beier, abogado representante de los pescadores, señaló que las partes involucradas arrojan elementos contaminantes por encima de lo permitido, y que si bien existe una autorización administrativa que los habilita, generan un daño ambiental que deben reparar.
Y en ese marco, insistió en que todavía resta resolver la reparación económica a los pescadores, ya que no pudieron seguir trabajando con normalidad.
Cabe recordar que durante estos años, el sector realizó innumerables manifestaciones, e incluso las partes condenadas realizaron mejoras e inversiones en materia medioambiental, algunas millonarias, pero sigue sin ser suficiente.
Además, desde el municipio a través de Walmir Morete, titular del Comité Técnico Ejecutivo que conforman un grupo de profesionales de diferentes especialidades y que tienen a su cargo el control y monitoreo de las industrias, se respondió en una entrevista realizada por FM de la Calle, que la ley 336, en la que se detallan por parámetros, refiere a miligramos por litro y que el fallo judicial pide mediciones de miligramo por día o por mes, cosa que la norma no lo establece.
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Está en riesgo el derecho de uso propio de semillas

Fecha de Publicación: 25/07/2022
Fuente: biodiversidadla.org
Provincia/Región: Nacional


El Ministro de Agricultura Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, anunció el martes que pretende avanzar en una resolución para que el uso propio de semillas, derecho universal que resguarda la ley vigente en nuestro país, pase a ser pago.
Este anuncio lo hizo en una reunión con representantes de la industria de semillas, junto a Obdulio San Martín, Presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y ex CEO de la conocida semillera Don Mario.
Según el proyecto, a partir de la próxima cosecha (campaña 20222/23), se comenzará a cobrar una tasa o retención obligatoria a las y los productores, sobre el valor de los granos que comercialicen. Luego el Estado le pagaría las regalías a las empresas semilleras.
El pago de esta “regalía obligatoria” deberán hacerla todos los productores, aún los que no hayan comprado semillas. Sería una manera de poner fin al “derecho de uso propio de semillas” sin mediar la reforma de la Ley. Estarán exceptuados solamente las y los pequeños agricultores registrados debidamente en el RENAF (registro de la agricultura familiar).
El fin del derecho de uso propio, y el cobro de la “regalías extendidas”, es un reclamo histórico de las semilleras, especialmente a partir de la aparición de la soja Intacta. Porque las corporaciones no se conforman con el cobro de regalías por la venta de las semillas, sino que pretenden cobrar en los años sucesivos, cada vez que los productores vuelven a sembrar las semillas que ellos mismos cosechan producto de su trabajo en el campo. Lo que significa un feroz avance sobre la propiedad de las semillas. Como la ley vigente no lo permite, de hecho, las semilleras han diseñado dispositivos para este cobro, como son el sistema Bolsatech desde hace unos años y el reciente Enlist (nueva tecnología de soja).
Sin dudas, el dominio de las semillas es un tema vital para la soberanía de los pueblos. La historia de la disputa por este tema es de larga data en nuestro país. En el sentido de conformar a las corporaciones y garantizarles las regalías extendidas hubo un primer intento de Decreto de Necesidad y Urgencia de la entonces presidenta Cristina Fernández, que no prosperó por la fuerte oposición de numerosas organizaciones, incluso de algunas entidades del campo, y aún de algunos sectores del oficialismo. Luego, hubo proyectos de modificación de la Ley de semillas, que nunca lograron aprobarse, ni siquiera durante el gobierno de Macri.
Falta conocer muchos detalles de la propuesta, pero ya hay varios que festejan. Uno de ellos es Antonio Aracre, CEO de la semillera multinacional Syngenta, que últimamente viene acompañando mediáticamente varios anuncios del gobierno, quien publico un tweet: “Ansiosos por escuchar al Ministro  @juliandominguez en Agroindustria esperando lo que puede ser el anuncio más importante y disruptivo de los últimos 20 años para el futuro del Agro en Argentina”.
Si se aprueba este proyecto, que impulsa hoy el ministro Julián Domínguez, el gobierno de Fernández será responsable de terminar con la universalidad del derecho de las y los productores de usar sus propias las semillas. Sería una restricción de ese derecho ejercido durante miles de años. Parece que, cuando se trata de rendirse frente a los intereses de las multinacionales, no cuenta la política de ampliación de derechos, sino todo lo contrario.
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